Entrevista a Daniel Soria
Perú21, 21 de Octubre del 2022
Por: Alvaro Reyes Quinteros

Restituido procurador general defiende las investigaciones fiscales contra el presidente Pedro Castillo.

El abogado Daniel Soria logró que un juez constitucional ordenara su restitución en el cargo de procurador general tras batallar durante nueve meses. Su caso es enigmático porque representa un revés legal para el gobierno de Pedro Castillo, que arbitrariamente lo retiró de ese puesto.

El ministro de Justicia, Félix Chero, dijo que ya inició el trámite para ejecutar su reposición, que según el juez debió ser inmediata. ¿Por qué la demora?

Es cierto, hubo un retraso que no debió suceder. Sin embargo, confiamos en que están en la última etapa de este procedimiento. Lo que ha querido decir el ministro es que el proyecto de resolución ya se hizo y, probablemente, ya ha sido derivado al despacho presidencial para la firma correspondiente. Si es así, mañana (hoy) se estaría publicando en diario El Peruano.

Usted fue destituido por este gobierno en febrero de este año, y durante 9 meses guardó silencio mientras recurría a la justicia. ¿Confió siempre en retornar al puesto?

Ante estos problemas uno debe seguir los mecanismos que da la ley. Presenté la demanda de amparo en febrero y la sentencia recién salió este mes. Mi silencio se debió a que esperé la resolución de una autoridad competente; hay que respetar la institucionalidad para no seguir erosionando el Estado.

Su destitución vino después de haber denunciado al presidente Castillo por las visitas a la casa de Sarratea, ¿La Fiscalía actuó como usted esperaba?

Esa denuncia la presenté el 17 de diciembre de 2021, ahora la Fiscalía ha abierto más investigaciones y ha recogido evidencias. Ya tiene un primer producto que permite decir que se debe continuar la investigación en una fase preparatoria, y por eso presentó la denuncia constitucional ante el Congreso –que no es acusación– y ahora el Parlamento tiene un papel muy importante porque tiene que interpretar preceptos constitucionales que se remontan al siglo XIX que nunca fueron actualizados, como por ejemplo los alcances del artículo 117 de la Constitución.

¿Cree que el Congreso proceda a acusar al presidente interpretando la Carta Magna desde el contexto actual?

Cuando el artículo 117 de la Constitución señala que el presidente no puede ser acusado salvo en cuatro casos, esa palabra acusación tiene un contexto que se explica históricamente y se refiere a cuando la Cámara de Diputados la presentaba ante al Senado, no se refiere a la acusación fiscal; ese artículo fue pensado para la Constitución de 1860, mucho tiempo ha pasado y es claro que debe haber un equilibrio entre la inmunidad de los altos funcionarios y los propósitos de combatir la impunidad y la corrupción.

¿Para usted, entonces, es inadmisible que un presidente sindicado de encabezar una red criminal se mantenga en el cargo hasta el 2026?

En una democracia del siglo XXI, el nivel de inmunidad del artículo 117 es inadmisible y la Convención de Naciones Unidas va en ese sentido, señala que debe haber un equilibrio, no puede haber una inmunidad muy intensa.

¿El Congreso debería habilitar a la fiscal de la Nación a continuar investigando al presidente?

La Fiscalía debería continuar la investigación, pero el pase por el Congreso genera consecuencias. La tradicional norma que ha existido en todas las Constituciones es que, si hay elementos para pasar a investigación preparatoria, el funcionario debe ser suspendido del cargo. Algo parecido puede pasar hoy si se supera el escollo del artículo 117.

¿Cómo ha visto el accionar de los dos procuradores generales que han pasado en estos nueve meses? María Caruajulca, por ejemplo, no le formuló ninguna pregunta a Castillo en una diligencia fiscal.

Lo que corresponde a un procurador es preparar preguntas que puedan ayudar a la investigación. Ha habido falta de actuación, por eso es importante que los equipos de trabajo de la PGE se reorganicen y puedan ser un apoyo adecuado en las diligencias que continúen. Y acá no solo bastan las condenas sino conseguir las reparaciones civiles, para que ese dinero que salió de las arcas públicas regrese.

¿Qué opina que el gobierno recurriera a la OEA alegando un “golpe de Estado” por la denuncia fiscal?

Como profesor de derecho puedo decir que la Carta Democrática presentada por el gobierno tiene que ver con que la OEA busque información de manera amplia, no solo del gobierno sino de la sociedad civil, autoridades del Estado, como la Fiscalía y el Poder Judicial, para formarse un juicio. Esa es la forma de trabajar en estos casos y así realizar un diagnóstico adecuado.

Tenga en cuenta

-Según el artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República solo puede ser acusado en funciones por traición a la patria, por impedir elecciones, disolver el Congreso ilegalmente y por impedir el funcionamiento de órganos electorales.

-Daniel Soria señaló que su mandato se prolongará por tres años, porque ya había cumplido dos años al ser destituido.

-No obstante, Soria indicó que si el Congreso aprueba el proyecto para que la JNJ elija al procurador general por concurso, está dispuesto a dejar el cargo antes.

Por: Carlos Basombrío
El Comercio, 19 de Octubre del 2022

“¿Qué motivación tendrían para pasar un par de décadas en la cárcel a fin de que quien organizó todo siga viviendo en ‘su’ Palacio?”.

La fiscal de la Nación, la fiscal Marita Barreto y el equipo especial de la policía no solo han logrado sistematizar los cientos de evidencias contra esta organización criminal, sino que también han conseguido nuevas, contrastadas y más comprometedoras, emanadas de otros personajes intrínsecamente vinculados a Pedro Castillo que se han acogido a la colaboración eficaz. Y pronto se les sumarán otros. Después de todo, ¿qué motivación tendrían para pasar un par de décadas en la cárcel a fin de que quien organizó todo pueda seguir viviendo en “su” Palacio?

Pero, además de la contundencia de la investigación fiscal, resalta el coraje de decir ‘hasta aquí nomás’; que no es posible que una organización criminal haga de las suyas en nuestro país; que es intolerable que desde el poder se obstruya groseramente su trabajo en busca de impunidad. Han dicho explícitamente que en esto nos jugamos el destino de nuestra democracia. Ese es el origen y razón de ser de la denuncia constitucional para que el Congreso haga lo que corresponde.

Es un escenario totalmente inédito. Y es comprensible que haya múltiples debates sobre las medidas más adecuadas y expeditivas para lograr que esta pesadilla termine. No cabe, sin embargo, que esto se convierta en una competencia de vanidades sobre quién conoce e interpreta mejor la Constitución.

Cuidado. Castillo tiene muchísimo poder y no está dudando en usarlo de la manera más turbia posible.

Empezando por un Gabinete cómplice que lo sigue acompañando en sus esfuerzos por encubrir los actos criminales y en la artera obstrucción de la justicia. Varios de ellos han cruzado la línea de la legalidad y, por lo tanto, ya no pueden echarse para atrás. Otros, a los que llamaría ‘los idiotizados por el fajín’, olvidan que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Que el artículo 128 de la Constitución, en la parte que les concierne directamente, es inequívoco: “Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República”.

Pero, mucho más importante aún, Castillo tiene poder en el Congreso. Por un lado, la diáspora de grupitos parlamentarios en los que ha derivado Perú Libre comparte cuotas para poner y sacar, proteger y protegerse. Y, por supuesto, están también los que vendieron su conciencia para ser protegidos, para obtener prebendas, para negociar con obras públicas y otras variantes de lo delictivo.

A todos habría que recordarles que si Castillo termina bien librado se focalizarán en ellos las iras de la gran mayoría, responsabilizándolos por lo sucedido y reforzando el ‘que se vayan todos’. A su vez, estarán en el ojo de Castillo, que no dejará de percibirlos como su principal problema y que podría creer llegado el anhelado momento de cerrar el Congreso de un zarpazo.

No sé por qué, en este drama de final incierto, cientos de miles (si es que no millones de personas) que ven diariamente con espanto lo que ocurre con su país y los niveles de podredumbre a los que se puede llegar desde lo más alto del poder siguen creyendo que son espectadores y que solo requieren pifiar desde la platea.

A ellos hay que advertirles que el desenlace puede ser el peor. A saber, que, pese a todo, Castillo logre, con todos los mecanismos que ha usado ya en el pasado para subvertir conciencias, los votos suficientes en el Congreso para permanecer en el cargo.

Si lo logra, habrá ganado mucho más que una batalla. Los aterrados de hoy, ensoberbecidos, irían por la ‘vendetta’. Por supuesto, en primera fila estarían las valientes fiscales y los mejores coroneles que tiene la PNP.

Además, sin duda, buscarían nuevas formas de neutralizar a la prensa independiente. A su vez, un sector de empresarios que a veces ingenuamente piensa que Castillo es ya un mal menor y que de alguna manera se puede continuar invirtiendo sufrirá la arbitrariedad y el abuso de un gobierno que, en busca de un sostén político, priorizará sus compromisos con las principales economías criminales.

Los que miran para el costado pensando que nada de esto les toca sufrirían las consecuencias de una economía en decadencia, con escasez y carestía de los productos básicos y que cada vez genera menos empleos con derechos. A su vez, tendrían debilitada su capacidad para defenderse de esos males en una democracia en decadencia, o quizás en un abierto autoritarismo.

No quiero ser alarmista, pero me siento compelido a decir que no estamos ante el dilema, ya de por sí terrible, de que una persona como Castillo siga (des)gobernándonos, sino que su permanencia implicaría una victoria de la lógica de la corrupción y del crimen organizado en general.

No sería esta una derrota más, sino que la marea negra que se engulle poco a poco la posibilidad de un país en democracia y con primacía de la ley habría logrado una victoria de largas y siniestras implicancias.

Vicepresidente de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Ralón, afirma que “en ningún caso” la interpretación del TC debe anular la denuncia constitucional.

Diego Casimiro Oré
14 de octubre
La República

Ante el debate jurídico sobre los límites del artículo 117 de la Constitución y la invocación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Perú, Edgar Stuardo Ralón Orellana, sostiene que dicha controversia debe ser resuelta por el Tribunal Constitucional.

En un escenario en el que el presidente es acusado por delitos no contemplados en el 117 de la carta magna, el comisionado dijo que la recomendación de la CIDH es que “cada Poder cumpla con su función”, mientras se espera un pronunciamiento del TC. “Todo ello para evitar una crisis constitucional o institucional”, advirtió Ralón en conferencia de prensa.

Ralón señaló que “el diseño constitucional de cada Estado tiene sus particularidades” y aseguró que las prerrogativas que otorgan las cartas magnas a autoridades, como el antejuicio político, buscan garantizar estabilidad para que “sean procedimientos o mecanismos especiales los que habiliten quitar esa protección para poder profundizar en las investigaciones”.

El vicepresidente de la CIDH precisó que el antejuicio del que gozan el presidente, los congresistas, ministros y demás funcionarios contemplados en el artículo 99 de la Constitución “es inherente al cargo y no a la persona”.

“Si el artículo 117 tiene que tener un alcance amplio o estricto, es algo que el TC tendrá que indicar. Pero —sea que el TC defina que su aplicación o los efectos de su aplicación puedan dar lugar a una investigación inmediata o a posteriori— en ningún caso la interpretación puede ir en un sentido de que no se investigue una denuncia. Lo único que puede modificar es el momento o la forma o el debido proceso”, apuntó.

Comisión de la CIDH dio conferencia de prensa tras visita al Perú. Foto: Omar Coca/URPI-LR

Reformas

Al inicio de su intervención, Stuardo Ralón alertó que se han detectado “ciertos criterios de subjetividad” en el uso de las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial y disolución del Congreso, y que ello que provoca un “alto riesgo a la institucionalidad del país”.

“La CIDH llama al Estado de Perú, especialmente a los poderes involucrados en la interpretación y aplicación de estos procesos, y al TC del Perú, para que se reglamenten y delimiten con claridad las tres figuras constitucionales mencionadas con la finalidad de asegurar objetividad, imparcialidad y respetar estrictamente el principio de legalidad, debido proceso y la separación de poderes”, indicó. Lampadia

Presentamos el Voto singular del magistrado Augusto Ferrero Costa que explica con mucha claridad qué dicha ley es inconstitucional y los fondos son intangibles.

Ha causado honda preocupación y decepción el reciente fallo del Tribunal Constitucional que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 3 de la Ley 31192, que faculta a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones el retiro de sus fondos.

Cuando creíamos que el Congreso había elegido un Tribunal menos populista que el anterior, nos topamos con una sentencia que abre las puertas a la desaparición del sistema privado de pensiones, porque en buena cuenta autoriza la disposición de los fondos acumulados antes de la jubilación.

Y lo hace con el argumento increíble, que el sistema privado de pensiones no forma parte de la seguridad social, como si las pensiones no apuntaran precisamente a asegurar el bienestar social de la población de mayor edad.

Publicamos a continuación la parte central de la argumentación del voto singular del magistrado Augusto Ferrero Costa, que explica con mucha claridad por qué dicha ley es inconstitucional y los fondos son intangibles.

Lampadia

José Luis Sardón^[1]
A Alberto Benegas-Lynch (h), con admiración y afecto

Uno de los seis títulos de la Constitución Política del Perú se llama Régimen Económico. Este se subdivide en también seis capítulos, el primero de los cuales establece ocho Principios Generales:

1. Libre iniciativa privada y economía social de mercado;
2. Libertad de trabajo y de empresa;
3. Límites formales y sustantivos a la actividad empresarial del Estado;
4. Prohibición de los monopolios legales;
5. Libertad contractual y estabilidad jurídica;
6. Libre comercio exterior e igualdad de trato a la inversión extranjera;
7. Libre tenencia de moneda extranjera; y,
8. Protección al consumidor.

Estas normas responden a la historia de nuestro país. En los treinta años previos a la promulgación de la Constitución, el Perú siguió un modelo de desarrollo estatista (1962-1992), que llegó a su paroxismo en los siete años del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975). En ellos, se establecieron todo tipo de empresas estatales; naturalmente, estas fueron mal administradas, y solo generaron déficit fiscal, inflación y pobreza.

Por el contrario, el actual régimen constitucional económico ha generado veinticinco años de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico (1994-2019). Gracias a haber constreñido la actividad empresarial del Estado, no se ha tenido déficit fiscal y se ha conseguido una moneda sana; a su vez, las empresas privadas y los mercados abiertos han asignado mejor los recursos del país. En esos años, la economía peruana se multiplicó por cuatro y los niveles de pobreza se redujeron sustancialmente.

El régimen constitucional económico peruano no ha fracasado, pero sí la estructura política que le debía servir de soporte. El Perú no ha conseguido tener una alternancia ordenada de partidos en el poder. A excepción del Apra (2006-2011), han llegado al poder partidos de ocasión. En los últimos cuatro años, el Perú ha tenido cinco presidentes de la República: Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti y Castillo (2018-2021).

Esta inestabilidad política ha comprometido los logros económicos.

El 2020, el Producto Bruto Interno peruano se redujo en 11%; consecuentemente, la pobreza volvió a los niveles que tenía hace diez años. Dicho costo —ocasionado por las medidas decretada frente al Coronavirus— no tuvo una compensación sanitaria. Según Our World in Data, el Perú queda primero a nivel mundial en muertes por Coronavirus confirmadas por millón de habitantes: 5,912.

Las políticas públicas son fruto de las decisiones de los gobernantes. Empero, una estructura política deficiente favorece que estos formulen políticas equivocadas. Los gobernantes no son una excepción al aserto de José Ortega y Gasset:

Yo soy yo y mi circunstancia

La respuesta al Coronavirus se dio cuando el presidente Martín Vizcarra no tenía al frente al Congreso. Él mismo lo disolvió el 30 de setiembre de 2019, alegando que tenía una mejor idea sobre cómo elegir a los magistrados que nos sustituirían en el Tribunal Constitucional; y, el Congreso extraordinario, que culminaría su mandato, aún no estaba instalado. Seguramente, la ausencia de control parlamentario contribuye a explicar el descalabro económico y sanitario del Perú del año pasado.

Empero, la disolución del Congreso fue apoyada por muchos ciudadanos e incluso una mayoría de mis colegas magistrados. Nada explica lo segundo, pero sí —al menos, en parte— lo primero. El 2016, el predecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, fue elegido presidente de la República; sin embargo, su partido obtuvo solo 16% de los asientos del Congreso. Esta situación generó un ambiente político muy crispado, que fue aprovechado por Vizcarra.

La experiencia peruana reciente nos recuerda la importancia de conceptualizar los fundamentos de la libertad económica en términos amplios.

Para tener un proceso de desarrollo sostenido, no bastan normas que la consagren. Ello es lo principal, pero no lo único. Además, se requiere normas que estructuren adecuadamente la interacción entre los poderes del Estado y la competencia política. En un escrito que data precisamente de la fecha en que se dio la Constitución peruana, Jon Elster afirmó:

Constitutions matter for economic performance to the extent that they promote stability, accountability, and credibility.

Para fructificar socialmente, la libertad económica tiene que perdurar en el tiempo. No puede ser flor de un día. Solo así genera incentivos adecuados para los agentes económicos en general y para los inversionistas en particular. La historia latinoamericana reciente ofrece los ejemplos de Chile y el Perú. Aquí y allá el crecimiento económico importante se registró cuando los gobiernos que establecieron la libertad económica fueron sucedidos por otros que la consolidaron en el tiempo.

El despegue económico de Chile data de 1989, cuando los gobiernos que sucedieron al régimen autoritario de Augusto Pinochet mantuvieron la libertad económica establecida por él.

Igualmente, el despegue económico del Perú data de 2001, cuando los gobiernos que sucedieron al de Alberto Fujimori preservaron la libertad económica establecida por su gobierno.

Empero, en uno y otro país el proceso de desarrollo económico no ha sido acompañado siempre de una estructura política adecuada.

En el caso chileno, la secuencia en que ocurren los hechos es elocuente. La crisis política estalla el 18 de octubre de 2019, un año después de que Chile abandonó el sistema de representación binominal, que fomentaba la conformación de dos grandes partidos en el Congreso.

En el caso peruano, no se tuvo nunca un sistema equivalente; así, la fragmentación legislativa siempre fue alta y se tuvo presidentes sin mayoría. Sin embargo, el caso extremo se dio el 2016 con Kuczynski.

No todo depende de la consolidación de un sistema de dos partidos. En los fenómenos económicos siempre inciden múltiples variables. En el Perú, la ausencia de un sistema de partidos fue suplida por las normas del régimen constitucional económico y su aplicación por el Tribunal Constitucional. En esto último, cabe destacar la insistencia de este en que las empresas estatales fueran creadas por ley del Congreso. Sin embargo, ello no ha sido suficiente.

La palabra “propiedad” no aparece en el texto original de la Constitución de los Estados Unidos de 1787; solo apareció en la Quinta Enmienda de 1791. Sin embargo, The Federalist explica que el propósito central de dicha Constitución es defenderla. Esa Constitución busca disponer las instituciones políticas de tal manera que se tenga gobierno limitado, para afirmar la propiedad frente a los impulsos autodestructivos incubados en una democracia pura. En un célebre ensayo, Mancur Olson afirmó:

There is no private property without government!

El gobierno no crea el derecho de propiedad, pero, sin su reconocimiento y protección, este no logra institucionalizarse. Al mismo tiempo, no obstante, el gobierno puede convertirse en el mayor enemigo de la propiedad, como lo muestran la reforma agraria de 1969 en el Perú o el “corralito financiero” de 2001 en la Argentina, por mencionar solo dos ejemplos. Seguramente, los mayores asaltos a la propiedad han provenido de los propios gobiernos. El reto, entonces, es tener gobierno limitado.

Los Padres Fundadores de los Estados Unidos pensaron que una “república comercial extendida” requería ser sostenida por una estructura política combinada.

Esta comprende, por lo pronto, el sistema de dos partidos que deriva de la forma en que se eligen el Legislativo y el Ejecutivo. Este constriñe las alternativas ciudadanas, pero resulta indispensable para lograr el objetivo señalado, puesto que la fragmentación precede a la polarización, como explica The Federalist 10 y 68.

El tema central del diseño constitucional estadounidense, sin embargo, es la separación de poderes, explicada por The Federalist 47, 48 y 78. Esta puede haber sufrido distorsiones en el tiempo. El célebre voto singular del juez Antonin Scalia en el caso Morrison v. Olson señala la creación de los fiscales independientes. Empero, en términos generales, se mantiene firme desde 1787, contrastando con los sistemas parlamentarios europeos, en los que no existe, propiamente, dicha separación.

Para elegir al Legislativo y al Ejecutivo, los europeos tienen un solo voto, mientras que los americanos tenemos dos. Aquí, dividir el voto —split the ballot— es siempre una opción. En los Estados Unidos, sin embargo, la confrontación entre dos poderes elegidos encargados a dos partidos distintos funciona gracias a las elecciones frecuentes y escalonadas con que se renuevan dichos poderes, y al sistema de dos partidos mencionado.

Una Constitución económica no puede descuidar, pues, el diseño de las instituciones políticas. El Régimen Económico de la Constitución Política del Perú de 1993 fue muy bien pensado y puso frenos a la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, la misma Constitución descuidó brindar incentivos correctos a los agentes políticos; así, comprometió el proceso de desarrollo en el largo plazo.

Un trabajo reciente de Lucas Ghersi Murillo identifica quince normas de contenido económico en la Constitución de los Estados Unidos. La gran mayoría son prohibiciones al gobierno federal o a los gobiernos estatales, o atribuciones del Congreso. Dada la relevancia del asunto, este —integrado por los representantes directos del pueblo— es quien tiene las mayores responsabilidades. La atención primordial de ella, por tanto, está puesta en la manera cómo este se conforma.

En Latinoamérica en general y en el Perú en particular, falta no solo comprender mejor el rol del Estado en la economía sino también diseñar adecuadamente nuestras instituciones políticas. Lampadia

^[1] Abogado experto en Derecho Público, árbitro de la Cámara de Comercio de Lima y ex-magistrado del Tribunal Constitucional (2004-22). Este texto está tomado de: Federico N. Fernández y Jeremías Rucci (editores), Al maestro Dr. Alberto Benegas Lynch (h): homenaje de 65 autores, Buenos Aires: Grupo Unión / Fundación Internacional Bases, 2022.

Por: Alberto Alcalá Luna, Comandante general de la Marina
Diario Correo, 1 de Octubre del 2022

Alberto Alcalá Luna afirma que esa arma no se apartará ni por un instante de los mandatos de la Constitución y la ley, y rechaza a quienes pretendan reivindicar a los terroristas.

Un mensaje contundente de respeto irrestricto a la democracia dio ayer el comandante general de la Marina, almirante AP Alberto Alcalá Luna, durante un homenaje al personal que luchó por la pacificación nacional, en la Escuela Naval del Perú.

El contexto de este imperativo discurso es la versión de un presunto intento del Gobierno de decidir los ascensos en el Ejército en función de los intereses políticos del régimen de Pedro Castillo y no del país.

“Debemos dejar en claro, que jamás permitiremos que el Estado de Derecho sea quebrado y que no permitiremos que nuestros niños y jóvenes vuelvan a vivir el terrorismo”, señaló el alto oficial.

En su alocución, recordó el papel histórico de la Marina en defensa de la democracia y recalcó que “no nos apartarenos ni por un instante de los mandatos de la Constitución, ni de la ley, y le aseguramos a nuestros compatriotas  que la Marina de Guerra del Perú es y será siempre imperturbable centinela del Estado de Derecho, de la Constitución, de las leyes, del respeto a los derechos humanos y de la libre determinación de cada peruano que desee vivir en paz”.

NO AL TERROR.  Alcalá Luna le dedicó varios segmentos al motivo del evento: la tarea que tuvieron las fuerzas militares para pacificar el país en medio del ataque de Sendero Luminoso y el MRTA en los años 80.

“La Marina de Guerra del Perú, consecuente con el sacrificio de sus hombres que lucharon por la pacificación nacional y que contribuyeron decididamente en la derrota del terrorismo, rechaza a todos los que pretendan reivindicar a los asesinos ideologizados, a los terroristas que cubrieron de sangre nuestras montañas y costas”.

Como se sabe, el presidente Pedro Castillo fue dirigente del Conare-Sutep, un gremio de maestros vinculado al Movadef, movimiento asociado a Sendero Luminoso. Incluso, recibe en Palacio a Mery Coila, en su momento adherente de ese grupo de fachada.

Julio Velarde
La República, 29 de Setiembre del 2022
Escrito por: Wilder Pari

Para el presidente del BCRP, la población cuestiona al modelo “por mala calidad de servicios”, ello a pesar de las cifras macroeconómicas.

Las últimas elecciones presidenciales han tenido al cambio del modelo económico como caballo de batalla de los candidatos que quieren canalizar el descontento de un sector de la población, que critica el modelo a pesar de las cifras de crecimiento macroeconómico de las últimas décadas. Esta cuestión fue abordada en el segundo día de conferencias de Perumin 2022 que se desarrolla en Arequipa.

“No está claro por qué el modelo que respalda esas cifras de crecimiento no tiene el respaldo de la población”, planteó ayer el exministro de Economía Waldo Mendoza al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde. Para el directivo, la gente no percibe una mejora en servicios públicos básicos como salud y educación.

“Hemos fallado mucho en dar los servicios básicos. Es intolerable que, en una democracia, (solo) el que tenga plata pueda salvar a sus madres o sus hijos (…). Son los aspectos importantes para la sociedad. La gente quiere mejor educación y mejor salud”, respondió Velarde.

Según el presidente del BCRP, incluso con los ingresos actuales que tiene el país, se hubiera podido implementar un sistema de salud semejante al que tuvo España hace algunas décadas. Por su parte, Mendoza concluyó que mientras el crecimiento económico no sea apreciado por la mayoría de la población, se volverán a pasar “experiencias políticas como la que hemos vivido hace poco”, en referencia al último proceso electoral.

Inflación y perspectivas

Julio Velarde espera que este año la inflación en el Perú termine con cifras del 7 o 8% y la perspectiva es que para el 2023 esta descienda a 3%. Sin embargo, dependerá también de variables externas que puedan presentarse en el camino. “Si me preguntaban a comienzos de año cuándo tendremos la inflación a 3%, decía este año. Pero vino la invasión de Ucrania y significó una presión alta”, refirió Velarde.

Sobre la tasa de interés que aplica el BCRP como medida para contener la inflación, Velarde sostuvo que está en 6,75% y esperan no subirla más, pero dependerá nuevamente del contexto.

Además, se refirió a cifras de crecimiento del PBI, que proyecta para este año y el próximo en 3%. El presidente del BCRP trató de ver el lado positivo a pesar de algunas proyecciones de nulo crecimiento. Por ejemplo, se reafirmó en que el 2023 la inversión pública crecerá en 0%, en parte porque habrá nuevas autoridades regionales y municipales. Sin embargo, refirió que este último semestre se prevé un x de la obra pública.

La clave

En cero. En el caso de la inversión privada, para este año el crecimiento será de 0%. Sin embargo, Velarde sostuvo que comparado con el 2019, se creció un 15%. “Es como si hubiera crecido 5% por año”, expresó.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia 

Por estos lares no sabíamos que el proceso constituyente chileno estaba acompañado militantemente por la progresía global, por lo más graneado de las izquierdas, intelectuales y artistas de EEUU y Europa. 

Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso de Chile, nos cuenta como personajes como

Justin Trudeau, Alexandria Ocasio-Cortez, Martin Schulz, Nils Schmid, Joseph Stiglitz, Slavoj Žižek, Rania Batrice, Mariana Mazzucato, Thomas Piketty, Ha Joon Chang, Noam Chomsky, Rashida Tlaib, Silvia Federici, Jeremy Corbyn y artistas como Vigo Mortensen, Peter Gabriel, Sting, Danny Glover, Roger Waters, Mark Ruffalo, Pedro Pascal y Susan Sarandon; tomaron partido por la fallida constitución.

“Docenas de destacados intelectuales de izquierda declararon que la nueva Constitución favorecida por Boric establecía “un nuevo estándar global en su respuesta a las crisis climáticas, cambio climático, inseguridad económica y desarrollo sostenible”. Que “el enfoque de género en la Constitución marca un gran paso adelante en el modelo económico de desarrollo””.

El grupo Progressive International (PI), incluso, lanzó una plataforma donde personas notables podían registrarse para apoyar y “felicitar” a la Convención Constituyente de Chile “por la finalización de una nueva Constitución Política” que “inspiraría a personas de todo el mundo”. Posibilitaría una “república feminista, ecologista y plurinacional”. Los firmantes aseguraron estar luchando en contra de las “fuerzas reaccionarias” que se oponen al derecho de Chile a la “refundación” en líneas feministas, indígenas y ecologistas.

Sin embargo, el 62% de los chilenos rechazó el proyecto de la izquierda. La derrota de Boric y la izquierda fue aún mayor entre los más pobres y los indígenas, así como en el convulsionado sur. 

El pueblo chileno dio el ejemplo de cómo debemos rechazar esas malignas influencias de la progresía internacional, que ya sea por sus golpes de pecho, o por lejanos laboratorios sociales, pretenden experimentar en carne ajena.

Tal como denunció el ‘Manifiesto Powell’ en 1971 en EEUU, que denunció como las izquierdas habían tomado el control de los medios de comunicación, de los espacios académicos y ocupado gran parte del mundo intelectual, generando una gran reacción pro economía de mercado; habría que volver a denunciar esa ocupación ideológica retardataria del desarrollo de los pueblos, especialmente de los más rezagados. (Ver el Manifiesto Powell en Lampadia: De cómo EEUU defendió su sistema económico). 

El Perú y buena parte de nuestra región, ofrecen un gran potencial de desarrollo, vidas plenas y significativas, que pueden transformar el atraso en progreso y prosperidad. Para ello, solo necesitamos una visión positiva de futuro que convoque nuestras voluntades a emprender la ‘gran gesta del desarrollo’. Lampadia

Una derrota para el progresismo global

Fundación para el Progreso – Chile
Axel Kaiser
Publicado en El Mercurio
24.09.2022

Pocos en Chile parecen dimensionar el duro impacto ideológico que, para la izquierda occidental, tiene el hecho de que los chilenos hayamos rechazado la propuesta constitucional de la izquierda extrema el pasado 4 de septiembre. Lo cierto es que, desde el principio, el proceso revolucionario chileno embriagó las mentes de lo más granado de la élite progresista europea y americana, esas que jamás pagan los costos por promover a tiranos, charlatanes y demagogos en el tercer mundo.

Ya en octubre de 2020, la representante americana Alexandria Ocasio-Cortez, figura de la línea más radical del Partido Demócrata, celebró con entusiasmo los resultados del referéndum inicial, donde el 78% de los votantes aprobaron la idea de crear una nueva Constitución que se suponía sería más “diversa e inclusiva”.

En diciembre de 2021, celebridades como Vigo Mortensen, Peter Gabriel, Sting, Danny Glover y Roger Waters dieron su apoyo al candidato presidencial Gabriel Boric, autodenominado “marxista”, que ganó las elecciones prometiendo liderar el cambio constitucional de Chile.

Mientras Waters argumentó que la victoria de Boric en las elecciones era un tema de “vida o muerte”, Sting y Gabriel lo apoyaron en los siguientes términos en una declaración conjunta: “Exhortamos a todos los chilenos mayores y especialmente a los jóvenes a salir a votar. Y voten por la esperanza y un futuro en el que los derechos humanos estén al frente y al centro en una nueva Constitución”.

Con un tono similar, después de las elecciones, el Primer Ministro canadiense e ícono de la cultura de la cancelación, Justin Trudeau, describió a Boric como una “voz progresista con una agenda emocionante”.

Pero la agenda revolucionaria de Boric y la izquierda antidemocrática que lo respalda también obtuvo el apoyo del premio Nobel de Economía y viejo admirador de la dictadura castrista Joseph Stiglitz, así como del filósofo marxista esloveno Slavoj Žižek. Según Stiglitz, Boric terminaría con el “neoliberalismo”, lo que traería consigo una nueva era de prosperidad para Chile, algo de lo que ya estamos gozando.

La revista Time, incluso, nombró a Boric como una de las 100 personas más influyentes en 2022. El perfil, escrito por el mismo Stiglitz, argumentaba que Boric estaba convirtiendo a Chile, nada más y nada menos, que en “el laboratorio social, económico y político del mundo una vez más”.

En la misma línea, Žižek argumentó que el programa de extrema izquierda de Boric estaba ofreciendo una nueva visión política que garantizaría un futuro estable, no solo para Chile, sino para el mundo entero. Stiglitz y Žižek, por cierto, no estaban solos en su visión de Chile como un experimento progresista que podría servir como modelo a seguir para el resto del mundo.

Poco antes del referéndum del 4 de septiembre, el actor Mark Ruffalo declaró que “el mundo mira a Chile como un modelo para abordar el cambio climático y la necesidad de una mayor democracia”. Los colegas de Ruffalo, Pedro Pascal y Susan Sarandon, también expresaron su apoyo al proyecto de Constitución de la izquierda extrema como si el futuro de la humanidad dependiera de su ratificación. “Estamos mirando a Chile… por el bien de todos”, tuiteó Sarandon en respuesta a un tuit de la activista feminista Rania Batrice, según la cual Chile estaba “brindando una hoja de ruta para el resto del mundo”.

De manera similar, en una carta abierta, la profesora del University College London Mariana Mazzucato, los economistas Thomas Piketty, Ha Joon Chang y docenas de otros destacados intelectuales de izquierda declararon que la nueva Constitución favorecida por Boric establecía “un nuevo estándar global en su respuesta a las crisis climáticas, cambio climático, inseguridad económica y desarrollo sostenible”.

También agregaron que “el enfoque de género en la Constitución marca un gran paso adelante en el modelo económico de desarrollo”. El grupo Progressive International (PI), incluso, lanzó una plataforma donde personas notables podían registrarse para apoyar la Convención Constitucional de Chile. Entre los firmantes más emblemáticos se encontraban Noam Chomsky, Rashida Tlaib, Silvia Federici y Jeremy Corbyn. El propósito de la plataforma era “felicitar” a la Convención Constituyente de Chile “por la finalización de una nueva Constitución Política” que “inspiraría a personas de todo el mundo”. Según PI, el nuevo documento venía a reemplazar la “Constitución neoliberal” de Augusto Pinochet por una que posibilitaría una nueva financiación de una “república feminista, ecologista y plurinacional”. Dándose a sí mismos una relevancia histórica, los firmantes aseguraron estar luchando en contra de las “fuerzas reaccionarias” que se oponen al derecho de Chile a la “refundación” en líneas feministas, indígenas y ecologistas.

Miembros relevantes del Partido Socialdemócrata de Alemania también apoyaron la revolución. Días antes del referéndum, Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo (2012-2017), tuiteó que estaba “conmovido por los grandes avances en derechos sociales, medio ambiente e igualdad de género en la propuesta de nueva Constitución”, y agregó que establece “un nuevo estándar para el progresismo del siglo XXI”. Nils Schmid, diputado en el Bundestag, celebró que “con la introducción de la democracia igualitaria y los derechos fundamentales correspondientes, la Constitución sería ejemplar para todos los demás Estados del mundo, especialmente para Europa”.

Así las cosas, el contundente rechazo por 62% del proyecto revolucionario de la izquierda, que dejó a esta sin siquiera una victoria moral para mostrar, pues perdieron entre los más pobres e indígenas por un margen mayor que el promedio, no puede entenderse simplemente como un capítulo más de nuestra historia doméstica. Sus implicancias ideológicas y políticas alcanzan a todo Occidente y constituyen, una vez más, una derrota simbólica formidable de la izquierda extrema y elitista de parte de los chilenos comunes y corrientes que valoran su libertad. Lampadia

Por: Héctor López
El Comercio, 20 de Setiembre del 2022 

“El placer del triunfo de un guerrero que pelea por la felicidad de los pueblos, solo lo produce la persuasión de ser un medio para que gocen de sus derechos”, dijo San Martín.

Apenas quedó instalado nuestro primer Congreso Constituyente, el 20 de septiembre de 1822, el general José de San Martín puso sobre la mesa directiva la banda de Protector, insignia con la cual había gobernado desde el 3 de agosto de 1821, dentro de los límites del Estatuto Provisorio, y seis pliegos, de los cuales solo se leería públicamente el que contenía su renuncia. El Congreso, inmediatamente, lo colmó de honores y premios económicos, que en su gran mayoría no aceptó, abandonando el recinto para retornar a su casa en el pueblo de la Magdalena y ultimar detalles del viaje que emprendería en las primeras horas del día siguiente para no retornar nunca más al Perú.

En el segundo párrafo de su renuncia daba la clave de los motivos de su inminente partida: “El placer del triunfo de un guerrero que pelea por la felicidad de los pueblos, solo lo produce la persuasión de ser un medio para que gocen de sus derechos; más, hasta firmar la libertad del país, sus deseos no se hayan cumplidos, porque la fortuna varia de la guerra muda con frecuencia el aspecto de las más encantadoras perspectivas”. Lo que se necesitaba, prioritariamente, era proseguir la guerra contra el enemigo realista al mando del virrey La Serna y el general Canterac, numéricamente más importante, baqueano, bien armado, que permanecía sin problemas de víveres en la ciudad del Cuzco.

Políticamente José de San Martín sufrió serios reveses. No tenía respaldo oficial ni del gobierno de Buenos Aires, que lo detestaba, ni t ampoco del de Chile, donde Bernardo O’Higgins, a título personal, le brindó magro y aislado apoyo. Su fórmula independentista monárquica fue rechazada en todos los puntos donde sus embajadas intentaron que fuera aceptada. Aquí, en el Perú, su correspondencia secreta con Canterac para hacer posible este planteamiento repitiendo lo suscrito en Punchauca, quedó en nada. Su colaborador más próximo en asuntos políticos, Bernardo Monteagudo, fue expulsado del Perú sin ningún miramiento.

En la Conferencia de Guayaquil, a la que fue San Martín evidentemente sin muchas esperanzas, se habló de asuntos políticos y diplomáticos a los que los hechos consumados, en algunos casos, ya habían dado solución. Pero el tema medular fue el pedido que le hizo San Martín a Bolívar del envío de un ejército al Perú, recibiendo como respuesta de éste que solo lo podría auxiliar con una fuerza de menos de dos mil hombres. Allí terminó todo. No había más que hablar y por eso San Martín retornó precipitadamente.

El ejército vencedor en Chacabuco y Maipú que trajo San Martín, en ese momento tenía una oficialidad corroída por toda suerte de intereses, totalmente desmoralizado. La historiadora argentina Beatriz Bragoni no duda en afirmar que el Libertador había fracasado en el Perú. Timothy Anna también escribe repetidamente que fue un fracaso: “Sus oficiales comenzaron a ponerse en su contra en los mismos momentos en los que los ciudadanos de Lima lo hacían”. Incluso sabemos que hubo una conjura frustrada para asesinarlo. La plana menor, mayoritariamente chilena, estaba impaga, mermada por la epidemia de Huaura y no había tenido relevos significativos. Patricia Pasquali, igualmente argentina, excelente especialista en San Martín, coincidiendo con Bartolomé Mitre, dice: “Lo que para los demás fue una retirada prematura e incomprensible, para San Martín fue la actitud que exigía la exacta ponderación de los factores en juego”. Es evidente que ninguno de esos factores le era favorable. José Agustín de la Puente Candamo, el especialista en la época de la Independencia más importante del Perú, anota que el general San Martín tuvo “la inteligencia superior y la generosidad de alma suficientes para conocer sus limitaciones y retirarse a tiempo”.

En la extensa, íntima y melancólica conversación que San Martín tuvo en la Magdalena con su entrañable amigo y confidente Tomás Guido, horas antes de marcharse, hablaron de todo y en un momento de ella el Libertador le confesó: “Nadie, amigo, me apeará de la convicción en que estoy, de que mi presencia en el Perú le acarrearía peores desgracias que mi separación. Así me lo presagia el juicio que he formado de lo que pasa dentro y fuera de este país. Tenga usted por cierto que por muchos motivos no puedo ya mantenerme en mi puesto, sino bajo condiciones decididamente contrarias a mis sentimientos y a mis convicciones más firmes. Voy a decirlo: una de ellas es la inexcusable necesidad a que me han estrechado, si he de sostener el honor del ejército y su disciplina, de fusilar algunos jefes; y me falta el valor para hacerlo con compañeros de armas que me han seguido en los días prósperos y adversos”. Era cierto, San Martín nunca perdió su lucidez.

La plática de San Martín y Guido duró hasta cerca de las diez de la noche. De pronto el ex Protector se puso de pie, tomó su capote y una gruesa bufanda y mientras se colocaba esas prendas salió a la puerta de la casona donde lo esperaba su edecán Soyer y una escolta de ocho granaderos bien armados. El Libertador, antes de montar en su cabalgadura, dio un estrecho abrazo a Guido y luego, a buen trote, tomó el camino de Ancón. Llegó al puerto un poco antes de las dos de la mañana del 21 de septiembre. Subió al bote que lo esperaba y poco después abordó el bergantín Belgrano. Su equipaje ya estaba en su camarote. Minutos más tarde zarpó el buque en pos de Valparaíso. ¡Grandeza de hombre y lealtad de soldado! Su nombre, su gesta, los aprendemos desde niños y quedan para siempre en lugar señalado de nuestra memoria y de nuestro corazón.

Por: Patricia Teullet
Perú21, 12 de Setiembre del 2022

“El rechazo popular ha sido tal que no parece haber otra opción. Lo que no queda claro es si una Constitución totalmente nueva dará solución a los problemas que generaron las protestas”.

En octubre de 2019, Chile, el país que veíamos como ejemplo de seguridad, equilibrio económico y democracia, fue escenario de un levantamiento inesperado y violento. Muchos analistas leyeron la situación como la reacción de un pueblo que había quedado, por demasiado tiempo, excluido del bienestar que supuestamente les debería haber traído el crecimiento sostenido durante décadas. La protesta se entiende, pero aún queda por descifrar el nivel de violencia y destrucción de la propia infraestructura al servicio de los mismos que protestaban.

El Gobierno fue puesto contra las cuerdas y, aunque llegó al final del mandato, aceptó la salida mediante el ofrecimiento de un cambio constitucional; más un tema de percepción o hepático que el que fuera la Constitución vigente la madre de todos los males, incluyendo la reconocida desigualdad persistente.

Así, las elecciones siguientes ya tenían marcada en la agenda un proceso de reforma constitucional, empujado por la izquierda, cuyo líder, Gabriel Boric, ganó en segunda vuelta con amplio margen. Empezó el proceso de creación de la nueva Constitución con la elección de ‘muestras representativas’ de la población chilena para participar en su redacción. Pronto se vería que no había manera de coordinar ni siquiera una visión de país. Y, luego, mientras los elegidos discutían si debían escribir “todos y todas” o “todes”, el país, ya golpeado por la pandemia, enfrentaba salida de capitales, paralización de inversiones, inflación, menor crecimiento y empleo e incremento de la pobreza: exactamente lo contrario a lo que la nueva Constitución supuestamente iba a mejorar.

El resultado de rechazo del domingo 4 ya se veía venir en las encuestas, aunque sí sorprendió, no solo su magnitud, sino que este se hubiera dado en mayor medida entre la población más pobre.

Siendo realistas, muy pocos se habrán tomado el trabajo de leer los cientos de páginas propuestas. Lo que sí, con seguridad hicieron, fue escuchar o leer las opiniones de quienes acompañaban el proceso con críticas certeras a los textos que iban apareciendo. Y eso no fue ni espontáneo ni demandó poco esfuerzo: hubo detrás organizaciones serias que impidieron que Chile tuviera hoy una Constitución con la que poco se podía hacer, salvo ir cuesta abajo.

¿Qué viene ahora?

Curiosamente… ¡Una nueva Constitución! El rechazo popular ha sido tal que no parece haber otra opción. Lo que no queda claro es si una Constitución totalmente nueva dará solución a los problemas que generaron las protestas o si lo que se requiere es un cambio en las clases dirigentes, un entorno que permita la movilidad social y un Estado que funcione y que sea capaz de proveer los servicios que el pueblo necesita.

Por: Instituto Peruano de Economía (IPE)
EL Comercio, 11 de Setiembre del 2022

Es la tasa más alta de la región, seguida por Chile. Entre el 2010 y el 2021, el Perú redujo su coeficiente de desigualdad en 3,8 puntos porcentuales, mientras que el país del sur lo redujo en 2,2 puntos.

La semana pasada, la ciudadanía chilena votó mayoritariamente por rechazar la propuesta de nueva Constitución elaborada por una convención elegida para el encargo. En este marco, se han dibujado paralelos entre las actuales constituciones del Perú y Chile, y conviene conocer sus resultados en ambos países.

Impacto económico

Tras la crisis económica de los ochenta, el Perú realizó una serie de reformas que permitieron fortalecer sus pilares macroeconómicos y sentaron las bases del crecimiento de los últimos 30 años. Buena parte de estos resultados fueron posibles gracias a los cambios incluidos en el capítulo económico de la Constitución vigente.

El fortalecimiento de la autonomía del Banco Central de Reserva y la prohibición de financiar al Estado permitió alcanzar niveles de inflación mucho más bajos a los registrados previamente. Además, la Constitución estableció un marco atractivo para la inversión privada, basado en la libertad de contratación, la apertura a inversiones extranjeras y la libre competencia. Asimismo, se definió el rol subsidiario del Estado, que limita su actividad empresarial a casos excepcionales.

Bajo este nuevo contexto, la expansión de la inversión privada, la diversificación de las exportaciones y la entrada de capital extranjero permitieron que el Perú pase de ser el país con el menor crecimiento promedio entre 1975 y 1992 (0,0%) a liderar el ránking regional entre 1993 y 2021 (4,5%). Una década antes, Chile también había estrenado una nueva Constitución (1980) con una orientación económica similar a la peruana, que le permitió acelerar su crecimiento de 3,5% promedio anual durante los 20 años previos (1961-1980), a 4,7% durante los 20 años siguientes (1981-1999). El crecimiento económico permitió que la pobreza se redujera sustancialmente en ambos países. Para el 2019, la población con ingresos por debajo de US$3,2 por día había llegado a 8% en el Perú, y a 1% en Chile, según datos del Banco Mundial.

El reto de la desigualdad

El mayor bienestar generado favoreció principalmente a los hogares más vulnerables. En el Perú, el gasto de los más pobres se incrementó en 85% entre el 2004-2019, muy por encima del promedio nacional (58%). En esa línea, el Perú logró reducir su coeficiente de desigualdad (que toma en cuenta disparidades en ingresos, salud y educación) en 3,8 puntos porcentuales (pp) entre el 2010 y 2021, mientras que en Chile se redujo en 2,2 pp. Aunque importantes, dichos avances aún tienen un amplio espacio de mejora: el Perú (puesto 70) y Chile (76) se ubican a media tabla en el ránking de desigualdad entre 156 países evaluados.

Este problema está fuertemente asociado con un acceso inadecuado a servicios públicos de calidad en educación, salud, justicia y seguridad, entre otros. Por ejemplo, según datos de la prueba PISA 2018, el 25% de estudiantes de menor nivel socioeconómico en el Perú alcanza el tercer puntaje más bajo en comprensión lectora entre los estudiantes más vulnerables de otros países, solo por encima de República Dominicana y Panamá. Según la OCDE, el Perú es el país de América Latina donde las diferencias socioeconómicas explican la mayor parte de los resultados educativos.

Gestión pública adecuada

La Constitución ya establece, en papel, una adecuada provisión de servicios públicos y garantiza los derechos básicos, como la salud y la educación. Sin embargo, la sola mención de estos derechos no garantiza su adecuada provisión. Solucionar el deficiente acceso e inadecuado servicio requiere una mejor gestión pública. Para ello, resulta clave lograr un servicio civil meritocrático, que permita atraer el mejor talento hacia puestos claves en los tres niveles de gobierno. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Servicio Civil encontró brechas significativas en las pruebas de conocimiento de los funcionarios responsables del sistema de inversión pública, especialmente en los gobiernos subnacionales, que también registran una menor inversión en infraestructura pública.

La semana pasada, la ciudadanía chilena votó mayoritariamente por rechazar la propuesta de nueva Constitución elaborada por una convención elegida para el encargo. En este marco, se han dibujado paralelos entre las actuales constituciones del Perú y Chile, y conviene conocer sus resultados en ambos países.

Por el contrario, existen servicios públicos que se han expandido significativamente en las últimas décadas sin estar incluidos en la Constitución. Por ejemplo, el acceso a Internet en los hogares aumentó de 2,1% en el 2004 a 48,7% en el 2021, mientras que el número de líneas con Internet móvil por cada 100 habitantes casi se ha duplicado entre el 2014 (43,7) y el 2021 (78,2). Estos avances fueron posibles a partir de una mayor competencia en los mercados, incentivos para la inversión, el desarrollo de nuevas tecnologías y la construcción de la infraestructura necesaria.

El éxito económico del Perú de las últimas décadas es innegable, tanto como las importantes demandas sociales por atender. Lejos de cambios constitucionales, urgen mejores políticas públicas para resolver dichas demandas. Al respecto, el proceso de adherencia a la OCDE es una buena oportunidad para dar impulso político al fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas de la gestión pública en el Perú.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Chile se salvó, al menos por el momento. La locura radical de izquierda había producido un texto delirante y suicida. No solo amenazaba con destruir la unidad de uno de los Estados mejor consolidados de América Latina, en nombre de la plurinacionalidad y de la multiplicación de los sistemas de justicia, lo que iba a llevar a ese país a la anarquía, sino que suprimía el Senado e instauraba un intervencionismo estatal que sin duda iba a condenar a Chile al caos y la pobreza.

Se han salvado, así, el Estado, la economía y la gobernabilidad chilenas. Ya la bolsa de valores reaccionó con un alza apreciable y sin duda las inversiones mineras volverán a mirar al país del sur, mientras retiran su vista del Perú.

Mientras tanto, el presidente Boric reorienta su gabinete hacia la centroizquierda. con una composición que empieza a acercarse a lo que fue la “Concertación” de partidos de izquierda y centroizquierda que gobernó Chile durante dos décadas, entre 1990 y el 2010. Con eso, por supuesto, empieza a darle viabilidad a su propio gobierno. El rechazo, en ese sentido, le ha salvado a él también, si es capaz de tomar todas las lecciones de lo ocurrido.

Recordemos que la izquierda -no solo en Chile sino en América Latina en general- ha sido exitosa cuando abrazó la economía de mercado y, por el contrario, se hundió en el desastre económico cuando optó por el estatismo intervencionista. El caso precisamente de la Concertación chilena es ilustrativo.

Desde el presidente Aylwin, los dirigentes de esos partidos de izquierda y centro izquierda, como el partido Socialista, entendieron que debían mantener las líneas centrales del modelo económico heredado de la dictadura de Pinochet, agregándole el valor de unas políticas sociales de mayor alcance.

Y, por supuesto, no había contradicción entre ambos propósitos. A más mercado, mayores tributos puede coleccionar el fisco para la redistribución social.

Y así fue como Chile creció durante los años de la Concertación a unas tasas superiores a las de toda América Latina, y lo hizo incrementando en gasto social del Estado al punto que, cuando se produjo el estallido social el 2019, dicho gasto equivalía al 16% del PBI, el más alto de América Latina, y la pobreza se había reducido del 40% en el 2003 a 10.7% en el 2017.

Pero se impuso la posverdad ideológica. La ralentización del crecimiento ocasionada por las reformas intervencionistas de la segunda Bachelet, llevaron a que las clases medias perdieran ingresos o ya no pudieran seguir incrementándolos para pagar las deudas que habían contraído para satisfacer sus aspiraciones de progreso, para adquirir bienes muebles e inmuebles y educar a sus hijos en universidades públicas que se pagaban por medio de préstamos estudiantiles.

Se construyó una narrativa de abuso del sistema que no fue refutada por la derecha ni por los defensores de las políticas liberales, y el resultado fue una explosión, en parte estimulada por centros de planificación de acciones y atentados, que llevó a la Convención a toda clase de iluminados e irredentos. Sin duda una lección acerca de la importancia de dar la batalla cultural en favor de las ideas de la prosperidad y la integración social.

En realidad, la Constitución chilena de 1980 ha sufrido más de 100 reformas.

En la práctica, ya no es la Constitución de Pinochet. Durante el gobierno de Lagos, por ejemplo, se derogaron sus reminiscencias autoritarias: se eliminaron los senadores designados y vitalicios, que mantenían una representación de las fuerzas armadas, y se redujo el mandato presidencial de 6 a 4 años. El 2017 se modificó la constitución para establecer la elección de los gobernadores regionales, antes designados por el presidente de la República. Y así sucesivamente.

Pero la carga de haber sido, de todos modos, la “Constitución de Pinochet”, pesó siempre incluso sobre las derechas, de modo que incluso parte de ellas están de acuerdo en la conveniencia política de un nuevo texto constitucional. Pero uno sensato, que preserve la unidad del Estado chileno, la gobernabilidad y la economía de mercado, asegurando derechos sociales y una capacidad redistributiva para atenuar las desigualdades y e igualar las oportunidades.

Chile posee una democracia muy asentada, y por eso pasar a una constitución que no provenga de una dictadura militar posee un valor simbólico. La pregunta ahora es cómo van a abordar ese proceso. Lampadia