Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Líneas abajo publicamos partes del ‘Balance de Gestión’ del ministro de Economía, Waldo Mendoza. Nos parece importante compartir con nuestros lectores varios de sus gráficos, que consideramos adecuados.

Sin embargo, como se puede apreciar más abajo, no coincidimos con la información que presenta el ministro sobre la presión tributaria. Uno de los caballitos de batalla de los enemigos de nuestra economía de mercado es la narrativa de que el Perú no tiene suficientes recursos fiscales. 

No nos olvidemos que los recursos que necesitamos para afrontar los retos del desarrollo están esperando, fundamentalmente, en el crecimiento de la economía.

Veamos algunos de sus cuadros:

A pesar de haber desperdiciado muchas oportunidades de crecimiento, la performance económica del Perú desde el año 2000, ha sido la mejor de la región.

Igual es en el caso de la inflación. Después del desastre de la hiperinflación que se inició en la dictadura militar de izquierda en los años 70, y que terminó a principios de los años 90 con la nueva Constitución, que estableció la autonomía del Banco Central, los peruanos aprendimos a mantener la estabilidad macroeconómica.

El regreso de la inversión extranjera, el crecimiento de la economía y la generación de recursos fiscales, permitieron que bajáramos la deuda externa de 89% del PBI a menos de 20%. Sin embargo, desde el gobierno de Humala empezó a subir nuevamente, disparándose a 35% con la pandemia.

Pero el avance en los temas macroeconómicos no fue acompañado de desarrollos en salud, infraestructuras, instituciones y otras. Hubo recursos, pero también mala gestión,  corrupción y falta de visión. Veamos el ranking del World Economic Forum.

Ya durante la pandemia, en la que el gobierno de Vizcarra generó una innecesaria crisis múltiple: sanitaria, económica, social y política; gracias a la visión y responsabilidad de Julio Velarde, como presidente del BCR, se pudo desarrollar un audaz programa crediticio que evitó el corte de la cadena de pagos. El programa más importante fue el llamado Reactiva Perú, que en contra de las mentiras de los grupos de izquierda, llegó a más de 500 mil empresas, la mayoría de ellas Mypes.

Viendo hacia el futuro, el MEF estima una recuperación importante de la economía. Sin embargo, con el acceso de Perú Libre y sus socios al gobierno, es muy probable, dadas sus propuestas, que estos indicadores no se puedan dar.

Otro tema importante, donde se está creando una narrativa descalificadora de la economía peruana, es el de la presión tributaria. En la siguiente gráfica, el propio ministro afirma que la presión tributaria habría bajado hasta 13% del PBI.

Sin embargo, el mismo ministro muestra que los ingresos del gobierno general, un indicador más realista, son de 19.9%.

Pero en el documento: PERÚ 2021 ARTICLE CONSULTATION – PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY EXECUTIVE DIRECTOR FOR PERÚ, del FMI, se dice que el NFPS Revenue (Non Financial Public Sector Revenue), o Ingresos no Financieros del sector público, fueron de 24.8% del PBI el 2019, y 22.1% el 2020.

Personalmente he podido comprobar que la información sobre los ingresos del Estado se está distorsionando, aparentemente para justificar eventuales incrementos de impuestos. Algo que, en las actuales circunstancias, sería una barbaridad.

Pero esa no es la única distorsión que se está creando. Los recursos fiscales los generan las empresas privadas formales, y estas sufren de sobrecargas tributarias que son las mayores de todos los países de la Alianza del Pacífico, como podemos ver en el siguiente cuadro.

Algo que el ministro destaca adecuadamente, es la identificación de los motores de la economía, la minería y las agroexportaciones, los dos sectores atacados por el populismo de izquierda.

También destaca los motores que debemos consolidar, como la acuicultura, el sector forestal y el turismo.

Ver el Power Point del MEF en el siguiente enlace:

https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/238d5-mef-balance-de-gestio-n-12.07.pdf

Lampadia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Muy positiva la campaña que ha empezado Lampadia para demostrar con cifras y datos irrefutables los beneficios de la inversión privada y del libre mercado, que han impulsado como nunca antes el crecimiento de la economía y la disminución de la pobreza.

Ojalá que esta cruzada tenga continuidad en el tiempo.

Pero es necesario que sea complementada con un discurso político, que muchas veces los empresarios, por diversas razones, no pueden o no quieren enunciar.

Por ejemplo, para poner un caso paradigmático, el gas de Camisea, que hoy día todos aprovechamos y que nos parece lo más natural del mundo. Pero casi nadie recuerda ni conoce lo difícil que fue sacar adelante ese proyecto.

La empresa Shell, una de las más grandes e importantes del mundo, exploró en la selva y descubrió ese enorme yacimiento en la década de 1980, invirtiendo muchos millones de dólares con tal propósito. Y cuando estaba lista para explotarlo a fines de la década las izquierdas, que en aquel entonces tenían una muy importante representación parlamentaria –llegaron en segundo lugar en las elecciones de 1985- y fuerza política, desataron una feroz campaña contra la “explotación imperialista” del gas. El gobierno de Alan García, ya debilitado, cedió. Todo se paralizó y la Shell simplemente abandonó el proyecto y se fue del país.

Tuvieron que pasar 13 años para que, en el Gobierno de Alejandro Toledo, el 2001, gracias al empuje de los ministros Jaime Quijandría y Pedro Pablo Kuczynski, se retomara el proyecto. Se licitó y rápidamente se construyó la planta y el gasoducto para transportar el gas. Tres años después ya estaba funcionando. Gracias al gas de Camisea hubo energía abundante y barata para poder desarrollar el otro pilar del espectacular crecimiento de esos años, la minería.

Hoy día los peruanos disfrutamos del gas barato en nuestros hogares y vehículos, pero sobre todo tenemos electricidad a precios razonables, para la industria y para las familias. Todo eso a pesar de las izquierdas, que impidieron su desarrollo en 1988 y por fortuna no pudieron evitarlo el 2001.

Hoy día con el avance del populismo y las izquierdas ¿acaso el gobierno de Martín Vizcarra lo hubiera realizado? ¿Y Francisco Sagasti? Por supuesto que no.

Hay muchos otros ejemplos. ¿La población los conoce? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien se encarga de explicarlo?

No obstante, ellos difunden su propaganda engañosa y falsa persistentemente. Si no se les refuta todos los días, si no se explica paciente e incesantemente la verdad de los hechos, ellos avanzan, frenan el desarrollo del país y pueden llevarnos a una catástrofe de consecuencias aterradoras. De hecho, ya han causado un daño colosal bloqueando proyectos mineros como Conga y Tía María o atacando a las exitosas empresas agroindustriales.

Hay que detenerlos ahora. Lampadia

Desde su nacimiento hace siete años, en Lampadia hemos compartido nuestro ideario con todos nuestros seguidores. Este se resume en nuestros objetivos, misión, retos y compromisos con la sociedad. Hoy día, en consecuencia con nuestro ideario y la situación del país, estamos desarrollando una campaña de comunicación que hemos denominado: DEFENSORES DE LA INVERSIÓN.

Veamos nuestro ideario:

Objetivo:

Lograr que los peruanos optemos por una Sociedad de Libre Mercado

Nuestra Misión:

• Defender la economía de mercado, la inversión privada, el desarrollo y la modernidad.
• Promover el Estado de Derecho, un sistema judicial eficiente y la meritocracia para los funcionarios públicos.

Nuestros Retos:

• Propiciar un mayor compromiso de la clase dirigente con los grandes temas nacionales y con la política.
• Proponer reformas para mejorar la calidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones.
• Empoderar a un millón de peruanos con análisis e información.
• Promover una educación para el siglo XXI con las mejores prácticas internacionales.
• Difundir los beneficios de una Sociedad de Libre Mercado.
• Cuidar la estabilidad de nuestro modelo de desarrollo, destacando el rol de la inversión privada y la necesidad de lograr un Estado eficiente, efectivo y meritocrático.

Nuestro compromiso con la Sociedad:

Durante los últimos 25 años se ha producido una profunda transformación de la vida nacional en lo económico y social, aunque deficitaria en lo institucional. Lamentablemente, esta transformación no está acompañada por una adecuada conciencia social, debido fundamentalmente a la falta de liderazgo y comunicación de nuestra clase dirigente.

Hay una gran confusión sobre nuestra nueva realidad y mucha angustia e incertidumbre sobre el porvenir.

El Perú renació después de tres décadas (60s, 70s y 80s) de estancamiento económico, empobrecimiento, escasez de recursos, frustración, violencia y falta de esperanza en el futuro, a una nueva realidad marcada por el crecimiento, la inversión, la creación de riqueza, la disminución de la pobreza y la desigualdad, la abundancia de recursos, la paz, y por una nueva capacidad de soñar con un futuro de prosperidad.
Sin embargo, a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que ya no proyectan sus vidas fuera del Perú, no se les ha explicado los condicionantes de la nueva realidad, no se han mostrado las relaciones causa-efecto que la han creado, no se discute sobre nuestras potencialidades, no tenemos claras las prioridades de acción colectiva ni las políticas públicas que puedan consolidar el bienestar general.
Así es que mientras la economía nacional se debilita y vuelve a flaquear nuestra confianza en el futuro, el entendimiento de nuestra realidad y perspectivas se hacen cada día más confusos. En la vida política y mediática se entrecruzan distintos lenguajes y distintas dimensiones de análisis, muchas veces producidas con propósitos específicos de manipulación y beneficio de parte.

En este contexto, Lampadia pretende, con veracidad y rigurosidad, aportar luces sobre nuestra realidad. Queremos comunicar y compartir información, cifras, hechos relevantes y opiniones sobre el Perú y el mundo de hoy y mañana para contribuir a la formación de una conciencia nacional más informada que propicie la convergencia de nuestras acciones para la construcción de un Perú de éxito y bienestar para todos.

° No tenemos Derechos Reservados – Información Libre °

El Perú tiene retos muy importantes en múltiples frentes, como los de mejorar sus instituciones políticas y alcanzar un mejor nivel de gobernanza. Hacer un salto cualitativo en los servicios de salud y educación. Mejorar notablemente la seguridad ciudadana. Y mantener un buen ritmo de creación de empleo formal, reducción de la pobreza y de la desigualdad.

Todo ello requiere un crecimiento de la economía entre 5% y 7% anual. Y por lo tanto debemos mantener un nivel de inversión mínimo de 25% del PBI.

Lamentablemente, desde el 2011 hemos debilitado crecientemente nuestras inversiones, las públicas y privadas, fuente directa de empleo de calidad y bienestar; y hemos deteriorado el crecimiento de la economía. Veamos:

Por otro lado, es notorio que, en la administración pública, desde el Ejecutivo hasta el Congreso, pasando por muchísimas autoridades regionales y locales, hasta muchos funcionarios públicos, se ha instalado un malsano alejamiento con el sector privado, que muestra ignorancia sobre su importancia para el desarrollo integral del país.

Dificultando la inversión y frenando los proyectos de inversión, estamos perdiendo las excelentes oportunidades que tenemos para crecer y reducir la pobreza y desigualdad.

Ante ello, y en consecuencia con nuestro ideario, hemos decidido lanzar el proyecto de: Defensores de la Inversión, para alertar a nuestros ciudadanos sobre nuestras capacidades de progreso y de la necesidad de comprometernos en apoyar el esfuerzo de inversión de todos los peruanos, tanto de la inversión pública como la privada.

Para apoyar esta campaña necesitamos la contribución económica de los amigos de Lampadia, tanto a nivel individual como institucional.

Los aportes se pueden hacer en las siguientes modalidades:

1. Abono en Cuenta:

Lampadia RUC: 20549170154
En el Banco de Crédito, a nombre de Lampadia, 
Cta. Cte.US$ #: 194-2030166-1-36 (CCI N° 00219400203016613697)
Cta. Cte. S/.  #: 194-2027845-0-81 (CCI N° 00219400202784508190)

2. Autorización de Cargo en Cuenta:

Llenar formulario adjunto ‘Autorización de Cargo en Cuenta’, incluyendo:

• Nombres Completos / Teléfono / Correo Electrónico / DNI
• Precisar N° de Tarjeta o Cuenta en donde se realizará el cargo
• Indicar importe en dólares o soles
• Indicar el número de meses que se realizará el cargo
• Firma (Igual al DNI)

Enviar copia del voucher de depósito o formulario debidamente lleno y copia de DNI a: lampadia@lampadia.com.pe

Para girar el recibo por el aporte: ‘Comprobante de Recepción de Donaciones’, (SUNAT-R.I. N° 0230050257679 del 14 de Setiembre del 2018), necesitamos nos indique el nombre o razón social, número de DNI o RUC, y dirección de envío del comprobante.

Muchas Gracias
Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Sostener que las impresionantes protestas chilenas demuestran el fracaso del modelo económico mal apodado “neoliberal”, solo llevará, si se actúa en consecuencia y se cambia el modelo, a problemas económicos y sociales mucho más graves que los que ahora enfrenta la sociedad chilena. De lo que se trata es de identificar con precisión qué está fallando, y resolverlo.

Evidentemente no es el modelo económico como tal lo que ha fallado.

• Este fue una máquina potente de crecimiento y reducción de la pobreza, que ahora no pasa del 10%.
• En los últimos 15 años un 30% de la población salió de la indigencia para engrosar la clase media.[1] Y, según cifras de la CEPAL[2], eso vino acompañado no de un aumento de la desigualdad como se ha querido falsear, sino de su reducción.
• Y tampoco ha generado un sistema insolidario: por el contrario, ha producido el gasto social público más alto de América Latina como parte del PBI (16.1%).[3]   

¿Qué falló entonces? Aquí hay dos visiones. Una es la que sostienen los defensores de la economía de libre mercado como Axel Kaiser, el Instituto Libertad y Desarrollo y otros. Lo que dice en esencia es que el malestar social se debe a un estancamiento de los salarios como consecuencia de la ralentización de la economía ocasionada en parte por las reformas del gobierno de Bachelet, en un contexto –agregaría yo- de mayor endeudamiento y angustia de las familias de las clases medias emergentes.  

El portal Libre Mercado la resume así: “La libertad económica en Chile ha comenzado su descenso. El gasto público se expandió en 60%, desde 17% del PIB hace diez años a 27% del PIB en la actualidad. La tasa de impuestos a las empresas aumentó en otro 60%, de 17% a 27%. La reforma tributaria también eliminó de golpe el gran incentivo a la reinversión de las utilidades introducido por ex Ministro Hernán Büchi. Todo ello, junto a la expectativa de una mala reforma laboral, frenaron abruptamente la inversión y el crecimiento”.

Y agrega: “La erosión del modelo comenzó, entonces, cuando se cambió el foco moral de las políticas públicas y se priorizó disminuir la desigualdad en los ingresos, en perjuicio de reducir la pobreza. Está comprobado que intentar disminuir la desigualdad de rentas con altos impuestos y excesivas regulaciones estatales, destruye lo que Keynes llamaba los “animal spirits” de los emprendedores y deteriora la inversión, lo cual, inevitablemente, reduce el crecimiento y, por tanto, la posibilidad de derrotar la pobreza”.

El Instituto Libertad y Desarrollo[4], por su parte, señala lo siguiente: “El alza de $ 30 en el pasaje del Metro… fue un detonante, pero casi todos están de acuerdo en que no puede explicar la magnitud del descontento. De hecho, el alza no superó el 4% en hora punta y desde el inicio del Transantiago en el 2007, el salario mínimo ha subido más que el pasaje del Metro. Adicionalmente, aunque pocos lo saben, el Estado ya financia un 50% del costo que verdaderamente tiene el transporte público a través de un subsidio. Se mencionan también como causantes del malestar las alzas de las tarifas eléctricas y del agua, pero de nuevo, éstas no han experimentado reajustes mayores al del salario mínimo… Todo ello lleva a pensar que la generalizada sensación de agobio económico estaría relacionada con el hecho que los salarios no han aumentado a la par de las expectativas de la gran mayoría de la población. Esto es una consecuencia directa del insuficiente crecimiento de la economía en los últimos años”.

“Otro factor muy mencionado en las encuestas es el nivel de las pensiones, también el precio de los remedios y la deficiente atención en el sistema de salud… Lo paradojal de esta situación es que muchas de las propuestas que se escuchan como parte de un nuevo pacto social -congelación de tarifas, fijaciones de precios- pueden hacer un enorme daño a la capacidad de crecer de la economía chilena, que es nuestro principal problema hoy y repercute directamente en quienes tienen más necesidades… Recordemos las experiencias de Ecuador y Argentina con la congelación de tarifas y precios y la reacción de la población cuando por necesidades financieras, de caja y de solvencia, esos países tuvieron que aplicar tarifazos con alzas significativas. No va por ahí el camino”.

“Parece evidente, en cambio, que el Gobierno debiera insistir y concordar una reforma a las pensiones, que le permitiría hacerse cargo de una parte importante del problema que afecta a las familias chilenas… Debiera también, con la ayuda de la oposición, sacar adelante su ambiciosa agenda para disminuir el precio de los remedios y mejorar la atención de los sistemas de salud. Por último, en relación a este tema, los dolores que se manifiestan en la protesta no apuntan sólo a cuestiones materiales. Se trata de personas que piden igual dignidad en el trato, que se rebelan contra privilegios de la elite, incluyendo a los políticos en ese grupo. También hay que buscar fórmulas para responder a ese clamor”.[5]

La otra visión

La otra visión es una que ataca las bases mismas del modelo en el sentido que sostiene que las élites se las han arreglado para enriquecerse y pagar menos impuestos, afectando la base moral misma del sistema. Un artículo de Juan Andrés Guzmán en el portal CIPER[6] refiere varios trabajos de investigación en este sentido. Uno de ellos es el de la politóloga del London School of Economics Tasha Fairfield titulada “Riqueza privada e ingresos públicos en América Latina. El poder empresarial y la política tributaria (2015, Cambridge University Press).

Según sus datos, el 1% de los chilenos de mayores ingresos recibe entre el 19% y el 22 % de los ingresos del país y paga tasas efectivas de entre 9% y 16%. “La teoría le indicaba que en democracia los políticos debían competir por los votos, es decir, tratar de ganar mayorías y, por lo tanto, resultaba ilógico que favorecieran a unos pocos y que acrecentaran la desigualdad”.

Ello no ocurrió en Chile. Fairfield estima que se debe principalmente a tres motivos: la firme unión de la élite chilena en torno al principal gremio empresarial, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); contar con partidos políticos, particularmente la UDI, que representan sus intereses en el Congreso; y el miedo que tuvo la Concertación a entrar en conflicto con la elite y que llevó a sus gobiernos a abstenerse de legislar en el tema tributario o a ofrecer importantes compensaciones cuando aumentó los impuestos”.

Una investigación en 2011 del BID, de los economistas Carlos Scartascini y Martín Ardanaz titulada:  ¿Por qué no gravamos a los ricos?, apunta en el mismo sentido: las naciones con peor distribución de riqueza y donde menos impuestos pagan los más ricos tienen una élite sobre representada en sus parlamentos. Chile es uno de esos casos. Señalan que la dictadura diseñó un sistema electoral “para garantizar la sobre representación de los partidos conservadores”. Eso explicaría, en parte, por qué los más ricos chilenos pagan tasas efectivas más bajas que en el resto de Latinoamérica y en los países desarrollados”.

La politóloga Fairfield considera que en el FUT, “esa exención tributaria que permite a los dueños de las empresas posponer el pago de impuestos cuando reinvierten parte de sus utilidades, ‘los dueños del capital encontraron muchas maneras de consumir las utilidades sin retirar formalmente las ganancias, es decir sin pagar el correspondiente impuesto’”. El FUT, por lo demás, tiene una muy débil correlación con la inversión, y “los datos disponibles hoy indican que ese dinero no está en inversión productiva, sino especulativa”. En un estudio que hizo con Michael Jorratt “menciona que el sistema también ofrece fuertes incentivos para la evasión y que probablemente eso aumenta la desigualdad. Dice que en 2005, solo el 35% de los beneficios distribuidos por las empresas fue declarado al Servicio de Impuestos Internos (SII)”.

Hasta aquí la revisión de esa segunda visión. Lo que cabe señalar es que el esquema colusorio descrito, de ser cierto, no afectó las tasas de crecimiento ni la reducción de la pobreza e incluso de la desigualdad. Ni sería la causa del estancamiento de los últimos años.

De ser cierto, podríamos decir que el tipo de capitalismo de los ricos que prevalecería en Chile estaría llegando a su fin, pues es lo que en parte se está denunciando. El propio Andróniko Luksic ha sugerido que los ricos podrían pagar más impuestos. Pero si las reformas que se introducen se limitan a establecer un sistema tributario progresivo y no uno que desaliente la inversión, y se mejoran y modernizan los servicios sociales y de salud y el sistema de pensiones entre otras medidas, entonces el cambio habrá contribuido a perfeccionar y renovar un modelo de desarrollo que le permitió a Chile durante décadas un crecimiento acelerado con reducción dramática de la pobreza e incluso de la desigualdad.

Pero si el cambio consiste en introducir crecientes regulaciones económicas y subsidios sin sustento económico, afectando la capacidad misma de crecimiento de la economía, entonces más temprano que tarde Chile sucumbirá en la crisis económica y en la catástrofe social. Lampadia

Tailandia está transformando sus cultivos tradicionales en productos basados en la bio-tecnología.

Por ejemplo, el gobierno, la universidad y el sector privado de Tailandia están creando un laboratorio de producción que genere “Bioplásticos” para uso médico. Estos plásticos convierten los cultivos a granel como el maíz, la caña de azúcar y la yuca (productos peruanos) en materiales de alta tecnología y alto valor que pueden usarse para cosas como suturas, controladores de liberación de fármacos, férulas y tornillos quirúrgicos.

Mientras tanto en el Perú estamos descuidando el sector productivo y el desarrollo de tecnologías. Ahora que no crecemos es el momento de volver a reclamar el lanzamiento de una revolución productiva, que puede llevar, con facilidad, el crecimiento de la economía a 6% anual.

Veamos el ejemplo de Tailandia:

Auge de la bio-economía

The Economist
Junio, 2019

En los parques científicos de todo el variado y fértil paisaje de Tailandia, desde las planicies fluviales del centro de Pathum Thani hasta la meseta nororiental de Khon Kaen y la costa sur de Songkhla, los investigadores y empresarios trabajan arduamente para comercializar tecnologías que transforman los materiales biológicos (biomasa) en productos industriales valiosos. En el Northern Science Park en la montañosa provincia de Chiang Mai, por ejemplo, investigadores asociados con la Universidad de Chiang Mai están colaborando con el Consejo Nacional de Investigación de Tailandia, la Agencia Nacional de Innovación del país y la compañía tailandesa de petróleo y gas PTT para crear un laboratorio de producción que genere “Bioplásticos” para uso médico.

Estos plásticos convierten los cultivos a granel como el maíz, la caña de azúcar y la yuca en materiales de alta tecnología y alto valor que pueden usarse para cosas como suturas, controladores de liberación de fármacos, férulas y tornillos quirúrgicos. También son uno de los resultados de un impulso apoyado por el gobierno para que Tailandia capitalice el entusiasmo mundial todavía en aumento por los materiales y combustibles sostenibles.

Al igual que los esfuerzos para desarrollar biocombustibles pueden aumentar la independencia energética de un país, las iniciativas de investigación como esta también pueden disminuir la dependencia de una economía emergente en las importaciones de alta tecnología. Los plásticos que se están desarrollando en el Parque Científico del Norte están hechos de acuerdo con los estándares internacionales para polímeros quirúrgicos (ASTM F1925-09), pero pueden ser menos de la mitad del precio de productos similares que se importan.

Los movimientos para capitalizar los recursos naturales de Tailandia mediante el desarrollo de productos de alta tecnología y alto valor hechos de biomasa no son nuevos, pero se están intensificando como resultado de la política gubernamental y la actividad comercial. Uno de los socios en el proyecto de bioplásticos de Chiang Mai, la compañía de petróleo y gas clasificada en la lista Fortune 500, PTT, ha estado persiguiendo activamente esta tendencia durante varios años, desarrollando productos basados en biomasa, incluidos los combustibles. Global Green Chemicals (GGC), que opera bajo el paraguas de la filial global de químicos de PTT, es otro ejemplo de sus esfuerzos por agregar valor a la biomasa, como el principal productor de productos oleoquímicos del país. A diferencia de los productos petroquímicos, que provienen de combustibles fósiles, los productos oleoquímicos provienen de grasas vegetales y animales, que son fuentes de materias primas inherentemente renovables.

GGC está contribuyendo al liderazgo tailandés en la industria de la “bioeconomía” basada en la biomasa como parte de la política del gobierno de Tailandia 4.0. Esa visión, que apunta a impulsar simultáneamente el crecimiento económico, promover el desarrollo humano y proteger el medio ambiente, depende sustancialmente del aumento de la sofisticación de la industria tailandesa al aumentar el gasto en I + D. En ese marco, la “bioeconomía [es] una fuerza impulsora para revitalizar la inversión y la innovación al mismo tiempo que fortalece la economía nacional”, dice un representante de GGC.

En la actualidad, GGC considera que la bioeconomía tailandesa se centra en el crecimiento en áreas como los bioplásticos, los combustibles y otros productos para su uso en la industria. Pero a más largo plazo, dentro de una década o más, se habrán abierto una gama más amplia de posibilidades, incluida la tecnología para extraer sustancias químicas de plantas para su uso en productos biofarmacéuticos, servicios de I + D subcontratados, sustancias químicas avanzadas e incluso “alimentos funcionales” que podrían funcionar. Cosas como el envejecimiento del combate.

El gobierno tailandés apoya la realización de este potencial “luchando por la bioeconomía … con políticas, incentivos a la inversión, medidas y financiamiento”, dice GGC. La compañía ha colaborado en el desarrollo de la bioindustria en respuesta a la política del gobierno desde 2016, y en julio de 2018, un plan de desarrollo de bioeconomía del gabinete propuso el objetivo de convertir a Tailandia en el “centro de bio” de la ASEAN para el 2027.

La industria privada también participa en la iniciativa de establecer a Tailandia como un líder en bioeconomía, ya que el país, conocido durante muchos años como el mayor exportador de arroz del mundo, hace pivotar su fortaleza tradicional en la agricultura hacia productos de valor agregado basados en biomasa, pero mejorada por el uso. de tecnología.

Entre las compañías involucradas está el Grupo KTIS, fundado como distribuidor de azúcar en 1957. Con “más que azúcar” ahora su eslogan, KTIS se ha movido sucesivamente a la fabricación y ahora a la energía, con una fábrica de etanol y una planta de energía de biomasa entre sus empresas. Uno de sus proyectos involucra la fabricación de fertilizantes y acondicionadores de suelos a partir de desechos provenientes de la producción de azúcar y etanol, lo que completa los materiales en un movimiento hacia prácticas industriales verdaderamente sustentables.

Apichart Nuchprayoon, un ejecutivo de KTIS, dice que “la bioeconomía en Tailandia ofrece un potencial masivo”. A través de la cooperación de organizaciones “que van desde agencias gubernamentales [al] sector privado, instituciones educativas y centros de investigación”, se espera que la creciente bioeconomía de Tailandia duplique su contribución al PIB del país en los próximos cinco a diez años. Este desarrollo hará que aumenten los ingresos de los agricultores, mientras que las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles disminuyen, ya que son reemplazadas en parte por la energía derivada de la biomasa.

Nuchprayoon también ve a los productos biofarmacéuticos como una industria en crecimiento para Tailandia, con una inversión nacional y extranjera de 100 mil millones de baht ($ 3,2 mil millones) para generar un valor sustancial de exportación farmacéutica. También creará 20,000 empleos para trabajadores del conocimiento y trabajadores de alta tecnología.

Siguiendo la tendencia y respaldado por el impulso gubernamental de la bioeconomía bajo la política de Tailandia 4.0, Nuchprayoon informa que KTIS planea expandir su negocio bioindustrial no menos que su negocio de azúcar y caña en los próximos cinco años. “Nuestras capacidades de recursos humanos … una sólida posición financiera, estructura organizativa y conocimientos técnicos permitirán a KTIS hacer crecer agresivamente nuestro negocio biológico … bajo el plan de desarrollo de bioeconomía”, dice. Como facilitadores de este crecimiento, cita “simplificación de las regulaciones sobre proyectos de bioeconomía … así como incentivos fiscales por el uso de bioproductos para ayudar a impulsar la demanda”.

Hablando de su confianza en la bioeconomía, KTIS y GGC están colaborando en el desarrollo del Biocomplejo Nakhon Sawan, el primer complejo bioindustrial del país, que comenzará a producir etanol a partir de la caña de azúcar en la primera fase de sus operaciones. La construcción de la instalación está programada para comenzar este año, y se espera que entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2021, con 400 nuevos empleos y la capacidad de producir 600,000 litros de etanol por día. Una segunda fase de construcción también involucrará una planta de energía de 85MW que generará energía a partir de biomasa, como parte de la infraestructura para las instalaciones construidas con mayor inversión.

Los incentivos gubernamentales también están ayudando a los inversores a cosechar los beneficios de contribuir al desarrollo de la bioeconomía de Tailandia. Por ejemplo, la Junta de Inversión de Tailandia está ofreciendo una vacación fiscal corporativa de hasta 13 años a los inversores en empresas de bioeconomía.

Las grandes empresas extranjeras ya están aprovechando estas ventajas para comercializar nuevos conceptos. Entre ellos se encuentra Toray Group, que en asociación con Mitsui Sugar Group estableció Cellulosic Biomass Technology (CBT) en Bangkok en 2017. La nueva firma utiliza una técnica de “sacarificación” de vanguardia para producir azúcares fermentables para su uso en biocombustibles y productos químicos. Juntos, Toray y Mitsui han invertido más de 450 millones de baht ($ 14.4 millones) en CBT para respaldar las operaciones y la I + D. “Con el gobierno tailandés brindando condiciones de inversión favorables y un entorno operativo de apoyo, Toray Group y CBT están viendo cómo nuestras ideas innovadoras se hacen realidad”, dice Tatsuya Matsuno, gerente general de CBT.

Hasta 1980, más del 70% de los trabajadores tailandeses se dedicaban a la agricultura, muchos de ellos pobres. Hoy en día, la bioeconomía tailandesa emergente muestra al país avanzando confiadamente hacia un futuro donde la alta tecnología puede agregar valor y generar riqueza a partir de las fortalezas tradicionales del país. Su rico paisaje, clima favorable y conocimientos agrícolas son la base de lo que podría ser un boom venidero para esta parte de la economía nacional. Pero es la innovación, la inversión y un entorno político favorable lo que puede generar recompensas: los rendimientos de la inversión, los ingresos más altos para los trabajadores de la agricultura y la bioeconomía y las formas más sostenibles de la industria basadas en recursos renovables. Lampadia

Podremos aportar parte del IGV que pagamos a cuenta individual de pensión y salud, pero se necesitan reformas

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una buena noticia que llamó la atención hace unos días fue la revelación de que el 2018 la recaudación tributaria volvió a crecer luego de tres años de caídas y creció nada menos que en 13.8% en términos reales, muy por encima del crecimiento de la economía. Con ello la presión tributaria subió de 13% del PBI a 14.1%.

En la siguiente entrevista el ex jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, explica que eso se debió, en parte, a la transformación digital que está viviendo la Sunat, que permitirá incorporar a la gran base informal. No obstante, advierte que se necesitan reformas para simplificar los regímenes tributarios y hacer que las personas puedan aportar parte del IGV a su cuenta de pensiones y a su seguro de Salud, ayudando así a ampliar la base y formalizar la economía.

Lamentablemente, el gobierno del presidente Vizcarra suspendió los servicios de Shiguiyama en la SUNAT, cortando innecesariamente una gestión reformadora e innovadora. Esperemos que Claudia Suarez, su sucesora, continúe y profundice en la misma línea. Ver en Lampadia: El gobierno maltrata a los funcionarios públicos.

El incremento de la recaudación el 2018 ha sido notorio. ¿Hay acciones de la Sunat que explican ese crecimiento?

Los resultados del 2018 han sido muy positivos. La recaudación ha crecido tres veces más que el crecimiento del PBI.

• La primera explicación es sin duda el crecimiento económico.
• Luego, una mejor gestión de los datos, logrando generar una sensación en los contribuyentes de mayor riesgo, es decir, de que serán detectados.
• Un trabajo más cuidadoso en la gestión judicial, gracias a la procuraduría.
• También un impulso al trabajo digital, como la factura electrónica. Ya estamos en casi 65% del monto facturado en electrónico.

• Además, cruces masivos de información, muchos realizados por primera vez en la Sunat.
• El desarrollo de un trabajo integrado tributos – aduanas que, aunque no lo creas, no se hacía.
• También ha jugado un papel importante complementar el marco de fiscalidad internacional BEPS (intercambio de información, secreto bancario).
• Y usos de información corriente, es decir, de los últimos meses, cosa que se hace por primera vez también.

¿Qué significa “uso de información corriente”?

Sunat suele trabajar con la información tributaria luego de 1 año como mínimo. Usualmente 3 o 4 años después. El año 2017 y especialmente 2018, la Sunat empezó a trabajar con información del mes anterior, lo que resulta mucho más impactante para el contribuyente. Que Sunat le observe una compra del mes pasado, le generó una sensación de riesgo mucho más alta.

¿Han usado big data, inteligencia artificial?

Así es, también se empezó a emplear modelos con big data y machine learning para cruces más precisos, además de incorporar indagaciones y cruces de gente sin RUC. Por ejemplo, a partir del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), información que no se usaba para los cruces. Estos solían hacerse sólo entre los que tenían RUC.

Llegaron a gente que estaba fuera del radar…

Todo esto generó, creo yo, la sensación de una Sunat más tecnificada, con mayores capacidades de detección. Lo que permite el objetivo central de toda administración tributaria moderna: mejor cumplimiento voluntario debido a un mayor riesgo de ser detectado por incumplimiento. En múltiples ocasiones fuimos dando el mensaje a gremios y líderes que la Sunat iría ganando mejores capacidades por la transformación digital.
En realidad, sacamos a la Sunat de su zona de confort y varios aspectos se hicieron por primera vez.

Entonces, ¿este año también vamos a tener un crecimiento de la recaudación claramente por encima del crecimiento del PBI?

Confío en que sí. Hay mucho potencial, pero hay una cultura interna que debe cambiar. Requerimos reformas, pero el continuo cambio de ministros en el MEF dificulta tener un plan de reformas. Esperemos que el gobierno desarrolle un plan de transformación digital del Estado, que construya procesos totalmente nuevos, y continúe la consolidación de una Sunat más simple y justa.

Con las reformas te refieres a la complejidad o multiplicidad de regímenes tributarios, eliminar el RUS y el RER por ejemplo, ¿no?

Así es, una simplificación del modelo, pensando en las posibilidades que te da la transformación digital en curso. Y además simplificar los procesos y procedimientos. Con el tiempo, se han redactado demasiados procedimientos que hacen muy burocrática la relación entre el contribuyente y la administración. Fuera de eso, hay que incentivar desde la demanda, es decir, beneficios para gente que compra formal. El camino para una consolidación de la recaudación está 100% claro, es cuestión de ejecutar. Y hay por ejemplo asuntos más técnicos, como la escalabilidad de la factura electrónica. Al pasar a la nube y a los Operadores de Servicios Electrónicos (OSE), como en el modelo mexicano, dicha escalabilidad está garantizada.

¿Qué es escalabilidad de la factura?

La masificación de la factura electrónica. Como te comenté, el monto facturado electrónicamente ya está en 65%, pero son solo los grandes contribuyentes. Falta la masificación en términos de número de contribuyentes. Y eso podría traer problemas de arquitectura y equipamiento, pero como se optó por nube, la escalabilidad (crecimiento) se dará sin mayores problemas. Es lo que el mundo moderno hace hoy en día. La vieja idea de realizar faraónicos proyectos, para tener grandes centros de cómputo y desarrollar todo internamente, obedece a la vieja economía.

Se publicó que en marzo se vuelve obligatoria la factura electrónica para los que venden más de 159 UIT, con lo que alrededor del 85% de las ventas totales de los contribuyentes se realizarán a través de la factura digital.

En marzo empieza el proceso obligatorio para los que venden más de 159 UIT (S/. 667,800). En julio se eliminan las máquinas registradoras, es decir, los que emiten ticket simple sin envío a Sunat. El 2020 entran los servicios públicos y la banca, que en realidad sólo es pasarlos al formato XML de factura electrónica. El portal gratuito seguirá operando.

La masificación de los comprobantes electrónicos permitirá ampliar considerablemente la base tributaria, ¿no es así?

Sin ninguna duda. Y debiera ser base para la reforma tributaria, así como la cuenta única que ya está en proceso de construcción, ya está diseñada y ahora pasa a construcción. Con miras a que sea en nube también. Estará lista a mediados del 2020.

¿Qué es la cuenta única?

Es el proyecto que permitirá a la Sunat controlar el estado tributario de cada contribuyente, empresa o persona. Es decir, posición única de todos los tributos, y tener un estado de cuenta en línea. Eso te permitirá, junto a la factura electrónica, una revolución en la gestión de tributos para pequeñas empresas y personas. A finales del 2020 podrías tener una Sunat 100% digital, con procesos simplificados. Y ya hay un equipo que trabaja ciencia de datos, así es que la explotación del big data también está en ejecución.

¿Con esto la base se debe ampliar muchísimo no?

Sin duda, pero como es un escenario sin precedentes en Perú, nadie quiere aventurar números. Y claro, con esas dos tecnologías o procesos digitales en acción, las políticas públicas pueden ser híper creativas y muy diferentes a las actuales. Las leyes de reforma serán el cuello de botella. Por primera vez las capacidades tecnológicas estarán delante. Ahí está la verdadera transformación digital. Nada me haría más feliz que Sunat lo logre y que el MEF/Congreso den las nuevas leyes requeridas.

¿Te refieres a que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar parte del IGV que pagan cada vez que compran algo, a su cuenta individual de pensiones o de seguro de salud, y la propuesta de un seguro de salud básico universal pagado con la tributación?

Sí, incluso los niños con su DNI amarillo podrían aportar desde su nacimiento, con las compras de pañales, por ejemplo. Y también leyes sobre la factura electrónica, factoring y libros. Y por supuesto las de reformas del sistema: simplificación tributaria y uso de IGV para personas, lo que mencionas. Además de poder diseñar una contabilidad simplificada para las pequeñas empresas, de tal manera que el costo de cumplimiento se reduzca drásticamente y estos emprendedores puedan concentrarse en gestionar sus negocios y no distraerse en lo tributario, como ocurre hoy.

La SBS se adelantó en esta idea (resolución N° 00010-2019), permitiendo que los afiliados a una AFP puedan aportar a sus cuentas los descuentos en los precios de ciertos productos en las tiendas. En el caso de la Sunat sería usar parte del IGV para aportar a mi cuenta de AFP, como propuso Lampadia, o a Essalud. ¿Por qué no se hace?

Lo importante es pasar a las acciones. El camino de incentivar la demanda es el correcto. Es parte de las políticas tributarias, pero toca al MEF y no a SUNAT qué hacer. Yo propongo la idea que el ciudadano reciba un incentivo directo para comprar formal, que pueda aportar 1, 2 y 4 puntos del IGV de sus compras para:

• 1% cash back por pago mediante algún medio electrónico,
• 2% para su seguro médico, y
• 4% para sus pensiones.

La idea es motivar al comprador, al consumidor final, los porcentajes son referenciales. Debería discutirse gradualidad, los números y tasas y si efectivamente logra cambiar el comportamiento de las personas, que es lo importante.

Supongo que eso traerá una disminución de los ingresos en un primer momento. Pero luego se ampliarían porque todos pedirían factura. ¿En cuanto tiempo se superaría el bache?

Efectivamente, en cualquier reforma siempre existen riesgos. Pero tenemos que buscar un cambio en el comportamiento de los contribuyentes, y eso se hace con incentivos, no con el garrote. Ya es hora de hacer propuestas que respondan al plazo medio y no sólo a cubrir las necesidades inmediatas. Tal vez un referente sea el cinturón de seguridad, ¿2 ó 3 años ?, o la misma reforma de Sunat que lideró Manuel Estela en los 90. Un cambio sustantivo que se tradujo en resultados en 3 años. Hay que atreverse y no ser tan complacientes.

¿La masificación de comprobantes electrónicos tiene que estar al 100% para hacer esto?

Por supuesto que no. De hecho, ya hoy se tiene más del 65% del monto facturado mediante comprobantes de pago electrónico. Considerando la información de libros y planillas electrónicas, la información de SBS y otras fuentes, la Administración Tributaria cuenta con la capacidad de realizar modelos muy sofisticados basados en Big Data, que explican en parte el salto de recaudación que se vio en 2018. Y para lograr un mayor impacto y mayores beneficios para los negocios formales, el uso de la boleta electrónica con beneficios para el consumidor final es una herramienta muy poderosa que ya está disponible hoy.

Y acá radica el verdadero poder de la tecnología. La transformación digital en curso en la Sunat no es pasar la factura o boleta del papel a digital. El verdadero poder reside en re-imaginar las políticas tributarias y por lo tanto el funcionamiento del modelo económico en su conjunto gracias a las tecnologías. No estamos hablando de mejoras de procesos o de reingenierías como sucedía en los 90. Estamos hablando de transformaciones que afectarán para bien, cómo tributamos, y cómo logramos beneficios directos por ser formales.

Mencionaste que un factor del incremento de la recaudación ha sido “un trabajo más cuidadoso en la gestión judicial, gracias a la procuraduría”. Pero ha habido mucho cuestionamiento a la Sunat por la arbitrariedad de esas acotaciones y los intereses excesivos por tiempo transcurrido atribuible a la administración.

En efecto ha habido críticas, sobretodo en litigios muy antiguos. Diría que la pertinencia de las acotaciones la deberá determinar el juez (y bueno, sabe Dios qué determinará). Los juicios antiguos deben culminar, sea cual sea el veredicto. Pero este tema hace daño a ambas partes. El cobro de intereses en tiempos extras ha sido corregido por ley, y sobre los casos antiguos, muchos contribuyentes han interpuesto su causa en el TC.

Los mecanismos de resolución de conflictos también requieren una reforma sustantiva, en procedimientos, plazos y capacidades de los órganos responsables (la propia Sunat, Tribunal Fiscal, y el Poder Judicial). Ojalá se pudiera dotar a la Sunat, de capacidad de negociación, reconocimiento y pago para evitar el largo camino judicial.

Sería ideal que tengamos mecanismos que puedan resolver cualquier controversia en muy corto plazo, considerando que, si queremos un buen comportamiento, necesitamos que las consecuencias económicas de los actos, se tengan de manera inmediata. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La masiva inmigración venezolana al Perú debería decidirnos a llevar adelante de una vez por todas las reformas pendientes no solo para absorber más rápidamente a los inmigrantes sino para aprovechar y potenciar el aporte que podrían dar al crecimiento de la economía tanto ellos como los propios peruanos.

La inmigración venezolana al Perú es beneficiosa, porque, si bien desplaza en lo inmediato de sus trabajos a algunos peruanos, genera al mismo tiempo más actividad y más empleo, porque demanda bienes y servicios, y los produce. El balance es positivo, más aún considerando que más del 50% de los venezolanos que llegan al Perú tienen estudios universitarios, de maestría e incluso doctorado, según Eduardo Sevilla, Superintendente de Migraciones, citado por Mijael Garrido Lecca en buen artículo en Perú 21.

Pero, claro, el efecto inmediato en las personas que pierden un empleo puede llevar a pensar que los venezolanos les están quitando empleo a los peruanos, cuando no es así en la suma total porque su inclusión en el mercado nacional lleva a la generación de más riqueza y más empleos en un momento posterior. Solo que esto puede acelerarse y facilitarse si hacemos las reformas ahora. El nivel educativo de los venezolanos, de otro lado, permite pensar que podrían aportar al desarrollo de actividades en las que en el Perú no hay talento sobrante.

De lo que se trata es de hacer los cambios normativos que faciliten la inversión privada y el crecimiento de las empresas, para generar mucho más empleo. Y para que esta aceleración sea posible, se requiere de la palanca del crédito, que no puede expandirse si las empresas no se formalizan.   

Esto el gobierno lo sabe. Lo mencionó claramente el propio presidente Vizcarra en su discurso del 28 de julio: “El crecimiento se logrará con un mayor dinamismo de la inversión pública y privada, estabilidad política y social, mayor formalización y un trabajo honesto y transparente”. ¿Cómo lo logramos? No entró en detalles, pero informó que “Gracias a las facultades para legislar…, nos proponemos impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las Micro y Pequeñas Empresas, a través de una mejora del sistema de compras estatales, calidad de los productos, reducción de costos de financiamiento y promoción de la formalización laboral”. No explicó cómo se promovería la formalización laboral, pero anunció la masificación del uso de comprobantes de pago y libros electrónicos y la implementación de “incentivos a las personas naturales para demandar comprobantes de modo que se conviertan en socios del Estado en el proceso de formalización de las actividades económicas”. En otro momento volvió a mencionar el objetivo de “la formalización de las empresas y nuestro mercado de trabajo”.

Se trata sencillamente de lograr que haya mucha más inversión privada formal. El que sea formal es condición para que pueda crecer aceleradamente. Así tendremos más empleo y muchos mejores salarios.  Lo decía claramente Elmer Cuba en la entrevista que le hice para El Comercio:

“¿Por qué el ingreso promedio de un chileno es superior al de un peruano, sea este un guachimán, un médico o un taxista? Porque ellos han invertido más en 20 años, tienen más capital por persona. A más intensidad en capital, más salario real. También lo decía Marx. Como esta es una economía sub-capitalizada, tenemos que meterle más inversión privada al infinito para que el ratio, el capital, sea mayor”. (En El Comercio 02.04.2018)

Se trata de que haya mucha más inversión privada, pero de calidad. El problema en el Perú es que, como advirtió Andrew Powell, asesor principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, la inversión privada en el Perú no es de calidad. La gran mayoría son  empresas pequeñas de baja productividad. Mientras estas, pese a su baja productividad, logran sobrevivir, pero con muy bajos ingresos, las empresas medianas o grandes formales quiebran, por los costos de la formalidad, que son muy altos. La razón de esto:

“es el diseño de nuestros sistemas impositivos y, en algunos casos, el código laboral. Básicamente, estamos poniendo muchos impuestos sobre el empleo formal, entonces hay un incentivo para que las empresas sean informales o las empresas formales contraten de manera informal. Esto desincentiva la formalización y que las firmas crezcan” (En El Comercio, 24.07.2018)

También hay incentivos a la informalidad, cuando un seguro gratuito como el SIS compite con Essalud, por ejemplo. Para resolver esto se ha planteado un conjunto de reformas, que no vamos a repetir acá (Ver, por ejemplo, “La batalla por una reforma tributaria integradora”, Lampadia). El gobierno mismo es consciente de los problemas de sobre-regulación, tramitología y corrupción, y está desarrollando algunos programas al respecto (ver “Los novedosos anuncios del Premier en reforma del Estado”).

Lo que queremos resaltar es que el propio gobierno –o parte de él- sabe lo que hay que hacer. Pero no se atreve. El Plan Nacional de Competitividad recientemente publicado explica claramente el problema en el terreno laboral:

“La alta proporción de trabajadores informales es uno de los principales problemas que enfrenta el mercado laboral. El despido de trabajadores resulta costoso en el Perú, debido a dos razones: las indemnizaciones son caras y la jurisprudencia legal impide el despido individual por causas económicas vinculadas a la empresa. La normativa laboral, en particular en el Régimen General, establece costosas indemnizaciones en casos de despidos sin causa. En efecto, para las empresas formales que están acogidas al Régimen General, el Perú es uno de los países de mayor rigidez para despedir, puesto que un trabajador que es cesado sin causa tiene derecho a una indemnización de 1,5 remuneraciones mensuales por año trabajado, con un tope de 12 remuneraciones. Por ejemplo, si un trabajador es cesado sin causa tras cuatro años de permanecer en la empresa, la indemnización asciende a 6 meses de salario, bastante más alta que el promedio de países OCDE (1,2 meses aproximadamente) y de América del Sur (2,8 meses). Según el Reporte de Competitividad Global 2017-2018, del Foro Económico Mundial, los empresarios peruanos consideran que las restricciones en la regulación laboral son de los factores más problemáticos para hacer negocios en el Perú, después de los factores de corrupción, ineficiencia del sector público, los impuestos, y la oferta inadecuada de infraestructura”. 

El documento va más allá. Explica que, en ese contexto, “la contratación de trabajadores está sesgada hacia los contratos de plazo fijo, precisamente porque el despido es dificultoso. Según la ENAHO 2017 la mayoría de empleos se contrataron bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, independientemente del sector productivo.” Cuán grave será este tema que la contratación a plazo fijo prevalece pese a que existe un conjunto de impedimentos legales para hacerlo:

“En efecto, actualmente, el marco legal establece restricciones para los contratos a plazo fijo, el cual se autoriza solo en casos de reconversión empresarial, emergencia y ocasional. A pesar de las restricciones para contratar a plazo fijo, la mayoría de empleos formales se generan bajo este tipo de contrato. Estos contratos temporales tienen un plazo máximo de 3 años, se pueden renovar una sola vez, pero en ningún caso pueden sobrepasar el plazo de 5 años”. 

La pregunta es: si el gobierno la tiene tan clara, ¿por qué no actúa? Lampadia

La abrupta salida de Miguel Castilla del despacho del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la última gota en un proceso que nos conduce a tres escenarios a los podríamos enfrentarnos de aquí a fines del gobierno. No todos ellos son alentadores. Si bien la designación de Alonso Segura, (un Castilla-2) calma ciertos temores, no impide el eventual desarrollo de dos de ellos, nada deseables. El tercero, en cambio, como señalamos en nuestra Editorial de hace unos días, implica un giro de timón que permita reactivar la inversión en proyectos mineros importantes e infraestructuras. (Ver en Lampadia (L): Situación Límite). Lamentablemente, este deseable escenario solo se materializará si se superan obstáculos absurdos y kafkianos como las enormes trabas burocráticas y regulatorias. Un ejemplo de ellos, es el revelado por Jaime de Althaus en La Hora N: el gasoducto del sur debe realizar más de 4,100 trámites antes de ponerse en marcha. ¡Aunque usted no lo crea!

Los tres escenariosaludidos son: “La Gran Frustración”, “La Gran Farra” y “La Gran Reacción”. Veamos:

La Gran Frustración

Como ha recordado reciente el Financial Time “durante la última década la economía peruana ha crecido en promedio un asombroso 6.5% al año – cifra que incluye los efectos de la crisis financiera global. Con una industria minera que representa el 60% de los ingresos por exportaciones, el país aprovechó el auge de las materias primas [y mucho más como lo indicó Krugman (ver en L: Krugman rompe mitos)]. Los mercados y la moneda repuntaron, mientras que la pobreza cayó a tasas al estilo chino, impulsadas a la baja por un auge de la inversión que triplicó la producción peruana a US$ 216,000 millones en un año. Sin embargo, ahora el “milagro peruano” parece haber terminado. En el segundo trimestre de este año (2013), la tasa de crecimiento cayó a 1.7%. El déficit por cuenta corriente también se amplió a 5% del PBI, de forma preocupante”.

El milagro peruano no ha terminado. Lo que sucede es que este gobierno oficializó el discurso anti-minero cuando estuvo como premier Salomón (Siomi) Lerner. Este hecho desaceleró la inversión privada (Ver en L: Otra vez la parada (esta vez en la inversión)).

Así las cosas, con todos los indicadores económicos en caída(crecimiento, inversión privada y pública, importación de bienes de capital, y otros); más dos años electorales con sus típicas incertidumbres y demoras para la inversión; y las trabas absurdas a las que se han sometido a los procesos de inversión(como losrevelados por Althaus), nos hacen temer un 2016 con un mini crecimiento de 2 a 3% del PBI.

Por tanto, no encontramos otro término para este escenario que el de La Gran Frustración, porque contrasta con la soberbia de los ofrecimientos de este gobierno improvisado, confrontacional, así comoel espectacular ritmo de crecimiento que teníamos y que no se produjo solo, lo labramos a mano.

La Gran Farra

Ante el eventual desarrollo de ese desastroso escenario descrito líneas arriba, por la incapacidad del gobierno de entender las relaciones causa-efecto que lo generaron y para enmendar el rumbo, este segundo escenario plantea la posibilidad de que el gobierno sucumba a la tentación del populismo inventado por Perón.Asesorado por sus amigos venezolanos, cubanos, brasileños, argentinos y otros sedecida a recurrir dispendio fiscal usando nuestras reservas fiscales, de divisas y hasta los fondos privados, para gastar en programas sociales, grandes compras públicas y estimular la economía al estilo de Alan García en el 85. Eso generaría un estado de bienestar falaz con fines electoreros, que terminaría por sepultar la gran oportunidad del Perú para salir de la pobreza.

Esta nueva postura política tendría que venir acompañada de un discurso hiperpopulista, nacionalista al extremo, que genere enfrentamientos con el capitalismo, los ricos, etc. En fin, el discursoque los más viejos conocemos bien y que los más jóvenes pueden escuchar y ver como se lo utiliza en Venezuela y Argentina.

Para conducir este escenario, solo se tendría que recurrir a los antiguos amigos del inicio del gobierno, el equipo que representa el “Pensamiento FRENAIZ” y reavivar su proyecto original de eternizarse en el gobierno con o sin Nadine.

La Gran Reacción

El presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, deciden liderar el despegue de la economía y reencaminar los proyectos mineros y los de infraestructuras que están paralizados y que le darían al país el impulso que se necesita.

Para ello, se debe hacer, como hemos señalado (ver en L: La situación no está para tafetanes), algo drástico y muy pronto, como asegurar la reactivación de la inversión en minería  y que empiecen a ejecutarse inmediatamente las grandes concesiones en infraestructuras. Un llamado que también han efectuado economistas destacados como Juan Mendoza.

En minería el primer proyecto debería ser el de Las Bambas (US$ 6,031 millones de inversión); Constancia, se encuentra en una zona conflictiva y complicada: Chumbivilcas, Cusco (inversión de US$ 1,790 millones); Tía María (US$ 1,000 millones).

A la par deberán ponerse en marcha varios proyectos de infraestructuras como el gaseoducto del sur, el túnel transandino, centrales hidroeléctricas, el aeropuerto de chincheros, la ampliación de majes y otros. Como ha señalado el ex ministro Carranza (Ver en L: El Sur a dos dígitos), solo el Sur del país está en capacidad de crecer 10% los próximos años.

Para esto, se necesitan solo dos cosas: decisión política y unos poderosos machetes que permitan abrir la trocha en las selvas regulatorias que están a punto de absorbernos cual hiedras carnívoras. ¡No queda mucho tiempo!

Ojalá que el presidente tenga la lucidez de seguir esta ruta. Esperamos que no desee pasar a la historia superando el fracaso de nuestros peores gobiernos y que no apueste por la gloria efímera del camino albista. ¡Confiamos en que Usted lo puede hacer mejor! Lampadia