Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La política es mucho más antigua que la Constitución. Existe antes, después y a pesar de esta última. Más aún, puede vivir sin ella.

Para obtener el poder, mantenerlo y ejercerlo (que son los cometidos principales de la política), no hace falta la Constitución.

Los romanos (para no ir más lejos en la historia), gobernaron la península itálica a partir del siglo VIII a.c y desde allí ejercieron el poder en Europa, el Norte de África, Siria y Egipto hasta el siglo V d.c., sin estar sujetos a una Constitución. Tuvieron reglas, instituciones y normas en otro ámbito, pero no en el ámbito político.

Ni los señores feudales europeos, ni los shogunes japoneses, que ejercieron el poder real en Europa y Japón por siglos, estuvieron limitados por normas constitucionales. La vida, la libertad, el patrimonio y la honra de las personas dependían de su voluntad, no de un papel, ni una regla de esas características.

Los emperadores mayas, aztecas o incas, tampoco ejercieron el poder en todo nuestro continente bajo la permisión de un texto, norma o constitución. Nada había en ese momento que separara su autoridad política de su autoridad religiosa, ni mucho menos reglas que le impidieran disponer sobre la virtud de las mujeres, el destino de los jóvenes o la libertad de los súbditos.

La conquista de América, la colonización del África y las incursiones imperiales en el Asia, tuvieron como marco la ley de la selva que fue y sigue siendo el derecho internacional, pero se dieron con mayor libertad dada la ausencia de marcos o límites normativos internos en cada reino. Carlos V o Luis XIV no tuvieron que rendir cuentas de sus actos a un Congreso elegido por el pueblo, no debieron observar reglas de derechos humanos plasmadas en un texto obligatorio para todos, ni observar reglas o procedimientos cuando decidían el destino del Perú, las colonias norteamericanas o Canadá.

Cuando Luis XIV afirmaba que “El Estado soy yo”, lo hacía porque nada le impedía decirlo y porque no existía nada parecido a lo que en este tiempo Enmanuel Macron tuvo que jurar cumplir para ser presidente.

Para todos ellos, la política se ejercía al margen de la Constitución o de algo similar.

La gran conquista de la sociedad contemporánea es haber encausado la política dentro de una norma. Someter la política no ha sido sencillo. Tardó siglos lograrlo. Fueron primero los ingleses quienes a través de su Bill of Rigths arrancaron en 1689 el reconocimiento de sus derechos al monarca inglés. Luego los norteamericanos en su Constitución de 1786 y después los franceses en 1789 a través de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. La Constitución de Cádiz de 1812 fue el primer avance en el mundo iberoamericano, pero duró muy poco ya que en 1814, el rey Fernando vii la derogó para restaurar el absolutismo.

En el siglo XIX la tensión entre política y constitución se mantuvo en Europa a raíz del retorno del absolutismo y en América, a causa del caudillismo militarista post independencia, que buscaba zafarse de los límites, pesos, contrapesos y controles de los flamantes textos constitucionales de las nacientes republicas americanas.

Hitler, Mussolini, Franco, Mao o Stalin son ejemplos globales de como la tensión entre política y constitución ha cedido en favor de la primera durante el siglo XX.  Pinochet, Castro, Velasco Alvarado o Fujimori son ejemplo de esa tensión en el siglo XX latinoamericano, como lo son Chávez, Maduro, Ortega o Morales de la tensión actual. En todos estos casos, la política, en una dirección o en otra, ha buscado imponerse sobre la Constitución.

En la sociedad contemporánea, la libertad de las personas, su dignidad, su patrimonio, sus emprendimientos y su vida, no dependen de la decisión de una persona, están declaradas y garantizadas en una norma que todos deben observar, sobre todo y principalmente los que ejercen el poder. La organización del poder, su separación, su alternancia y la independencia de las instituciones que ejercen el poder no es una gracia del gobernante, sino una garantía pre existente.

En la sociedad contemporánea, donde el imperio es del derecho y no de la fuerza, la tensión histórica entre política y Constitución debe ceder en favor de esta última. En la sociedad libre, abierta y plural, se celebra el triunfo del texto sobre la masa, de la ley sobre el caudillo, de la Constitución sobre el autócrata. Nada bueno le espera a una sociedad que celebre lo contrario. Nada bueno le espera a una sociedad en la cual la política, como lo planteaba Macchiavello, este desprovista de reglas y de ética.

Nada bueno le espera a una sociedad que desata a la política del yugo que le impone la Constitución y que se queda a merced de la voluntad de una persona. Lampadia

Es imposible trazar una línea recta entre el Perú de 2019 y el de 1990. Hoy, a pesar de nuestras limitaciones, somos largamente superiores al país de la última década del siglo pasado. En los años 90 hubo un gran punto de inflexión, un quiebre, que permitió que pasáramos de la condición de un ‘Estado Fallido’, a una suerte de ‘Estrella Internacional’.

Ese quiebre lo dio la Constitución de 1990 y las Leyes Madre: la Ley del Banco Central, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, la Ley General de Minería, la Ley de Promoción Agraria, y otras leyes generales de igual importancia.

Gracias a ese conjunto normativo dejamos de ser un país pobre y nos ubicamos como un país de ingresos medios, pasando de un PBI per cápita de US$ 968 (1990), a uno de US$ 14,200 (2018) PPP. Veamos el siguiente cuadro que compara el Perú del año 1990 y el de 2011:

A pesar de los evidentes éxitos del modelo económico y social generado en los 90s, hay algunos grupos de políticos ideologizados que hablan de cambiar la actual Constitución. Ellos pretenden desconocer los indicadores de bienestar viendo un vaso medio vacío, en vez de uno medio lleno.

Una de las consecuencias principales de la Constitución de 1990, fue el regreso de la inversión privada, que había, prácticamente desaparecido. Esta se consolidó como producto de la Leyes Madre, especialmente en la minería y el agro.

La Ley de Promoción Agraria ha permitido crecer, exportar y generar empleo rural formal de buen nivel de ingresos. Sin embargo, hay quienes pretenden suspender el régimen.

En cuanto a la minería, el presidente Vizcarra ha cometido un tremendo despropósito planteando la necesidad de diseñar una nueva ley de minería. Además, lo ha hecho en medio de un ambiente levantisco y a puertas de un proceso electoral. Una barbaridad sin nombre.

Ya hoy tenemos propuestas de cambio que pretenden regresar la minería a la actividad del Estado, aumentar la tributación minera, que ya llega al 47% de las utilidades, acortar los períodos de concesiones, eliminar la devolución del IGV, dar participación accionaria a las comunidades y delegar el control normativo ambiental a los gobiernos regionales.

Quienes plantean estos desatinos no quieren entender la realidad del bienestar producido por la minería y el gran potencial que nos ofrece. Ver en Lampadia: Para superar la pobreza – Lo que necesitamos es más Minería.

Así como tenemos que cuidar la Constitución de 1990, tenemos que cuidar nuestras Leyes Madre, que son el marco normativo que trae a la inversión privada a cumplir su rol social, invertir, dar empleo de calidad y generar recursos fiscales.

Hoy más bien hay que recuperar la salud de nuestras Leyes Madre, podando la maraña regulatoria que las ha asfixiado, restableciendo la libertad económica y modernizando la normatividad laboral para volver a crecer.

El Estado debe promover la inversión privada y cautelar que opere, respetando las normas correspondientes. Sin inversión privada no hay crecimiento posible, y sin crecimiento no habrá mejoras sociales. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hemos sostenido que el adelanto de las elecciones generales sería desastroso para el país, por las siguientes razones:

• Por la parálisis de la economía que entraña, que ya se siente,
• Porque los novedosos y prometedores Planes de Competitividad y de Infraestructura quedarán en letra muerta.
• Porque podría haber 30 o más candidatos a la presidencia con sus respectivas listas congresales, porque se ha facilitado la inscripción sin que pueda haber primarias obligatorias. Con primarias (2021), no pasarían de 6 u 8 candidatos
• Porque los partidos no tendrán tiempo para seleccionar buenos candidatos al Congreso. Reclutarán a quienes puedan, el nivel será muy bajo.
• Porque sin distritos electorales más pequeños y con voto preferencial, la elección será peor aún.
• Porque los partidos no tendrán tiempo para preparar un plan de gobierno. Será la improvisación pura.
• Porque no da el tiempo para organizar bien referéndum y elecciones. Podría haber muchos cuestionamientos.
• Porque el próximo gobierno podría terminar en la misma trampa de gobernabilidad que afectó a PPK, pues no habrá tiempo para que entren en vigencia las reformas políticas pendientes orientadas a prevenir una confrontación entre Poderes (que sí funcionarían si las elecciones son el 2021)

Pero, además, ocurre que aprobar el adelanto de elecciones, con el pretexto de una crisis hiperbolizada que en realidad ha sido generada por el mismo pedido de adelanto, implica violentar la Constitución, según varios Constitucionalistas.

El constitucionalista Natale Amprimo, en su respuesta a la consulta que le formulara el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, sostiene que no se puede modificar la constitución para alterar aspectos esenciales de ella, que definen la identidad y forma política de la República. Y el periodo gubernamental forma parte de esa esencia. Es una garantía de los límites al poder.  

En ese sentido afirma que “el Proyecto de Reforma afecta gravemente el modelo constitucional peruano, en razón que vulnera el principio de separación de poderes y los derechos políticos esenciales de elegir y ser elegidos, que el modelo constitucional peruano contempla para un período rígido y determinado, que sólo puede ser alterado por la causal específica contemplada en el artículo 134 de la Constitución”. En efecto, el artículo 31 de la Constitución sanciona el derecho constitucional “de ser elegidos y de elegir a sus representantes”. En el mismo sentido se pronuncian otros nueve constitucionalistas[1] en comunicado emitido recientemente. Enrique Ghersi también opina que el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones afecta derechos fundamentales de personas que fueron elegidas.

Amprimo precisa que el proyecto también vulnera el artículo 134 de la misma Carta, que prescribe que, fuera de lo contemplado en tal numeral, “No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario”.

No solo eso, el Artículo 95 de la Constitución Política del Perú señala en su primer párrafo: “El mandato legislativo es irrenunciable”. Además, el Artículo 90 de la Constitución Política del Perú establece que el congresista es elegido por periodo fijo. Señala en su segundo párrafo: “El Congreso se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley”.

Enrique Ghersi sostiene, de otra parte, que nuestra Constitución adoptó la doctrina de los hechos cumplidos (vs los derechos adquiridos): eso quiere decir que no hay retroactividad. Las leyes se aplican hacia adelante, no hacia atrás. El presidente de la República y los Congresistas se rigen por regla del 2016, año en que fueron elegidos. Cualquier cambio se aplica al siguiente periodo gubernamental.

Natale Amprimo fundamenta este punto: “Conforme con el artículo 103 de la Constitución, cuyo texto fue modificado por la Ley Nº 28389, del 17 de noviembre de 2004: “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo”.

Se ha respondido que, en realidad, se trata de una medida transitoria. Pero eso no altera la naturaleza retroactiva de la medida. Por lo demás, como argumenta Ghersi, una disposición transitoria es, por definición, simultánea o contemporánea a la dación de la norma, no posterior. Viene a cubrir una dificultad concreta de aplicación en el momento en que se da la norma. No se puede dar 27 años después.

Natale Amprimo hace notar, además, que “Las reformas que implican suspensión o disminución de derechos fundamentales no pueden someterse a referéndum, como lo prescribe, de manera expresa, el último párrafo del artículo 32 de la Constitución Política del Perú”.

Concluye señalando que “la aprobación del Proyecto de Reforma, reduciendo el mandato congresal resultaría inconstitucional, pues sería transgresora de principios, valores y normativa específica contemplada en la propia Constitución”. Lampadia

En el mundo se discute hasta donde debe llegar el rol de las empresas en la sociedad, tal como lo presenta The Economist en el artículo que presentamos líneas abajo. En el Perú lamentablemente, se dificulta el accionar de las empresas y hasta se pretende sustituirlas por empresas públicas mediante un cambio de Constitución.

The Economist comenta que “más de 180 empresarios, incluidos los jefes de Walmart y JPMorgan Chase, anularon tres décadas de ortodoxia para prometer que el propósito de sus empresas ya no era servir solo a sus propietarios, sino también a clientes, personal, proveedores y comunidades”.

Un gran propósito como dice la revista: “eso suena bien, pero el capitalismo colectivo sufre dos trampas: la falta de accountability [responsabilidad y rendición de cuentas] y la falta de dinamismo”. 

“La rendición de cuentas solo funciona si hay competencia. Esto reduce los precios, aumenta la productividad y garantiza que las empresas no puedan mantener durante mucho tiempo ganancias anormalmente altas. Además, alienta a las empresas a anticipar las preferencias cambiantes de los clientes, trabajadores y reguladores, por temor a que un rival llegue primero”.

“De todos modos, la reacción popular e intelectual contra el valor de los accionistas ya está alterando la toma de decisiones corporativas. Los jefes respaldan causas sociales que son populares entre los clientes y el personal. (…) Todo esto presagia un sistema en el que las grandes empresas establecen y persiguen objetivos sociales amplios, no su estrecho interés propio”.

Excelente análisis, pero nadie discute que las empresas privadas son la base de las economías de sus países.

Lamentablemente acá, no queremos tener las cosas claras y siempre estamos discutiendo lo mismo y hasta tropezando con las mismas piedras.

Nuestros políticos populistas, por no decir todos nuestros políticos, se la pasan criticando a las empresas privadas, y con la ayuda, inconsciente e inconsecuente, de los medios de comunicación, han devaluado la imagen de las empresas. Hoy día, en el sector público y en los medios, se mira al sector privado como una suerte de fuerza de invasión extranjera. Veamos la siguiente información de Vox Populi:

En el Perú, el 80% del empleo lo da el sector privado, responde por el 80 a 90% de la inversión y genera el 90% de los recursos fiscales. La salud del sector privado, que es la suma de grandes, medianas y pequeñas empresas, es crucial para el bienestar de la población.

Hoy, gracias a los gobiernos de Humala, PPK y Vizcarra, la inversión privada está deprimida. Lo mismo pasa con la inversión pública.

En la cola del círculo virtuoso de la primera década del siglo, el 2013, la inversión total llegó al 25% del PBI, unos US$ 55,000 millones. Con inversión pública de US$ 12,000 millones, inversión extranjera de otros US$ 12,000 millones y US$ 31,000 millones de inversión de empresas peruanas, en gran medida medianas y pequeñas.

Hoy día la inversión es menor en unos US$ 20,000 millones anuales, una inmensa diferencia que se puede restar directamente a la lucha contra la pobreza.

Veamos el artículo de The Economist sobre el rol de las empresas en los países más ricos. Lampadia

Grandes empresas, accionistas y sociedad
Para qué son las empresas

La competencia, no el corporativismo, es la respuesta a los problemas del capitalismo.

The Economist
22 de Agosto de 2019

A lo largo de Occidente, el capitalismo no funciona tan bien como debería.

• Los empleos son abundantes, pero el crecimiento es lento
• La desigualdad es demasiado alta
• El medio ambiente está sufriendo.

Es de esperar que los gobiernos promulguen reformas para lidiar con esto, pero la política en muchos lugares está estancada o es inestable. ¿Quién, entonces, irá al rescate? Un número creciente de personas piensa que la respuesta es recurrir a las grandes empresas para ayudar a solucionar los problemas económicos y sociales. Incluso los jefes despiadadamente famosos de Estados Unidos están de acuerdo.

Esta semana, más de 180 de ellos, incluidos los jefes de Walmart y JPMorgan Chase, anularon tres décadas de ortodoxia para prometer que el propósito de sus empresas ya no era servir solo a sus propietarios, sino también a clientes, personal, proveedores y comunidades.

Los motivos del CEO son en parte tácticos. Esperan evitar ataques a las grandes empresas desde la izquierda del Partido Demócrata. Pero el cambio también es parte de una agitación en las actitudes hacia los negocios que ocurren en ambos lados del Atlántico. El personal más joven quiere trabajar para empresas que adopten una postura sobre las cuestiones morales y políticas de la época. Los políticos de varios tonos quieren que las empresas traigan empleos e inversiones a sus hogares.

Por bien intencionada que sea, esta nueva forma de capitalismo colectivo terminará haciendo más daño que bien. Se arriesga a afianzar una clase de CEOs inexplicables que carecen de legitimidad. Y es una amenaza para la prosperidad a largo plazo, que es la condición básica para que el capitalismo tenga éxito.

Desde que se otorgó a las empresas responsabilidad limitada en Gran Bretaña y Francia en el siglo XIX, ha habido discusiones sobre lo que la sociedad puede esperar a cambio. En las décadas de 1950 y 1960, Estados Unidos y Europa experimentaron con el capitalismo gerencial, en el cual las empresas gigantes trabajaron con el gobierno y los sindicatos y ofrecieron a los trabajadores seguridad laboral y ventajas. Pero después del estancamiento de la década de 1970, el valor para los accionistas se apoderó, ya que las empresas buscaban maximizar la riqueza de sus propietarios y, en teoría, maximizaban la eficiencia. Los sindicatos declinaron y el valor para los accionistas conquistó América, luego Europa y Japón, donde todavía está ganando terreno. A juzgar por las ganancias, ha triunfado: en Estados Unidos han aumentado del 5% del pib en 1989 al 8% ahora.

Es este marco el que está bajo asalto. Parte del ataque se trata de una disminución percibida en la ética empresarial, desde los banqueros que exigen bonos y rescates al mismo tiempo, hasta la venta de miles de millones de píldoras de opioides a los adictos. Pero la queja principal es que el valor para los accionistas produce malos resultados económicos. Las empresas que cotizan en bolsa están acusadas de una lista de pecados, desde obsesionarse con las ganancias a corto plazo hasta descuidar la inversión, explotar al personal, deprimir los salarios y no pagar las externalidades catastróficas que crean, en particular la contaminación.

No todas estas críticas son correctas. La inversión en Estados Unidos está en línea con los niveles históricos relativos al PBI, y es más alta que en la década de 1960. El horizonte temporal del mercado de valores de Estados Unidos es tan largo como siempre, a juzgar por la parte de su valor derivado de las ganancias a largo plazo. Las empresas Jam-tomorrow como Amazon y Netflix están de moda. Pero algunas de las críticas suenan ciertas. La participación de los trabajadores en el valor que las empresas crean ha disminuido. Los consumidores a menudo obtienen un mal trato y la movilidad social se ha hundido.

De todos modos, la reacción popular e intelectual contra el valor de los accionistas ya está alterando la toma de decisiones corporativas. Los jefes respaldan causas sociales que son populares entre los clientes y el personal. Las empresas están desplegando capital por razones distintas a la eficiencia: Microsoft está financiando $ 500 millones en nuevas viviendas en Seattle. El presidente Donald Trump se jacta de jefes desconcertantes sobre dónde construir fábricas. Algunos políticos esperan ir más allá. Elizabeth Warren, una contendiente demócrata para la Casa Blanca, quiere que las empresas tengan una licencia de constitución federal para que, si abusan de los intereses del personal, los clientes o las comunidades, sus licencias puedan ser revocadas. Todo esto presagia un sistema en el que las grandes empresas establecen y persiguen objetivos sociales amplios, no su estrecho interés propio.

Eso suena bien, pero el capitalismo colectivo sufre dos trampas: la falta de accountability [responsabilidad y rendición de cuentas] y la falta de dinamismo.

Considere accountability primero. No está claro cómo los gerentes deberían saber qué quiere la “sociedad” de sus empresas. Lo más probable es que los políticos, los grupos de campaña y los directores ejecutivos mismos decidan, y que la gente común no tenga voz. En los últimos 20 años, la industria y las finanzas han estado dominadas por grandes empresas, por lo que un pequeño número de líderes empresariales no representativos terminarán con un inmenso poder para establecer objetivos para la sociedad que van mucho más allá de los intereses inmediatos de su empresa.

El segundo problema es el dinamismo. El capitalismo colectivo se aleja del cambio. En un sistema dinámico, las empresas tienen que abandonar al menos algunas partes interesadas: una cantidad debe reducirse para reasignar capital y trabajadores de industrias obsoletas a nuevas. Si, por ejemplo, se aborda el cambio climático, las empresas petroleras enfrentarán enormes recortes de empleos. Los fanáticos de los gigantes corporativos de la era gerencial en la década de 1960 a menudo olvidan que AT&T estafó a los consumidores y que General Motors fabricaba automóviles obsoletos e inseguros. Ambas empresas incorporaron valores sociales que, incluso en ese momento, eran tensos. Fueron protegidos en parte porque cumplieron objetivos sociales más amplios, ya sea trabajos para toda la vida, ciencia de clase mundial o apoyo al tejido de Detroit.

La manera de hacer que el capitalismo funcione mejor para todos no es limitar la responsabilidad y el dinamismo, sino mejorarlos a ambos. Esto requiere que el propósito de las compañías sea establecido por sus dueños, no por ejecutivos o activistas. Algunos pueden obsesionarse con los objetivos a corto plazo y los resultados trimestrales, pero eso generalmente se debe a que están mal administrados. Algunos pueden seleccionar objetivos caritativos, y buena suerte para ellos. Pero la mayoría de los propietarios y empresas optarán por maximizar el valor a largo plazo, ya que es un buen negocio.

También requiere que las empresas se adapten a las preferencias cambiantes de la sociedad. Si los consumidores quieren café de comercio justo, deberían obtenerlo. Si los graduados universitarios evitan las compañías poco éticas, los empleadores tendrán que ponerse en forma. Una buena manera de hacer que las empresas sean más receptivas y responsables sería ampliar la propiedad. La proporción de hogares estadounidenses con exposición al mercado de valores (directamente o mediante fondos) es solo del 50%, y las tenencias están muy sesgadas hacia los ricos. El sistema tributario debería alentar una mayor participación en las acciones. Los beneficiarios finales de los planes de pensiones y los fondos de inversión deberían poder votar en las elecciones empresariales; este poder no debe ser subcontratado a unos pocos barones en la industria de gestión de activos.

La rendición de cuentas solo funciona si hay competencia. Esto reduce los precios, aumenta la productividad y garantiza que las empresas no puedan mantener durante mucho tiempo ganancias anormalmente altas. Además, alienta a las empresas a anticipar las preferencias cambiantes de los clientes, trabajadores y reguladores, por temor a que un rival llegue primero.

Desafortunadamente, desde la década de 1990, la consolidación ha dejado a dos tercios de las industrias en Estados Unidos más concentradas. Mientras tanto, la economía digital parece tender hacia el monopolio. Si las ganancias fueran históricamente normales y los trabajadores del sector privado obtuvieran el beneficio, los salarios serían un 6% más altos. Si echa un vistazo a la lista de los 180 signatarios estadounidenses esta semana, muchos están en industrias que son oligopolios, incluidas tarjetas de crédito, televisión por cable, venta minorista de drogas y aerolíneas, que cobran demasiado a los consumidores y tienen una reputación abismal de servicio al cliente. Como era de esperar, ninguno está interesado en reducir las barreras de entrada.

Por supuesto, una economía sana y competitiva requiere un gobierno efectivo, para hacer cumplir las normas antimonopolio, para acabar con el cabildeo y el amiguismo excesivos de hoy, para abordar el cambio climático. Esa buena política no existe en la actualidad, pero la respuesta no es empoderar a los jefes de las grandes empresas para que actúen como un conveniente sustituto. El mundo occidental necesita innovación, propiedad ampliamente difundida y empresas diversas que se adapten rápidamente a las necesidades de la sociedad. Ese es el tipo de capitalismo realmente ilustrado. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La coyuntura política ha colocado al empresario Pedro Olaechea como líder del Congreso. En su primer acto pronunció un discurso que todo peruano de bien suscribe y que representa (como no se había visto desde el 2016 ni en los discursos de PPK o KF), el verdadero mandato electoral de ese año: respeto al modelo constitucional, crecimiento económico, inversión y desarrollo para superar la pobreza.  La respuesta que recibió al día siguiente fue un puntapié. El presidente Vizcarra, lejos de buscar el consenso y tomar esa flor para armar en conjunto una agenda por él Perú, siguió el mandato imperativo de la izquierda y anuncio planteó el adelanto de elecciones.

Esta semana, pese al puntapié presidencial, nuevamente Pedro Olaechea ha extendido la mano al Presidente Vizcarra y le ha vuelto a ofrecer una agenda conjunta de trabajo entre ambos poderes, es decir lo que el Perú necesita para que ese 1`365,000 de jóvenes “ninis” que ni estudian ni trabajan, encuentren empleo, oportunidades y futuro. El Presidente Vizcarra, ha aceptado reunirse, pero nada hace pensar que cambie su posición confrontacional luego de la reunión.

¿Cuál es el reto entonces del presidente del Congreso?

¿Debe devolver nuevamente los golpes del Poder Ejecutivo?  ¿Debe dar paso a los pedidos de vacancia de un presidente que negocia con los extorsionadores sociales del Sur y abdica de preservar el orden y la paz? ¿Debe dar cabida a la censura de los ministros ornamentales de este gobierno que sólo secundan y no gobiernan? ¿Debe impulsar las investigaciones a los negocios presidenciales en la Interoceánica de Odebrecht?  ¿Debe fiscalizar los millonarios gastos de publicidad del Poder Ejecutivo en los canales y diarios que silencian los escandalosos audios presidenciales con muertos, violaciones y escándalos de farándula?  ¿Debe fiscalizar los favores presupuestales a gobernadores regionales dispuestos a acompañar en la foto al presidente Vizcarra cada que lanza algún desafío por consejo de su asesor argentino?

Tal vez. Este puede ser un camino.

Sin embargo, a mi juicio no es el mejor camino o por lo menos no debe ser el más importante.

El camino que debería seguir es el de pasar a ser un verdadero líder y conducir al Congreso en una dirección distinta de aquella que siguieron sus tres predecesores. Debe olvidarse de la pequeñez de su bancada y apropiarse de la magnitud del mandato electoral del 2016 con la cual coincide su discurso, voluntad ciudadana a la cual por fin alguien representa y que supera el 70% de los peruanos. Debe asumir el reto de liderar entonces no sólo al Congreso, sino a esa voluntad popular a la que abandonaron primero Kuczynski y Keiko Fujimori en sus absurdas disputas y de la que reniega el presidente

Vizcarra para dejar traslucir el polo que rojo que llevaba adentro, que recién advierte la gobiernista revista Caretas.

En este camino, el presidente del Congreso tampoco debe tener temor a legislar. El Perú no puede darse el lujo de tener un presidente que tenga miedo a gobernar y un líder del Congreso que también tenga temor a legislar. Su reto, por lo tanto, es ese.

• El Congreso debe hacer la gran reforma de la inversión privada que impulse a las pymes como motor de la formalización, la recaudación razonable y la generación de empleo mínimamente digno.
• El Congreso puede impulsar los motores de nuestra economía mediante una legislación promotora de la inversión hidrocarburífera, de las inversiones en energías limpias, de la minería, del turismo y de la agro exportación.
• El Congreso debe detener la asfixia estatal que consume en licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, tasas, inspecciones y estudios previos los escasos recursos de pequeños, medianos y grandes empresarios antes de que se haya producido un sol o se haya generado un solo puesto de trabajo.
• El Congreso debe poner tope al crecimiento de la planilla estatal que se incrementa cada período de gobierno a nivel nacional, regional y local, impidiendo que los recursos vayan a obras y se consuman en gasto corriente.
• El Congreso debe revisar una descentralización de enfoque preferentemente público que no ha atraído inversiones en las regiones y que sólo ha aportado gobernadores y autoridades en prisión.
• El Congreso debe alentar la depuración de la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación ante la inoperancia de las improvisadas reformas impulsadas por el Presidente Vizcarra que han cambiado todo para que nada cambie, dando paso para ello a la tramitación de las acusaciones constitucionales que el artículo 99 de la Constitución permite y bajo cuyo trámite se puede hacer mucho más para enfrentar la corrupción a este nivel.
• El Congreso debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, 6 de los cuales ya han cumplido su mandato.

El Congreso puede hacer mucho más, sin interferir en la labor del Poder Ejecutivo y aún a pesar de él. El reto de Pedro Olaechea es sin duda muy grande. Tendrá que ser un líder sin miedo a legislar. Lampadia

Roque Bravo Basaldúa
Ex secretario general del JNE
Para Lampadia

Los equipos pueden ser extraordinarios, pero si el arbitraje es malo, lo complica todo y el resultado no satisface a nadie.

En el fútbol, si se pretende conseguir un buen nivel competitivo, se requiere de clubes sólidos, dirigentes eficientes y eficaces, los mejores jugadores elegidos según su capacidad técnica y profesional; así como, organismos reguladores y árbitros que actúen de manera imparcial y en cumplimiento de las reglas.

Si no se cuenta con lo anterior, ¿qué sentido tiene apresurarse en realizar el próximo campeonato? Si se hace sin mejorar se tendrá más de lo mismo, malos dirigentes, jugadores mediocres, autoridades y árbitros parcializados e incompetentes, así como resultados insatisfactorios y un nivel competitivo deficiente, esto es, lo contrario a lo que se esperaba lograr.

¿Y qué pasa si no se habla de una actividad económica específica sino del proceso electoral para elegir autoridades? Bueno, ahí la cosa toma color de hormiga porque es un escenario que, se quiera o no, afectará la vida de los más de treinta millones de peruanos. Y vale la pena hacer hincapié en el “se quiera o no” porque muchas veces se escucha la expresión “no me interesa la política porque los políticos no me dan de comer”, cuando la realidad es completamente diferente y se presenta cotidianamente cuando se constata  que un país extremadamente rico en petróleo tiene a sus ciudadanos buscando otros destinos porque no hallan futuro en el propio. Bueno, los políticos no dan de comer, pero las decisiones que toman, afectan, ¡y de qué modo!, ¿o acaso ya se olvidó que millones de peruanos están fuera del país por un motivo similar?

Entonces, se puede presentar una primera conclusión: no se puede ir a un adelanto de elecciones sin solucionar o superar aspectos mínimos que permitan lograr un buen proceso electoral con resultados que se sientan legítimos. Lo demás es pura irresponsabilidad e improvisación que, lamentablemente, abunda en el país.

¿Y qué se debe mejorar para tener un buen proceso electoral? Bueno, el proceso de mejora de toda actividad humana nunca acaba, en este caso se trata de un proceso que tiene casi todas las patas flojas.

Se puede afirmar, aunque ya sin mayor sorpresa, que el sistema electoral se encuentra en crisis y al límite de sus capacidades. Un claro indicio que permite afirmar lo anterior es que se pretenda ampliar el plazo del proceso electoral. El plazo inicial era de cuatro meses o ciento veinte días, por tal motivo, el artículo 134 de la Constitución establece que el decreto de disolución del Congreso contiene la convocatoria a proceso electoral que debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes. Sin embargo, a inicios del año 2017, se modificó la ley electoral para incrementar el tiempo del proceso electoral de cuatro meses, al actual plazo, de nueve meses o doscientos setenta días. Además, en la última propuesta de los tres organismos del sistema electoral se ha pedido ampliar nuevamente el plazo del proceso electoral para alcanzar los doce meses o trescientos sesenta y cinco días.

¿Se puede llevar a cabo un proceso electoral en cuatro meses? Definitivamente no, no se puede. Primero, porque hay muchas cosas que cambiar previamente para tener un buen proceso electoral y asegurar resultados legítimos, de lo contrario pasa lo del último proceso presidencial. Segundo, porque el proceso requiere incluir más actividades y eso exige más tiempo, específicamente, las referidas a la democracia interna, que son clave para la legitimidad de las autoridades elegidas y para fortalecer las organizaciones políticas.

Así, con relación a los cambios que se requiere en los órganos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. De hecho, los órganos del sistema electoral deben mejorar sus procedimientos, proponer cerrar el padrón un año antes de la elección es excesivo, demorar o no resolver las controversias electorales es inaudito y pedir más plazo para imprimir y distribuir el material electoral tampoco ayuda. En el caso de las organizaciones políticas la falta de actualización de sus directivas y de sus padrones de afiliados impide que se adopten decisiones legítimas y representativas del partido; asimismo, la aplicación restrictiva de la democracia interna afecta el corazón mismo de la organización, por ejemplo, como cuando se impide nuevas afiliaciones. En el caso del Poder Judicial o Ministerio Público, la lentitud de sus procedimientos y sus bases de datos desactualizadas, juega, definitivamente, en contra de la sanción e identificación oportunas de los candidatos.

Con relación al incremento de actividades de democracia interna. En un sistema democrático no puede haber espacio social que no respete los principios que lo caracterizan. De hecho, eso incluye a las organizaciones políticas y se ha avanzado cada vez más en su implementación y exigencia, pero falta dar el paso definitivo.

Aquí una segunda conclusión: los cambios necesarios para mejorar el sistema electoral tienen que realizarse antes de convocar a un nuevo proceso electoral, deben ser efectivos y ejecutarse dentro de un plazo prudencial. Y, ojo, no se trata de sacar o eliminar competidores, para nada, las mejoras deben ser asumidas como una tarea de todos y en beneficio de todos, pero deben darse, no se puede seguir con más de lo mismo.

¿El proceso de reforma política favorecía el cambio requerido? El actual proceso de reforma había obtenido algunos logros importantes: la elaboración del padrón partidario por el Reniec, la organización de las elecciones internas por la ONPE y la resolución de los conflictos por el JNE. Lo que muchas veces fue combatido u objetado por algunas organizaciones políticas se ha conseguido mediante las reformas aprobadas y que están pendientes de promulgación por el Ejecutivo. Este es un cambio potente que ejecutado correctamente por los organismos electorales podría significar una reforma sustancial del sistema de partidos políticos.

Una última conclusión: el proceso de reforma está en marcha, pero requiere de tiempo para su implementación, tanto para los organismos del sistema electoral, las organizaciones políticas y los órganos coadyuvantes. Sin cambios reales y significativos no es prudente adelantar ninguna elección. Lampadia

Axel Kaiser
Fundación para el Progreso
Publicado el 20.12.2015

Artículo escrito para Chile, pero aplicable hoy al Perú, dadas las desencaminadas propuestas de nuestras izquierdas con respecto al tema constitucional.

¿Qué tiene en común el populismo con un virus? En primer lugar, que es altamente destructivo. Una vez que logra penetrar las defensas del cuerpo, ya el daño es inevitable, y solo cabe esperar y fortalecer el sistema inmunológico para recuperarse y recomponer todo lo que ha destruido.

En segundo lugar, como un virus, el populismo es contagioso. Tome la idea de la nueva Constitución, por ejemplo. Como bien sabemos, los países serios no hacen nuevas constituciones, salvo en casos de grandes catástrofes, como fueron los casos de Alemania y Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, los países más bien bananeros ven en las constituciones una pócima para solucionar todos los males inimaginables, una especie de acto refundacional que construirá “una casa común” donde todos convivirán en perfecta armonía y abundancia, como si el problema fuera la casa, y no quienes la habitan.

Esta fantasiosa idea, por cierto, es un elemento central de lo que Mauricio Rojas llama “populismo constitucional” y es, ante todo, una construcción de las élites intelectuales. Ya dijo George Orwell que hay ideas tan absurdas, que solo un intelectual es capaz de creerlas.

Pues bien, la idea de que una nueva Constitución resolverá siquiera marginalmente los problemas de los chilenos [peruanos] -delincuencia, salud, corrupción estatal, mala convivencia, malos modales, baja productividad, desempleo, etc.- es una de esas ideas absurdas. Al poco andar, incluso si la nueva Constitución es aprobada por unanimidad, lo que sabemos es imposible, las expectativas depositadas en la quimérica fórmula serán defraudadas y el malestar será doblemente peor que antes de la promesa hecha irresponsablemente por los populistas constitucionales.

El hecho de que esta idea sea altamente contagiosa se prueba en que hace unos años nadie más que una minoría de ultrones habría sostenido que se requería de una nueva Constitución en Chile, menos aun cuando se constata que jamás ha habido un período de mayor prosperidad económica, social y democrática que bajo la Constitución actual.

Se trata de contener el daño que puede llegar a hacer y que, en el peor de los casos, puede terminar con arruinar nuestra democracia liberal para degenerar en un asambleísmo autoritario que socave no solo nuestro progreso, sino, peor aun, nuestras libertades.

Otra manifestación del virus populista es la idea de que el Estado debe hacerse cargo de la vida de las personas y financiarles todo lo que necesiten. Como sabemos, esta idea es altamente contagiosa por la inclinación de los líderes y de los electores a pensar en el corto plazo en lugar del largo plazo. La fiesta dura entonces hasta que se acaba la plata; y cuando llega la resaca, solo queda una estela de desolación que deja a todo el mundo peor que antes de la fiesta. Lo peor, sin embargo, es la destrucción de la moral que se produce, y que consiste en dinamitar la legitimidad de la única forma sustentable de salir adelante: el trabajo duro y la vida sin excesos.

Las promesas de gratuidad de los populistas -que en general reparten llevándose la mejor parte- son un gran engaño, porque jamás se dice a los beneficiados que ellos tendrán que pagarla mediante mayores impuestos, más inflación, deuda pública, menores salarios, más desempleo, etcétera. Pero es peor, porque una vez que se crea la dinámica redistributiva, esta no puede detenerse. Y es que la primera ley de la economía, una disciplina que el populista debe ignorar por ser contraria a su promesa de construcción del paraíso sobre la Tierra, es que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas.

Pero el populista, en lugar de reconocer su demagogia, se va en contra de las instituciones que resguardan la sensatez, como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional.

Así, el populismo va destruyendo las defensas del sistema, como lo haría un virus, hasta que el organismo se encuentra totalmente a su merced. El TC, la libertad de expresión, la economía privada, la sociedad civil, todo eso debe ser sometido a la discrecionalidad del populista para desarrollar su trabajo. Así ocurrió en diversos grados en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. 

Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

Luego de que el Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez  hace unos días dejara en claro que “no se puede coactar a un Poder del Estado”, en clara alusión al Presidente Vizcarra y su intento de exigir que el Congreso legisle como él quiere, quedó más claro que una eventual disolución del Congreso por no haberse aprobado las reformas propuestas al pie de la letra, carece de sustento constitucional. Tiempo atrás el Presidente del Tribunal Constitucional doctor Ernesto Blume Fortini ya había afirmado a propósito de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, que “No caben en la democracia presiones. Lo que cabe es entender que cada institución tiene autonomía, sus competencias y hay que respetarlas, hay que esperar los plazos correspondientes y los temas de fondo, debatirlos con amplitud y sin presiones de ninguna naturaleza”. En la misma dirección se halla la reciente decisión unánime de los 7 miembros del Tribunal Constitucional de apartarse de la reforma judicial, para “dejar a salvo la autonomía, independencia y rol de control constitucional del Tribunal”, así como la toma de distancia del Presidente del Poder Judicial, doctor José Luis Lecaros, lamentando que la reforma judicial este presidida por el presidente Vizcarra, “porque afecta la imagen de la reforma”

En este contexto, disolver el Congreso por no haber respetado las reformas propuestas en su esencia o no haberlas aprobado en el plazo exigido por el Ejecutivo no sería otra cosa que una interferencia abierta en la autonomía de poderes. Un golpe a la Constitución, con todas sus letras, como lo hemos sostenido muchos desde un inicio y como recientemente lo están afirmando las cabezas de las principales instituciones jurídicas del país.

Sin embargo, como las razones constitucionales son irrelevantes frente a las encuestas y a la escasez de conocimiento institucional de un sector de la ciudadanía, es posible que el desatino se cometa y en los próximos días, por las razones políticas que son harto conocidas, se disuelva el Congreso y se vaya a elecciones legislativas. Es decir que se consume un nuevo golpe de estado con el apoyo esta vez de encuestadoras, medios de comunicación, colectivos y obviamente los partidos derrotados en abril de 2016, que no quieren esperar al 2021 para crecer electoralmente.

Conviene entonces recordar las consecuencias de nuestras ideas (parafraseando a Richard M Weaver) y en este caso concreto, las consecuencias de los golpes, ya que es también posible que muchos de los ministros, generales, congresistas, periodistas y burócratas que respaldarían este golpe de estado ya han olvidado algunos datos de la historia más reciente de nuestro país en esta materia.

Aquí los datos.

• En el 2007, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Republica condenó desde 4 hasta 10 años de prisión a los ministros que aprobaron el golpe militar del 5 de abril de 1992. Los ministros sentenciados fueron Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Oscar de la Puente, Jaime Yoshiyama, Alfredo Ross, Víctor Paredes y Augusto Antonioli.  El que recibió la pena máxima fue el Ministro del Interior, general Juan Briones Dávila, quien al término de la audiencia fue conducido a un penal para cumplir su condena. Todos ellos, en su conjunto, fueron condenados a pagar más de tres millones de soles en reparaciones.
• Los ministros Blacker Miller, Vega Santa Gadea y Malca se mantuvieron prófugos del país para evitar la lectura de su sentencia.
• Esta sentencia fue dictada por una Sala Penal integrada en ese momento, nada menos que por el Juez Supremo José Luis Lecaros, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien desechó en ese momento la tesis de que “el golpe de estado fue legitimado por el apoyo popular” porque consideró que tal “tesis de la defensa sería un mal ejemplo para la vida institucional y democrática del país”[i]
• En aquel tiempo, la Fiscalía apelo la condena por considerarla benigna y el procurador del estado apeló la reparación civil por considerarla irrisoria.
• Los generales y miembros de las fuerzas armadas que respaldaron este golpe fueron procesados en otros juicios por este mismo hecho.

¿Comprenderán los ministros, generales, congresistas y periodistas que secundan e instigan al presidente Vizcarra, las consecuencias de todo esto?

¿Se habrán percatado que el rabioso apoyo de los trolls en las redes sociales, los colectivos, los paros y marchas y las encuestas no legitiman los golpes a la institucionalidad constitucional?

Es momento entonces de volver a recordar a Richard M Weaver[ii] en este complejo momento de la vida nacional y recordar que “las catástrofes de nuestro tiempo son el resultado, no de la necesidad, sino de decisiones poco sabias” y que no hay mejor cura que “el correcto uso de la razón humana, la renovada aceptación de la realidad y el reconocimiento de que las ideas al igual que las acciones tienen consecuencias”.

Las reglas de juego democráticas colocaron a PPPK y luego a Vizcarra en el Ejecutivo. Esas mismas reglas colocaron una representación nacional por similar período. Las miserias de unos u otros no nos pueden llevar a patear el tablero. Las reglas de juego y el tablero no lo definen los jugadores, les está dado y lo tienen que respetar, por el bien del juego democrático y constitucional y no para proteger a estos o aquellos. Lampadia

Líneas abajo reproducimos la presentación de José Luis Sardón, Magistrado del Tribunal Constitucional, sobre el desempeño económico y la Constitución. Esta presentación es particularmente relevante, cuando se quieren sembrar dudas sobre el rol del Estado en la economía, como lo ha hecho el propio ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

El producto de la vida económica y social no es casual, sino producto, en gran medida, de la estructura normativa que la define. Las dos últimas constituciones peruanas han producido resultados diametralmente diferentes y hasta opuestos, como puede verse en el siguiente cuadro:

Ver en Lampadia: El ciclo de crecimiento del Perú empezó en 1993.

Como dice el Magistrado Sardón, “Felizmente, la Constitución de 1993 —en el Capítulo I de su Título III— elevó las normas contenidas en ellos —principalmente, en los Decretos Legislativos 668 y 757— a la máxima jerarquía normativa.

Estas normas consolidaron la liberalización de la economía peruana, estableciendo un marco de protección jurídica a lo siguiente:

• Libre iniciativa privada y economía social de mercado;
• Libertad de trabajo y de empresa;
• Límites formales y sustantivos a la actividad empresarial del Estado;
• Prohibición de los monopolios legales;
• Libertad contractual y estabilidad jurídica;
• Libre comercio exterior e igualdad de trato a la inversión extranjera;
• Libre tenencia de moneda extranjera; y,
• Protección al consumidor”.

Recomendamos pues leer la reflexión de Sardón y estar alertas al contrabando ideológico que está detrás de revivir la discusión sobre el rol empresarial del Estado.

José Luis Sardón
Magistrado del Tribunal Constitucional

Buenos días.  Para mí, es muy honroso poder compartir con ustedes una breve reflexión por el vigésimo tercer aniversario del Tribunal Constitucional.  Agradezco a mis colegas por este gentil encargo.

Quisiera centrar esta reflexión en el vínculo que existe entre las Constituciones y la prosperidad de los países.  Especialmente, me referiré a la Constitución de 1993 y su impacto sobre el proceso de desarrollo peruano.

Parafraseando respetuosamente al Nuevo Testamento (Hechos 17:28), podemos decir:

En la economía, vivimos, nos movemos y somos.

Todas las normas constitucionales tienen impacto en la economía. La multiplicación de derechos, por lo pronto, amplía el ámbito de responsabilidad estatal.  Una definición más sobria de estos, en cambio, concentra al Estado en sus tareas esenciales.

Más importante aún, la separación de poderes busca lograr el equilibrio de poderes, para tener así gobierno limitado.  De esta manera, se busca, a su vez, proteger la libertad de los ciudadanos.

Las Constituciones pueden también facilitar o dificultar la formación de los partidos políticos.  Ellos son asociaciones privadas pre-estatales, pero su conducta es afectada por las reglas electorales.

Todas estas cuestiones han sido objeto de estudio en la literatura de la elección pública.  En ella, destaca el trabajo reciente del sueco Torsten Persson y del italiano Guido Tabellini, El efecto económico de las Constituciones.

Al evaluar los pros y contras de la democracia sobre el desarrollo económico, concluyen que “el diablo está en los detalles”: determinados esquemas institucionales potencian el impacto positivo de la democracia en el desarrollo; otros, no.

Particularmente, son relevantes los que facilitan la formación de “capital democrático”, que no es sino la acumulación de experiencia democrática en un país y su vecindario.  Las democracias prósperas son las democracias estables.

¿Qué necesidad había, entonces, de incluir un Régimen Económico en la Constitución de 1993?  La respuesta es clara: se buscaba hacer un segundo intento por alcanzar el fin anhelado por su propulsor original, Ernesto Alayza Grundy.

En la Asamblea Constituyente 1978-79, este propuso incluir normas que evitaran que volviéramos a aventurarnos en reformas estructurales como las de los 1970s.  Lamentablemente, no tuvo respaldo político suficiente.

La Constitución de 1979, por el contrario, consagró tales reformas, incluyendo a las dos más destructivas, la agraria y la de la empresa.  Así, lejos de ayudar a revertir el decaimiento económico heredado del gobierno militar, contribuyó a agravarlo.

Entre 1988 y 1990, la economía peruana se encogió un tercio.  La responsabilidad de ello recae no solo en la Constitución de 1979.  Desde que en 1982 México dejó de pagar su deuda externa, los 1980s fueron conocidos como “la década perdida” de la región.

En 1980, por otro lado, Sendero Luminoso desató una embestida que pretendía aniquilar a la sociedad peruana.  Hubo, pues, factores extra constitucionales —para no hablar de la pésima política económica de la segunda mitad de los 1980s— que incidieron en ello.

Sin embargo, la Constitución de 1979 contribuyó a que ocurriera tal situación, por los conceptos económicos equivocados que contenía y por las reglas barrocas e inoperantes con las que estructuró al Estado.

En 1990, consciente de la necesidad de efectuar una profunda reforma constitucional, Mario Vargas Llosa pidió a los peruanos no solo ser elegido Presidente de la República sino que el Fredemo obtuviera la mayoría de los asientos del Congreso.

Al conseguir solo un tercio, de hecho, quiso declinar su participación en la segunda vuelta.  Con ese nivel de respaldo congresal, pensó, le sería imposible emprender las reformas imprescindibles.

En todo caso, un paquete de decretos legislativos promulgados en 1991 por el gobierno de Alberto Fujimori se inspiró en las ideas del Fredemo.  Empero, ellos empezaron a ser declarados inconstitucionales por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

A mi juicio, ese Tribunal actuó bien: no le competía resolver lo que, a su criterio, sería bueno para el país, sino solo señalar lo que era inconsistente con la Constitución.  Dichos decretos, en efecto, contradecían a la Constitución de 1979.

Felizmente, la Constitución de 1993 —en el Capítulo I de su Título III— elevó las normas contenidas en ellos —principalmente, en los Decretos Legislativos 668 y 757— a la máxima jerarquía normativa.

Estas normas consolidaron la liberalización de la economía peruana, estableciendo un marco de protección jurídica a lo siguiente:

• Libre iniciativa privada y economía social de mercado;
• Libertad de trabajo y de empresa;
• Límites formales y sustantivos a la actividad empresarial del Estado;
• Prohibición de los monopolios legales;
• Libertad contractual y estabilidad jurídica;
• Libre comercio exterior e igualdad de trato a la inversión extranjera;
• Libre tenencia de moneda extranjera; y,
• Protección al consumidor.

Algunas sentencias constitucionales han hecho prevalecer estas normas.  La emitida en el expediente 0008-2003-PI/TC, por ejemplo, defendió la libertad de precios, con los que se logra la asignación eficiente de los recursos productivos escasos de la sociedad.

Empero, el sistema de precios requiere que no haya emisión de moneda.  Desde que el déficit de las empresa estatales fue la causa principal de la inflación de los 1980s, deben destacarse también aquellas que han controlado la actividad empresarial del Estado.

Las sentencias emitidas en los expedientes 00034-2004-PI/TC y 00019-2006-PI/TC marcaron una línea jurisprudencial, que ha sido respetada por las sucesivas composiciones de este Tribunal Constitucional, incluyendo a la actual.

Al insistir en que la actividad empresarial del Estado debe ser autorizada por ley expresa del Congreso, y desarrollada solo subsidiariamente, esas sentencias han apuntalado el equilibrio presupuestal y, por ende, la estabilidad monetaria.

Finalmente, deben destacarse las sentencias emitidas en los expedientes 00018-2003-PI/TC y 00013-2007-PI/TC, referidas a la igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera.

Carlos Adrianzén ha recogido evidencias abrumadoras del contraste existente entre el desempeño del Perú bajo la Constitución de 1993 y el registrado bajo sus predecesoras, en términos de integración comercial con el mundo.

Dentro de los aportes de la Constitución de 1993 al proceso de desarrollo peruano, destacan, pues, la estabilidad de nuestra moneda y la apertura de nuestra economía a los productos e inversiones extranjeras.

Debemos apreciar debidamente los frutos de este marco constitucional.  En los últimos 25 años, los niveles de pobreza y de extrema pobreza se han reducido de 53% a 20% y de 23% a 3%.

Esta reducción ha sido fruto, principalmente, de nuestro crecimiento económico.  En millones de soles constantes de 2007, nuestro PBI de 1993 ascendía a 162,093; en esos mismos términos, el 2018 llegó a 535,255.  Hemos tenido un crecimiento de 228%.

Lo que es más notable aún es que este crecimiento ha sido pro-pobre.  Como han demostrado Gustavo Yamada y Hugo Ñopo, en estos años los hogares más pobres han experimentado un crecimiento varias veces superior al de los más ricos.

Durante este tiempo, el Régimen Económico de nuestra Constitución ha sido, pues, una de nuestras fortalezas.  Empero, nuestra Estructura del Estado no ha facilitado el surgimiento del estado de Derecho.

En una escala vigesimal, en el índice internacional de libertad económica obtenemos ahora una nota de 13.6.  3 años atrás llegamos a 13.9, pero hemos tenido un ligero retroceso.

La explicación radica en el componente más institucional de la libertad económica, Estado de Derecho, en el que apenas conseguimos 08.1.  Dentro de sus sub-componentes, especialmente grave es la disminución en Integridad Gubernamental.

El índice internacional de derechos de propiedad, por su parte, nos da una perspectiva complementaria.  En este, el sub-componente Estabilidad Política es particularmente bajo.  Este es nuestro talón de Aquiles.

Un hecho insoslayable es la volatilidad de los partidos políticos que han llegado al gobierno.  Tres de los cuatro últimos desaparecieron tan rápido como antes habían irrumpido en la escena política.  Una democracia constitucional no puede funcionar así.

La democracia constitucional se caracteriza por la alternancia ordenada de partidos en el poder.  Ello simula —hasta donde cabe— la estructura de la economía de mercado, puesto que implica competencia, pero también un sentido de continuidad en el gobierno.

La democracia constitucional facilita el surgimiento del estado de Derecho, ya que hace que quienes están en el poder traten a los otros como esperan que ellos les traten mañana.  El estado de Derecho implica que todos seamos medidos con una misma vara.

La lección fundamental de la política comparada es, pues, que no hay democracia constitucional sin partidos y sin sistemas de partidos.  Descalificar apresuradamente a estos como organizaciones criminales es abrirles paso a aventuras autoritarias.

Donde no hay partidos, su lugar es ocupado por los grupos de presión, que articulan intereses de un sector de la sociedad, pero sin agregarlos con los del resto.  Un proceso político mangoneado por estos es, por definición, menos transparente.

Debe valorarse debidamente la continuidad en el tiempo de algunas organizaciones políticas y censurarse el aventurerismo de otras.  El dinamismo económico requiere apoyarse en instituciones políticas estables; de lo contrario, no llegará a florecer plenamente.

Debemos revisar el diseño de nuestras instituciones políticas a la luz de lo vivido.  En los últimos 25 años, nuestro crecimiento económico ha sido importante, pero ha podido ser mayor, considerando que teníamos lo que Erich Weede llamó la ventaja del atraso.

Esta revisión, sin embargo, ha de hacerse con cuidado, introduciéndose cambios puntuales muy pensados.  Hacer “fuego a discreción” contra nuestras estructuras políticas es irresponsable y tendrá consecuencias negativas en el futuro.

Roger Scrutton ha dicho: “Las instituciones, una vez destruidas, no pueden ser recreadas.”  Y, parafraseando a Wittgenstein, ha agregado: “revivir una tradición es como tratar de reparar una telaraña con las manos desnudas”.

En todo caso, el rediseño institucional debe hacerse sub specie aeternitatis.  Como dijo John Rawls en su teoría de la justicia, esta perspectiva no es un punto fuera de la historia sino una que puede alcanzarse cuando hay desinterés y pureza de corazón.

Confío en que el amor al Perú nos hará capaces de lograrlo.  Proclamo mi fe en la democracia constitucional y mi esperanza en el fortalecimiento del estado de Derecho en el Perú.

Muchas gracias.

Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Cusco
Para Lampadia

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas, ex alcalde en Moquegua, ex congresista por Solidaridad Nacional y ahora congresista independiente por haber renunciado a PPK, declaró recientemente a la prensa acerca de la conveniencia de que el Estado participe en ‘actividades estratégicas’ entre las cuales mencionó a la actividad portuaria, propuso que el Estado tenga ‘injerencia en los servicios públicos’, que ‘participe en la actividad petrolera y minera’ y afirmó, sin rubor, que ‘no se le debe tener miedo al Estado empresario’. Se preguntó también, para ratificar que no se trataba de un error, ‘¿cuantas líneas aéreas se están instalando en el Perú? eso despierta la inquietud de por qué no tener nuestra propia línea aérea?’

Conviene alcanzar al señor ministro y congresista algunas ideas y datos que lo ayuden a revisar su punto de vista. No me ha resultado difícil hacerlo ya que a inicios de los 90s me gradué de abogado en la PUC con una tesis precisamente referida a la actividad empresarial del Estado en el marco del proceso de regionalización y pude estudiar, las luces y sombras del estado empresario.

Augusto Álvarez Rodrich en Empresas Estatales y Privatizaciones graficó en aquellos años, mejor que nadie, los problemas de las empresas estatales: imprecisión de objetivos, deficiencias en su vinculación con el gobierno, inadecuados sistemas de control, interferencia política, deficiente evaluación de gestión y descapitalización. Uno de los cuadros más ilustrativos en el que figura en la página 31 de este libro, que desnuda los inmensos déficits de la aventura empresarial del Estado:[i]

Este cuadro muestra que en 5 años, los resultados positivos fueros esporádicos, mientras que los resultados deficitarios fueron mayoritarios. El déficit total en el quinquenio fue de 1,653 millones de dólares, a valor de 1989[ii], es decir una cifra mucho mayor a 3,438 millones de dólares a valor presente. En ninguno de esos 5 años, el holding empresarial estatal tuvo resultados positivos, hubo déficit en cada uno de estos años.

Lampadia, en su artículo ZAPATERO A TUS ZAPATOS de la semana pasada incluye entre otros datos, un cuadro del tweet de DIEGO MACERA, Gerente General de IPE, que amplía la perspectiva entre 1970 y el 2018, mostrando el carácter crónico del déficit entre 1970 y 1990 y la persistencia del mismo en los remanentes de la actividad empresarial subsistentes a la Constitución de 1993.

Fue precisamente el concepto de ‘actividades estratégicas’ al que alude el ministro Zeballos el que llevó al general Velasco a crear la mayor parte de estas empresas. Sólo la actividad petrolera del Estado generó entre 1985 y 1989 405 millones de dólares en déficit que pagamos con impuestos directos todos los peruanos, equivalentes a 842 millones de dólares actuales. Para comparar esta cifra con cifras actuales, ese déficit es mayor que el aporte del CANON GASIFERO de los años 2016 y 2017[iii]. Dicho de otro modo, significa no haber recibido canon gasífero por 2 años.

Si revisamos en el cuadro la actividad minera del Estado, también aludida por el ministro, veremos que esta fue la única actividad que generó resultados positivos netos en el período 1985-1989 del orden de los 26 millones de dólares (sumando CENTROMIN y MINERO PERU) cifra que a valor presente significaría 54 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra en azul, equivale apenas al 5.6% del CANON MINERO aportado por las empresas mineras privadas en el año 2018[iv]. Dicho de otro modo: en 5 años las empresas estatales reportaban ingresos equivalentes al 5.6% de lo que aportan las empresas privadas sólo por canon en un año.

Podríamos seguir en el análisis por sectores y actividades y en la comparación de los déficits estatales versus los aportes privados y llegaríamos a la misma conclusión obvia: la actividad empresarial del Estado no genera ingresos ni beneficios y la privatización de estas actividades ha dado resultados positivos para el país. La pregunta es entonces, ¿porque el ministro lanza una iniciativa de este tipo contra una evidencia empírica incuestionable? ¿Como es que ni siquiera matiza su punto de vista con algunas actividades empresariales municipales que debido a la independencia y mercadización de sus procesos de gestión pueden exhibir mejores resultados? [v]

La ignorancia de estas cifras no es admisible en alguien que ingresa al ejercicio del poder. Sería una falta de respeto imperdonable. Sólo queda pensar entonces que se trata de una posición ideológica. La pregunta que se formula el ministro respecto a las líneas aéreas delata esta posición ya que si hay una razón por la cual el Estado no podría ingresar a un sector económico es precisamente porque este tenga muchos actores en juego, no siendo válida la premisa del razonamiento ministerial según la cual el hecho de que haya muchas empresas interesadas en ingresar al Perú nos debería llevar a pensar en crear nuestra aerolínea nacional. Precisamente cuando hay muchos ofertantes de bienes y servicios (que curiosamente no es el ejemplo que cita el ministro) es donde el Estado no puede entrar porque solo puede hacerlo bajo un rol Subsidiario, es decir cuando no haya quien lo haga.

La constitución de 1993 no fue ajena a la tragedia generada por el déficit fiscal que graficó oportunamente Álvarez Rodrich y precisamente por eso, modificó algunos aspectos del Régimen Económico de la Constitución de 1979 y estableció ese carácter subsidiario del estado en la economía y limitó la actividad empresarial del estado.

• ¿Se puede admitir entonces que mi posición ideológica pueda estar en contra de la Constitución?
• ¿Es válido esto para quien es el abogado del presidente?
• ¿Es aceptable esto en quien juró el cargo ante la Constitución?

A nuestro juicio no.

Por eso creemos en este comentario que en justicia hay déficit, no solamente en alusión a las cifras ocasionadas por el estado empresario al que se quiere volver, sino también en el respeto a la Constitución que al parecer sólo sirve para jurar el cargo de congresista y ministro y luego hacer o decir lo que les parece. Si no creen en la Constitución y en sus límites, no la juren y no accedan a los cargos que ella provee y sigan en la cátedra, en la calle o en la política bregando por un modelo diferente. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En los últimos días se ha desencadenado un enfrentamiento político a gran escala entre el presidente Martin Vizcarra y las bancadas congresales que le son hostiles en el parlamento. Este enfrentamiento se ha manifestado a través de la petición de una Moción de Confianza por parte del Ejecutivo que, en una eventual negación, podría derivar en la disolución del congreso.

Gran parte del análisis coyuntural ha sido dedicado respecto a la idoneidad legal de la Moción de Confianza presentada por el presidente y si los términos de la misma son o no constitucionales. Asimismo, el otro foco de atención se concentra en la caracterización ética de los actores involucrados. Se discute vehementemente sobre los atributos éticos de Martin Vizcarra, Salvador del Solar y las bancadas de Fuerza Popular y del APRA.

En este artículo planteamos analizar algo distinto: la relación entre la Moción de Confianza, las Reformas Políticas planteadas y la solidez del modelo económico.

Las dinámicas de desarrollo de un país derivan, en gran medida, del tipo de modelo económico que este logre sostener a lo largo de décadas, siendo el marco institucional y las instituciones quienes restringen el rango de variaciones que los ciclos políticos puedan generarle a dicho modelo a lo largo del tiempo. Es por ello que situaciones excepcionales como la actual coyuntura política abren potenciales ventanas de oportunidad para cambios y alteraciones al modelo económico. A continuación, desarrollaremos esta idea.

Moción de Confianza y el Modelo.

De acuerdo a una encuesta de Mayo del IEP, un 70% de la población aprueba un eventual cierre del congreso. El profundo desprestigio del parlamento hace que la bandera “Cierren el Congreso”, que es sobretodo impulsada por la izquierda, cobre popularidad. El uso de la herramienta de la Moción de Confianza por parte del Ejecutivo requiere de una polarización política contra el parlamento para que maximice su efectividad. La izquierda es el sector político que de manera más orgánica impulsa el cierre del congreso. La polarización contra el congreso genera una coyuntura en la que la izquierda se posiciona del lado de una demanda requerida por un amplio segmento de la población.

Existen dos grandes interpretaciones que pueden extenderse entre la población como resultado de la crisis política actual desencadenada por el caso Lavajato. La población puede interpretar la actual crisis un problema: sistémico o de liderazgo. En caso sea entendido como un problema sistémico, la solución eventual ha de ser igualmente sistémica.

Las fuerzas de izquierda, tratan de desplegar la primera interpretación, con la intención de promover cambios estructurales que se resumen muy bien en frases como “Contra la corrupción Nueva Constitución”, que deja clara la idea de que el actual sistema político es intrínsecamente corrupto. De ahí que las reformas de Vizcarra arrebatan a la izquierda parte de sus banderas de lucha. Con ello, en cierta manera, se reduce el potencial atractivo de la izquierda como único impulsor de reformas para la lucha contra la corrupción.

No obstante, si se rechaza la moción de confianza, la bandera de “Nueva Constitución” como herramienta anticorrupción de la izquierda cobrará un atractivo mayor al considerarla el único camino para reformas políticas. En general, tanto si se aprueba la reforma como si se rechaza, la bandera de “Nueva Constitución” cobra relevancia por su sola discusión y se apalanca de la crisis política para ser la propuesta de solución que tiene la izquierda para los otros problemas que cree intrínsecos al modelo económico: la desigualdad, el control de los medios de producción, la propiedad de los recursos naturales, etc.

Por otro lado, de aceptarse la constitucionalidad de la Moción de Confianza, tal como esta ha sido presentada por el Ejecutivo, se consolidaría un importante precedente. El cual no sería otro que el uso de la Moción de Confianza como mecanismo de modificación constitucional y el consiguiente empoderamiento de la Presidencia como agente constituyente. Lo anterior, haría más fácil futuras modificaciones constitucionales mediante iniciativa presidencial. Así, este mecanismo podría ser utilizado posteriormente para desencadenar, por ejemplo, cambios en el capítulo económico de la constitución por parte de un presidente hostil al sistema de economía de mercado.

Reformas Planteadas y el Modelo.

Entre las reformas planteadas se encuentra la reforma que establece la paridad y alternancia de género en las listas electorales, las cuales serían listas cerradas. De darse esto se incrementaría de manera dramática la participación femenina hasta un valor muy cercano al 50%. Existen diversos estudios estadísticos que muestran que una mayor participación femenina en el congreso incentivaría políticas publicas más afines a la mujer y la infancia. En la izquierda se elevaría la importancia ideológica de la agenda de género la cual es muy relevante entre las mujeres de ese sector político. Los recursos políticos (como espacio en medios y movilizaciones sociales) destinados a impulsar temas de género estarán menos disponibles para impulsar el programa económico de la izquierda.  

Los estudios estadísticos revisados indican que aun cuando puedan existir efectos sobre la composición de gasto, son inciertos los efectos sobre el gasto agregado, por lo que no existe una clara relación entre mayor participación femenina en el congreso y mayor gasto publico.

Las campañas electorales serían más largas producto de las elecciones internas simultáneas y obligatorias que se platean en la Reforma, ello porque las elecciones internas se darían en octubre del 2020. Ello reduce el potencial político de potenciales outsiders al dar más tiempo a las elites políticas y económicas para responder de manera hostil a su surgimiento.  Estas primarias generaran también la necesidad de recursos, por parte de los candidatos a lo largo de un periodo más prolongado. Al menos en el corto plazo para las elecciones de 2021, esto beneficia a los partidos políticos ya consolidados (con inscripciones válidas) y a aquellos con acceso a fuentes de financiamiento público o privado (legal o ilegal).

La ilegalización de aportes de campaña no declarados favorece a quienes dispongan de mecanismos no partidarios de asignar recursos al proceso político. En el mediano plazo uno de estos mecanismos serían las ONG. Esto favorece en la actualidad a la izquierda la cual dispone de un tejido de ONGs con capacidad de incidencia ideológica más denso que el de la derecha.

En Conclusión.

Hay motivos para afirmar el uso de la Moción de Confianza para sacar adelante proyectos de reformas constitucionales por parte del Ejecutivo, genera condiciones políticas e institucionales que facilitarían a los adversarios al modelo económico avanzar su agenda ideológica en caso obtengan la Presidencia. Respecto a las reformas planteadas los efectos sobre la sostenibilidad del modelo son mixtos y dependientes de las características de cada una de estas reformas. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Cusco
Para Lampadia

La Constitución se halla presente en la vida cotidiana de todos los ciudadanos, aunque estos parecen no haberse dado cuenta.

• Apelamos a la Constitución para exigir que nuestro honor, imagen o buena reputación sean respetadas y para obtener rectificación.
• La invocamos para solicitar a la administración pública, información o para formular un pedido.
• La invocamos para crear las asociaciones de vivienda, los clubes deportivos, los frentes de defensa, los gremios empresariales o las ONGs sin autorización previa.
• Los trabajadores la invocan cuando son despedidos, para obtener la reposición o por lo menos la indemnización. También lo hacen cuando exigen su jornada de 8 horas o sus horas extras, porque la jornada máxima está escrita en la Constitución antes que en los panfletos sindicales.
• Los medios de comunicación no solamente la han invocado para preservar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, sino también para lograr que no se afecte su publicidad y sobre todo la que viene del Estado, a lo cual ya hizo lugar el Tribunal Constitucional.
• Los sindicatos la invocan cuando presentan un pliego de reclamos, cuando declaran la huelga y sobre todo, cuando se trata de proteger sus licencias sindicales, sus afiliados, sus cuotas sindicales y la exigibilidad de sus convenciones colectivas.
• Los ciudadanos para poder participar en política como regidores, alcaldes, consejeros, congresistas o gobernadores, para ejercer la democracia que en las sociedades comunistas del partido único no existe.
• La invocan las concubinas para que su unión de hecho sea respetada pese a la ausencia de matrimonio, derecho que no tenían antes de 1993.
• Los empleados públicos todos los años para ejercer la huelga y la sindicalización que no tenían algunas décadas atrás.
• Los padres de familia cuando exigen a las escuelas públicas el derecho de sus hijos a la educación gratuita.
• Los ambientalistas cuando exigen el derecho al medio ambiente equilibrado saludable, que tampoco estaba reconocido antes de 1993.
• Los empresarios para que sus contratos e inversiones sean respetadas.
• Cuando no tenemos que asumir los déficits millonarios de empresas estatales que ya han dejado de existir porque la Constitución acabó con la empresa pública.
• Los universitarios cuando exigen su acceso a la universidad pública y los presupuestos públicos para que se materialice la autonomía universitaria prevista en la Constitución, autonomía que ejercen hasta la autarquía al tomar los claustros por sus reivindicaciones en perjuicios de sus colegas.
• La invoca cualquier propietario cuando la municipalidad, el ministerio o cualquier entidad del estado se la confisca, sin pago alguno, para hacer una carretera o una obra.
• Los colectivos la invocan cuando hacen reuniones, marchas, paros y movilizaciones y cuando denuncian la “criminalización de la protesta”. Ni que decir cuando arrestan a algunos de ellos, donde el derecho a la libertad personal y la proscripción de la detención arbitraria se invocan automáticamente.
• Las lesbianas, gays, trasnsexuales, bisexuales y queers para exigir igualdad y no discriminación.
• Las comunidades campesinas que bloquean carreteras, exigen respeto a su territorio comunal, que no existía antes de que ingrese a la Constitución en 1920, con Leguía.
• Las activistas de género cuando reclaman la igualdad frente a los hombres y cuando piden discriminación positiva a favor de las mujeres o cuotas de género.

La Constitución nos otorga estos y muchos otros derechos, garantías y principios. Pero también se encarga de su principal labor: diseñar el Estado, las instituciones y limitar el ejercicio del poder.

No es aceptable entonces que algunos sectores o algunos ciudadanos, que invocan cada día la Constitución, que se sirven de ella, no la respeten en otros aspectos como estos:

• Cuando señala que el Parlamento se elige por 5 años (y no por el tiempo que le guste a quienes son minoría).
• Cuando establece que los poderes públicos son independientes (y que el presidente no dirige la justicia, ni dice como se legisla).
• Cuando establece que las personas son inocentes hasta que las condenen (y que nadie puede ir preso sin sentencia) o,
• Cuando la Constitución establece que la legislación y la reforma constitucional son atribuciones del Congreso (y no de un presidente urgido por la necesidad se sobrevivir en base a las encuestas).

En ninguna sociedad sana la Constitución es una margarita que se desoja por los ciudadanos y que se aplica en unos casos si y en otros no. En ninguna sociedad sana los ciudadanos sólo invocan las partes de la Constitución que les conviene. En toda sociedad libre, moderna, abierta, democrática y plural, es el principal catálogo de nuestros derechos y al mismo tiempo el principal límite al poder. Su respeto integral es entonces un aspecto fundamental.

La crisis política, superada esta semana con el otorgamiento de la cuestión de confianza solicitada, ha dejado algunas evidencias. La más nítida es que hay sectores políticos para los cuales la Constitución sólo les sirvió cuando les convenía para llegar al poder o ser elegidos, pero una vez en el poder, la destruyen, la desprestigian y la denostan. Una de las lecciones de esta crisis política es identificar a quienes son enemigos de la Constitución, porque ellos son ante todo enemigos de todo aquello que la Constitución nos brinda para la vida cotidiana. Lampadia