The Economist
13 de febrero de 2017
Traducido y glosado por Lampadia

El problema es tan antiguo como la humanidad. El autor romano Juvenal lo encapsuló en la frase “Quis custodiet ipsos custodes” o “¿Quién vigilará a los propios vigilantes?” Fue claramente ilustrado en la clásica serie de la BBC “Yo, Claudio”. El enfermo Claudio quiere el regreso de la República. Pero la guardia pretoriana, establecida por sus parientes, necesitaba un emperador para asegurar su estatus especial. Así que en el asesinato de Calígula, arrastran a Claudio desde su escondite detrás de una cortina y lo hacen emperador.

En los negocios y las finanzas, esto se conoce como el problema de “agente principal”. Los accionistas emplean a los gerentes para dirigir una compañía; los inversionistas utilizan los administradores de fondos para cuidar sus ahorros. Eso tiene sentido. Nos permite aprovechar la experiencia de otros y las economías de escala en la gestión de fondos. Pero es extremadamente difícil alinear exactamente los intereses de los principales y los agentes.

Antes de los años ochenta, la preocupación era que los gerentes de negocios se preocuparan más por expandir la compañía, que en los rendimientos de los accionistas. Así es que las opciones de acciones se pensaron como si fueran a alinear los intereses de ambos. Sin embargo, las opciones de acciones son una apuesta unidireccional; muy valiosas si se ejercen, pero sin valor  para el ejecutivo si no se hace. El efecto general ha sido aumentar la remuneración de los ejecutivos, en última instancia, a expensas de los accionistas. Como informa el Financial Times, se están haciendo algunos esfuerzos para controlar esta situación en los casos más flagrantes, pero el progreso es lento; el costo de la remuneración de los ejecutivos se distribuye muy ampliamente, mientras que los beneficios van a unos pocos.

En efecto, esto es un poco como las subvenciones pagadas a los productores de materias primas en algunas economías. Algunos reciben grandes ganancias, pero el costo se disemina entre un gran número de consumidores. De hecho, este es otro ejemplo de un problema ‘del agente-principal’. La legislación queda a cargo de nuestros agentes, los representantes electos. Pero tienden a responder a las preocupaciones de aquellos que ejercen presión sobre ellos.

En la inversión, los administradores de fondos son pagados a través de tarifas ad valorem, un porcentaje de los fondos invertidos. En un artículo reciente, Paul Lewis, el presentador de la BBC, bromea que ad valorem es latín para el timo. Una vez más, el enfoque ad valorem parece que debería funcionar; si el valor del activo sube, también lo hace el salario del gestor del fondo y la riqueza del cliente. Pero si el mercado permanece plano, el gestor del fondo continúa ganando dinero a pesar de que el cliente está en una peor situación. Y si el mercado sube, los honorarios del gestor del fondo aumentarán, incluso si el resultado es menor al índice.

Pero un montón de dinero está siendo ganado por mediocres gestores de fondos. Al igual que con los ejecutivos, el problema en los últimos 30 años es que los agentes se están volviendo más rápidos, mucho más rápidamente, que los directores.

Otro problema con las finanzas y los negocios modernos es que los asuntos son extremadamente complejos; por lo que existe una “asimetría de información” entre los clientes y el agente.

El problema que vincula negocios, finanzas y política es la confianza. La confianza es más fácil de tratar en las pequeñas comunidades donde uno puede enfrentarse cara a cara. Esto era incluso cierto en la democracia ateniense. Una vez que nuestras relaciones con nuestros agentes son más remotas, y nuestras transacciones más complejas, tenemos que depender de esquemas de incentivos y éstos están listos para ser explotados.

El problema de la confianza es particularmente difícil en la política donde una gran proporción del público ya no confía en los principales líderes. En parte, esto se debe a que algunos se han mostrado indignos de confianza. Pero también es porque la estructura de incentivos del sistema (particularmente en Estados Unidos, donde la financiación es un tema fundamental) enseña a los políticos a aliarse con los poderosos. Y es también porque los problemas que enfrentan no son susceptibles a soluciones fáciles. Como he señalado antes, los temas importantes son globales y complejos, pero los políticos son elegidos centrándose en respuestas simples y locales. Cuando esas respuestas fallan, el cinismo aumenta.

La ironía es que, como escribe Edward Luce, los estadounidenses han elegido a un líder que está repleto de conflictos de interés en cada momento. Cuando sus promesas decepcionan, el cinismo sólo subirá más. De hecho, la cuestión de los controles y balances parece más importante hoy en día; ¿Quién vigila los líderes electos de un país?

Este proceso nos puede llevar eventualmente a tener espacios de poder absoluto sobrepuestos a las funciones del gobierno, que de alguna manera ‘balcanizarían’ el Estado, al contar con nombramientos por períodos fijos sin capacidad de que los funcionarios puedan ser removidos, excepto por faltas muy graves y acusaciones constitucionales complejas;  ejerciendo capacidades discrecionales absolutas sobre sus fallos, sin segunda instancia; autonomía constitucional, financiera y jurisdiccional y protección constitucional por sus actos, eximiéndoles de responsabilidad por ellos.

Curiosamente, este es también el caso de los alcaldes, que tienen capacidad discrecional absoluta sin que sus decisiones estén sujetas a una segunda instancia. Los ciudadanos y empresas que sufren por sus actos, solo pueden contrastar sus fallos recurriendo al Poder Judicial, en procesos muy largos y de resultados ‘impredecibles’. No es pues de extrañar que la corrupción haya hecho sus guaridas en muchos gobiernos locales.

Sin embargo, en el Perú sí tenemos una institución muy seria que tiene esas capacidades en su ámbito de acción. Se trata del Banco Central de Reserva del Perú, pero sus funciones no recaen en un solo individuo, sino en un directorio, cuyo nombramiento es compartido por los poderes ejecutivo y legislativo.

Este no es, sin embargo, el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que depende de un solo individuo (hoy día, casualmente, en excelentes manos). Alonso Polar Campos (QDDG), fundador de Macroconsult, opinaba que la SBS debía también tener un directorio, propuesta razonable que nunca se ha analizado.

El principio general de una buena gobernanza es la separación de poderes, de modo de no concentrar en una sola mano, o incluso en una sola institución el manejo de la cosa pública. Otras instituciones  esenciales de la buena gobernanza son la doble instancia, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad…

Volviendo al caso de Defensor del Pueblo, nos llama la atención prácticamente todo lo que ha declarado desde su elección:

• Dice que se debe a la ciudadanía. Error. La ‘ciudadanía’ es una entelequia, no existe. El Defensor se debe al ciudadano, al individuo que debe proteger, fundamentalmente del Gobierno.
• El nuevo Defensor pretende sacarle la vuelta a la Constitución que establece que sus decisiones no son vinculantes. Este abogado, ex decano del Colegio de Abogados, considera que eso es un lástima y ha propuesto hacer la misma trampa que hicieron en México. “Se ha dicho que los informes de la defensoría no son vinculantes. Santisteban dijo que la defensoría tiene el magisterio de la persuasión; correcto, pero hay un nuevo contexto. Qué tenemos que hacer. Si las resoluciones de la defensoría no son vinculantes, tenemos que dar un paso más, como en México, donde tampoco son vinculantes pero un informe defensorial [sic] no es guardado por un funcionario en un cajón. Si no lo va a cumplir, tiene que hacer una expresión de causa de por qué. Se empoderan más las competencias y no son solo documentos” (El Comercio, 11 de setiembre). Esto es inaceptable y esperamos que el país se pare en seco para evitarlo.
• Además, resulta que el Defensor se ha autonombrado como alguien que quiere regular al sector privado en la formación de precios, la competencia, la calidad de la educación privada, etc., etc. O sea, pretende trocar su función de defender al ciudadano del gobierno, por una estúpida defensa del gobierno, enfrentando lo privado con lo privado, ciudadanos versus empresas privadas, discriminando  entre los servicios del sector público y privado, bajo una aparente concepción ideológica.

Es el colmo que nos pasemos años sin poder nombrar un Defensor del Pueblo para terminar eligiendo a alguien evidentemente inadecuado. Siendo la corrupción uno de nuestros grandes flagelos del país, es el colmo que se haya nombrado apuradamente a un nuevo Contralor que ya mostro sus debilidades y que debieramos ver la manera de cesarlo. No sigamos cometiendo estos errores sobre-empoderando a nuevos funcionarios como el Procurador y otros.

Además de la corrupción, adolecemos de niveles de institucionalidad muy precarios. No es el momento para nombramientos apurados ni para dar espacio a funcionarios alocados que se proyecten como pequeños monarcas. Lampadia