Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

Hace tiempo que no se leían tantos disparates juntos en un mismo documento político. Se trata del pronunciamiento de la Mancomunidad del Sur suscrito antes del 28 de julio por cuatro gobernadores regionales del Sur, presididos por el gobernador Benavente del Cusco, mediante el cual se convierten en garantes del sentenciado ex militante de Acción Popular, Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa, que, envalentonado con el respaldo de sus colegas, no se ha limitado a bloquear la provincia de Islay y la carretera Panamericana Sur, sino que ha paralizado Arequipa en forma indefinida, ocasionando un millón de soles de pérdidas diarias sólo al agro y la ganadería a las que busca defender, al tiempo que destruye el potencial turístico de la ciudad blanca de forma casi tan seria como sólo lo saben hacer sus vándalos camaradas del Cusco y por supuesto, ha bloqueado la exportación minera del Sur que representa cerca de la mitad de las exportaciones de cobre del país.

Estos señores son por lo tanto, antes que “garantes del proceso de diálogo”, los garantes del  sub desarrollo y tal vez, si vemos un poco más allá, quienes (a cambio de favores presupuestarios para sus regiones de los cuales en su momento nos enteraremos),  dan el pretexto necesario al Gobierno Central para retroceder en un proyecto que no ha querido llevar a cabo realmente  como es Tía María.  En esta última dirección abonan las declaraciones del señor Vizcarra y  el hecho de que la reacción del gobierno central frente a la exigencia de los gobernadores de cambiar la Ley de Minería haya sido de coincidencia y no de rechazo, pese a que el gobierno central conoce mejor que nadie los beneficios que esa legislación minera ha traído al país y en particular a las ineficientes administraciones regionales del Sur, que pese a tener recursos de canon minero y gasífero, las mal gastan o no gastan.

Sin embargo, el documento en si mismo[i], antes inclusive que sus funestas consecuencias políticos sociales actuales, merece este comentario, ya que se convirtiendo en algo muy común en la política peruana que detrás de documentos de aparente corrección política, subyacen las más grandes incoherencias y absurdos.

Veamos:

• El pronunciamiento de la Mancomunidad invoca el supuesto “clamor y fe de un pueblo que exige justicia para tener mejores oportunidades para su gente”, apelando como siempre a la falacia ad populum, lo cual desnuda la ausencia de un argumento técnico válido contra el proyecto minero  y  no puede ocultar el hecho de que en Arequipa hay 1´008,000 habitantes perjudicados por las medidas de fuerza frente a los 54,110 pobladores de Islay, de los cuales no todos estarían  perjudicados por el proyecto Tía María y ciertamente no todos están a favor de las irracionales medidas de fuerza.
• Los gobernadores dicen “promover el desarrollo económico, social y ambiental de las regiones a través de la inversión privada responsable”, sin embargo, no hay nada más irresponsable desde la gestión pública y que ahuyente más la inversión privada que avalar a quien pide la anulación de autorizaciones, licencias y concesiones por razones políticas, a quien fomenta el atentado contra empresas como el incendio de un ingenio azucarero o el ataque a centros comerciales. No hay nada más irresponsable que apañar el apedreo de buses con pasajeros o de clínicas con enfermos en su interior. Nada es más irresponsable que esos señores Gobernadores.
• Piden una reforma de la Ley de Minería desconociendo que la ley actual, que data de 1991, tardó más de 5 años en generar ingresos mineros para el Estado y que los 45,000 millones de soles aportados sólo por concepto de canon minero entre 1996 y 2018, no hubieran sido posibles sin esta ley.
• Piden una reforma de la Ley de Minería para que se respeten los impactos en las actividades económicas sociales y culturales de los pueblos, cuando sobre esta materia ya existen leyes de consulta previa, reglamentos, organismos creados al efecto y muchas otras acciones administrativas cuyo funcionamiento debe darse del mejor modo posible, no solamente en interés de la actividad minera y sus beneficios para el país, sino también y sobre todo, para acallar las acusaciones interesadas, exageradas y muchas veces injustificadas de la izquierda y  los grupos anti mineros.
• No se puede desalentar la actividad minera con este tipo de pedidos y al mismo tiempo, pedir que el Estado y las comunidades sean accionistas de la misma. Solo se puede ser accionista y percibir los beneficios de los proyectos que existen y son rentables. Los que quedan como proyectos inviables por acción de políticos regionales no pueden dar participación a nadie. Por la misma razón, no se puede pedir fondos de compensación para proyectos que no existen.
• Los gobernadores del Sur piden “descentralización fiscal efectiva”, sin percatarse que Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Madre de Dios apenas recaudaron el 2018 4,810 millón de soles, que representan el 5,3% de la recaudación nacional, mientras que recibieron en el presupuesto nacional más de 18,400 millones de soles, es decir 3.82 veces lo que recaudan. ¿Se habrán dado cuenta de lo que piden? Que sucedería si Lima y el Norte solicitaran descentralización fiscal efectiva, probablemente los gobernadores no tendrían recursos si para los viajes absurdos que realizan a firmar documentos tan absurdos como este.
• Finalmente, creo que resulta muy inelegante, por decir lo menos, exigir más recursos públicos cuando a fines de julio, no se ha gastado ni el 25% del presupuesto de inversión.

Señores gobernadores, ya es hora de que dejen de ser garantes del sub-desarrollo del Sur. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El conflicto en el entorno al proyecto minero las Bambas no ha sido resuelto y dista mucho de serlo. En estos momentos aún se mantienen las negociaciones entre la minera, el Gobierno Central y diversos representantes de la población local. Pese a ello es posible estimar algunos de los efectos de este conflicto en su etapa de mayor participación de acciones directas tales como el bloqueo de carreteras.

Hemos divido los posibles efectos de este conflicto en dos bloques: en primer lugar, están aquellos efectos con una alta probabilidad de ocurrencia, las cuales son de ocurrencia casi segura. Y por otro lado de encuentran aquellos con una moderada probabilidad de ocurrencia. Muchos de estos riesgos son preexistentes al conflicto en Las Bambas y han sido línea de incidencia del activismo anti-minero desde hace varios meses o incluso años; sin embargo, el reciente conflicto ha incrementado su probabilidad de ocurrencia.

Riesgos de probabilidad moderada:

• Eliminación de la depreciación acelerada: Esto reduciría el valor presente de las inversiones mineras. Hay un conjunto de intereses que resultan atraídos por acabar con esta modalidad de depreciación. La existencia de grandes inversiones mineras aun depreciando activos genera la expectativa de importantes ganancias económicas para los gobiernos locales y regionales. El activismo anti-minero está muy atraído por una medida que llevaría a una menor inversión minera. Adicionalmente, la opinión pública que puede ser fácilmente convencida respecto a apoyar lo que se puede caracterizar como el fin de un privilegio tributario para los ricos. El no aporte de Canon por parte de MMG Las Bambas, resultado de este régimen tributario, ha servido de plataforma para diversos actores políticos y sociales para solicitar esta eliminación.
• Fin de los convenios entre empresas y PNP: Este es una línea de incidencia sistemática del activismo anti-minero. Litigios estratégicos que involucran a IDL y la ONG internacional Earthrights han sido interpuestos frente al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos ellos con el fin de restringir la presencia policial en resguardo de la seguridad de los campamentos mineros.
• Expansión en la aplicación de la denominación de pueblos indígenas y expansión de los requerimientos de Consulta Previa: Desde hace un tiempo el indigenismo radical y los pos-extractivistas impulsan la auto identificación como requisito único para considerar a una población como indígena, de manera conjunta se impulsa que la Consulta Previa pase a tener carácter vinculante. El efecto conjunto, si ambas campañas fueran exitosas, consistiría en generar una multiplicidad de actores locales con los que un proyecto minero tendría que negociar porque estarían provistos de poder de veto sobre la viabilidad del proyecto. Se requeriría de la aprobación simultánea de todas las comunidades en el entorno de un proyecto. Este riesgo es especialmente relevante en zonas de lengua mayoritariamente aymara o quechua puesto los activistas anti-mineros podrían apoyarse en los resultados del último Censo para apoyar sus posiciones. En el caso de Las Bambas, los anti-mineros y sus afines mencionan permanentemente que la población en el entorno del proyecto minero las Bambas es indígena y que la conflictividad social en la zona ha sido impulsada por no aplicar estándares de Consulta Previa a la población local.
• Amnistía a Acciones de Fuerza Anti-mineras: Como parte de los acuerdos firmados el 24 de abril en Fuerabamba, entre las comunidades locales y funcionarios públicos se encuentra la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía a los acusados de diversos crímenes asociados a la conflictividad social anti-minera en el Corredor Minero del Sur. De aprobarse esta medida se consolidaría la impunidad plena ante acciones violentas por parte de manifestantes hostiles a la minería.

Riesgos de probabilidad de alta:

• Severas restricciones en el uso de las ITSs: El instrumento de los Informes Técnicos Sustentatorios se ha visto severamente deslegitimado con el conflicto en Las Bambas, su uso es un componente importante en el discurso vertido por Cooperaccion respecto a los orígenes mismos del conflicto. En futuros casos de conflictividad social que involucren a los ITSs los funcionarios que autorizaron el uso de esta herramienta serian severamente criticados. Por ello, los funcionarios públicos enfrentan un poderoso incentivo para no autorizar el uso de ITSs.
• Empoderamiento de Cooperacción: La ONG anti-minera Cooperaccion ha ganado múltiples espacios en medios de comunicación y líderes de opinión gracias a este conflicto. Sus voceros han tenido diversas apariciones en la calidad de expertos en la temática de Las Bambas. A esto se le agrega que la interpretación de Cooperacción del conflicto se ha extendido entre líderes de opinión y periodistas. Con voceros e ideas mejor posicionados Cooperación ha sido claramente un beneficiario de este conflicto.
• Elevación del costo de tierras para proyectos mineros y su cadena logística: El conflicto ha generado precedentes de compensación por uso de tierras sumamente elevados. En el caso de Yavi Yavi se menciona pagos del orden de los 80 mil dólares por hectárea por el uso de terrenos de la comunidad para la mejora de la carretera por la que se traslada el material extraído de Las Bambas. En especial en el Corredor Minero del Sur, esto está generando expectativas de pagos semejantes no solo por los terrenos bajo los cuales se encuentran los yacimientos sino también para todas las tierras que en alguna medida son necesarias para las operaciones o logística de un proyecto minero.
• Bajísimos costos de las acciones directas: En el caso de Las Bambas el gobierno central ha mandado una poderosa señal al activismo anti-minero: Que no está dispuesto, casi bajo ninguna circunstancia, a incurrir en el riesgo político de despejar las vías bloqueadas a través de la PNP aun si pocas decenas de manifestantes participan en el bloqueo. Esto reduce los desincentivos para la toma de carreteras como medida de fuerza en un conflicto minero.

Los conflictos como Las Bambas no se dan en compartimientos estancos sin afectar a las otras a las otras empresas del sector minero. Esta clase de conflictos desencadenan dinámicas políticas y sociales que terminan propiciando la ocurrencia de riesgos que pueden terminar afectando al sector minero peruano como un todo. Lampadia

Terminada la campaña electoral debemos revisar y fortalecer las propuestas políticas de la campaña y llevarlas al contexto de las acciones de gobierno. El tema de la conflictividad social que ha paralizado buena parte del sector extractivo y reducido el ritmo de crecimiento de la economía, así como la consiguiente disminución de la pobreza, es uno de los temas más delicados de la estrategia de gobierno que el partido Peruanos Por el Kambio deberá considerar.

En esta nota ofrecemos al nuevo gobierno una revisión contextualizada de sus propuestas de campaña. Además, recomendamos ver un análisis cuidadoso de cada uno de los determinantes de los conflictos sociales, en nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

Del mismo modo, ofrecemos al equipo de gobierno que se designe para enfrentar este tema, nuestra disposición para revisar con ellos, el valioso material que hemos desarrollado.

El próximo presidente tendrá que enfrentar retos significativos en el plano de la conflictividad social. Actualmente hay conflictos en etapa de incubación, como el de las Bambas, Conga y Tía María. La capacidad del nuevo gobierno para enfrentarlos es importante desde dos puntos de vista: el político y el de la recuperación del crecimiento económico. Fenómenos como el conflicto de Conga, crisis que se llevó a los dos primeros ministros, la paralización del proyecto y el aumento del riesgo para toda la inversión minera en el país, podría repetirse con este gobierno si el mismo no está a la altura del reto, con el agravante de su eventual debilidad, por la influencia de grupos de izquierda en su equipo. Ver en Lampadia: Puede ser el gobierno más débil de la historia. 

El crecimiento económico que ha gozado el Perú desde la entrada en producción de las Bambas, evidencia el impacto que estos grandes proyectos tienen sobre nuestra economía, aun mayor para las zonas donde se desarrollan, como lo demuestran los indicadores de Apurímac.

Durante la campaña, el mismo Pedro Pablo Kuczynski ha reconocido la importancia del tema y afirma que su gobierno pretende encararlo con una alta prioridad (“Mis dos vicepresidentes van a dedicarse de lleno a los conflictos sociales, que es el problema número uno en el país” / “(evitar) seguir derramando sangre con enfrentamientos inútiles, que generan desconcierto y zozobra en la población y que perjudica la imagen del país”). Pero no basta con eso. Ollanta Humala invirtió mucho capital político en el desarrollo del proyecto Conga, apuesta que le costó muy caro y que fue determinante para mellar la alta aprobación política con la que comenzó su gobierno. PPK coloca en su plan de gobierno que “el Sistema Nacional de Prevención y Solución Pacífica de los Conflictos Sociales será creado como un sistema de naturaleza multisectorial dotado de una estrategia preventiva, que permita la anticipación y la gestión pacífica de los conflictos sociales”.  A pesar de que el fraseo y la intención suenan muy bien, queremos revisar algunas de las propuestas de PPK ante los conflictos sociales, para sacarlos de la campaña electoral y traerlos al contexto de gobierno.   

¿Cuáles son las propuestas que tiene el Partido Peruanos Por el Kambio para prevenir o solucionar los conflictos sociales?

Consulta Previa

Durante el debate, PPK se dirige a Keiko Fujimori evidenciando su postura sobre la consulta previa: “Nosotros vamos a respetar la consulta previa.  En su plan de gobierno dice que la aplicarán en ciertos casos ¿no cree usted que esto llevará a conflictos sociales, que es lo que estamos tratando de evitar?”. Si PPK critica que Keiko Fujimori haya limitado la consulta previa a ciertos casos, ¿él por contraposición está proponiendo que se aplique a todos como mecanismo de prevención de los conflictos sociales? Esta afirmación deja un alto nivel de  incertidumbre:

• ¿Se ampliará la lista de poblaciones consideradas como originarias a los que se aplicaría la Consulta Previa tal como la izquierda ha estado buscando durante los últimos años? Con este enfoque se podría ampliar la lista a las comunidades campesinas y casi todos los proyectos mineros tendrían que pasar por el mecanismo de Consulta Previa, lo que sería fácilmente politizable. Hay que recordar que la principal línea de incidencia de los anti-mineros en las Bambas consiste en proclamar la nulidad de los acuerdos con las comunidades al no cumplir, los mismos, con las condiciones de la Consulta Previa.  La discusión entonces caería en mayor medida en el campo de la disputa retórica y política, y menos en el fundamento técnico. Sería un mecanismo adicional a los procesos de consulta que actualmente existen, que son a través de asambleas con las comunidades.
• ¿Cómo se limitará la zona geográfica en la que se hará la consulta? Si una Consulta Previa se hubiera hecho para el proyecto Conga, las comunidades en los alrededores habrían dado su aprobación.  Es más, lo hicieron a través de los mecanismos actuales de consulta en asamblea, previas al estallido del conflicto.  Sin embargo, los participantes en las manifestaciones que desembocaron en la paralización del proyecto fueron miembros de otras comunidades, inclusive de otras cuencas que no eran afectadas por Conga.  Las motivaciones de estas personas para participar en estas manifestaciones son suficientes para escribir otro artículo, sin embargo, queda claro que el mecanismo de Consulta Previa no habría prevenido el conflicto del caso Conga.

Adelanto Social

Otra de las propuestas que esgrimió durante la campaña es la del Adelanto Social.  (“Tenemos que tener minería ambientalmente responsable. Los problemas en la minería son ambientalmente agrícolas. Tiene que haber anticipo social, adelanto social“). Consideramos que el diagnóstico es incompleto: considerar que los problemas en la minería son únicamente de afectación a la producción agrícola es una visión limitada.  Los problemas en la minería tienen muchos otros elementos a tomar en cuenta: la búsqueda de rentas de aventureros políticos que ven el conflicto como fuente de “lentejas” o el sistema de creencias que tiene la población afectada y el sesgo cognitivo que sufren. Esperamos que los de PPK tengan en cuenta elementos adicionales, y que estas declaraciones queden únicamente en el contexto electoral.

Durante el debate presidencial PPK también se refirió a este Adelanto Social: “Vamos a promover el adelanto social a todas las zonas de posibles conflictos (…)”. Lamentablemente plantear de esta manera el mecanismo genera incentivos que pueden ser dañinos. Si el beneficio lo obtendrán las zonas de posibles conflictos… ¿se debe amenazar con un conflicto para recibirlo? Semejante política promueve que una zona se vuelva conflictiva con el fin de recibir el adelanto, es decir, incentiva la conflictividad.

Más allá del fraseo público, queda por determinar qué comunidades recibirían el beneficio. En su plan de gobierno, PPK afirma que el Adelanto Social consiste “en que el gobierno realice obras sociales que beneficien a las comunidades en donde se realizará el proyecto minero. Éstas deberían incluir,  colegios,  postas  médicas,  afirmado  y  viviendas  para  sus pobladores y sus familias”. Las dudas caen por su propio peso, respecto a que tan “adelantado” es este Adelanto Social:

• ¿Cuándo un poblador sabe que se realizará un proyecto minero? ¿En el momento que se realiza una concesión minera? ¿En el momento que se realiza la exploración? ¿En el momento que se encuentra un yacimiento? ¿En el momento que una empresa minera decide que invertirá? ¿En el momento que comienza la construcción de la mina? Este punto no es claro en el plan de gobierno, sin embargo, sí genera expectativas en la población, que tendrá diferentes interpretaciones de si merecen o no el Adelanto Social y cuando debe darse.
• ¿Cuáles son las comunidades que se beneficiarán del Adelanto Social? ¿Las que se encuentran en la zona de influencia del proyecto minero?  Tomando nuevamente el caso emblemático de Conga, estas comunidades ya estaban a favor del proyecto y las que realizaron las manifestaciones no hubieran recibido el Adelanto Social. ¿Las comunidades que se mantienen en la frontera de la zona de influencia no se sentirán tentadas a exigir también, a través de conflictos sociales, beneficiarse del Adelanto Social?
• ¿Quién pagará por el Adelanto Social? Queda claro que el gobierno lo haría de manera directa, pero ese presupuesto podría ser exigido a la empresa minera involucrada como impuestos adelantados. Pero dado que el mecanismo se aplica previamente a la instalación del proyecto, ¿cómo saben las partes cual es la dimensión del yacimiento, su potencial económico y el impuesto esperado que se producirá? Es decir, podría ser complicado determinar cuál es la dimensión del monto que debería ser invertido en la zona de influencia si la inversión se hace de manera muy adelantada.

Cabe aclarar, que consideramos que es responsabilidad del gobierno proveer a toda la población de los servicios y las infraestructuras que PPK ofrece como Adelanto Social, independientemente de si “es una zona de posible conflicto” o no. Pero esto no es suficiente para solucionar los conflictos mineros.

Una forma adecuada de definir el ‘adelanto social’ es que este se de en paralelo al desarrollo de la inversión productiva, así podría dimensionarse en relación a una proporción del estimado del flujo futuro del canon. De esta manera se tendría un sustento económico y financiero que justifique la habilitación del ‘adelanto’ y soporte su eventual fuente de financiamiento. 

Acciones represivas

Dentro de su plan de gobierno, PPK destina 2 de sus 5 acciones estratégicas para prevenir y resolver conflictos sociales a fortalecer las herramientas de control represivo. Uno de ellos es “Profesionalizar la labor policial en el uso de la fuerza” en la que se buscará mejorar las capacidades de la policía para el control a través de capacitación. Es crítico que este esfuerzo sea dirigido en especial a minimizar la probabilidad de pérdidas humanas en los enfrentamientos con los manifestantes. En primer lugar por el valor intrínseco de las vidas pero también porque las fatalidades generan un clima de hostilidad generalizada al Estado y las empresas en el entorno local y porque estos trágicos eventos, muchas veces buscados  por las fuerzas anti-mineras, son capitalizados políticamente.

En segundo lugar, “Fortalecer la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Público, de manera de promover la denuncia, investigación y sanción por la justicia de los responsables de desórdenes públicos y hechos de violencia”. Tanto los promotores como las organizaciones que incitan a la violencia durante los conflictos sociales han gozado de un nivel de impunidad.  Acciones abiertamente violentas no son castigadas, y los intentos de denuncia son defendidas públicamente por ciertos voceros como “criminalización de la protesta social”. Un componente importante de la radicalización de los conflictos sociales, es que a las personas generadoras de actos de violencia (por ejemplo los Espartambos) saben que enfrentan una baja probabilidad  de penalización. En el campo del establecimiento del imperio de la ley las propuestas de PPK apuntan en el sentido correcto.

Conclusiones

PPK candidato ha mostrado preocupación y ha puesto la solución de los conflictos sociales como una alta prioridad. Si PPK como presidente mantiene esta posición y la voluntad política para enfrentar los conflictos sociales, tiene que perfeccionar sus propuestas pues, las soluciones propuestas durante la campaña distan de ofrecer una solución sistémica. Consideramos que no existe una bala de plata para solucionar los conflictos sociales. Si las soluciones aplicadas no responden a las principales causas de la conflictividad, es poco probable que tengan éxito. Mientras la población siga pensando que los proyectos mineros dañan su estilo de vida a través de contaminación del agua o del aire, que las instituciones públicas y las empresas mineras no recuperen la confianza de la población, mientras sigan operando organizaciones e individuos que ven un conflicto minero como una oportunidad de lucro, difícilmente se podrá reducir de manera significativa la conflictividad social a largo plazo. 

Lampadia  

En nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo hemos depositado múltiples informes, incidiendo de manera importante en los aspectos vinculados a la conflictividad social. Esta, aunada al débil liderazgo gubernamental, ha logrado parar varios proyectos mineros, operativos como la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish de Cajamarca y la mina Santa Ana de Bear Creek en Puno y; entre otros, dos proyectos que estaban a punto de caramelo como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa.

Como hemos publicado en varias ocasiones, esto nos ha hecho perder hasta tres puntos de crecimiento del PBI en 2014 y 2015 según el IPE[1], nos llevó a desaprovechar la cola de los buenos precios para terminar inversiones que hoy estarían produciendo, con la consiguiente frenada de la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Después de las divagaciones sobre las propuestas de diversificación productiva, hoy ha quedado muy claro que nuestros principales motores de crecimiento son la minería, la agroexportación, el desarrollo forestal, la acuicultura y el turismo. De ellos, la minería es el más importante y el próximo gobierno tendrá que hacer aproximaciones inteligentes y serias para que nuestra población pueda tener una correcta apreciación de sus impactos positivos, así como de los requisitos sociales y ambientales que deben velarse. En este proceso habrá que evidenciar la naturaleza de los conflictos impulsados por los anti mineros, que muchas veces obedecen a objetivos subalternos a los de la creación del bienestar general.

Con mucho sentido de importancia, el último debate electoral incluyó una sección sobre los recursos naturales y la conflictividad. Con el apoyo de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, hemos preparado el siguiente análisis de los comentarios de los candidatos.

La cobertura periodística respecto al reciente debate presidencial se ha focalizado en los ataques y críticas mutuas entre los candidatos. A pesar de ello, a través de las propuestas brindadas, ha servido para tener una buena impresión respecto a los consensos y disensos sobre cómo enfrentar varios de los más agudos problemas del país.

La viabilidad de las propuestas sobre el aprovechamiento de los Recursos Naturales  dependerá, en gran medida, de la efectividad con que se reduzca la Conflictividad Social. Por lo tanto, no podemos tratar estos dos temas de forma separada. En este artículo trataremos los consensos y discrepancias entre los candidatos en estos dos aspectos, y evaluaremos el impacto esperado de las medidas propuestas sobre la conflictividad social.

Los Consensos y sus Limitaciones.

Ambos candidatos se refirieron a la consulta previa como un mecanismo efectivo de reducción de la conflictividad social. A primera vista, esto es bastante obvio. Si las comunidades, tras un proceso de negociación e información aprueban un proyecto, el mismo podrá llevarse a cabo sin que exista un proceso de resistencia social.

El problema estriba en que no existe una definición inequívoca respecto a quienes son y quienes no son “la comunidad,” donde están sus límites geográficos  y en qué consiste la “consulta previa”. Si consideramos como “la comunidad” a la población del entorno directo de un proyecto minero, de haberse realizado la consulta previa sobre el proyecto Conga en Cajamarca o Santa Ana en Puno, se hubieran viabilizado. En ambos casos las comunidades del área de influencia directa de estos proyectos eran claramente favorables a los mismos. Fue la movilización de la resistencia de comunidades más alejadas, que no se beneficiaban tanto de su implementación, la que inviabilizó los proyectos.

Si se expande el ámbito de la consulta, se generaría un nuevo espacio de disputa que debe ser evaluado con cuidado. Tanto los grupos interesados en beneficiarse con la minería como los grupos interesados en promover la conflictividad van buscar estar incluidos en “la comunidad” que apruebe la consulta previa. Los criterios técnicos no son suficientes, pues todos los grupos de interés utilizarán criterios “técnicos” en su discurso, se requiere entender los intereses en purga detrás de los argumentos técnicos.

Los anti-mineros pretenderán dar representatividad a aquel grupo que se movilice contra algún proyecto y dirán que el mismo representa a las “comunidades afectadas” independientemente de su cercanía al proyecto y o del real involucramiento en las consecuencias del mismo. Lo único que les importará será que la movilización de los insatisfechos tenga relevancia política y mediática. Mientras existan condiciones para generar conflictividad social en alguna zona la aplicación de la consulta previa, su realización no será un mecanismo efectivo para evidenciar la aceptación social de los proyectos.

El otro punto de consenso de los candidatos fue el énfasis que se dio en que las actividades extractivas generen desarrollo local. Sea mediante un mayor grado de inversión pública (Keiko Fujimori) o mediante un “adelanto social” (PPK). Este desarrollo local es un fin loable desde el punto de vista humano, económico y político. Si bien la minería debe servir al desarrollo de todos los peruanos, y no solo a quienes estén cerca de una mina, debemos estar claros que la persistencia de la pobreza adyacente a la enorme riqueza de las actividades extractivas genera condiciones óptimas para la conflictividad social.

Si bien el desarrollo local es condición necesaria, los estudios muestran que no suficiente para que las actividades extractivas sean viables. Una investigación del BID[2] respecto al impacto sobre el desarrollo local de las actividades mineras en el Perú encuentra que las zonas mineras manifiestan una reducción más rápida de la pobreza y de la desigualdad que zonas (comparables) sin actividad minera. Es decir, la minería en el Perú no solo reduce la pobreza en su entorno sino también la desigualdad, siendo estos hallazgos claramente opuestos a las creencias comunes brindadas respecto a las causas de la conflictividad en las zonas mineras. No hay que olvidar que las zonas mineras han recibido, vía canon, regalías y derechos de vigencia, más de 40 mil millones de soles, entre 2005 y 2014.[3]

Un problema objetivo es que los beneficios locales de los proyectos mineros, se dan con un importante desfase en el tiempo, pues estos se dan mayormente durante la etapa productiva de los mismos. El canon llega cuando las empresas producen utilidades y, eso ocurre algunos años después del inicio de operaciones, luego de absorber las pérdidas pre-operativas. En consecuencia, si el Estado no se las ingenia para acompañar el desarrollo de los proyectos (en su fase previa al canon) con inversiones sociales, productivas y de infraestructuras, la espera de los beneficios crea un espacio de vulnerabilidad hacia los conflictos.

A pesar de todos los beneficios generados por la operaciones mineras, los resultados electorales evidencian una fuerte presencia de la ideología de la conflictividad justo en las zonas más beneficiadas. Ello muestra que el beneficio económico no es suficiente para reducir la conflictividad. No hay que olvidar que algunos grupos promueven la conflictividad justamente porque es posible obtener rentas económicas y políticas por medio del conflicto.

Para ser efectivo, el desarrollo local debe aumentar la legitimidad del sector extractivo. La población necesita visualizar claramente que los beneficios obtenidos tienen su origen en la actividad minera. Es necesario que la población local atribuya el desarrollo traído por este sector a las operaciones extractivas y las empresas que las realizan. Sin ese entendimiento la narrativa anti-minera socava la legitimidad de la minería como motor del desarrollo, y vamos a escuchar consignas absurdas como “Canon sí, Mina no”.

Respecto a la minería informal ambos manifiestan una postura expectante a la misma, posiblemente dado el importante bolsón electoral que este sector representa. Sin embargo, hay que considerar que la fiscalización ambiental efectiva a miles de unidades económicas de pequeña minería resultara un esfuerzo mucho más complejo que la fiscalización a la gran inversión minera con procedimientos de control y reporte mucho más estandarizados. A su vez, la presión tributaria que se puede ejercer sobre la pequeña minería es claramente menor que la que se puede dar sobre las grandes empresas. En este aspecto hay que desarrollar nuevas estrategias para, por ejemplo, concentrar el procesamiento del mineral en instalaciones limpias y formales.

Las Diferencias.

Keiko Fujimori hizo hincapié en el rol de árbitro que debe jugar el Estado entre las comunidades y las empresas mineras. Por otro lado, considera que son las comunidades afectadas las que deben recibir las multas generadas por las infracciones ambientales. Ambas medidas tienen un potencial positivo en la medida que este rol de árbitro sea respetado y considerado como legitimo por parte de las poblaciones locales y supere la persistente campaña de desconfianza que promueven los anti mineros. Respecto a la entrega de las  multas a las comunidades afectadas, esto debe verse con mucho cuidado, esto puede responder a un principio de justicia, sin embargo el proceso de fiscalización ambiental tiene que obedecer a criterios puramente técnicos para evitar que las denuncias ambientales se vuelvan mecanismos de presión política de comunidades deseosas de fondos.

Pedro Pablo Kuczynski planteo un adelanto social como mecanismo de generación de confianza, esto permitirá mostrar realidades que faciliten socavar parte de la estrategia política anti-minera en los momentos previos a la implementación de un proyecto extractivo, el momento más vulnerable de un proyecto, tal como hemos planteado líneas arriba.

PPK propone un Banco de Fomento Minero con la idea de propiciar la formalización del pequeña minería, ello sin embargo implica poner en riesgo fondos públicos con fines que siempre terminan siendo sobrepasado por la política. Dada la nefasta experiencia del Estado con la banca de fomento sectorial, esta opción debe ser considerada como riesgosa.

En Conclusión.

Las propuestas evidencian intenciones positivas y avances sobre la situación actual, pero los planteamientos adelantados por ambos candidatos, evidencian una comprensión limitada respecto a la naturaleza de conflictividad social como fenómeno político. Las medidas en favor de minería informal parecen, por ahora, más impulsadas por criterios electorales que de formalización efectiva.

Ambos han presentado diversos mecanismos para amplificar los efectos de las actividades extractivas sobre el desarrollo en el entorno de los proyectos. Estas medidas, con un mejor entendimiento de las cuestiones políticas, tienen el potencial de reducir la conflictividad social y reabrir la puerta del desarrollo minero en Perú.

Algo que debió estar presente en el debate, es el inmenso impacto positivo de los grandes proyectos mineros, tanto los suspendidos, como los de desarrollo potencial, en el conjunto de la sociedad a través de sus encadenamientos productivos, la generación de empleo de calidad (directo e indirecto) y el aporte de divisas y recursos fiscales, que hacen posible una acción efectiva del Estado para derrotar la pobreza y superar las brechas sociales que nos aquejan. Lampadia

Los candidatos presidenciales opinan respecto a la conflictividad minera y repiten argumentos y opiniones que se han consolidado como consensos, pero que ya no reflejan la realidad presente. Es necesario que las opiniones se fundamenten en la mejor y más reciente información disponible. La falta de una correcta investigación previa puede llevar a los candidatos a asumir posturas que luego le hacen más difícil ejercer el poder una vez elegidos.

Este despacho es parte de nuestro repositorio sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, una de nuestras bibliotecas virtuales que consolidan información y análisis sobre temas seleccionados de especial interés para la formación de una opinión pública mejor informada y que pueda tener un criterio propio con mayor sustento.

¿Están los candidatos presidenciales informados de lo que la población piensa de la minería?

“En Cajamarca, a pesar de ser la segunda región minera del país, más del 70% rechaza esta inversión porque no siente sus beneficios”. Declaraciones de la candidata Keiko Fujimori, durante el último CADE.

Los candidatos presidenciales deben estar preparados a hablar sobre muchos temas, para responder a los intereses de los distintos segmentos de sus electores potenciales. Este tipo de abordaje hace que los candidatos tiendan a buscar un conocimiento apenas suficiente de los temas tratados, a fin de poder cubrir la mayor cantidad de ellos en sus discursos y entrevistas. El riesgo es, en el caso de que este conocimiento sea muy superficial, que se llegue a posiciones  poco claras como la de Julio Guzmán acerca de la consulta previa.  Más allá de cuál es la verdadera posición del candidato, lo que podemos rescatar es que él no estaba debidamente informado. Peor aún, afirmaba que conocía muy bien el tema. La falta de información de un candidato, puede llevar a que éste tome posiciones discursivas durante la campaña, de las cuales puede arrepentirse de llegar al poder.  El caso más lamentable fue el de las declaraciones del candidato Ollanta Humala en Bambamarca sobre la minería, que dañaron profundamente su reputación como presidente.

¿De dónde sacó Keiko Fujimori la afirmación con la que iniciamos este artículo?  Muy probablemente de un sondeo realizado por Ipsos-Apoyo, en la provincia de Cajamarca, durante el conflicto Conga y que fue publicado por El Comercio el 22 de agosto del 2012. En él, los resultados fueron arrolladores: el 78% de los cajamarquinos estaba en contra del proyecto Conga. Para empezar ella ha asumido en su discurso que el rechazo era porque “no siente los beneficios de la inversión”, sin embargo esa misma encuesta afirmaba que las razones del rechazo al proyecto estaban relacionadas al agua: “porque contamina y destruye el medio ambiente (34%), porque contamina el agua (23%), porque no habrá agua en el futuro (22%) y porque contaminará y destruirá las lagunas y los manantiales (8%)”. Estos resultados fueron portada del diario el Comercio a pesar de ser un sondeo sin valor estadístico, no una encuesta. Estos resultados hablan del excelente trabajo que habían logrado voceros anti-mineros para hacer percibir a la población que el agua que utilizaban estaba amenazada por el proyecto Conga, a pesar de no existir un sólo estudio  que pruebe que el agua vertida, tras ser tratada, por las operaciones de Yanacocha en el Río Grande (que alimenta a la ciudad de Cajamarca) haya afectado negativamente a la población o a la agricultura de la zona. O ignorando el monitoreo que se realizan con la firma del Gobierno Regional de Cajamarca desde el año 2004. 

Relación entre la minería y el desarrollo en la mente de los cajamarquinos

Si algo sí reconoce la mayoría de la población de la Provincia de Cajamarca es el efecto positivo que tiene la minería sobre la economía. En general, diversas encuestas establecen que los cajamarquinos reconocen la contribución que hace la minería a la  comunidad desde el punto de vista económico. En este caso, pese a la incompetencia en la ejecución y la corrupción de varias autoridades locales, los efectos dinamizadores de la economía son, en la actualidad, reconocidas por un sector mayoritario de la población. La minería representa el 27.4% del Valor Agregado Bruto de la región Cajamarca según el más reciente informe del Banco Central de Reserva.

Sin embargo, la mayor contribución de la minería es su propia presencia en la región, y la demanda de servicios, productos, puestos de trabajo que se genera por sus actividades. Hoy en Cajamarca se percibe una disminución en la demanda de servicios y se vive en el día a día: los taxistas tienen menos trabajo, las ventas disminuyen, cada año trabajadores son despedidos de las mismas empresas mineras y de sus contratistas. 

¿Realmente se tiene un rechazo de 70% a la actividad minera? 

Ver en Lampadia: Comuneros de Sorochuco y Huasmín: ¡CONGA VA!

¿Por qué pensar que la posición de la población no se ha alterado en los últimos 3 años? Hay diversos factores que se han alterado en el entorno: el canon recibido por la región está disminuyendo debido a la menor producción, el estancamiento económico de la región es más visible afectando a diversos sectores, la fatiga social de la población producto de varios años de conflictividad, etc. A propósito de esta pregunta, la empresa Datum publicó una encuesta el 3 diciembre del 2015 (un día antes de la presentación de Keiko Fujimori en el CADE) en la que el 64% de los encuestados estaría a favor del desarrollo del proyecto Conga bajo ciertas condiciones y que el 63.7% querría un diálogo entre el Gobierno Regional de Cajamarca y la empresa minera Yanacocha para reactivar Conga. Esta opinión sobre la necesidad del diálogo es mayoritaria a pesar de que el ex gobernador Gregorio Santos está detenido por acusaciones de corrupción y el actual gobernador es del partido de Santos. Esos resultados son muy diferentes a los afirmados por Keiko en el CADE. ¿De dónde se están informando los candidatos?

Existen varios elementos que pueden haber influido en este cambio en la posición de la población: la profunda recesión económica en la que se halla sumida Cajamarca, el trabajo de comunicación y relacionamiento de Yanacocha con la población, la percepción de la población de que Conga sería una ayuda para mejorar la economía local, considerada estancada (el 52.2% de los encuestados cree que está decayendo y el 43.9% cree que está estancada, según la misma encuesta), la disminución de la dedicación de los anti-mineros a generar oposición por las luchas internas en la izquierda de cara a las elecciones nacionales, etc.

Conclusiones

Los candidatos seguramente hacen sus declaraciones respecto a la minería en función a sus cálculos políticos. Sin embargo, es necesario que sus opiniones cuenten con la última información disponible y no se basen en información de más de tres años atrás, sin considerar los cambios sociales y políticos que pueden darse en tan prolongado periodo de tiempo.

Los candidatos deben entender que la conflictividad minera en el Perú no podrá ser resuelta únicamente con, necesarias pero insuficientes, medidas económicas. Este es un conflicto con una fuerte dimensión política y la solución no puede dejar de lado este aspecto para que sea efectiva. Aunque los candidatos no lo hagan evidente en campaña, es importante que el próximo Presidente del Perú sea consciente de las opiniones reales de la población como primer paso para destrabar los obstáculos que impiden la inversión. Lampadia

La mayor fuente de petróleo en el Perú, el Lote 192, anteriormente denominado Lote 1AB, todavía no tiene un futuro claro. Esto es importante, ya que produce un 17% de la producción nacional de crudo. Este Lote 192 se encuentra al norte del Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador, y según el MINEM tiene reservas probadas de 134 millones de barriles (volumen de dudosa rigurosidad, dados los condicionantes económicos de una operación muy marginal).

El operador anterior, la firma argentina Pluspetrol, se vio obligada a anunciar su retiro a principios de este año en medio de muchos conflictos sociales, principalmente protagonizados por las comunidades ‘disque’ locales sobre los daños al medio ambiente derivado de las operaciones de Oxidental Petroleum desde la década del 70.

Desde el 2001 Pluspetrol habría invertido algunos cientos de millones de dólares en el desarrollo de pozos de reinyección de agua para evitar su vertimiento a los ríos, lo cual previene la contaminación ambiental que era común antes del establecimiento de las normas fijadas en los años 90.

Según el experto petrolero y ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos del Solar, en declaraciones al diario Correo, cuando la empresa Occidental inició la explotación del Lote 192 (en 1971), no había  comunidades nativas conocidas en esa zona.

Por lo tanto, quienes ahora reclaman ser comunidades originarias de la zona, y han conseguido pasar una consulta previa que no correspondía a la realidad social, a pesar de contarse con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), están engañando a todo el país. A pesar de esto, el gobierno (MINAM) llevó a cabo el proceso de consulta previa, analizando las posibles afectaciones que podrían producir en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y ahora, estas mismas comunidades insisten en que un nuevo proceso de licitación del contrato no se pudo abrir antes de que se cumplan sus demandas. 

Esta consulta previa trajo consigo muchísimos problemas y más conflictos, los cuales se realizaron a puertas del inicio de la licitación, desincentivando a los inversionistas. Ninguna de las tres empresas inicialmente interesadas en participar (Pluspetrol, la Canadian Pacific Rubiales y Perenco) presentaron ofertas al cierre de la licitación.

Esto no fue una sorpresa, dado que el precio del petróleo estaba por debajo de los US$ 50 por barril (hoy está en US$ 39 el barril) y se estima que se requerirá una inversión de alrededor de US$ 500 millones. Pero el desincentivo más fuerte es la incertidumbre que causan los conflictos por reclamos de comunidades que ni siquiera son originarios de la zona, sino migrantes de Ecuador que habrían llegado cuando empezó sus operaciones la Occidental y se abrieron oportunidades de trabajo.

Además, desde el punto de vista económico este lote no sería muy atractivo por sus altos costos de operación. Actualmente, de la extracción de los pozos el 98% es agua que hay que separar del petróleo (2%) y reinyectar a los pozos de reinyección. Además su petróleo es muy pesado (de alta densidad), por lo que para transportarlo a la costa hay que licuarlo con petróleo ligero y eventualmente con diluyentes importados. Lo que es más, luego hay que costear el alto cargo de transporte que impone Petroperú por el uso del oleoducto y finalmente venderlo por debajo de los marcadores de precio para petróleos ligeros, un estimado de 8 a 10 dólares por debajo del actual precio de US$ 39 por barril. Se estima que los costos de operación son del orden de US$ 40 por barril, por lo tanto, su volumen de reservas, que es un concepto económico, sería técnicamente inexistente.

Ahora muchos medios e instituciones se solidarizan con el reclamo loretano (donde muchos no son ni peruanos) y reclaman que el Lote 192 sea administrado por PetroPerú, a pesar de que después del fracaso de la licitación, se convocó a un proceso extraordinario en el cual se le otorgó la administración a la empresa canadiense Pacific Exploration & Production Corporation por dos años para luego poder hacer una nueva licitación por 30 años. Sin embargo, en Loreto insisten en que PetroPerú opere el lote, sin tener la capacidad técnica ni económica.

Lo que es más, en medio de la euforia del populismo en la que nos vamos deslizando como prolegómeno del proceso electoral, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha publicado un aviso solidarizándose con el reclamo nacionalista y el paro que pretende exigir por la fuerza que el lote 192 sea asumido por PetroPerú. Además, en el Congreso de la República se pretende asignar por ley el Lote a la empresa estatal, absurdo de absurdos.

El 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una ley (número 30130, artículo 6: Petroperú no emprenderá ningún proyecto que le genere pasivos [reales o a futuro], mientras no pague los préstamos por Talara) restringiendo cualquier papel de Petroperú en la esfera productiva ‘upstream o down stream’. Hasta ese momento parecía que Petroperú se haría cargo de una serie de lotes cuyos contratos con empresas privadas extranjeras estaban a punto de expirar, entre ellos el Lote 1A/B en Andoas (ahora conocido como Lote 192) y en Talara, que en conjunto representan la mayor parte del crudo producido actualmente en el Perú.

Además, la petrolera estatal no está en condiciones de asumir ese lote porque sus recursos deben (lamentablemente) ir a la modernización de la refinería de Talara (una inversiónde carácter político de más de US$ 3,500 millones), por lo que no podría (ni tendría los recursos) para asumir el Lote. El 2014 Petroperú perdió más de S/. 150 millones y sus auditores han emitido un dictamen calificado. No nos olvidemos que,hace algunas décadas, las empresas públicas fueron la causa de grandes forados fiscales y de la inflación desbocada que destruyó la clase media y la economía peruana. Según el estudio del IPE “Eficiencia del gasto en América Latina – Perú“, las pérdidas acumuladas por las empresas estatales al 1990 llegaron a US$ 17,738 millones (PPP 1998), monto equivalente al 67% del PBI de dicho año.

Debemos incentivar la producción petrolera, pero con seriedad. Es curioso que los anti extractivistas se opongan a la inversión privada en petróleo en nombre del ambiente, pero a la vez pretendan que el Estado la sustituya, sabiendo que su performance sería de pésimo nivel social y ambiental, tal como es con la gran estafa e inmoralidad de las empresas públicas de saneamiento, que dan un servicio que linda en lo criminal. Nuevamente se quiere hacer política con el tema petrolero. No nos dejemos engañar. Lampadia