Por: Yesenia Álvarez
Perú21, 31 de Marzo del 2023

Son alarmantes las cifras de violencia sexual contra menores en el Perú Según estadísticas del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre 2018 y lo que va de 2023 se han reportado 98.559 casos de violencia sexual en lo CEM- Centro de Emergencia Mujer, de los cuales el 70% es contra niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años Es decir, son 69 168 Casos de violencia sexual contra menores en cinco años y dos meses. Además, la cifra de 2018 se ha duplicado al 2022, de 8957 a 19867 casos. Y eso es solo lo que se logra reportar.

El peligro al que están expuestos los niños en el Perú es perturbador, convivimos con monstruos que los agreden y no estamos tomando conciencia de la real dimensión del problema. En esta semana, al caso de una niña de 11 años que se resistió a una agresión sexual y que se encuentra grave en UCI se le suma la muerte de un bebé de cuatro meses con aparentes signos de haber sido abusado sexualmente.

Leía el otro día en redes sociales a una madrina que llevo a pasear a una ahijada y que le impacto ver tantos niños sin supervisión en espacios públicos de entretenimiento. Me pasa lo mismo que ella y percibo que muchos padres no son conscientes de esas cifras. y que quizás no creen o no conocen que los depredadores sexuales van precisamente a esos espacios. Hay casos de ultrajes sexuales y desapariciones que se consuman en menos de tres minutos en lo que le toma a un adulto pagar un café en la caja mientras deja ir solo a su niño o su niña a los servicios higiénicos.

Familias, con esas tasas elevadas de violencia sexual es mejor ser exagerados en cuestión de proteger a los niños. La responsabilidad siempre será del violador, pero es difícil no llegar a juzgar el nivel de diligencia que deben tener quienes están a cargo de cuidar a los niños porque todos podemos poner un poco más de recelo en el cuidado de los nuestros y ayudar frente a actos sospechosos que amenacen a otros. Ante la inoperancia del Estado, desde la sociedad tenemos que luchar echando un ojo más contra los monstruos.

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 5 de noviembre de 2021
Para Lampadia

“Pueblo” es la palabra preferida de los tiranos y demagogos. Sin embargo, en su nombre – en nombre del Pueblo – se cometieron los crímenes más atroces de la historia de la humanidad. Eso ocurre actualmente en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero nada como la ex Unión Soviética, la Alemania Nazi, la España Franquista, la China de Mao, entre otros, donde – también en nombre del pueblo – se apresaron, torturaron y mataron a millones de personas, simplemente por disentir de sus autoridades. Como se ve, la demagogia no tiene ideología. Puede ser de derecha o izquierda. El problema es la demagogia. Y el común denominador es la tiranía.

El Presidente Castillo – nuestro demagogo No. 1 y aspirante a tirano – también gusta de la palabra “Pueblo”. Tanto que en su discurso de asunción de mando, dijo que urge tener una Constitución con olor, color y sabor a Pueblo. ¿Qué quiso decir? No lo dijo de frente. Pero está claro que – para él y su equipo – una Constitución con sabor a pueblo significa un régimen comunista, estatista, totalitario, y – sobre todo – a perpetuidad.

Felizmente, los peruanos no hemos caído en su juego.

El abrupto e incontenible descenso del índice de aprobación presidencial lo dice todo. Perú Libre – aquella organización criminal a la cual él pertenece – lo está llevando del pescuezo a la vacancia. Pueblo, ciudadanía. sociedad civil. Llámenle como quieran. Los peruanos – cada vez más – rechazamos la demagogia y la inoperancia del Presidente Castillo. El empobrecimiento que nos está trayendo lo convierte en un político fallido.

¿Cómo así nos estamos empobreciendo tan rápidamente? Pues por la falta de inversión privada, la cual se traduce en desempleo generalizado; y por la devaluación de nuestra moneda, la cual trae como consecuencia el alza generalizada de los precios de los alimentos, y el encarecimiento del gas doméstico, de los combustibles, de los fertilizantes e insumos para la agricultura y la industria, de todos los equipos importados… el empobrecimiento de los peruanos – es decir, del Pueblo – es generalizado y acelerado.

Efectivamente, ya pocos le creen al Presidente Castillo. La credibilidad presidencial está por los suelos. Su mensaje de lucha contra la corrupción más parece una broma. Dime con quién andas y te diré quién eres. A buen entendedor, pocas palabras. Su falta total de liderazgo – y la de sus ministros – se refleja en los constantes y violentos bloqueos de carreteras y quemas de vehículos e instalaciones de empresas mineras, petroleras y agrícolas. El problema es que muchos peruanos que dependen de dichas empresas, ya sea como trabajadores o proveedores de las empresas agraviadas – incluso ciudadanos que no tienen nada que ver en el asunto – sufren las consecuencias.

Así las cosas, el repudio del Pueblo hacia el Presidente demagogo es cada vez mayor, y cada vez más intenso. Por ello, ante la decadencia e inoperancia del Gobierno – incluida la inacción de los organismos de control del Estado – y ante la evidente corrupción de Gobernadores Regionales, Alcaldes, y demás funcionarios públicos, la ciudadanía – el Pueblo – está participando cada vez más decididamente en desenmascarar a estos sinvergüenzas. Y a los maltratadores, también. Caiga quien caiga. Y le duela a quien le duela.

Este artículo pretende marcar el derrotero del nuevo rol que nos toca a los ciudadanos de a pie… al Pueblo. Un Pueblo participativo y exigente respecto de nuestros derechos civiles. Un Pueblo confrontacional e intransigente frente a la corrupción en el Estado. Un Pueblo consciente de que – ante la corrupción y el maltrato – nosotros tendremos que asumir el rol de control y fiscalización de nuestro propio Estado.

¡Hay que rebelarnos! Es el turno de la verdad. Es el turno de la justicia. Es el turno del Pueblo. Lampadia

Los crímenes de violación dejan remanentes psicológicos traumatizantes que pueden resultar insuperables en las mujeres víctimas de tales delitos. Peor aún, en un país como el Perú, en donde las instituciones que velan por la justicia como el Poder Judicial y el Ministerio Público presentan grandes déficits de capital humano capacitado para realizar sentencias (ver Lampadia: Prisión preventiva) además de altos niveles de corrupción, pueden terminar siendo no solo ineficientes en penalizar dichos actos sino que además pueden colaborar con concretar la impunidad de los denunciados.

Para nutrir la discusión de cómo abordar el combate de estos delitos y de ser posible, disuadirlos en gran medida, compartimos un reciente artículo de The Economist en el que se exploran alternativas legales que han sido implementadas por varios países de Occidente con muy buenos resultados. Definir claramente la naturaleza del delito de violación y promover la educación sexual en la educación básica regular serían los principales drivers que, según el análisis de The Economist, podrían cambiar la realidad de las mujeres violadas en los países. Lampadia

Justicia esquiva
Cómo reducir la violación

Es el crimen violento más difícil de procesar. Pero la mayoría de los países pueden hacerlo mejor

The Economist
2 de enero, 2020
Traducido y glosado por Lampadia

La violencia sexual es menos común hoy que en generaciones anteriores. Pero incluso en democracias ricas y pacíficas, es a la vez generalizado y angustiosamente fácil de salirse con la suya. Una quinta parte de las mujeres estadounidenses será violada en algún momento, según una estimación. Sin embargo, solo una cuarta parte de las víctimas lo denuncian. La mayoría permanece en silencio a pesar del daño de por vida que la violación puede infligir y el deseo de encerrar a un depredador y disuadir a otros. Lo hacen en parte porque las probabilidades están en su contra. En Inglaterra y Gales, en los 12 meses hasta marzo de 2019, solo el 1.5% de las violaciones denunciadas terminaron en un cargo penal. Con tan pocas posibilidades de justicia, muchas mujeres son reacias a sufrir la terrible experiencia de denunciar un ataque a la policía.

Mucha gente piensa que las mujeres a menudo mienten sobre la violación. Ellas no. La cifra precisa es desconocida, pero las estimaciones más creíbles son que entre el 2% y el 8% de las denuncias de violación son falsas. En las encuestas, muchos oficiales de policía suponen que la cifra es mucho más alta, lo que seguramente afecta la forma en que manejan las quejas. Cuando una adolescente británica informó que había sido violada en grupo en Chipre, la policía local la interrogó durante horas, mientras estaba traumatizada, sin un abogado presente. Ella dice que la presionaron para que retractara sus acusaciones, que ahora insiste en que son ciertas. El 30 de diciembre fue condenada por mentir y enfrenta hasta un año de prisión. Otras mujeres que piensan denunciar una violación en Chipre ahora pueden decidir no hacerlo.

La violación es un crimen inusualmente difícil de probar, particularmente cuando ninguna de las partes niega que haya tenido relaciones sexuales. Un jurado debe ser persuadido más allá de toda duda razonable de que la víctima está diciendo la verdad y que el autor está mintiendo. Sin otros testigos o evidencia física, esto es difícil. Mientras se presuma la inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad, una piedra angular de cualquier sistema de justicia decente, las tasas de condena por violación nunca serán tan altas como lo son por asesinato.

Sin embargo, la mayoría de los países podrían y deberían manejar mejor los casos de violación. Comienza con la ley. La violación debe definirse claramente como sexo sin consentimiento. Varios países europeos y estados estadounidenses aún requieren pruebas de que se utilizó la fuerza, o la amenaza de la fuerza. Esto brinda escasa protección a las víctimas que estaban inconscientes o que se congelaron. En la mayor parte del mundo no occidental, la violación marital sigue siendo legal; no debería ser. Los estatutos de limitaciones deben extenderse o desecharse, como lo han sido en Gran Bretaña. Los jueces deben permitir que los testigos de apoyo den fe de un patrón de comportamiento depredador por parte del acusado, como sucederá en el juicio de Harvey Weinstein, un productor de películas, que comienza el 6 de enero.

Para alentar a más mujeres a presentarse, sus casos deben tratarse con mayor sensibilidad. En Gran Bretaña, casi la mitad de las mujeres que denuncian violaciones ahora se retiran durante las investigaciones, en parte porque consideran que el proceso es muy desagradable. Los investigadores especializados deben estar capacitados en las mejores formas de entrevistar a los denunciantes traumatizados. En Alemania, a diferencia de Gran Bretaña, se investigan todos los informes de violación. En Suecia, tales investigaciones son supervisadas por fiscales. La evidencia obtenida de los teléfonos puede proporcionar una corroboración valiosa, pero si la recopilación de evidencia se siente como una búsqueda de tiras digital, exponiendo toda la vida del demandante al escrutinio, disuadirá a muchos de presentar cargos. Más dinero puede ayudar, a veces de manera obvia. Hasta hace poco, algunas ciudades estadounidenses tenían una acumulación de miles de “kits de violación” no probados (el ADN y otras pruebas recopiladas del cuerpo de una víctima justo después de un presunto asalto). La ciudad de Nueva York pagó alrededor de US$ 12 millones para eliminar su cartera de pedidos de 17,000 kits no probados acumulados antes de 1999, ayudando a encontrar 2,000 partidos y asegurar 200 arrestos. Otras ciudades han seguido sabiamente su ejemplo.

Por último, las actitudes deben cambiar. La educación sexual en las escuelas canadienses, holandesas y suecas incluye enseñar a los niños sobre el consentimiento. Se ha demostrado que esto reduce la violación; debe copiarse. En las universidades y los lugares de trabajo, las víctimas de conducta sexual inapropiada deben tener muchas maneras de denunciarlo, incluso de forma confidencial y en custodia (de modo que, por ejemplo, se divulgue un informe solo si más de una persona presenta una queja similar sobre el mismo atacante). La violación y otras formas de abuso sexual nunca pueden eliminarse. Pero pueden ser disuadidos más efectivamente de lo que son hoy. Lampadia

Revalorar la estrategia que derrotó a Sendero

“Yo aprendí hace mucho, mucho tiempo, cuando cubría el genocidio y la limpieza étnica en Bosnia, a nunca equiparar las víctimas con los agresores, a nunca crear una falsa equivalencia moral o fáctica, porque entonces, si lo haces, particularmente en situaciones como esa, eres parte y cómplice de los crímenes y consecuencias más indescriptibles, así es que creo en ser veraz, no neutral.”

Christiane Amanpour

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es absurdo negar que hubo abusos y crímenes por parte de las fuerzas del orden durante la guerra contra el terrorismo, pero también es cierto que hay un relato acerca de lo que ocurrió en ese periodo que distorsiona y eventualmente falsea los hechos, al punto de dar la impresión de otorgarle una suerte de victoria moral al senderismo. No hemos salido de la estructura de los 80, en la que una izquierda marxista ambivalente frente al senderismo centró su activismo en denunciar abusos y crímenes de las fuerzas del orden, mientras éstas acusaban a aquella de pro senderista. Seguimos anclados en los 80 en lugar de ver las cosas desde la estrategia inteligente y ganadora que se aplicó a partir de los 90, a fin de capitalizarla para el país y entendernos mejor.

Comencemos analizando cómo se manifestó ese relato distorsionador en la versión de los hechos que dio la guía del Lugar de la Memoria (LUM), Gabriela Eguren, al congresista Donayre disfrazado de sordomudo. El video aparentemente fue editado de modo que tenemos que tomar en consideración que puede haber frases extraídas de su contexto. De todos modos, lo que aparece, aun descontextualizado, coincide con una manera de mirar las cosas que es bastante común.

Equivalencia ontológica

Lo primero fue la presentación de lo ocurrido como un conflicto entre dos partes, Sendero Luminoso (y el MRTA) y las Fuerzas del Orden (o el Estado Peruano). La estructura de base de esta visión de esos años de horror parte de poner a ambas partes implícitamente al mismo nivel, en pie de igualdad, como si tuvieran la misma legitimidad o el mismo nivel ontológico. Por supuesto, no lo tienen. Sendero Luminoso atacó a la sociedad y al Estado de manera criminal, guiado por la locura ideológica de la lucha armada para tomar el poder e instaurar el paraíso comunista. El Estado peruano se defendió mal durante mucho tiempo –y cometió crímenes, sí- pero al final aplicó una estrategia inteligente que permitió la victoria.

Esta falaz equivalencia se manifestó de manera flagrante cuando la guía igualó implícitamente a Fujimori con Abimael Guzmán. Dijo: “Se ha indultado a Fujimori bajo el supuesto motivo de que está enfermo. Con esa premisa el abogado de Abimael Guzmán podría pedir que lo liberen porque también está enfermo y viejo”. Y culminó diciendo “En el último juicio se le veía muy mal”, dejando ver incluso una cierta empatía con la condición del cabecilla terrorista. Cierto es que habría que escuchar todo el contexto de su explicación.

Ausencia de estrategia y Uchuraccay

La guía menciona, sí, en parte como explicación de los abusos, que “no hubo estrategia militar hasta el 89”. Y es verdad: en ausencia de una estrategia inteligente, la violencia asesina sin rostro del senderismo desató una espiral de respuestas ciegas que en ocasiones llegó al extremo del arrasamiento de poblaciones sospechosas. Por razones que vamos a explicar –que incluyen la oposición de la izquierda, como veremos- el Estado tardó mucho en aplicar una estrategia eficaz. Esta fue concebido por los militares, efectivamente, el 89, y antes por la sociedad civil –en mesas redondas organizadas por el diario Expreso y en otros foros-, pero lo que se soslaya y por lo general –no solo en este caso- nunca se menciona, es que quien aplicó dicha estrategia fue Alberto Fujimori. Y lo hizo bien. Condujo personalmente la alianza con las comunidades para darles armas y apoyo social. Y se le dio recursos a la Dincote para ubicar a la cúpula y a Abimael Guzmán. El país no ha valorado ni capitalizado, como veremos, esta estrategia. La manera como Fujimori pretendió perpetuarse en el poder lo ha impedido.

Pero hay que señalar que esta estrategia pudo haberse aplicado desde 1982, ocho años antes, pero lamentablemente el embrión de alianza de las fuerzas del orden con la población, que estaba en gestación, abortó luego del trágico malentendido de Uchuraccay. Los intentos de organización comunal para defenderse de Sendero, respaldados verbalmente por las fuerzas del orden, que derivaron en la muerte de 8 periodistas,  fueron satanizados como grupos “paramilitares” por la izquierda. ¿Qué ocurrió?  En enero del 2003 las autoridades habían informado acerca de la muerte de varios senderistas en la comunidad Iquichana de Huaychao, y que los autores serían los campesinos. Se formó entonces un grupo de periodistas para ver si eso era cierto y qué había pasado. Para muchos, vinculados a la izquierda de entonces, era inconcebible que comuneros ajusticiaran a revolucionarios.

Lo que ocurrió fue terrible: los periodistas que emprendieron la expedición para verificar los hechos fueron asesinados por los campesinos de una comunidad vecina, también Iquichana, Uchuraccay. Las comunidades iquichanas, que habían sufrido asesinatos y exacciones por parte de los senderistas, habían tomado la decisión, en dos asambleas realizadas previamente, de enfrentar y dar muerte a los terroristas que aparecieran por sus lares. Confundieron a los periodistas con terroristas, y ocurrió la espantosa matanza. Un trágico malentendido.

Por supuesto, la izquierda en ese momento no creyó la versión de que los comuneros fueran los responsables. Acusaron directamente a los militares o a un grupo paramilitar de haberlo sido. Esa sindicación ha perdurado, en esos sectores, hasta nuestros días, transformada en la versión que dio la guía del LUM: “En Uchuraccay los comuneros terminan asesinando a los periodistas por órdenes de los militares”. No fue así. Los comuneros tomaron ellos mismos la decisión en una asamblea, ante exacciones y asesinatos –repetimos- cometidos por los senderistas. La Comisión de la Verdad narra los hechos así:

“…a inicios de diciembre (de 1982) el PCP Sendero Luminoso asesinó a Alejandro Huamán, presidente de la comunidad (de Uchuraccay), así como al comunero Venancio Auccatoma. En el caso de Alejandro Huamán, … acusándolo de ser un «soplón» y «yana uma» (cabeza negra). Su nuera, Dionicia Chávez Soto, fue herida de bala en ambos muslos al intentar defenderlo, mientras algunos de los miembros del PCP SL allanaron la casa de ichu y luego la quemaron. Alejandro fue conducido a la plaza del pueblo, siendo sometido a un juicio popular y encerrado en el local comunal. En horas de la tarde, a pesar de los ruegos de su esposa, hermanos e hijos, Alejandro fue asesinado baleado en la frente… Lo mismo hicieron por esos mismos días con el presidente y teniente gobernador de la vecina comunidad de Huaychao, Eusebio Ccente y Pedro Rimachi, asesinados en plena plaza del pueblo.

(Entonces) las comunidades se organizaron para enfrentar violentamente a los miembros del PCP SL, reuniéndose en el local comunal de Uchuraccay: […] realizaron una asamblea comunal reuniéndose en esta casa comunal cada domingo, acordando por unanimidad de votos realizar los actos de legítima defensa de sus vidas y de sus integridades físicas contra los terroristas, causándoles muerte… asimismo acordaron pedir ayuda a las comunidades de Huaychau, Cunlla, Ccocha Ccocha, Ccochan, Paria… De esta forma, Uchuraccay fue asumiendo el liderazgo de lo que fue la primera rebelión multicomunal contra el PCP Sendero Luminoso…, buscando el apoyo de las fuerzas del orden, para lo cual enviaron emisarios a las ciudades de Huanta y Ayacucho solicitando garantías y protección…

El 21 de enero, …se produjo la matanza de siete miembros del PCP SL en las comunidades de Huaychao y Macabamba… Por esos mismos días, cinco miembros del PCP SL fueron asesinados en Uchuraccay.

…..

(Luego de eso), “El general Noel informó del envío de una patrulla terrestre y de un comando helitransportado para prestar protección a las comunidades, la cual llevaba consigo alimentos, así como reconocimiento del presidente Belaunde por las acciones emprendidas contra los miembros del PCP SL. Es así como ese día llega en helicóptero a Uchuraccay un comando de 15 efectivos de los Sinchis, quienes se quedaron a pernoctar en la comunidad. El mensaje que dejaron a los campesinos fue claro: continuar con ese tipo de respuestas, matando a todo extraño que llegara a la comunidad a pie…”[1]

De modo que el asunto es claro: los comuneros sufrieron ataques y muertes por parte de los senderistas, se reunieron en asamblea donde tomaron la decisión de organizarse para dar muerte a los senderistas que se acercaran, y luego de ello, cuando ya habían actuado y matado a 13 senderistas cuando menos, recibieron la visita de los Sinchis que los alentaron a continuar con sus acciones. No actuaron, entonces, por órdenes de los Sinchis, como dijo la guía.

Debe resaltarse que hubo aquí un esbozo de colaboración –aunque muy elemental y con resultados trágicos- entre las fuerzas del orden y las poblaciones campesinas, para enfrentar a Sendero. Era el embrión de una estrategia inteligente y eficaz. Sin duda, esa colaboración primaria hubiese podido evolucionar hacia una alianza más elaborada al estilo de la que finalmente se dio a comienzo de los 90, pero los esfuerzos en esa línea abortaron cuando la fuerza armada fue satanizada por formar grupos paramilitares o acusada directamente de haber ella asesinado a los periodistas. Fue la campaña de la izquierda, en buena cuenta, la que segó esa posibilidad y postergó 8 años la ejecución de la estrategia que derrotó a Sendero.

Ambigüedad de la izquierda

Aquí hay que recordar que la tesis de la lucha armada para tomar el poder e instaurar la dictadura del proletariado con el partido marxista-leninista-maoísta como vanguardia de la revolución, era compartida por toda la izquierda marxista de entonces, solo que discrepaba de la oportunidad. “Este no es el momento”, argumentaba, porque no estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas. Esa izquierda entonces fue ambigua, ambivalente, frente a Sendero, y tendió a jugar un partido contrario a la actuación de las fuerzas armadas. Como en este caso.

La guía del LUM formuló otras afirmaciones ya francamente falsas, que probablemente reflejan la persistencia en el tiempo de esas posiciones primigenias. Hablando del emerretista Tito, que habría sido ejecutado fuera de acción luego del operativo Chavín de Huántar en la embajada de Japón, agregó que “los otros 13 se asume que han sido ejecutados extrajudicialmente por la trayectoria de la bala, pero no hay un testigo que pueda dar fe de todo esto…”. Esa tesis es inaudita, absolutamente falsa.

Es cierto que las versiones de la guía no reflejan la exposición del LUM, que intenta recoger la historia en su complejidad. Pero reflejan una polarización en este tema que se mantiene y eventualmente se agrava con el paso del tiempo. La sobrevivencia de los prejuicios de izquierda y los juicios a los militares que no terminan nunca e incluso se reabren 36 años después –como el caso El Frontón-, lleva a algunos los sectores vinculados a las fuerzas armadas a rechazar cualquier versión de la otra parte.

El valor de la estrategia ganadora

Y esto es causa y consecuencia, a la vez, de que la polémica se centre en si hubo o no abusos y crímenes por parte de las fuerzas del orden –algo que no tiene sentido negar, y que es inevitable por la espiral de violencia ciega que se desata cuando no hay una estrategia adecuada-, en lugar de centrarse, precisamente, en la manera como fuimos capaces de derrotar a Sendero Luminoso, con una estrategia inteligente que permitió lograr un resultado que parecía imposible y que muy pocos países con movimientos subversivos tan crueles han logrado, y de la cual no hemos sido capaces hasta ahora de extraer las lecciones y enseñanzas que entraña.

Si discutiéramos a partir y en torno a eso, cambiaría el tono general y podríamos encontrar aproximaciones y entendimientos. Fue una estrategia, repetimos, inteligente, basada en una alianza con los campesinos y en inteligencia policial en las ciudades. El Perú no ha podido capitalizarla para su orgullo nacional ni para sus políticas públicas porque quien la aplicó –pese a que no la inventó- fue Fujimori. La manera lamentable como terminó su gobierno se llevó consigo buena parte de lo positivo que hizo.

El resultado ha sido, por ejemplo, que, en algunos textos escolares, lejos de resaltar la excelencia de la estrategia aplicada en un país tan precario, haya más párrafos dedicados a describir las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas que los dedicados a describir la locura genocida de Sendero Luminoso originada en una ideología que creía en el asesinato como método para alcanzar el poder y establecer la dictadura del proletariado.

Sendero fue derrotado cuando el Estado y los militares entendieron que los comuneros no eran enemigos sino esencialmente amigos del Estado y que en lugar de sospechar de las comunidades había que aliarse con ellas dándoles armas y ayuda cívica. A partir de ese momento fueron los propios ronderos quienes señalaron y derrotaron a los terroristas. Fue un paso muy importante porque en la relación de las fuerzas del orden con los campesinos quechua hablantes se reproducía en alguna medida el tipo de relación criollo-indio de origen colonial, acaso el problema principal de nuestra sociedad.

Para derrotar a Sendero, entonces, fue necesario, en buena cuenta, superar la distancia étnica y saldar y soldar la fractura colonial. Esa alianza horizontal y victoriosa entre el Estado criollo y los comuneros andinos redimió, en cierto sentido, la historia, y redimió los horrores de la década anterior. Y convirtió en ciudadanos -del Estado Peruano, salvado por ellos- a los campesinos, por lo menos en ese momento, aunque lamentablemente el país no pudo consolidar esa conquista en un reconocimiento permanente, pues se optó por cultivar la imagen de los campesinos sólo como víctimas en lugar de encumbrarlos como ciudadanos-vencedores y salvadores del país. 

La misma noción de alianza denota horizontalidad. El protagonismo campesino, incluso en el diseño de estrategias, lo convirtió en ese momento en ciudadano pleno actuando en un marco que iba más allá de la defensa de su localidad. Las rondas sentían encarnar la democracia, el Estado, la defensa del país como tal.

Podríamos afirmar, inversamente, que al final Sendero Luminoso fue derrotado porque replicó en su relación con las “mesnadas” andinas una estructura de dominación feudal. Es decir, una relación patrón-siervo, en su grado extremo. Los dirigentes de Sendero no eran indígenas. Eran blancos (algunos, como Abimael Guzmán, costeños) o mistis cuyos padres, en algunos casos, habían perdido sus haciendas o fundos con la reforma agraria. Ellos, más bien, replicaron con la base campesina, de una manera perversa y asesina, el mismo tipo feudal de relación heredado de sus padres y abuelos, e instrumentaron al campesinado como carne de cañón. El Perú, en cambio, sólo pudo derrotar a Sendero precisamente cuando superó la tara colonial y consideró a los comuneros como iguales. En ese momento los campesinos, aliados horizontales de la fuerza armada y del Estado peruano, se sintieron, en efecto, ciudadanos ya no sólo de su comunidad, sino del país, y vencieron a los terroristas. Habían jugado un papel nacional, como lo habían hecho en la campaña de la Breña junto a Cáceres, contra los chilenos, la única campaña en la guerra del Pacífico en la que nuestro país obtuvo victorias y puso en jaque a los chilenos.[2]

Sin duda, el enfoque de reparación a las víctimas es necesario. Pero la mejor reparación es, a nuestro juicio, el reconocimiento por el papel que jugaron las comunidades en la derrota de Sendero y en la salvación del Estado peruano, no solo con conmemoraciones al respecto, sino difundiendo en todas las familias campesinas las tecnologías de Sierra Productiva a fin de que la ciudadanía que conquistaron en la guerra contra Sendero se transforme en una ciudadanía económica efectiva.

Estudiar y debatir la estrategia que derrotó a Sendero Luminoso ayudaría a revalorar el papel de los actores principales en este trágico episodio de nuestra historia, lo que contribuiría a dejar de lado discusiones absurdas, reducir la polarización y encontrar terrenos comunes de entendimiento. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay un asunto que no puede ser pasado por alto. Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional han anulado parte de una sentencia de hábeas corpus contra el auto de apertura de instrucción por el caso El Frontón del 9 de febrero del 2009. La sentencia del habeas corpus, dada el 14 de junio del 2013, declaraba nulo dicho auto de apertura de instrucción “en el extremo que declara que los hechos materia del proceso penal constituyen crímenes de lesa humanidad”. Pero el 5 de marzo del 2017 el TC dicta un auto resolviendo que la incorporación de ese punto en la sentencia del habeas corpus constituyó un “error material”, porque el magistrado Juan Vergara Gotelli, según el Tribunal, no estuvo de acuerdo con eso.

Con lo que dicho auto no solo viola el principio de la cosa juzgada, lo que es grave, sino que interpreta erróneamente el voto del magistrado Vergara Gotelli, despojándolo de su sentido. Despojándolo de su voto, por lo tanto. En realidad, como ha explicado el ex magistrado Ernesto Alvarez, uno de los coautores de la sentencia, Vergara Gotelli había sido incluso más radical que los otros tres magistrados en el asunto de la lesa humanidad: para él ni siquiera tenía sentido discutirlo porque no se podía aplicar para eventos ocurridos antes del 2003, como veremos.

El argumento del auto de apertura de instrucción contra el que acciona el habeas corpus es, precisamente, que lo que se cometió en la debelación del motín senderista en El Frontón, en 1986, fue un delito de lesa humanidad que, según la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” firmada por el Perú el 2003, es imprescriptible. Contra ese auto de apertura de instrucción los marinos interpusieron un hábeas corpus el 3 de mayo de del 2009, que llegó finalmente al Tribunal Constitucional y fue resuelto el 2013 declarándolo fundado y nula dicha apertura de instrucción en el extremo de que se trata de delitos de lesa humanidad (aunque ordenaba continuar el proceso), con cuatro votos a favor.

En efecto, el 14 de junio del 2013 los magistrados Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Fernando Calle Hayen y Ernesto Álvarez Miranda emiten sentencia declarando “FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia, NULO el auto de apertura de instrucción emitido por el juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial con fecha 9 de enero de 2009 (Exp. N° 2007-00213-0-1801-JR-PE-04), en el extremo que declara que los hechos materia del proceso penal constituyen crímenes de lesa humanidad, manteniéndose subsistentes los demás extremos de la imputación”.

Tres de esos cuatro magistrados -Mesía Ramírez, Calle Hayen y Alvarez Miranda- fueron al fondo del asunto, refutando que hubiese habido lesa humanidad en los supuestos crímenes cometidos por los marinos en la debelación del motín de El Frontón. El magistrado Vergara Gotelli firmó también la sentencia, pero escribió un fundamento de su voto. En su escrito él también declara fundada en parte la demanda y redacta lo siguiente “En consecuencia corresponde que se declare la NULIDAD de la Resolución de fecha 9 de enero de 2009 que abrió instrucción en contra de los aludidos…”.

Lo que pasa es que Vergara Gotelli está de acuerdo con la sentencia de habeas corpus pero por otras razones. Concede el hábeas corpus y considera que no hay lesa humanidad pero no por los argumentos de sus tres colegas, sino porque sencillamente el Perú había expresado una reserva cuando firmó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad el 2003, y esa reserva era que esa Convención solo se aplicaría a los delitos cometidos a partir del momento de la firma en adelante. Es decir, sin retroactividad. No solo eso. Vergara cita artículos de la Constitución, de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para concluir que “De los instrumentos antes señalados se aprecia entonces, con claridad, que sus disposiciones son obligatorias a partir de la fecha de entrada en vigor en el Estado parte y no de manera retroactiva”.

De modo que, para Vergara Gotelli,  ni siquiera tenía sentido entrar al fondo del asunto. Bastaba con dicha reserva y con el principio de no retroactividad consagrado en la Constitución y en tratados internacionales para obligar al juez que quisiera abrir un proceso sobre delitos que hubiesen prescrito, a fundamentarlo debidamente, cosa que, a su juicio, no ocurría en el auto de apertura de instrucción. Por eso, la resolución de Vergara Gotelli dice así: “Declarar FUNDADA en parte la demanda de hábeas corpus al haberse acreditado la vulneración al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con el derecho a la libertad individual… En consecuencia corresponde que se declare la NULIDAD de la Resolución de fecha 9 de enero de 2009 que abrió instrucción en contra de los aludidos favorecidos por el delito de homicidio calificado – asesinato en lo que respecta a la motivación de la prescripción de la acción penal”.

Entonces el ex magistrado Ernesto Álvarez, que votó a favor del habeas corpus, tiene razón cuando asevera que “el doctor Vergara fue más radical aun en su voto que nosotros”. Álvarez certifica que el sentido del voto del Dr. Vergara fue declarar fundado el habeas corpus en lo relativo a anular el auto de apertura en el extremo de que hubo lesa humanidad, como queda claro de las citas mencionadas. Es decir, Vergara estuvo de acuerdo con la sentencia, pero con argumentos distintos. Discrepaba del argumento, pero no de la sentencia, y discrepaba del argumento desde una posición aún más radical en defensa del otorgamiento del habeas corpus y de la inexistencia de lesa humanidad.

No solo eso, el magistrado Oscar Urviola Hani, que el 2013 había discrepado de la sentencia del hábeas corpus, ahora, ante la ponencia del auto que terminó despojando de su voto a Vergara Gotelli, emite un voto singular mostrando su asombro ante la pretensión de desconocer el sentido del voto de Vergara: “Los más de ocho años de experiencia del señor Vergara Gotelli como magistrado del Tribunal Constitucional, a la fecha de esa sentencia, hace inimaginable suponer que desconocía cuándo no debía firmar una sentencia y emitir un voto singular…. Asombrosamente, la ponencia niega la realidad de una sentencia firmada por cuatro magistrados y dice que hubo empate en la votación…”

Urviola recuerda que el propio Vergara se pronunció contra el pedido de subsanación por error material: “…considero muy importante acudir a la propia declaración del magistrado Vergara Gotelli respecto a la presente solicitud de subsanación. Ésta fue tratada por el Pleno del Tribunal Constitucional en su sesión del 1 de octubre de 2013. En la respectiva Acta (firmada por los magistrados Vergara, Mesía, Calle, Eto, Álvarez y el suscrito) consta lo siguiente: “… el Pleno debatió sobre el pedido de nulidad efectuado por el Procurador Público Especializado Supranacional. El magistrado Vergara Gotelli indicó que en un plazo de dos días emitiría su opinión, al respecto, pero adelantó que no encontraba justificado el pedido de nulidad formulado por el Procurador Público Especializado Supranacional” (énfasis añadido).

Y añade Urviola: “Con esta declaración, el magistrado Vergara Gotelli mostraba su conformidad con lo firmado por él en la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando el Procurador afirmaba lo contrario. No obstante ello, la ponencia sorprendentemente se sustituye en la voluntad del magistrado Vergara Gotelli para decir que “no estaba de acuerdo con lo finalmente incorporado en el fundamento 68”, no obstante su firma en la sentencia y lo dicho por él mismo en la sesión de Pleno citada”.

Queda claro, entonces, que aquí ha habido una sustracción de la voluntad del Dr. Vergara Gotelli. Algo muy grave. Pero allí no queda la cosa. Ese acto se cometió pese a que las solicitudes de subsanación fueron presentadas y acogidas  extemporáneamente. Los magistrados José luis Sardón y Ernesto Blume Fortini señalan en su voto singular “que el artículo 121 del Código Procesal Constitucional dice: En el plazo de dos días a contar desde su notificación (…) el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. Las solicitudes de subsanación se presentaron ocho y dieciséis días después de vencido este plazo. Es decir, fueron notoriamente extemporáneas.”  Por otro lado –agregan- “quienes formulan estas solicitudes de subsanación no fueron parte en el proceso de habeas corpus. Por tanto, no tienen legitimidad para presentar dicha solicitud”.

Es cierto, de otro lado, que, pese a que la sentencia del habeas corpus del 2013  declara en el punto resolutivo 1 la nulidad del auto de apertura de instrucción en lo relativo a la lesa humanidad, resuelve en el punto 2 algo que parece contradictorio con el punto 1: que se continúe con el proceso penal. Uno se pregunta: ¿cómo podría continuar el proceso penal si ya habría prescrito desde que fue descartada la lesa humanidad? Una respuesta es la que da Cesar Azabache, quien sostiene que “la Corte Interamericana ha declarado de manera uniforme que la prescripción no puede oponerse a las investigaciones de los casos en que se discuten “graves violaciones” a la Convención Americana (haya o no lesa humanidad)… (ello) se aplica usualmente a los casos en que los Estados retrasan, eluden o incluso boicotean sistemáticamente las investigaciones demandadas por las víctimas o por sus familiares o representantes. En este caso, la Corte ha ordenado que el caso concluya precisamente porque la demora en que ha incurrido el Estado es inaceptable”.

Esta tesis supone que la Convención Americana prevalece no solo sobre la Constitución, sino sobre la Convención de Viena acerca del Derecho de los Tratados, sobre el Estatuto de Roma y sobre la reserva con la que el Perú firmó el Tratado sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. Aparentemente, sin embargo, es la tesis que el propio fallo del habeas corpus contradictoriamente recoge, acaso por temor a nuevas sentencias de la Corte que obliguen a revisar los casos. Esta es la discusión de fondo, que no se ha dado aun.

Pues, si de todos modos se ordena continuar el proceso,  ¿por qué el fallo se centra en discutir si hubo lesa humanidad o no? Esto no tendría sentido si es que la existencia de lesa humanidad o no en este caso es irrelevante para determinar si hay prescripción o no. ¿Y por qué el Tribunal actual se toma el trabajo de “desincorporar” el punto 1 del habeas corpus que declaraba nulo el auto de apertura de instrucción en el extremo de que se tratara de delito de lesa humanidad, si esto no tiene ningún efecto?

Porque determinar que no hubo lesa humanidad sin duda influye en la naturaleza del proceso que sigue. Para Vergara Gotelli el proceso debe continuar en el sentido de que “el juzgador penal debe proseguir con el esclarecimiento de los hechos a efectos del tema civil de la reparación a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos” (acápite 26). En el punto 2  de la parte resolutiva de su fundamentación escribe: “DISPONER que el juzgador penal competente, en el nuevo pronunciamiento judicial que determine si operó la prescripción de la acción penal a favor de los beneficiarios de autos, si fuere el caso, prosiga con el tema de las costas del proceso y la reparación civil a las víctimas, conforme a lo expuesto en el Fundamento 26, supra”.

Como fuere, y más allá de las consecuencias en el proceso penal, lo cierto es que el Tribunal Constitucional actual ha alterado una sentencia del propio TC que era cosa juzgada y ha cambiado el sentido del voto de un magistrado que la firmó. Lo ha despojado de su voto. Atentar contra la garantía de la cosa juzgada es, a nuestro juicio, prevaricato. Es muy grave y debe ser rectificado, so pena de sanción constitucional. Lampadia

“La Policía es la expresión del buen gobierno en las calles… La verdad es que si no hay Policía no hay Gobierno. Si no hay policías en las calles, el buen gobierno es una entelequia”. Esta es una de las ideas y conceptos que nos dejó Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional de Colombia, en su paso por el país para participar en la CADE 2014. Con ello enfatiza la importancia de tener una excelente policía al servicio de los ciudadanos y lo vital que es para el Estado de Derecho que los servicios de seguridad funcionen. El general colombiano, refuerza así otras de los principios que nos dejó: “La seguridad no es un costo, es una inversión”  

Naranjo sabe de lo que habla. No es ningún improvisado. Todo lo contrario es una leyenda en el mundo de la seguridad. En el 2010 fue reconocido como el mejor policía del mundo. Se lo considera un gran estratega y un experto en inteligencia. Entre sus éxitos se encuentran la captura de Pablo Escobar, la desarticulación de los cárteles de Medellín y Cali, y, especialmente, las exitosas operaciones contra líderes de las FARC. Aunque menos espectacular que estos logros, el más significativo sin duda es el de haber reconvertido a la Policía Colombiana en un cuerpo prestigiado y confiable. Conocedor, casi desde la cuna de la realidad de las fuerzas de seguridad de su país (su padre fue director general 1981-1983), emprendió una de las reformas más exitosas que modernizaron y, sobre todo, ennoblecieron a esta institución.

Veamos algunas de las lecciones que nos dejó:

La Formación Policial

Naranjo recordó que la Policía trasmite la ley y tiene una función pedagógica para que los ciudadanos tengan confianza en el estado de derecho. “Tener policías significa asegurarse del buen gobierno, pero particularmente de acrecentar la confianza en el estado de derecho”, sostuvo. ¿Pero como tener una buena policía? Solo si esta es profesional, es decir “con acceso al conocimiento, que es un herramienta a la transformación de la sociedad y por lo tanto un conocimiento estructurado en un currículum de servicio para transformar y contribuir a la convivencia social. Entonces no basta entrenar policías. (…) Hasta fines de los 80 se hablaba de entrenar policías para que conozca una serie de procedimientos para aplicarlo a los ciudadanos y a los delincuentes”. Eso ya no es suficiente. Ahora se debe profesionalizar a los policías (una carrera en la que se le va impartiendo conocimientos y experiencias) para que puedan entender cómo actuar en el tejido social, reafirmar el Estado de Derecho y, sobre todo, facilitar la convivencia social. “Un policía bien formado cumple una función pedagógica y permite que los ciudadanos tenga fe en el estado de derecho”, señala.

“El cuerpo policial, además debe entender que su función es resguardar a los ciudadanos y que los ciudadanos pueden y deben fiscalizar su labor. Es necesario un diálogo permanente con la comunidad para que los policía identifiquen cuales son las angustias ciudadanas”, indica.

La prevención del crimen

Para Naranjo está claro que la sociedad está preocupada por la seguridad (El 32% de los peruanos ha sido víctima de algún delito según el INEI), pero nos recordó que en nuestro país el nivel de violencia es de los más bajos en la región.

“Lo que es positivo es que los niveles de violencia en el Perú están muy por debajo del promedio Latinoamericano. Las tasas de homicidio en Perú, por fortuna, son de las más bajas de la región. Hay otros elementos que son preocupantes como los delitos contra el patrimonio, los hurtos y la pequeña extorsión. Ahí hay una amenaza que hay que contener”, dijo.

Para ello sostuvo se debe tener en cuenta que lo mejor es la prevención. “Cuando hay un problema de seguridad rápidamente queremos reprimir, cuando ese debiera ser el último que hagamos, señaló. Nos olvidamos de los otros pasos: Prevención, disuasión, control y solo al último represión.

¿Cómo prevenimos? Entendiendo que con penas más severas, más presión policial, no vamos a conseguir mucho. Las cárceles latinoamericanas no soportan más presos. “Hay mucha gente en la cárcel pero hay que decir claramente que la posibilidad de reincidencia de un recluso que cumplió su pena en América Latina y el cual regresa a las calle a delinquir es del 80%, me pregunto entonces ¿qué hago con un sistema penitenciario que sólo me garantiza 20% de resocialización?”, se preguntó Naranjo.

Por lo que debemos apostar, señala este experto, es por un esfuerzo educativo y evitar la violencia intrafamiliar. “Una tarea de prevención elemental es volver como mínimo por jornadas escolares extendidas y acompañadas de programas que saquen a los muchachos de las calles”.

Pero es fundamenta programas para la primera infancia pues “está probado criminológicamente que si un niño entre 0 y 6 años recibe un tratamiento bajo unos estándares altas de seguridad [valores y afecto], la posibilidad de que incurra en delito si elimina casi totalmente”.

La contención y combate del crimen organizado

“Florece una economía criminal donde hay economías informales. Si hubiera una economía formal, no habría posibilidad de que esto ocurra”, aseguró Naranjo. Y es que tanto la droga, como la minería ilegal necesitan de la informalidad, que el dinero se maneje en efectivo. En economías con mucho efectivo es más fácil el lavar el dinero.

 “Perú ya tiene la llave en marcha para lograr esa lucha contra la economía criminal, esa llave es la inclusión financiera. Cuando se investiga porqué florecen las economías criminales y porqué desbordan a la economía formal, nos damos cuenta de que es por la informalidad existente”, refirió. Exigir la inclusión financiera permite que el dinero tenga trazabilidad y sea legal, lo cual, sostuvo, “es un golpe al alma de esas economías criminales”.

La claridad de este mensaje es tal que esperemos haya sido escuchada y tomada en cuenta por nuestros políticos. No podemos esperar más para la reforma policial. Lampadia