Jaime de Althaus
Para Lampadia

En los últimos 50 años la corrupción en el Perú ha cambiado varias veces de naturaleza y de intensidad. Pero la que tenemos ahora, como veremos, es la más grave y peligrosa de todas.

1. Durante el gobierno militar de los 70 y de manera mucho más aguda durante el primer gobierno de Alan García, donde fue casi una política de Estado, la corrupción fue un subproducto, bien instrumentado, del modelo económico estatista e intervencionista. En efecto, en una economía llena de permisos, licencias, aranceles, distintos tipos de cambio (dólar MUC), precios controlados y subsidios, había que pagar a los funcionarios encargados de administrar esos controles para poder funcionar, para poder producir o importar, para poder vender a un precio razonable o para obtener el mejor tipo de cambio o la protección arancelaria o el subsidio o alguna otra de las diversas ventajas que el modelo ofrecía o para generar una ventaja propia. Las empresas estatales, por su parte, eran nidos de corrupción con la subasta al mejor postor de coimas para los contratos que se ofrecían. Para no hablar de la obra pública.
2. Ese tipo de corrupción, derivada del modelo económico, prácticamente desapareció en los 90 con el reemplazo de ese modelo económico por uno basado, en términos generales, en la libertad económica, en el que ya no había protecciones ni subsidios ni controles de precios ni licencias para importar y donde la capacidad de gestión empresarial se trasladaba de los pasillos de los ministerios a la competencia con los otros empresarios en el mercado. Sin embargo, paulatinamente fue gestándose otro tipo de corrupción, derivada no del modelo económico sino del modelo político, en la medida en que el gobierno de Alberto Fujimori fue concentrando cada vez más poder al punto de someter a las instituciones democráticas y finalmente comprar parte de la prensa escrita y la totalidad de la televisión de señal abierta. El control político de las instituciones brindó la cobertura perfecta para vender decisiones importantes, robar en las voluminosas compras de armamento y en el manejo de los fondos de inteligencia, y usar el Poder Judicial como un arma extorsiva contra algunos empresarios. Fue un tipo de corrupción más focalizado, pero más perverso, consecuencia e instrumento a la vez del intento de perpetuación en el poder.
3. En los años 2000 no teníamos ya ni la corrupción derivada del modelo económico intervencionista ni aquella derivada del modelo político autoritario, pero fuimos pasando a un tipo de corrupción muy peligrosa derivada del relajamiento excesivo de Estado que ha comprometido la ya débil vigencia del imperio de la ley en el país. Se trataba de pasar del personalismo presidencial de Fujimori al gobierno de las instituciones, pero terminamos pasando de un extremo al otro: de un modelo político autoritario a uno anárquico, generado por la defección y la incompetencia de los partidos encargados de la restauración democrática, partidos que conformaron el sector al que se ha dado en llamar, en un abuso ontológico del término, “republicano”.

Se restableció, entonces, la división de poderes y la independencia judicial, pero los partidos políticos no fueron capaces de llevar adelante una reforma política que pudiera reconstruir el sistema de partidos ni llevar adelante una reforma del sistema judicial y la policía que permitiera impulsar el imperio de la ley desde las instituciones, no desde un liderazgo autocrático. Se creó una comisión para diseñar un plan de reforma judicial –el CERAJUS- pero el prurito del respeto a la autonomía y auto gobierno de las instituciones hizo que tanto el Congreso como el Ejecutivo perdieran todo impulso y voluntad apenas el Poder Judicial expresó su rechazo a la reforma medular la que la Comisión planteaba: una Corte Suprema pequeña dedicada solo a revisar casos especiales para formular jurisprudencia vinculante a partir de ellos. Las fuerzas armadas y la policía, de otro lado, acaso por haber sido instrumento de poder del gobierno de Fujimori, perdieron prioridad e interés, pese a tratarse de instituciones fundamentales para el imperio de la ley.

En lo relativo al Poder Ejecutivo, la reacción frente a la concentración autocrática del poder en los 90 fue dar paso a una descentralización del poder que buscaba que el desarrollo no estuviese en manos del providencialismo presidencial sino de instituciones autónomas, los gobiernos locales y regionales. Todas las funciones transferibles fueron transferidas aceleradamente sin capacitación y sin establecer mecanismos de rectoría, control, monitoreo e intervención en caso de falencia aguda del servicio. Los gobiernos sub-nacionales pasaron de ejecutar alrededor del 5% de la inversión pública a ejecutar alrededor del 60%, y en una época en la que la economía crecía aceleradamente y con ella los ingresos del Tesoro. Muchos de ellos se convirtieron, entonces, en apetitosos botines presupuestales para candidatos y alcaldes que respondían cada vez menos a partidos políticos nacionales y cada vez más a movimientos regionales o locales frecuentemente organizados precisamente para asaltar el poder local.

Se multiplicaron entonces las mafias de proveedores, de extorsionadores de obras públicas y de usurpación de terrenos ajenos. Para no hablar del narcotráfico y la minería ilegal. Los usurpadores necesitaban del alcalde y de fiscales y jueces para convalidar legalmente sus invasiones. Así fue como las redes de compadrazgo de un sistema judicial que nunca fue modernizado, se empezaron intersectar con las redes criminales externas. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, informa que hay alrededor de 14 Cortes Superiores infiltradas por organizaciones criminales.

Son innumerables los casos de gobiernos regionales y municipalidades tomados por organizaciones criminales, desde el alcalde hasta el último funcionario. El caso de la municipalidad de La Victoria ha sido notorio.

Lo que tenemos ahora, entonces, es un sistema de corrupción basado en la expansión de las mafias, del crimen organizado, en partes importantes del territorio nacional. Estas mafias han capturado directamente instituciones o han cooptado redes internas de gobiernos sub-nacionales, de la Policía, del Ministerio Público, de las Cortes Superiores y de otros organismos del Estado.

Lo que esto significa es que hay amplias zonas del país donde no impera la ley sino la ley de la selva. Es un tipo de corrupción mucho más preocupante que los anteriores porque es imposible que desaparezca de un día para otro como cuando cambiamos el modelo económico o derrocamos a un régimen autoritario. Este tipo de corrupción está arraigado, en el Estado, en redes de relaciones personales antes que meritocráticas, y ha organizado el funcionamiento mismo de la sociedad y de las instituciones por medio de lealtades basadas en sobornos o en amenazas.

Además, sobre todo en las regiones, las mafias también han cooptado diversos medios de comunicación o programas específicos que las protegen o presentan disfrazadas de benefactores.

Entonces no hay bala de plata para eliminar o reducir el impacto de este tipo de corrupción. La única manera de hacerlo es mediante un conjunto de acciones que ataquen simultáneamente todos los flancos de ese fenómeno de manera sostenida a lo largo del tiempo y con gran impulso político. 

Nosotros ya hemos indicado en otros artículos cuáles serían esas acciones (ver en Lampadia: Para acabar con el ordenamiento mafioso del país). Aquí un breve resumen:

1. Reforma política, para reconstruir un sistema de partidos, mejores canales de representación, y afianzar la gobernabilidad.
2. Reforma radical del sistema judicial y de la policía, para pasar de sistemas neo-patrimonialistas de redes personales a sistemas meritocráticos:
   1. Reforma del CNM
   2. Reforma de la Corte Suprema
   3. Limpieza de las Cortes Superiores
   4. Evaluación del desempeño de jueces y fiscales
   5. Expediente digital
3. Mantener el ritmo de los mega-operativos para desarticular las organizaciones criminales. Derogar el artículo 454 del Código Procesal Penal para dejar de blindar a jueces y fiscales.
4. Reforma del Estado:
   1. Meritocracia a todo nivel y gestión por resultados. Aplicación de la ley de Servicio Civil.
   2. Simplificación administrativa, desregulación y digitalización total. 
   3. Reducir dependencias inútiles o contraproducentes y destinar ese dinero al sistema judicial
5. Reforma de la descentralización, para recuperar capacidad central de monitoreo y control y profesionalizar las administraciones sub-nacionales.

Convendría, adicionalmente, eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones sub-nacionales, al mismo tiempo que incrementamos la financiación pública a los partidos políticos de modo que puedan establecer mejores filtros para seleccionar a sus candidatos y capacitarlos mejor. Por supuesto, a mayor financiamiento público, mayor fiscalización por parte de la ONPE.

Necesitamos tomar conciencia de que el enemigo que estamos enfrentando no es solo la corrupción. Es el crimen organizado, las mafias, que pueden terminar controlando buena parte del Estado y del territorio nacional si no aplicamos una estrategia seria, persistente y completa para derrotarlo. De lo contrario volveremos a fracasar, pero esta vez habremos perdido al país. Lampadia

Deja mucho que desear que autos proclamados intelectuales y politólogos planteen falsas dicotomías para generar argumentos efectistas y populistas.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“Desde que la democracia volvió al Perú en el 2000, solo hemos tenido dos proyectos políticos. Por proyecto político aludo a un horizonte programático claro para el país, abiertamente defendido desde el poder. Uno es el republicanismo que promovió Valentín Paniagua en su breve gobierno de transición; el otro, el hortelanismo modernizador que encontró en Alan García su articulador más fino. No hay más. […] Es decir, el hortelanismo, con el apoyo entusiasta de nuestros líderes políticos, tecnocráticos, empresariales y opinantes, ofreció riqueza sin ley. Y eso logramos. Estamos cosechando lo que sembramos.”
Alberto Vergara en “¿Hortelanos o republicanos?”.

La propagación de audios que visibilizan el profundo grado de corrupción y tráfico de influencias imperante en el poder judicial ha generado un clima político con sentido de urgencia en la sociedad respecto a la necesidad de reformar los poderes del Estado. Junto con ello, se ha producido un mayor interés entre líderes de opinión intelectuales y comunicadores respecto al porqué del precario desarrollo institucional del país.

En un sector de la intelectualidad y líderes de opinión se pretende vender la idea según la cual, en el Perú, las elites se han preocupado por mantener el libre mercado y la confianza de los inversionistas a consta del desarrollo institucional.

• Se afirma que las políticas públicas del Perú en buena medida han sido determinadas por una elite económica únicamente preocupada por la defensa del modelo de libre mercado y que ha desatendido profundamente el desarrollo institucional.
• Esta elite tendría como representación de su ideología el artículo “El Perro del Hortelano” de Alan García[1].
• Según esa corriente intelectual, sectores conservadores se opondrían a reformas institucionales claves para la sociedad por temor a que las perturbaciones que se derivaran de estas pudieran afectar la calidad del ambiente de negocios.
• Frente a estos sectores conservadores “hortelanistas” se encontraría un sector “Republicano” que si bien busca mantener los pilares básicos del modelo de mercado sí se encontraría dispuesto a llevar a cabo reformas institucionalistas y que es impulsado en mayor medida por valores que por sus intereses económicos.
• La tragedia del Perú actual consistiría en lo infructuoso de los triunfos electorales del sector “Republicano”.
• Estos triunfos se manifestarían en las dos derrotas en segunda vuelta de Keiko Fujimori en las que los sectores ciudadanos preocupados por la honestidad y vigencia de la democracia fueron decisivos.
• Un artículo representativo de esta visión es el artículo de Alberto Vergara “¿Hortelanos o republicanos?”[2].

Esta es, a primera vista, una narrativa atractiva, en especial si uno es un líder opinión o intelectual, de izquierda o centro izquierda. Encaja con las actitudes anti empresariales de dichos sectores en los que una supuesta clase dominante necesita de instituciones injustas para poder sostener su aprovechamiento sobre el resto de la sociedad. No obstante, pese a su atractivo emocional la evidencia no sostiene varias de las creencias en que se basa este relato.

En este texto, cuestionamos dos puntos de esta narrativa.

• Por un lado, la existencia de una disyuntiva entre profundización del modelo de mercado y desarrollo institucional.
• Por otro la existencia misma de un sector “Republicano” con el interés, el enfoque y la capacidad para generar mejoras sostenidas en la institucionalidad peruana.

Para ello hacemos uso de estadísticas[3] respecto a nivel de desarrollo institucional acopiadas por el Banco Mundial dentro del programa ‘World Governance Indicators’. En este programa se agregan diversos indicadores de calidad de institucional. Los aspectos a ser monitoreados son los siguientes:

• Expresión y Rendición de Cuentas (VA)
• Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo (PS)
• Efectividad del Gobierno (GE)
• Calidad Regulatoria (RQ)
• Imperio de la Ley (RL)
• Control de la Corrupción (CC).

Estos indicadores son mostrados mediante percentiles, así cuando un país se encuentra en el percentil 70% en Efectividad de Gobierno, ello significa que el 70% de los países están por debajo del país mencionado en este indicador. Ello significa que a mayor valor del percentil mayor desarrollo institucional tendrá el país. Se hace uso de percentiles para que así sea posible agregar diversos indicadores ubicados en múltiples escalas.

A esta información de institucionalidad le hemos agregado el indicador de Libertad Económica del Cato Institute (EF), ello con el fin de ver la relación existente entre libre mercado y desarrollo institucional. Para los últimos gobiernos hemos dado los valores para cada uno de estos aspectos al final de su mandato.

Se puede observar que la entrada de Paniagua generó un cambio claro hacia un régimen con mayor libertad de expresión y rendición de cuentas como lo manifiesta el incremento en el valor de VA (17.91), también se dio una mejora significativa, aunque no tan alta en el Imperio de la Ley (8.91). Es digno de mención lo elevado, relativamente, de los niveles de Efectividad de Gobierno durante la época de Fujimori, lo cual explicaría en parte la importancia política del fujimorismo después del año 2000. También es notable que el gobierno del “mal menor” de Ollanta Humala muestre indicadores de corrupción más elevados que aquellos de Fujimori al final de su régimen. Es llamativo, también, que la Libertad Económica no haya tenido fluctuaciones muy abruptas a lo largo del tiempo, aunque las opciones apoyadas por la derecha tienden a mostrar niveles más altos que aquellos apoyados por la izquierda, lo que muestra cierto nivel de coherencia ideológica entre las políticas públicas y el alineamiento de las fuerzas políticas. De ahí que, a pesar de lo que se diga en muchas ocasiones, la ideología del gobernante sí importa, en cierta medida, para las políticas económicas en el Perú.

Esta tabla nos señala los cambios en los indicadores de institucionalidad en comparación a los gobernantes previos. Alberto Fujimori ha sido retirado de la muestra puesto que no existen indicadores previos a su gobierno a los cuales referirse. También se ha generado un indicador de “Efecto Institucional Neto” que refleja la suma de los cambios en los diversos indicadores durante el periodo.

Los resultados entran en claro contraste con las teorías de Vergara y las impresiones de múltiples líderes de opinión de izquierda. El gobierno, “Hortelanista” por excelencia de Alan García resultó ser aquel en que más mejoro la Libertad Económica (EF), lo que es coincidente con su imagen de derechista. Sin embargo, resultó también ser aquel en la que los indicadores en gobernanza tuvieron una mayor mejora en promedio, es decir aquel del que hay mayor evidencia de un progreso institucional (Efecto Institucional Neto). En el campo de la corrupción, si bien con los niveles altos de corrupción históricos del Perú, el gobierno de García mostro avances anticorrupción muy cercanos a los de Paniagua. A su vez los gobiernos electos en coaliciones políticas de calificados de “Republicanos” como Toledo y Humala mostraron retrocesos en los niveles de CC. El caso de Humala es llamativo puesto que llevo los indicadores de Control de Corrupción a los niveles más bajos alguna vez medidos y se dio un deterioro mayor que todos los avances registrados desde la caída de Fujimori.

Un análisis de correlación entre el indicador de Libertad Económica y el Efecto Institucional Neto muestra que el caso peruano no existe una correlación significativa con Control de la Corrupción (CC), el Imperio de la Ley (RL) o la Estabilidad Política (PS). Estos aspectos de la calidad institucional de un país parecen ser independientes de que tan a favor del libre mercado sea el Perú.

Los únicos casos en los que se encuentran niveles de asociación relevantes positivos es en el caso de Rendición de Cuentas (VA), Efectividad de Gobierno (GE) y Calidad Regulatoria (RQ). Es decir, en el Perú, la libertad económica se encuentra asociada a mejoras a los indicadores de calidad institucional o no tiene relación respecto a ellos.

Se puede considerar que la data peruana no es suficiente para arribar a conclusiones definitivas. Sin embargo, es mejor fundamentar posiciones respecto a algún grado de evidencia que respecto a antipatías o simpatías políticas, por más populares que sean en un determinado sector social.

Queda bastante claro, por la información mostrada, que no existe un sector “Republicano” que haya sido capaz de ejecutar reformas anti corrupción efectivas. En todo caso creer que entregar el control de la reforma judicial a sectores que se proclaman abanderados de la anticorrupción llevaría a resultados positivos es algo que choca contra la experiencia.

La evidencia mostrada parece indicar que cuando los sectores asociados al término “caviar” detentan un mayor control sobre las instituciones lo que se da es un retroceso en la capacidad de la sociedad para controlar la corrupción. Además, la Efectividad del Gobierno, imprescindible para una redistribución social efectiva, también se ve socavada. Además, las mejoras dadas durante el gobierno de Paniagua no se deberían a la existencia de acciones de un sector “Republicano” con “horizonte programático” sino seria resultado natural de la reinstauración del equilibrio de poderes tras la salida de un régimen autoritario y con corrupción generalizada, algo que se hubiera dado bajo casi cualquier gobernante en transición.

Sin embargo, hay quienes han estudiado, mediante métodos estadísticos solidos, la relación entre corrupción, crecimiento económico y libre mercado. Y las conclusiones de sus estudios no concuerdan con las premisas que han encontrado una voz florida en Vergara.

En el artículo “¿Hortelanos o republicanos?” el autor afirma: “Entonces, ¿por qué en estas últimas dos décadas hemos crecido económicamente mientras la vida pública se pudre por los cuatro costados? Porque como mandaba el catecismo, la inversión era “lo único” que nos haría progresar. Por gracia divina modernizadora, ella se convertiría en mejores instituciones. O, como repetía Jaime de Althaus en su libro del 2011 (¡citando a un marxista!): Sin burguesía no hay democracia. Ese es el corazón del mito hortelano.”

Pero resulta que hay evidencia de que el crecimiento económico sí genera, por si mismo, un mejor control de la corrupción.

• En un estudio[4] titulado “El Crecimiento Económico Reduce la Corrupción?” se muestra como el crecimiento causa una reducción en el porcentaje que los sobornos representan de los ingresos las empresas.
• Así mismo, en “Las Reformas de Mercado Brindan a las Reformas Anticorrupción una Mayor Fuerza: La Evidencia China”[5], se señala que la liberalización económica genera un incremento en los sectores de la elite deseosos de reformas anticorrupción.

Los estudios citados concluyen que el liberalismo económico genera una correlación de fuerzas sociales y políticas más hostiles a la corrupción.

Esto no implica que no habría que luchar contra la corrupción y que la misma no sea una tara para el desarrollo social y económico del país. Pero lo que queremos afirmar es que no existe una disyuntiva entre desarrollo institucional y liberalismo económico y que inclusive la evidencia señala que de darse una asociación esta seria de signo contrario.
En los años 80s la inestabilidad macroeconómica y el fenómeno terrorista impulsaron por parte de la sociedad la generación de reformas y propuestas respecto a cómo responder a semejantes desafíos. De las reacciones de la sociedad a esos dos fenómenos, influenció la naturaleza de las respuestas en políticas públicas que posteriormente se implantaron y que dinamizaron la economía del Perú y la expansión de la clase media.

El reto que enfrenta el Perú actual es la construcción de instituciones políticas sólidas que no se dediquen a utilizar el poder el Estado para canalizar riqueza a actores privados y a grupos privilegiados de la burocracia. De las ideas predominantes en la sociedad al momento de realizar las reformas dependerá el tipo de instituciones que definirán por décadas el tipo de proceso de desarrollo que seguirá el país. Por ello es necesario que las ideas al respecto se fundamenten en evidencias y no en las antipatías y simpatías políticas. Lampadia

Álvaro Díaz Castro
Abogado en Derecho de la Empresa y Minería
Para Lampadia

“Debemos “desbloquearnos” de anclajes, paradigmas y creencias surgidas de las experiencias, de la tradición y del lenguaje que nos impiden avanzar” nos recuerda Joanna Prieto, especialista en neurolingüística, lo cual no aplica sólo al tema personal o familiar sino a otras esferas mucho más amplias como las políticas gubernamentales, y los planes y desarrollos distritales, provinciales y regionales, es decir, en la perspectiva de diseñar el futuro de poblaciones e incluso el país.

Un tema que parece sólo lingüístico o un simple fraseo de palabras, resulta mucho más que ello, pensar en mapas de pobreza obliga a tomar determinados caminos explícitos como sugeridos. Si habláramos de mapas de desarrollo u oportunidades serían otros los caminos y el ánimo que las impulse.

No tenemos por qué dudar de la sinceridad y de las mejores intenciones del padre Gastón Garatea, así como las de muchos otros peruanos que se han involucrado en la tarea- de por sí encomiable y solidaria- por enfocar su preocupación por ayudar a los más pobres, y que fue con el mejor espíritu que propusieron e impulsaron las mesas o mapas de pobreza para focalizar el apoyo social.

Ello es distinto a los dudosos discursos y plataformas de ofrecimientos de políticos, seudo líderes y de algunas oenegés (repetimos, algunas, no la mayoría), respecto de sus reales motivaciones en mantener todo dentro de “Mapas de la Pobreza” y de las mesas de lucha contra este flagelo que, a partir de ello, se instalan, y reditúan o votos y/o fondos gracias a mantener el “status quo” de pobreza con todo ello.

El poder de la palabra, de los elementos que utilizamos en nuestros mensajes, en una extraña simbiosis que, señalan los estudios, nos suele llevar a transformarnos, de alguna manera, en esas mismas palabras y elementos que repetimos. El niño que escucha todos los días las reprimendas que lo señalan como sucio y holgazán es poco probable que desarrolle su estima y menos aún sus potencialidades, existe más bien el riesgo de que se convierta en un adulto sucio y holgazán.   La intención del padre de provocar una reacción positiva en el hijo, a fuerza de tales calificativos, es muy probable que genere el efecto contrario al buscado. Pareciera esto un contrasentido, pero lo cierto es que muchas buenas intenciones pueden convertirse en estímulos perversos: efecto boomerang.

Así, el estímulo de mostrarse como el más pobre, dentro del mapa de la pobreza, devino en que cada región, provincia, distrito y/o pueblo/comunidad se empeñara por aparecer ante cualquier ámbito, como los más desafortunados, hambrientos, miserables, abandonados y desatendidos: “De esta manera, llegarán más programas sociales y nos darán más fondos”, parece que fuera la motivación en este intento, que se ha convertido en demagógica prédica de algunos de sus dirigentes.

Imaginémonos que hay dos distritos con casi igual población, necesidades y situaciones similares de pobreza. Eso hace que reciban del Estado (para todos los programas sociales), digamos un monto de 100,000 para cada distrito. El distrito “A” luego de un año de excelente planificación, esfuerzo, restricciones, responsabilidad e inversión eficiente de los recursos asignados, mejora las condiciones de vida de su población. Sin embargo, en lugar de premio será castigado por cuanto el siguiente año, es muy probable, tendrá menos recursos asignados, porque- razonan los burócratas- hay menos pobreza y siendo así hay que recortar los fondos. El distrito “B” que dilapidó, gastó en banalidades y festejos o no hizo nada, sino agudizar mayores desgracias en el entorno, es muy probable, será premiado dándole mayores recursos y programas sociales, porque será una zona aún más pobre que hace un año. Esos son los estímulos perversos a los que nos referíamos. No siempre es así, y existen esfuerzos puntuales por premiar correctamente al más eficiente, pero son esfuerzos aislados y excepcionales, no institucionalizados.

En esta perspectiva, se considera que de llegar una inversión pública o privada que puede ser una alternativa de desarrollo, lo mejor es rechazarla, ya que se arruinarían las estadísticas de extrema pobreza que tienen, lo cual  podrían ocasionar la reducción o desaparición de los programas sociales, los ministerios retirarían al médico de la posta y al profesor del colegio, en resumen se pondría en riesgo los programas de agua, desagüe,  carreteras proyectadas, el apoyo agrícola y veterinario, entre otros puntos.  En verdad, son temores que podrían ser fundados, porque en varias partes de las entidades públicas centrales se ha articulado reacciones y decisiones que promueven estas respuestas reactivas negativas y las considera correctas o normales: si hay una inversión que el Estado se retire y que la inversión vea como atiende todo.

Los alcaldes y directivas comunales, por el desasosiego generado (les cierran las puertas de las instituciones y cancelan los programas y proyectos) sentirán que es mejor no tener esperanza en esa inversión proyectada, que tendría efectos negativos en el plazo inmediato y es más seguro depender de los programas gubernamentales de asistencia social bajo el paraguas de ser muy pobre.  Incluso cuando luego de reclamos llegan a firmarse actas en mesas de diálogo, con compromisos específicos de varios ministerios y entidades, lo más probable es que pasen los años y no se plasmen tales acuerdos en la realidad, otra vez el discurso de los funcionarios públicos se dirigirá a que de eso se encargue la inversión, que ellos tienen otras prioridades.

Resulta interesante anotar que, hace varios años y en sólo una oportunidad, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en lugar de ofrecer información sobre mapas de la pobreza de Perú, elaboró el mapa de las potencialidades (sin dejar de lado el serio análisis de las carencias que se deben solucionar). Esto fue distinto y bueno. Enseñaba a las regiones, provincias y distritos la forma cómo debían verse así mismos e intentar buscar vías de desarrollo aprovechando las ventajas competitivas que tenían. Interesante resultaba señalar que no existía lugar alguno en el cual no hubiera condiciones idóneas para asegurar oportunidades de desarrollo.  No sólo eran cifras, sino motivaciones trascendentes, posibilidades de no tener que estirar la mano sino construir su camino, de ser reconocidos por su ingenio, creatividad, esfuerzo.   No mostrarse como el más pobre y carente, sino como quien, sí necesita una mano, pero para con ello proponer y hacer, que ese apoyo que reciban se transforme y crezca, para que mejoren realmente las condiciones de vida sin depender de las decisiones de otros.

A muchos políticos y dirigentes que viven de que exista y se mantenga la pobreza no les gustó que se dijera, por ejemplo, que de lo conocido en dicho momento, sólo se había explotado el 2% a 3% del potencial minero, que se habría desarrollado apenas el 20% en la industria pesquera, y muy poco del turismo, o de la diversidad genética agrícola (germoplasma), maderera, textil, mientras que, al contrario, teníamos  un sistema agrícola poco competitivo, pesca de supervivencia, minería artesanal, comercio informal, industria débil, etc. A los que se aprovechan de la pobreza para sus propios fines de proselitismo político, no les resulta cómodo que la población sepa que existen enormes oportunidades de cambiar los conceptos, calidades y cantidades de producir muchos productos y dar servicios altamente demandados en el Perú y en el mundo, en especial, reafirmando su identidad y generando oportunidades serias y de largo plazo.

Demostrar que hay oportunidades para todos deja sin discursos fatalistas y extremistas a buena parte de políticos. Para ellos, resulta mejor seguir promoviendo mapas de la pobreza y buscar culpables de las desgracias y no promover cómo crecer y mejorar la calidad de vida de modo sustentable en el tiempo.

Gastón Acurio no anda diciendo a los restaurantes, puestos de mercado, carretilleros que hagan huelgas, reclamen y amanecen, sino que sigan afinando sus sabores, mejorando su sistema de higiene, diversificando su oferta, promoviendo lo que hacen mejor.  Ello genera oportunidades y crecimiento, orgullo por lo que se hace, un panorama sostenible a mediano y largo plazo.

Insisto, el padre Garatea y personas de buenas intenciones como él, sí hacen una labor noble y alturada, pero los caminos y políticas elegidas una y otra vez, no ayudan. Las brújulas de los mapas de la pobreza por sí solos no apuntan al norte de las soluciones, sino que van por caminos sinuosos y temporales; si fueran integrados, tales Mapas de Pobreza como parte de los Mapas de Oportunidades y de Desarrollo es muy probable que ambos harían sinergia que no suma sino multiplica.

Cuando se retrasó un Camisea por veinte años probablemente ha costado tantas vidas y futuros frustrados como las de una enorme plaga o el terrorismo. Esos efectos producen en las personas la extrema pobreza: alta mortalidad infantil, padecimiento de enfermedades por toda una vida, disminución de las capacidades que no les permita igualdad de condiciones para su desarrollo, entre muchos otros efectos.

El pálido boom de las inversiones entre el 2001 al 2011 (no obstante, la mayor ola de inversiones recibida por Perú, pudiendo haber sido considerablemente mayor) conllevó increíbles efectos positivos: la pobreza en general se redujo del 54.8% al 27.8%, y la pobreza extrema de 24.4% al 6.3%, se redujo el índice Gini (la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan).

Si se cuantifica cuántos niños y ancianos han dejado de morir con tal reducción de la pobreza, cuántas enfermedades permanentes, crónicas y agudas se han dejado de generar, cuántas capacidades se han potenciado, adicional al impacto ambiental positivo de usar gas en lugar de otros combustibles fósiles… entenderíamos por qué tener un “Mapa de Oportunidades”, como norte de las políticas y esfuerzos, reditúa efectos tangibles y no sólo placebos como suele ocurrir con los efectos de los “Mapas de la Pobreza”, sin dejar de reconocer que un “Mapa de Oportunidades” no deja de lado a los programas sociales, sino que los optimiza, garantiza su financiamiento, los vuelve eficientes, coadyuvan al despegue, se integran en el esfuerzo individual, grupal y estatal en todos sus niveles.

Quizás George Bernard Shaw describió lo expuesto en una sola frase: “No tenemos más derecho a consumir felicidad sin generarla, que a consumir riqueza sin producirla”. Lampadia

Es difícil que una nación grande y dominante, no desarrolle una vocación imperial. Algo que lamentablemente, parece darse con Brasil, nuestro gran vecino oriental. Pasó con la dictadura militar brasileña derechista del siglo pasado, y más recientemente, con más fuerza, con la izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Dilma, que recurrió a la más ominosa corrupción, para socavar la vida económica y política de sus vecinos, y favorecer a sus socios locales.

Ahora, parece empoderado para jugar un rol importante en la política brasileña, un extremista de derecha, que añora la dictadura militar brasileña, Jair Bolsonaro, que se perfila para pasar a la eventual segunda vuelta electoral, en la próximas elecciones generales.

Brasil, con sus 200 millones de habitantes, a diferencia del Perú, tiene una cierta capacidad de jugar a políticas internas para manejar, o más bien, pretender manejar, su desarrollo. Así lo hizo Lula, que desestabilizó la Iniciativa de las Américas, de mediados de los años 90, optando por una economía cerrada; igual que con la creación del Foro de Sao Paulo, junto con Fidel Castro, optando por un socialismo decimonónico.

Líneas abajo, compartimos un último artículo de The Economist sobre las elecciones brasileñas, que al igual del resto de sus reportes sobre Latinoamérica, está teñido de una visión socialista que The Economist no luce cuando reporta sobre Europa, EEUU o China; pero que de todas maneras, ante la ausencia de interés de los medios locales, sobre la política brasileña, nos permite, con pensamiento crítico, ponernos al día.

No podemos ignorar la política brasileña y sus impactos en la región. Tampoco podemos dejar que pasen los impactos de sus afrentas, como si nada. Hasta ahora, el gobierno peruano, no ha exigido disculpas al Brasil, por los daños que nos perpetraron Lula y sus socios empresariales corruptos.

Que sepa el siguiente gobernante de Brasil, que tienen una gran deuda con el Perú. Lampadia    

Brasília, temenos un problema
El peligro que trae Jair Bolsonaro

Segundo en las encuestas, el candidato presidencial populista es una amenaza a la democracia

The Economist
11 de agosto, 2018
Traducido y Glosado por Lampadia

A dos meses de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, nadie tiene idea de lo que sucederá. El que lidera las encuestas es Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente de izquierda, que está en la cárcel; quién seguramente será impedido de postular oficialmente, por la corte judicial. El resto de la competencia presidencial está fragmentado: ningún candidato marca más del 20%. Si ninguno obtiene la mayoría, la votación pasará a una segunda ronda el 28 de octubre. Por el momento, cualquiera de cuatro o cinco podría ganarlo.

La posible descalificación de Lula es solo una de las muchas razones por las cuales esta elección es especialmente preocupante. Sus partidarios están convencidos de que ha sido injustamente acusado, que los cargos de corrupción en su contra están falsificados y que su sentencia de 12 años es excesiva. Su eliminación de la carrera socavará su confianza en ella. Pero bajo una ley que el mismo Lula firmó cuando era presidente, los convictos no pueden postularse para un cargo. Y. los tribunales deberían cumplirlo así.

Su salida aumentaría un segundo peligro: que Jair Bolsonaro (en la foto), un tira-fuego del ala derecha, que está segundo en las encuestas, se convertiría en el favorito. Un ex capitán del ejército que se ha metido en las primeras filas de los candidatos a través de una combinación de provocaciones escandalosas y el manejo de las redes sociales. Incluso si no gana, el hecho de que haya llegado tan lejos muestra que el centro de la política se está desmoronando. Rechazar a Bolsonaro por completo sería la mejor manera de apuntalarlo.

Hasta hace poco, era un oscuro congresista cuyo mayor talento era ofender.

• En 2011, dijo que preferiría un hijo muerto a uno gay.
• En 2014, dijo de una congresista que no la violaría porque era “muy fea”.
• El año pasado, un tribunal lo multó por insultar a las personas que viven en quilombos, los asentamientos humanos fundados por esclavos fugitivos.

Bolsonaro habría seguido siendo una figura marginal, salvo por los traumas que Brasil ha sufrido en los últimos cuatro años.

• La economía sufrió su peor recesión en 2014-16 y solo se está recuperando levemente.
• En 2016, un récord de 62,517 brasileños fue asesinado.
• Los casos de corrupción Lava Jato (“lavado de autos”) han dado lugar a investigaciones y acusaciones contra figuras destacadas de todos los grandes partidos políticos y han desacreditado a toda la clase política.

Bolsonaro propone soluciones brutales a los problemas de su país. Él piensa que “un policía que no mata no es un policía” y quiere reducir la edad de responsabilidad penal a 14. Este puño de hierro pertenece a una cosmovisión autoritaria. En 2016, dedicó su voto a enjuiciar a la entonces presidente, Dilma Rousseff, y a apoyar a Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante de una unidad de policía responsable de 500 casos de tortura y 40 asesinatos durante la dictadura de Brasil. El cargo contra Dilma Rousseff, que pertenece al Partido de los Trabajadores de Lula, no tuvo nada que ver directamente con Lava Jato. Pero al rendir homenaje a Ustra, Bolsonaro afirmaba que los valores de la dictadura, que gobernó en 1964-85, son el antídoto contra la corrupción actual.

Bolsonaro ha reforzado ese mensaje al nombrar a Hamilton Mourão, un general retirado, como su compañero de fórmula. El año pasado, mientras aún vestía uniforme, Mourão sugirió que, si otras instituciones no lograban resolver los problemas de Brasil, el ejército sí podría. La izquierda es la principal culpable de los males del país, desde el punto de vista de Bolsonaro, teñido de una visión de la guerra fría.

Para los brasileños hartos de los políticos, Bolsonaro suena como un anti-político. Algunos hombres de negocios están coqueteando con él. Les gusta la retórica de su pistola contra el crimen y están intrigados por su reciente conversión al liberalismo económico (favorece la privatización de algunas empresas estatales).

Genuflexión ante los generales

Sin embargo, Bolsonaro sería un presidente desastroso. Su retórica muestra que no tiene suficiente respeto por una buena parte de los brasileños, incluidos los homosexuales y los negros. Hay pocas pruebas de que comprenda suficientemente los problemas económicos de Brasil, como para resolverlos. Sus genuflexiones hacia la dictadura lo convierten en una amenaza para la democracia en un país donde la fe en ella ha sido sacudida por la exposición de la miseria en la recesión económica.

Más del 60% de los brasileños dicen que nunca votarán por él, más del triple que los que dicen que tiene su respaldo. Carece de apoyo de cualquier partido político fuerte. Si llega a la segunda ronda, es probable que los votantes elijan a regañadientes la alternativa, tal vez Geraldo Alckmin, un candidato centrista. Bolsonaro no merece llegar tan lejos.

No hay sitio para la complacencia. Otros países con la mezcla de Brasil de crimen, de fracaso de la élite, y la agonía económica, han elegido a líderes radicales a quienes los expertos rechazaron como no esperanzadores. Podría pasar de nuevo. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 3 de agosto de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El Estado Peruano está infiltrado por gente corrupta. Los Colegios Profesionales también. Sobre todo, los Colegios de Abogados. Los tres poderes del Estado – Poder Ejecutivo, Congreso de la República y Poder Judicial – están infiltrados por esos tipos sin moral y lo mismo sucede en las Fuerzas Armadas y Policiales. La corrupción está infiltrada en TODAS las instituciones del Estado.

Sin embargo, no todos los servidores públicos son corruptos. Al contrario… hay muchos servidores públicos honestos, serviciales y eficientes, que merecen nuestro máximo reconocimiento y gratitud.

El tema es que ellos no son el problema. El problema son los corruptos. Principalmente, los coimeros. Aunque la corrupción tiene también otras manifestaciones. El tráfico de influencias. Las extorsiones, fraudes, y malversaciones. Y ¿qué decir del compadrazgo, nepotismo, e impunidad? Todo eso es corrupción.

Pero lo peor es lo que la corrupción trae consigo. Me refiero al narcotráfico, lavado de activos, prostitución ilegal, trata de personas, crimen organizado… y todo lo demás. ¡Y que terrible que jueces, congresistas, y autoridades gubernamentales estén metidas en la telaraña!

Hasta aquí… un diagnóstico del problema. Y un atisbo de sus nefastas consecuencias. Pero las causas… ¿de dónde salieron esos personajes sin escrúpulos? ¿En qué momento se troncharon? ¿Son peruanos? ¿De dónde les viene tanto cinismo y desparpajo?

Las cosas claras y el chocolate espeso. Los audios – ¡que vivan los audios! – están deshilvanando la madeja. Y el hilo nos está llevando a las “universidades” – entre comillas – que han aparecido por aquí y por allá, en los últimos años. Aquellas que no tienen nada de universidades y – sí – mucho de máquinas tragamonedas. “Universidades” cuyos mentores se graduaron gracias al dominio del COPY – PASTE. “Universidades” que – en el fondo – son tesorerías soterradas de políticos recontra cuestionados.

Veamos el siguiente puñado de “universidades” – siempre entre comillas – y sus respectivos mentores: La Vallejo – César Acuña. La Alas – Joaquín Ramírez. La San Juan Bautista – José Luis Elías. La Garcilaso – Luis Cervantes Liñán. La Telesup – Pepe Luna Gálvez. He ahí el origen de la telaraña de la corrupción política en nuestro país. He ahí la trilogía del mal: “universidad” – plata como cancha – política corrupta.

De allí – de esas “universidades” y de sus mentores – han salido los 4 congresistas de Ica… y muchos más. Las revelaciones acerca de las injerencias de Cervantes Liñán en el Poder Judicial y el Congreso de la República son groseras. Y qué decir de la relación entre Luna Gálvez y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¡Por favor!

La del estribo. Guido Águila – ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura – era nada menos que el fundador de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos (EGACAL), donde se impartían “tips” para los exámenes de jueces y fiscales.

Un consejo a los jóvenes del Perú. Y en especial a los alumnos de las “universidades” antes aludidas. No sigan el mal ejemplo de los corruptos. Sigan el ejemplo del gran Vallejo… no el de Acuña. Lean a Garcilaso de la Vega… pero aléjense de Cervantes Liñán. Y – por favor – no confundan a San Juan Bautista… con José Luis Elías. Manco Cápac, Pachacútec, Túpac Amaru, Grau, Bolognesi, Quiñones, Basadre, Belaúnde, Haya de la Torre… a ellos hay que emular. Lampadia

Entre las preocupaciones más importantes de la humanidad, destacan cuatro principales: corrupción, desempleo, pobreza/desigualdad social y crimen/violencia.

Entre los resultados más importantes a nivel global, China es la nación que inspira más confianza sobre la dirección que está tomando: el 92% dice que las cosas van en la dirección correcta. Arabia Saudita, con un 76%, sigue en segundo lugar, seguida de Corea del Sur (74%) e India (60%).

El estudio What Worries the World encuentra que la mayoría de las personas en las 28 naciones participantes sienten que su país va por el camino equivocado (58% en promedio), con Italia (86%), México (85%), Brasil (83%) y España (80%) citando los mayores niveles de preocupación.

Entre los países de América Latina, los puntajes dan: Chile (54/46) [(mal/bien)], Argentina (64/36), Perú (70/30), Brasil (83/17) y México (85/15).

“Lo que preocupa al mundo” es una encuesta mensual que encuesta a adultos menores de 65 años en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Polonia, Perú, Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y los Estados Unidos.

A nivel global

Por otro lado, las cinco preocupaciones principales en todo el mundo son:

• Corrupción financiera / política (35%)
• Desempleo (34%)
• Pobreza / desigualdad social (33%)
• Crimen y violencia (32%)
• Cuidado de la salud (24%).

El Perú, como no es sorprendente, los temas que más afectan a nuestro país son:

• La criminalidad y violencia (67%) – primero a nivel global delante de México
• Corrupción política y financiera (62%) – empatado a nivel global con Malasia

Para revertir esto se necesita acabar con la impunidad, poniendo más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, coordinación con las municipalidades, la comunidad, y acciones preventivas.

La segunda gran preocupación del Perú es la corrupción política y financiera, lamentablemente, el Perú está en el primer lugar junto con Malasia.

Este tema es uno de los más enquistados en el Estado, al que hay que agregar los daños a la sociedad, causados por malas decisiones en leyes absurdas, además del desperdicio de nuestros escasos recursos en obras innecesarias, faraónicas e inconclusas, que malogran la capacidad del Estado de ofrecer buenos servicios y de mantener la confianza de los ciudadanos.

El tercer gran tema es la educación. Nuestros resultados PISA son históricamente bajos y hemos venido teniendo grandes problemas en el liderazgo del Minedu para repotenciar este sector. Quizás es por eso que en el ranking nos encontramos en el primer lugar con un 38% de preocupación, junto con Chile.

Esta medición no quiere decir que Chile y Perú están preocupados porque tienen la peor educación del mundo, sino porque han tomado conciencia de que es un tema crucial para su futuro y esperan acciones de gobierno acorde con esa prioridad de la sociedad.

En Lampadia hemos insistido en la necesidad de emprender una verdadera revolución educativa si queremos nivelarnos con los estándares educativos de los países más avanzados y enfrentar los retos que traerá la cuarta revolución industrial a nuestros pobres. Ver: Reflexiones sobre la educación para el futuro, la presentación de nuestro director en el último CADE, en noviembre pasado. Lamentablemente, IPAE no ha recogido el tema.

El cuarto tema es la pobreza y desigualdad. En el Perú, la inversión privada, liderada por la minería, ha permitido un crecimiento sostenido del PBI, durante más de quince años, permitiéndonos reducir la pobreza y la desigualdad. Lamentablemente, en el 2011, como hemos destacado anteriormente, el 2011 se dio el punto de inflexión, coincidiendo con el inicio del ‘gobierno de la inclusión’, tanto en aspectos sociales como económicos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Para poder retomar recuperar el crecimiento económico, el principal camino para la reducción de la pobreza, la generación de empleo y mejoras sociales, es necesario poner en valor nuestros proyectos y situarnos como uno de los principales exportadores mineros del mundo. Nos guste o no, la inversión minera es el mejor y más rápido camino para que podamos cerrar nuestras brechas económicas y sociales.

En el caso del desempleo y trabajo, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 8.1% en el primer trimestre del año y representa la más alta desde el mismo trimestre en el 2012 cuando se alzó en 8.7%, según el INEI. Con ello, actualmente existen 420,900 personas que buscan un empleo activamente en la capital. En los últimos meses hemos tenido una mejora, pero la política y la corrupción judicial, amenazan con desbaratar toda recuperación.

Con respecto a la salud, la reforma del sistema de salud es una tarea pendiente que ya no puede ser ignorada. La calidad de los servicios de salud no cumple con estándares mínimos de servicio para citas, operaciones quirúrgicas y procesos médicos. El sector está en crisis; tienen que trabajar en condiciones precarias, con gran parte de los equipos malogrados y con escasez de medicinas esenciales.

Otros cuadros de interés son:

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente Martín Vizcarra ha sorprendido positivamente yendo más allá de lo que se esperaba. Es claro que ha decidido asumir un liderazgo fuerte para sacar adelante la reforma del sistema judicial e incluso la reforma política, y hacerlo de la mano de la ciudadanía. Por eso ha propuesto llevar a referéndum varios temas vinculados a esas reformas. Ello está muy bien para el caso de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura –por concurso público de méritos-, pero en los temas de reforma política planteados, si no es posible llevar a cabo un debate público realmente esclarecedor que involucre a la mayor parte de la ciudadanía y una masiva campaña de medios –ahora prohibida por la ley Mulder- que explique las reformas propuestas, la convocatoria a referéndum terminará siendo un alarde de populismo político con consecuencias que pueden ser negativas para la consolidación de la institucionalidad política en el país.  

Consejo Nacional de la Magistratura, Control y lo que falta

Es muy bueno el planteamiento de consultar por referéndum la reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo. Y muy bueno también que “se autorice la revisión de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura cuyos integrantes fueron removidos por el Congreso”, como demandó Fausto Salinas en Lampadia.

Este cambio es clave, pero debe ir de la mano con la reforma de la Corte Suprema, que no ha sido detallada, y con la reforma del control interno, porque no basta nombrar fiscales y jueces supuestamente idóneos, sino que es necesario depurar la magistratura tantos años infectada, detectar las redes internas de corrupción vinculadas a organizaciones criminales de usurpadores, nacotraficantes, extorsionadores y otras, y prevenir que esas cosas no ocurran a futuro. Se necesita para eso una oficina de control con capacidad de investigación de inteligencia en las Cortes Superiores, muchas de ellas cooptadas, como decimos, por redes ilícitas externas de diverso tipo.

Al respecto, el Presidente anunció un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en reemplazo de la OCMA y de la Fiscalía de Control Interno. Se trataría de “un verdadero sistema especializado interno de anticorrupción donde sus titulares sean elegidos por concurso público”. Agregó que “el Poder Ejecutivo se comprometerá a asignar una policía especializada para el apoyo de su labor; promoviendo un control preventivo identificando las áreas posibles de riesgo”. El propio Poder Judicial, en el Plan de reformas que acaba de publicar, propone crear una “Oficina de Investigaciones especiales” integrada por investigadores especializados para indagar sobre redes de corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y fortalecer el sistema de protección del denunciante.

Muy bien. Parece que vamos por buen camino en el tema de la reforma del sistema judicial. Faltó, sin embargo, anunciar un proyecto de ley para modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. También faltó incluir propuestas para la reforma y depuración de la Policía Nacional, algo que requiere acuerdo político y una ley  a fin de que los policías cesados no sean repuestos por el Poder Judicial precisamente.  

La no reelección de congresistas sería un grave error: populismo político

El problema está en la reforma política. El Presidente anunció que sometería referéndum la reelección de los Congresistas. Su explicación fue: “Actualmente la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del Presidente de la República. Siendo todas estas autoridades elegidas por el pueblo, deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuados”.

Se desprende que para el Presidente la reelección de los congresistas sería mala, y lo que se buscaría es que la población la desapruebe. Sería un grave error. Para comenzar, fue una mala decisión prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, y existía ya un consenso para dar marcha atrás en esa enmienda constitucional.  Es el pueblo quien tiene que decidir si reelige o no a una autoridad. No se le puede quitar el derecho a reelegir a quien lo hizo bien. En el caso de los congresistas, este principio democrático se aplicaría nítidamente si tuviéramos un sistema de distritos electorales más pequeños, uni o binominales, en los que pudiese haber una relación directa entre el ciudadano y su representante de modo que si el ciudadano estuviese disconforme con la gestión de su congresista, pues no lo reelige, y punto. Pero si hubiese desempeñado bien su función de representación o como legislador, pues pudiera reelegirlo. Eso es lo democrático.

Distritos pequeños

En ese sentido, en lugar de llevar a referéndum la pregunta por la reelección de los congresistas que, por lo demás, no estaba en cuestión ni había sido planteada por nadie, lo que debería consultarse a la población es si está de acuerdo con el voto preferencial o si, más bien, no preferiría tener su propio representante elegido en un distrito electoral más pequeño. Esa reforma sí sería fundamental, porque llevaría no solo a elegir mejor a los representantes –porque se escoge entre un número menor de candidatos de distintos partidos- y a mejorar los canales de representación de modo que el ciudadano sienta que tiene voz y voto, sino porque un sistema de distritos electorales pequeños lleva a la larga a reducir el número de partidos porque fomenta la agregación de éstos.

Clase política y partidos

Pero hay otra razón de fondo por la que sería de grave perjuicio para la institucionalidad política del país que se aprobara la no reelección de los congresistas: que perderíamos toda esperanza de consolidar una clase política que conozca los problemas del Estado y el sistema constitucional y legal. Ya es un problema la baja tasa de reelección de nuestros congresos (27% en la última elección). En cada congreso nuevo muchos tienen que comenzar de cero y el país avanza poco. Lo que deberíamos analizar y remediar, más bien, son las razones por las que dicha tasa de reelección es tan baja. Y lo es por la fragmentación y volatilidad partidaria. Tenemos que consolidar un sistema de partidos, y para eso lo funcional es ir a un sistema de distritos electorales pequeños, como decíamos arriba, y disponer que la elección del congreso se haga junto con o después de la segunda vuelta presidencial.

Ese hubiese sido un tema de consulta mucho más relevante: que la población se pronuncie si los congresistas debieran ser elegidos luego de la segunda vuelta.

Financiamiento privado

El segundo tema de reforma política que el Presidente anunció llevaría a referéndum, es el del financiamiento Privado de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales. Es probable, si no se explica bien, que la población se prenuncie en contra de esa posibilidad. Pero si no se establece simultáneamente que será el Estado quien financie cuando menos la publicidad en televisión de las campañas electorales, pues el único resultado de esto es que serán las organizaciones mafiosas –narcotráfico, minería ilegal, usurpadores de tierras, extorsionadores, etc.- las que financiarán a los postulantes o pondrán sus propios candidatos. Eso es algo que se manifestará clamorosamente en estas elecciones municipales y regionales que se vienen.

Bicameralidad

Y el tercer tema de la reforma política que se someterá a referéndum, es el del restablecimiento de la bicameralidad, “sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores”. Este es quizá el tema más apropiado para llevar a consulta popular. Si bien será difícil ganar, una buena campaña podría lograrlo y serviría para educar en el principio de la democracia como limitación del poder y en la necesidad de meditar bien las leyes antes de promulgarlas.

Fuera de estos temas relacionados a reformas constitucionales, el Presidente anunció cinco proyectos de ley interesantes. Ya hemos reseñado uno de ellos, pero uno muy importante es el que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Este consejo será presidido por el propio Presidente de la República e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Está bien, porque, en la medida en que este Consejo está liderado por el un Presidente de la República que está realmente comprometido con la reforma, este mecanismo permitirá mantener el impulso y realizar el seguimiento necesario para asegurar que los cambios se ejecuten y que podamos, al cabo de uno años, contar con un sistema judicial moderno, eficiente y probo.

Conclusión

A nuestro juicio, el Presidente debería anunciar que para pensar mejor qué temas relativos a la reforma política se someterían a referéndum, se conformará una comisión que le formule una propuesta. La nuestra la acabamos de formular. Los temas que podrían someterse a referéndum, en cuanto a reforma política, son:

1. Bicameralidad
2. Eliminación del voto preferencial y su sustitución por distritos electorales pequeños
3. Elección del Congreso luego de la segunda vuelta presidencial

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 20 de julio de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

“La corrupción es un virus social que lo infecta todo”. Eso dijo el Papa Francisco en enero pasado… cuando visitó Lima. Lo dijo en el patio central de Palacio de Gobierno. Entre los asistentes – aparte del Presidente Kuczynski – había Ministros, Gobernadores Regionales (yo entre ellos), Congresistas, Diplomáticos, Líderes Políticos. También estuvieron Obispos, Militares, Empresarios y – seguramente – Magistrados. Solo que como no conocía a estos últimos, no me percaté de su presencia. Hasta entonces, no se conocían los audios del Juez Hinostroza y su pandilla.

Cáncer, virus, podredumbre, pus, metástasis, porquería, miasma… todo eso – y mucho más – se ha dicho de la corrupción en nuestro país. Sin embargo, el Papa dijo algo que va más allá de dichas expresiones metafóricas. “La corrupción es evitable, y exige el compromiso de todos.” Eso dijo el Papa.

¿Qué quiso decir con ello? Para mí, el Papa quiso decir que TODOS estamos obligados a desenmascarar a los corruptos… con nombres y apellidos. Por ello felicitaciones, gratitud, y loor a los valientes policías, fiscales, jueces y periodistas que han desenmascarado a las mafias en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Poder Judicial, y en el Congreso de la República. Y ¿qué decir de la corrupción en los Partidos Políticos, en ciertas Universidades, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en los Colegios Profesionales, en el periodismo chantajista? ¡Y Becerril! ¡Y los empresarios corruptos! Claro que desenmascarar a la corrupción, exige el compromiso de todos.

Por eso pregunto – y cuestiono –

• ¿por qué tantos ministros, gobernadores, y alcaldes se quedan callados cuando congresistas corruptos los buscan para pedir favores indebidos?
• ¿Acaso sólo los congresistas de Ica eran los torcidos?
• ¿Por qué tanta impunidad en las instituciones públicas de TODO el país?
• ¿Acaso sólo en Ica había médicos que abandonaban los hospitales y maltrataban a los pacientes?
• ¿Acaso sólo en Ica se vendían Brevetes por lo bajo?
• ¿Acaso sólo en Ica se emitían Certificados de Estudios y de Trabajo… falsos?

La corrupción es lo más parecido a una traición a la Patria. Por eso hay que ser radical – y revolucionario – frente a ella. En esto de la corrupción… el que calla otorga.

Ahora bien, al César lo que es del César. Así como tenemos corrupción… y de la brava. Tenemos integridad… y – también – de la brava. En efecto, tenemos muy buenos y abnegados policías, fiscales probos y eficientes, y jueces rectos e incorruptibles. Y lo mismo se puede decir de ciertos congresistas, periodistas, docentes universitarios, profesionales colegiados, empresarios, etc. quienes día a día nos dan ejemplos de integridad, civismo, y patriotismo. Muchos peruanos podemos dar fe de ello. Hay que separar la paja del trigo.

Sin embargo… seamos realistas. El sistema de justicia – por sí solo – no va a corregir la corrupción. ¿Y el Congreso?… menos. Es hora de apoyar y respaldar decididamente al Presidente Vizcarra y a todos los que están confrontando – y desenmascarando – a las mafias. TODOS – la ciudadanía en pleno – debemos exigir las máximas sanciones a esos personajes de baja estofa. ¡Cínicos, manipuladores, egoístas, coimeros! A los corruptos – vengan de donde vengan – hay que mandarlos a la porra… sin titubeos. Y si son congresistas chuecos… ¡con mayor razón!

La corrupción no es un problema más… la corrupción es EL PROBLEMA. Todo lo demás, viene por añadidura. La inseguridad ciudadana, el caos urbano y vehicular, la falta de agua potable y la basura, el financiamiento de las campañas electorales, la burocracia inoperante, el aumento desmedido del gasto público, el narcotráfico, las colas interminables en los hospitales del Estado, la crisis en el Magisterio, la crisis en los clubes de fútbol profesional… todo se origina a partir de la corrupción.

Indignación total, muchas críticas, pocas propuestas, mínimos compromisos… esa es la sensación que me deja la tormenta moralista que estamos viviendo. Solo al Papa le he escuchado decir algo esperanzador… y comprometedor. En buena cuenta, lo que el Papa nos dijo es que TODOS tenemos vela en este entierro. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos… TODOS. No solo el Presidente Vizcarra o fulano de tal. En materia de lucha contra la corrupción… YO MISMO SOY. TÚ MISMO ERES. NOSOTROS MISMOS SOMOS. Así hay que pensar… y actuar.

Repito y termino. La corrupción no es un problema más… la corrupción es MI PROBLEMA, TU PROBLEMA, NUESTRO PROBLEMA. La corrupción es EL PROBLEMA. Lampadia

El Perú: Una población trabajadora y aspirante, con un país pletórico de recursos, y una política vergonzosa. No sabe sintonizar la Naturaleza de su Población y la Riqueza de su País, con una Política que ha devenido en lastrante. Algunas ideas para motivarnos a la acción:

La economía

Desde abril pasado hemos visto un mejor ritmo de crecimiento de la economía que, además, llama la atención por manifestarse en muchas áreas, llevándonos a un crecimiento del orden de 4% del PBI. Mejor que en los últimos tiempos, pero largamente insuficiente en términos de nuestras necesidades y capacidades.

Algunas cifras: entre enero y mayo de este año, el país creció 4.8%. En abril, el crecimiento tuvo un fuerte repunte con una tasa de 7.8%, en mayo crecimos un 6.4% y, según el INEI, en junio apunta a 3.64%.

Ver en Lampadia: Un pulso de crecimiento de nuestra briosa economía 

Selección de indicadores positivos publicados por el BCRP en su Resumen Informativo Semanal Nº 27, del 19 de julio pasado:

Otro resultado muy importante es el de la reducción del déficit fiscal, que ha sorprendido a tirios y troyanos:

Por su lado, según la Sunat, a junio 2018:

• Los ‘Ingresos Tributarios Netos del Gobierno Central’ (descontando devoluciones), tuvieron un crecimiento real de 26.4%
• La recaudación de ‘Tributos Internos’ creció en 17.2%
• Los ‘Tributos Aduaneros’ crecieron en 22.8%
• La recaudación del ‘Impuesto a la Renta’ aumentó en 18.5%

Según el MEF:

• La ‘Inversión Pública’ creció en 21.7% en junio
• La ‘Inversión Privada’, entre abril y junio, habría crecido más de 6%.

Es muy claro pues, que la economía está burbujeante, impulsada por nuestro potencial de crecimiento, que solo espera recuperar lo que podríamos llamar ‘el ritmo de confort de crecimiento’, aquel que nos permite reducir la pobreza en por lo menos dos puntos porcentuales por año y tener recursos para mejorar la educación, la salud y las infraestructuras.

¿Qué impide que recuperemos un ritmo de crecimiento de 6 o 7%?

Pues la enfermedad de nuestra política, la corrupción y la forma en que reaccionamos a ambas plagas.

La Política

Lamentablemente, la política, que no es una mala palabra, y que por lo tanto deberíamos referirnos a ella como la ‘politiquería’, no da pie con bola. Este es el espacio de nuestra clase dirigente, donde deben expresarse, los líderes políticos, académicos, empresariales, gremiales y mediáticos; pero que adolece de los dos posibles males de liderazgo, el de acción y el de omisión.

Como habrán comprendido, en el lado de la acción, muchas veces equivocada, están principalmente la mayoría de los líderes políticos y mediáticos, y por el lado de la omisión, buena parte de los dirigentes del resto de la sociedad civil.

Pareciera que, en el Perú, la política no es para administrar el bien común, sino para participar en una suerte de torneos medievales, de justas por el goce de la mismas, sin importar las consecuencias de las mismas. Como hemos explicado en Lampadia hace pocos días, en un año llamado de reconciliación, con una inauguración del mandato presidencial de Martín Vizcarra que comandó poner fin a la confrontación política, y con una población que durante el campeonato de fútbol, dio ejemplo de unión y armonía, en Rusia y en el Perú, las suicidas luchas políticas se agravan. Ver: Enderecemos el 2018.

La Corrupción

Cuando se hizo visible la corrupción del llamado Lava Jato, no supimos enfrentarla, y entre otras cosas fuimos el único país que paralizó su sector de construcción.

Ahora, al hacerse evidente la crónica corrupción del Sistema Judicial, no podemos desperdiciar la oportunidad de hacer una reforma integral que mejore cualitativamente la calidad de la justicia en el Perú.

En Lampadia propiciaremos, en los próximos dos meses un proceso de análisis y reflexión sobre los lineamientos de dicha reforma, e invitamos a que se compartan con nuestros seguidores, más de 600,000, las propuestas que las mejores mentes del país pongan al frente para ir a una reforma a fondo. 

Prioridades

Mientras arreglamos el tema institucional, no perdamos de vista, como pretenden algunos despistados, dizque, politólogos, que no podemos descuidar ni un solo día el tema económico. Ver en Lampadia: No apuntemos a un crecimiento mediocre, donde invocábamos a desarrollar:

• Un plan de acción concertado entre el Ejecutivo y el Congreso
• Un programa de comunicación gobierno-ciudadanía sobre la situación, posibilidades de mejora y la necesidad de mantener la paz social y apoyo a los proyectos de inversión
• Un pacto tripartito: Ejecutivo-Congreso-Sistema Judicial (Fiscalía y Poder Judicial) para enfrentar con firmeza los conflictos político-sociales, que permita, por ejemplo, desarraigar de sus localidades a los violentistas que capture la policía y poder procesarlos en Lima.

Ahora, en el tema judicial, hay que enfrentarlo, igualmente, en armonía, pensando en el largo plazo, haciendo un propósito de responsabilidad funcional, y guardando, por algunos meses, los apetitos por las justas de poder juveniles. Lampadia

Uno de los mayores empeños de Lampadia es movilizar a la clase dirigente peruana hacia la acción cívica, para así ayudar a marcar el camino de la prosperidad de todos los peruanos. Hoy tenemos el privilegio de presentar las ideas, sobre la crisis de corrupción en el sistema judicial, de un cusqueño comprometido con su Cusco y con el Perú.   

Entrevista de Lampadia a Fausto Salinas Lovón

Fausto Salinas Lovón, es cusqueño, abogado graduado en la PUCP, 26 años de ejercicio de la profesión, socio fundador del Estudio Salinas y Tamayo Abogados y ex presidente de la Cámara de Comercio del Cusco.

El Congreso de la República va a sesionar, a pedido del presidente Vizcarra, para remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ¿Es esta la mejor salida?

Es atribución del Congreso nombrar y remover a los miembros del CNM. Uno ha renunciado y los demás, acaban de poner sus cargos a disposición, por lo tanto, la remoción será un mero trámite, pero el asunto no queda allí. Hay dos temas que preocupan y que pueden quedar sin revisar con una salida de este tipo.

• El primero es que hay responsabilidades personales de cada miembro que se deben investigar y conocer, no solamente por el bien de cada consejero que no esté involucrado en actos de corrupción, sino también por el bien del Sistema Judicial, para conocer quien es quien, a que intereses responde y hasta donde llegan las ramificaciones de todo esto.
• El segundo es que este CNM ha nombrado, ascendido y sobre todo ha ratificado jueces y fiscales en las condiciones que hemos visto. ¿Eso va a quedar así?  Sería una tremenda afrenta.

¿Coincides entonces en que hay muchos actores involucrados y que no se está conociendo toda la magnitud del problema?

Sin duda. Solo hemos conocido lo que han visto por conveniente mostrar hasta ahora. Deberían mostrar todo, para que sepamos la magnitud del problema. Sobre todo, para saber quienes más están involucrados. Esta grave herida de la institucionalidad debe ser abordada como se cura una herida infectada: no se puede cerrar la herida sin retirar toda la pus. Incluso el tejido sano que esta en el contorno de una herida se retira para lograr una adecuada regeneración. Eso es lo que se debe hacer.

Mencionas que no se conoce todo. ¿Crees que hay cálculo político en la entrega de la información?

Podría haber. Sería sano que el IDL muestre todos los audios que tengan interés público, sin ningún calendario u orden, ya que las entregas por capítulos se prestan a esta interpretación.

Removido el CNM, ¿que más sugieres hacer?

Revisar todo lo actuado por el actual CNM en todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación. Tiene que escudriñarse una a una cada elección, revisarse la metodología y lo que ha sucedido. Sólo así se podrá confiar en los jueces designados, ascendidos o ratificados por este CNM. Los jueces y fiscales que nada temen, no tendrían por qué preocuparse, ya que pueden salir airosos frente a cualquier CNM que se designe.

Si no se aborda esto, estaremos dejando a los ahijados de Waldo Ríos, Nogueira, Gutierrez Pebe, Aguila y Velasquez en la actividad judicial y fiscal. ¿Algo cambiaría con ellos dentro del Sistema?

Esta debiera ser la primera tarea del nuevo CNM en un plazo perentorio de 3 meses.

Los audios han mostrado entrevistas inauditas. Preguntas impertinentes y una total falta de idoneidad en la selección. Esto nos lleva a preguntarnos. ¿Qué clase de jueces y fiscales se han elegido?

Por esto mismo, para separar el trigo de la paja y dejar en un lado a los jueces y fiscales correctos y poner en otro lado a quienes actúan en función de intereses subalternos, no basta aceptar la puesta del cargo a disposición del CNM y designar otro, se debe revisar todo. Por ejemplo, se debe saber las razones por las cuales se buscaba que Orlando Velásquez sea elegido presidente del CNM y ¿que jueces supremos favorecieron esa elección y a cambio de qué?

En Lampadia creemos que una de las medidas para enfrentar esta crisis judicial es, cambiar la forma de elegir el CNM, por un concurso público. ¿Crees que será suficiente?

Es imprescindible.  La crisis en el CNM ha puesto en evidencia algo que no queremos aceptar: la corrupción no está focalizada en la clase política o la judicatura, alcanza a toda la sociedad, ya que los consejeros cuestionados representan a universidades públicas, colegios profesionales, a pseudo universidades privadas y a colegios de abogados, no solamente a jueces y fiscales. Por lo tanto, tenemos un grave problema en la escala y magnitud de la corrupción que obliga no solamente a cambiar la forma de elección, sino también a la elevación de la valla de los que pueden postular (todo lo cual no es incompatible con el 155 de la Constitución) a fin de que elijamos mejor y sólo algunos calificados puedan postular. Se debe limitar el universo de elegibles, eso es fundamental.

De otro lado, serían necesarias algunas medidas como:

1. Establecer incompatibilidades para postular y luego de ejercer el cargo (con lo cual se evita la famosa puerta giratoria entre el estado y la actividad privada).
2. Crear una agenda de integridad o probidad específica en el funcionamiento de esta entidad a la que se sujeten sus miembros y quienes acuden a él.
3. Elevar las sanciones penales por infracciones a las normas de integridad y probidad que se mencionan.
4. Establecer la inhabilitación definitiva de quienes sean sancionados por infracción a estar normas de incompatibilidad.

También creo necesario que se exija la implementación de la participación de los miembros adicionales elegidos por empresarios y trabajadores, previsto en el artículo 155 de la Constitución, que nunca se ha puesto en vigencia y que permitiría una mayor participación ciudadana en este organismo.

Finalmente, sería necesario que la votación de cada consejero sea pública y transparente en todos los casos de ratificación, asenso y nombramiento.   

Pero la participación de colegios profesionales y de abogados no ha dado buenos resultados. ¿No se debiera cambiar también?

El funcionamiento patrimonialista que denuncia Lampadia, que supone el intercambio de favores, pagos y lealtades, se ha visto a todo nivel, no solo entre consejeros elegidos por abogados o profesionales. Si el CNM estuviera formado sólo por magistrados o mayoritariamente por estos, el riesgo de corporativización es alto. Si la mayoría del CNM tuviera origen político, tendríamos el riesgo de partidarización política. La Constitución de 1993 buscó una fórmula mixta. Creo que debemos mantenerla, pero elevando el nivel de los elegibles, acotando el universo de los que pueden ser miembros para que la corrupción de la sociedad no permee fácilmente en esta Institución.

¿Y cual es el rol de la Corte Suprema?  ¿Es la llamada a resolver este problema?

No hay forma. Los audios conocidos hasta hoy comprometen a miembros de la propia Corte Suprema. A Hinostroza Pariachi, que era presidente de la Segunda Sala Penal, haciendo negociaciones incompatibles y a Duberlí Rodriguez, quien es el presidente del Poder Judicial, cuyo asesor invita a almorzar en su nombre y de quien se dice habría participado en la celebración de la elección de Velásquez como Pdte. del CNM. Todo esto debe ser investigado. No hay forma que los investigados resuelvan esta crisis. Hay decenas de magistrados superiores honorables en todo el Perú que pueden sustituir una Corte Suprema que tenga este tipo de cuestionamientos.

Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Como bien dice hoy Mariela Balbi en su artículo en Perú21, ‘Solo cada cinco años’, que hemos destacado en Lampadia: “Hay un sector bullicioso de la opinión pública que quiere la disolución del Congreso y que vayamos a nuevas elecciones para sanear al país. Detrás de ello solo se observa oportunismo e interés propio. (…) No conviene atropellar a las instituciones …”.

Efectivamente, con ocasión de las denuncias de corrupción en el seno del CNM, ha arreciado la campaña de desestabilización de nuestra democracia, que, además, traería una cola de parálisis de la economía.

Este proceso, como lo hemos denunciado anteriormente, tiene varios meses.

• Se hizo evidente, con los aprietos legales de PPK, cuando el establishment político limeño, liderado por Mercedes Aráoz, pretendió sacar del camino institucional a Martín Vizcarra.
• Ha continuado durante el mandato de Vizcarra, con menor estridencia y distintas disculpas, que: “nos eligieron juntos”, “no se reúne con nosotros”, “su gabinete lo armó Keiko”, etc.

Pero ahora, con el nuevo estallido de evidencias de corrupción en el sistema judicial, muchos están haciéndole el juego a la agenda permanente de nuestras izquierdas, ‘nuevas elecciones, constituyente y nueva constitución’, como advierte Aldo Mariátegui:

Veamos los siguientes despachos:

Otros, propician una crisis política de mayores proporciones que solo favorecería la destructiva agenda izquierdista. Veamos un par de ejemplos:

En momentos de crisis hay que tener calma y no salir a pescar. No se puede jugar con los intereses de largo plazo de nuestro país: una democracia sólida y una economía en alto crecimiento.

Por supuesto que hay que ir con todo contra la corrupción. Pero por ejemplo, en este caso de los magistrados del CNM, si se apuran y festinan procesos, los tendríamos de regreso tarde o temprano.

Si se determina su destitución, tiene que hacerse respetando nuestras normas, para que no vuelvan más. Pero, además, no podemos perder de vista, que lo más importante es el inicio de una reforma integral del sistema de justicia, que debe darse con firmeza y sin pausa, y sin crear vacíos que permitan su reversión más adelante.

Hoy circulan muchas propuestas de reforma, entre ellas, las publicadas en Lampadia:

• Aportes a la reforma del sistema judicial
• Por un nuevo Sistema Judicial

Esta crisis política se da justo cuando nuestra economía empieza a mostrar todos los signos de recuperación. Ahora estamos nuevamente creciendo a un 4% anual de forma generalizada, como lo han explicado Julio Velarde y Gianfranco Castagnola. Lo único que limita un mayor crecimiento, indispensable para superar la pobreza, es nuestra crisis política.  Por lo tanto, los peruanos de a pie, tenemos que invocar a las autoridades a manejar las cosas con ponderación y seriedad. No dejemos de emitir nuestra opinión, porque lo que está en juego es el futuro de todos.

Afortunadamente, esta mañana, los consejeros que no renunciaron, han puesto sus cargos a disposición del Congreso, lo que facilitará un proceso más cuidadoso, pues el Congreso solo tendría que aceptar sus renuncias.  

Despacio, que estamos apurados. Ahora debemos ir al fondo, para hacer un cambio sustancial, no un cambio de cabezas ni una fiesta de cacería de brujas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El tráfico de influencias para nombramientos y decisiones judiciales revelado en los audios publicados por IDL Reporteros es grave no solo porque pone de manifiesto la falta total de idoneidad del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para designar o destituir magistrados, sino porque revela una cultura de decisiones judiciales basada en el intercambio de favores y eventualmente en pagos dinerarios o de otro tipo. Es decir, un funcionamiento esencialmente patrimonialista y eventualmente corrupto de las instituciones vinculadas a la administración de justicia.

Lo primero reclama, fuera de las investigaciones y las sanciones ejemplares que haya que aplicar, una reforma radical del CNM. Lo segundo va más allá y exige una reforma profunda del Poder Judicial y del sistema judicial en general.

Este es el momento para emprender esas iniciativas, y no puede ser desperdiciado. Pero no solo necesitamos voluntad política –que hasta ahora ha sido muy débil- sino ideas claras, que tampoco han existido, como veremos.

La reforma del CNM: concurso público

La necesidad de la reforma del CNM, sin embargo, sí fue planteada por varios partidos políticos en la campaña electoral, y también por el partido de gobierno, que plasmó su propuesta en un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establecía modificar el artículo 155 de la Constitución creando un CNM integrado por cinco miembros:

“Artículo 155.- Composición del Consejo Nacional de la   Magistratura
Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:

1. Uno elegido por el Poder Ejecutivo, designado mediante Resolución Suprema con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
2. Uno elegido por el Poder Legislativo, con el voto de los dos tercios del número legal de congresistas.
3. Uno elegido por el Poder Judicial, entre los magistrados de la Corte Suprema jubilados y en actividad, conforme al procedimiento determinado en la Ley Orgánica del CNM.
4. Uno elegido por el Ministerio Público, entre la Junta de Fiscales Supremos jubilados y en actividad, conforme al procedimiento determinado en la Ley Orgánica del CNM.
5. Uno elegido por los miembros señalados precedentemente de acuerdo a lo que establezca la Ley Orgánica del CNM.

La virtud de este proyecto es que suprime la participación de los colegios de abogados y de profesionales en general, que no ha dado buenos resultados porque no ha servido para elegir consejeros de alto nivel ético y profesional, y establece una composición simple de cinco miembros designados por los poderes del Estado.

Tendría, sin embargo, dos puntos débiles. El primero es que contiene un cierto riesgo de politización de los nombramientos –en la medida en que los dos poderes políticos (Ejecutivo y Congreso) designan sendos consejeros-, que fue lo que se quiso evitar cuando la Constitución del 93 creó el CNM. Aquí hay, sin embargo, una discusión, porque, a la luz de lo visto, el remedio resultó igual o peor que la enfermedad, pues los consejeros designados por la “sociedad civil” y por las instituciones judiciales no tuvieron las cualidades profesionales y de integridad necesarias. Para algunos, entonces, permitir que los poderes políticos –Ejecutivo y Legislativo- designen miembros del CNM sería una forma de sincerar la responsabilidad de la clase política en la salud del sistema judicial, tal como ocurre en otros países como Estados Unidos, por ejemplo.

Por eso mismo, lo que sí sería de todos modos un punto débil de este proyecto, es que las dos instituciones cuestionadas –el Poder Judicial y Ministerio Público- designen también consejeros, lo que contiene el riesgo de mantener la cultura de intercambios patrimonialistas en las designaciones y destituciones de magistrados. Es decir, la perpetuación de lo que acabamos de ver en los audios.

La única manera de salvar los problemas observados en las designaciones efectuadas por estos tres tipos de instituciones, es que todos los consejeros sean seleccionados mediante un concurso público muy bien hecho y realizado por personas e instituciones muy serias.

La propuesta que más se acerca a esta idea es la de la Asociación Civil Transparencia, que es la siguiente:

“Se propone que el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentre compuesto por siete (7) miembros que serían seleccionados de la siguiente manera: un miembro designado por el Tribunal Constitucional, un miembro designado por la Defensoría del Pueblo en acuerdo con la Fiscalía de la Nación, un miembro designado por el directorio del Banco Central de Reserva, un miembro designado por la Corte Suprema de la República, y tres miembros seleccionados por concurso público nacional organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el soporte operativo de SERVIR”.

Quizá lo único objetable en esta propuesta, siguiendo el razonamiento anterior, es que la Corte Suprema designe un miembro. A nuestro juicio, elegir por concurso público a todos los miembros del CNM seguiría siendo la mejor opción.

Ahora bien, la Comisión de Constitución del Congreso procesó este proyecto junto con el del Ejecutivo y otros presentados por las distintas bancadas, y produjo un pre-dictamen que termina proponiendo una composición de difícil elección y que, a nuestro juicio, no resuelve los problemas anotados.

“Artículo 155.- Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:

1. Un juez superior o supremo elegido por todos los jueces titulares del país, en votación universal, secreta y libre.
2. Un fiscal superior o supremo elegido por todos los fiscales titulares del país, en votación universal, secreta y libre.
3. Un abogado elegido por los miembros del Colegio de Abogados de Lima, en votación universal, secreta y libre.
4. Un abogado elegido por los miembros de los demás colegios de abogados del país, en votación universal, secreta y libre.
5. Un abogado elegido por los miembros de los demás colegios profesionales del país, en votación universal, secreta y libre.
6. Un docente ordinario principal de la facultad de derecho de universidad pública, elegido por todos los docentes ordinarios de las universidades públicas del país en votación universal, secreta y libre.
7. Un docente ordinario principal de la facultad de derecho de universidad privada que cuente con una antigüedad no menor de treinta y cinco años de creación, elegido por todos los docentes ordinarios de las universidades privadas del país en votación universal, secreta y libre.

En buena cuenta, una composición similar a la actual, pero con una forma de elección distinta: votación universal, secreta y libre en todos los casos. Esta forma de elección sin duda es más democrática, pero no solo es más complicada de realizar, sino que contiene el riesgo inevitable de la politización de los procesos electorales. Los partidos tendrán candidatos, con lo que recaemos en lo que queríamos evitar. Por lo demás, para ganar se hará ofrecimientos, que después habrá que pagar con nombramientos o lo que fuere, con lo que agravamos la característica de las decisiones del CNM como el producto de un mercado de pagos y favores.

Redes de poder y corrupción en la administración de justicia

Lo mejor, entonces, repetimos, es la elección de los miembros del CNM mediante un concurso público muy bien hecho. Esto como punto de partida de la propia reforma judicial como tal, que la segunda gran tarea, cuyo objetivo debiera ser facilitar y acelerar el tránsito de un Poder Judicial y un Ministerio Público basados en relaciones personales de amistad, promoción, compadrazgo o parentesco, que pueden derivar en redes de corrupción interna, a organizaciones basadas en la meritocracia y el cumplimiento de metas. Es decir, de instituciones gobernadas por intereses propios a ser gobernadas por el interés de la sociedad. De organizaciones orientadas hacia adentro o unas orientadas hacia afuera.

El antropólogo Jaris Mujica, en “Micropolíticas de la Corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, describe detalladamente cómo funciona el sistema.[1] Él distingue tres esferas o ejes en torno a los cuales se organizan redes de poder y corrupción en el Poder Judicial.

La primera, en el nivel más bajo, es la que conecta el mundillo exterior conformado por tramitadores, falsificadores (Azángaro), asesores legales y abogados al paso, con secretarios de los juzgados encargados del archivo y tramitación de documentos, por medio de los encargados de la mesa de partes o de los vigilantes del Palacio de Justicia, con la finalidad desaparecer un expediente para demorar el proceso, o reemplazar un documento por otro falsificado o introducir uno falso.

La segunda esfera es la que se da al interior de los juzgados, donde las relatorías y las secretarías pueden conformar el punto final de la cadena en el tráfico de documentación arriba señalado, o un centro de contactos para influir en las decisiones del juez o para ofrecerle un soborno a fin de orientar una sentencia. Los estudios de abogados conocen a los relatores a los que pueden ‘incentivar’ para conseguir un resultado. Según Giovani Priori, todo estudio de abogados tiene sus “procuradores” que, por lo general, han estudiado Derecho, pero no son abogados, y sin embargo, poseen el activo invalorable de contar con una red de contactos en el Poder Judicial construida sobre la base de relaciones de compadrazgo y amistad con secretarias de la mesa de partes, relatores, secretarios o especialistas, con quienes se reúnen frecuentemente en parrilladas y polladas.

Mujica también observa que las redes que se activan para mover las cosas suelen conformarse sobre la base de relaciones familiares o amicales gestadas en la universidad. Los abogados que trabajan en las relatorías (encargadas de los aspectos jurisdiccionales de los casos) acceden a ellas “…a través de los concursos públicos, pero la mayoría manifiesta haber llegado gracias a una recomendación de un juez (amigo, familiar o profesor), a quien le deben solidaridad y reciprocidad”. “Todos tienen sus padrinos. Si no tienes padrino, no llegas al puesto”, explica un abogado de relatoría (p.117). Este “padrinazgo” implica, además, la filiación a una red y a ciertas relaciones de poder, y también actos de corrupción tales como convertirse en el medio para ofrecer un soborno a un juez o para influir en su decisión.

Mujica precisa, sin embargo, que estas prácticas corruptas no pueden ejecutarse todo el tiempo, ante cualquier oferta, porque pondrían en riesgo todo el sistema al hacer demasiado evidentes las relaciones informales o ilegales.

La tercera esfera reseñada por Jaris Mujica estaría dada por los jueces, particularmente los Superiores y Supremos. Explica que la cúpula del Poder Judicial está integrada por jueces Superiores o Supremos que han estudiado en universidades del Estado principalmente (San Marcos y Villareal, aunque también algunos en la San Martín de Porres, que es privada) y que en muchos casos han ingresado a la judicatura gracias a contactos gestados en la vida universitaria. Pero también gracias a conexiones familiares. Se dice en el Poder Judicial que hay cargos que son hereditarios. Muchos hijos, sobrinos u otros parientes de jueces de primera instancia o de jueces superiores o supremos entran a trabajar como auxiliares en virtud de un sistema de trueque: un juez contrata al familiar de otro juez, y este hace lo propio con el primero, a fin de eludir la norma del nepotismo. Según Priori, la manera de llegar a los jueces Superiores y Supremos es a través del esposo o esposa u otro familiar, que trabajan también en el Poder Judicial.

La reforma

Entonces, si queremos empezar a cambiar todo esto, que se manifestó claramente en los audios presentados, es necesario cambiar la manera de elegir a los miembros del CNM, y hacerlo por concurso público. Luego de ello, sería bueno adoptar otra recomendación de la Asociación Transparencia:

“Se propone la eliminación del proceso de ratificación de jueces cada siete (7) años por considerar que favorece círculos de corrupción y el sistema de evaluación no es adecuado. Sin embargo, se mantendría la posibilidad de sancionar o destituir a un juez ante la comisión de cualquier infracción legalmente prevista”.

Esto supone, sin embargo, sustituir la ratificación de los magistrados cada 7 años por un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales aplicado por las propias instituciones que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado que resulte desaprobado. Este sistema de evaluación de desempeño es algo que debe ser construido.

Luego resulta fundamental adoptar la recomendación que en su momento formuló la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), de pasar a una Corte Suprema de muy alto nivel integrada por solo 11 miembros dedicada a establecer jurisprudencia a partir de casos emblemáticos. Esto es fundamental para establecer predictibilidad en las sentencias –y en esa medida reducir la corrupción- y para crear una cabeza de alto valor profesional y ético que sirva de ejemplo al conjunto del cuerpo judicial.

También debe acogerse la recomendación de alargar el periodo del presidente del Poder Judicial de dos a cuatro años, empoderándolo tanto a él como al gerente general.

Estas dos últimas medidas dependen de decisiones del Congreso. ¿Existirá la voluntad política para hacerlo?

Para cerrar el círculo, la firma por parte de los estudios de abogados de un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar, sería fundamental. Si los Estudios toman la iniciativa de hacerlo, tendrán la autoridad moral para demandar la reforma del CNM y las vinculadas a la administración de justicia que estamos resumiendo.

Por supuesto, está el asunto del expediente judicial digital, que debe incorporar el ámbito penal.

Y distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. Las municipalidades son las principales interesadas y contribuyen donando el local. Es cuestión de concertar. Lampadia