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Las reformas imposibles

Por: Héctor Villalobos
El Comercio, 18 de Enero del 2023

“Hoy la calle tiene un sinfín demandas, muchas razonables y algunas descabelladas, pero en una parecen estar todos de acuerdo: debe haber adelanto de elecciones y, mientras más rápido se apruebe, mejor”.

La asamblea constituyente es el pretexto perfecto no solo para bloquear carreteras, sino también todo tipo de iniciativa legal que surja del Congreso. Perú Libre y sus bancadas satélites ya lo decidieron: no habrá reformas constitucionales en lo que resta de la legislatura. Tal determinación quedó plasmada en el resultado de la votación del pleno del lunes 16, en el que, debido a las posiciones en contra de las bancadas de izquierda, no se pudo aprobar, sin necesidad de referéndum, la eliminación del voto de investidura para los gabinetes que recién asumen funciones.

Se puede discutir la pertinencia de dicho proyecto o la ocasión elegida para debatirlo. No se trata precisamente de la reforma constitucional más urgente o prioritaria de las que están en cola en el Congreso. Se puede cuestionar también si esa modificación era importante o no, o si debilitaba al Ejecutivo o fortalecía al Legislativo.

Sin embargo, lo que quedó muy claro durante la sesión es que a los antiguos aliados de Pedro Castillo no les interesa realizar reforma alguna a la actual Constitución, pues el objetivo final de ellos es eliminarla. Sin su respaldo, será imposible alcanzar los 87 votos que se requieren para aprobar cualquiera de los cambios que se propongan sin tener que pasar por un referéndum previo.

El principal argumento del castillismo parlamentario para no aprobar nada es que el actual Congreso ha perdido “legitimidad”. “No sé si tenemos plena legitimidad para estar tratando esto. Esto más bien va a perturbar los ánimos”, dijo el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz. Aprobar reformas constitucionales en este contexto sería (según estas interpretaciones) provocar más a la población que está protestando.

Asumiendo que esto fuera cierto, que este Congreso está deslegitimado y no debe aprobar ninguna reforma, ¿por qué Silvana Robles de Perú Libre presentó la semana pasada un proyecto para reformar el artículo 108 de la Constitución? ¿Por qué ese mismo grupo legislativo ha presentado un proyecto “que constitucionaliza la asamblea constituyente”? ¿Por qué la bancada de Bermejo, Betssy Chávez y compañía ingresó, el mismo lunes, un proyecto de reforma constitucional para modificar la distribución de escaños en el Congreso de la República? No deberían seguir presentando iniciativas para que sean debatidas por una representación “ilegítima”.

El motivo de fondo no es la ausencia o no de “legitimidad”. Es simplemente generar más caos y zozobra. Es dejar a un Congreso atado de manos, al que se le exigen cambios, pero imposibilitado de hacerlos. Más críticas contra el Parlamento. Mayor desaprobación. Más voces que piden su cierre. “Solo la asamblea salvará al país”.

Criticar a quienes quieren boicotear al Congreso no significa eximirlo de sus culpas. Muchos de los actuales legisladores viven de espaldas al país. Silbaron de costado ante varias de las denuncias de corrupción contra el gobierno de Castillo y algunos incluso actuaron con evidente complicidad. Otros se dedicaron a inflar denuncias disparatadas contra el expresidente que lo único que lograron fue desviar la atención de las que realmente tenían importancia. Hoy la calle tiene un sinfín demandas, muchas razonables y algunas descabelladas, pero en una parecen estar todos de acuerdo: debe haber adelanto de elecciones y, mientras más rápido se apruebe, mejor. En tanto, ellos siguen en su mundo paralelo. ¡Viva la semana de representación!




La Constitución huérfana

Franco Palermo
Colegio Franco Peruano. Economista en Universidad de Lima. Productor y empresario de televisión. Publicista aficionado.
Vox Populi al Día
3 ENERO, 2023

Cuando decidí escribir este artículo compartí la idea central con mis referentes más importantes y me dijeron: “uy no te metas con la C93 que le vas a hacer daño” … Y pienso absolutamente lo contrario.

Si hay algo que explica el milagro peruano que dio frutos por 30 años es sin duda la constitución del 93. Una ley de leyes que pone los recursos productivos en manos de los que más pueden maximizarlos: los privados… No hay mucho que pensar ni discutir… Quitarle brutalmente las trabas a la inversión y cortarle las alas a un estado que solo queda con un rol subsidiario transformó la economía de las mayorías… Generó infraestructura, bienestar, reducción de la pobreza, millones de Micro empresarios y un fortalecimiento de la economía del país…  

Nacieron miles de nuevas fortunas y ellas a su vez generaron millones de oportunidades…

Y para reforzar este concepto, afirmo que aquí quien falló no fueron los privados como se llenan la boca los rojos azuzadores, fue un estado obsoleto que no pudo llevar los inmensos recursos generados por el sistema económico a los que por diversas razones no gozaron de la bonanza de este crecimiento… Un estado vetusto, con pésima educación por estar politizada y peor salud por falta de gestión… Nunca por falta de recursos, esos SIEMPRE sobraron… Sumados a un sistema de regionalización NEFASTO que hizo crecer a reyezuelos regionales en su mayoría corruptos e ineptos, que se dedicaron a robar y a hablar mal del sistema para tapar sus fechorías. 

Pero el Perú siguió viviendo, piloto automático le decían…Los ignorantes de la economía pensaban que todo funciona solo y qué hay que sacarle más “manteca al chancho” …Y, ¡el Perú siguió dando! ¿Saben por qué? Porque gracias a la C93 los recursos estuvieron en las manos más productivas…  

Y entonces ¿porque la C93 corre riesgo? ¡Pues porque es una constitución huérfana, sin nadie quien la defienda! Y, a ver, si tal como lo hemos definido los sectores privados son los grandes beneficiados de este sistema (y eso está bien) ¿porque no defienden con uñas y dientes la C93 que es el suelo firme de todo?

¿Porque los grandes empresarios del Perú han claudicado en la defensa orgánica de un sistema que funciona y sobre todo les es funcional?  

Y es que después de 30 años los grandes están de retirada. Las grandes empresas han pasado a generaciones blandas que ven el progresismo como algo “cool” y “nice”, y a manos de consiglieris y CEO que manejan sus acciones más en base al bono de fin de año que a la razón. Solo así se puede entender que los grandes interesados y beneficiados del país hayan dejado crecer SIN el menor atisbo a los enemigos del dizque modelo.

Creer que meterle dinero (de manera apretada en cantidad y tiempo) a las elecciones cada 5 años es la cuota a pagar para mantener un sistema, habla de una ceguera extrema de nuestra clase empresarial…Un cortoplacismo brutal, ¡una frivolidad infinita y un egoísmo tonto! 

La política hay que financiarla, así que esa ley que fue muy cómoda para que no se pueda financiar más la política y “no vengan a pedirme plata” resultó ser un cáncer que se debe derogar…

La formación de opinión, la formación de cuadros políticos, el apoyo orgánico e inteligente hacia los más necesitados, la defensa SIN tapujos ni miserias de los que están con los buenos… ¡nadie, absolutamente nadie está comprometido de verdad con esto!

¿Por qué hay un IDL a la izquierda y no uno a la otra orilla que de soporte a nuestros héroes de las FFAA?

¿Por que han perdido toda injerencia en la formación de opinión?

¿Por qué han abandonado la lucha educativa dejando que San Marcos contamine a la PUCP y está a su vez a la Universidad del Pacifico, e incluso la UPC y la De Lima dónde Salas Arenas dicta clases?

¿Por qué no se ha revisado los textos escolares y hemos permitido que en los colegios se enseñe que Abimael fue el bueno y el estado los malos?

¿Por qué no han presionado por terminar de hacer las reformas de estado?

¿Por qué no se han puesto a pensar de verdad que una constitución tan perfecta en la práctica es un punto medular a acabar, la víctima más deseada por los enemigos comunistas?

¡Basta de mandar al CEO a hacerse cargo con sus métodos financieros de la defensa del país! ¡Basta de gastar en coctelitos para llenar páginas sociales! ¡Basta de no apoyar las causas correctas para mis intereses y los de la nación por temor y miedo! ¡Basta de darle mis decisiones publicitarias a la agencia de medios sin apoyar a quienes me apoyan! ¡Basta de esconder la cabeza debajo del escritorio como si hacer empresa fuera algo malo! ¡Basta del polite y el disclaimer! ¡Basta de aplaudir a Erasmo Wong y no sumarse a iniciativas como la suya!

En suma, basta de ser los malos padrastros de una hija que ha sido buena y dadivosa… ¡No sigan dejando en orfandad a la C93! Lampadia




“Leer la Constitución”

Por: Yesenia Álvarez
Perú21, 6 de Enero del 2023

“Las protestas recientes también incluyen entre sus demandas una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución y tanto promotores, azuzadores y seguidores en calles y redes no dejan claro ¿qué quieren cambiar?”.

Este 2023 nuestra Constitución Política cumple 30 años y ha enfrentado constantes amenazas de la izquierda de volver a la anterior y actualmente de reemplazarla con el propósito de refundar el país y cambiar el régimen económico que nos ha permitido crecer y prosperar.

Las protestas recientes también incluyen entre sus demandas una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución y tanto promotores, azuzadores y seguidores en calles y redes no dejan claro ¿qué quieren cambiar?, ¿con qué propuestas? ¿por qué la necesitarían cambiar a través de una Constituyente que no está prevista en el orden constitucional?

No saben o no quieren responder, y se han encargado de desinformar hasta el punto de que líderes supuestamente informados creen que una Asamblea Constituyente es el único mecanismo idóneo para cambiar totalmente una Constitución, cuando la misma Constitución prevé los mecanismos para reformarse parcial e incluso totalmente, sea que el texto se cambie totalmente o que no se modifique totalmente pero que se cambie su núcleo. La izquierda no está siendo honesta en difundir entre sus seguidores que la actual Constitución prevé los mecanismos para modificarse sin generar caos y sin romper los cauces constitucionales.

Pero eso no lo dicen, y por eso se aprecia en el debate que se les pide que al menos lean la Constitución a quienes repiten como gramófonos que necesitamos una Constituyente. Sin embargo, a una corriente en redes se le ha ocurrido calificar como elitista a esta mínima exigencia ciudadana de informarse antes de debatir.

Soy de las personas que creo que la Constitución debe estar más cerca de los ciudadanos que de soberbios académicos y abogados, pero si vamos a debatir cambios al menos tenemos que revisarla, entenderla, saber qué dice y qué no. Soy consciente también que el costo de ser ciudadanos informados es alto en el Perú, en el que mayorías tenemos que lidiar el día al día con nuestras economías familiares y lamentablemente esto es aprovechado por la izquierda que ve una oportunidad para desinformar. Ojalá que en los 30 años de la Constitución de 1993 multipliquemos tanto los esfuerzos para leerla como las convicciones para respetar el espíritu de lo que significa tener Constitución.




Carta abierta a los “constituyente lovers”

Por: Waldo Mendoza
Gestión, 3 de Enero del 2023

¿Tienen el ejemplo de algún país en el mundo que funcione bien con el régimen económico que ustedes tienen en mente?

Una demanda eterna de la izquierda peruana es la de una asamblea constituyente para reemplazar la Constitución de 1993. ¿Para qué? Según sus voceros más importantes, para “refundar el país”. ¿Cómo? No tienen interés en la necesaria reforma política. La “refundación” pasa por disolver el régimen económico de la constitución (RE93).

En esta modesta página voy a procurar demostrar que nuestra izquierda, si de verdad está comprometida con el progreso, especialmente de los más vulnerables, está impulsando un suicidio colectivo.

La asociación entre crecimiento económico y bienestar es casi tan poderosa como la ley de la gravedad. El economista Lant Pritchett acaba de confirmarlo (https://lantpritchett.org/wp-content/uploads/2022/05/Basics-legatum-paper_short.pdf). Utilizando la base de datos más completa del mundo, de 300 variables, en 167 países, ha encontrado que i) todos los indicadores de bienestar material están atados a la evolución del PBI per cápita; ii) no existe un país en el mundo que haya progresado sin un crecimiento económico sostenido y iii) tampoco existe un país con crecimiento económico sostenido que no haya progresado.

Habría que agregar que i) el principal impulsor del crecimiento económico en el mundo es la inversión en capital físico y en capital humano, y ii) el crecimiento económico es la fuente de ingresos del gobierno, los que pueden destinarse a la educación y a los más vulnerables.

Si es así, va una pregunta para los impulsores de la “refundación” del país, Verónica Mendoza, Antauro Humala, Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Anahi Durán, Sinesio López, Humberto Campodónico y Sigrid Bazán: ¿están seguros que el nuevo RE93 que tienen en mente hará que la economía peruana progrese más rápidamente y que crezcan los recursos fiscales para la educación y para ayudar a los más vulnerables? ¿Le han dedicado un minuto a discutir ese problema?

He leído con detenimiento el RE93 y mi conclusión es que sus artículos son, por un lado, promotores de la inversión privada y el crecimiento económico y, por otro lado, permiten al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacer muy buenas políticas.

Sobre el modelo de crecimiento, hay tres artículos que a la izquierda les causa escozor. El primero tiene que ver con el artículo 60, sobre rol empresarial subsidiario del Estado: “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial (…)”.

¿Por qué es bueno este artículo? Primero, todos los países donde las empresas públicas tienen un peso dominante están quebrados o a punto de quebrar: miren a Corea del Norte, Cuba o Venezuela. Algunos países mantienen pocas empresas estatales, pero manejadas casi como privadas. Petrobras de Brasil es una empresa mixta, que cotiza en bolsa; Codelco, de Chile, es estatal, pero su directorio es de profesionales de primer nivel que no son funcionarios públicos; y Ecopetrol, de Colombia, es una empresa mixta que también cotiza en bolsa.

Nosotros, a fines de los ochenta teníamos más de 200 empresas públicas, hasta el cine Colón era estatal, y casi todas deficitarias. De las que quedan, Petroperú, que no cotiza en bolsa, se embarcó hace 10 años en la refinería de Talara, que costó US$ 6000 millones, y puede ser un museo en unas dos décadas; y en el efímero gobierno de Castillo, Petroperú estuvo gobernado por un directorio que lo puso al borde de la quiebra, y para rescatarla el país dilapidó más de US$ 2000 millones.

¿En serio la izquierda cree que la refundación del país pasa por la estatización de las empresas?

El segundo artículo que produce urticaria en la izquierda es el 62, referido a la categoría legal que tienen los contratos: “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase (…) Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente (…)”,

Este artículo blinda al contrato que hace el propietario de un edificio que decide alquilarlo a un precio pactado con el inquilino; y blinda también al inversionista grande, especialmente extranjero, desconfiado del país, que para firma un contrato con el Estado exige ciertas garantías. ¿Qué de malo hay en blindar de leyes populistas al propietario del edificio a al empresario que hizo un contrato con el gobierno?

Por último, está el artículo 70: “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza (…). A nadie puede privarse de su propiedad si no, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.”

Para los “refundadores”, hinchas de las estatizaciones, este artículo es mortal: si se animan a estatizar, deben pagar el precio justo y al contado, incluyendo las indemnizaciones. ¿Cuál es el defecto de este artículo?

Por otro lado, en el terreno de la gestión monetaria, el artículo 84 facilita enormemente la tarea del BCRP. El BCRP: “(…) Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica (…).La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario (…)”

Este artículo lo quisieran tener todos los bancos centrales América Latina. Primero, porque le da autonomía al BCRP. Segundo, porque le asigna una finalidad única: ocúpate de mantener una inflación baja y estable. Tercero, porque le prohíbe prestarle al MEF. En los ochenta, cuando al MEF necesitaba soles, se los pedía al BCRP, este imprimía soles y se los daba, y así terminamos en la hiperinflación. Este artículo es también una bendición para el MEF: como ya no puede conseguir plata gratis, tuvo que modernizar su aparato de cobro de impuestos y tuvo que aprender a prestarse emitiendo bonos.

En el campo fiscal, el artículo más importante es el 79, el que delimita la competencia exclusiva del ejecutivo en el manejo del gasto público: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos (…)”

Amigos de la izquierda: espero haberlos persuadido de que el RE93 contiene un modelo económico promotor del crecimiento económico y normas para una gestión macroeconómica de calidad, que son las que explican, en buena medida, el progreso económico alcanzado en las tres últimas décadas.

Luego de mi explicación, tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Por qué quieren cambiar el RE93? ¿Alguno de ustedes se anima a explicarnos, artículo por artículo, por favor? ¿Tienen el ejemplo de algún país en el mundo que funcione bien con el régimen económico que ustedes tienen en mente? ¿Qué problemas de los que les preocupa no pueden resolverse con el RE93?




El Congreso

Raúl Romero Salazar
Para Lampadia

“Nosotros demandamos el cierre inmediato del Congreso porque el pueblo lo rechaza y ya no representa a nadie”

Esta frase, dicha en los medios o coreada en las calles es uno de los slogans más potentes en el escenario político peruano.

“Rechazo al congreso llega al 85%”

Este terrible dato de las encuestadoras se recibe ya con indiferencia. Como quien oye a los cuculíes decirnos que el día ha comenzado.

Sin embargo, el efecto que la baja popularidad del Congreso tiene hoy en la situación política del Perú es inmenso. Y es fatal para la democracia.

Este efecto se manifiesta en las opiniones y actitudes de los ciudadanos con respecto a cada acto de ese poder del estado.

Se manifiesta en los actos del ejecutivo, que, en este escenario de antagonismo, sabe que todo lo que emprenda contra el Congreso le dará al ejecutivo el beneficio que ese rechazo le granjea.

Se manifiesta en el presidente de turno, que sabe que puede manipular esa repulsión a favor de eventuales planes autocráticos suyos.

Se manifiesta en las iniciativas o el voto de algunos congresistas que, buscando revertir esa impopularidad, proponen o apoyan iniciativas legislativas desesperadas e insensatas.

Se manifiesta a través de los partidos radicales de izquierda, con presencia significativa y creciente en la formación de la opinión y el voto ciudadanos, que aprovechan el consenso que el Congreso genera en su contra para alimentar planes no democráticos.

Se manifiesta en castas progresistas que juegan maliciosamente con el “que se vayan todos” en busca de nuevas correlaciones de poder más favorables.

Se manifiesta en la prensa y en las opiniones de colaboradores y analistas, que, siempre sensibles a lo que intuyen como correcto y a veces como popular, ya ni siquiera se plantean salir en defensa de ese poder del estado aún si pudiera este tener actuaciones positivas y hasta impecables.

Se manifiesta en el hecho de que, llevada por una magistral malicia en la gestión de odios, la población peruana haya votado en referéndum en contra de la reelección de congresistas en lo que podría calificarse como un autogol popular.

Una democracia no puede funcionar si el Congreso sufre este abrumador rechazo.

Con todas esas consecuencias tan nefastas, ¿no valdría la pena ayudar a que esa percepción al Congreso se hiciera más pulcra, aunque parte de esa percepción los propios congresistas la abonen?

Es decir, si esa percepción tuviera un elemento que proviniera de un equívoco, de un desconocimiento o incomprensión que agravara el mal resultado que el propio Congreso con sus acciones ya genera, ¿no sería de suma utilidad tratar de sacar ese error de la ecuación y con eso generar una percepción más justa y útil?

Mi parecer es que las encuestadoras y en general quienes generan opinión (las encuestadoras lo hacen indirectamente) caen en ese error de comprensión del que hablo y ayudan, sin querer, a que se agraven las cosas.

La suma de descontentos que podría ser válida como resultado en una encuesta acerca de, por ejemplo, un político, no es válida en una encuesta sobre el Congreso.

La conducta de ese político está dirigida por motores unitarios: su voluntad, su interés, aspectos personales que lo determinan, contingencias, etc. y por lo tanto, toda su conducta en conjunto puede arrojar un resultado imputable y achacable a él como sujeto de opinión y voto.

La conducta del Congreso, en cambio, no solo no está dirigida por múltiples unidades de dirección, sino que ni siquiera está dirigida por “algo” o “alguien”.

El congreso es incapaz de tomar decisiones porque su estructura no se lo permite. El congreso solo arroja resultados. Cada uno de estos resultados no es una decisión del Congreso como conjunto, sino, solamente, el producto de una combinación determinada de votos y proviene de la decisión de cada célula componente (cada congresista).

¿Sería deseable que en torno a ciertas cosas el Congreso fuera unánime? Sí. Sería muy bonito, pero eso es algo que no le corresponde a su esencia y a su naturaleza y, por lo tanto, a él como entidad, no debería castigársele si eso no sucede.

Me explico:

  1. El ciudadano no ha votado por el Congreso. Ha votado por dos congresistas. Nada más.
  2. Los demás ciudadanos han votado por otros congresistas en función de ideas y propuestas con las que tú no comulgas, es decir, lo que tú esperas del Congreso, en verdad, solo deberías esperarlo de tus dos congresistas y lo que ellos logren o no logren imponer de su programa debería ser comprendido por ti como aquello que ellos alcanzaron a gestionar en ese contexto adverso o no exento de obstáculos.
  3. El Congreso no es un organismo unitario. Casi no es un organismo. Es la suma, en un lugar muy bonito, de distintas “células” (congresistas). La ley, precisamente para contra restar (no eliminar) esa naturaleza individual, les hace presentarse a las elecciones dentro de partidos y luego actuar en el congreso dentro de partidos, pero eso no anula el hecho de que su naturaleza (la del Congreso) es no tener una voluntad propia.
  4. Es esperable que los congresistas busquen consensos, pero es más importante que ellos sostengan, a través de sus decisiones, la representación y el compromiso que el voto de sus electores les genera y, siendo ideal que ambas cosas concurran, es comprensible y es sano que los parlamentarios prefieran lo segundo.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, pienso que la sociedad peruana es víctima y actor a la vez de una dramática confusión en perjuicio del Congreso y de la democracia.

Durante los meses en que un sector del Congreso buscaba la vacancia y el otro la impedía, los ciudadanos a favor de lo primero, frustrados porque “el Congreso” no lograba la vacancia, maldecían y despotricaban del Congreso.  Por su lado, los ciudadanos en contra de la vacancia, enervados por esos intentos, coincidían con el otro sector en sus opiniones sobre el parlamento.

Por supuesto que las encuestas, con la pregunta ciega “aprueba usted la actuación del Congreso”, suman ambas opiniones como descontentos cuando en verdad, los ciudadanos de un lado y del otro, de modo general, estaban de acuerdo con lo que los congresistas de su posición estaban haciendo. 

Una suma falaz, injusta y, sobre todo, perniciosa.

Estoy convencido de que si se les preguntara a los encuestados solamente cómo evalúan la actuación de su congresista elegido, los niveles de aceptación darían un salto hacia arriba y pienso que esa es la única pregunta válida porque no parte de un equívoco.

¿Por qué tendría un votante de derecha estar contento con la actuación de la izquierda? ¿Alguien duda de que en la valoración general de ese votante están presentes otros parlamentarios que no son de su agrado?

Entonces, esa encuesta suma descontentos que no son sumables, pues es esperable que las actuaciones de un sector dentro del Congreso sean mal vistas por quienes votaron por el otro sector y viceversa.

Es, de manera imperfecta, como si en un partido de básquet, el marcador le otorgara dos puntos al equipo que encesta y a la vez le reste al otro equipo los dos puntos que el otro le hizo.

No es normal o sano que ese rechazo se muestre sin procesamiento alguno, sin advertencia o tutoría de parte de las encuestadoras o de quienes las publican, viendo y sabiendo estos que ese itinerario de discernimiento no lo va a realizar casi nadie y así, se va alimentando acciones y posturas hepáticas, militantes, programadas y/u oportunistas en contra del poder legislativo, pilar central de toda democracia.

Mi sugerencia es no hacer la pregunta que las encuestadoras vienen haciendo, pero no por el resultado que ella arroja (faltaba más, eso sería amordazar), sino porque es una pregunta inadecuada e inaplicable a algo como un Congreso y dado el daño que ese error genera, bien valdría la pena dejarla de lado o reformularla.

Pero más allá de lo que las encuestas hagan, es necesario mejorar las condiciones y el acercamiento conceptual con que se juzga al congreso. Lampadia




El precario equilibrio se rompe

Carlos Milla Vidal
Desde Cusco
Para Lampadia

Los actores importantes de la política peruana, han decidido iniciar LA BATALLA FINAL, por el poder. Los resultados, están a la vista,

EL EJECUTIVO:

Un ejecutivo acorralado, enlodado por la corrupción más que evidente, usa un arma que le ha sido muy útil, y le ha hecho ganar muchos puntos en la popularidad del presidente (paradójico pero cierto).   ¿Cuál es su estrategia? Torpe pero muy eficaz, victimizarse, confrontar, poner a un premier desquiciado, algunos ministros escuderos obtusos, y ciegos ante la evidencia, pero también útiles y confrontacionales.

Hicieron la que pretendía ser una “jugada maestra”, al buscar una cuestión de confianza totalmente discutible. Es decir, hacer cuestión de confianza por una ley que regula la cuestión de confianza. (mi profesor de secundaria diría… “un galimatías”), y adicionalmente una ley que ya había sido sancionada por el tribunal constitucional.

Entre gallos y medianoche, renuncia el premier, pretendiendo que ésta es una “denegación fáctica”  (Un perverso aporte a la política peruana del Lagarto.)

El presidente, en su discurso, trata de apelar a esta barbaridad jurídica.

Así terminó el día de ayer.

EL CONGRESO:

Nuestro congreso es el espejo de la polarizada sociedad que tenemos. Sin embargo, hoy, el General Williams, Presidente de este poder del estado, se ha puesto a la altura de sus responsabilidades.  Ha evitado enviar a comisiones, el pedido del ejecutivo, lo ha pasado al pleno, y el pleno ha rechazado la propuesta del ejecutivo, que pretendía que el congreso claudique por temor a “la bala de plata”. De haber sido así, el ejecutivo tendría un congreso sometido.

Williams lo explica bien:

https://twitter.com/Politica_ECpe/status/1596190640316239874?s=20&t=eiyGhnKRhNVIksl2mmE4ZQ

Es decir.  Estamos del lado de la Constitución, y éstas son las reglas de juego.

Lo que iba a ser un atropello por goleada del ejecutivo, se convirtió en una victoria para el legislativo (con goles en los descuentos).

LO QUE SIGUE:

Estamos en un juego por penales.

  • El ejecutivo tratará de forzar su segunda bala, y cerrar el congreso. Para eso acaba de jurar como premier Betsy Chavez, la censurada ministra de trabajo, repuesta por capricho en otra cartera, en la cual sólo ha tenido desatinos, al margen de las graves acusaciones, por favorecer con puestos del estado a los familiares del novio.
  • El legislativo no reconoce la entelequia de la denegación fáctica, por dos motivos: No existe en el ordenamiento legal, y no puede ser hecha por temas exclusivos y excluyentes de la función legislativa, planteará la suspensión del presidente (camino complicado pero posible porque se requieren menos votos.) Mientras tanto, es posible que se junten los 87 votos para la vacancia, harán lo primero que ocurra.

El Ejecutivo tratará de llamar al “pueblo” a una insurgencia popular, tendrá actores (y actrices) prestas a levantar las calles, han estado trabajando mucho tiempo en desprestigiar el congreso. Sin embargo, no les asiste ni la razón ni la ley, y tampoco la fuerza, porque lo que están haciendo es del todo grotesco.

Los tres tomos de acusaciones y evidencias de corrupción del mismísimo presidente, que han sido entregados a la OEA, pesan en la conciencia del ejecutivo.

Y “el pueblo” ya no cree en su inocencia… Ser el pobre campesino a quien los ricos desprecian, es un discurso que acabó.

La opinión pública debe seguir haciéndose eco de las noticias, y formando eso… OPINION.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

El máximo intérprete de la carta magna, ya falló a favor del congreso, reconociendo por segunda vez la vigencia de la ley y la no procedencia de la cuestión de confianza

LAS FFAA

Las fuerzas armadas, han sido hasta hoy, la única institución, que pese a que muchos de sus mandos han sido copados, se ha mantenido firme a su principal juramento lealtad a la constitución. Y de no ser deliberante.

Hasta hoy teníamos un “delincuente constitucional” en palacio, y lo respaldaban. (está claro que porque era constitucional, aunque sea delincuente.

Pero si el delincuente deja de ser constitucional, perderá el respaldo.

El momento decisivo ha llegado, y no tengo dudas del desenlace.

Las FFAA no van a respaldar a Castillo.

El desenlace será constitucional, el Congreso debe hacer lo suyo: Vacancia o suspensión YA.   Y ambas medidas son constitucionales. Lampadia




El gobierno declara la guerra al Congreso

El Parlamento debe denunciar con firmeza la maniobra

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Bajo el manto de un lenguaje engañosamente conciliador, el presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, declaró la guerra al Congreso. Ha planteado una cuestión de confianza contra una ley (31399) que lo único que hace es repetir lo que ya está en el artículo 206 de la Constitución: que cualquier reforma constitucional antes de ir a referéndum debe pasar por el Congreso. Y que, además, no corresponde porque es sobre materia que no tiene que ver con la gestión del Ejecutivo (el referéndum).

Por lo tanto, si no hay sustancia y no corresponde, lo que busca el gobierno es crear un casus belli, una confrontación artificial con el Congreso para obtener réditos políticos y crear las condiciones para el cierre del parlamento, al más puro estilo vizcarrista. 

Sabiendo que el Congreso con razón declarará improcedente o inadmisible la cuestión de confianza, se adelanta sacando de la manga un argumento tan increíble como falaz: que si el artículo 33 de la Constitución (“El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”) usa la palabra “rehusada” en lugar de “rechazada”, esa palabra incluye declarar improcedente o inadmisible la cuestión de confianza. Algo para engañar a tontos, porque ”rehusar” es sinónimo de “rechazar”.

Con ese argumento falaz el Premier está delatando lo que en realidad el gobierno quiere: declarar la “denegación fáctica” de la cuestión de confianza para avanzar así hacia la disolución del Congreso con el planteamiento de una segunda cuestión de confianza. 

La ventaja de una “denegación fáctica” sería que produciría la renuncia de primer ministro. El gobierno se quedaría sin su principal alfil. Pero no es posible, porque la propia ley 31355, que regula la cuestión de confianza, y que fue convalidada por el Tribunal Constitucional, establece que:

“La cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicado expresamente a Poder Ejecutivo, mediante oficio, para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión”.

Es decir, no cabe denegación fáctica. El gobierno quiere pasar por encima de la ley. Lo sabe. En realidad, lo que está haciendo es política, política populista. Allí está el tuit del presidente Castillo diciendo que no se puede recortar el derecho del pueblo a impulsar reformas y que se debe restablecer la democracia ciudadana. Y, por supuesto, en lo que está pensando es en resucitar el proyecto de la asamblea constituyente, que fue la razón por la que se quería reunir firmas para un referéndum directo. La asamblea constituyente es, como sabemos, un instrumento bolivariano para concentrar y perpetuarse en el poder.

El país no puede seguir en este trance. El Congreso debe terminar con esta situación y procurar la vacancia o, en su defecto, la suspensión temporal del presidente mientras se lo investiga, en aplicación del artículo 114. O, de lo contrario, buscar un acuerdo político para empoderar a un gabinete independiente, serio y de calidad que comience a recuperar la institucionalidad gubernamental y la economía. Una u otra. Lo que no podemos es seguir en esta guerra de trincheras que destruye el país. Lampadia




El fallo del TC y la reforma pensionario

Por: Eduardo Morón
Gestión, 17 de Noviembre del 2022

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un fallo que a mi juicio es errado no solo respecto a lo que señala nuestra Constitución sino también respecto a sus fallos precedentes. Pero la ley manda que le obedezcamos. Así que, dado que estamos -sí, otra vez- en medio de un proceso de intento de reforma del sistema de pensiones, creo que es oportuno anotar lo que ha dicho y plasmarlo en el nuevo sistema que se quiere construir.

En resumen, el TC ha sostenido (4 votos contra 3) que cuando existan circunstancias extremas (en esta oportunidad, la pandemia) los afiliados tendrán la posibilidad de tomar parte de sus fondos que estaban destinados para financiar su vejez y gastárselos como ellos vean por conveniente. La verdad que sorprende tanta ligereza de estos magistrados. Por ejemplo, pudieron haber dicho cosas como “esta disposición extraordinaria en tiempos extraordinarios solo se limita a aquellas personas que perdieron su fuente de ingresos”. Recordemos que según un reciente reporte de la SBS, uno de cada cuatro afiliados que retiraron en pandemia NUNCA perdió su empleo, ni un solo mes. Ese grupo de afiliados sumó 40% del total de los fondos que fueron retirados.

Esto fue un claro despropósito. Se terminó afectando a los demás afiliados que no retiraron al obligarse a vender los activos bajo administración a cualquier precio con tal de conseguir la liquidez que se requería para atender los retiros. Y terminó afectando a las personas de menores ingresos que hoy sufren una inflación de casi 10% gracias a que las autoridades nunca pudieron hacer sentir su voz de la razón y se permitió retirar más de 10% del PBI por gente que nunca perdió su ingreso laboral. Esta disposición de liquidez es tan atractiva que la gente que está afiliada a la ONP ya está haciendo su lobby en el Congreso para que les permitan pasarse al sistema de capitalización individual con su bono de reconocimiento. No porque busquen una mejor pensión, sino porque quieren pasar de una vez por el cajero automático.

Pero hasta ahí la crítica. Ahora tratemos de aprender del error. El error fue no haber incluido dentro de las reglas de operación del sistema de pensiones la posibilidad que ocurra un evento extraordinario que obligue a permitir algún nivel de retiros. Pero la regla sobre esta liberalidad debería definir algunos temas críticos. El primero es ¿qué autoridad será la que decida si hay causales extraordinarias para permitir retiros? ¿El Congreso que siempre quiere ganar votos, o el regulador, que es el encargado de velar por la sostenibilidad del sistema y el cumplimiento de sus objetivos? Seguramente será más fácil que el regulador escoja una solución con mayor criterio técnico como, por ejemplo, no incluir a quienes no perdieron el trabajo. Además, luego de la decisión de permitir el retiro hace falta decidir cuál será el tamaño del retiro.

Segundo tema, si vamos a permitir retiros debe quedar claro que se requiere acompañar ese período de retiros por un posterior período de devoluciones. Luego de que las circunstancias gravosas acaben, se debería pasar a una etapa donde se repone con gradualidad lo que se retiró. Esto segundo es importante porque no queremos volver a ver lo que ha ocurrido ahora que tendremos alrededor de 3 millones de personas que vaciaron sus cuentas previsionales y llegarán a viejos con pensiones ínfimas producto de permitir retiros sin ningún filtro o esquema de reposición. De esta manera se protegería el financiar adecuadamente la vejez.

Aprovecho la columna para destacar que el pésimo ejemplo de Petroperú, cargando a los contribuyentes su pésima gestión, debería poner en alerta a quienes están pensando la reforma del sistema de pensiones y que creen que la administración estatal del mismo es la mejor solución. Si algo nos enseña este episodio de Petroperú es que al gestor público no le importan las restricciones de recursos, la oportunidad y la calidad del servicio a los ciudadanos. Total, si hace mal las cosas la gente puede aguantar pagar combustibles más caros porque siempre el Estado saldrá a rescatarlo con plata ajena.




Mirada liberal a la cuestión constitucional

José Luis Sardón
Presentación en el Congreso de la Red Liberal de América Latina (Relial).
Santiago de Chile, 20 de octubre de 2022

Buenos días. Agradezco a Bertha Pantoja por su cordial invitación a estar aquí esta mañana con ustedes. Me es muy grato participar nuevamente en un Congreso de la Red Liberal de América Latina —en esta oportunidad, para dar, en 5 minutos, una mirada liberal a la cuestión constitucional en relación a la experiencia peruana. Paso de inmediato a hacerlo.

El 2016, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú rechazó el pedido de inscripción como partido político que presentó el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef). Esta decisión confirmó una decisión previa de 2012, del Registro de Organizaciones Políticas, indicando que no cabía hacerlo porque adhería a una ideología totalitaria.

Cinco años después, empero, el Jurado Nacional de Elecciones, encabezado por un juez supremo de filiación ideológica extremista, aceptó que Perú Libre —un nuevo partido que tomaba el nombre del pisco con Coca-Cola, y que incluía al Movadef— participara en las elecciones generales, a pesar de que su Ideario y Programa mantenían el mismo contenido que antes había observado. Este incluía la propuesta siguiente:

Asamblea Constituyente y Nueva Constitución.
Necesitamos promover y lograr un cambio constitucional que incorpore un enfoque diametralmente opuesto, es decir, la brega por una Constitución solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora. La nueva CPP debe redactarse mediante una Asamblea Constituyente, la misma que debe concluir en el desmontaje del neoliberalismo y plasmar el nuevo régimen económico del Estado.

Se trataba de una iniciativa claramente inconstitucional, pues la Constitución peruana establece, en su último artículo, que “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso”. A pesar de ello, habiendo conseguido la presidencia de la República en una ajustada y discutible segunda vuelta, Pedro Castillo —líder de Perú Libre— presentó el proyecto legislativo correspondiente en abril pasado.

En la primera vuelta, sin embargo, Perú Libre había conseguido solo 28% del Congreso. Además, cuando presentó el proyecto, los cuestionamientos a la gestión de Castillo —originados en la festinación de trámites requeridos para contratos públicos en vivienda, energía e infraestructura de transporte— ya se habían multiplicado. Por tanto, cuando el Congreso decidió archivar el proyecto, no hubo mayor protesta.

Pero el tiempo ha seguido pasando y las cosas han seguido cambiando. El abrumador rechazo a la nueva Constitución comunista chilena, del 4 de setiembre, parecería que ha terminado de hundir los ímpetus refundacionales del país de Perú Libre. No obstante ello, el cambio de posición del gobierno de Pedro Castillo es aún mayor.

En junio pasado, juramentó como nueva Fiscal de la Nación Patricia Benavides. Desde el inicio de su gestión, prometió escudriñar las informaciones existentes sobre corrupción en el gobierno. La semana pasada, Benavides culminó sus investigaciones presentando una denuncia constitucional ante el Congreso contra el presidente Castillo, por corrupción y otros tres delitos.

Castillo y sus colaboradores han respondido airadamente, indicando que esta denuncia no se ajusta a la Constitución. Señalan que el Artículo 117 de esta dice que “el Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria” y otras tres infracciones constitucionales. Parece, pues, que ahora son entusiastas de la Constitución que antes denostaban.

No son los únicos que han cambiado. Algunos constitucionalistas de izquierda —hasta ayer campeones de las interpretaciones audaces en la aplicación de la Constitución— son ahora textualistas y seguidores de Scalia. Habrá que ver en el tiempo hasta qué punto su conversión es auténtica y de corazón. Por si no lo fuera, quiero añadir lo siguiente:

Participar en un proceso electoral implica aceptar las reglas bajo las que se realiza. Si no se está de acuerdo con tales reglas, no se debe participar en él. Posteriormente, se pueden cuestionar tales reglas y plantear cambiarlas, pero a través del procedimiento previsto en ellas. Si no, se habría instrumentalizado el proceso electoral previo y destruido la confianza en todo proceso electoral futuro.

En el Perú, las elecciones generales 2021 se realizaron bajo las reglas de la Constitución de 1993. Resultó elegido Presidente de la República quien obtuvo más votos válidos en la segunda vuelta. No se consideró, por ejemplo, que, en la primera vuelta, esta misma persona obtuvo votos que correspondieron a apenas al 10.8% de los electores hábiles. No, su elección ha sido válida bajo las reglas de la Constitución de 1993.

Ahora bien, si dichas reglas legitiman su elección, resulta inaudito que él mismo pretenda cambiarlas sin seguir el procedimiento que ellas establecen para tal efecto. No cabe recurrir a un conjunto de reglas para lo que a uno le conviene y rechazarlas para lo que no. En un estado de Derecho, las reglas deben regir la conducta de los ciudadanos con independencia de que a alguno le favorezcan en un momento y lo desfavorezcan en otro.

Lampadia




El barril (de petróleo) sin fondo

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La empresa estatal PetroPerú ya se convirtió en un barril sin fondo. El ministerio de Economía viene transfiriéndole $2,250 millones en pocos meses, lo que equivale a 9 mil millones de soles. De nuestra plata, por supuesto. ¿Por qué tenemos los peruanos que subsidiar a ese gigante de ineficiencia y corrupción? Es inaudito.

Pensemos que el Poder Judicial viene solicitando infructuosamente 37 millones de soles para implementar una unidad de flagrancia en la que actúen en un mismo local la policía, fiscales, jueces y una pequeña carceleta, en Lima Centro. Si esa clase de unidades conjuntas se instalaran en Lima y las principales ciudades, el problema de la delincuencia se aliviaría en una medida importante. No hay plata para eso, pero sí para regalarle 9 mil millones a PetroPerú.

Es decir, no hay plata para aquello que constituye la razón de ser del Estado, el imperio de la ley y la seguridad ciudadana, pero sí para dilapidarla en algo que no tiene nada que ver con el rol del Estado.

Este solo ejemplo ilustra a las claras la verdad del capítulo económico de la Constitución del 93, específicamente el principio del Estado subsidiario. La situación de PetroPerú es el mejor argumento. Cuando el Estado se mete de empresario por lo general genera corrupción y pérdidas que luego deben ser solventadas por todos los contribuyentes. En lugar de tener allí una empresa privada que opere con eficiencia, genere utilidades y pague impuestos que beneficien a todos los peruanos, ocurre al revés: somos nosotros los que debemos pagar los sueldos de los funcionarios sangradores del erario público.

Fujimori cometió, efectivamente, un grave error cuando, por escrúpulos ideológicos, presiones de la izquierda y cálculo electoral, no terminó de privatizar PetroPerú y le dejó el oleoducto, la refinería de Talara y otras operaciones. Esa empresa ha terminado colapsando. El puntillazo final lo dio este gobierno, que nombró gerentes ineptos y corruptos que terminaron provocando la pérdida del grado de inversión. Para prevenir este tipo de cosas justamente está el principio del Estado subsidiario contenido en la Constitución, sabiendo que las empresas públicas carecen de dueño efectivo que vigile la idoneidad y la rentabilidad y que fácilmente se convierten en botines presupuestales de los gobiernos y políticos de turno.

PetroPerú ni siquiera puede mantener el oleoducto, constantemente saboteado. La producción petrolera, en general, se ha hundido. Producimos ahora la quinta parte de lo que producíamos hace 30 años, y pese a ello PetroPerú se embarcó en la remodelación de la refinería de Talara al costo de más de 6,000 millones de dólares, endeudándose muchas veces por encima de su patrimonio. Otro irresponsable delirio ideológico de los intelectuales y políticos de izquierda.

La única salida es avanzar hacia un gobierno corporativo que permita ir abriendo el accionariado hasta que sea el capital privado quien maneje esta empresa. ¿Será posible? ¿Inversionistas privados ingresarían a una empresa con los números que tiene PetroPerú?

Lo cierto es que este gobierno de izquierda, que se alzó con la bandera de una nueva Constitución para ampliar el rol empresarial del Estado entre otras cosas, le está dando la razón a la Constitución del 93 de manera contundente. Hay que terminar de aplicarla. Lampadia




Tiro por la culata de la OEA

Eduardo Ponce Vivanco
Embajador ®, ex Vice Canciller de la República
Para Lampadia

El dúo Castillo-Almagro desafina

La mentira nunca prevalece sobre la verdad de los hechos, y los falsarios siempre terminan como reos de su mala fe. Ese el destino de la confabulación tramada por Castillo con Almagro, el Secretario General de la OEA.

El señor Almagro es responsable del lamentable desprestigio del organismo panamericano al que debería servir con lealtad, eficiencia y probidad. Un mandato moral equivalente que incumple de la mano con nuestro presidente chotano. Ambos han fabricado la misión que la OEA nos enviará, imbuida de la inspiración inquisitiva y presuntamente proclive a la visión interesada del más alto funcionario de su Secretaría.

La sorpresa es que esa “amenazante” misión ha provocado un milagro inesperado.  Así se puede deducir de las felices y reiteradas declaraciones de nuestro progresista Cardenal jesuita, Monseñor Barreto.  Intuyo que será respaldado por un deseable pronunciamiento de la Conferencia Episcopal. Y también albergo la esperanza de que instituciones como la Asociación de Oficiales, Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN) emitirá un pronunciamiento confluyente, fortaleciendo lo que es la opinión de instituciones de la sociedad civil y ciudadanos, entre los que decididamente me encuentro.

Esta oportuna convergencia demostrará un reflejo cívicamente muy valioso: que a pesar de las evidentes diferencias entre unos y otros, los peruanos de bien cerramos filas cuando la dignidad de la Nación lo reclama.

La verdad parece ser que estamos aprendiendo una lección en la que somos, al mismo tiempo, maestros y alumnos de nosotros mismos; de nuestros defectos endémicos y nuestras efímeras virtudes.

Estamos sufriendo las penurias de un Poder Ejecutivo lamentablemente maltratado, y de un Legislativo en el que buena parte de sus parlamentarios ofrecen sus votos por minúsculas prebendas. Un comercio malsano y enquistado como un tumor maligno.

Somos conscientes de los “defectos” (enormes) de nuestro Poder Judicial y de la parcialidad inadmisible de un Jurado Nacional de Elecciones (lamentablemente) presidido por un magistrado que designa la Corte Suprema, y una ONPE de la que todos sospechamos.

Pero algunos dudan todavía si deben reconocer el vigor y entereza de un nuevo y vigoroso Ministerio Público, que está jugando un rol decisivo en el renacimiento nacional que todos esperamos (aunque sea con un inevitable escepticismo).

La denuncia constitucional que ha tenido la valentía y entereza de hacer la Fiscal de la Nación puede – o debe – dar lugar a una suspensión en el ejercicio de la Presidencia de la Nación por el tiempo que sea necesario. Y la necesidad de que la vicepresidenta asuma el rol que le asigna la Constitución no impide que continúe el proceso que se le sigue en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La Carta Magna establece claramente la sucesión en el poder en tal contingencia. Lo importante es tener la lucidez y entereza de aprovecharla para iniciar un proceso de reforma, con las normas indispensables para comenzar a corregir la evidente disfuncionalidad de nuestro sistema político.

Lo que parece claro es que, inesperada o milagrosamente, nos encontramos en una situación propicia para afrontar con valor y lucidez las trampas y obstáculos con que nuestra exuberancia normativa aplasta nuestras posibilidades de apostar por un futuro promisor para un país con las inmensas y desperdiciadas posibilidades del Perú. Lampadia




Inconstitucionalidad por omisión

Por: Dino Carlos Caro Coria
El Comercio, 26 de Octubre del 2022

“Si el TC declara fundada la demanda, el Congreso no tendrá más remedio que reformar la inmunidad presidencial”.

La Fiscalía de la Nación ha gatillado la denuncia constitucional, la única herramienta que nos otorga la Constitución para que el presidente Pedro Castillo sea efectivamente procesado y eventualmente llevado a juicio por los presuntos delitos que se le imputan, junto a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, como los de organización criminal, tráfico de influencias y colusión desleal, en torno de los casos de Petro-Perú, Provías y del Ministerio de Vivienda. Por estos hechos, la fiscalía ha agotado la etapa de diligencias preliminares, la más elemental del proceso penal, orientada a recabar las pruebas inmediatas y a construir, aunque de modo provisional, las hipótesis delictivas en orden a formular imputaciones personales contra los investigados.

Sin embargo, conforme a la Constitución, la fiscalía no tiene la capacidad de pasar a la etapa preparatoria sin que previamente formule denuncia constitucional y esta sea tramitada y eventualmente aprobada como acusación por el Congreso. Solo durante la investigación preparatoria, atendiendo a la gravedad de los delitos y del peligro procesal latente –obstrucción de las investigaciones, planes de fuga o destrucción de pruebas–, la fiscalía podría solicitar medidas más graves contra los investigados, desde el impedimento de salida del país hasta una detención preventiva por 36 meses, al tratarse de una organización criminal.

Pero nada de esto es posible sin que el Congreso apruebe la acusación constitucional. Y, como ya es harto conocido, el artículo 117 de la Constitución no permite acusar al presidente sino por cuatro supuestos, entre los que no se encuentran los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Esta interpretación literalmente correcta, además de un claro sabor a impunidad, plantea dudas y contradicciones insalvables. Frente a ello, no son pocas las voces que se han levantado en las últimas semanas para postular interpretaciones constitucionales alternativas que superen la valla del artículo 117. La propia denuncia constitucional de la fiscalía sostiene, por ejemplo, que el sistema legal no impide que el Congreso tramite y apruebe dicha acusación porque la Carta Magna obliga al Estado a combatir la corrupción, lo mismo que los diferentes tratados internacionales de los que el Perú es parte y que ratifican ese deber, por imperio del llamado control de convencionalidad.

Una interpretación bastante plausible en los resultados, pero que no deja de ser polémica. Es un principio generalmente aceptado que las normas que establecen excepciones o restringen derechos, como el citado artículo 117, no deben interpretarse de modo extensivo, ni aplicarse por analogía. Ampliar los supuestos del 117, o ir más allá, asume el riego de convertir al intérprete en lo que no es, el legislador constitucional.

Acorde con ello, el rol protagónico de la fiscalía en la persecución de los delitos del presidente, la “corrupción del poder”, debe implicar, a mi juicio, dos acciones más. Por un lado, la presentación de un proyecto de ley de reforma urgente del artículo 117 de la Constitución de modo que la acusación constitucional contra el presidente esté permitida para tasados casos de corrupción, organización criminal o lavado de activos. En paralelo, la Fiscalía de la Nación tiene la legitimidad para interponer ante el TC una demanda de inconstitucionalidad contra el Congreso frente a esta inconstitucionalidad por omisión; es decir, por la inacción del Parlamento de tramitar y aprobar las necesarias reformas constitucionales que levanten la impunidad presidencial que actualmente emana del artículo 117 de la Carta constitucional. Si el TC declara fundada la demanda, el Congreso no tendrá más remedio que reformar la inmunidad presidencial, con efectos inmediatos para los casos de Castillo, por tratarse de una norma procesal sujeta al principio ‘tempus regit actum’ (el tiempo rige el acto, la ley procesal se aplica de inmediato).