Sobre la desbarrada del ministro de justicia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

“Es necesaria la presencia del Estado en algunas “actividades estratégicas”.

“Me parece que podemos ver el tema de los servicios públicos, y que el Estado tenga injerencia en algunos servicios públicos”.

“El Estado debería tener participación en la actividad petrolera o minera, lo dejo ahí, como una interrogante”.

Mencionó que “no se le debe tener miedo al Estado empresario”, pues hay –aseguró- “experiencias gratas” que generan recursos al país.

Hay algunas actividades como la productiva minera, que podría ser un sector en el que podrían entrar. Momentos antes había mencionado a la actividad petrolera.

También considera al tema portuario como una actividad estratégica para el país.

“Revisemos desde un punto estratégico, desde la región, en el que el Estado debe tener una empresa aérea”.

Declaraciones de Vicente Zeballos, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. GESTIÓN, 03 de junio, 2019 – Glosado

Estas declaraciones del ministro Zeballos son una barbaridad. El presidente Vizcarra se ha visto forzado a declarar en sentido contrario:

El presidente de la República calificó como una “opinión personal” lo expresado por el ministro de Justicia, Vicente Zeballos de que el “Estado tenga injerencia en algunos servicios públicos”.

“La política económica de nuestro país está claramente definida. Como Gobierno no hemos tomado ninguna decisión al respecto”, argumentó desde Tacna.

Es una opinión de carácter personal que respetamos; pero ahorita lo que estamos viendo es el tema legal y en eso sí, el Minjus representa la opinión del Gobierno peruano, por ejemplo, en los temas legales o políticos, pero en el tema económico no hay una posición del Gobierno y por el contrario (el modelo económico) se mantiene”, manifestó.

Gestión – Glosado

Pero el daño está hecho. La agenda está abierta. Y la única manera de cerrar el tema es retirar a Zeballos del ministerio.

Así empiezan las maniobras políticas. Así empezó, con una pregunta ‘inocente’ de una encuestadora irresponsable, el tema del cierre del Congreso que ahora nos embarga.

Esperamos que esto no quede en solo lo dicho. Esperamos mayor contundencia y liderazgo. De lo contrario no podemos estar seguros de que la tesis esgrimida con tanto desenfado por el ministro Zeballos no forme parte del ‘pensamiento Vizcarra’.

Veamos que implica un eventual retorno al estatismo:

“Ahora que el ministro Zeballos plantea regresar al Estado empresario, veamos cómo le fue antes.

Esto es lo que perdieron las empresas públicas X año, en % del PBI.

Si el Estado no puede dar adecuadamente agua, seguridad o salud, ¿qué nos hace pensar que puede gestionar una aerolínea??”

Tweet de Diego Macera (Gerente General del IPE)

En diciembre de 2010, escribí en Diario 16: ¡Que buena década! – ¡Queremos otra!

“Todos los peruanos mayores tenemos apreciaciones y recuerdos de lo que han sido las últimas cinco décadas, desde 1960 al 2010, (…) La última década está terminando en condiciones extraordinarias. A pesar de que ésta se inició con problemas muy graves, políticos, institucionales, sociales y económicos, los logros de los últimos años están marcando toda la década, y hasta los últimos veinte años, de un halo que los peruanos no conocíamos.

(…) nuestra realidad de estancamiento de décadas, nos han hecho vivir mirando siempre el lado vacío del vaso. Es hora de mirar el lado lleno. Esta década está terminando de marcar nuestra transición desde una sociedad cerrada, estancada, a una sociedad abierta, de crecimiento.

• Estamos empezando a dejar atrás las actitudes del modelo mental ganar-perder, la suma cero, y adoptando las del modelo ganar-ganar, la suma positiva.
• Nuestros ciudadanos están pasando del oportunismo a la confianza en sí mismos,
• Nuestros empresarios están terminando de transitar del mercantilismo a la competencia,
• Nuestros políticos, hay nuestros políticos, todavía muy pocos se alejan de la demagogia, el populismo, y el cortoplacismo, y pasan a la visión de futuro y la concordancia entre palabra y obra.

Quiero enfatizar que aún estamos lejos de resolver nuestros grandes problemas institucionales, sociales y económicos, pero si antes, la posibilidad de enfrentarlos y resolverlos, era una ilusión, un sueño o una promesa, hoy está en nuestras capacidades, hoy podemos dar un gran salto adelante para superarlos.

Por fin estamos aprendiendo a crear riqueza, base esencial del bienestar, estamos viendo cómo, con la inversión privada que se multiplica a lo largo y ancho del país, junto con la inversión pública en las regiones, que se hace posible gracias al crecimiento de la economía, se empieza a transformar nuestro perfil, y lo que es más importante, empieza a cambiar el sentimiento nacional.

(…) Este nuevo sentimiento, esta posibilidad de pararnos frente a la historia, no para reclamarle nada, sino para conquistar nuestro futuro, con inteligencia, esfuerzo, imaginación y compromiso; está hoy día en el Perú real, en las mentes de nuestros ciudadanos, especialmente en los jóvenes, y en nuestros empresarios. Miremos el lado lleno del vaso”.

Gracias a la Constitución de 1993, pudimos recuperar al Perú de ser un Estado fallido, veamos ‘Las cifras de la prosperidad’.

El Estado no puede cumplir con sus funciones básicas en educación, salud, seguridad e inversión pública. Todavía tenemos dos ejemplos vivos de empresas públicas que causan mucho daño, como son Petroperú y Sedapal. Hoy día adolecemos de limitaciones graves en la lucha contra la anemia, la inseguridad civil y la reconstrucción del norte. Es una locura querer un Estado empresario. ¡Zapatero a tus zapatos!

El estatismo es la puerta más corta al estancamiento económico y la disfuncionalidad social. Los peruanos lo hemos superado con gran sufrimiento, no volvamos a caer en la misma trampa.

¡Queremos otro ministro de Justicia! Lampadia

Entrevista al jurista venezolano Allan Brewer Carias, realizada en Buenos Aires, durante el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional[1], por Fausto Salinas Lovón para Lampadia y Democracia y Poder (programa radial de Radio Universal – Cusco).

FSL: Estamos en Buenos Aires con el doctor Allan Brewer Carias, constitucionalista muy reconocido de Venezuela, que hace más de 15 años vive asilado en Nueva York, una de las tantas víctimas de la dictadura chavista.

Doctor Brewer, usted llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, allí no tuvo el resultado esperado y lamentablemente hubo también un protagonismo peruano en esa decisión.

ABC: Si. El caso Brewer Carias contra Venezuela, resuelto en el 2014, lamentablemente tuvo influencia de Venezuela. El canciller de Venezuela de entonces denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (Maduro en ese momento), es decir que Venezuela salió de la Convención Americana y del ala protectora de la Corte Interamericana, pero había unos casos pendientes y el señor Maduro con toda insolencia en su carta de denuncia de la Convención se refirió expresamente a casos pendientes, tratando de presionar a la Corte. Denunció el caso Brewer Carias que estaba pendiente diciendo que en este caso la Comisión había actuado favorablemente a Brewer Carias porque se había admitido la denuncia (decía el canciller, actual usurpador de la presidencia), que no se habían agotado los recursos internos.

FSL: Es decir, ¿le exigían a usted que vaya previamente a un canal interno en medio de un gobierno autoritario?

ABC: Eso es un absurdo porque la propia Comisión Interamericana ha dicho desde su primera sentencia que cuando en un país no hay Poder Judicial confiable no se puede exigir que se agoten recursos internos.

FSL: Pero, ¿cómo en otros casos daban la medida cautelar, actuaban de manera preventiva y en este caso le dicen -vaya a las mazmorras del Sebin y luego viene a reclamar?

ABC: Por eso en este caso la Corte ignoró su propia sentencia, ignoró que sí había agotado efectivamente el único recurso disponible que era un amparo y decidió no entrar a conocer y no entrar a decidir que en Venezuela no había Poder Judicial, que era lo que se denunciaba, que no había garantía judicial. ¿Y quién decide esto? Una mayoría de jueces que lamentablemente en ese momento estaban condicionados e influenciados por Venezuela, que había votado por su elección y que por esa vía presionaban. Jueces nacionales de Brasil, de Uruguay, de Colombia que en ese momento consideraban a Chávez como su nuevo mejor amigo y el juez nacional de Perú Diego García Sayán que como juez se puso de candidato a la Secretaría General de la OEA, sin retirarse de su condición de juez, lo que aceptó incorrectamente el Presidente de la Corte que era el juez de Colombia y García Sayán empezó a hacer campaña para buscar los votos de algún Estado que supuestamente el como juez estaba juzgando y por tanto esa justicia no era confiable, y en efecto terminaron  declarando archivado el expediente y no conociendo de las denuncias fundamentadas. Todo eso, en mi criterio, fue producto de una gran corporación de corrupción que montó Venezuela con la factura petrolera, influyendo en la OEA y presionando a la OEA, hasta el punto que el propio ex canciller del Perú, (Gonzales) Posada, en un momento determinado, denuncie que la OEA era un organismo controlado por el chavismo, contralado por la factura petrolera, el cual hacía presión indebida sobre los estados controlando los puntos de la Asamblea en contra de muchos principios democráticos.

FSL: Es decir, usted ha sido dos veces víctima, víctima de la dictadura y luego de la propia Corte y del sistema que no acogía su caso.

ABC: Que se sometió a la presión de la dictadura, ese fue el problema. El canciller denuncia la Convención y cita con fundamento para su denuncia el caso Brewer-Carías y les dice a los jueces: “Ese caso es muy importante para Venezuela”, el caso que más molestaba a Chávez que era el caso Brewer-Carias. Por tanto, no entró a conocer y simplemente abandonando su jurisprudencia, me quitó el derecho al acceso a la justicia internacional.

FSL: Usted podría retroceder un poquito más allá. Porque la destrucción de Venezuela no ha sido automática ni ha sido producto de un minuto, entonces ¿no cree que hay muchos cómplices a lo largo de esto, que han ido tolerando este desmontaje institucional primero de ciertos poderes del Estado, luego de la actividad productiva privada y que finalmente ha decantado ya en lo que hoy tenemos, que es un Estado casi fallido? ¿a lo largo de 20 años esto tiene cómplices?

ABC: Tiene todos los cómplices que han estado en el Gobierno y que han apoyado este Gobierno desde el año 99. El mismo día en que se editó la Constitución se comenzó a violar por el Estado Venezolano. El Estado Venezolano comenzó a desmantelar todas las instituciones del Estado, empezó a controlar el Poder Judicial, empezó a destrozar toda la institucionalidad democrática y es todo un proceso de 20 años. Ahí la complicidad ha sido total por parte de los países que han arropado al Chavismo durante todo este tiempo en América Latina e internamente todas las instituciones que se sometieron y se plegaron a esa conducción autoritaria, que simplemente acabó con todo, porque afortunadamente en otros países todavía hay Poder Judicial, todavía hay Ministerio Público autónomo. Por eso es que el caso de Odebrecht todavía sale porque el Brasil a pesar de todos los problemas de corrupción hubo un Ministerio Público que intentó acciones. El mismo caso del Perú hubo un Poder Judicial que en definitiva tomó decisiones y se pudieron saber. En Venezuela eso no existe, hoy es el país que más obras inconclusas de Odebrecht que están sembradas en el territorio nacional, el cementerio más grande de hierro y de concreto de obras inconclusas y nadie habla de Odebrecht. Es como si nunca hubiera pasado por Venezuela.

FSL: Esto me lleva al tema que fue materia de su conferencia hoy día en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que es el tema de la corrupción. Lula Da Silva viajaba de la mano de un conjunto de empresarios brasileños a visitar a todos los países del ALBA. Él encarnaba el engranaje político de los dictados del Foro de Sao Paulo, pero la labor económica la desarrollaban un conjunto de empresas brasileñas para las cuales América Latina se había convertido en su coto de caza privado. La asociación entonces que hace López Obrador entre neoliberalismo y corrupción, ¿va en contra de lo que la historia y la evidencia latinoamericana nos dice? Es decir, ¿más bien arropados en el Foro de Sao Paulo desde Brasil, desde Venezuela, se ha generado la más grande corrupción de la historia y esto no puede ser atribuido al neoliberalismo?

ABC: Por supuesto me parece absolutamente errada la preposición que hace López Obrador, vinculando corrupción con neoliberalismo. Pensé al inicio como un tema campaña electoral el año pasado, pero ahora lo corroboró cuando se refirió al lamentable fallecimiento de Alan García y vinculó de nuevo corrupción con neoliberalismo. Creo que López Obrador está absolutamente errado porque justamente lo que hemos evidenciado en América Latina es que es lo contrario. La corrupción ha sido producto del desmantelamiento de la democracia, hecho precisamente por gobiernos que han controlado la economía, que se han apoderado de la economía, que han destruido la economía privada; es decir, la antítesis del liberalismo ha sido la fuente más importante de corrupción en el continente.

FSL: Para concluir, ¿cuál sería su mensaje a aquellos países y aquellas sociedades que a veces ven con cierta afinidad y afecto a las medidas populistas de cuestionar el parlamento, de modificar las reglas sobre la inmunidad parlamentaria (cosa que se está discutiendo en el Perú), que antes de hacer caso a la tradición constitucional, a la historia del constitucionalismo, le hacen caso al termómetro de las encuestas o a la temperatura de las redes sociales Ustedes ya fueron víctimas de eso, ¿cuál sería su consejo respecto a la preservación de las instituciones en nuestros países?

ABC: El consejo fundamental va dirigido a las dirigencias políticas. Que aprendan que, si no conservan sus instituciones democráticas, si no velan por la autonomía del Poder Judicial, si no velan por que haya un Congreso que realmente controle, si no velan porque haya un Ministerio Público que actúe, si no velan porque haya jueces independientes, todo se desmorona. De manera que por más oferta populista que pueda haber, lo más importante ante todo es que los dirigentes sean los que velen por preservar de sus instituciones políticas. Cuiden sus constituciones, cuiden su Poder Judicial, cuiden la autonomía de sus jueces. No pretendan que, por vía del populismo, el control que se haga sobre el Poder Judicial va beneficiar a nadie, todo lo contrario. Perjudica y destroza la democracia y con eso destroza los derechos. ¿Qué pasa cuando se destroza la institucionalidad democrática? Desaparece la posibilidad de tener derechos y garantías a derechos, es decir, se afecta directamente al ciudadano por más que haya cantos de sirena que le ofrecen cosas que en definitiva no van a tener y van a perder todo.

FSL: Muchas gracias doctor Brewer Carias

Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

En medio siglo, desde mi óptica, he visto muchas irresponsabilidades en la política peruana: la dictadura estatista de Velasco que llega con el respaldo de cierto sector oligárquico por su odio al APRA y se sustenta en el libreto que le crea la izquierda. La tibieza belaundista frente a Sendero que le permite crecer y jaquear al país. La nefasta heterodoxia económica de Alan García que nos llevó a la hiperinflación. El saltó al vacío del elector peruano en los 90. El retorno de Alan (aunque tenga el atenuante de haber demorado otra irresponsalidad peor), la elección de Humala.

Sin embargo, todas estas irresponsabilidades cometidas por alguien o por un sector del país, tenían fuerzas de contención, dialécticas o contra fuerzas que las atenuaron o las corregían, así sea en el mediano plazo.

Nunca había visto que la irresponsabilidad estuviera concertada. Que a la irresponsabilidad de uno le siguiera la del otro y que, una a una, compitan por ser la más audaz.

Me refiero a la irresponsabilidad de quienes ganaron la elección el 2016. Ninguno de ellos y en particular los del gobierno entendieron la responsabilidad del mandato conferido. Habían derrotado a la izquierda y no se dieron cuenta de lo que ello implicaba. Obtuvieron el 80 % del voto y no lo entendieron. En lugar de dialogar, pelearon. En lugar de sumar, se restaron mutuamente. En vez de aliase, se distanciaron y hoy día, sus líderes están detenidos.

Pero la mayor irresponsabilidad ha sido dejar que los perdedores, que usan la democracia como mera coartada burguesa para llegar al poder, que los seguidores encubiertos de Maduro, los beneficiados de Odebrecht que hoy desconocen a sus benefactores o los revolucionarios de cocktails y consultorías, pongan la agenda, decidan y marquen la pauta, con la lamentable complicidad de un sector de la prensa y una parte del establishment empresarial.

Destruir la credibilidad del Congreso por la imagen de unos de sus miembros no es más que la última irresponsabilidad que nos toca ver. Alterar el equilibrio de poderes y buscar el sometimiento del Congreso es eso mismo. Pedir su cierre o hacer cuestión de confianza para lograrlo, por cualquier causa, solo es consecuencia de lo anterior. Es tirar por la borda el mandato popular para entregárselo al efímero aplauso de las redes sociales. Es desconocer el mandato de las urnas y proclamar ganador al derrotado. Es permitir que por la ventana se consiga lo que no se consiguió en la elección popular.

Vizcarra y sus válidos, pasarán a la historia como aquellos que abrieron la puerta para que entre el enemigo y el caos. Tremenda irresponsabilidad que la historia juzgara.

El Congreso tiene la oportunidad de asumir el rol de contrapeso que le toca. Debe contener el exabrupto. En el camino debiera sacrificar algunos peones de baja calidad para tener más legitimidad en su cometido y demostrar que es un poder del Estado y no una banda de amigos. No puede sumarse al concierto de irresponsabilidades.

La nuestra es la responsabilidad de hablar en voz alta. De no ser cómplices con nuestro silencio, aun a riesgo de parecer defensores de una clase política menos que mediana. Aquí, en esta columna, no nos sumaremos al concierto de irresponsabilidades. Bregaremos por la institucionalidad y la Constitución, mientras quede un carácter disponible para escribir. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Buenos Aires, exclusivo para Lampadia

La política tiene su lógica. Acceder al poder, conservarlo y ejercerlo. El principal logro de la sociedad moderna fue haber limitado el juego político a través del derecho constitucional. Hoy, por lo tanto, sólo es válido el juego político si se da dentro del marco constitucional.

Esta aspiración de encausar la política a través del derecho no se ha logrado aún en el ámbito de la política internacional donde los instrumentos jurídicos (tratados, convenciones, organismos) no pueden contener el unilateralismo, el ejercicio de la fuerza o la violación deliberada y procaz de las normas internacionales y los derechos humanos. 

En este contexto, ¿es válido pretender un conjunto de reformas políticas sólo para crearle agenda a un gobierno sin rumbo? ¿Es válido desarmar la Constitución para este fin? ¿Es válido desarmar los equilibrios de poderes previstos en toda nuestra historia constitucional para contentar a las redes sociales?

Sin duda que no.

Eliminar la inmunidad parlamentaria (primera reforma denegada por el Congreso) trasladando el antejuicio a la Corte Suprema es proto constitucional. Sin Inmunidad no hay ni parlamento ni independencia, ni equilibrio de poderes.

 ¿Cambia la figura por el hecho de que la inmunidad en manos del propio parlamento permitirá a algunos parlamentarios delincuentes mantenerse en el cargo? No. Porque lo que se protege es la institución y no a sus miembros. La separación y equilibrio de poderes es tan importante que debe tolerar inclusive que a costa suya mantengan su cargo algunos impresentables.

Ayer nada más en Buenos Aires, mientras el presidente Vizcarra iba al Congreso a presionarlo para las reformas políticas que impulsa, en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, más de 500 constitucionalistas escuchaban la tragedia institucional venezolana contada por el jurista Carlos Atala Corao que comenzó, entre otras perlas, con trasladar a la Corte Suprema la decisión sobre la inmunidad parlamentaria. Hoy Edgar Zambrano, primer Vice Presidente de la Asamblea Nacional venezolana está preso en el Sebin luego de que la Corte Suprema le retirara la inmunidad parlamentaria en minutos. Otras decenas de diputados corren la misma suerte, con los levantamientos express de la inmunidad parlamentaria que se busca imponer en el Peru.

La ignorancia de la Constitución y de la historia constitucional le puede estar justificada a miles de descontentos ciudadanos de las redes sociales.  Pero es inaceptable en quienes asesoran al presidente y en quien gobierna un país. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Abogado
Cusco
Para Lampadia

EL POPULISMO

El populismo es un concepto controvertido[i], sin embargo, puede entenderse como “un modo de identificación a disposición de cualquier actor político que opere en un campo discursivo en el cual la noción de soberanía del pueblo y su corolario inevitable, el conflicto entre los poderosos y los débiles, constituyen elementos centrales de su imaginario político”[ii]. Para el populista, por lo tanto, lo primordial no es el bienestar de largo plazo, sino el contento del elector, la aprobación ciudadana, el beneplácito de las redes sociales, el favor de las encuestas o sintonizar con el parecer de las “mayorías”. El populista no se inclina ante la Constitución o la Ley, se inclina ante la aprobación de su soberano: el pueblo.

¿LA JUSTICIA PUEDE SER POPULAR?

La justicia no puede verse en este espejo. La justicia sólo debe verse en el espejo de la Constitución y las leyes y, debe ser inclusive impopular y es, por naturaleza contra mayoritaria. Para Luigi Ferrajoli, un jurista italiano que no puede ser calificado de liberal o de derecha, sino más bien de izquierda, padre del neo constitucionalismo y del garantismo penal, “la fundamentación principal del papel de los jueces está en su actuación de acuerdo con el derecho[iii]. Ernesto Garzón Valdés afirma, en esta dirección, que “la función de los jueces supremos no consiste en expresar en sus fallos la voluntad popular, sino por el contrario, poner límites a los posibles extravíos inconstitucionales de los representantes de esa voluntad”[iv]   

¿QUE ESTA SUCEDIENDO EN EL PERU?

El sistema judicial ha tenido que asumir un rol importante en los casos de corrupción pública, desarrollando un claro activismo judicial, particularmente (pero no exclusivamente), a nivel de la justicia anti corrupción. Simultáneamente, se puso al descubierto una red de corrupción intra e interjudicial que ha deteriorado más la percepción ciudadana de este poder del Estado.

La combinación de ambos factores, a mi juicio, ha impulsado un peligroso populismo judicial caracterizado por el hecho de que no pocos componentes de este sistema (jueces de primera instancia, jueces superiores, jueces supremos e inclusive órganos de control) han preferido, antes que el apego al derecho y la jurisprudencia, el agrado de la ciudadanía y el elogio de las redes sociales. Veamos algunas evidencias indicativas de ello, en el ámbito del Poder Judicial, reservando los casos del Ministerio Publico para un próximo comentario:

• En el ámbito de la justicia anticorrupción, luego de que el Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución, anulara la prisión preventiva de los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia a través del caso 04780-2017, quedó claramente cuestionado el modus operandi de la fiscalía y de los jueces anticorrupción de solicitar y conceder (respectivamente) prisiones preventivas sin juicio y acusación previa. Solicitarlas por parte de los fiscales, con posterioridad a ese fallo que se emitió hace un año y lo que es peor, concederlas por parte de los jueces, solo se puede entender porque estos últimos dejaron de actuar en función de la Constitución y la ley y actuaron, como dice Ernesto Garzón Valdez, buscando “expresar en sus fallos la voluntad popular”.  Muchos jueces, además del Sr. Carhuancho han sido los que han actuado de este modo. Los que han actuado en sentido distinto, han sido ciertamente la minoría. Recién un año después de anulada la prisión preventiva se ha conocido la acusación del Fiscal.
• Otro caso que llama poderosamente la atención está referido al “enfoque de género en la educación” en el cual se ve un paralelismo inocultable entre los resultados de las encuestas contratadas por el MINEDU acerca del tema y la evolución de los votos de los jueces supremos en la Acción Popular promovida por un grupo denominado Padres en Acción (Casación 23822-2017 Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República).  Desde 2017, el MINEDU exhibió encuestas que arrojaban una abultada opinión favorable al citado enfoque y, curiosamente a los pocos días de que se conoce el fallo favorable al MINEDU, un último sondeo de la misma encuestadora que contratara el mismo ministerio, arrojó un respaldo de más del 80 % a este enfoque. Se tiene entonces una evidencia concreta: la decisión coincide con el supuesto sentir popular expresado en las encuestas. Sin embargo, no necesariamente coincide con la Constitución ya que el reclamo de participación de la familia en la elaboración del enfoque educativo, que fue materia central de la demanda, ha sido dejado de lado, vaciando de contenido el artículo 4 de la Constitución que consagra “la protección de la familia y el matrimonio y los reconoce como institutos naturales de la sociedad”, así como el artículo 5 de la Constitución que “define el matrimonio como la unión estable del varón y la mujer”. Este caso muestra un ejemplo de justicia que tiene todo el respaldo de los ciudadanos, pero que, salta barias disposiciones constitucionales vigentes.
• Otro síntoma del populismo judicial es el propio sistema de comunicación del Poder Judicial y en particular la llamada Justicia TV, que no tiene un mecanismo aleatorio, normado ni mucho menos general de cobertura de las actuaciones judiciales, como por ejemplo sucede en el Tribunal Constitucional en el cual “todas las audiencias” son televisadas sin selección u orientación previa. En el Poder Judicial, su sistema de comunicación decide a qué procesos da cobertura, qué decisiones difunde y cuanta cobertura otorga a un juez, convirtiéndose en un arbitrario sistema de propaganda del sistema judicial donde unos casos tienen prevalencia frente a otros. Lo que origina esto es que sólo ciertos casos se ponen frente a la opinión pública y que solo los casos que el sistema de comunicación judicial o los jueces deciden hacer públicos. ¿Quien decide qué casos se transmiten y que casos no? ¿Podrán los jueces contradecir ante las cámaras a la Opinión Pública? ¿No es esta una forma de hacer que los jueces y casos televisados vayan preponderantemente en una dirección y no en otra? ¿Cual es la razón de desplegar recursos estatales para la figuración mediática de algunos jueces y casos? ¿Que puede esperar un litigante o un defensor cuando advierta que su caso confrontará a la opinión pública antes que a la Constitución, las leyes o la jurisprudencia? Probablemente tendrá que esperar que los jueces prefieran violar la Constitución y las leyes (que no otorgan likes) antes que dejar descontentos a los televidentes y las redes sociales, que si los otorgan. 
• Si lo anterior no fue suficiente para ir entendiendo el sentido de lo que llamamos el populismo judicial, que apela al pueblo antes que al baremo constitucional, el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, doctor Vicente Walde Jáuregui no dudó en subir a un helicóptero para trasladarse hasta la Comunidad de Challhuahuacho a fin de atender el pedido de los comuneros de la zona de las Bambas, procesados por diversos delitos,  para revisar la actuación de los jueces que abrieron procesos judiciales contra aquellos. La OCMA en medio del falaz conflicto entre poderosos y débiles. El resultado era de esperarse: días después la Corte de Apurímac pasó de la concesión inmediata de la prisión preventiva a la liberación. ¿Era posible acaso otro resultado si quien sanciona a estos jueces acudió al llamado de los “supuestos” débiles para investigar la actuación de los jueces que los procesaron?  ¿Se podrá esperar que algún juez procese o sancione a un extorsionador, secuestrador o agitador social violento? Sin duda no.

QUE SE PUEDE HACER

Lo primero es advertir que existe populismo judicial. Hay que reconocerlo y finalmente corregirlo. Esos son los primeros pasos para evitar su proliferación y lograr que los jueces respondan a la Constitución y las leyes y no frente a las encuestas.

Se debe revisar el funcionamiento arbitrario del sistema de comunicación judicial y la conveniencia o no de transmitir las audiencias judiciales. Si ese fuera el criterio, se deben establecer criterios generales que no dejen espacio para la arbitrariedad y la orientación ideológica o política en la comunicación judicial.

Se debe sancionar a los jueces que, so pretexto de su autonomía, desacatan la Constitución y las leyes, y en particular a los que desacatan los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la interpretación de la Constitución y los derechos fundamentales. Para ello, el sistema de Control de la Magistratura debe funcionar y no tolerar este tipo de infracciones alegando la “independencia judicial”.

El Congreso de la República, en cumplimiento del artículo 99 de la Constitución, debe ejercer sus atribuciones de acusación contra los jueces supremos que infrinjan la Constitución.

Finalmente, como todo esto probablemente no sea posible por el corporativismo judicial o la falta de decisión política de un Congreso que también mira las encuestas y no la Constitución, queda demandar un rol más activo del Tribunal Constitucional (y también de los jueces que revisan las acciones de amparo) en la revisión de las decisiones judiciales que infringen la Constitución.

Solo así será posible tener un activismo judicial positivo en pro de la justicia y la sanción de la corrupción pública, revertir el populismo judicial, evitar el tránsito a una dictadura judicial y tener decisiones judiciales ajustadas a derecho antes que al aplauso efímero e inorgánico de las redes sociales o los medios de comunicación. Lampadia

Natale Amprimo y Delia Muñoz
Para Lampadia

Hemos vivido un proceso de reforma constitucional sujeto a mandato imperativo y plazo determinado que, entre otras cosas, no permitió la adecuada discusión de los diversos aspectos que una reforma constitucional sobre el sistema de justicia debería implicar.

Así, existen muchos temas, tanto o mas importantes, que han quedado en el tintero y que hoy, en momentos que se elaboran las leyes de desarrollo constitucional, surgen preguntas respecto de temas importantes no contemplados en las normas aprobadas.  Una vez más, esperemos que la prisa no impida el debate apropiado que se precisa, porque no se pueden seguir repitiendo errores en aras de querer transmitir una falsa impresión de avance.

Los modelos constitucionales de selección de jueces y las crisis de corrupción de los últimos cuarenta años

En nuestro país, en forma cíclica, se discute la reforma del sistema jurisdiccional de administración de justicia, que tiene a su cargo el Poder Judicial. Por ello, antes de ingresar a comentar la actual reforma, creemos pertinente recordar los dos últimos modelos constitucionales de selección, nombramiento y sanción de jueces; ello por cuanto llegado a la conclusión que con la reforma en marcha solo estamos haciendo un update de los modelos ya utilizados, pero, claro está, no estamos proponiendo innovación.

En la Constitución de 1979[1],tuvimos un modelo mixto que conjugaba lo político con lo técnico. En efecto, se diseñó un Consejo Nacional de la Magistratura, con rango constitucional y amplia independencia, que tenía por función principal la de alcanzar las propuestas para el nombramiento de los magistrados para la Corte Suprema y de las Cortes Superiores.

El Presidente de la República era el encargado del nombramiento de los Magistrados a propuesta del Consejo de la Magistratura; sin embargo, en el caso de los Magistrados de la Corte Suprema, el nombramiento debía ser ratificado por el Senado. Había, en consecuencia, un proceso de selección, donde la negociación política resultaba inevitable.

Como es por todos conocido, en los años siguientes se vivió todo un proceso de criticas del funcionamiento del sistema judicial, donde se alegaba no sólo corrupción sino también injerencia política, generando gran desazón en la ciudadanía.

Luego vino el periodo de quiebre constitucional del año 1992, en el cual fueron cesados centenares de magistrados y fiscales de todos los niveles del sistema judicial, mediante la dación de Decretos Leyes. Evidentemente, tales ceses fueron declarados no solo inconstitucionales sino anti convencionales, tanto por jueces peruanos como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que, posteriormente, se tuvo que permitir el retorno de los afectados a la magistratura, al considerarse que habían sido separados en forma arbitraria.

En dicho contexto, mención especial merece el Decreto Ley 25446, que dispuso la conformación de una Comisión Evaluadora, que, en un plazo de noventa días, debía investigar la conducta funcional de todos los Magistrados de la República, ya fuere Juez Supremo o de Paz Letrado; también se le dieron facultades para que pueda obtener información que revele un desbalance patrimonial de los jueces, sus cónyuges y, de ser el caso, hasta sus parientes.

Es decir, la revisión de la conducta funcional y la aplicación de sanciones, en un contexto de lucha contra la corrupción, no es nueva, pero hay que tenerla en consideración para que la ejecución de la tarea de control posterior no resulte violadora de derechos, que luego invaliden las decisiones y acciones que se puedan implementar.

La Constitución Política de 1993, tomando modelos existentes, sobre todo en Europa, nos trajo un renovado Consejo Nacional de la Magistratura, donde los integrantes que conforman el pleno, son elegidos por los propios organismos, colegios o entidades representadas, con una ausencia total de control político sobre el mecanismo de designación por parte de los Consejeros.

En este esquema, se permite el acceso de personas ajenas al funcionamiento de un sistema de justicia, a que participen del poderoso mecanismo constitucional creado, que le confiere a una sola entidad: la selección, el nombramiento, la ratificación cada siete años y la sanción de jueces o fiscales.  El Consejo Nacional de la Magistratura[2] estuvo integrado por representantes de la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, los rectores de las universidades nacionales y particulares y, los Colegios Profesionales.

Los hechos ocurridos nos mostraron que este sistema abierto del organismo de selección de Magistrados no funciona y permitió acumular un poder excesivo a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, facilitando el acceso de mecanismos de corrupción en todo nivel del sistema de justicia.

Este recuento, nos hace ver que los sistemas de elección de Magistrados aplicados en los últimos 40 años y, hasta el actual inclusive, no son sino un dar vueltas en círculo, donde las decisiones se toman por reacción ante el destape de la corrupción.  No se evalúa la realidad, de forma que se modele un sistema acorde a las necesidades y retos, que una sociedad en crecimiento como la nuestra plantea.

¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia donde vamos? Comentarios y propuestas

Hoy en día, hemos tenido un proceso de reforma constitucional revestido con una peculiar característica: la ausencia de debate sobre los planteamientos y, por ende, la desinformación sobre lo que se estaba decidiendo y la falta de una propuesta técnica sobre lo que se necesita para atacar una enfermedad grave. ¿Que puede salir de este proceso? Muchas normas y buenos discursos, pero ninguna reforma seria e innovadora para contar con un sistema de resolución de conflictos, que vaya de la mano con la tecnología y un perfil adecuado de magistrados, pues, lamentablemente, los mejores abogados que egresan de nuestras universidades no desean acercarse a la carrera judicial.

La reforma aprobada, no trae mayores novedades, volvemos a la conformación de un órgano colegiado denominado Junta Nacional de Justicia que asume todas las funciones del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Se mantiene el diseño de conferir todos los poderes en las mas diversas fases de la vida profesional de una Magistrado a una sola entidad y se insiste en la dañina ratificación de magistrados, cuna de la argolla, el compadrazgo y la collera.

Desde nuestro punto de vista, la ratificación del Magistrado cada siete años (además de la evaluación parcial de desempeño cada tres años y seis meses), constituye una seria afectación a la independencia del juez o fiscal. Es, en el mejor de los casos, un debilitamiento a su autoridad (pues, pues pasará por ese callejón oscuro inevitablemente, por lo que hay de él si falló en contra de algún poderoso) y, en otros casos, funcionará como un incentivo a la mediocridad e, inclusive, a la corrupción.

Consideramos que la evaluación del desempeño de un juez o fiscal debe ser realizada por los órganos competentes cuando existen quejas razonadas y fundamentadas, cuidando eso sí que el cuestionamiento no obedezca a los criterios utilizados para aplicar el derecho.

El nombramiento y permanencia de un juez o fiscal en el cargo debe estar garantizado; eso es lo que asegura su independencia. Obviamente, ello no es incompatible con un correcto sistema de análisis de quejas y denuncias, en caso de que se produzca una inconducta.

La atolondrada reforma judicial también generó que no se aborden importantes aspectos como son, por ejemplo, el crear una carrera judicial con una sola vía de acceso a través de la Academia de la Magistratura y, en consecuencia, la generación de incentivos para hacer de la carrera judicial un proyecto de vida viable y deseable.

Los egresados de la Academia de la Magistratura deberían estar aptos para postular a las vacantes que se vayan produciendo a nivel de jueces de paz y de primera instancia, y de ahí ir escalando según las vacantes que se vayan produciendo, vía concurso, como ocurre, por ejemplo, con los egresados de la Academia Diplomática.

Otro tema a discutir es, sin duda, cómo atraer a los mejores alumnos a la magistratura. Por qué no plantear convenios para que, aquellos que estén en el décimo superior, hagan sus prácticas en el Poder Judicial o Ministerio Público, y puedan ser atraídos con algún beneficio (se nos ocurre el ofrece becas en el exterior para aquellos alumnos de excelencia que se decidan por la magistratura, y elijan continuar su formación en la Academia de la Magistratura).

Para concluir, la reforma no sólo precisa de cambios de nombres y personas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, amén de nuevos miembros del Consejo Nacional de Justicia; lo que se precisa es un nuevo marco normativo, que agilice procesos y que establezcan el uso apropiado de la tecnología; y, sobretodo, mecanismos para solucionar las diferencias de manera directa, donde las partes sean los protagonistas de la decisión.

Hoy todo el esquema esbozado como “reforma”, no trae mayor novedad, por ello tampoco nos confiere demasiado entusiasmo. De verdad, esperamos estar equivocados. Lampadia

[1] DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Francisco Tudela
Para Lampadia

Los acontecimientos dramáticos por los que transita la política venezolana de hoy en día me han llevado a rememorar una interesante conversación, en 1998, con John Coatsworth, el primer director del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard.

A escasos seis años del autogolpe del presidente Fujimori, el 5 de abril de 1992, conversábamos en el jardín de dicho centro de estudios sobre el aguante de los peruanos a la crisis sistémica de los 80, el desarreglo general del Estado, el descalabro de sus finanzas y la expansión homicida del terrorismo. Yo le pregunté si él consideraba que la ruptura democrática fue una alternativa válida para salir de una crisis semejante y Coatsworth me dijo que no, que no había más alternativa que las elecciones.

¿Y si las elecciones no resolvían la crisis? Coatsworth me dijo entonces que había que esperar otros cinco años e ir nuevamente a elecciones; y si eso no funcionaba, había que esperar otro mandato más y así sucesivamente, “ad infinitum”, hasta que finalmente llegue el gobierno correcto.

Sus respuestas me hicieron recordar a Jacobo I de Inglaterra, quién fue el sucesor de Isabel I de Inglaterra. Fue un mecenas de las artes y las letras, patrocinando a Shakespeare, John Donne y Francis Bacon, entre otros. Tradujo la Biblia y escribió panfletos contra la brujería y el tabaco, además de plantar, por su irresponsabilidad política y financiera, la semilla de la guerra civil inglesa.

Jacobo I escribió “La Verdadera Ley de las Monarquías Libres”, donde sostenía, en defensa de la legitimidad monárquica, que, si Inglaterra tuviera un Rey malvado, este sería enviado por Dios como una maldición y una plaga para que el pueblo purgue sus pecados. ¿Podía el pueblo rebelarse? ¡De ninguna manera!, afirmaba Jacobo I. El pueblo, sugería el Monarca, solo tenía como alternativa la paciencia, las oraciones fervientes a Dios y el enmendar sus vidas, hasta que el malvado Rey cambiara su conducta o muriese, siendo relevado por su sucesor.

El paralelismo entre soportar pacientemente malos gobiernos elegidos democráticamente y sufrir, orando fervientemente, a malos monarcas, resulta chocante. La generación jesuita contemporánea de Jacobo I, especialmente el Padre Juan de Mariana, desarrollaron la tesis del tiranicidio para librarse de los reyes malvados.

Los católicos ingleses, trataron de volar a Jacobo I con todo el Parlamento en la “Conspiración de la Pólvora”, en 1605, pero fallaron. Los Estuardo y los Borbones hicieron quemar estos textos regicidas en las plazas públicas, pero lo esencial quedó: la insurgencia contra los gobiernos malvados era legítima. No sé si el puritano Cromwell leyó al papista Mariana, pero envió al Rey depuesto Carlos I, el hijo del buen Jacobo I, al cadalso, después de una parodia de juicio.

Coatsworth tiene razón, pero solamente en la medida de que aún en medio de la peor crisis se conserve el gobierno de las leyes. Esa es la característica esencial de la democracia republicana: el gobierno de las leyes a las cuales se supeditan todos los gobernantes. Pero no tiene razón cuando un gobierno electo usurpa el poder desde el interior del régimen, sin golpe militar ni nada por el estilo, cambiando la Constitución, acomodándola para quedarse en el poder. Allí los gobernantes están sobre las leyes y sólo la insurgencia puede desalojarlos, pues al no haber estado de derecho, ya hay tiranía, como en la Venezuela de hoy. Lampadia

Un paso adelante y dos atrás 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, luego de que el Presidente Vizcarra explicara en el CADE la necesidad de hacer reformas para resolver los problemas de rigidez y elevados costos no salariales del mercado laboral, lo que incluso provocó la renuncia del ministro de Trabajo despejando aparentemente el camino para avanzar hacia un “mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, sorprendió a propios y extraños dando marcha atrás y descartando incluso la posibilidad de reforma para los nuevos trabajadores:

“Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave de diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser en bene­ficio de todos, y no de unos pocos”.

Evidentemente las propuestas que se venían haciendo, y que figuran implícitamente en la propia política de competitividad que el gobierno está circulando, no se aplican a quienes están en este momento en una relación contractual, pero sí a los nuevos contratados. Esa puerta es la que el Presidente ha cerrado, sin tomar en cuenta que los llamados derechos laborales, reconocidos en la Constitución y la ley, pueden ser modificados precisamente en la Constitución y en la ley –en aras de una mayor inclusión y un mayor dinamismo de la economía que eleve los propios salarios-, aunque esas modificaciones sólo valgan para los nuevos contratos, y no, en principio, salvo acuerdo en contrario, para los existentes.

Los derechos laborales reconocidos por la Constitución son los siguientes:

• Art 25: “…derecho a una remuneración equitativa y suficiente” y a “descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”
• Art. 27: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 
• Art. 28: “Derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga”
• Art. 29: “…derecho a participar en las utilidades de la empresa”

Además, el art. 26 señala lo siguiente: 

• “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 
    2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

Aquí hay que precisar dos cosas. La primera es que ese carácter irrenunciable se refiere precisamente a quienes están en una relación laboral, a quienes tienen un contrato laboral. Por eso dice: “En la relación laboral…”. Es decir, no se refiere a que dichos derechos son inmutables por siempre y que no puedan ser modificados. Pueden serlo, para bien de todos, por reforma constitucional o mediante ley, según el caso.

Por ejemplo, las gratificaciones, la Compensación por tiempo de Servicios (CTS), o el número de 30 días de vacaciones, no están en la Constitución, pero sí en la ley. La ley puede cambiar, pero el cambio valdría solo para los nuevos contratos de trabajo.

No obstante, no solo el Presidente, sino el propio ministro de Economía, han negado esta alternativa. El ministro ha dicho: “no se pretende recortar derecho de los trabajadores en términos de gratificaciones, CTS o vacaciones“.

Esa es una postura extrema, que no permitiría al país salir de la trampa de los ingresos medios ni crecer a tasas necesarias para reducir la pobreza y proporcionar empleo con derechos y con mejores salarios.

Se contradice, por lo demás, con los objetivos de política Nº5 de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, que ha sido publicada para recibir aportes de modo que en tres meses se pueda publicar el Plan de Competitividad propiamente dicho.

El objetivo de política Nº 5 se titula:

OP N° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal.

Explica claramente que el mercado laboral peruano no es dinámico ni competitivo por:

• Una excesiva rigidez laboral:
  • “Según el reporte de competitividad global del WEF (2018), el Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores…

Yamada (2014) indica que en economías en desarrollo –como la peruana- la mayor rigidez laboral genera efectos negativos como: i) menor crecimiento de la productividad (Besley & Burgess, 2004), ii) menor crecimiento en el empleo y salarios (Ahsan & Pages, 2009), iii) mayor afectación a jóvenes y mujeres (Heckman & Pages, 2004) y iv) mayor informalidad laboral (Lehmann & Muravyev, 2012)”. (P.83)

• “La rigidez laboral también se muestra en las limitaciones de resolución de contrato por causas objetivas como la situación económica, motivos tecnológicos…” (p. 86)

• Costo de la indemnizacion por despido muy alto

• “Otro factor relacionado a la falta de dinamismo en el mercado laboral es el costo de la indemnización por despido. En el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuáles registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año” (P. 86)

• Costos no salariales muy altos

• “El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), como se ve en la tabla Nº 11, con un costo laboral no salarial de de 50,3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, Chile el 15,8% y México el 21,1%”. (P.88)

Se desprende claramente, entonces, de la Política de Competitividad aprobada por el gobierno, que para resolver los problemas que ella misma identifica se necesitaría no solo que el Tribunal Constitucional modifique su interpretación acerca del art. 27, que restablece la estabilidad laboral absoluta, algo que el ministro Oliva sí reclama, sino, además, reducir los costos de la indemnización por despido y reducir costos no salariales, tales como CTS, gratificaciones u otros, algo que el ministro descarta. Es el ministro contra su propia política.

No solo eso. Aparentemente una buena decisión del gobierno habría sido incorporar al director del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que presentó sus propuestas en el CADE, al Consejo Nacional de Competitividad. En el terreno del mercado laboral, el CPC plantea, entre otras cosas:

• Crear un nuevo régimen laboral para los nuevos contratos laborales en la pequeña empresa (sin CTS ni gratificaciones, como en la microempresa), a fin de dinamizar ese sector y generar mucho más trabajo formal con derechos
• Implementar la remuneración integral anual (RIA) para los trabajadores que ganen salarios menores a 2 UIT (ahora solo es posible para los que ganan por encima de 2 UIT)
• Pasar 825 mil Informales de pequeña empresa al régimen semi-contributivo del SIS

Evidentemente la posición del presidente y del ministro de Economía vetan estas medidas, que tendrían un impacto muy positivo en todo sentido.

También quedaría vetada una propuesta que surgió en un Taller de Lampadia, que consiste en establecer un tope de 6 sueldos para la CTS en cuenta de trabajador, sin que los puede retirar (es decir, una suerte de seguro de desempleo).

A nuestro juicio, la marcha atrás tan penosa del gobierno en estos temas se debe a que cuando el presidente lanzó estas ideas en el CADE, los sectores sindicales y de izquierda –desconociendo sus verdaderos intereses, pues les convendría una base sindical mucho más amplia- reaccionaron inmediatamente en los medios y las redes expresando su rechazo, mientras no hubo casi manifestación alguna a favor de los amplios sectores favorecidos.

Es necesario organizar una coalición social y política integrada por los gremios de micro y pequeños empresarios, academia y congresistas, que se manifiesta claramente a favor de estas medidas, a fin de darle respaldo político a las decisiones que en ese sentido se pudiera tomar.

También sería conveniente que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de la Competitividad, para que impulse decididamente la agenda que nos saque del empantanamiento económica y nos ponga nuevamente en la senda del crecimiento acelerado pero esta vez con empleo formal y con derechos. Lampadia

En el artículo que compartimos líneas abajo, Roberto Abusada expresa su gran preocupación por el deterioro del Perú para crear riqueza y generar empleo. Su preocupación coincide con la expuesta hace pocos días por Gianfranco Castagnola (La degradación de las políticas públicas):

“El bienestar de las familias y el entorno de negocios están condicionados por la calidad de las políticas públicas y de la gestión del Estado. Lamentablemente, diversos indicadores muestran un preocupante estancamiento e, incluso, retroceso en nuestro país”.

Ambos artículos inciden en lo señalado por Lampadia la semana pasada:

La sobre regulación la asfixia
A la Constitución del 93 le falta aire

La Constitución del 93 está atada por enanos,
como el Gulliver de Jonathan Swift
(Glosa de la reproducción del diario Expreso)

“Todas las izquierdas y sus socios de las ONGs se multiplican en los medios planteando el cambio de constitución.
Pero no quieren liberar a la Constitución del 93 de su sobre carga,
¡No!, quieren otra constitución que asuma en su letra,
lo contrario del espíritu de nuestra maniatada Constitución 93:
un Estado empresario,
el debilitamiento de la inversión privada,
el empoderamiento del burócrata público,
el alejamiento del comercio internacional y
la entronización del funcionario público como una suerte de Dios repartidor.
¡No señor!
Nuestra Constitución 93 ha probado ser excelente para todo lo importante. Salvémosla de la asfixia a la que está sometida
y vamos invertir, crecer y crear más empleo.”

Esperamos que estas llamadas a la acción, acciones consistentes con la construcción de futuro, sean suficientes para ayudar al Presidente Vizcarra y su entorno inmediato, a asumir los retos de gobernar, tal como lo expresa el término gobernanza:

“Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.
Real Academia de la Lengua​

Roberto Abusada Salah
El Comercio, 15 de noviembre de 2018
Glosado por Lampadia

“El presidente Vizcarra haría bien en invertir su actual capital político en liderar las reformas que el Perú requiere para relanzar su crecimiento”.

Estudios internacionales que comparan la capacidad de los países para crear riqueza nos vienen mostrando que año a año el Perú pierde su posición competitiva. Las causas son conocidas:

• El deterioro de las políticas públicas
• La falta de reformas en la economía
• El inadecuado nivel de infraestructura para la producción de bienes y servicios

Estas y otras causas que mellan la competitividad y el progreso se pueden resumir en una sola: el debilitamiento o la falta de instituciones. Oímos repetir este diagnóstico una y otra vez, pero ¿qué queremos decir cuando nos referimos a tal deterioro?

El Perú sufre hoy de un conjunto de deficiencias en sus arreglos políticos e institucionales; defectuosas reglas políticas que incluyen, entre otros aspectos, su mal diseño. Destaca la manera en la que se conforma el Congreso y se eligen los gobiernos regionales y locales. El Perú requiere con urgencia de un Senado y el establecimiento de distritos electorales uninominales o binominales, además de la renovación por tercios o por mitades del Parlamento. Necesita verdaderas regiones y no las 26 circunscripciones existentes. Urge rescatar el carácter unitario de la nación mellado por la actual regionalización. Gran parte de la reinante crisis política es producto del actual arreglo político e institucional.

El cuerpo legal, que atañe a la manera en que una sociedad se organiza para generar riqueza y progreso, ha devenido en una maraña administrativo-burocrática que ha hecho metástasis. Exhibe además un núcleo envenenado con la implícita sospecha y falta de transparencia con que administra su relación con ciudadanos y empresas. Principios básicos como la eficacia, la economía procesal y la presunción de veracidad están absolutamente ausentes. La multa y la dilación son características preponderantes. Cualquier actividad productiva es obligada a recorrer una ‘hoja de ruta’ donde a cada paso corre peligro de sufrir el veto de algún funcionario inescrupuloso, indolente, o simplemente atemorizado por un sistema que le impide ejercer un discernimiento sensato. El Perú necesita una reforma regulatoria radical.

Internacionalmente, también se nos cataloga como un país donde el Poder Judicial carece de independencia, padece de corrupción y su funcionamiento es totalmente inadecuado para resolver simples disputas entre privados o frente al Estado.

Tomemos cualquier problema como la falta de infraestructura productiva esencial para conducir los negocios, reducir costos logísticos y competir en la economía global. Descubriremos que tal carencia está directamente determinada por la ausencia de arreglos burocrático-institucionales eficaces. La falta de infraestructura no se debe a la falta de recursos públicos o privados. Explicación semejante podemos dar a las demoras para abrir una empresa o construir un edificio.

Finalmente, el Perú vive hoy marcado por una profunda desconexión de los poderes del Estado con la noción de gobernar y de una visión de país para el largo plazo. No existe una aspiración compartida respecto de hacia dónde se quiere llevar a la nación. Priman en cambio el conflicto, la acrimonia, la ignorancia y el populismo. De otro modo, no habría manera de entender las medidas que emanan del Congreso y del Ejecutivo.

En todos los estudios internacionales contrastan la excelente posición del Perú en términos de fortaleza macroeconómica con la pobrísima calificación que recibe su incomprensible e inflexible política laboral. Pues bien, en medio de toda la incertidumbre de la actual situación política, ¿qué hace el Estado? Se dedica a destruir la fortaleza macroeconómica y, por otro lado, a profundizar los problemas del mercado laboral.

Se ha propuesto la negociación colectiva dentro del Estado; una medida que conlleva el potencial de destruir la solidez fiscal y la ya exigua meritocracia. Se postula atacar la “informalidad laboral en la gran empresa”, en vez de preocuparse por la informalidad del 72% de trabajadores carentes de derecho laboral alguno. Se sugiere aumentar en 33% la contribución a Essalud, en lugar de reestructurar esa deficiente entidad. ¿Por qué, en cambio, no se copian las normas laborales prevalentes en los países de la OCDE a cuya membresía aspiramos?

Recientemente, se ha escogido el peor momento de la crisis política y la desconfianza para adoptar normas impositivas con claras características inconstitucionales (particularmente por su carácter retroactivo), haciendo además que empresas medianas prontas a adoptar directorios con mejor gobierno corporativo se inhiban por temor a posibles arbitrariedades al definir “un acto artificioso” o al presumir dolo por parte de la empresa y sus directores.

El presidente Vizcarra haría bien en invertir su actual capital político en liderar las reformas que el Perú requiere para relanzar su crecimiento, y así pasar a la historia como verdadero estadista. Los 300.000 jóvenes que ingresan anualmente a la fuerza laboral demandan recobrar la esperanza, una esperanza que solo puede materializarse si se duplica el insuficiente nivel de crecimiento económico. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Cuando el presidente Martín Vizcarra o el Premier Cesar Villanueva reiteran su posición de votar por el NO a la bicameralidad, cabe preguntarse si no están pensando más en la aprobación popular que en el país.

Primero, porque es difícil pensar que no se percaten del daño irreparable que ocasionará a nuestra democracia y a nuestra propia gobernabilidad tener durante las próximas décadas un congreso unicameral sin reelección de congresistas. Un congreso de esa naturaleza contiene todos los peligros imaginables:

• Podríamos tener una mayoría opositora cerril conformada por personajes novatos algunos de los cuales podrían ser aventureros sin control o populistas desenfrenados. Es decir, una mayoría obstruccionista sin el contrapeso de un Senado elegido con un sistema más proporcional.
• Con un congreso de esa naturaleza será más difícil consolidar un sistema de pocos partidos políticos estables y serios (como veremos más adelante) y más complicado aún consolidar una clase política experimentada. Nos condenamos a la improvisación como sistema.
• Las leyes resultantes tenderán a ser de mala calidad, sin revisión posterior, y eventualmente muy destructivas de la estabilidad fiscal, que es una conquista histórica del pueblo peruano.

Ventajas de la bicameralidad

Por eso es que siempre ha existido el planteamiento de retornar a la bicameralidad, pero una bicameralidad mejorada en la que la Cámara de Senadores no tenga iniciativa legislativa, sino que su función sea revisar y aprobar o desaprobar los proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados. A fin justamente de mejorar la calidad de las leyes y moderar los ímpetus populistas y eventualmente abusivos de la Cámara baja.

Con el añadido de que dos cámaras hacen posible que una de ellas –Diputados- pueda ser elegida en distritos electorales más pequeños –uni o binominales- para que la gente se sienta realmente representada al saber quién es su congresista, y para reducir, de paso, el número de partidos porque al elegir solo a uno o dos diputados en cada circunscripción, los partidos pequeños, sin opción a ser elegidos, buscarán unirse con partidos más grandes para tener chance de llegar al Congreso.

En cambio, la Cámara de Senadores puede ser elegida en distrito único nacional o en distritos macroregionales, lo que permitiría rescatar para la política a personas muy calificadas de los distintos sectores de la sociedad y permitiría además moderar la tendencia del sistema de distritos pequeños a sobre representar al partido más votado.

Las ventajas de la bicameralidad, como vemos, son enormes. Por eso era ya un escándalo que la clase política peruana y los sucesivos congresos unicamerales estuvieran eludiendo la necesidad de esta reforma fundamental durante lustros, y esa fue la razón por la que apareció como una gran idea y una gran oportunidad para el país que el gobierno planteara esa reforma vía el referéndum, de modo que pudiera ser aprobada como parte del conjunto de reformas y con la recomendación de un mandatario que ha conquistado credibilidad popular.

Ver en Lampadia: Un Senado es mucho más que una segunda instancia.

La cuestión de confianza

Lamentablemente el propio presidente está echando por la borda esta gran oportunidad al cambiar su respaldo a la bicameralidad por su rechazo a ella. El pretexto es el cambio que el Congreso aprobó a la institución de la cuestión de confianza, que le resta potencia como arma de contrapeso del Ejecutivo frente a posibles excesos de un Congreso opositor u obstruccionista.

Yo fui el primero en señalar –por medio de dos tuits la misma noche en que se aprobó, y de mi columna en el Comercio dos días después- que ese cambio era un grave error porque alteraba el equilibrio de poderes a favor del Congreso en un país como el Perú que más bien requiere de un Ejecutivo fuerte capaz de llevar a cabo con eficiencia las tareas de desarrollo. No solo eso. Señalé que las fuerzas políticas en el Congreso estaban actuando así acaso por reacción visceral ante la amenaza del Ejecutivo de disolver el Congreso si no se aprobaba la nueva cuestión de confianza planteada, pero sin mirar más allá de sus propias narices porque esa medida repercutiría en su contra como un boomerang si llegaban a ser gobierno el 2021 o más tarde.

El presidente reaccionó recién cinco días después, luego de que en un primer momento felicitara al Congreso por la aprobación de las cuatro reformas. Anunció que el Ejecutivo en el tema de la bicameralidad se pronunciaba por el NO. Pero en lugar de usar esa posición para buscar un diálogo con el Congreso a fin de lograr un acuerdo que permita modificar esa parte nociva del proyecto de reforma constitucional, desoyó los llamados en esa dirección que algunos congresistas empezaron a sugerir.

La oportunidad desperdiciada para un acuerdo

Por eso también es que pensamos que está poniendo su aprobación por encima de los intereses del país. Porque la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales las modificaciones que meses atrás el Congreso había efectuado a la ley del reglamento del Congreso en los mismos términos que luego incluyó en el proyecto de reforma constitucional, era la oportunidad de oro, si realmente pensara en el destino de la democracia peruana, para recoger esa sentencia y sobre la base de ella pedir un acuerdo con las bancadas para modificar la parte infectada de la reforma. No lo hizo. No solo eso, desoyó manifestaciones en esa línea del vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, y del vocero de su propia bancada, Gilbert Violeta.

Pero aún estamos a tiempo. La iniciativa, según lo que vemos, tiene que venir del propio Congreso. Si ya la principal bancada de oposición y la del gobierno parecen estar de acuerdo en la necesidad de enmendar esta absurda situación, sería conveniente que, sumando a otras, soliciten una reunión con el presidente para proponerle un acuerdo de modificación de los artículos cuestionados a cambio de que el presidente restablezca el Sí a la bicameralidad. Que esto no se caiga por la indolencia de la clase política.

La cuestión de confianza es menos gravitante en un congreso bicameral

Por último, los asesores del presidente deberían explicarle que aun si no se lograra ese acuerdo, la institución de la cuestión de confianza, tal como está redactada en nuestra Constitución, es más gravitante e importante frente a un congreso unicameral, que ante uno bicameral. Por la sencilla razón de que la existencia de dos cámaras ya constituye un mecanismo de autolimitación del poder del Congreso. Si la cuestión de confianza es un instrumento para contrapesar el poder del Congreso, este poder se reduce o limita a sí mismo con la bicameralidad. Entonces la cuestión de confianza, siendo importante, no lo es tanto como ante un congreso unicameral.

Y esto es así porque la Cámara de Senadores modera las extralimitaciones de la Cámara de Diputados. Y lo hace no solo porque, en general, se trata de un cuerpo de parlamentarios de más edad y mejor preparación, sino por el sistema de elección de los senadores, en distrito único nacional o en distritos macroregionales, que es mucho más proporcional de modo que, como decíamos arriba, la fuerza más votada no sobredimensiona tanto su porcentaje de parlamentarios. En otras palabras, si Diputados estuviera dominado por una fuerza opositora, lo más probable es que en Senadores esa fuerza opositora no tendría la mayoría o ésta sería muy precaria. Nuevamente, eso hace la cuestión de confianza menos decisiva.

Eso no es todo. El presidente, si quisiera, podría solicitar la aprobación de otras reformas constitucionales que contribuirían a que la cuestión de confianza aún menos necesaria. Por ejemplo, elegir el Congreso junto con o después de la segunda vuelta presidencial. Eso tenderá a darle mayoría en el Parlamento al Ejecutivo. Otra reforma en la misma línea es una que ni siquiera es constitucional, sino legal: que la insistencia del Congreso en las leyes observadas por el Ejecutivo no se apruebe por la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso, sino con los 2/3 de dicho número, como es en todas las democracias de América Latina.

De modo que, si el presidente quisiera realmente resolver el problema planteado pensando en el futuro de la institucionalidad democrática y la gobernabilidad, tiene varios recursos a la mano y varias razones para recomendar lo que debe recomendar: el Sí a la bicameralidad. Lampadia

Natale Amprimo
Para Lampadia 

La Constitución Política es una norma de ordenación del poder. Una suerte de protocolo de convivencia política, que fija los límites de los diversos actores que participan en la vida pública.

En el derecho público, a diferencia de lo que ocurre en el privado, lo no permitido es prohibido; ahí no juega la libertad de acción que tenemos las personas en nuestra vida cotidiana, y que se resume en el viejo aforismo “lo no prohibido es permitido”.

La Constitución establece los límites de la representación que el pueblo otorga a las autoridades que ejercen el poder de manera temporal.  Los elegidos no pueden salirse de ese corsé; pues ello sería como que un apoderado, autorizado solo para alquilar la casa de su representado, decidiese venderla, porque el precio ofrecido es muy bueno.

Lamentablemente, muchas veces los gobernantes no entienden esos límites, y en aras de lo que consideran el bien de la Nación, transgreden los topes que, a su representación, le fija la Constitución.

Cuando a Víctor Andrés Belaúnde, el maestro socialcristiano, le pidieron que describa el “poder”, dicen que lo hizo comparándolo con una orgía, pero sin orgasmo, porque el gobernante nunca se daba por satisfecho. 

Hay que recordar que Belaúnde, ya en 1931, en su obra “La Realidad Nacional”, señaló que el síntoma típico de nuestra crisis ha sido el “absolutismo presidencial”. Incluso, al día de hoy, como lo recuerdan César Ochoa y Baldo Kresalja, se ha exacerbado el presidencialismo de la Constitución histórica del Perú al extremo de llegar a un “presidencialismo hipertrófico”, que se caracteriza por una concentración de poderes legislativos proactivos y reactivos del Presidente de la República.[1]

Sobre el particular, Torres Arancibia lo desarrolla con nitidez, cuando señala: “Si el autoritarismo en el Perú ha encontrado campo fértil se debe en buena medida al absolutismo presidencial. En este punto no debe confundirse absolutismo presidencial con régimen dictatorial. El segundo es, como se sabe, un régimen de facto, cuyo origen espurio y principalmente por la fuerza, lo vuelve ilegítimo. El primero, por su parte –y para el caso peruano– está sustentado en la propia legislación. En otras palabras, en el Perú, la historia jurídica republicana ha fomentado siempre una figura presidencial fuerte, con mucho poder, casi omnímoda. Tal circunstancia llevó a decir a Víctor Andrés Belaunde en un célebre discurso dado en la Universidad de San Marcos en 1914 que ‘el presidente de la República es un virrey sin Monarca, sin Consejo de Indias, sin oidores y sin juicio de residencia’. Pero la afirmación de Belaunde se quedaba corta: ningún virrey del Perú tuvo tanto poder como un presidente peruano actual”.[2]

Lowenstein, el famoso constitucionalista alemán, en 1957 desarrollo la teoría de la “enigmática triada”, según la cual el hombre tiene tres incentivos fundamentales que dominan su vida en sociedad y rigen la totalidad de las relaciones humanas, y que de una manera misteriosa están unidos y entrelazados: el amor, la fe y el poder.

La historia, dice Lowenstein, muestra cómo el amor y la fe han contribuido a la felicidad del hombre, y cómo el poder a su miseria; y añade: hay algo común en estas tres fuerzas: el hombre puede sentirlas y experimentarlas, así como apreciar su efecto por sí mismo y su medio ambiente; pero lo que no llega es a conocer su íntima realidad, pues toda preparación lógica es insuficiente para penetrar en su esencia.  Por ello, el intento humano de querer comprender el amor, la fe y el poder tiene que quedar reducido a constatar y valorar sus manifestaciones, sus efectos y resultados.  Se podrá conocer cómo estas fuerzas operan, pero no se podrá captar lo que ellas son realmente”.[3]

Hago estas reflexiones previas pues, como lo he referido en algunas entrevistas brindadas a diversos medios de comunicación, percibo un panorama de confrontación que, penosamente, me recuerda el que vivimos –y pocos combatimos- previo al 5 de abril de 1992; en el que, todos los días, veíamos al presidente de entonces confrontando con el Congreso para capitalizar el descontento popular.

La única forma seria de salir adelante como país es fortaleciendo nuestras instituciones; y ello solo se logra si, más allá de nuestras conveniencias coyunturales, nos damos una suerte de “baño de legalidad”, o de “constitucionalidad” mejor dicho; lo que implica que se actúe respetando, y haciendo respetar ese código de convivencia y buenas costumbres que es la Constitución, aunque esa tarea sea a veces ingrata, dada lo encendidas que están las pasiones.

Es fácil caer en la tentación de hacer eco a los cánticos de la barra, inclusive más fácil aún es dirigir a un rebaño desorientado sobre la base de decirle lo que quiere escuchar, pero eso, más temprano que tarde, generará una nueva desilusión. De ahí mi crítica a lo que veo actualmente: una vez más pareciera que se sirve la mesa para que los radicalismos nos gobiernen. Se destruye lo construido, con todo el esfuerzo y sacrificio que ello significó, en aras de seguir acentuando el odio y la contradicción.

Veamos: Se plantea bicameralidad, sobre la base que el proceso legislativo requiere una mayor reflexión y pausa, y a la vez se levanta la voz porque no se aprueban las reformas en 40 días; o, se levanta como bandera la lucha contra la corrupción, pero en el proyecto de modificación se propone que para habilitar la acusación constitucional contra altos funcionarios se requerirá 2/3 de los votos del futuro Senado; entre otras contradicciones.

En el fondo, acaso no nos damos cuenta que lo que hay detrás de algunos, es generar el precedente para, vía un futuro proceso de reforma fast track, variar el régimen económico y volver a un Estado interventor de la economía, como el que teníamos antes de la Constitución de 1993.

Estamos notificados. Lampadia

Como muchos, en Lampadia tenemos observaciones importantes sobre la designación de algunos ministros y sobre otros indicadores de la orientación del gobierno de Martín Vizcarra. Pero, habiendo atravesado en las últimas semanas una profunda crisis política, luego de largos meses de desgobierno y pérdida de confianza en el futuro por parte de la población, consideramos que es muy importante apoyar, por sobre toda otra consideración, la indispensable y urgente consolidación del gobierno.

Ya habrá tiempo para analizar, criticar y proponer cambios, que, según nuestros análisis previos, asumimos que serán recibidos por gobernantes con vocación de escuchar y dialogar.   

El Perú ha superado riesgos muy graves de interrupción de la democracia y de respeto a la Constitución. Logramos que la toma de mando del Presidente Martín Vizcarra se diera respetando todos los cánones de la Carta Magna y mostrando un gran nivel de madurez y tranquilidad, tanto en el sentir popular, como en los indicadores económicos.

El gabinete presidido por Cesar Villanueva aún no cumple una semana de instalado, pero los enemigos del recién estrenado gobierno, están en campaña para desprestigiar al premier y para malograr las relaciones del Ejecutivo y al Congreso.

Efectivamente, hemos superado riesgos de gobernanza extremos, que hubieran retraído toda capacidad de recuperación de los caminos de la prosperidad.

Desde el punto de vista popular, la transferencia de mando se dio con mucha tranquilidad y con la aprobación masiva de los ciudadanos.

Asimismo, como Diego Macera tituló su última columna en El Comercio, ‘Ni pestañeó’, la economía no mostró ninguna inquietud. Más bien se recuperó la Bolsa de Valores y bajó el tipo de cambio.

Sin embargo, la prensa ideologizada como El País de España, según lo reportado por la insidiosa Jacqueline Fowks, presentó un país convulsionado.

En el equipo de PPK, el congresista Juan Sheput, su vocero, es el más belicoso contra Vizcarra y Villanueva. El se pasea por los medios sembrando un ambiente negativo alrededor del gobierno. Además, no le da la gana de entender que el Presidente Vizcarra ha anunciado el “fin de la política de odio y confrontación”. Una declaración del Presidente que estaba referida específicamente a la política del ppkausismo, de polarizar con Fuerza Popular. Pero Sheput sigue confrontando.

De igual manera, la segunda vicepresidente y congresista, Mercedes Aráoz, no ha registrado el fracaso de sus poco democráticas maniobras para sacar del juego al Primer Vicepresidente Vizcarra en los albores de la renuncia de PPK. Aráoz, sigue enfilando sus baterías contra el ahora Presidente Vizcarra y su primer ministro Villanueva, y hasta pretende imponer sus ideas al nuevo gobierno.

Aráoz niega todo …

Pero su ambición la traiciona…

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el triste rol de varios medios de comunicación, como Canal N y RPP, donde connotados miembros de su plana periodística no pierden oportunidad para debilitar el novel gobierno, máxime en un contexto como el indicado líneas arriba. Para ellos, Fuerza Popular sigue representando una suerte de fuerza invasora extranjera a la que hay que combatir y evitar cualquier acercamiento del partido mayoritario del Congreso, con el Ejecutivo que ha determinado el fin del odio y la confrontación.

La cosa llega a tal punto, que el Ejecutivo se ve acorralado políticamente, y pisa el palito del mantenimiento de brechas políticas con Fuerza Popular, con declaraciones inconducentes a la afirmación de la política de convergencia. Si bien estas declaraciones pueden haberse originado por un error de Perú21, que reportó consultas del gobierno con el congresista Torres de FP (que no se dieron); el tono, las palabras y el mensaje de Villanueva hacen ver, los eventuales contactos con FP como algo indebido, alimentando a los enemigos internos y a los medios desestabilizadores.

En este ambiente, los medios extremistas llegan a plantear barbaridades…

En nuestra opinión, quienes promueven estas acciones de discordia y divergencias, merecen una severa llamada de atención.

La situación del país requiere responsabilidad y consecuencia con los más importantes intereses de la Nación, convergencia política, tranquilidad de la población y recuperación de la economía. Lampadia