Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Una de las razones del aumento de la criminalidad en el Perú es la llegada masiva de delincuentes extranjeros, sobre todo venezolanos, que son muy violentos.

Si bien la mayoría de migrantes que han tenido que huir de su país por el absoluto fracaso del socialismo del siglo XXI –que ha provocado el mayor éxodo en la historia de Sud América-, es gente trabajadora que quiere sobrevivir, un porcentaje son delincuentes.

En este momento se calcula que hay, aproximadamente, un millón y medio de venezolanos en el Perú.

Si el 5% son delincuentes, serían 75,000. (En la Policía Nacional algunos oficiales calculan que son el doble de esa cifra).

Si solo el 2% se dedican a actividades delictivas, serían 30,000. En cualquier caso, son cifras muy altas para el país.

Pero el problema más que cuantitativo es cualitativo. La violencia de la delincuencia en Venezuela es brutal, otra de las consecuencias del comunismo del siglo XXI que se instauró en ese desgraciado país.

En 2017, cuando empezó la huida masiva de venezolanos, el índice de homicidios en Venezuela alcanzó un pico de 89 por cien mil habitantes, uno de los más altos del mundo. (Bard, IA de Google).

Y desde esa fecha precisamente ha ido disminuyendo cada año:

2018, 81.4;
2019, 60.3;
2020, 45.6;
2021, 42.2;
2022, 40.4.

No es coincidencia. No es que haya habido una política anti delincuencia exitosa bajo la dictadura chavista. La disminución a menos de la mitad de la tasa de homicidios en cinco años se explica principalmente porque han exportado una enorme cantidad de criminales violentos. Y muchos de ellos están en el Perú.

Delitos como el secuestro, que había sido reducido a su mínima expresión, están volviendo a proliferar. Las extorsiones se han expandido exponencialmente.

La llegada de malhechores extranjeros no es lo único que explica el incremento de la delincuencia. El otro factor relevante es el desastre ocasionado por los últimos gobiernos en materia de seguridad, relacionado con la casi permanente crisis política.

El gobierno de Francisco Sagasti maltrató ignominiosamente a la Policía Nacional responsabilizándola falsa y arteramente de la muerte de dos delincuentes juveniles en los disturbios que le permitieron asaltar el poder. Y luego despidió ilegalmente a los primeros 17 generales del escalafón para poner como jefe a un inútil, cuyo único mérito era ser el engreído de la mafia caviar.

Con Pedro Castillo las cosas fueron peor. No tenían la menor idea de cómo enfrentar la inseguridad –ni les importaba-y el Ministerio del Interior se convirtió en botín de la caterva de delincuentes que se apoderó del gobierno, con compra de ascensos y toda clase de pillerías. Siete ministros y cinco comandos policiales fueron el legado del peor gobierno del siglo.

Con Dina Boluarte las cosas no han mejorado mucho. Tres ministros del Interior hasta ahora, maltrato a la PNP y ninguna política de seguridad ciudadana.

Uno de los problemas que dificulta –o a veces impide- combatir la delincuencia son las algaradas provocadas por los secuaces de Castillo. En esos momentos, la mayoría de policías disponibles se dedican al control de disturbios y muchos otros están en reserva en previsión de nuevos desmanes.

Y a veces frecuentes operativos que son exhibidos con orgullo: más de mil policías para desalojar ambulantes que permanecerán ahí para mantenerlos a raya; cientos de policías para incautar locales de Alas Peruanas; etc. etc. ¿De dónde creen que salen esos policías? ¿Qué tareas dejan de cumplir para efectuar esas otras?

En síntesis, el aumento de la delincuencia se explica, en parte, por la llegada de miles de criminales venezolanos, muchos de ellos muy violentos; y también por el fracaso y absoluto desinterés de los últimos gobiernos para aplicar una política eficaz de seguridad.

Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 15 de mayo de 2023
Para Lampadia

En el tráfico de terrenos, claramente ganan las mafias. Me refiero a las mafias municipales: alcaldes, regidores y funcionarios corruptos. Además, gana la telaraña, también mafiosa, compuesta por funcionarios de las diversas instituciones registrales del país, como el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), los programas regionales de titulación de tierras (PRETT´s), la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), etc.

Como no podía ser de otra forma, las mafias del tráfico de terrenos también incluyen a efectivos policiales, fiscales y jueces corruptos, matones que nunca faltan, todos coludidos con los traficantes propiamente dichos.

Rodolfo Orellana, Sada Goray, los sobrinos del expresidente Castillo y una larga lista de congresistas y personajes de mal vivir se han hecho conocidos, precisamente, por ser parte de las mafias del tráfico de terrenos en nuestro país.

Sin embargo, ahí no termina la cosa. En el tráfico de tierras, ganan también los proveedores de agua en cisternas, esteras, palos, alambres, calaminas, clavos, plásticos, cartones, etc. Incluso, los que brindan “servicios de seguridad”. El entrecomillado es adrede, porque los tipos esos, de custodios no tienen nada, y sí, mucho de extorsionadores, puesto que cobran por no robar. Efectivamente, el que no paga cupo… ¡ay de él o ella! Chau quiosco, chau moto o triciclo, chau celular, chau lo que sea.

Ahora bien, la otra cara de la moneda del tráfico de terrenos muestra a los que pierden. Entre los perdedores están los propietarios de los terrenos invadidos – el Estado o los privados – que pierden sus propiedades. Pero pierde también la pobre gente que cae en la trampa sin salida de las mafias en cuestión.

Efectivamente, el sangrado mafioso es inevitable, implacable e interminable.

Pago por la “adquisición” del lote. Un papel cualquiera “certifica” la operación de compra – venta.
Pago por afiliación y mantenimiento de la “asociación pro vivienda”. Las asociaciones suelen llevar los nombres de políticos de moda: Ollanta Humala Tasso, Keiko Fujimori Higuchi, Juan Velasco Alvarado, y así.
Pago de cuotas extraordinarias para el saneamiento de los certificados de posesión. El trámite de titulación puede demorar 15 o 20 años, y hasta más, previo pago de cuantiosas coimas, sin ninguna rendición de cuentas de por medio.

Al final, los pagos suman mucho más de lo que se pagaría por un crédito hipotecario comercial para la compra – venta de una vivienda de S/. 100,000, con todos los servicios públicos bien puestos, y con todas las formalidades registrales del caso.

Pero no, mucha gente vive en condiciones deplorables: sin agua, sin electricidad, sin seguridad, sin nada. Sólo polvo y esteras. Aunque, eso sí, infaltable, la desteñida banderita blanquirroja… en el techo.

Bueno pues, 1’600,000 familias peruanas viven así… 8 millones de peruanos. La cuarta parte de la población peruana no tiene vivienda.

Porque no me vengan con que una choza de esas puede considerarse una vivienda digna.

Esta descomunal tragedia urbanística nacional saltó a la luz en la reciente pandemia de COVID 19. ¡8 millones de peruanos no tenían casa para cumplir la cuarentena! ¡Y otro tanto no tenía agua para lavarse las manos! ¡Habrase visto tamaña injusticia! ¡Oh diosa corrupción… cuánto daño, cuánta crueldad, cuánta miseria has traído a nuestro país!

El problema es que el Estado hace muy poco al respecto. Mejor dicho, estoy convencido de que el Estado propicia, adrede, el caos urbano y el tráfico de terrenos a nivel nacional. Repito. El Estado está metido en la colada. ¡He ahí el problema!

Quitarle las competencias de vivienda y urbanismo a los Municipios Distritales y Provinciales de todo el país. ¡Esa es la propuesta!

Y en su reemplazo, crear una Autoridad Nacional Autónoma (ANA) – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – encargada de llevar a cabo todos los procesos de planificación y desarrollo urbano en todo nuestro país. Una ANA apolítica, desideologizada, profesional, meritocrática, súper especializada en la materia. Cero tráfico de terrenos. Todos los traficantes a la cárcel. Cero invasiones. Ninguna invasión calificaría para ninguna titulación… nunca.

Incluso, habría que prohibir la autoconstrucción de viviendas en todo el país. Pero eso sí, para que la cosa funcione, el Estado tendría que promover masivamente la construcción de urbanizaciones y viviendas de bajo costo – bien construidas – en terrenos de su propiedad… que los tiene. ¡Y de sobra!

Construir 200 mil viviendas populares al año, para que en 10 años hayamos resuelto el problema de la vivienda en el país. ¡Ese es el desafío! Para ello se requiere invertir US$ 50,000 millones, los cuales generarían un millón de empleos directos. ¡Ese es el reto!

Simplificar radicalmente y digitalizar al máximo todos los procesos de licencias y permisos de construcción y titulación de tierras y de propiedad inmobiliaria. ¡A eso debemos llegar!

¡No a los turbios negocios del tráfico de terrenos! ¡Sí a la vivienda digna para todos los peruanos!

Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Uno de los mitos más difundidos en el Perú es el que cuenta que la delincuencia avanza porque las penas son muy blandas. La solución, entonces, sería endurecer las penas. Eso es falso, por supuesto, pero los políticos se montan en esa creencia popular para practicar entusiastamente el populismo penal, aumentando constantemente las condenas para tratar de conquistar algunos puntos en las encuestas. En realidad, solo empeoran las cosas.

Parte de ese mito es que si el objeto robado no es muy valioso, el delincuente queda libre. Eso, en la práctica, no es cierto, porque hay tal cantidad de circunstancias agravantes, que hacen que independientemente del monto el malhechor puede ser sentenciado.

Recientemente el congresista Alejandro Muñante publicó un tuit (30/4/23) donde se enorgullece de un proyecto de ley que rebaja de 1,025 soles a 300 soles la cantidad por la que un hurto se convierte en robo –según dice- y puede ser sancionado con prisión efectiva.

Para justificar su despropósito, Muñante tuiteó que “arranchar un celular en un bus” es hurto y no robo si no supera los mil soles y por tanto el delincuente no iría a la cárcel. Según el diccionario de la RAE, arranchar significa “quitar violentamente algo a alguien”. Es decir, si hay violencia, es un agravante y la pena es prisión efectiva, sin importar el monto de lo robado.

Hay muchos casos que demuestran la falsedad de los argumentos de Muñante.

Un ejemplo: Fredy Garay Villanueva fue condenado a cinco años de prisión efectiva por intentar robarle un sol a un niño en Junín, acción que no pudo concretar. El sujeto tomó de la mano al niño y lo jaloneó (el informe médico habla de “excoriaciones y equimosis en la cara anterior de la muñeca izquierda”), el niño se zafó y siguió caminando, una señora lo ayudó y capturaron al individuo. El caso llegó hasta la Corte Suprema que el 19 de marzo de 2018 confirmó la sentencia por “tentativa inacabada”, “delito frustrado”, porque no llegó a robar el sol que le exigía al menor.

Lo cierto es que muchas veces los operadores de justicia intentan justificar el hecho de que los delincuentes salgan libres, aduciendo que el monto de lo robado es menor a lo que establece la ley, pero la verdad es que eso les sirve de pretexto ante los indignados ciudadanos para disculpar su pasividad.

Otro ejemplo de la dureza de las penas es el de Lordan Ivanoff Zafra Huarcaya que robó un celular en noviembre de 2019, en Puente Piedra, amenazando con un cuchillo a su víctima (no la hirió ni golpeó). Varios transeúntes lo atraparon. Fue sentenciado a 12 años de prisión. En el período en que sucedió ese delito se robaban, en promedio, 5,175 celulares al día, según Osiptel. Lo característico del caso es que el suceso fue publicado en “El Comercio” el 23/10/20, porque no es usual que se atrape y sentencie a un ladrón de celulares.

Esas penas durísimas no disuaden el delito, porque la proporción de delincuentes que son capturados y condenados es ínfima en relación a la cantidad de robos.

Como demuestran los estudios sobre el tema, las penas altas no son disuasivas. Lo que disuade a los delincuentes es la probabilidad de ser atrapados, no la dureza de las condenas. Si fuera así, el Perú sería uno de los países más seguros del mundo, porque lo único que sobran son leyes draconianas.

Antes, el monto del hurto no debería sobrepasar cuatro remuneraciones mínimas (RMV). Luego se rebajó a una RMV. Como es obvio, eso no sirvió para reducir la delincuencia. Ahora Muñante pretende seguirla disminuyendo a 300 soles. Si se aprueba, no hay duda que muy pronto otro congresista tendrá la genial idea de bajarla a 100 soles. Y así hasta el infinito.

Dicho sea de paso, nadie se preocupa por construir más cárceles para albergar a los delincuentes sentenciados con penas cada vez más largas y con menos beneficios penitenciarios.

En lugar de promover proyectos inconducentes, el congresista Muñante –que jugó un papel destacado en la lucha contra el anterior gobierno- podría hacer algo necesario para mejorar la lucha contra la delincuencia y promover el proyecto que devuelve la investigación preliminar a la Policía. Lampadia

Alejandro Deustua
27 de marzo de 2023
Para Lampadia

Si al margen de los problemas del contexto externo, el costo de las protestas sociales de fin de año e inicios de éste se ha reflejado en contracción adicional del producto y en desestabilización del sur del país que no logra aún revertirse plenamente, los agentes financieros de las mismas debieran ya haber sido identificados. Ello no ha ocurrido.

Tal omisión es especialmente grave porque esos agentes forman parte, en buena medida, de la economía ilegal como el contrabando de oro peruano (que financia a delincuentes y, no de manera insignificante, a la balanza de pagos boliviana) y de bienes no tradicionales (que alimenta la extraordinaria informalidad y la muy desigual acumulación de riqueza en el altiplano). Entre esos actores destacan aquellos que, arraigados en el sur peruano, forman parte de la creciente cadena del tráfico internacional de drogas.

Si el narcotráfico ligado a la coca y cocaína es una amenaza global y local (cuya eliminación, según algunos, se lograría con la “descriminalización” de la siembra ilegal -Petro en Colombia-), debe tenerse en cuenta que su intensidad se multiplicado en proporción directa al extraordinario incremento de la oferta (2 mil toneladas de coca sólo en 2020 subiendo desde el 2013 con picos en 2018 y 2021) y de la cocaína (44% más en 2020 que en 2006) (UNODOC).

Peor aún, si la oferta ha superado a la demanda el supuesto descenso de los precios ha sido compensada por la expansión del mercado real.

La lógica tradicional dice que si la oferta supera a la demanda (30% norteamericana, 24% Latinoamérica y 21% europea) los precios decrecientes deberían desviar la producción hacia sectores más rentables (sustitución de cultivos). Ello no parece haber ocurrido.

En efecto, el negocio es tan grande que, aun así, sigue siendo beneficioso para una producción concentrada de cultivos (Colombia 61%, Perú 26% y Bolivia 13%), para los carteles mexicanos y colombianos que producen cocaína y la trafican, y para los operadores de mercado (especialmente en los grandes puertos del Pacífico y de Europa).

De otro lado, el poder de la oferta es tan grande y localizado que no extraña que, teniendo impacto global, las acciones de interdicción se concentren en Suramérica (72% vs 18% en Europa y 12% en Estados Unidos). Es decir, el escenario andino sigue siendo el foco central de irradiación de la amenaza cocalera.

Y si bien Colombia sigue siendo el núcleo principal de producción y dominio de rutas hacia Estados Unidos y Europa, el vínculo de Perú con Bolivia es predominante en el tráfico hacia el Brasil (complicando la cuenca amazónica), el Cono Sur (siguiendo las rutas terrestres y fluviales hacia el Río de la Plata) incluyendo Chile (regiones de Antofagasta y Tarapacá).  Las rutas brasileñas y rioplatenses se proyectan al África y parte de Europa, y las chilena y peruanas lo hacen hacia el Pacífico (complicando a los puertos mayores -de los que Chancay formará parte).

Como los productores no tienen las capacidades (o no las empeñan suficientemente) para disminuir la amenaza productiva, los consumidores no aplacan su adictivo apetito y el narcotráfico encuentra terreno fértil para expandirse, lo mínimo que podría hacerse es segmentar el problema y atacar centros específicos de gran influencia.

Éste es el caso de la zona fronteriza peruano-boliviana y la del espacio fronterizo ampliado del sur del Perú que congrega a los principales centros de cultivo (el VRAEM e Inambari-Tambopata) (DEVIDA y otros). De las más de 60 mil has. de cultivos que se producen en 13 regiones del Perú, 45 provincias y 169 distritos, el VRAEM produce 32 mil has. e Inambari-Tambopata 9,730 has.  Es decir, 41 mil has. o más de 2/3 del total.

Si la eliminación de la oferta cocalera (bien distinta de la orientada al consumo legal) es un interés nacional incumplido y tantas veces voluntariamente postergado, suprimir las fuentes de Inambari-Tambopata y su conexión en el VRAEM es una tarea a la mano e indispensable a la luz de la capacidad desestabilizadora de sectores puneños (cuya mayoría poblacional no es abrumadoramente cocalera ni aymara). 

Si ello se probase inviable, interrumpir el tráfico con los narcotraficantes (especialmente extranjeros) que dominan el altiplano y con los cocaleros del Chapare boliviano (94% de cuya producción se orienta al mercado ilegal) debiera ser un objetivo realizable. Éste podría lograrse con la cooperación intensa y ad hoc de fuerzas especializadas de Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos y la Unión Europea.

Siendo realizable, ésa no es una tarea fácil. La oposición de los sindicatos cocaleros puneños y la de los del espacio central boliviano que preside Morales serían un problema mayor. Pero, a la luz de la dimensión del problema global y regional y de las externalidades desestabilizadoras en el Perú y Bolivia (que, animadas por el MAS, intenta ahora nuevas fricciones con Chile), debe congregar la voluntad de los sectores civiles sensatos de los países y regiones involucradas.

Y si el intento avivara la agresividad del gobierno de Petro, debiera recordársele al gobernante que su intento de lograr una “paz total” en Colombia va acompañada de negociaciones con agrupaciones terrorista y cocaleras que se han beneficiado de negociaciones anteriores (ONU).  

El largo plazo no puede seguir jugando a favor del narcotráfico, de la pérdida del control territorial peruano y de la desestabilización de gobiernos democráticos andinos. Lampadia

Por: Federico Salazar
El Comercio, 12 de Noviembre del 2023

“Intentar contratar sicarios tiene efectos penales. Sin embargo, lo más importante es que nos permite conocer la dimensión delincuencial de los imputados”.

El ciclón Yaku no va a destruir Lima. Ha causado destrozos en el norte del país. Su paso por Lima, sin embargo, queda descartado.

La lluvia caerá, pero no debe oscurecer las cosas. La información sobre un intento de atentado contra la fiscal de la Nación y otros reclama atención.

Según una investigación del Ministerio Público, el expresidente Pedro Castillo habría encabezado un proyecto no solo criminal, sino también asesino. Acabar con la vida de la fiscal Patricia Benavides, el coronel Harvey Colchado y otras personas era el objetivo.

El encargo se lo habrían dado a Jorge Ernesto Hernández Fernández, ‘El Español’. Él buscaría a los sicarios. La orden habría venido del propio exjefe del Estado, hoy en prisión preventiva.

Esta es una acusación. No la podemos tomar como un hecho. Es suficientemente grave: ¿tuvimos un proyecto de asesino en la Presidencia de la República?

Está probado que ‘El Español’ hizo designaciones en el Ministerio del Interior. Un edecán al que el exministro Mariano González había removido fue colocado en Palacio de Gobierno.

Viajó a Panamá con el congresista de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay, que sería un topo. También viajó con Carlos Daniel Barba Deza (ex-Digimin). El objetivo habría sido comprar en una feria especializada un equipo de chuponeo.

El chuponeo se habría de hacer en perjuicio de la fiscal de la Nación, el equipo especial y otros “opositores” del anterior gobierno. La compra no se concretó, pero tenemos que saber si esto es cierto.

El asesinato es la etapa superior de la delincuencia común.

Intentar contratar sicarios tiene efectos penales. Sin embargo, lo más importante es que nos permite conocer la dimensión delincuencial de los imputados.

Las colocaciones de gente inidónea en puestos claves no se habrían debido a impericia, sino a planes criminales.

Sabemos que se intentó desprestigiar a la fiscal Patricia Benavides. En esa campaña estuvo, entre otros, el ex primer ministro Aníbal Torres. A donde sea que iba hablaba de las hermanas de la señora Benavides y las acusaciones en contra de ellas.

Torres u otros pudieron participar, consciente o involuntariamente, en el plan de enviar sicarios. Se tendrá que investigar a todos los que participaron en las campañas de desprestigio contra la titular del Ministerio Público.

Lo mismo sucedió con respecto a la prensa. Los medios revelaron algunas de las muchas corruptelas del gobierno de Pedro Castillo. El método de desprestigiar al crítico era el mismo.

Es difícil imaginar a un maestro-campesino en una maquinación para asesinar. ¡Eso solo pasa en las peores dictaduras!, se dirá. Y, entonces, uno recuerda que esa también fue una de las intentonas de Castillo.

El expresidente quiso cerrar e intervenir el Congreso, la fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la contraloría. Era un proyecto de dictadura total.

Quizá lo del sicariato suene demasiado estrafalario, incluso dentro de lo delincuencial. Ya estamos acostumbrados, sin embargo, a las mentiras y los manejos turbios y díscolos de la administración de Castillo.

La imputación sobre un proyecto de sicariato debe investigarse. Como etapa superior del delito, merece debatirse y aclararse.

El drama real de los peruanos en la costa norte y los alarmismos sobre el diluvio en Lima no deben hacernos olvidar este caso. Tenemos que saber hasta qué nivel llegó el proyecto de dictadura de Castillo y sus colaboradores.

Alejandro Deustua
7 de febrero de 2022
Para Lampadia

Las masivas protestas sociales que, en 2015, 2019 y 2021 agravaron, en Brasil, las causas de la destitución de una Jefe de Estado (Rousseff) y contribuyeron, en Colombia y Chile, al triunfo de electoral de las izquierdas (Petro y Boric), tuvieron como sentimiento dominante un gran malestar económico. Pero ello ocurrió en escenarios políticos bien heterogéneos.  Por tanto, si en el Perú la semejanza sectorial es contribuyente al cambio político, esa causa económica no debiera ser determinante de la naturaleza de ese cambio.

En efecto, en Brasil éste se expresó en un ciclo político (la destitución de Rousseff -heredera de Lula- y el cuestionamiento de Temer, trajo a Bolsonaro cuyo radicalismo conservador devolvió el poder a Luis Inacio da Silva).

En Colombia, se quebró una secuencia histórica con el acceso al poder del primer presidente de izquierda que ha producido la alteración bien incierta del escenario de seguridad (guerrilla y narcotráfico) y de producción del primer commodity (el petróleo).

Y en Chile, un joven e inexperto participante de las protestas ha terminado en La Moneda insistiendo en una refundación constitucional.

Si a nivel regional estos resultados han alterado el equilibrio en el área, hoy marcada por el predomino de gobiernos de izquierda con tendencia injerencista, el Perú podría no agregarse a esa nueva “marea rosa” regional. Ello dependerá de la dimensión de la especificidad nacional, del nivel del control que se despliegue para superar la crisis y de la adecuada definición de la misma. 

Lamentablemente en el Perú el desborde social parece mayor que en los vecinos, la capacidad de establecer el orden parece menor mientras la confusión nubla la respuesta gubernamental -y hasta la percepción no pública- de la crisis. 

En relación a esta última, la perplejidad sobre la legitimidad de la protesta se grafica en las encuestas. Aunque la discrepancia de la opinión recogida puede estar ligada a la naturaleza del encuestador, del encuestado y al tipo de pregunta realizada, existe contradicción entre las que reportan el nivel de apoyo a la protesta (60% según el IEP en diciembre) y la declaración del perjuicio económico que afrontan los trabajadores y las pymes (95% según IPSOS-Lampadia en enero). Si la encuesta del IEP se hubiera realizado cuando el impacto económico fue más visible muy probablemente el resultado del IEP se parecería más a la de IPSOS. Quizás las encuestadoras podrían coordinar el momento en que realizan sus encuestas.

De otro lado, la confusión en el sector público sobre el diagnóstico de la crisis sigue latente. Así, mientras la presidente Boluarte declaró, según el New York Times, que la protesta es violenta, generada por grupos radicales con agenda política y económica y que ésta parece vinculada al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, la Canciller Gervasi sostuvo, según el mismo diario, que “está segura” de que ello será probado pronto (NYT, 2 de febrero).

Tales matices de diagnóstico pueden debatirse al interior del gobierno, pero de ninguna manera hacerse en público. Y menos cuando hasta el New York Times parece dispuesto a incrementar el impacto de la aparente descoordinación.

Por lo demás, frente al silencio del Estado sobre la definición la naturaleza de la crisis, aparecen en el escenario mediático diferentes teorías que desean brindar racionalidad a las protestas y a la violencia extrema empleada.

Uno diría que éstas se basan en una plataforma que Gramsci podría haber suscrito: frente al fracaso inmediato de la revolución violenta, ésta debe ser política y sostenida mediante la infiltración del Estado hasta su derrumbe.

Pero luego surgen las diferencias. Según unos, lo que confrontamos no es otra cosa que la tesis senderista de Guzmán quien sostuvo que la derrota militar de la agrupación terrorista fue sólo “un recodo en el camino” de una guerra política y del conflicto con las instituciones.  Esta tesis sigue confiando en la militancia (p.e. la del Movadef).

A esta propuesta ha seguido una de menor publicidad (la “revolución molecular disipada” en una de sus denominaciones), según la cual los movimientos sociales beligerantes sin líderes precisos y de heterogénea composición, pero con algún grado de coordinación, derruirán al Estado. Esta tesis parece más bien anarquista.

Al respecto, es de esperar que lo que quede de las instituciones peruanas de inteligencia peruanas derruidas por Castillo, puedan dilucidar el marco de referencia político con que el Estado confronta el desafío actual.

Y también establecer el escenario estratégico y táctico que ha descrito la presidente Boluarte. Por ejemplo, actuando contra la participación de los agentes del narcotráfico que en el Perú operan en un vasto territorio cocalero de 84 mil has. de sembríos de los cuales el VRAEM (el origen del financiamiento de la insurrección) representa 32.1 mil has.  A mayor información, el gobierno podría establecer que de esa zona y de San Gabán (zona cocalera de Puno) parten los derivados coca y la cocaína que son transportadas a Bolivia donde se reelaboran y reexportan al Brasil y otros destinos vecinales y extrarregionales. Esa cadena parece hoy parcialmente afectada.

Además, el gobierno podría recordar que el flujo del contrabando entre el norte de Chile, Bolivia y Puno (la frontera más porosa del Perú) tiene un valor anual en Puno de US$ 234 millones de un total de US$ 591 millones según la SUNAT. Ese total implica, además, a Tacna, Callao y la frontera con Colombia. Es más, el comercio ilegal que tiene como destino Juliaca, es operado por cuatro estamentos, uno de ellos fuertemente armado (la famosa “culebra”) y que parece una fuente segura de financiamiento de oscuros líderes de movimientos sociales locales.

De otro lado, no debiera ser complicado para el gobierno definir el monto del financiamiento de la insurrección que proviene de la minería ilegal en Madre de Dios. Para sus operadores es fácil sitiar la capital de esa región, como viene ocurriendo, si los mineros ilegales artesanales representan el 91% de la producción de oro de la zona que aproxima a contrabandistas peruanos y bolivianos.

Y si el gobierno estuviera dispuesto a precisar y suprimir estas fuentes de financiamiento insurreccional también podría evaluar las “contribuciones” que se extraen de las comunidades campesinas para sostener las movilizaciones.

La disposición a confrontar esta problemática en sus fuentes implica, por cierto, la disposición excepcional a ejecutar proyectos sociales que aún aguardan el buen uso de miles de millones de soles no realizados en el pasado período fiscal. Y también que el gobierno se comprometa a solucionar los problemas de salud, educación y alimentación que aquejan a los ciudadanos en pobreza y pobreza extrema cuya desatención es la mayor en el país. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 8 de julio de 2022
Para Lampadia

En general, las Rondas Campesinas se ganaron el aprecio y gratitud de la gente. Me refiero a las Rondas de verdad. Aquellas que combatieron el abigeato y otras formas delincuenciales. Lo mismo ocurrió con los Comités de Autodefensa. ¿Cómo no respaldar a personas que practican la justicia, allá – en el campo – donde la justicia formal brilla por su ausencia?

Ambas organizaciones – las Rondas y los Comités – fueron determinantes en la victoriosa lucha contra el terrorismo, allá por los años 80´s y 90´s. Más aún, la clave del éxito en la lucha contra Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue la estrecha coordinación que hubo entre las Fuerzas Armadas y Policiales, y las Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa.

Para ello, hubo todo un proceso de capacitación y adiestramiento a cargo de oficiales castrenses, expertos en lucha antiterrorista. Muchos operativos exitosos se lograron como producto de esa relación fructífera entre nuestra ciudadanía organizada y nuestras Fuerzas Armadas y Policiales.

Los peruanos les debemos mucho a aquellos compatriotas que en su momento pertenecieron al Ejército, a la Marina, a la Aviación, a la Policía, y a las Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa. Peruanos todos, que con patriotismo y sacrificio nos legaron vida, libertad, paz y democracia… nada menos. ¡Claro que estamos eterna e infinitamente agradecidos a todos ellos!

Ahora bien, aclarado el sentir ciudadano – y el mío propio – respecto de nuestros héroes en la lucha contra el terrorismo, paso a comentar el secuestro de los periodistas del programa “Cuarto Poder” de América Televisión en Cajamarca, la semana pasada.

Pregunto: ¿alguien duda acerca del delito perpetrado por los secuestradores de los periodistas? Y, más relevante aún ¿alguien duda acerca del propósito de encubrir al presidente Castillo – esta vez, por intermedio de su cuñada – quien está siendo investigado por asignar a dedo obras a contratistas corruptos a cambio de jugosas coimas? Nada que ver.

Aquí, de lo que se trata es delincuencia mafiosa pura y dura, mezclada con narcotráfico y terrorismo. La hipótesis del Ministerio Público está resultando cada vez más evidente: el presidente Castillo es el capo de la mafia. Esa es la hipótesis fiscal. Y su familia está embarrada hasta el cogote. ¿Pruebas que van armando el rompecabezas?

Abundantes: Dinámicos del Centro, Pasaje Sarratea, Puente Tarata, US$ 20,000 en Baño de Palacio, Injerencia en Ascensos de Oficiales de Fuerzas Armadas y Policiales, Contratos Dolosos de Petro Perú, Sobrinos y ex Ministros Prontuariados y con Órdenes de Captura, Tesis Trucha… ¡qué más pruebas quieren!

Por otro lado, están las súper documentadas evidencias del modus operandi del narcotráfico en Cajamarca. Léase, los binomios coca – pasta básica y amapola – látex de opio. Ahí sí – ¡oh sorpresa! – las “Rondas Campesinas” no colisionan con el negocio de las drogas. Por eso el entrecomillado. Dejémonos de pelotudeces democráticas. Los personajes que aparecen en los videos en cuestión ¡no son ronderos… son narcos! Incluso, dicen no ser terroristas. Más sí, “mochileros armados”. ¡Descarados!

¿Y la policía? ¡Claro que hay malos policías metidos en la colada! Como que hay “policías” que protegen a los narcos en Cajamarca. Además ¿acaso no es sabida la estrecha relación que hay entre el presidente Castillo y sus compinches, y los organismos de fachada de Sendero Luminoso en el magisterio nacional?

Entonces, atemos cabos. El secuestro de los periodistas en Cajamarca fue eso: un secuestro. O sea, un delito gravísimo. Por ello, los secuestradores merecen algunas décadas de cárcel. Pero tan grave como el secuestro, es lo que se pretende encubrir. ¡Ahí está la pepa! Una pepa que nos lleva – indefectiblemente – al Número 1.

Por eso el Premier Aníbal Torres – en vez de sancionar a los delincuentes – denigró a las Fuerzas Armadas y Policiales. ¡Típico manotazo de ahogado! Con tal de salvarse a sí mismo – y con tal de salvar a su jefe – había que denigrar a alguien. Y en este caso ¿qué mejor que denigrar a las Fuerzas Armadas y Policiales? ¡Mediocridad a tope!

Está claro. El Gobierno del presidente Castillo es insostenible. El desenlace final y definitivo está cada vez más cerca. Firmeza, entereza, paciencia y persistencia. ¡Ánimo que falta poco para que vengan tiempos mejores! Lampadia

Entre las preocupaciones más importantes de la humanidad, destacan cuatro principales: corrupción, desempleo, pobreza/desigualdad social y crimen/violencia.

Entre los resultados más importantes a nivel global, China es la nación que inspira más confianza sobre la dirección que está tomando: el 92% dice que las cosas van en la dirección correcta. Arabia Saudita, con un 76%, sigue en segundo lugar, seguida de Corea del Sur (74%) e India (60%).

El estudio What Worries the World encuentra que la mayoría de las personas en las 28 naciones participantes sienten que su país va por el camino equivocado (58% en promedio), con Italia (86%), México (85%), Brasil (83%) y España (80%) citando los mayores niveles de preocupación.

Entre los países de América Latina, los puntajes dan: Chile (54/46) [(mal/bien)], Argentina (64/36), Perú (70/30), Brasil (83/17) y México (85/15).

“Lo que preocupa al mundo” es una encuesta mensual que encuesta a adultos menores de 65 años en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Polonia, Perú, Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y los Estados Unidos.

A nivel global

Por otro lado, las cinco preocupaciones principales en todo el mundo son:

• Corrupción financiera / política (35%)
• Desempleo (34%)
• Pobreza / desigualdad social (33%)
• Crimen y violencia (32%)
• Cuidado de la salud (24%).

El Perú, como no es sorprendente, los temas que más afectan a nuestro país son:

• La criminalidad y violencia (67%) – primero a nivel global delante de México
• Corrupción política y financiera (62%) – empatado a nivel global con Malasia

Para revertir esto se necesita acabar con la impunidad, poniendo más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, coordinación con las municipalidades, la comunidad, y acciones preventivas.

La segunda gran preocupación del Perú es la corrupción política y financiera, lamentablemente, el Perú está en el primer lugar junto con Malasia.

Este tema es uno de los más enquistados en el Estado, al que hay que agregar los daños a la sociedad, causados por malas decisiones en leyes absurdas, además del desperdicio de nuestros escasos recursos en obras innecesarias, faraónicas e inconclusas, que malogran la capacidad del Estado de ofrecer buenos servicios y de mantener la confianza de los ciudadanos.

El tercer gran tema es la educación. Nuestros resultados PISA son históricamente bajos y hemos venido teniendo grandes problemas en el liderazgo del Minedu para repotenciar este sector. Quizás es por eso que en el ranking nos encontramos en el primer lugar con un 38% de preocupación, junto con Chile.

Esta medición no quiere decir que Chile y Perú están preocupados porque tienen la peor educación del mundo, sino porque han tomado conciencia de que es un tema crucial para su futuro y esperan acciones de gobierno acorde con esa prioridad de la sociedad.

En Lampadia hemos insistido en la necesidad de emprender una verdadera revolución educativa si queremos nivelarnos con los estándares educativos de los países más avanzados y enfrentar los retos que traerá la cuarta revolución industrial a nuestros pobres. Ver: Reflexiones sobre la educación para el futuro, la presentación de nuestro director en el último CADE, en noviembre pasado. Lamentablemente, IPAE no ha recogido el tema.

El cuarto tema es la pobreza y desigualdad. En el Perú, la inversión privada, liderada por la minería, ha permitido un crecimiento sostenido del PBI, durante más de quince años, permitiéndonos reducir la pobreza y la desigualdad. Lamentablemente, en el 2011, como hemos destacado anteriormente, el 2011 se dio el punto de inflexión, coincidiendo con el inicio del ‘gobierno de la inclusión’, tanto en aspectos sociales como económicos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Para poder retomar recuperar el crecimiento económico, el principal camino para la reducción de la pobreza, la generación de empleo y mejoras sociales, es necesario poner en valor nuestros proyectos y situarnos como uno de los principales exportadores mineros del mundo. Nos guste o no, la inversión minera es el mejor y más rápido camino para que podamos cerrar nuestras brechas económicas y sociales.

En el caso del desempleo y trabajo, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 8.1% en el primer trimestre del año y representa la más alta desde el mismo trimestre en el 2012 cuando se alzó en 8.7%, según el INEI. Con ello, actualmente existen 420,900 personas que buscan un empleo activamente en la capital. En los últimos meses hemos tenido una mejora, pero la política y la corrupción judicial, amenazan con desbaratar toda recuperación.

Con respecto a la salud, la reforma del sistema de salud es una tarea pendiente que ya no puede ser ignorada. La calidad de los servicios de salud no cumple con estándares mínimos de servicio para citas, operaciones quirúrgicas y procesos médicos. El sector está en crisis; tienen que trabajar en condiciones precarias, con gran parte de los equipos malogrados y con escasez de medicinas esenciales.

Otros cuadros de interés son:

Lampadia

El mundo al revés: Los policías que detienen o abaten a delincuentes se van presos o son sometidos a interminables investigaciones, mientras que ladrones y sicarios son liberados para que continúen generando zozobra en la ciudadanía. Realmente indignante. El último caso en que el Poder Judicial inexplicablemente invierte los roles (apresa a policías y libera criminales) es el de los suboficiales Harold Palomino, Cristian Ramos y Miguel Vásquez. Los dos primeros acaban de salir del penal de Lurigancho en el que pasaron dos meses luego de que el juez, Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao ordenara su detención por haber ultimado a un delincuente prontuariado luego de asaltar a una persona en mayo del año pasado. El suboficial Vásquez, aún se halla preso por este injusto fallo. Este hecho ha provocado una campaña ciudadana exigiendo la inmediata absolución de estos efectivos y sobre todo que el PJ empiece a merituar mejor estos incidentes en un momento en que la seguridad ciudadana se deteriora a pasos agigantados y la delincuencia se hace cada vez más violenta y sanguinaria. 

El trato recibido por estos suboficiales es absolutamente vejatorio e, incluso, viola el derecho a la defensa y el principio de inocencia. Como ha relatado el suboficial Ramos en una entrevista a Perú21: “Yo llegué a la audiencia pensando que era algo de rutina. Creí que, como otras veces, solo iba a sustentar cómo había sido la intervención. Sin embargo, triste fue nuestra sorpresa cuando escuchamos al juez. [Carlos Nieves, del Noveno Juzgado del Callao]. En esos momentos sentí gran frustración. Nosotros fuimos para ayudar a un ciudadano y no para abatir a un delincuente, como lo aseguró el fiscal”.

Lo mismo señala el suboficial Palomino: “En mi opinión, considero que no se siguió el debido proceso. El juez no debió firmar esa detención. Nos sentimos agraviados por la forma en que ha procedido el Poder Judicial. Es algo ilógico lo que nos ha pasado. El Ministerio Público, que denunció el caso, nunca nos citó para escuchar nuestros descargos”.

A pesar del maltrato y los malos momentos pasados, no solo por estos policías, sino por sus familiares, ambos mantienen la moral y aseguran que “no dudaría en utilizar nuevamente mi arma. Lo volvería a hacer por un ciudadano. Voy a cumplir con mi función combatiendo a la delincuencia. No tengo temor. Voy a cumplir a cabalidad. Ante todo, soy policía por vocación. Hay que recordar que nuestra labor es de todos los días: intervenir delincuentes, incautar armas, decomisar droga. Es el pan de cada día y siempre voy a estar preparado”, señala Palomino. Valientes declaraciones, lo cierto es que este es un precedente nefasto para los efectivos que tienen que estar en calles cada vez más peligrosas, con delincuentes sumamente avezados y casi todos armados. Lo más probable es que los policías se sientan inseguros de usar sus armas por temor a que jueces y fiscales los encarcelen por usar sus armas de reglamento en una intervención legítima.

Mientras nuestro sistema de justicia les da este tipo de trato a nuestros policías, el 95% de los detenidos por la PNP son liberados (según cifras del Ministerio del Interior) y el mejor de los casos el 91% (de acuerdo al PJ y el y el Ministerio Público) son devueltos a las calles. Un escándalo que explica en parte la seria crisis de inseguridad que vivimos. La cuál se agrava día a día. Como manifiesta un Editorial de El Comercio: “Es pasmoso, sin embargo, comprobar cómo esa situación original, ya bastante mala, se sigue deteriorando y a una velocidad difícil de reportar. La percepción de inseguridad en Lima se ha incrementado en 17% durante los últimos dos meses. Y, según la última encuesta de El Comercio realizada por Ipsos-Perú, nueve de cada diez limeños afirman sentirse inseguros en la ciudad”. 

Los homicidios y el sicariato se han, literalmente disparado. El uso de armas de fuego se ha generalizado entre los delincuentes. No hay casi asalto, atraco o hecho criminal en la que no se amenace a los ciudadanos con armas de fuego. Pero lo que es alarmante es como las extorsiones se expanden a casi todas las actividades económicas. De la construcción, han saltado al transporte público y bodegas. Ahora son extorsionados dueños de colegios, hostales, restaurantes, pequeños comercios. Todos los días se reportan casos de esta naturaleza en la que se dejan granadas en puertas de negocios o se disparan contra fachadas. Esta actividad se ha salido de control por completo y es urgente remediarla pronto.

Al igual que en los casos de lucha contra la delincuencia común, los jueces se ponen de parte de manifestantes violentos y criminales cuando estallan conflictos políticos. Así lo demuestra la actuación de la jueza de Investigación Preparatoria de Mollendo, Janeth Lastra, quien desestimó el pedido de la Fiscalía que solicitó prisión preventiva de nueve meses contra 13 procesados a los que detuvo la policía por bloquear vías públicas y por enfrentarse con las autoridades.

A pesar que la jueza sostuvo que habían suficientes indicios de que estos sujetos habían incurrido delito de entorpecimiento de vías públicas, que tiene como pena mínima cuatro años de prisión, los dejó para se les siga el proceso en libertad y los sometió a reglas de conducta. Y como en el caso de los delincuentes comunes, tampoco consideró que se había probado la existencia de indicios que demostraran que los detenidos lanzaron piedras a los policías para causarles daño, sin considerar los numerosos heridos y  el asesinato de uno de ellos. Es decir nadie defiende a los policías contra los radicales que los amenazaron con violar a sus mujeres. (Ver en Lampadia: No se puede poner a los policías como carne de cañón)

Es hora pues que toda la ciudadanía se una contra la delincuencia y defienda a la policía de ataques en protestas violentas y en su lucha por preservarnos de la delincuencia común. Es imperativo que el Sistema  Justicia esté alineado con este clamor cívico. Lampadia

En el Perú pecamos de una extraña soberbia. Por un lado sentimos que todo lo que hacemos se hace mal y nos la pasamos admirando el buen desempeño o comportamiento de otras naciones. Sin embargo, apenas se nos propone traer al Perú las experiencias que funcionan en otras partes, aflora nuestro tradicional chauvinismo y rechazamos de plano la iniciativa. Qué diferencia con un país como Polonia que, sin complejos, copiaron e hicieron suyas 80,000 páginas de leyes y normas europeas, para reconstruir el país después del desastre que les dejó el imperio soviético. Polonia tiene hoy instituciones envidiables y uno de los mejores sistemas educativos del mundo. (Ver en Lampadia: Polonia es la nueva estrella europea).

Un ejemplo de este autodestructivo complejo nacional se produjo con el Plan Bratton (ver en Lampadia: Plan de Acción para la Ciudad de Lima – Perú, por The Bratton Group LLC) presentado en el 2002 por Alberto Andrade, Alcalde de Lima Metropolitana, en un acto que ahora podría calificarse de visionario. Andrade contrató a William Bratton, un retirado jefe de policía, que se hizo famoso por haber reducido el crimen en Nueva York, para que hiciera un diagnóstico y diseñara un plan para reducir la criminalidad en Lima. Él nos propuso ideas como la de la tolerancia cero, pero la grita en contra del extranjero terminó por alejarlo. Los siguientes alcaldes dejaron que el plan acumulara polvo, mientras los asesinatos, robos, asaltos y hurtos crecieron en Lima hasta convertir el tema de la seguridad en el principal reclamo ciudadano (ver en Lampadia: Sin seguridad no vamos a ninguna parte).

Lo que pocos saben es que ese mismo año, Bratton, ese curtido policía nacido en Boston, fue contratado por la ciudad de Los Ángeles para que reduzca el crimen en una de las urbes más grandes, complejas y violentas de los Estados Unidos. 

Siete años más tarde, el 2009, The Economist, reportó: “William Bratton, jefe de policía de Los Ángeles, ha estado celebrando sus triunfos, mientras se prepara para dejar el cargo (…). Con su cara ancha y llena de cicatrices y grueso acento de Boston, él ya era un policía famoso cuando llegó a Los Ángeles en el 2002, tras haber dirigido los departamentos de policía de Boston y Nueva York. Siete años más tarde, su reputación es aún más impresionante”.

En esos siete años redujo los  “delitos violentos en un 53%, los delitos contra la propiedad en un 33%. Incluso los crímenes de pandillas, un gran problema de Los Ángeles, se redujeron  en un 34%”, señaló la revista británica.

Bratton validó una vez más su método para combatir el crimen. En los 27 meses que dirigió la policía de Nueva York, la transformó por completo. ¿Los resultados? Impresionantes. “Los homicidios cayeron un 50%… y otros delitos graves, como la violación y el asalto, se redujeron en más de un tercio”.

Otro éxito fue haber conseguido que el desprestigiado departamento de policía de Los Ángeles (LAPD), a los que los ciudadanos temían y hasta odiaban, se convirtiera en una institución confiable. Como indica The Economist: “Hoy en día, los negros y latinos ya no odian a la policía, más bien les ayudan. `Viejecitas que antes negaban con la cabeza cuando los policías llegaban, ahora los están llamando para reportar sobre alguien consumiendo droga´ (…) El mayor logro del Sr. Bratton, dice, ha sido cambiar la vieja imagen del LAPD”. Como sabemos en el Perú (por nuestra lucha contra el terrorismo), solo se puede tener éxito  cuando la comunidad empieza a colaborar, confiar y trabajar con su policía.

Bratton se hizo conocido  por aplicar  la teoría  de “las ventanas rotas” (si no se arregla una ventana rota inmediatamente, se genera un proceso de imitación en el que se terminan rompiendo las demás). Este policía la ha puesto en práctica con un éxito indiscutible en Boston, Nueva York y Los Ángeles. La estrategia se basa en la “tolerancia cero”, sin dejar de enfrentar las infracciones pequeñas.

“Su sistema “COMPSTAT” [una efectiva base de datos policial], está aún en uso y ha sido replicado en otros países. Se basa en cuatro líneas de acción: inteligencia precisa y oportuna, tácticas eficaces, rápida implementación y evaluación continua”.

Cuando Bratton terminó su labor  en  Los Ángeles le indicó a The Economist: “no estamos viendo ningún aumento en delincuencia como consecuencia de la mala economía. En el pasado, dice, los policías medían su éxito por el número de detenciones y el tiempo de respuesta a llamadas de emergencias, que era como ´espantar mosquitos en un pantano´. Ahora sus policías digitan estadísticas de delitos en mapas computarizados para detectar tendencias y ´averiguar donde se están reproduciendo los mosquitos´, y el éxito se mide por la reducción de la delincuencia”.

Según The Economist, Bratton espera promover su siguiente avance, que él llama “la policía predictiva” y la compara con la medicina preventiva. “La idea, dice, es identificar los problemas antes de que ocurran, así como los epidemiólogos buscan evitar los brotes de gripe. La policía podría seleccionar a poblaciones de hombres jóvenes y trabajar con la comunidad para encontrarles mentores y puestos de trabajo, o para mantenerlos alejados de las pandillas”. En su actual trabajo de consultor en Nueva York, planea difundir y enseñar sus métodos y experiencias a los departamentos de policía por todo el mundo.

En el Perú hemos confundido todo, primero no supimos ver, como lo hizo Alberto Andrade, lo que necesitábamos y, ahora hemos confundido Bratton con Patton y hemos puesto en el ministerio de Interior al General Urresti, que más allá de sus cuestionamientos morales, es un hombre de campo y no un estratega, exactamente lo contrario de Bratton. (Ver en Lampadia: Un General Patton no es la solución. Sobre el combate de la minería ilegal.

Ya es hora de desempolvar el Plan que Bratton nos presentó hace doce años. Dejemos ese falso chauvinismo, tomemos el teléfono y marquemos su número. Empezar esta tarea tan difícil, requiere el consejo de los mejores expertos del mundo. Que Bratton nos ayude a revisar sus recomendaciones y a adoptar un plan efectivo para la reforma de la policía y el combate de la delincuencia ciudadana. Lampadia