Jaime de Althaus
Para Lampadia

La generalizada usurpación de terrenos ejecutada por la criminalidad organizada, y la parálisis de la obra pública, dos fenómenos aparentemente desconectados entre sí, tienen una causa común: los inciertos o mal definidos derechos de propiedad en nuestro país, que abren brechas para las invasiones y dificultan el avance de las obras.

Según el abogado especialista Antonio Castro, un porcentaje importante de la propiedad en el Perú no está inscrita en registros públicos. Los propietarios de predios pueden tener su escritura pública notarial, pero esta no ha sido inscrita en los Registros, porque según la ley peruana basta el acuerdo entre las partes para sellar el cambio de propietario y entonces un contrato de compra venta o, en el mejor de los casos, una escritura notarial, son de por sí títulos de propiedad que no se inscriben muchas veces por los costos que ello demanda. Pero a la hora de la verdad, y ya desde el código civil de 1984, manda lo que está inscrito en registros. Entonces no es tan complicado para un usurpador invadir un terreno ajeno, tomar posesión, lotizar, vender los lotes e inscribir luego esas transacciones en los registros. Los invasores pueden a su vez vender a terceros de buena fe. Para todo ello la organización criminal puede contar con los servicios de validación del alcalde o de fiscales y jueces, que forman parte de la mafia. Y el que aparece como comprador siempre puede alegar que compró de buena fe, y resulta que la ley protege al que compra de buena fe contra el derecho del propietario original.

La única solución a esto, afirma Castro, es que solo los Registros tengan poder constitutivo de propiedad, y que la inscripción sea gratuita o muy barata. De esa manera toda transacción tendrá que inscribirse de manera inmediata eliminando ese vacío de inscripción que es aprovechado por las organizaciones criminales.

Lo mismo ocurre con una carretera en construcción cuando se quiere comprar o expropiar un terreno. Se le paga a la persona que tiene el predio inscrito, pero luego aparece el propietario real reclamando su derecho. O al revés. Esto puede tener consecuencias perniciosas porque el funcionario que debe firmar el pago al propietario, se inhibe porque no sabe si se trata del propietario real, demorando aún más la obra.

También ocurre que el propietario de un terreno tiene su título inscrito en los registros, pero es un título antiguo que no está expresado en un plano, en un mapa, sino descrito por medio de referencias geográficas o urbanas que ya no existen o han cambiado. Entonces en la práctica ese título no vale y los traficantes de terrenos invaden la propiedad sin problemas. Y a la hora en que la obra quiere comprar el predio ya ni se sabe, nuevamente, quién es el verdadero propietario.

El propio catastro del Registro contiene con frecuencia desplazamientos de los terrenos a consecuencia de haber colocado mal alguna coordenada en algún momento. Entonces aparecen vacíos o tierra de nadie que son aprovechadas por los usurpadores.

Según Leonie Roca, presidenta de AFIN, también puede haber dos propietarios distintos sobre un mismo terreno a raíz de que son varias las entidades que titulan o generan catastro: PETT, Cofopri, Regiones, municipalidades, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). Y esos catastros no conversan entre sí, no forman parte de una plataforma única, de un catastro nacional único o central, que es lo que debería haber. 

Hay otra situación, en la que la demora en el proyecto de infraestructura provoca las invasiones para beneficiarse de la plusvalía de los terrenos. Ocurre que el tiempo que transcurre entre el inicio de un proyecto y el momento en que es declarado viable, puede durar varios años, 5 o hasta 10 años. Durante ese tiempo, no se puede expropiar. Entonces lo que sucede es que los traficantes de terrenos van tomando las áreas para capitalizar la plusvalía a la hora en que tengan que ser expropiados o comprados. El Estado debería pre-comprar, pero no lo hace.

Catastro único central y Registros Públicos constitutivos de propiedad  

Según Antonio Castro, lo que se requiere es un catastro único centralizado alimentado por entidades generadores de catastro técnicas (una rural y una urbana) y no políticas (gobiernos regionales, locales, Ministerios) que resuelva el saneamiento físico, y que ese catastro, bien hecho, se refleje en los registros públicos, pero unos registros públicos que sean constitutivos de propiedad. Leonie Roca piensa igual.   

Lo primero es la elaboración del catastro único o central. Leonie Roca y Castro explican que en la actualidad existen varias entidades generadoras de catastro: gobiernos regionales, municipalidades, la SBN, el ministerio de agricultura, COFOPRI y otras, que no conversan entre ellas. Pueden estar reconociendo como propietario a distintas personas en un solo predio. La SBN, además, ha empezado a entregar a los gobiernos regionales facultades para vender terrenos del Estado, añadiendo al caos.  

Entonces se trata de tener un solo catastro nacional, que pueda ser alimentado por solo dos entidades generadoras de catastro (una urbana –Cofopri- y otra rural –PETT) de naturaleza técnica, eliminando la capacidad generadora catastral de naturaleza política (gobiernos regionales, municipalidades).  Pero –enfatizan Roca y Castro- que sea un catastro moderno, con fichas georreferenciadas que contengan toda la información posible del predio: los parámetros urbanísticos, usos, zonificación, auto avalúo, las instalaciones de servicios públicos que pasen debajo (tuberías, etc.), zonificación, auto avalúo y otras informaciones necesarias para la planificación urbana y regional y para la afirmación de los derechos de propiedad.

La construcción de ese catastro requerirá de una inversión estatal importante. Se requerirá desplegar brigadas de técnicos en el territorio, por ejemplo.

Las partidas inscritas en los Registros Públicos, por su parte, deben recoger la información de esas fichas. Los Registros deben reflejar el catastro. Según Leonie Roca, los Registros Públicos no deberían estar adscritos al sector Justicia, porque deben tener una mirada no solo legal sino también económica. Deberían pasar a Vivienda. Pero lo fundamental, al decir de Castro, es que sean constitutivos de propiedad. Es decir, que no baste un contrato de compraventa o ni siquiera una minuta notarial para constituir título de propiedad. Si no está inscrito en Registros, no tiene valor.

Reforma de los Registros Públicos

Ello implicaría otorgar un plazo de un determinado número de años para que todas las propiedades se inscriban en los Registros, dando facilidades para ello. La inscripción debería ser gratuita o muy barata. Pero, según Gunther Gonzáles, abogado especialista en derecho registral y gran promotor de la reforma del sistema de propiedad, para que este proceso fluya y los registros inscriban, se requiere de una reforma radical de los Registros Públicos. Pues, señala Gonzales, en la actualidad los Registros rechazan las inscripciones por quítame estas pajas, por minucias. La reforma debería comenzar –explica- por una desregulación absoluta que apunte a un Registro amigable. Refiere que las normas registrales suman tomos de tomos, y ni el más experto termina de conocerlas todas. Sólo sirven de excusa para no inscribir o para la corrupción. Propone dar un plazo de seis meses para derogar todas esa normatividad y recomenzar con una nueva, mucho más sencilla y moderna. 

Reforma Judicial

Ahora bien, los casos en que hay disputa acerca de la propiedad de un predio, deben resolverse en el Poder Judicial. Pero en la actualidad estos procesos duran años y por lo general los jueces no conocen de estos temas. El Poder Judicial no funciona, tarda demasiado. Se requiere, por lo tanto, que la reforma judicial avance lo suficiente para que la judicatura sea capaz de resolver los casos vinculados a derechos de propiedad con certeza y prontitud. El Poder Judicial debe ser el garante de la seguridad jurídica, del respeto de los derechos de propiedad. Con ello, habría mucha más inversión y el país se desarrollaría rápidamente.

Gonzales propone un proceso especial de saneamiento de la propiedad para que el Poder Judicial sanee la propiedad de los títulos en lapso no mayor de un año. Esto para los casos más fácilmente regularizables, que son el 80% según él: cuando hay una cadena de transmisiones con documento privado, no regularizado, o allí donde la gente compra porciones de terreno, pero no los independiza, y la venta sucesiva tampoco se inscribe. También podría activarse un programa masivo de formalización por Cofopri, por ejemplo. Más allá de eso, Gonzales ha elaborado una guía para jueces a fin de que sepan cómo orientarse en este tipo de casos.

En temas vinculados a los derechos de propiedad, Gonzales propone modificar algunos artículos del Código Civil y del Código Procesal Civil a fin de que los propietarios puedan retirar a un inquilino moroso en un plazo máximo de meses. Ese proceso puede tomar, en la actualidad, 5 años. Sostiene que la comisión de reforma de dichos códigos debe estar integrada no solo por abogados teóricos, profesores universitarios, como ocurre en la actualidad, sino también por economistas, administradores, gestores públicos, etc.

Conclusión

Implantar el imperio de la ley en los derechos de propiedad y alcanzar un sistema que asigne y defienda claramente dichos derechos, es fundamental no sólo para la tranquilidad de las familias y las empresas, sino para acelerar las inversiones y la tasa de crecimiento del país. Como vemos, ello supone una reforma del sistema de catastros, de los Registros, del Código Civil y del propio Poder Judicial.

Leonie Roca es clara: “Hace rato que se debería haber formado un grupo de trabajo que repiense todo el sistema de catastro y registral”. Grupo que debería trabajar de la mano con la comisión revisora del Código Civil y los encargados de la reforma del sistema judicial. La reforma de la propiedad es la gran reforma institucional del país. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En los últimos 50 años la corrupción en el Perú ha cambiado varias veces de naturaleza y de intensidad. Pero la que tenemos ahora, como veremos, es la más grave y peligrosa de todas.

1. Durante el gobierno militar de los 70 y de manera mucho más aguda durante el primer gobierno de Alan García, donde fue casi una política de Estado, la corrupción fue un subproducto, bien instrumentado, del modelo económico estatista e intervencionista. En efecto, en una economía llena de permisos, licencias, aranceles, distintos tipos de cambio (dólar MUC), precios controlados y subsidios, había que pagar a los funcionarios encargados de administrar esos controles para poder funcionar, para poder producir o importar, para poder vender a un precio razonable o para obtener el mejor tipo de cambio o la protección arancelaria o el subsidio o alguna otra de las diversas ventajas que el modelo ofrecía o para generar una ventaja propia. Las empresas estatales, por su parte, eran nidos de corrupción con la subasta al mejor postor de coimas para los contratos que se ofrecían. Para no hablar de la obra pública.
2. Ese tipo de corrupción, derivada del modelo económico, prácticamente desapareció en los 90 con el reemplazo de ese modelo económico por uno basado, en términos generales, en la libertad económica, en el que ya no había protecciones ni subsidios ni controles de precios ni licencias para importar y donde la capacidad de gestión empresarial se trasladaba de los pasillos de los ministerios a la competencia con los otros empresarios en el mercado. Sin embargo, paulatinamente fue gestándose otro tipo de corrupción, derivada no del modelo económico sino del modelo político, en la medida en que el gobierno de Alberto Fujimori fue concentrando cada vez más poder al punto de someter a las instituciones democráticas y finalmente comprar parte de la prensa escrita y la totalidad de la televisión de señal abierta. El control político de las instituciones brindó la cobertura perfecta para vender decisiones importantes, robar en las voluminosas compras de armamento y en el manejo de los fondos de inteligencia, y usar el Poder Judicial como un arma extorsiva contra algunos empresarios. Fue un tipo de corrupción más focalizado, pero más perverso, consecuencia e instrumento a la vez del intento de perpetuación en el poder.
3. En los años 2000 no teníamos ya ni la corrupción derivada del modelo económico intervencionista ni aquella derivada del modelo político autoritario, pero fuimos pasando a un tipo de corrupción muy peligrosa derivada del relajamiento excesivo de Estado que ha comprometido la ya débil vigencia del imperio de la ley en el país. Se trataba de pasar del personalismo presidencial de Fujimori al gobierno de las instituciones, pero terminamos pasando de un extremo al otro: de un modelo político autoritario a uno anárquico, generado por la defección y la incompetencia de los partidos encargados de la restauración democrática, partidos que conformaron el sector al que se ha dado en llamar, en un abuso ontológico del término, “republicano”.

Se restableció, entonces, la división de poderes y la independencia judicial, pero los partidos políticos no fueron capaces de llevar adelante una reforma política que pudiera reconstruir el sistema de partidos ni llevar adelante una reforma del sistema judicial y la policía que permitiera impulsar el imperio de la ley desde las instituciones, no desde un liderazgo autocrático. Se creó una comisión para diseñar un plan de reforma judicial –el CERAJUS- pero el prurito del respeto a la autonomía y auto gobierno de las instituciones hizo que tanto el Congreso como el Ejecutivo perdieran todo impulso y voluntad apenas el Poder Judicial expresó su rechazo a la reforma medular la que la Comisión planteaba: una Corte Suprema pequeña dedicada solo a revisar casos especiales para formular jurisprudencia vinculante a partir de ellos. Las fuerzas armadas y la policía, de otro lado, acaso por haber sido instrumento de poder del gobierno de Fujimori, perdieron prioridad e interés, pese a tratarse de instituciones fundamentales para el imperio de la ley.

En lo relativo al Poder Ejecutivo, la reacción frente a la concentración autocrática del poder en los 90 fue dar paso a una descentralización del poder que buscaba que el desarrollo no estuviese en manos del providencialismo presidencial sino de instituciones autónomas, los gobiernos locales y regionales. Todas las funciones transferibles fueron transferidas aceleradamente sin capacitación y sin establecer mecanismos de rectoría, control, monitoreo e intervención en caso de falencia aguda del servicio. Los gobiernos sub-nacionales pasaron de ejecutar alrededor del 5% de la inversión pública a ejecutar alrededor del 60%, y en una época en la que la economía crecía aceleradamente y con ella los ingresos del Tesoro. Muchos de ellos se convirtieron, entonces, en apetitosos botines presupuestales para candidatos y alcaldes que respondían cada vez menos a partidos políticos nacionales y cada vez más a movimientos regionales o locales frecuentemente organizados precisamente para asaltar el poder local.

Se multiplicaron entonces las mafias de proveedores, de extorsionadores de obras públicas y de usurpación de terrenos ajenos. Para no hablar del narcotráfico y la minería ilegal. Los usurpadores necesitaban del alcalde y de fiscales y jueces para convalidar legalmente sus invasiones. Así fue como las redes de compadrazgo de un sistema judicial que nunca fue modernizado, se empezaron intersectar con las redes criminales externas. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, informa que hay alrededor de 14 Cortes Superiores infiltradas por organizaciones criminales.

Son innumerables los casos de gobiernos regionales y municipalidades tomados por organizaciones criminales, desde el alcalde hasta el último funcionario. El caso de la municipalidad de La Victoria ha sido notorio.

Lo que tenemos ahora, entonces, es un sistema de corrupción basado en la expansión de las mafias, del crimen organizado, en partes importantes del territorio nacional. Estas mafias han capturado directamente instituciones o han cooptado redes internas de gobiernos sub-nacionales, de la Policía, del Ministerio Público, de las Cortes Superiores y de otros organismos del Estado.

Lo que esto significa es que hay amplias zonas del país donde no impera la ley sino la ley de la selva. Es un tipo de corrupción mucho más preocupante que los anteriores porque es imposible que desaparezca de un día para otro como cuando cambiamos el modelo económico o derrocamos a un régimen autoritario. Este tipo de corrupción está arraigado, en el Estado, en redes de relaciones personales antes que meritocráticas, y ha organizado el funcionamiento mismo de la sociedad y de las instituciones por medio de lealtades basadas en sobornos o en amenazas.

Además, sobre todo en las regiones, las mafias también han cooptado diversos medios de comunicación o programas específicos que las protegen o presentan disfrazadas de benefactores.

Entonces no hay bala de plata para eliminar o reducir el impacto de este tipo de corrupción. La única manera de hacerlo es mediante un conjunto de acciones que ataquen simultáneamente todos los flancos de ese fenómeno de manera sostenida a lo largo del tiempo y con gran impulso político. 

Nosotros ya hemos indicado en otros artículos cuáles serían esas acciones (ver en Lampadia: Para acabar con el ordenamiento mafioso del país). Aquí un breve resumen:

1. Reforma política, para reconstruir un sistema de partidos, mejores canales de representación, y afianzar la gobernabilidad.
2. Reforma radical del sistema judicial y de la policía, para pasar de sistemas neo-patrimonialistas de redes personales a sistemas meritocráticos:
   1. Reforma del CNM
   2. Reforma de la Corte Suprema
   3. Limpieza de las Cortes Superiores
   4. Evaluación del desempeño de jueces y fiscales
   5. Expediente digital
3. Mantener el ritmo de los mega-operativos para desarticular las organizaciones criminales. Derogar el artículo 454 del Código Procesal Penal para dejar de blindar a jueces y fiscales.
4. Reforma del Estado:
   1. Meritocracia a todo nivel y gestión por resultados. Aplicación de la ley de Servicio Civil.
   2. Simplificación administrativa, desregulación y digitalización total. 
   3. Reducir dependencias inútiles o contraproducentes y destinar ese dinero al sistema judicial
5. Reforma de la descentralización, para recuperar capacidad central de monitoreo y control y profesionalizar las administraciones sub-nacionales.

Convendría, adicionalmente, eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones sub-nacionales, al mismo tiempo que incrementamos la financiación pública a los partidos políticos de modo que puedan establecer mejores filtros para seleccionar a sus candidatos y capacitarlos mejor. Por supuesto, a mayor financiamiento público, mayor fiscalización por parte de la ONPE.

Necesitamos tomar conciencia de que el enemigo que estamos enfrentando no es solo la corrupción. Es el crimen organizado, las mafias, que pueden terminar controlando buena parte del Estado y del territorio nacional si no aplicamos una estrategia seria, persistente y completa para derrotarlo. De lo contrario volveremos a fracasar, pero esta vez habremos perdido al país. Lampadia

Hugo Palma
Embajador retirado del Perú
Para Lampadia

Frente a las alegaciones de la satrapía caraqueña de que todas las desgracias que afligen al pueblo venezolano son producto de la guerra económica y la agresión imperial, un informe recién emitido por InSight Crime demuestra que la realidad es responsabilidad del Estado mafioso, que ha devenido en eje del crimen organizado en la región.

InSight Crime, es una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe, integrada por académicos, periodistas de investigación y especialistas en América Latina y en seguridad. El informe, de cerca de un centenar de páginas, se sustenta en datos precisos, nombres, fechas y análisis de numerosos casos puntuales, que despejan cualquier posible duda sobre el carácter mafioso del régimen.

Ver en Lampadia: Venezuela: A Mafia State? – Venezuela has become a hub of organized crime in the región.

Estima que el Estado venezolano es mafioso por el copamiento criminal de las instituciones del Estado. Señala por nombre a muy altos funcionarios, desde el vicepresidente de la República, autoridades militares y de otros sectores, sin excluir familiares del Jefe del Estado. Destaca la actuación delictiva de los comandos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, la Guardia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la empresa estatal PdVSA, las tres primeras directamente vinculadas al régimen cubano. La complicidad de la fiscalía, la justicia y el sistema de prisiones es también documentada; con lo cual las instituciones responsables del combate contra la criminalidad son en la práctica actores principales en este flagelo. Panamá, Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza vienen formulando acusaciones individualizadas y aplicando sanciones. La Corte Penal Internacional toma cartas en el asunto y los jerarcas bolivarianos ven reducidas sus posibilidades de fuga a Cuba y quizá Rusia; perspectiva nada halagüeña, incitándolos a aferrarse al poder y extremar la represión, abriendo la posibilidad de convertirse abiertamente en un régimen como el cubano.

Entre las actividades delictivas directamente atribuibles al gobierno, destaca el tráfico de drogas, operado por el “Cártel de los Soles”, referencia a las insignias de los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Otras secciones tratan de las organizaciones promovidas por el gobierno para aterrorizar a la ciudadanía, como las llamadas “Colectivos” quienes a cambio de sus fechorías y asesinatos tienen carta libre para sus actividades delictivas en contra de la misma población. También organiza y protege a otros grupos como los “paramilitares”, bandas de delincuentes en prisión, una docena de mega-bandas en varias regiones y no faltan relaciones con disidentes de las FARC y el ELN. Con tales elementos, apena pero no sorprende el elevadísimo nivel de violencia imperante. Con cerca de 100 asesinatos por 100,000 personas, exhibe un lamentable récord mundial. Otras formas de violencia también han explotado.

El asalto a las arcas del Estado por sus altos funcionarios ha alcanzado niveles inimaginables. Sin rendición alguna de cuentas, Transparencia Internacional ubica al régimen en puesto 166 de 176 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Nadie sabe el destino de los gigantescos ingresos provenientes de los altísimos precios del petróleo, estimándose que su apropiación delictiva en ningún caso sería inferior a 100,000 millones de dólares. Desde luego, eso no incluye el horrendo despilfarro realizado para mantener al Gobierno de Cuba, promover actividades subversivas en no pocos países y comprar el apoyo de otros con petróleo subsidiado. Todo ello, sumado a las absurdas políticas económicas, explican la bancarrota del Estado y la crisis humanitaria que vive el pueblo.

La exportación de la criminalidad se realiza particular, pero no exclusivamente, en el tráfico de drogas. En la frenética actividad delictiva en la que oficiales del ejército, la marina y la Fuerza Aérea participan probadamente obteniendo enormes beneficios económicos, es muy probable que estén utilizando todos los recursos incluyendo unidades de sus instituciones no solamente para el tráfico de drogas, sino también en el de armas; amén del lavado de dinero para el que se valen de empresas opacas con vínculos gubernamentales en el país y el exterior. No sorprenderá que en cualquier momento aparezca información comprobada sobre la utilización de aeronaves y buques militares para estos tráficos; exigiendo especial vigilancia de la comunidad internacional sobre sus operaciones y desplazamientos.

El informe se ocupa igualmente de las vinculaciones del régimen venezolano con agrupaciones delictivas colombianas y de sus vinculaciones actividades delictivas con autoridades y mafias de Honduras, República Dominicana y El Salvador. En el caso de Honduras, explica la utilización de un “puente aéreo”, inclusive con la participación de aviones de propiedad de gobernadores Chavistas y oficiales de las fuerzas armadas. Con la Republica Dominicana la vía marítima es la más utilizada, en diversas rutas que tocan Aruba, Trinidad y Tobago, Granada, Martinica, Cuba, Puerto Rico, Haití y Jamaica. Con El Salvador, la intimidad de contactos con el Frente FMLN no responde exclusivamente a afinidad ideológica, sino también a la actuación de ALBA Petróleos, subsidiaria de PdeVSA, en toda clase de negociados bajo el la conducción de una prominente figura del gobierno de dicho Frente, vinculación que dura ya más de una década.

Consecuentemente, la masiva migración de venezolanos demuestra no solamente que el gobierno padece de irremediable incompetencia, corrupción e incapacidad de salvaguardar sus vidas, sino también su perversidad y crueldad. Las autoridades la impulsan al negar el ingreso de indispensable ayuda humanitaria en alimentos y medicinas; y lo hacen porque creen que así reducirán la oposición interna en lo político y la demanda social de necesidades básicas para la vida, sino también para crear problemas a los países que los reciben por razones elementales de humanidad. Demostración del fracaso seudo bolivariano, es que esa migración no se dirige a ningún país del ALBA. Y es cruel porque saben que esa migración produce numerosas víctimas de prostitución, asalto, violación y extorsión entre los hombres, mujeres y niños y ancianos desesperados e inermes o porque organizaciones criminales tratan de reclutarlos.

En suma, el sólido informe que acaba de difundir InSight Crime, abunda en elementos comprobatorios de lo que se sabe hace tiempo. El gobierno de la revolución bolivariana ha convertido Venezuela en un Estado mafioso. A su caída, dejará al pueblo y a las nuevas autoridades la gigantesca tarea no solamente de proteger a la población, recomponer las instituciones, reordenar la economía, hacer justicia y propiciar la paz interna; sino también la regeneración del conjunto social hondamente afectado por la corrupción y el crimen. Tal es la herencia que dejan quienes, hasta hoy, además, tienen el cinismo de seguir gritando que todo lo hacen por la patria y por los pobres. Lampadia

La tragedia de nuestro sistema judicial se traduce en la impunidad que generan los procesos anacrónicos con que funciona,  los vacíos legales, las absurdas fallas de coordinación entre sus estamentos, la saturación de las cárceles y la corrupción.

La necesaria reforma del sistema de justicia es una de las tareas más importantes que debe enfrentarse en los próximos años. Consecuentes con este imperativo nacional, en Lampadia hemos creado una biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI (Sistema Judicial), especializada en el diseño y desarrollo del sistema que necesitamos. El siguiente artículo sobre el caso de la reciente escandalosa liberación de los 5 ‘marcas’, debe servir para analizar sus concomitantes y guiarnos a darle contenido. 

Jaime de Althaus

La liberación de una peligrosa banda de 5 marcas porque la acusación fiscal le llegó al juez 5 minutos después de que se habían cumplido las 24 horas de detención, indignó a la Policía y también a la ciudadanía. No vamos a entrar al rosario de acusaciones mutuas: la Policía le echó la culpa a la fiscal y ésta a la Policía y también al juez. Lo que interesa es analizar si aquí falló el sistema o las personas o si hubo corrupción. Es algo que el Ministerio Público debería investigar y comunicar a la opinión pública.

Mientras tanto podemos adelantar lo siguiente. Lo primero que se puede advertir es que en la era de la tecnología de las comunicaciones, sigamos con procedimientos pretéritos. Cesar Azabache lo dijo en La Hora N: “¿Por qué no pueden coger un teléfono y advertirle al juez que necesitan una orden judicial y pasarle por correo electrónico la información mientras se dirigen al juzgado? Acá todavía siguen con papeles escritos para todo. Cuando interrogan le preguntan al detenido si tiene cicatrices, marcas o señas, y si las tiene hay que describirlas en la declaración: ¿no hay cámaras fotográficas o celulares para tomar fotos?”.

Azabache agrega: “Las cosas están confundidas: en todo el hemisferio cuando un policía detiene a un delincuente, hay un plazo que puede ser de 24 horas para que juez verifique que se trata de la persona indicada, que está bien detenida y que no la están golpeando… Aquí pensamos que además hay que presentar todos los cargos penales en su contra. Entonces el tiempo no alcanza. Por eso, se le pide autorización al juez para mantenerlo detenido a fin de completar la investigación, organizar un caso. Es la llamada convalidación”.

Hay que señalar que en Lima no está vigente aun el nuevo Código Procesal penal (NCPP) que contempla esa posibilidad: pedir 7 días más para preparar el caso antes de llevarlo al juez. Además, lo que ocurre es que los cinco ‘marcas’ fueron capturados en flagrancia, y ni siquiera el NCPP considera la posibilidad de extender a 7 días el plazo de detención de 24 horas, antes de entregar el caso al juez, cuando se trata de flagrancia. Por eso el Fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema y el Ministro del Interior decidieron, en la reunión que tuvieron luego de producido este escandaloso hecho, presentar al Congreso dos propuestas legislativas:

a. Modificación de la Ley para que en los casos de flagrancia proceda la convalidación de la detención preliminar hasta por siete días.

b. Modificación del artículo 2, inciso 24, literal f de la Constitución Política del Perú para que el plazo de detención por flagrancia se amplíe de 24 a 48 horas.

Según Azabache, lo segundo no sería necesario si se aprueba lo primero, entendiendo que de lo que se trata con las 24 horas no es de llevarle al juez todo el caso investigado y preparado sino solo lo necesario para que éste verifique que la detención ha sido bien hecha.

Pero lo que llama la atención es que este caso pudo haber sido presentado por la Fiscal no como uno de flagrancia sino de crimen organizado. Pues se trata de una banda. Y si bien el NCPP no está vigente en Lima, sí lo está para los casos de crimen organizado. De modo que la Fiscal hubiese podido pedir incluso 15 días de detención previa para armar bien el caso y presentarlo al juez. Pero no lo hizo. Lo presentó como uno de flagrancia.

Es cierto que los delincuentes fueron capturados cuando estaban a punto de cometer un atraco, es decir, de manera flagrante, pero, según parece, eso no fue fruto de la casualidad sino de un seguimiento que se había hecho durante un mes. En efecto, el director de Defensa Legal de la PNP, Máximo Ramírez, explicó que los criminales fueron capturados tras realizar una labor de inteligencia durante un mes. Y el comandante Flavio Esquivel Villafane, jefe de la Divincri Carabayllo, declaró indignado que al liberarlos “echaron por los suelos el trabajo de investigación policial y el sacrificio de mi personal para que estos delincuentes estén en la calle”.

Entonces no se trataba de un caso de flagrancia sino de seguimiento a una organización criminal, que cabe dentro del supuesto de la ley que adelanta el NCPP en Lima para los casos de crimen organizado. La fiscal pudo pedir 15 días adicionales, más aun si se encontró drogas. Si esto es así y no lo hizo, cabe plantear la hipótesis de que aquí hubo corrupción, sea a nivel de la fiscalía o del juez. O cuando menos supina incompetencia. Eso es lo que hay que investigar. 

Lampadia    

Por Gino Costa. Presidente de Ciudad Nuestra y expositor en CADE Ejecutivos 2014

(Perú 21, 05 de Noviembre del 2014)

Hace  bien IPAE Acción Empresarial en proponer, en este CADE Ejecutivos, que se aborden los desafíos fundamentales para hacer del Perú un país del Primer Mundo. Parece que ya sabemos qué hacer para crecer, pero no tenemos tan claro qué hacer para tener las instituciones que apuntalen y sostengan ese crecimiento.

En CADE Ejecutivos 2010, Michael Porter dijo que instituciones sólidas de seguridad y justicia eran un prerrequisito para dar el salto al Primer Mundo. Si ya en el 2010 teníamos

un déficit importante en la materia, hoy la situación ha empeorado, como lo muestran los indicadores del Foro Económico Mundial. Ello no hace sino reflejar el deterioro de las condiciones de seguridad.

A una de las más altas tasas de victimización en el continente americano se le ha sumado un sostenido incremento de la violencia, especialmente homicida, asociada a las extorsiones de todo tipo. Han prosperado también otras formas de criminalidad organizada –como la minería ilegal del oro, el tráfico de terrenos y la corrupción en los gobiernos subnacionales–, como lo demuestran el drama de Madre de Dios y el espectacular poder adquirido por personas como Rodolfo Orellana y César Álvarez.

Quizá el aspecto más preocupante es la penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad y justicia, y en la propia política. Dan cuenta de lo primero las investigaciones que tienen a punto de la destitución al actual fiscal de la Nación y a su antecesor por supuestas complicidades con criminales de alto vuelo; los responsables de investigar y denunciar a los criminales podrían estar comprometidos con ellos. En cuanto a la infiltración en la política, las últimas elecciones nos dieron diversas muestras de la amenaza que este fenómeno representa.

La infiltración de instituciones ya de por sí débiles es el mayor indicador de una descomposición que es urgente e indispensable revertir, porque perder la batalla contra el crimen es perder la del desarrollo y la prosperidad. Es preciso recuperar nuestras instituciones de los corruptos que le hacen el juego al crimen, razón por la que resultan tan alentadoras las actuales investigaciones del Consejo Nacional de la Magistratura y del Congreso de la República contra Ramos Heredia y Peláez Bardales, que deberían concluir en su destitución.

Si el crimen organizado prosperó en los últimos años, fue gracias a la complicidad de sujetos como estos y de otros fiscales, policías y jueces. Por eso, el primer desafío es purgarlos y fortalecer los núcleos sanos de estas instituciones, que felizmente existen, aunque normalmente arrinconados y desatendidos, por no decir abandonados.

El segundo desafío es construir, a partir de estos núcleos sanos, un subsistema de justicia penal con profesionales adecuadamente capacitados y bien remunerados. Esto exige la unificación de los esfuerzos de inteligencia, equipos electrónicos de última generación, debidamente utilizados bajo control fiscal y judicial, además de peritos y laboratorios forenses de primer nivel. En cuanto a la inteligencia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe contar con la prerrogativa de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de sus investigados, como lo recomienda Gafisud, organismo internacional rector contra el lavado de activos.

Este subsistema necesita, además, de un componente penitenciario con la infraestructura, el equipamiento y el personal capaz de garantizar el necesario aislamiento de los presos de alta peligrosidad, bajo un severo régimen que las mejores prácticas internacionales aconsejan.

El tercer desafío, y quizá el más importante, es contar con el liderazgo político y la capacidad de gestión para hacer realidad este proyecto en un plazo relativamente corto, con lo que se asegura que esté debidamente blindado contra la corrupción. La conducción del esfuerzo debe venir del más alto nivel y exige un acuerdo político básico que le dé sostenibilidad. Se trata de una apuesta para los próximos 30 años, que dote al país de la herramienta de combate contra el crimen organizado que hoy tienen las naciones democráticas más avanzadas del mundo.