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Las pensiones como ciclo virtuoso

Las pensiones como ciclo virtuoso

Todas los sistemas previsionales de reparto públicos, se basan en los ingresos de una generación futura, para cubrir las pensiones de los jubilados actuales. Una suerte de esquema Ponzi, o pirámide del tipo de las grandes estafas como ‘Clae’.

Un esquema de Ponzi se define como “una estafa de inversión en la cual algunos primeros inversionistas son pagados con el dinero puesto por los posteriores inversionistas con el fin de alentar más y mayores riesgos”. El modelo es insostenible porque para mantenerse requiere un universo infinito de nuevos participantes.

En el caso de las pensiones de reparto, además de las tradicionales ineficiencias de los sistemas administrados por los estados, con la evolución de la demografía, en la que la tasa de reproducción ha bajado sensiblemente, no es posible evitar un déficit estructural de los modelos previsionales de reparto.

Por ello, los beneficios del sistema de aportes individuales a cuentas privadas, en las que cada trabajador construye la base de su propia jubilación, han probado largamente ser una de las reformas más importante de la seguridad social en el mundo. Esto no significa que no sea necesario hacer ajustes, como los que debería conllevar la mayor esperanza de vida.

Lamentablemente, cuando se enfrenta la necesidad de hacer ajustes, se corre el riesgo que los políticos desandados en cuanto a los beneficios de los ciudadanos, se vayan por la tangente.  Como en Chile, donde se hizo evidente que la mayor esperanza de vida requería más años de aportes, y el descalabro del modelo.

En el caso del Perú, evidentemente, la mayor debilidad del sistema es la cobertura de los sistemas pensinarios que solo cubren al 25% de la población. Sin embargo, ni el Estado, ni los operadores del sistema privado de pensiones, muestran el más mínimo interés de enfrentar esta deficiencia estructural.

Por ello, en Lampadia insistimos en nuestra propuesta de pasar el esquema a uno basado en el canje, voluntario, de pagos por IGV, a cuentas individuales. Ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y UNIVERSALICEMOS LA CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL – ONP: INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN. Lampadia 

Generaciones superpuestas

Pateandola lata por un camino sin fin

El resumen final de nuestra serie sobre grandes ideas económicas examina los costos (y beneficios) de pasar el proyecto de ley a la próxima generación

The Economist
31 de agosto, 2017
Traducido y glosado por
Lampadia

En la primavera de 1899, William Miller persuadió a tres miembros de su grupo de oración de Brooklyn a que invirtieran su dinero con él, prometiéndoles retornos sobrenaturales. Pagaría un dividendo del 10% por semana, más una comisión por cada nuevo inversionista que pudieran contratar. Pronto, William “520%” Miller estaba atrayendo a multitudes de depositantes a su puerta.Tan “grande fue el agolpamiento”, dicen por ahí, que su escalera finalmente se desplomó. Miller atribuyó su éxito a “información privilegiada”. Pero su método real lo hizo famoso 20 años más tarde el hombre que lo perfeccionó, Charles Ponzi.

Los esquemas Ponzi, como el de Miller, pagan un retorno a los primeros inversionistas con el dinero recaudado de los posteriores. Cuando se quedan sin nuevas contribuciones, se derrumban. Un plan tan generoso como el de Miller no puede durar mucho tiempo. Pero, ¿qué pasaría si las promesas fueran menos extravagantes y los intervalos de reembolso menos estrictos? ¿Y si, por ejemplo, un plan pidiera dinero a los inversores en sus años más jóvenes a cambio de un pago en su vejez? Sobre esa escala del tiempo, un esquema de Ponzi no necesita limitar sus esfuerzos del reclutamiento a la gente viva cuando comienza. Puede reembolsar a los contribuyentes de hoy con dinero de futuros participantes que aún no han nacido. Y puesto que la próxima generación nunca es probable que sea la última, la cadena podría, en principio, continuar indefinidamente. Salvo una catástrofe, nacen nuevos posibles clientes cada día.

Esta lógica intergeneracional está detrás de las pensiones de “reparto” (PAYG, por sus siglas en inglés) comunes en muchos países. Las personas contribuyen al plan durante su vida laboral, y reciben un pago en la jubilación. Muchas personas imaginan que sus contribuciones se guardan o se invierten en su nombre, hasta que alcancen la edad de jubilación. Pero ese no es el caso. Las contribuciones de los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy. El dinero se transfiere entre generaciones, no a través del tiempo.

El Seguro Social de los Estados Unidos, por ejemplo, es en gran parte por reparto. Por esta razón, sus críticos a menudo lo comparan con un esquema Ponzi para desacreditarlo. Pero la comparación también puede funcionar de otra manera. Si el Seguro Social (un venerable derecho que ha ahorrado a millones de personas de la penuria) tiene algún parecido con un esquema de Ponzi, entonces tal vez los principios de Ponzi no siempre son tan diabólicos como su nombre lo sugiere.

En algunos casos, esos principios podrían redundar en beneficio de todos. Uno de esos escenarios fue bosquejado por Paul Samuelson del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1958. Su experimento de pensamiento es más fácil de entender cuando se da el ejemplode una isla (a lo largo de líneas sugeridas por Laurence Kotlikoff de la Universidad de Boston). La isla de esta parábola alberga árboles de cacao inusualmente altos, personas hambrientas y casi nada más. Sólo los jóvenes pueden trepar a los árboles y recoger la fruta, que se debe comer rápidamente antes de que se estropee en el sol. Y sólo dos generaciones (jóvenes y viejas) están vivas al mismo tiempo.

En esta isla, los ancianos no tienen forma de protegerse. Son físicamente incapaces de recoger fruta. No pueden comprar fruta de los jóvenes, porque no tienen nada que ofrecer a cambio. Tampoco pueden vivir de las vainas de cacao salvadas de su juventud, porque su reserva se habrá podrido cuando sean mayores. No hay activos duraderos, imperecederos que puedan servir como un vehículo para su ahorro.

La solución, por supuesto, es un esquema intergeneracional de Ponzi. Los jóvenes dan fruto a los viejos en el entendimiento de que la próxima generación hará lo mismo para ellos cuando crezcan frágiles. En efecto, los jóvenes prestan a sus padres y cobran el reembolso de sus hijos. Al hacerlo, sirven como un vínculo entre dos generaciones que no coexistirían de otro modo.

Las grandes mentes se superponen

El esquema funciona, señaló Samuelson, sólo porque “siempre están llegando nuevas generaciones”. Si la reproducción hubiese dejado de existir, la última generación no obtendría nada del esquema. Sabiendo esto, no pondrían nada. Pero su falta de contribución también privaría a la penúltima generación de un pago, no dejándoles ninguna razón para participar. Cualquier ruptura anticipada en la cadena provoca que todo se desacople. Si el esquema no puede terminar nunca, no puede incluso comenzar.

El trabajo de Samuelson fue seminal, pero no totalmente original. Un modelo similar fue descrito en 1947 por Maurice Allais, que entonces trabajaba en una oficina de estadísticas mineras en París, pero su contribución tuvo la “desgracia de ser escrita en francés”, como ha señalado un erudito. La ‘interminabilidad’ de estos modelos juega estragos con gran parte del sentido común económico. Los economistas saben que las limitaciones presupuestarias eventualmente se unen y que las cuentas deben ser resueltas al final del día. Pero, ¿y si el final nunca llega?

Tales parábolas pueden parecer demasiado artificiosas para ser iluminadoras. Seguramente los isleños se benefician de un esquema de Ponzi sólo porque la historia les niega arbitrariamente cualquier manera de ahorrar para su futuro. Si los jóvenes pudieran adquirir un activo duradero, podrían cuidar de sí mismos en su vejez vendiéndolo para las cosas que necesitan. En lugar de comer fruta de cacao, los isleños podían plantarla para cultivar un nuevo árbol, que luego podrían alquilar o vender a los jóvenes escaladores cuando se retiraran.

En la mayoría de los casos, este tipo de ahorro e inversión realmente sirve mucho mejor a la gente. La acumulación de capital amplía la capacidad productiva de la economía, creando así riqueza, a diferencia de los esquemas de Ponzi, que simplemente lo difunden. Ahorrar e invertir el valor de la tienda y añadir a ella, convirtiendo una fruta de cacao en un árbol entero. Por lo tanto, los jubilados pueden esperar obtener más de su inversión de lo que ponen inicialmente.

En algunos casos inusuales, sin embargo, otros factores pueden pesar en favor del esquema de Ponzi. En primer lugar, el ahorro y la inversión pueden producir rendimientos que disminuyen drásticamente. Si una sociedad está deseosa de transferir recursos al futuro, acumulará un gran stock de capital, lo que puede reducir el retorno de más inversiones. Pienseen un huerto con demasiados árboles, cada uno toando parte de la luz de otro y absorbiendo su suelo.

Una segunda consideración es la demografía. Una población creciente crea un esquema de pirámide natural. Cada cohorte de participantes recibirá el dinero aportado por una generación posterior, mayor. Por lo tanto, ellos también pueden sacar más provecho de lo que ponen. Las generaciones futuras también pueden estar mejor que sus predecesores. Pueden beneficiarse de fuentes de avances económicos (como la mejora de la tecnología), más allá de la simple acumulación de capital. Esta marcha del progreso debería permitir que un esquema de Ponzi pague un retorno positivo a los inversionistas incluso si el esquema toma solamente un porcentaje constante de los ingresos de cada generación. Gracias al crecimiento económico, el 10% recaudado de los ingresos de los jóvenes de hoy valdrá más que el 10% recaudado en el pasado de la generación más pobre de sus padres.

Para hacer las cosas concretas, supongamos que la población de un país crece un 1% al año y los ingresos por persona crecen un 4%. En este caso, un esquema Ponzi puede ofrecer un rendimiento anual de aproximadamente 5% indefinidamente, simplemente tomando una proporción constante de los ingresos de cada generación. Si la economía ya tiene un gran stock de capital, el rendimiento del ahorro y la inversión podría ser menor que eso, especialmente teniendo en cuenta el riesgo involucrado. Tal economía sufriría lo que los economistas llaman “ineficiencia dinámica”. En estas circunstancias, un esquema intergeneracional de Ponzi puede ser sostenible y deseable.

Una pensión de reparto es sólo el ejemplo más obvio de tal esquema. La deuda del gobierno puede desempeñar un papel similar (una posibilidad que entretenía Peter Diamond del MIT en un artículo de 1965 sobre las ideas de Samuelson). Si el gobierno no quiere extraer contribuciones de la seguridad social de los jóvenes, puede vender bonos a largo plazo. Cuando estos bonos maduran, el gobierno puede pagarlos vendiendo una nueva ronda de bonos a la siguiente generación, más rica.

Una tercera forma más anárquica de transferir recursos de los jóvenes a los viejos es una burbuja especulativa. En una burbuja, la gente paga sobre las probabilidades de un activo, como una casa, en la creencia de que los inversores posteriores pagarán un precio más alto todavía. El sobrepago equivale a una contribución a un esquema de Ponzi, reembolsado no por las ganancias del activo subyacente, sino por sobrepagos de inversores posteriores. Si cada generación es colectivamente más rica que la anterior, entonces el precio del activo puede seguir aumentando incluso si cada comprador absorbe sólo el mismo porcentaje de sus ingresos (ascendentes).

La teoría del joven-tonto

Todos estos mecanismos tienen efectos secundarios. La deuda del gobierno puede eliminar la inversión productiva. Las burbujas pueden hacer lo mismo. Pero en una economía que sufre de ineficiencia dinámica, este desplazamiento es algo bueno. Esta economía ha acumulado demasiado capital. Requiere grandes inversiones para mantener este gran stock de maquinaria, equipos, edificios e infraestructuras en línea con la economía. Los jóvenes se sienten tentados a añadir aún más capital en un esfuerzo por transferir recursos a su futuro, los seres viejos. Sin embargo, debido a que los rendimientos son tan bajos, es más eficiente para ellos transferir recursos directamente a las personas de edad avanzada (contribuyendo a la seguridad social, comprando bonos del gobierno o pagando demasiado por los activos de los ancianos), entendiendo que los jóvenes de mañana harán lo mismo para ellos.

Bajo ciertas condiciones, entonces, los principios de Ponzi son eficientes y no son maléficos. Pero, ¿se encuentran esas condiciones en el mundo real? Una manera de buscarlos es comparar las tasas de interés (que representan la rentabilidad del capital) y las tasas de crecimiento del PBI (que reflejan tanto el crecimiento de la población como el aumento del ingreso por persona). Una prueba alternativa, más rígida (que funciona bien bajo ciertas suposiciones) es comparar la inversión y los beneficios. Si la inversión nacional es mayor que las ganancias, un país está arando más en su capital que lo que gana. Es como si los isleños estuvieran replantando toda la fruta que recolectan de los árboles adicionales que han cultivado (menos cualquier fruta que necesiten para compensarse por su trabajo) además de unos cuantos más. Los esfuerzos de la economía para ahorrar e invertir para el futuro están sobrecargando las herramientas disponibles para ahorrar.

Los economistas solían confiar en que la mayoría de las economías estaban en el lado correcto de esta prueba, ganando mucho más en ingresos de lo que invirtieron. La investigación reciente es menos definitiva. François Geerolf de la Universidad de California en Los Ángeles cree que Japón sufre de ineficiencia dinámica. Y no puede descartar la posibilidad de que todos los países del G7 (y otros nueve) sufren de manera similar. Si es así, las implicaciones son provocativas. Ellos asumen que la deuda pública del G7 está absorbiendo dinero que de otro modo se gastaría en aumentar aún más el stock de capital sobrecargado. En la medida en que los ingresos de este préstamo del gobierno se destinan a la atención médica y pensiones, los ancianos se benefician de manera desproporcionada. Tal vez, entonces, la deuda pública del G7 está desviando esfuerzos infructuosos para proveer para el futuro en proveer para los ancianos en su lugar.

Varios estudiosos, entre ellos Qian Liangxin de la Universidad de Anhui, también señalan que China a menudo se dedica más a su capital que lo que gana. En la etapa de desarrollo de China, esto no puede ser algo malo, porque la relación capital-intensidad de la economía está todavía en flujo. Pero la combinación de crecimiento rápido y retornos reprimidos sobre el ahorro puede ayudar a explicar por qué China es tan propensa a las burbujas especulativas, especialmente en la propiedad. Los chinos en edad de trabajar pagan en exceso por casas, muchas de las cuales están vacías, suponiendo que las venderán a precios más altos, no a un mayor tonto necesariamente, sino a uno más joven, más rico.

El esquema proto-ponzi de William Miller duró menos de un año. Sus bancos (incluyendo el Hide and Leather National Bank of Nueva York) cerraron sus cuentas y los periódicos lo persiguieron. Él huyó a Canadá antes de que la policía lo alcanzara. Pero nunca se le acabaron los inversionistas. Aun cuando escapaba del país, muchos sobres dirigidos a su sindicato se amontonaban en la oficina de correos, llenos de contribuciones de la siguiente generación de creyentesLampadia

 




ONP: Inclusión o Exclusión

ONP: Inclusión o Exclusión

Presentación de Pablo Bustamante Pardo, Director de Lampadia, en el evento: “Hacia un Sistema de Pensiones Inclusivo”, organizado por la y UPC, el lunes pasado.

El Perú fue uno de los primeros países en el mundo, en adoptar un sistema previsional de capitalización individual, que permite superar la trampa de los quiebres de financiamiento que han perseguido a todos los países desde la instauración de los sistemas de pensiones estatales en 1883, por iniciativa de Otto von Bismark, el ‘Canciller de Hierro’ de Prusia y unificador de Alemania.

En 1980, José Piñera ideó un sistema de pensiones contributivo de capitalización individual. Desde entonces, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha sido adoptado por muchos países, que han encontrado en él, la posibilidad de ofrecer pensiones sostenibles que no absorban parte importante de los siempre escasos recursos públicos.

Como toda creación humana, este sistema tiene que irse adaptando en el tiempo a cambios estructurales, como, por ejemplo, el incremento de la esperanza de vida. Una realidad demográfica que afecta todos los esquemas pensionarios, que eventualmente debería llevar a incrementar los años de trabajo. Sin embargo, las políticas populistas propician jubilaciones más tempranas.

Más allá de las necesidades de hacer ajustes, el SPP es una clara expresión de capitalismo popular, que liberó a los jubilados del Estado, de su condición de rehenes de la politiquería de las izquierdas de las ‘ideas muertas’. Razón por la cual, el sistema fue víctima de largas campañas de desprestigio y formación de mitos, que, en el caso del Perú, terminaron por desdibujarlo ante la opinión pública.

Veamos donde estamos:

En el Perú, el talón de Aquiles de los sistemas pensionarios, tanto del SPP, como del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la ONP, es que su cobertura solo alcanza a los trabajadores del sector formal. Esto deja fuera de los beneficios previsionales al 75% de la PEA.  

Una buena solución a esta deficiencia es el canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP. Veamos:

Propuesta para el canje de IGV por aportes individuales

En enero del 2014 Lampadia propuso usar parte de los pagos de IGV como aportes individuales a fondos privados de pensiones de todos los peruanos sin excepción.

Este mecanismo permitiría formalizar el empleo y dar acceso a pensiones privadas al 100% de los trabajadores. Ver en LampadiaEl IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo.

Con el aporte de una parte de los pagos por IGV a cuentas individuales se podrían obtener los siguientes resultados:

  • Registrar y formalizar a toda la clase trabajadora, pues sería muy extraño que alguien dejara de canjear su IGV por ahorro previsional privado bien remunerado.
  • Establecer un sistema universal de pensiones al que se podría aportar desde los 18 años y que podría permitir acumular un fondo adecuado, por lo menos para una pensión base o mínima de buen nivel, dado el período de aportes de 47 años (18 a 65) con el efecto de la tasa de interés compuesta. Por ejemplo, un aporte de 10 soles después de 47 años con un rendimiento de 7% anual generaría 240 soles, y en 24 años, el promedio del período sugerido de aportes, 51 soles por cada 10.
  • Se podría disminuir la evasión de pagos del IGV.
  • Se podría cerrar la ONP y poner coto al forado fiscal que hoy representa.
  • Se podría ir eliminando las inafectaciones al IGV y tener un sistema plano y universal.
  • Aumentaría la recaudación de IGV, lo que podría compensar (total o parcial) los puntos que se usen en los canjes.

En Lampadia asumimos que el nivel de canje debería estar entre 3 a 5 puntos de los actuales 18 puntos del IGV. Sin embargo, es evidente que habría que hacer los cálculos adecuados en función de los períodos de aporte y demás factores vinculados. También será necesario ver como se establece una pensión mínima que podría lograrse mediante aportes complementarios del Estado, adicionales a lo que el trabajador pueda haber acumulado por su cuenta.

Lamentablemente, esta propuesta no fue nunca recogida por la Asociación de AFPs ni por las empresas individualmente. La verdad es que nunca manifestaron ningún interés en siquiera conversar del tema. El gobierno de PPK tampoco se allanó a analizar la propuesta. Ver en Lampadia: Agarremos el toro por las astas – Sobre formalización, pensiones e IGV. (Julio, 2016).

Pero, además de la gran exclusión, se generó una dolorosa discriminación con quienes se propició se mantuvieran en un sistema contributivo de reparto estatal, el SNP, que los castigó con una serie de maleficios. Veamos:

Uno de los castigos más importantes a los afiliados de la ONP es el requerimiento de mantener aportes de más de 20 años para poder recibir una pensión, que como veremos más adelante, afecta a muchos trabajadores.

Desde un punto de vista social y económico, el SNP, es cada vez más insostenible, pues con el aumento de la esperanza de vida de nuestra población, habría que cubrir pensiones durante más años, con un sistema que ya arrastra un importante déficit de financiamiento. Ello determina que un país pobre como el Perú, con mil necesidades insatisfechas, con brechas económicas y sociales que no alcanzamos a cubrir (en educación, salud, e infraestructuras, entre otras), tenga que dedicar recursos fiscales crecientes para sustentar el pago de pensiones. Algo que, de no corregirse, incapacitará al Estado para solventar sus necesidades y determinará continuos retrasos en los ajustes de los montos de pensiones, o, en otras palabras, menores pensiones.

Otro castigo del sistema de reparto del Estado, es que genera menor rentabilidad con los aportes de sus afiliados, en comparación con la que obtiene el SPP, que duplica el rendimiento de sus inversiones.

A julio del presente año, las pensiones de jubilación, de invalidez y de sobrevivencia que ofrece el sistema privado son también, claramente mejores de las que aporta el sistema estatal.

Como indicamos líneas arriba, si un afiliado al sistema estatal no acumula 20 años de aportes, no solo se queda sin pensión, además, pierde todos los fondos que haya aportado. No se le devuelve ni un Sol. Según el IPE, dos tercios de los afiliados a la ONP, no recibirán pensiones y perderán todo lo aportado. Algo abusivo e inaceptable, que se sigue fomentando, al promover las afiliaciones al SNP de la ONP.

Pero, por otro lado, la situación actual, de debilidad de la imagen del SPP, de pensiones, no es gratuita. En ello han confluido varios elementos: 

  • Falta de cobertura

75% de la PEA, los trabajadores que no son parte de la formalidad, están excluidos de ambos sistemas pensionarios, y eso determina una falla estructural.

Como se explica líneas arriba, una buena solución a esta deficiencia es el canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP.

  • La publicidad de las AFPs y su relacionamiento con los afiliados

Es muy lamentable que los operadores del sistema, hayan privilegiado una competencia de atributos patrimoniales, accionarios, y hasta inmobiliarios, antes que difundir los beneficios del sistema de capitalización individual.

  • Falta de transparencia

No se logró tangibilizar y hacer más cercano a los afiliados, el SPP.

  • Políticos irresponsables

Lamentablemente, las debilidades y falencias del sistema, como la insuficiente cobertura, fueron aprovechadas por políticos irresponsables, que se permitieron jugar partidos de conveniencia política individuales de corto plazo, a costa de los beneficios de largo plazo del conjunto de la sociedad.

La aprobación del retiro del 95.5%, contó con la anuencia de Keiko Fujimori, por un cálculo político muy equivocado. Así mismo, más allá de los impulsores de la norma, retratados en la imagen anterior, debe singularizarse la vergonzosa actuación del entonces presidente del Congreso de la República,  Luis Iberico, que promulgó la ley por insistencia, sin haber buscado previamente, espacios serios de debate.  

Pero, el puntillazo al SPP fue la absurda norma promulgada durante el gobierno del nacionalismo, que permite que los pensionistas de SPP, al cumplir 65 años, puedan retirar hasta el 95.5% de su fondo individual. Algo, que tal como se advirtió, dejará sin acceso a pensiones a la gran mayoría de afiliados del sistema, pues, como ya se ha comprobado desde la incepción de la ley, los fondos que se retiran (por la gran mayoría de afiliados), no se reservan para sustentos pensionarios.

Factualmente, se puede afirmar, que, con esta medida, el 75% de los peruanos no está cubierto por los sistemas pensionarios (SPP y SNP), y los afiliados al SPP, en más de 90%, tampoco tendrán pensiones. Esto genera una tremenda amenaza para la salud fiscal del Estado, pues, ante la carencia de pensiones y el consiguiente drama social que se generaría, el Estado se verá, eventualmente, compelido a universalizar algún sistema, como Pensión 65, a todos los peruanos. Algo inmanejable desde el punto de vista fiscal, y que condenaría a los peruanos a tener pensiones miserables.

Los argumentos de los políticos populistas que forzaron el tema del 95.5%, se caen por su inconsistencia. Ver en Lampadia: La reforma de las pensiones. Uno muy llamativo es el caso de los jubilados viudos en Japón, que prefieren ir a la cárcel, que vivir con sus pensiones de reparto. Ver: Ancianos japoneses prefieren la cárcel a pobres pensiones.

En resumen:

  • El SNP es una suerte de estafa a los peruanos que se ha propiciado, se mantengan en el sistema de reparto estatal, y se debe propiciar su traslado al SPP.
  • El SPP debe ser reparado de inmediato para corregir los perniciosos impactos del retiro del 95.5% de los fondos individuales a los 65 años de edad.
  • Debe desecharse el absurdo (y secreto) proyecto del gobierno de PPK, basado en la creación de un monopolio estatal para manejar buena parte del sistema de pensiones.
  • El SPP debe ser universalizado, cambiando la base de contribuciones de todos los ciudadanos, a un mecanismo de canje parcial de pagos por IGV, por aportes individuales al SPP.  

Lampadia

 




El nuevo Régimen Mype Tributario es un gran avance

El nuevo Régimen Mype Tributario es un gran avance

Jaime de Althaus
Para
Lampadia

Entre las críticas que se han formulado a la gestión del renunciante ministro de Economía, Alfredo Thorne, está la de que el nuevo Régimen Mype Tributario (RMT) creado por él sólo habría servido para reducir la recaudación. Es, a nuestro juicio, una crítica miope, que no advierte que se trata de una reforma que si bien tiene un pequeño costo fiscal en el corto plazo, aumentaría la recaudación en el mediano y, sobre todo, ayudará a la formalización efectiva de las micro y pequeñas empresas incorporándolas a la cadena tributaria y productiva, reduciendo así el dualismo económico en el país, además de darles un respiro a las que estaban en el régimen general y accedieron al nuevo Régimen Mype.

Lo que pasa es que se trata de una reforma inteligente. La idea central detrás de ella es que el impuesto a la renta se incrementa gradualmente conforme suben los ingresos, de manera que no haya un salto mortal cuando se pase al régimen general, que es lo que lleva a muchas empresas a no crecer o a dividirse para no ingresar a ese régimen, pues si lo hacen perciben menos utilidades que en el nivel anterior.

Eso se resuelve casi totalmente con el nuevo RMT, cuando se establece que las primeras 15 UIT de utilidades solo pagan 10% de impuesto a la renta. El límite superior del nuevo RMT es 1,700 UIT de ventas. Esto representa  6’885,000 soles. Después de eso, ya no se tiene el beneficio de 10% de IR por las primeras 15 UIT. Pero eso significaría pagar 12 mil soles más para el que pasa el límite. Es decir, no es probable que por 12 mil soles vendiendo casi 7 millones de soles, una empresa decida dividirse para no saltar al régimen general.

Claro, lo ideal, como explica Victor Shiguiyama, jefe de la Sunat, sería que se elimine ese límite de las 1,700 UIT. Que no haya límite. De esa manera la gradualidad sería absoluta y casi no se percibiría el aumento de la tasa efectiva.

De la misma manera, debería eliminarse el límite hacia abajo. Esto para incorporar a los microempresarios. Es decir, eliminar el RUS y el RER, que son maneras de escapar de la tributación y de la formalidad con una apariencia de formalidad, porque se paga una cantidad fija pequeña y no se declara nada, no se brinda información ni se paga IGV. Quien está en el RUS está fuera de la cadena tributaria (y de la cadena productiva porque los formales no les compran puesto que no dan factura, acentuando el dualismo de nuestra economía) y fuera de todo control. Es conocido que hasta peluquerías en la Av. Conquistadores de San Isidro están en RUS. Así como cientos de miles de restaurantes que evidentemente venden más que el tope máximo de ese régimen. Los negocios se subdividen para no ingresar al régimen general.

Los negocios que están en las escalas más bajas de ingresos quizá incluso paguen menos en el nuevo régimen Mype que en el RUS, pero tendrían que dar información y la complejidad tributaria para ellos sería mayor. Ello, sin embargo, se resolverá a partir del 2018 cuando empiece a generalizarse el comprobante electrónico, que podrá ser emitido por el comerciante más pequeño desde su celular, sin necesidad de que sea un smart phone. De esa manera la Sunat tendrá el registro de todas las operaciones y podrá hacerle su liquidación de impuestos al microempresario, que ya no tendrá que hacer nada sino pagar. Según Shiguiyama, al 2019 el 100% de las transacciones en el Perú se harán mediante comprobante electrónico. Ese será un avance revolucionario, pero para que realmente lo sea habría que eliminar efectivamente el RUS y el RER de manera que todos ingresen al nuevo RMT, donde la Sunat le dirá a cada quién cuánto le corresponde pagar

En ese momento no solo toda la economía será formal desde el punto de vista tributario, sino que la recaudación aumentará por el simple efecto del incremento de la base y porque casi todos pagarán IGV. La evasión de este impuesto se reducirá del 35% actual a un nivel mucho menor. Será otro país.

La eliminación del RUS y del RER y del tope superior del Régime Mype Tributario debería ser materia del segundo diálogo que se produzca entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori.

En la actualidad la mayor cantidad de contribuyentes que ha pasado al RMT son aquellos que estaban en el régimen general y vendían por debajo de las 1700 UIT. Estos son más de 400 mil empresas (de las cuales declaran 341 mil). Del RUS, respecto del cual se suprimieron las tres escalas superiores (3,4 y 5), han pasado al RMT alrededor de 4 mil microempresas, de un universo de unas 15 mil. El resto se subdividió y bajó a las escalas 1 y 2 del RUS. Wilfredo Albarracín, de la Sunat, nos precisa que delas 21,900 microempresas que estaban en las escalas superiores (3,4 y 5) del RUS, que fueron suprimidas, 7,227 microempresas (33%) pasaron al RUS y 14,235 al RER (un régimen más alto que el RUS). 8,760 (40%), en cambio,  bajaron al RUS 1 y 2.[1]Probablemente se subdividieron.

La solución, entonces, repetimos, está en eliminar el RUS y el RER, tal como sostiene Shiguiyama, y crear un solo sistema que, además, evite el juego (arbitraje) entre regímenes, algo que se presta a la evasión. El jefe de la Sunat añade que, además, podría establecerse un incentivo interesante para incorporarse al RMT: que parte del IGV que el pequeño contribuyente paga al comprar algo sirva para contribuir al sistema de pensiones o a Essalud, tal como ha propuesto Lampadia. Es decir, un incentivo para pedir facturas y solicitar comprobantes de pago electrónicos al vendedor o proveedor, porque el aporte lo haría la Sunat de manera automática al quedar registrada la compra en el sistema mediante el comprobante electrónico. De otro lado, quienes están en el RUS no dan facturas ni necesitan pedir facturas, pero las piden para venderlas, erosionando la recaudación. Razón adicional para eliminar ese régimen.  

Un dato interesante acerca de las virtudes del RMT es el que proporciona Carlos Gallardo, asesor de la Sunat, el viernes pasado en Gestión: que las empresas que están ahora en el RMT y que ya existían el 2016, han registrado 67 mil trabajadores más en mayo del 2017 que el mismo mes del año pasado. O han contratado más trabajadores o los han formalizado. Como fuere, considerando la caída del empleo general, este es un buen resultado, que refleja la medida en que el RMT favorece el crecimiento. Las empresas que están en este régimen estarían creciendo más que el resto.    

No solo eso, resulta que el número de RUCs nuevos es mucho mayor en el RMT que en los demás regímenes. En el RER incluso disminuyen.

Claro, estas reformas quedarán incompletas si no simplificamos y flexibilizamos la legislación laboral y no modificamos la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho acerca del artículo 27º de la Constitución. De lo contrario, será muy difícil que las microempresas pongan a su gente en planilla, con contratos indefinidos.

[1]16% dejaron de presentar declaraciones. Existe un flujo de ingresos y salidas de nuevos contribuyentes por lo que esto está  dentro del margen

Ahora bien, es lógico que si más de 400 mil empresas bajan del régimen general al RTM, la recaudación se reduce en alguna medida en el corto plazo (aunque en el mediano plazo aumente, como vimos). Pero, ¿ha sido esa la causa principal de la reducción de la recaudación estos meses? La gran mayor parte de la recaudación viene de los medianos y grandes contribuyentes, no de los pequeños. Según Shiguiyama, la recaudación neta ha caído 7.4% este año. Esta caída se descompone de la siguiente manera:

  • 1,000 millones de soles en  devoluciones de impuestos;
  • 1,200 millones menos de ingresos extraordinarios por ventas de grandes empresas;
  • 200 millones menos por el impacto del IGV justo;
  • 700 millones menos por las prórrogas en el pago de impuestos originadas en el Niño costero, y
  • 150 millones menos a junio como consecuencia de la aplicación del RMT.

Eso significa que el impacto del RMT ha sido, hasta junio, de solo 0.3% del PBI. Nada en comparación a los otros efectos. No se le puede echar la culpa, entonces, de la caída en la recaudación.

En resumen, la creación del nuevo Régimen Mype Tributario contribuirá a la formalización de los microempresarios, a su incorporación a la cadena tributaria y productiva, y al incremento de la recaudación en el mediano plazo. Para ello resulta un complemento indispensable la digitalización de los comprobantes de pago, la eliminación del RUS y del RER y la simplificación en un solo sistema que elimine también el límite superior del RMT. Lampadia




El quid de los conflictos anti minería

El quid de los conflictos anti minería

El Perú ha sido víctima de una hábil maniobra para desdibujar los beneficios del desarrollo de la minería y convertirla en una actividad que no agrega valor económico, no genera empleo, es una actividad de tipo enclave, descuida el medio ambiente, succiona nuestra riqueza para las multinacionales sin dejar nada a las poblaciones locales y, no cuida los impactos sociales de sus operaciones.

Increíblemente, esto se ha creado justamente cuando el sector minero:

  • Adoptó las tecnologías más avanzadas y con mucha eficiencia agrega valor a lo que por décadas eran terrenos baldíos con potencial económico.
  • Genera empleo de calidad que sumado a sus impactos indirectos lo convierte en un sector positivo en el frente laboral.
  • Ha generado encadenamientos muy positivos en otros sectores económicos, empezando por el sector manufacturero.
  • Es el sector que más ha invertido y avanzado en la adopción de estándares ambientales, llevando sus operaciones a las mejores prácticas internacionales.
  • Después del sector petrolero es el que más contribuciones aporta al país, llegando a tener cargas combinadas del orden del 50% de sus utilidades, de las cuales se produce el canon minero que ha permitido llevar recursos financieros a los gobiernos regionales y locales, como nunca antes en nuestra historia.
  • Las inversiones y gastos que ha hecho la minería en temas sociales representan la mayor inversión histórica del país en el frente social.

¿Por qué entonces se desarrollan los movimientos anti extractivistas y más específicamente, anti mineros?

  • Pues, porque otro encadenamiento del desarrollo del sector minero es el que se ha dado con los ‘negocios de extracción de rentas’ por parte de grupos politizados.  Éstos han sabido conectarse con las ONGs internacionales que promueven a los movimientos anti inversión en los países emergentes y han desarrollado una narrativa que ha calado en las dirigencias locales y en los medios de comunicación, transformando, cual alquimistas, ‘el vaso medio lleno, en un vaso medio vacío’.

Continuando con la formación de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, con la colaboración del Centro Wiñaq, dirigido por Sebastiao Mendonça Ferreira, profundizamos nuestro análisis sobre las relaciones entre la conflictividad anti minera y la búsqueda o extracción de rentas del sector minero moderno.

Disputa de Rentas y Conflictividad

¿Cuál es el desafío real de la minería en Perú?

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

Para Lampadia

 

El mito de la maldición de los recursos naturales

Las corrientes hostiles a la minería argumentan que esa actividad, inevitablemente, se transforma en una traba para el desarrollo al desencadenarse la “maldición de los recursos”. Ellos se basan en las investigaciones realizadas en los años 90 comparando las tasas de desarrollo de los países con muchos recursos naturales y países con pocos recursos naturales. En dichos estudios encontraron que la mayoría de los países ricos en recursos naturales habían crecido más lento que los demás entre los años 1970 y 1990. El trabajo de Jeffrey Sachs se ha constituido en la referencia principal sobre esa idea.[1]

Estudios posteriores, y más completos, han evidenciado que quienes sustentaban la maldición de los recursos naturales, léase minería y petróleo, estaban equivocados y que el freno al desarrollo no estaba en el aprovechamiento de los recursos naturales sino en la mala calidad de las instituciones de esos países.[2] Encontraron también que los países con buenas instituciones y buenas políticas económicas, como Botsuana, Noruega, y Chile, entre otros, lograron un desarrollo rápido gracias al aprovechamiento de los recursos mineros.

El éxito de Botsuana se transformó en un caso emblemático, por ser un país pobre, mediterráneo, seriamente afectado por la pandemia del VIH, cercado por otros países pobres y rodeado de guerras civiles. A pesar de todo esto, Botsuana logró crecer a tasas muy altas por más de medio siglo, y aún sigue dando ejemplo de crecimiento rápido.[3] Además, el recurso natural que Botsuana explora es el más problemático de todos, el diamante.[4]

El Banco Mundial, en los últimos años, ha desarrollado una serie de estudios sobre recursos naturales y desarrollo evidenciando como el aprovechamiento de los recursos naturales, incluida la minería, puede ser altamente positivo tanto para el desarrollo económico como para el mejoramiento de los Índices de Desarrollo Humano.[5]

En el caso del Perú el crecimiento de la minería ha tenido resultados mixtos. Por un lado, su contribución al dinamismo de la economía, y a los ingresos fiscales es indiscutible, como lo explica Macroconsult (2012).[6] El Instituto Global de McKinsey ha desarrollado una propuesta de cómo los países con abundancia de recursos naturales  pueden sacar provecho de dichos recurso.[7] McKinsey es reconocida por su solvencia técnica, por sus conocimientos de estrategia y por el sentido práctico de sus propuestas. Lampadia ha difundido una versión resumida de dicha propuesta, poniendo a disposición de los lectores peruanos.[8] Sin embargo, esas ideas no se transformaron en políticas públicas en Perú.

Los movimientos anti mineros

Lo que sí ha sucedido en Perú es que en muchas de las zonas mineras se han desarrollado movimientos políticos contrarios a la minería y al libre mercado y con claras inclinaciones autoritarias y prácticas violentas. En los últimos años esos movimientos han logrado paralizar importantes inversiones mineras (21 mil millones en proyectos mineros), y hoy están jaqueando la continuidad de la minería en Perú.

Aún que la narrativa de los grupos conflictivos es de agravios (disminución del agua, daños al ambiente, discriminación social, etc.) y esos sentimientos son reales en las poblaciones locales, los sentimientos de agravio no son suficientes para explicar los conflictos porque en esas regiones las poblaciones se benefician de las actividades mineras.

Si no son los agravios, ¿qué explica la conflictividad minera?

El negocio de la búsqueda de rentas

Nuestra conclusión es que la búsqueda de rentas es el principal motor de los conflictos.

¿Porqué la búsqueda de rentas es el principal motor de la conflictividad?

Porque en Perú, generar conflictos es un negocio muy rentable, es decir, es posible obtener importantes rentas económicas y políticas promoviendo conflictos sociales. Analicemos un poco más el contexto económico y social local para entender mejor esta idea.

La minería es una actividad con grandes unidades productivas con alta intensidad de valor agregado por hectárea. Una mina grande produce más de mil millones de dólares al año en un área relativamente pequeña, comparada con las demás actividades económicas típicas de las regiones, donde la agricultura y ganadería tradicionales, de baja productividad, son las características. Un cálculo aproximado permite ver que una mina moderna produce por hectárea más de cien veces el valor agregado de un campo de maíz amarillo duro del Perú. [9]

Por ello, la instalación de una mina moderna en una provincia rural del Perú crea un núcleo económico de gran escala en una zona de economía tradicional de baja o muy baja productividad. Un pequeño grupo de empresas mineras puede representar más del 20% del PBI regional, y en algunos casos más del 40%. En torno a la minería se genera un conjunto de actividades económicas (transporte, servicios y comercio), muy distintas de las actividades locales tradicionales, generando ingresos mucho más altos que los ingresos típicos de la región. Una gran mina genera la coexistencia de dos economías: una moderna ligada a la minería, y una tradicional. La existencia de esta economía dual provoca, inevitablemente, grandes transformaciones económicas y muchas perturbaciones sociales.[10]

Las minas modernas, por su volumen de operaciones, su productividad y rentabilidad se vuelven fuentes de rentas extraordinarias deseadas por miles de personas, especialmente por líderes radicales y aventureros políticos.[11] Ello es verdad a nivel nacional, pero es mucho más verdad a nivel local. Ese inmenso volumen de rentas extraordinarias estimula el surgimiento de una dinámica de disputas para apropiarse o repartirse esas rentas. Las disputas de rentas de la minería son tan importantes que un equipo de la Universidad de Oxford, liderado por Paul Collier, dedicó toda una serie de investigaciones mostrando el rol central de la disputa de rentas producto de actividades extractivas en las guerras civiles de los países emergentes, especialmente en África. Aún que en Perú los conflictos mineros no son armados, muchos de los análisis realizados por Collier son de gran utilidad para entender lo que sucede con la conflictividad social en Perú. [12]

Estudiosos de los impactos negativos de la minería se refieren a dos modalidades de la Enfermedad Holandesa, una modalidad es la económica y la otra es la política. En el caso del Perú los efectos económicos son positivos, visibles y bien estudiados. Pero, estamos delante de la variedad política de la Enfermedad Holandesa. Esta enfermedad consiste en la expansión de la búsqueda de rentas de la minería vía la promoción de la conflictividad social. [13]  

Lo que explica DiJohn (2002) sobre la modalidad política de la Enfermedad Holandesa es que cuando los gobernantes disponen de grandes cantidades de recursos que no provienen de impuestos cobrados por ellos a la población local sino que provienen de las actividades extractivas, ellos tienden a desarrollar conductas predatorias hacia la economía, agresivas en la política y demagógicas hacia la población.[14] Si observamos qué sucede con algunas regiones del Perú vemos situaciones que claramente encajan en ese patrón. Lo grave, es que esos comportamientos tienden a ampliarse y a fortalecerse en los próximos años.

Las empresas mineras están mejorando su gestión social y ambiental, reduciendo en parte,  los factores que pueden generar los sentimientos de agravio en la población. Sin embargo, el mejoramiento de la prácticas sociales y ambientales no están reduciendo los conflictos. La búsqueda de rentas por medio del conflicto social es el mayor desafío que la sociedad peruana tiene que resolver, si quiere que la minería funcione como motor del desarrollo de acá a 2050. Es importante que los líderes del sector minero tengan claridad sobre como funciona la búsqueda de rentas, y ajusten sus prácticas sociales para neutralizarlas. Las condiciones favorables para generar conflictos deben disminuir y la rentabilidad de los conflictos también. Solo así los grupos radicales y los aventureros políticos abandonarán el negocio de la conflictividad social. Mientras los líderes del sector minero estén confundidos, los grupos radicales van acumular recursos y poder impulsando los conflictos sociales.

Lampadia

 

[1] Sachs. F. & Warner, A. (1995). Natural resource abundance and economic growth (working paper 5398). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

[2] Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2005). Institutions and resource course. The Economic Journal, 116(508), 01-20. DOI: 10.1111/j.1468-0297.2006.01045.x

[3] Tupy, M. (2008). Botswana and Zimbawe: A tale of two countries. Downloaded from: 

http://www.cato.org/publications/commentary/botswana-zimbabwe-tale-two-countries.

[4] Acemoglu. D., Simon, J., & Robinson, J. (2001). An African success story. MIT Department of Economics Working Paper 01-37.
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.290791
 
[5] Mahon, G. & Moreira, S. (2014). The contribution of the mining sector to socioeconomic and human development (Extractive Industries for Development Series #30). Washington, DC: World Bank.
 
[6] Macroconsult. (2012). Impacto Económico de la minería en el Perú. Lima, Perú: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y energía.

[9] El rendimiento promedio de maíz amarillo duro en Perú es de 3.6 TM/ha, y su precio internacional es de $160 por tonelada. Con dos siembras anuales, tenemos $1,152/ha/año.
Tomando por referencia a Minera Yanacocha, que opera en Cajamarca, que ha producido en promedio 1,520,000 onzas/año (1993-2015), con un precio del oro de $1,200/onza, tenemos $1,826 millones por año, dividiendo por las 12,000 ha que ocupa, tenemos $152,000/ha/año: más de 130 veces la productividad del maíz amarillo. La productividad agrícola de Cajamarca es inferior a la productiva nacional del maíz amarillo, generando una diferencia aún más grande de productividad entre la minería y las actividades tradicionales.

[10] Antes se hablaba que la minería generaba una economía de enclave, aislada de la economía local, pero hoy ya no es adecuado pensar así. Lo que la minería genera es una economía dual (tradicional y moderna) con grandes diferencias de rentas entre ellas.

[11] Los aventureros políticos son personas carecen de las capacidades para utilizar formas productivas de sacar provecho de la minería, sea como empleados o como empresarios, y optan por el control del aparato público local como manera de apropiarse de los impuestos pagados por las mineras. La distribución del canon minero sin que existan mecanismos de control efectivo de su uso, ha aumentado la rentabilidad de los aventureros políticos. 

[12] Collier, P., Roeffler, A., & Rohner, D. (2009). Beyond Greed and Grievance: Feasibility and Civil War. Oxford Economic Papers, 61(1), 1-27. DOI: doi: 10.1093/oep/gpn029

[13] La Enfermedad Holandesa económica se refiere al impacto de las exportaciones de los recursos naturales sobre la tasa de cambio (dólar barato) facilitando las importaciones y dificultando el desarrollo industrial local. En el caso del Perú ese impacto es cuestionable, pues no hay evidencias de que la tasa de cambio haya dependido en forma crítica del volumen de exportaciones minerales. Además si fuera así, el cambio barato también tendría impactos positivos haciendo que las importaciones de bienes de capital a bajo costo estimulen el crecimiento de los sectores no-transables de la economía, como servicios, construcción, finanzas, comercio y transporte que, en conjunto son mucho más importantes que la industria, y tienen un impacto económico dinamizador mucho mayor. 

[14] DiJohn, J. (2002). Mineral Resource abundance and violent political conflict: A critical assessment of the rentier state model (Crisis State Programme, Working papers series nº 1). London: Development Research Centre, London School of Economics