Veamos cómo se construye la base estratégica de la conflictividad anti-minera.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Las organizaciones anti-mineras tienen entre sus líneas de acción la generación y publicación de contenidos. A través de sus publicaciones estas organizaciones buscan posicionarse, frente a la sociedad, como “voces autorizadas”, como expertos para opinar sobre conflictividad social. Los contenidos también sirven como fundamento discursivo para la narrativa anti-minera. La ONG anti-minera CooperAccion es prolífica en la generación de esta clase de materiales. Un ejemplo ilustrativo de ello es el libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino”.

Introducción

El libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino [1], de César Flores et al y publicado por CooperAccion y OXFAM, ilustra la perspectiva que esas dos organizaciones tienen de los conflictos y las negociaciones vinculadas a los proyectos mineros. El libro presenta una interpretación de tres casos de conflicto en el sur peruano: Espinar, Cotabambas y Chamaca, para luego hacer generalizaciones antojadizas. 

Como investigación, el libro es precario, describe una versión incompleta y parcializada de los hechos. Las únicas perspectivas que se observan en el libro son de las organizaciones y líderes ligados a la conflictividad. A lo largo del texto no se observa ningún esfuerzo de los autores por conocer y presentar, en forma medianamente imparcial, la perspectiva de los actores favorables a la minería o de las empresas mineras. Los principios de la objetividad, como conocer las perspectivas, intereses y versiones particulares de los diversos actores, están completamente ausentes en todo el libro.

Cada día va quedando más claro que detrás de los conflictos, como quiera que se les llame, hay varias agendas y jugadores que están muy lejos de expresar protestas y propuestas de buena voluntad.

Los recientes eventos de Puente Piedra, no dejan dudas de la presencia de elementos anti sociales que deben responderse firme e ingeniosamente. El ejecutivo debe plantear un compromiso público anti impunidad por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo y crear los mecanismos que nos permitan superar situaciones como las de la primera marcha en Puente Piedra, donde, mientras el Ministro del Interior denunciaba la presencia de senderistas, el Sistema Judicial liberaba a todos los detenidos.

En la segunda marcha el Ejecutivo se puso las pilas, uso ‘drones’, aseguró elementos probatorios y tras la liberación de la mayoría de los intervenidos hasta ahora quedan algunos detenidos. Pero no sabemos por qué no se aplican los procesos de flagrancia. Esperemos que este esfuerzo del Mininter rindan frutos subiendo el costo del delito.

Estimados lectores, especialmente los que se sienten lejos del tema minero, lo de Puente Piedra permite entender algunos aspectos de todo tipo de conflictividad. Empecemos a seguir las noticias de la parálisis de la inversión minera, pues solo la opinión pública puede legitimar las necesarias y difíciles acciones que requiere tomar el Estado para superarla.

 

Gregorio Santos y la izquierda se suman a protesta por peaje. Fuente: Correo

 

Minería y Conflictividad Social 2017

Camilo Ferreira y Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El primer semestre del gobierno de PPK nos ha permitido ver algunos elementos de la manera cómo el presente gobierno enfrenta y enfrentará la conflictividad social ligada a la gran minería. El Adelanto Social es el más visible de sus instrumentos. El Adelanto consiste en una intervención pro desarrollo realizada por Estado en el entorno de los proyectos mineros de manera previa a que entre en operación.

La premisa del gobierno es que ese Adelanto permitirá que el entorno social perciba los beneficios de tener un proyecto minero de manera previa al pago de Canon por parte de las empresas. Supuestamente, esto facilitaría un mayor grado de confianza de la población local en el gobierno nacional y permitiría articular intereses locales con el porvenir del proyecto en las fases iniciales del proyecto. El Adelanto social es útil, pero sólo impacta sobre las expectativas de los sectores moderados, y no reduce las dinámicas locales de extracción de rentas o réditos políticos, así como la propagación de la narrativa anti-minera entre la población. Por ello podemos esperar que el Adelanto sea, como máximo, una herramienta de efectividad parcial sobre la conflictividad. Sin los otros elementos, el Adelanto puede dar una idea de seguridad al gobierno, pero puede fracasar en prevenir los conflictos.

Los casos de Saramurillo, Las Bambas y Chumbivilcas han sido bastante informativos respecto a las políticas de facto de este gobierno frente a acciones de fuerza existente o potenciales. En todos estos casos la reacción del gobierno ha sido la instalación de una Mesa de Dialogo con participación ministerial, a veces con la participación de varios ministros. Estas mesas han sido efectivas en la desmovilización temporal de protestas y bloqueos, pero también han servido para legitimar y empoderar a los líderes de las posturas radicales.

En aquellos casos en los que las agendas de los movilizados y los objetivos del Estado no se encuentran muy distanciados, las mesas de diálogo pueden ser útiles para facilitar una convergencia entre las partes. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales las agendas de los movilizados están sumamente enfrentada a los objetivos del Estado, difícilmente estas mesas llevaran a una mayor viabilidad de los grandes proyectos de inversión.

Por el contrario, la Mesa puede transformarse en un mecanismo mediante el cual se le da representatividad legítima a actores sociales y políticos claramente anti-mineros. Adicionalmente las Mesas facilitan asociar -frente a la opinión pública-  a los ministros a los resultados del dialogo. Lo que los hace políticamente responsables de lo que ocurra y ello genera vulnerabilidades al gobierno e incrementa la capacidad de los anti-mineros para infligir costos políticos a los miembros del gabinete. 

Estas Mesas, hasta ahora, se realizan mientras el Estado no realiza ningún esfuerzo efectivo por implementar el imperio de la ley en las zonas de conflictos o contrarrestar la influencia de la narrativa anti-minera. En los últimos meses se ha visto el archivamiento de las denuncias a todos los dirigentes de las violentas protestas en el caso Conga, la liberaciones sistemáticas tras los desmanes en Puente Piedra, la continuidad del bloqueo del acceso principal a “Las Bambas” sin ninguna respuesta del Estado, la falta de castigo a quienes bloquearon el Marañon en Saramurillo, etc. La impunidad frente a los actos de violencia en la protesta social es prácticamente total y no se percibe una estrategia efectiva para abordar este problema.

Lo que Podemos Esperar

En el caso de Las Bambas hay una clara brecha entre la propuesta del Gobierno y las demandadas de la Plataforma de Lucha firmada por múltiples autoridades, frentes de defensa y organizaciones sociales de las provincias de Grau y Cotabambas. En el caso del Gobierno, el mismo propone financiar un plan de desarrollo con un valor estimado de 2,000 millones de soles y el asfaltado de la ruta de los camiones que llevan el mineral de Las Bambas. En el caso de la Plataforma de Lucha se solicita una participación de 50% del valor de la producción de Las Bambas (un imposible económico), una repetición de los trámites ya aprobados y la renegociación de los acuerdos que la Empresa ha tenido con las comunidades en su entorno.

Lo que hace más complejo el caso, es que la participación en la producción de la empresa ha sido una parte integral discurso de los líderes del movimiento social en Cotabambas. Ahora, dicho liderazgo no puede renunciar fácilmente a semejante pedido sin socavar su propia imagen frente a sus bases. Por ello es esperable que en algún momento se reinicien las acciones de fuerza mientras se sostenga la amplitud de la brecha entre la propuesta gubernamental y las demandas de las organizaciones sociales, y el Estado deje la sensación de que el uso de la violencia no tiene costos para quienes la aplican.

En el caso de Tía María el Gobierno apuesta por la represa de Paltiture (que incrementaría el acceso de agua para la población del valle del Tambo) como eje de una solución al rechazo de la población hacia el proyecto Tía maría. El problema es que la presa por si sola no alteraría las actitudes de la población hacia el proyecto de Tía María, ni sus temores hacia el impacto ecológico del proyecto en el valle del Tambo. Si la preocupación por una potencial disputa por el agua entre la mina y los pobladores fuera la única causa del rechazo, el aviso que hizo la empresa de que utilizaría agua desalinizada hubiera tranquilizado a la población, sin embargo, esa tranquilidad no se dio.

A estas alturas, las condiciones sobre el terreno manifiestan una correlación social adversa hacia el proyecto y muestran la efectividad del trabajo de “agitación y propaganda” por parte los anti-mineros en Islay y en Cocachacra en particular.  Un estudio de la Asociación Civil Labor[1] muestra que un 72% de la población es partidaria de la suspensión del proyecto y un 87% desea la revisión de EIA del Proyecto por un tercero. En el distrito de Cocachacra, el epicentro del conflicto, la suma de los votos de Gregorio Santos y Verónica Mendoza llega a 59%, mientras que el resto de Arequipa llega al 29% esto nos señala que el conflicto por Tía María ha afectado claramente las dinámicas políticas en su entorno cercano. Esto es un poderoso indicador del grado en el que la narrativa anti-minera ha calado. En esta narrativa la actividad minera afectaría gravemente a la agricultura y la salud de la población, y acabaría o contaminaría las fuentes de agua, además de exponer al agro y la población a polvos tóxicos originados en el tajo minero. Por otro lado, dentro de esta narrativa, el Gobierno Central se haya supeditado a las Empresas Mineras por lo que su rol de fiscalización y control no es confiable.

Para quienes consideren que la minería les traerá semejantes afectaciones, la construcción de importantes obras de infraestructura es un factor desmovilizador poco efectivo frente a los temores a lo que se percibe como una amenaza devastadora a la agricultura y a la salud de las personas. Tampoco en las medidas del gobierno se ven acciones contra el aparato de represión a disidentes instaurado por los anti-mineros en la zona, ni tampoco a la instrumentalización de las instituciones locales (Ej. Junta de Regantes) como aparatos de movilización en acciones violentas.

Como los temores de la población están estructurados en un discurso multi dimensional, los cambios en su actitud serán lentos y tendrán que responder a las diversas dimensiones de la narrativa anti-minera. Por todo ello, es poco probable que la visita de PPK, sin la debida preparación, resulte efectiva para desactivar las resistencias al proyecto. Lo que puede pasar con su visita es que los grupos anti-mineros aprovechen la presencia del Presidente para generar un evento político negativo para el gobierno.

Conclusiones

La política de las Mesas de Dialogo conseguirá desmovilizar momentáneamente algunos conflictos. Sin embargo, es una estrategia desbordable por la magnitud de la conflictividad.  Existe un número limitado de ministros para participar en las Mesas, hay una importante brecha entre las demandas de los movilizados y las posibilidades de cumplimiento por parte del gobierno. La impunidad implica que “patear la mesa” con acciones violentas no implica ningún costo para los dirigentes. Ese desequilibrio se da en una situación en que al gobierno no se le ocurre ninguna iniciativa para modificar la correlación de fuerzas políticas en las áreas en conflicto.

Esto lleva a considerar que las medidas a ser aplicadas por el gobierno no podrán reducir de manera decisiva la conflictividad ni en los casos de Tía María ni en Las Bambas por lo que podríamos esperar que estos conflictos cumplan roles protagónicos a lo largo del 2017.

Podemos esperar entonces la dinámica en la que se da una acción de fuerza, se manifiesta la pérdida de autoridad del Estado, se plantea una Mesa de Dialogo, y tras un periodo se da el reinicio de las acciones de fuerza como mecanismo de negociación. Si el gobierno no modifica sus políticas de gestión de conflictos, es muy probable que el año 2017 sea aquel en el que se haga evidente las limitaciones de la actual doctrina estratégica para conflictos sociales seguida por el gobierno. Veamos si van a darse cuenta antes que sea demasiado tarde, o si vamos asistir de nuevo el desperdicio de una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del Perú.

Se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado.

En Superemos los conflictos políticos prolongados – Propuestas para reducir la conflictividad (6 de 6), aquí en Lampadia, se ha sugerido estrategias y acciones para construir las condiciones institucionales y políticas para la reducción de la conflictividad, y en El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad – Propuestas para reducir la conflictividad (5 de 6), se explicó el rol que el Estado debe cumplir para ser efectivo en el corto y en largo plazo. Nos hemos preocupado en indicar medidas viables en las situaciones actuales. Sabemos que las propuestas indicadas no son perfectas, pero pueden ser un buen punto de partida para cambiar las actuales tendencias al aumento de la conflictividad y retomar la ruta del desarrollo nacional.

En todo caso, se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado. Lampadia

Por más increíble que parezca, a pesar de todos los acontecimientos vinculados a los llamados conflictos sociales, muchas personas en Lima dicen desconocer que detrás de estos conflictos está la acción organizada de anti-mineros que hábilmente han sembrado mitos y medias verdades para manipular a poblaciones vinculadas con la minería. Llama especialmente la atención que este se exprese también en muchos líderes del periodismo local que tienen acceso a la mejor información disponible en el país.

Con el fin de contribuir a explicitar la actividad de los anti-mineros, presentamos a continuación algunos pasajes del ‘Programa de Formación de Líderes y Lideresas Comunitarios’ preparado por Cooperacción (la ONG que dirige José De Echave) y el Centro Bartolomé de las Casas, con la cooperación (¿financiera y programática?) de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ACSUR-LAS SEGOVIAS – Asociación para la Cooperación con el Sur, entre otras instituciones.

Increíble que el Reino de España promueva con la mano derecha las inversiones de sus connacionales en el Perú y en paralelo, con la mano izquierda, la difusión de material dirigido a deseducar a nuestras poblaciones más pobres y sensibles, por decirlo diplomáticamente. En nuestra opinión esto merece una queja formal por parte del gobierno de la República del Perú.

Veamos algunos cortes de pantalla del manual indicado:

 

 

 

Para que no queden dudas de la autoría y contenido de esta publicación, las siguientes laminas muestran los créditos, el índice y otras perlas del manual anti-minero de De Echave y compañía.

Además, presentamos el enlace al documento en su integridad en la siguiente carátula del manual. 

Como hemos visto, los conflictos que vienen paralizando las inversiones mineras y otras en el Perú se sustentan en acciones políticas e ideológicas que han creado un ambiente de desconfianza, confusión y amilanamiento que es menester combatir.

Si algunos periodistas, como Patricia del Rio y Fernando Carvallo de RPP, necesitan mayor información, los invitamos con todo cariño a sesiones de capacitación en pos-extractivismo y conflictos anti-mineros con nuestro personal en Lampadia.

Según las declaraciones de PPK a Oppenheimer, su popularidad depende de las expectativas de la prosperidad futura de la población. Asumiendo esto como un factor de base, tendríamos que decir que el crecimiento de la economía puede representar la base de las expectativas y, por lo tanto, tendríamos que esperar que los distintos funcionarios del régimen privilegien el crecimiento o, por lo menos, que no lo debiliten.

Si además tomamos en cuenta que el mediocre crecimiento actual está soportado en un 50% por el sector minero, por la entrada en producción de los últimos proyectos que lograron evitar su paralización por el apronte anti-minero que paralizó a los demás, tendríamos que concluir que para lograr un mayor impulso del crecimiento, tendríamos que reactivar el sector minero y poner en camino los grandes proyectos, actualmente paralizados.

Pues contrariamente al enfoque de gestión gubernamental que se necesita para crecer, el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo y el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM, Rolando Luque, estarían jugando otro partido. Resulta que el primero ha declarado que la inversión minera “empezará a reactivarse paulatinamente a partir de mediados de 2018”. Y el segundo considera que en el Perú “en general hay razones para protestar”; “no comparte la tesis de la conspiración política como explicación de la conflictividad social”; relativiza la solidez de los EIA y las audiencias públicas y; plantea que la policía haga un uso proporcional de la fuerza para enfrentar los actos de violencia (pedrada con pedrada). Veamos en profundidad el caso del jefe de la ONDS:

Sobre el nombramiento del Rolando Luque

Rolando Luque ha sido recientemente nombrado Jefe de la ONDS.  Este puesto es crítico para el futuro de la conflictividad social en el Perú y para la viabilidad de múltiples inversiones de las que depende el futuro económico del país.

La ONDS es el cargo con mayor influencia sobre la estrategia general del gobierno nacional a la hora de enfrentar un conflicto social. Por ello la designación de su Jefe tiene importantes consecuencias sobre la conflictividad social y sus dinámicas. Con el fin de tener indicios respecto a que se puede esperar a partir de su nombramiento hemos analizado sus presentaciones, documentos y declaraciones desde su pasado puesto en la Defensoría del Pueblo como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y sus declaraciones una vez nombrado en el cargo de la ONDS. Presentaremos un análisis de las afirmaciones de Luque en diversos aspectos.

Significado Social de los Conflictos

Rolando Luque en “Conflictos Sociales y Respuestas Sociales: Del Orden Interno a la Protección de Derechos”[1] afirma:

“Pero, además de romper la insularidad, el conflicto revela un desequilibrio previo, una asimetría perjudicial reñida con el principio de igualdad sobre el que se erige el Estado Democrático.  Entonces el conflicto, de ser visto como algo condenable pasa a transformarse en una oportunidad …”

En la visión del Rolando Luque los conflictos de originan en una “asimetría” entre actores sociales y por ello se constituyen en una “oportunidad” para cerrar esta brecha. Más adelante Luque elabora aún más esta visión:

“El conflicto puede convertirse en el momento propicio para dar saltos hacia situaciones nuevas que mejoren las relaciones entre unos y otros, siempre que sea adecuadamente manejado”

Si bien es emocionalmente reconfortante el ver como “oportunidad” a los conflictos; la verdad es que en general estos no llevan a “situaciones nuevas” en el que hayan mejorado las relaciones entre actores sociales. En los conflictos más emblemáticos, lo que se ha visto es que los conflictos llevan a dinámicas de violencia y radicalización que vuelven más difícil  llegar a acuerdos futuros. La romántica visión del Rolando Luque no encuentra asidero en ningún ejemplo que pueda observarse en la historia reciente del Perú, sea Conga, Tía María o Las Bambas. Esta visión puede sonar agradable al oído pero es una mala guía para la acción.

Para Rolando Luque los conflictos podrían servir para visibilizar la problemática social de los sectores olvidados ante el resto de la sociedad.  Para Rolando Luque las asimetrías entre los actores sociales atenta contra la democracia. Creemos que es positivo reducir las asimetrías sociales, pero ésta es una interpretación con indiscutible carga ideológica puesto que la democracia es un régimen político que puede y debe darse independientemente de la desigualdad al interior de la sociedad.

Violencia y Fuerzas del Orden

En  “Memoria, Posconflictos y Nuevos Conflictos Socio-ambientales”[2] Rolando Luque afirma:

“…los civiles que no son parte de una organización criminal, no son una banda de secuestradores, tampoco es el narcotráfico ni el terrorismo, estamos hablando de ciudadanos que un buen día salieron a las calles a protestar porque consideraban que había algo injusto que los perjudicaba. En esa condición podemos estar cualquiera de nosotros, desde luego las trasgresiones a la ley tendrán que ser investigadas y sancionadas en su momento, pero el trato que se espera se dé a estas personas no puede ser el de un delincuente. En ese sentido la Policía Nacional tiene que experimentar un cambio muy fuerte”.

En entrevista en Radio San Borja se reafirma en estas ideas[3] dejando en claro que considera que quienes participan en protestas deben enfrentar consecuencias disímiles a las que enfrentan otros ciudadanos frente al mismo accionar. Para el Rolando Luque la motivación que tenga una persona detrás de los actos ilícitos que pudiera cometer debería afectar el actuar de las fuerzas del orden. Según ese pensamiento, un acto de violencia con una motivación política, como protestar, debería recibir un trato distinto a un acto de violencia con un propósito privado. Nos preguntamos si para Rolando Luque ¿los “Espartambos” que asesinaron a cadenazos al Sub Oficial Alberto Vásquez Durand,  eran personas como “nosotros” que un buen día decidieron ejercer su derecho de protesta (violenta) frente a la injusticia de la sociedad peruana?

En entrevista a Perú21[4] durante el apogeo del conflicto en Islay Rolando Luque afirmó:

“los pobladores de Islay no son delincuentes, pueden cometer algunos delitos, pero serán identificados“

“Sí se puede identificar a unas minorías muy violentas, que son las que están atacando a la población civil, ese es un grupo cuyo objetivo no parece ser el diálogo”

La simpatía del Rolando Luque por los manifestantes, incluidos los manifestantes violentos, y sus esfuerzos por defender la reputación de los mismos se hace patente con estas declaraciones. Al parecer no hay nivel de violencia que pueda llevarlo a condenar a un movimiento social. Considerar que los “Espartambos” son personas que “al parecer” tienen por objetivo el diálogo hace patente una interpretación con alta simpatía política hacia ellos. Obviamente ninguno de los delincuentes entre los manifestantes en Tía María afronta una condena penal hasta ahora, y no hemos encontrado registro que muestre su indignación o preocupación por esta impunidad. En ese entendimiento, la muerte de los policías no constituye crimen, son solo costos colaterales de una justa protesta en una sociedad desigual. Una filosofía bastante desigual respecto a los derechos de los ciudadanos en una sociedad.

Según el Código Penal, quien comete un delito, ya sea por bloquear una carretera, destruir propiedad privada o atacar a la policía pasa a ser un delincuente en ese momento. Pero para Rolando Luque no debería ser tratado así pues podría estar cerrando “asimetrías” entre actores sociales por lo que por cometer delitos no implica que sean tratados como delincuentes. ¿Entonces, es la intencionalidad política lo que determina si un acto de violencia es un crimen? Ya hemos vivido este debate en los años 80s. Justificar actos de violencia porque pueden estar cerrando brechas sociales es una postura ética discutible, por lo menos.

Fuente: Diario Correo.  http://cdne.diariocorreo.pe/thumbs/uploads/articles/images/s-30-diarios-recibian-espartam-JPG_604x0.jpg

Su Posición frente a los anti-mineros

Rolando Luque ha considerado en reiterados momentos como “Teoría de la Conspiración” el señalar el rol protagónico de fuerzas políticas anti-mineras detrás de gran parte de la conflictividad ligada a los grandes proyectos extractivos. En Lampadia (ver “Lentejas, Votos y Donaciones”) hemos analizado en reiteradas ocasiones como los grupos que promueven los conflictos tienen objetivos políticos. Lo afirmamos basándonos en sus declaraciones, en sus publicaciones y en sus acciones. Es preocupante que el Jefe de la ONDS no visualice a estos actores claves en el conflicto.  Pero, aún más preocupante y llamativo es que los líderes de esos grupos hayan saludado su designación en la jefatura de la ONDS como si se tratara de una victoria política para ellos. Ingenuos ellos no son, entonces ¿porqué lo celebran?

Por ejemplo, la coordinadora de ONGs post extractivistas, Red Muqui, afirma en su cuenta de Facebook:

“Desde Red Muqui saludamos la designación del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Reconocemos la experiencia y conocimiento de Rolando Luque en la gestión y políticas de prevención de Conflictos Sociales”

 Fuente: Cuenta de Facebook de Red Muqui.

Gregorio Santos en su cuenta de Twitter celebra su nombramiento pero se lamenta que Rolando Luque no tenga un mayor poder de decisión:

“Conozco al señor Luque su capacidad para poner sobre la mesa temas complejos de un conflicto. El fondo es que no tiene decisión política.”

Para el Rolando Luque, considerar que Gregorio Santos ha tenido un rol importante en los conflictos mineros de Cajamarca es teoría de la conspiración. ¿Sería bueno entonces que alguien nos explique por qué Gregorio Santos celebra el nombramiento del Rolando Luque?

Fuente: Cuenta de Facebook de Gregorio Santos

Como se visualiza en la respuesta de CooperAcción, ellos también saludan la designación de Rolando Luque.  Sin embargo, llama la atención que el Twitter ha sido borrado de su cuenta. Aunque en cambio, en su cuenta de Facebook sí saludan el nombramiento de Rolando Luque:

Fuente: Cuenta de Facebook de CooperAcción

En el portal Noticias SER de claro sesgo anti-minero proclama en su editorial[5]:

“Aunque queda poco espacio queda para el optimismo, la designación de Luque, ex Adjunto de la Defensoría del Pueblo en el tema de conflictos, es una de las pocas buenas noticias de las últimas semanas.”

Es decir, aquellos que obtienen réditos políticos y económicos de la conflictividad social con objetivos post-extractivistas saludan el nombramiento de Rolando Luque como una buena noticia. ¿Por qué será? ¿Será que lo que es bueno para los anti-mineros es bueno para el Perú?

La afinidad con algunas de las ideas post-extractivistas se puede apreciar en la siguiente frase:[6]

“Los teóricos de la modernidad sostienen que la visión unilineal del desarrollo surgida del siglo XVIII europeo ha entrado hace tiempo en crisis. La reacción contra la minería tiene que ver con ese cuestionamiento a una modernidad excluyente y altamente costosa para los pueblos. La fascinación por la máquina y el cálculo ya no tiene el efecto de antes.”

Estas ideas que podrían ser expresadas por Marco Arana, por Eduardo Gudynas, o por Boaventura de Souza Santos, son opiniones de la persona en la cual el gobierno de PPK colocó su confianza para lograr “destrabar” los grandes proyectos mineros que enfrentan resistencia social. La estrategia de reactivación minera de este gobierno es demasiado sutil, pues no se hace visible para los ojos de los humanos comunes.

Manejo de los Conflictos

En declaraciones a Peru21[7], cuando la entrevistadora afirma que “del manejo de los conflictos económicos depende mucho la gobernabilidad del país y la marcha de la economía, sobre todo en el campo minero”, la respuesta de Rolando Luque carece del elemento económico. “La gestión de los conflictos sociales tiene como consecuencia preservar a las personas que participan en escenarios de riesgo.  La vida, la integridad física, la tranquilidad social son valores superiores que deben ser protegidos”. Es decir, gestionar los conflictos para él no tiene ninguna relación con desarrollar los proyectos mineros.   No menciona que los proyectos mineros pueden desarrollarse cumpliendo esos valores superiores y que además es la propuesta de diversas empresas mineras ligadas a conflictos.  Dada su visión irreal de cómo gestionar los conflictos, una solución post-extractivista en la que todos los proyectos mineros son bloqueados cumpliría completamente con sus objetivos. Si ya no hay empresas mineras funcionando, ya no habrían conflictos y todo sería paz.

Cuando se le preguntó a Rolando Luque si el conflicto de Tía María fue muy politizado, él responsabilizó a la empresa minera por no haber propuesto la desalinización del agua desde el principio (aunque luego fue propuesta por Southern) y por su mal manejo con las comunidades. Según él la politización del conflicto es consecuencia exclusiva de esos errores de la empresa. Sin embargo, el conflicto llegó a su apogeo aún después que quedaba bien claro que el proyecto usaría agua de mar. ¿Si el problema era sólo el agua, porqué entonces continuó escalando el conflicto? Rolando Luque evita hablar de personajes locales con claro interés político en el conflicto, como Tierra y Libertad, o las “lentejas” de Pepe Julio Gutiérrez como causa de la politización. Es como si no se hubiera enterado por los medios, o que en su forma de pensar los anti-mineros y los intereses políticos no existen, o son productos de teorías conspirativas. El actuar de Tierra y Libertad, donde militaba Pepe Julio Gutiérrez, ni el protagonismo de Gregorio Santos en Conga, no existen. Son solo teorías de conspiraciones.

Según Rolando Luque los radicales extremos no tienen una presencia orgánica en las movilizaciones anti-mineras. En una entrevista a El Comercio[8], Rolando Luque afirma:

“En lo que respecta a que habría radicales extremos que están parando los proyectos mineros, esto no es más que una conjetura, siempre válida y previsora en un país que padeció el delirio terrorista y que aún no consolida su democracia. Sabemos que merodean los conflictos y hasta logran infiltrarse en organizaciones sociales, pero de una presencia orgánica no hay rastro. En estos conflictos como en otros, lo que sí tenemos plenamente identificados son a las comunidades campesinas, pueblos indígenas, frentes de defensa, federaciones, asociaciones, rondas campesinas, etc. y mucha población no organizada”.

No estamos afirmando que la oposición a la minería está formada por terroristas anti-mineros, sin embargo el terrorismo no es la única manifestación posible del extremismo ni de la violencia. Como se sabe gran parte de los frentes de defensa están controlados por organizaciones políticas radicales tales como Patria Roja o Tierra y Libertad, mientras que muchas federaciones de rondas campesinas están bajo la influencia del movimiento MAS Democracia que promueve la candidatura presidencial de Gregorio Santos. Y sabemos que entre los anti-mineros hay otras corrientes políticas aún más radicales y más inclinadas a la violencia que estas dos.

Interlocutores legítimos y procesos de consulta

En la última entrevista con Perú21 parecería que Rolando Luque no tiene claro quiénes son los interlocutores válidos en casos de conflicto.  Él considera que no es suficiente hablar con las dirigencias (“en muchos casos estas monopolizan el discurso”).  Sin embargo, tampoco cree que los métodos actuales de consulta masiva como las Audiencias Públicas sean un buen sistema (“Nunca se llegó a discutir las observaciones del impacto ambiental [en Tía María].  Hubo una audiencia pública, pero ese modelo no permite llegar a profundidad”).  Y en otra parte, ante la pregunta si los Frentes de Defensa (creadas ad hoc en coyunturas de conflicto) tienen representatividad para dialogar, Luque responde “Hay frentes que son representativos, y otros que no lo son”.  Según su experiencia “En la mayoría de los casos he encontrado dirigencias racionales dispuestas a resolver los problemas sin querer estirar el conflicto por un interés político”.  En cambio, según nuestra experiencia, gran parte de los frentes de defensa quieren estirar al máximo el conflicto y lo hacen por algún interés político o económico de sus dirigentes.

El Debate Técnico

En otra parte de la entrevista afirma “En términos técnicos no hay nada que no pueda superar, y si hay algo que no es posible, el Estado debe pronunciarse y decir esto afecta al ambiente, etc. El Estado tiene que actuar con franqueza frente a las comunidades y decir si hay problemas presupuestales o imposibilidad de acceder a una demanda.  De mi experiencia, cuando las cosas se explican, la gente acepta”. Es preocupante que esta misma persona haya estado como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo mientras ocurrían conflictos emblemáticos como Conga y Tía María, diga que no haya visto como la población puede ser manipulada por rumores falsos.  ¿Acaso los permanentes acciones de monitoreo participativo del agua emanada de las operaciones de Yanacocha, firmadas mensualmente por el mismo Gobierno Regional de Cajamarca hacen varios años, han podido superar los temores de la población? ¿Acaso en Cajamarca la población le creyó en el Estado como garante de que el agua no estaba contaminada?

Los dirigentes anti-mineros han obtenido prestigio político y recursos económicos desplegando un discurso en el que oponerse a un proyecto de inversión implica “defender la vida y el medio ambiente.” Explicarle técnicamente que este discurso es falso no cambia en nada sus incentivos políticos, y los seres humanos reaccionan a los incentivos.

Por ejemplo: Si Marco Arana se dejara convencer técnicamente que el Proyecto Conga es positivo para el desarrollo de Cajamarca, que con un buen manejo del agua este recurso podría conservar y aumentar su disponibilidad para la población, y proclamara abiertamente su apoyo a este proyecto, ¿qué le pasaría a su carrera política basada en la hostilización de la minería? El Sr. Arana tiene muy clara la respuesta a esta pregunta.

La postura de Rolando Luque requiere, para ser correcta, que los dirigentes opositores a los proyectos de inversión estén dispuestos a cometer suicidio político, puesto que tendrían que aceptar frente a su potencial electorado que durante todos años se han dedicado a mentirles. Rolando Luque ignora que más allá de lo que realmente crean estos dirigentes, la naturaleza maximalista y polarizadora del discurso con el cual crecieron hace que tengan pocos márgenes de maniobra para la sensatez política.

Rolando Luque cree que se encuentra en otro país para declarar esto, o simplemente no se ha interesado en aprender de los golpes que el Estado recibió mientras él era representante de la Defensoría del Pueblo. Las declaraciones de Rolando Luque al respecto demuestran una amplia ignorancia respecto a la naturaleza del accionar anti-minero. Una importante línea de acción de los post-extractivistas consiste en demoler la credibilidad del Estado y de cualquier fuente que brinde análisis técnicos que contradigan sus rumores y versiones alarmistas respecto a las consecuencias de los grandes proyectos de inversión.

Las declaraciones de Luque en su última entrevista a Perú 21 son sintomáticas de esta postura, en las que considera que los representantes de las organizaciones opuestas al Proyecto Conga estuvieron a un día de suscribir el acta para iniciar un proceso de diálogo.  Según él, a pesar del clima social hostil al que se había llegado en el momento que se suspendió el proyecto, los alcaldes iban a consultar con sus bases y luego regresar con una propuesta para el diálogo.  En el conflicto más fuerte que ha sufrido nuestro país en los últimos años, él imagina que estuvo a un día de entrar en proceso de diálogo, que la población, las organizaciones sociales y sus dirigencias iban a cambiar su posición de un día para el otro, sin ninguna evidencia que los sustente. La falta de conocimiento de cómo funciona la política en las provincias y pueblos del Perú es sorprendente. En la mente de Rolando Luque, un proceso de diálogo podría contrarrestar los efectos de décadas de trabajo político y construcción de narrativa de los anti-mineros en Cajamarca, el cual ya había calado profundamente en el sistema de creencias de la población.

Ante la pregunta “¿Le interesará destrabar Tía María?”, Rolando Luque no fue capaz de responder sí.  Todas las preguntas de la entrevista que buscaban obtener una muestra de interés del nuevo Jefe de la ONDS por destrabar proyectos mineros, fracasaron.  Todas sus respuestas fueron ambiguas e indirectas. Él no ha tenido ninguna expresión que evidencie un compromiso, aunque fuera moderado, con la reactivación minera.

La “Ingenuidad” de Rolando Luque

En entrevista a Nicolás Lúcar, con motivo de las protestas en Tía María, Rolando Luque afirma:

“En el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando”

En los conflictos ligados a los grandes proyectos de inversión es clarísima la agenda ideológica y política detrás de los mismos. En Tía María, Espinar y Conga el rol de organizaciones políticas radicales tales como Tierra y Libertad y Patria Roja, hoy MAS Democracia, ha sido protagónico. Negarlo es un ejercicio de fantasía política.

Posteriormente afirma:

 “en el caso de las dirigencias hay progresos, tenemos ahora dirigencias mucho más pragmáticas y menos ideologizadas, más enteradas de los problemas que del ataque, de la visión amigo/enemigo o de ir directamente a la medida de fuerza, hay una cierta pausa reflexiva, se quiere resolver el problema”

Esto lo dijo el 2014, en la actualidad las autoridades locales y dirigentes de organizaciones sociales opuestas a Tía María mantienen su postura respecto a que todo diálogo pasa por aceptar la inviabilidad del Proyecto Tía María. Al parecer este mayor pragmatismo y menor ideologización no ha cambiado en un ápice la postura de estos dirigentes. La pausa reflexiva podrá existir en la mente de Rolando Luque, pero no en pensamiento de los grupos anti-mineros radicales, invisibles para él.

Más adelante Rolando Luque afirma:

“los dirigentes están siendo observados por la comunidad  y la única manera que mantengan su prestigio es si consiguen logros”

Personajes como Gregorio Santos, Marco Arana, Oscar Mollohuanca o Edy Benavides han obtenido logros electorales gracias a su protagonismo en la oposición a la minería. Gracias a ello han llegado a la Gobernación de Cajamarca, al Congreso de la República, la Alcaldía de Espinar y la Alcaldía de Bambamarca. Ello ocurrió a pesar de que con los conflictos no han obtenido ninguna mejora en el bienestar de la población de sus localidades, sino lo contrario. Rolando Luque no entiende que, una vez que la narrativa anti-minera se implanta en una zona, la “defensa del agua y la vida” pasa a ser suficiente requisito para recibir el reconocimiento de la población. Ya no es necesaria la obtención de “logros,” que pudieran abrir espacio para un acuerdo.

Implicancias de su Nombramiento

Rolando Luque ha manifestado ciertas propuestas positivas tales como hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos y fortalecer el seguimiento preventivo de los mismos. Ello puede resultar útil en aquellos conflictos en los que no se esté dando una accionar político sistemático de los post-extractivistas.

En aquellos casos en los que el conflicto es permanentemente alimentado por el accionar anti-minero el enfoque de Rolando Luque colapsaría. Él no entiende los motivos reales detrás de las movilizaciones ni los incentivos del accionar de los dirigentes anti-mineros (en su opinión los anti-mineros ni siquiera existen). Sin entender el fenómeno y sus orígenes, es muy difícil tener ideas efectivas para reducir las movilizaciones ni evitar la ocurrencia de eventos violentos.

Para Rolando Luque los dirigentes “anti-mineros” son personas confundidas a las que simplemente hay que explicarles las cosas. También cree que los manifestantes violentos, por que tienen motivos políticos, merecen un trato especial por parte de la policía y a ley. Además, los conflictos son oportunidades para que la sociedad cierre las asimetrías entre sus ciudadanos. No por nada lo anti-mineros están tan contentos con su nombramiento.

 Si los conflictos son oportunidades, no hay porque preocuparse de ellos, sino que hay que  aprovecharlos para generar las transformaciones que, en su opinión, necesita el Perú. ¿Quién pagará los costos de los conflictos y de esas transformaciones? Seguramente, Rolando Luque no está pensando en asumir esos costos. Para esto están las empresas mineras que en su opinión son la parte privilegiada en las asimetrías sociales. Ellas deberán pagar los costos. Además del costo social de un menor crecimiento, menor recaudación fiscal y menor tasa de reducción de la pobreza y la desigualdad.

Dada esta doctrina esperaríamos que en el caso de los conflictos sociales ligados a la gran inversión extractiva el accionar de Rolando Luque sea en el mejor de los casos inefectivo, cuando no directamente favorable a los anti-mineros que saludaron su nombramiento. En el peor de los casos el nombramiento de Rolando Luque por PPK podría ser semejante al nombramiento de De Echave por Humala como vice-ministro de Gestión Ambiental el 2011, el cual se dedicó, desde el interior del Estado, a propiciar mayores niveles de conflictividad en Conga. ¿Cuál será el conflicto Conga de Rolando Luque? Es muy probable que sea en la provincia de Cotabambas.

El nombramiento de Rolando Luque reduce significativamente la posibilidad de que este gobierno aproveche la oportunidad brindada por la alta aprobación de la que actualmente dispone para impulsar la gran inversión extractiva en el Perú. Para cuando las consecuencias de este error sean evidentes, el gobierno ya no dispondrá del capital político del que hoy dispone, y la correlación de fuerzas será más favorable a los anti-mineros y sus intereses. ¿Será que el gobierno está claro para quién está trabajando en este caso?

Lampadia

Un proyecto minero desarrollado durante quince años, de enorme impacto económico, que ha desarrollado un gran programa social, que ha cumplido con todas las reglas y que ha generado beneficios tangibles para la población vinculada al mismo, enfrenta, ante su puesta en marcha, una revuelta liderada por organizaciones oportunistas apoyadas por conocidas ONGs anti-mineras como Grufides y Cooperacción y diversos intereses particulares, sin que el Estado y la sociedad ejerzan una influencia determinante en el manejo del conflicto y en la difusión de los balances sociales, económicos y políticos de sus impactos.

Ante el enfrentamiento al proyecto de grupos autonombrados como representantes de las comunidades, en contra de las autoridades recientemente elegidas, favorables al proyecto, el país parece estar pensando que en cualquier momento, una visita del Espíritu Santo, nos ayudará a que las cosas se resuelvan solas.

La representación del Gobierno Nacional en la zona del conflicto se da por una suerte de pulsos diversos y discontinuos. Sin ningún nivel de coordinación ni unidad de mando. Inclusive se aprecian pugnas y zancadillas entre ellos.

Los medios relativizan a las partes y ponen en el mismo plano a las autoridades nacionales y locales y a la empresa, con los autoproclamados ‘frentes’ de toda suerte de supuestas causas nobles.

Los líderes de opinión, los representantes gremiales y académicos destacan fundamentalmente por su ausencia, aderezada por solo esporádicas presencias, cuando no, por caer en generalizaciones que buscan culpables entre las víctimas.

Cualquier disculpa es buena para las gestas desestabilizadoras de la racionalidad, el diálogo y la rigurosidad de los temas vinculados al desarrollo del proyecto.

Un amigo de esta casa nos preguntó hace unos días “¿por qué defienden tanto a la minería?”. Nuestra respuesta fue: “porque es el talón de Aquiles de la economía peruana”. Pero además, debemos decir que la Misión de Lampadia es: “Promover la Economía de Mercado, la Inversión Privada, la Modernidad, el Estado de Derecho y Meritocrático”.

¿Por qué es el talón de Aquiles de la economía peruana?

• Porque el Perú es un país pobre y por ahora solo tiene, prácticamente, sus recursos naturales para desarrollarse y generar trabajo para nuestra gente.

• Porque si sabemos aprovechar nuestros recursos naturales podremos crear riqueza para superar la pobreza como hemos hecho desde la promulgación de la Constitución de 1993, con el regreso de la inversión privada. Entre ella, de manera notoria, la inversión de la minería moderna. Con la qué, entre otros importantes desarrollos, hemos bajado la pobreza a un 22% y la pobreza extrema a 4.3%, disminuyendo, además, la desigualdad.

• Porque con lo que tenemos podemos superar la pobreza y no hacerlo, sería inmoral.

• Porque el mundo está cambiando aceleradamente con una revolución tecnológica que será disruptiva del empleo y del impacto de las estrategias tradicionales de industrialización como mecanismo de generación de empleo masivo y dependiente.

• Porque en el nuevo mundo tecnologizado, la creación de empleo será muy difícil y nosotros tenemos un potencial productivo inmenso alrededor de nuestros recursos naturales que, mientras emprendemos la gesta de las mejoras en educación, salud, infraestructuras e instituciones, puede albergar a todos nuestros ciudadanos con empleo de calidad, continuando con el crecimiento pro-pobre y pro-clase media que hemos alentado hasta el 2011.

• Porque nuestro Estado necesita muchos recursos económicos para desarrollar sus responsabilidades sociales atemperando la pobreza extrema, mientras logramos que nuestros pobres accedan a la economía de mercado y las vidas dignas que da el trabajo, más allá del imperioso asistencialismo temporal.

• Porque para los peruanos no se ha terminado ningún espacio de captación de riqueza desde el resto del mundo a través de nuestras exportaciones de materias primas de alto valor agregado, como las mineras. (Un 7% de crecimiento de China equivale en producto a 3.6 veces el PBI anual del Perú). Pero también está el potencial de reforestación de siete millones de hectáreas en la sierra, las agro-exportaciones, la acuicultura, la energía, el turismo, la gastronomía y el desarrollo de los minifundios alto-andinos con programas como el de Sierra Productiva.

• Porque el desarrollo del sector minero moderno es un excelente vehículo de encadenamiento con los demás sectores de la economía, muy especialmente, con el sector manufacturero.

• Porque no queremos que nuestros jóvenes tengan que volver a imaginar su futuro del  Perú, como hasta hace pocos años lo hacía el 86% de ellos.

Este no es momento para aguas tibias, celos ni cobardía. Tenemos que empezar a decir las cosas como son y a movilizar nuestras voluntades más allá de los mitos y de nuestra lejanía con la construcción de un país responsable en pro del bienestar general. ¡El Perú está en construcción. Todos debemos poner ladrillos! Lampadia 

Líneas abajo compartimos la entrevista de Gestión a Luis Alberto Rivera, alto ejecutivo de Las Bambas:

“El precio del cobre ha disminuido, pero la demanda por los metales no ha cambiado”

Las Bambas prepara ejecución de programas de competitividad en Cotabambas y Apurímac, y otros de alcance regional.

Entrevista a Luis Alberto Rivera Ruíz, vicepresidente de Operaciones de Las Bambas

Por Wilfredo Huanachín O.

Gestión, 28 de octubre, 2015

 

Los sucesos ocurridos en las zonas que circundan el proyecto de cobre Las Bambas (Apurímac) llevaron a Minera a entrevistar a Luis Rivera, ingeniero geólogo encargado del proyecto, con el fin de conocer cuál será el futuro inmediato de este desarrollo cuprífero operado por la empresa minera Las Bambas, filial en el Perú de la firma MMG Limited.

¿En qué estado se encuentran los procesos y los cronogramas de trabajo del proyecto?

Nos encontramos en la fase de comisionamiento.

¿En qué consiste esta fase de comisionamiento?

Consiste en la prueba de operación de las instalaciones, cuyas especificaciones son establecidas por los fabricantes, y se debe llegar al diseño y capacidad de cada componente. Por ejemplo, cada molino SAG debe moler 70,000 toneladas por día de mineral.

Respecto al traslado de minerales, ¿cómo se efectuará el transporte desde la mina a otro punto?

El concentrado que produciremos se transportará por camión hasta una estación de transferencia en Pillones (Arequipa). Desde allí continuará el transporte por tren hasta el puerto de Matarani. Gracias a Las Bambas se ha construido una importante vía terrestre que está unida a la red nacional de carreteras.

¿Qué asegura que el transporte en camiones no genere contaminación?

Los contenedores a usarse serán ISO containers, sellados por completo para mayor protección. Han sido especialmente diseñados para esta operación.

¿Cómo va la construcción de almacenes y espacios reservados para el concentrado de minerales que se exportará desde Matarani?

El operador portuario Tisur está construyendo una nueva instalación de atraque para el concentrado de Las Bambas y de otras minas, como Cerro Verde y Antapaccay. El nuevo amarradero incluye facilidades de descarga de trenes para Las Bambas, un cobertizo de almacenamiento de concentrado, un nuevo muelle con capacidad para recibir buques graneleros y un cargador de barcos con capacidad de 2,000 toneladas por hora. La inversión total supera los US$ 240 millones.

¿Cómo observan la evolución del precio del cobre y cuál puede ser la proyección para el 2016?

El precio del cobre ha disminuido sustancialmente, pero los fundamentos de la demanda de metales en el mediano y largo plazo no han cambiado. El mundo necesitará más cobre para su desarrollo y crecimiento.

Grupos de interés

En la actividad minera, Rivera consideró necesario identificar grupos de interés y poner en marcha mecanismos de comunicación para construir y consolidar una relación de confianza de largo plazo.

¿Están apoyando a los municipios, asesorándolos en el desarrollo de proyectos de inversión?

Fomentamos espacios para compartir y discutir las mejores prácticas de administración pública. Por ejemplo, en diciembre del 2014 Las Bambas organizó un taller sobre herramientas de gestión pública, en el que participaron 33 autoridades, entre alcaldes, concejales y miembros del equipo técnico municipal de los distritos de la provincia.

¿Cuáles han sido los trabajos o proyectos más relevantes?

Allí se abordaron temas como estructura de la administración pública, planeamiento estratégico, inversión pública y contrataciones. Creemos que este factor es primordial para hacer sostenible el desarrollo de Cotabambas y Apurímac.

Estamos contribuyendo también a desarrollar un plan de competitividad de alcance regional.

¿Cuáles serán los proyectos sociales más importantes de Minera Las Bambas en el 2016?

Continuaremos fortaleciendo todos nuestros proyectos de inversión social, especialmente los más emblemáticos, como el Programa de Recursos Educativos Las Bambas, los programas de capacitación a jóvenes, el programa de proveedores locales y el programa de viveros forestales, entre otros.

¿Le conviene a la empresa el modelo de inversión obras por impuestos?

Definitivamente, es un mecanismo interesante. Sin embargo, no aplica en esta etapa del proyecto.

Inversión social

¿Cuánto tiempo ha tomado el proceso para obtener la licencia social por el proyecto Las Bambas?

Iniciamos nuestras actividades de exploración hace más de una década. Desde entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar de manera directa con las comunidades del entorno, para lo cual fue fundamental escuchar y entender sus reales necesidades y expectativas. El diálogo permanente y el cumplimiento de nuestros compromisos han sido la base de nuestra buena relación con las comunidades vecinas al proyecto.

¿Cuál ha sido la etapa más complicada para concretar este proceso?

Uno de los procesos más rigurosos, sin lugar a dudas, fue el proceso de participación ciudadana del estudio de impacto ambiental, que incluyó un amplio programa de monitoreos participativos, 20 talleres informativos, atención permanente en nuestras oficinas informativas, entre otras herramientas de socialización del proyecto y sus beneficios para las comunidades.

En una audiencia pública en la que participaron más de 6,000 personas obtuvimos el consenso social para poner en marcha el proyecto Las Bambas.

¿Cuánto representa la inversión en actividades o trabajos de relaciones comunitarias o de apoyo a las comunidades respecto al costo o valor total del proyecto?

La inversión social no está relacionada al costo o valor del proyecto. Es un mecanismo de contribución al desarrollo en función de distintas variables. Entre ellas, las reales necesidades del área de influencia, teniendo como marco nuestras políticas y principios como empresa.

¿Este concepto tiende a variar en la medida en que se va incrementando la producción del proyecto?

Entre los años 2005 y 2015 hemos implementado un intenso programa de desarrollo social, aún antes de iniciarse la producción, que contribuye a la generación de recursos propios e incentiva el progreso de las comunidades. La inversión directa en proyectos de desarrollo sostenible durante este periodo supera los US$ 240 millones. Hemos contribuido a mejorar la infraestructura y servicios, así como la promoción de nuevos negocios. En medio ambiente, por ejemplo, hemos reforestado 220 hectáreas y hemos plantado 280,000 árboles.

¿Incluye capacitación?

No, capacitación es aparte. Hemos impartido conocimientos sobre computación, carpintería, soldadura, electricidad, mantenimiento y manejo de vehículos a, aproximadamente, 2,000 residentes locales.

¿Qué trabajos vienen desarrollando respecto al Fondo Social de Las Bambas?

En el Fondo Social Las Bambas (Fosbam) se ha invertido más de US$ 60 millones en obras de saneamiento, educación, transporte, infraestructura y mejoras agrícolas, en las provincias de Grau y Cotabambas (departamento de Apurímac).

Más de 2,500 proveedores vendieron bienes y servicios superiores a los US$ 200 millones

Balance. Según el reporte de sostenibilidad de MMG, en Las Bambas se invirtieron durante el 2014 unos US$ 1,635 millones correspondientes a proyectos de construcción y desarrollo.

También están registrados unos 2,554 proveedores, que concretaron un total de ventas por US$ 214 millones, entre bienes y servicios.

Por otro lado, la planilla total de ese año fue de 836 trabajadores, procedentes principalmente de Apurímac, Cusco, Arequipa y Lima.

El proyecto Las Bambas cuenta con reservas minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 10.5 millones de toneladas de cobre. Se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado en sus primeros cinco años. Se estima que la vida de Las Bambas será mayor a 20 años, dado que su potencial de exploración es considerable, y que solo el 10% de la propiedad otorgada en concesión se ha explorado hasta el momento. MMG Limited tiene su sede en Melbourne, Australia, y cotiza en la bolsa de Hong Kong.