Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Actuar como el perro del hortelano con las vacunas, en medio de la segunda ola de la pandemia y del Vacunagate, a pesar de la incapacidad estatal de proveer oxígeno y atención médica a los peruanos, no es una comedia de Lope de Vega. Es más que una tragedia. Podría ser un crimen.

En la comedia de Lope de Vega (1618), el argumento central es que Diana, la dama que no puede amar a Teodoro, impide que este ame y sea amado. Ella actúa como el perro del hortelano: “ni come, ni deja comer”.

En la tragedia peruana que nos toca vivir en estos días, los perros del hortelano no nos vacunan, ni dejan que nos vacunemos. No firmaron contratos con laboratorios internacionales para proveernos de vacunas como lo han hecho todos los países vecinos, y lo que es peor, no dejan que otros puedan traer vacunas para que nuestra población se inmunice.

• ¿Quiénes son esos perros del hortelano?
• ¿Quién es la Diana de la comedia de Lope de Vega en esta tragedia nacional?
• ¿Qué buscan? ¿Sólo imponer la hegemonía sanitaria? ¿No hay tal vez un afán deliberado de desaparecer a un sector de la población que no le es afín?

Perros del hortelano hay varios.

– El primero es Vizcarra. No sólo traicionó a quienes lo sacaron de Moquegua, a los que votaron por él y a los que confabularon para ponerlo de presidente, sino también a los cándidos e ignotos peruanos y peruanas (sic) que creyeron en su cacareo anti corrupción y lo aplaudían con tweets, posts y marchas. Apenas 10 días después de haber dicho en la ONU el 21.09.20 que la vacuna debe ser un “bien público global” hizo todo lo contrario: pidió que lo vacunen a él y su esposa, en privado, sin público, sin que nadie sepa. Luego, hizo poco o nada para conseguirla para los peruanos, habiendo indicios de que busco dificultar la llegada de otras vacunas.

– La corte de ministros, funcionarios, asesores, diplomáticos y medios que han avalado al MINSA y a la CANCILLERIA en la idea de “la vacuna como bien público global”. De nada importa que el bien sea público, universal, global o privado, gratuito o pagante si no existe. Lo que importa es que exista.

– El gobierno de Sagasti, que es el segundo acto de la misma tragedia. Ha concretado la compra de la vacuna que inocularon a su antecesor. Pagó el favorcito. Sin embargo, no consigue que lleguen otras vacunas e impide que se abran canales para que entidades privadas, gobiernos sub nacionales, ONGs u organismos de servicio que tienen experiencia en vacunación, puedan acceder al mercado secundario de vacunas y traerlas para los peruanos. Aprobó un reglamento a inicios de enero, pero reculó cuando Verónica Mendoza, le recordó los mandamientos de la hegemonía sanitaria: el Estado es el único que vacuna.

– El nuevo ministro de salud Ugarte, que no le hace caso al sentido común de sus primeras declaraciones sino al designio de sus mandantes ideológicos y ha retrocedido, cerrando la posibilidad de la participación privada en la provisión de vacunas. Ugarte es miembro del Partido Humanista, agrupación que lidera el camarada Yehude Simon al cual ya acompaño como Ministro de Salud y es el partido que ha fundado Juntos por el Perú, la agrupación que postula a la presidencia a la candidata de Maduro, Verónika Mendoza. Ella fue la primera en cuestionar la participación privada para la provisión de vacunas en una declaración que el portal cubano PL amplificó el 11 de enero: “Hace un mes el presidente Francisco Sagasti defendía en la ONU que la vacuna fuera un bien público y ahora su gobierno emite un decreto autorizando su comercialización”

¿La Diana de la tragedia peruana?

Impedir que el sector privado participe en la provisión de bienes y servicios es ignorar como funciona la economía del mundo, es no haber leído ni un manual de economía elemental. Impedir que participen cuando el Estado ha demostrado que es incapaz de hacerlo deja de ser un prejuicio ideológico, es una maldad.  Una maldad como la de Diana en la comedia de Lope de Vega, quien al no poder amar, impide que otros amen.

Si tuviéramos que identificar a una Diana en esta tragedia nacional podría ser Verónica Mendoza. Una Diana a la que podríamos responsabilizar en el futuro de todos aquellos que caigan o vayamos a caer por no haberse podido vacunar a causa de sus ideas. Esta a tiempo de dejar de actuar como el perro del hortelano y dejar que nos vacunemos.

¿Que buscan?

Detrás de estas medidas está solamente el afán de imponer la hegemonía sanitaria de la cual hablamos en ¿VACUNAS A CAMBIO DE VOTOS? (Lampadia 15.01.2021) y que ya puso en práctica Nicolas Maduro en Venezuela según lo denuncia el Diario Clarín de Buenos Aires este 11 de febrero, donde los militantes chavistas serán los primeros en recibir la vacuna Sputnik.  Podría haber más. Preguntémonos:

• ¿No habrá el interés de desaparecer emprendedores, comerciantes, profesionales, empresarios, trabajadores, agricultores, emergentes y todos aquellos que pueden pagarse una vacuna, que no van a esperar que el Estado se las provea y que, obviamente, no van a votar por la izquierda?
• ¿No existirá el interés de que los mayores de 60, que han visto la caída del muro del Berlín, las atrocidades de Sendero Luminoso, la dictadura de Velasco y el fin del comunismo histórico desaparezcan para dejar el terreno con mayoritaria presencia de pulpines a quienes el embauque socialista puede convencer?
• ¿No habrá, además de la hegemonía sanitaria un interés deliberado de afectar la composición etárea y social de la masa electoral para hacerla más afín al voto populista?

Si así fuera no solo sería un drama que hay que advertir, sino un crimen que hay que denunciar. Lampadia

La tragedia de nuestro sistema judicial se traduce en la impunidad que generan los procesos anacrónicos con que funciona,  los vacíos legales, las absurdas fallas de coordinación entre sus estamentos, la saturación de las cárceles y la corrupción.

La necesaria reforma del sistema de justicia es una de las tareas más importantes que debe enfrentarse en los próximos años. Consecuentes con este imperativo nacional, en Lampadia hemos creado una biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI (Sistema Judicial), especializada en el diseño y desarrollo del sistema que necesitamos. El siguiente artículo sobre el caso de la reciente escandalosa liberación de los 5 ‘marcas’, debe servir para analizar sus concomitantes y guiarnos a darle contenido. 

Jaime de Althaus

La liberación de una peligrosa banda de 5 marcas porque la acusación fiscal le llegó al juez 5 minutos después de que se habían cumplido las 24 horas de detención, indignó a la Policía y también a la ciudadanía. No vamos a entrar al rosario de acusaciones mutuas: la Policía le echó la culpa a la fiscal y ésta a la Policía y también al juez. Lo que interesa es analizar si aquí falló el sistema o las personas o si hubo corrupción. Es algo que el Ministerio Público debería investigar y comunicar a la opinión pública.

Mientras tanto podemos adelantar lo siguiente. Lo primero que se puede advertir es que en la era de la tecnología de las comunicaciones, sigamos con procedimientos pretéritos. Cesar Azabache lo dijo en La Hora N: “¿Por qué no pueden coger un teléfono y advertirle al juez que necesitan una orden judicial y pasarle por correo electrónico la información mientras se dirigen al juzgado? Acá todavía siguen con papeles escritos para todo. Cuando interrogan le preguntan al detenido si tiene cicatrices, marcas o señas, y si las tiene hay que describirlas en la declaración: ¿no hay cámaras fotográficas o celulares para tomar fotos?”.

Azabache agrega: “Las cosas están confundidas: en todo el hemisferio cuando un policía detiene a un delincuente, hay un plazo que puede ser de 24 horas para que juez verifique que se trata de la persona indicada, que está bien detenida y que no la están golpeando… Aquí pensamos que además hay que presentar todos los cargos penales en su contra. Entonces el tiempo no alcanza. Por eso, se le pide autorización al juez para mantenerlo detenido a fin de completar la investigación, organizar un caso. Es la llamada convalidación”.

Hay que señalar que en Lima no está vigente aun el nuevo Código Procesal penal (NCPP) que contempla esa posibilidad: pedir 7 días más para preparar el caso antes de llevarlo al juez. Además, lo que ocurre es que los cinco ‘marcas’ fueron capturados en flagrancia, y ni siquiera el NCPP considera la posibilidad de extender a 7 días el plazo de detención de 24 horas, antes de entregar el caso al juez, cuando se trata de flagrancia. Por eso el Fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema y el Ministro del Interior decidieron, en la reunión que tuvieron luego de producido este escandaloso hecho, presentar al Congreso dos propuestas legislativas:

a. Modificación de la Ley para que en los casos de flagrancia proceda la convalidación de la detención preliminar hasta por siete días.

b. Modificación del artículo 2, inciso 24, literal f de la Constitución Política del Perú para que el plazo de detención por flagrancia se amplíe de 24 a 48 horas.

Según Azabache, lo segundo no sería necesario si se aprueba lo primero, entendiendo que de lo que se trata con las 24 horas no es de llevarle al juez todo el caso investigado y preparado sino solo lo necesario para que éste verifique que la detención ha sido bien hecha.

Pero lo que llama la atención es que este caso pudo haber sido presentado por la Fiscal no como uno de flagrancia sino de crimen organizado. Pues se trata de una banda. Y si bien el NCPP no está vigente en Lima, sí lo está para los casos de crimen organizado. De modo que la Fiscal hubiese podido pedir incluso 15 días de detención previa para armar bien el caso y presentarlo al juez. Pero no lo hizo. Lo presentó como uno de flagrancia.

Es cierto que los delincuentes fueron capturados cuando estaban a punto de cometer un atraco, es decir, de manera flagrante, pero, según parece, eso no fue fruto de la casualidad sino de un seguimiento que se había hecho durante un mes. En efecto, el director de Defensa Legal de la PNP, Máximo Ramírez, explicó que los criminales fueron capturados tras realizar una labor de inteligencia durante un mes. Y el comandante Flavio Esquivel Villafane, jefe de la Divincri Carabayllo, declaró indignado que al liberarlos “echaron por los suelos el trabajo de investigación policial y el sacrificio de mi personal para que estos delincuentes estén en la calle”.

Entonces no se trataba de un caso de flagrancia sino de seguimiento a una organización criminal, que cabe dentro del supuesto de la ley que adelanta el NCPP en Lima para los casos de crimen organizado. La fiscal pudo pedir 15 días adicionales, más aun si se encontró drogas. Si esto es así y no lo hizo, cabe plantear la hipótesis de que aquí hubo corrupción, sea a nivel de la fiscalía o del juez. O cuando menos supina incompetencia. Eso es lo que hay que investigar. 

Lampadia    

El proyecto minero de las Bambas, que está a punto de entrar en operación (95% de avance de la inversión) después de cincuenta años de espera, es atacado con las mismas prácticas anti desarrollo de los anti mineros violentistas. Ellos, como muchas otras veces, buscan exacerbar los conflictos al punto de generar las condiciones para que tengamos que lamentar las muertes de ciudadanos inocentes.

Ya es hora de que nuestra sociedad rechace estas prácticas estalinistas. (Ver en Lampadia: Estalinismo en Cajamarca, Criminales anti Tía María amenazan con violaciones y canibalismo y Lampadia denuncia sabotaje contra la economía peruana – Complot anti-desarrollo al descubierto.

Para quienes tengan interés en ver como se complota contra el país, ver: Manual anti minero.

El proyecto de las Bambas es uno de los proyectos mineros más importantes del mundo. Su desarrollo ha cumplido todas las normas, con los mejores estándares internacionales. En términos ambientales y sociales, su manejo ha sido icónico.

Ver algunos detalles sobre el proyecto y su desarrollo:

Las Bambas es uno de los mayores proyectos de cobre del mundo. Se localiza en la región Apurímac, provincia de Cotabambas, distrito de Challhuahuacho. Fue avalado socialmente por más de 5,000 personas en una audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental, en 15 julio del 2010.

El proyecto está terminando y el avance es mayor al  95%. Las Bambas será  una de las minas de cobre más grandes del mundo. Tiene reservas minerales de 6,9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 10,5 millones de toneladas. Su operación durará más de 20 años.

El concentrado se transportará al puerto de Matarani a través de una modalidad bimodal (camión y tren). La línea de transmisión de alta tensión de Las Bambas incluye una línea de transmisión de 220 Kv de 130 kilómetros de longitud, que se extiende desde la red eléctrica del Perú (subestación Cotaruse) hasta el sitio.

El agua para el proyecto se almacenará durante la temporada de lluvias en dos presas y se maximizará el reciclaje del agua minimizando el uso de agua fresca.Eventualmente se utilizaría el agua del río Challhuahuacho, pero existe el compromiso de mantener el caudal ecológico en el río Challhuahuacho lo que asegurará la flora y fauna acuática todo el año.

En el aspecto social, entre el 2005 y 2015, Las Bambas  desarrollo una intensa campaña de trabajo social.

El EIA de Las Bambas se aprobó en el 2011, considerando tres áreas: Área de Las Bambas: mina, planta concentradora y componentes auxiliares, área Mineroducto y área de Tintaya: planta menor de Molibdeno y planta de filtrado final.

El EIA fue aprobado luego de un delicado Proceso de Participación Ciudadana que incluyó monitoreos participativos, 20 talleres de participación ciudadana y una audiencia pública en donde participaron más de 5,000 personas.

Como consecuencia de los cambios de propiedad de Las Bambas y la mina Antapaccay (ex Tintaya), tubo que mudarse la planta de molibdenos al área de Las Bambas, reduciéndose así la huella  del proyecto (espacio geográfico autorizado donde se desarrollarán las operaciones del proyecto) con un proceso más eficiente, reubicándose la planta de molibdeno y filtros.

El mineroducto fue reemplazado por un sistema de transporte bimodal; carretera y transporte en ferrocarril hasta el Puerto de Matarani, una carretera de primer orden, creando con esto un corredor económico a lo largo de esta nueva vía, solicitado muchas veces por las mismas comunidades, productores y empresarios locales.

Todas las modificaciones del EIA se llevaron a cabo respetando estrictamente los procedimientos regulatorios e involucró una comunicación con las municipalidades involucradas respetando los requerimientos legales aplicables, así como cumpliendo a cabalidad las exigencias de las entidades gubernamentales involucradas en el proceso de aprobación.

El 11 de julio de 2013, se presentó  un Informe Técnico Sustentatoriode conformidad con el artículo 4 del D.S 054-2013-PCM, fue aprobado mediante Resolución Directoral N°319-2013-MEM-AAM del 17 de septiembre de 2013. En este se sustentó que los impactos ambientales, relacionados a la reubicación de las  plantasauxiliares y menores de molibdeno y filtración,y el almacén de concentrados, son de carácter no significativo y por lo tanto no generan mayor impacto a los evaluados en el EIA aprobado.

Estas modificaciones fueron informadas oportunamente a las autoridades provinciales de Cotabambas y Grau, y las distritales de Challhuahuacho, Mara, Coyllurqui y Tambobamba, por el Ministerio de Energía y Minas, como consta en los cargos de entrega correspondientes.

Desde hace algunos meses empezaron a infiltrarse  personajes ajenos a la región para preparar las asonadas como la que hemos presenciado. Según el Director de Perú21, en su columna del 29 de setiembre: “(…) las organizaciones y los actores detrás de esta “protesta”: Ronald Bello (Tierra y Libertad); Oscar Mollohuanca (Tierra y Libertad); Wilfredo Saavedra (ex MRTA), entre otros grupos (miembros del Movadef, etnocaceristas y ex PUM, por ejemplo). Distintos partes de inteligencia han confirmado reuniones de coordinación entre estos tres personajes desde el año pasado”.

Estábamos advertidos, pero nuevamente se ha dejado de alertar a los ciudadanos sobre estas maniobras. Ahora cobran muertes que debemos lamentar, pero exigen de las autoridades y, especialmente, al Ministerio Público y del Poder Judicial, su acercamiento a la Policía Nacional para encausar debidamente y sin pausa a los criminales anti país.

Esperamos que esta vez, después de los fracasos de Tambogrande, Cañariaco, Pichanaqui y Tía María, se pueda generar una acción concertada entre los distintos estamentos del Estado para parar estos enfrentamientos criminales y hacer prevalecer el Estado de Derecho. Lampadia