Jaime de Althaus
Para Lampadia

El borrador del capítulo laboral del Plan Nacional de Competitividad al que he podido tener acceso gracias a fuentes no gubernamentales, es francamente decepcionante. Es, claramente, un triunfo póstumo del ex ministro Christian Sánchez.

Si bien propone algunos avances en relación a la situación actual, no se aborda para nada el grave problema de la reposición judicial en el trabajo o estabilidad laboral absoluta -que inhibe la contratación formal indefinida de trabajadores- y otras formas de rigidez laboral que nos han colocado entre los países con legislación laboral más rígida en el mundo, desanimando muchísima inversión que podría venir a generar empleo.

Tampoco se enfrenta el problema de los altos costos no salariales del trabajo en comparación al resto del mundo. El Plan no recoge la mayor parte de los planteamientos formulados por los gremios empresariales (CONFIEP, SIN, CCL, ADEX) que en arduo trabajo consensuaron durante meses una propuesta integral unificada para presentarla al Consejo Nacional de Trabajo, y no los recoge pese a que los gremios laborales se abstuvieron de participar. Tampoco incorpora casi ninguna de las propuestas del Consejo Privado de Competitividad ni la interesante fórmula presentada por Macroconsult – Cámara de Comercio de Lima.

Es decir, la sociedad civil peruana ha trabajador por gusto. Se premia a los que boicotean el diálogo y se castiga a los que realizan un esfuerzo serio y laborioso de estudiar, consensuar y formular propuestas.

Todavía estamos a tiempo, sin embargo. El Plan debe ser aprobado esta semana en el Consejo Nacional de Competitividad. Esperemos que allí representantes del sector privado y los ministros vinculados a la producción demanden la incorporación de un conjunto potente de reformas laborales. El país no puede seguir auto engañándose y condenándose al atraso.

¿Qué plantea el borrador del Plan?

La Medida de Política 5.1 pretende abordar la actualización del marco normativo laboral al nuevo contexto tecnológico y productivo, para lo que propone “otorgar mayores contenidos al reglamento del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento de Empleo”, en relación a aspectos tales como:

• La determinación prorrateada mensual de beneficios laborales tras acuerdos con el empleador. El Plan no entra en mayores detalles, pero al respecto tanto el taller de Lampadia como el Consejo Privado de Competitividad propusieron eliminar el piso de 2 IUT para la Remuneración Integral Anual (RIA) de modo que ésta se pueda aplicar a todos. De referirse a eso, sería un avance.
• “La definición de la situación económica habilitante para la terminación colectiva de contratos de trabajo”. Es de esperar que esto se refiera a precisar los requisitos para cesar colectivamente a fin de que no existan interpretaciones antojadizas de la autoridad de Trabajo que siempre concluyen en la negativa a autorizar el cese. De ser así, sería positivo. Pero no se toca el arbitrario mínimo del 10% de trabajadores para un cese colectivo.
• La implementación de un procedimiento de evaluación médica para declarar la invalidez absoluta permanente,
• La digitalización de boletas de pago y otros documentos para el trabajador, entre otros.

La Medida de política 5.2, relativa a la jornada a tiempo parcial, “apunta a permitir la celebración de contratos más acordes a las necesidades de los trabajadores que cumplen jornadas de trabajo a tiempo parcial, sin que esto implique la pérdida o menoscabo de derechos laborales”, pero no entra en detalles. Lo que se propuso en el taller de Lampadia[1] al respecto fue aumentar el número máximo de horas trabajadas a la semana de 24 a 30 horas y modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será Tiempo Parcial el trabajo realizado en menos de 24 (30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.

La Medida de Política 5.3 se refiere a regular el teletrabajo, dado que “las tecnologías de la información permiten a los trabajadores desempeñar muchas de sus funciones desde el hogar e incluso de manera móvil sin que esto implique pérdidas en productividad”. Esto sin duda sería bueno.

La Medida de Política 5.4 propone modernizar el Régimen MYPE pues, “a pesar de que las empresas con menos de 10 trabajadores concentran el 72,4% de los trabajadores asalariados privados al 2018, sólo el 8,0% de los trabajadores formales del sector privado son contratados bajo el régimen especial de la microempresa”. Frente a esta situación, se plantea:

• Revisar la normativa del sistema de aseguramiento y del sistema de pensiones, en el marco de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Sería extraordinario que esto incluya la propuesta de Lampadia y recogida por el congresista Torres de que los ciudadanos puedan aportar parte del IGV que pagan cuando compran al su cuenta individual de pensiones. Pero lo único que el Plan menciona es establecer “la posibilidad de generar “convenios de formalización” que permitan amnistías administrativas para las empresas a cambio de iniciar procesos de formalización”, sin que se sepa de qué se está hablando.
• Crear programas de acompañamiento que permitan el paso de las empresas a la formalidad de manera sostenida.

La medida de Política 5.5 propone mejorar el marco legal de modalidades formativas de los jóvenes con el objetivo de generar una mayor inserción laboral de éstos.

Luego, la Medida de Política 5.6 se refiere a la “Reestructuración de programas de inserción y promoción de empleabilidad” fortaleciendo las capacitaciones en competencias básicas y transversales y reestructurado los programas de empleo del Ministerio de Trabajo. La Medida de Política 5.7 propone modernizar el Servicio Nacional de Empleo a través de la implementación de Centros de Empleo fortalecidos en las 25 regiones del país y el rediseño de las bolsas de trabajo. Más burocracia.

Y, por supuesto, no podía faltar, la Medida de Política 5.8 plantea la “Modernización del Sistema de Inspección del Trabajo” …, con la finalidad de cubrir de mejor forma el amplio número de micro y pequeñas empresas del país.

Las propuestas dejadas de lado

Como decíamos al principio, los gremios empresariales se dieron el trabajo de consensuar una propuesta cuyos puntos básicos fueron:

1. Modificar los mecanismos legales para la desvinculación laboral
2. Eliminar el arbitraje potestativo,
3. Precisar las causales de falta grave laboral
4. Repensar las normas de ceses colectivos,
5. Repensar la regulación para las nuevas modalidades de trabajo

De esos, el borrador del Plan Nacional de Competitividad sólo toma los puntos 4 y 5, sin que sepamos tampoco con qué alcance. Es de notar que los gremios empresariales han sido casi tan tímidos como el gobierno: incomprensiblemente tampoco hicieron propuestas relativas a la reducción de los costos no salariales del trabajo, algo que estaba presente muy claramente en el mismo documento de trabajo de la Política Nacional de Competitividad que el gobierno pre-publicó a mediados del año pasado pero que después no recogió en la Política aprobada el 31 de diciembre. Pero que es indispensable para mejorar la competitividad de la economía y aumentar la inversión y el empleo formal.

Ni los empresarios ni el plan adoptan, por ejemplo, la propuesta del taller de Lampadia para que la CTS funcione solo como seguro de desempleo, con tope de 6 sueldos.

Tampoco recoge el Plan la interesante propuesta de Macroconsult – Cámara de Comercio de Lima, que tiene como concepto central sustituir el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Y, como dijimos, aparentemente tampoco adopta la propuesta de Lampadia de que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado. Sabemos que el MEF la está estudiando. Ojalá se incorpore.

Esperemos que el Consejo Nacional de Competitividad, que debe aprobar el Plan, decida llenar estos vacíos e incluir en el Plan las reformas mencionadas, indispensables para sacar al Perú adelante. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En este último CADE hubo cuatro hechos de la mayor importancia que no han sido suficientemente advertidos por la prensa.

Cero Soborno

Los dos primeros corrieron a cargo del empresariado. El primero fue el anuncio de la creación de la Asociación Civil Empresarios por la Integridad, integrada, en un inicio, por 50 empresarios fundadores, a los que se espera ir sumando un número cada vez mayor. La primera acción concreta de esa Asociación es la iniciativa “Cero Soborno”, que no es una declaración de buenas intenciones, sino un conjunto de procedimientos, protocolos, prácticas y capacitaciones que deberá completar cada empresa participante para asegurar que ninguno de sus gerentes ni colaboradores soborne jamás a un funcionario público o a un juez ni tampoco a empleados de otras empresas. Este es un proceso que viene con certificaciones otorgados por empresas reconocidas.

A nadie se le puede escapar el impacto que puede tener una iniciativa como esta en la reducción significativa de la corrupción en el país, en la medida en que es adoptada por los principales grupos empresariales del país y por cada vez por un número mayor de empresas, incluso medianas y pequeñas, que se irá sumando. Llega, además, en el momento preciso, cuando el gran tema de agenda nacional es la lucha contra la corrupción.    

Un efecto secundario de esa decisión es que le permitirá al empresariado recuperar valor y autoridad moral en el país, que es un paso decisivo en la ruta de avanzar hacia alcanzar la condición de dirigencia nacional auténtica.

Las propuestas del Consejo Privado de Competitividad

En esa línea, el segundo hecho de la máxima importancia y también sin precedentes, fue que en el CADE se presentó el resultado de otra decisión histórica del empresariado: la creación del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compromiso de IPAE en el CADE del año pasado, que, encabezado por Fernando Zavala, entregó a los participantes un libro conteniendo 77 propuestas de reformas para levantar la competitividad y productividad del país, indispensable para recuperar tasas de crecimiento altas que nos permitan sacudirnos del marasmo en el que hemos caído y alcanzar el desarrollo.  Esto también llega en el momento preciso, cuando nuestra economía crece a menos del 4% al año, un ritmo inaceptable que no nos lleva a ninguna parte porque no sirve ni para generar suficiente empleo ni para bajar la pobreza.

¿Think Tank?

La creación del CPC, por medio del cual el empresariado empieza a sumir su rol dirigente, alcanzando propuestas claras y estudiadas para mejorar la competitividad del país, puede ser el detonador de algo que también se planteó en una de las sesiones del CADE, pero que no fuera recogido al final como un nuevo compromiso de IPAE: la conformación de un think tank más amplio y potente que prepare propuestas de política en todos los ámbitos de la realidad nacional. Eso es lo que han hecho los empresarios en Chile, Colombia y otros países, para participar proactivamente y no reactivamente en la construcción de la agenda nacional, a fin de acelerar el camino al desarrollo integral del país. En el Perú es una asignatura pendiente, y esperamos que este año, aunque no haya habido compromiso de IPAE, pueda concretarse.

Consensuar propuestas del Consejo Privado de Competitividad con las del Consejo Nacional

Los otros dos hechos de la máxima importancia estuvieron a cargo del presidente Martín Vizcarra. El primero fue que no solo presentó nueve líneas del proyecto de política nacional de competitividad, sino que saludó el aporte del Consejo Privado de Competitividad y propuso “al empresariado iniciar una agenda conjunta para consensuar el Plan de Competitividad”. Esto es muy importante. Establecer una mesa para ese fin puede instalar una dinámica de relación entre sector privado y Estado que permita empezar a crecer mucho más rápidamente. Nunca lo hemos tenido. Sería una innovación histórica en el país.

Y quizá ayudaría a resolver las posibles contradicciones internas que hay en el Ejecutivo, que han impedido que hasta ahora el Consejo de Ministros apruebe los lineamientos definitivos de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”. Muy bien que ahora se apruebe con participación del sector privado y el CPC.

Como se sabe, el tema que divide al Consejo de Ministros, es el relativo a la reforma laboral, indispensable para formalizar el escandaloso nivel de trabajo informal que tenemos y para facilitar un incremento sustantivo de la inversión privada de todo tamaño, frenada por las rigideces de la normatividad laboral. 

La reforma laboral

Pues bien, el cuarto hecho de la máxima importancia en este CADE fue que el presidente se refirió a esta reforma en términos que despiertan alguna esperanza de que el tema será abordado. Identificó claramente el problema: “una economía competitiva requiere que el mercado laboral funcione de manera eficiente, generando los canales para que el trabajador encuentre un espacio óptimo donde pueda desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, necesitamos de un marco dinámico que permita conectar la fuerza laboral con empleadores que aprovechen su máximo potencial y talento. Más del 50% de las microempresas del país son informales y el 70% de los trabajadores se encuentra ocupado en el sector informal, con una mayor concentración en las microempresas. Este es un reto que juntos, tanto sector privado y público tenemos que afrontar”.

Fue más allá: identificó una de las causas del problema: “Uno de los factores que eleva los índices de informalidad es el alto costo laboral no salarial, que duplica y hasta triplica el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico…”. Y preció el objetivo: “Tenemos que pasar del trabajo informal de baja productividad y sin protección social, a un esquema que promueva el trabajo formal que corrija esta situación”.

Luego se refirió al procedimiento: “…lo haremos por la vía institucional…, construyendo los consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia”.

Aquí viene, por supuesto, la dificultad, que se manifiesta incluso al interior del gobierno. La dirigencia sindical tendría que pensar en cuál es su mejor interés en el mediano y largo plazo, para percatarse que más le conviene una amplia base sindical en un mercado dinámico en el que los salarios suben aceleradamente gracias a que una cantidad mucha mayor de empresas demanda cada vez más trabajadores, como ocurrió en el sudeste asiático, que quedarse aferrada a una legalidad que no lo permite.

El Presidente debe encabezar el Plan de Competitividad

Para ello sería fundamental que el presidente Vizcarra encabece personalmente el liderazgo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Pues el tema es de la mas alta prioridad nacional. El mismo lo reconoció, al notar que “en cuanto a competitividad hemos caído 32 puestos en 7 años, bajando del puesto 36 al 68, en cuanto a la Facilidad para hacer Negocios. Y esto es inaceptable. Nuestro desafío es mejorar el desempeño. Y eso requiere del esfuerzo de todos”.

Comenzando por el suyo, presidente, liderando la ejecución del plan, y concertándolo también, como anunció, con las diversas fuerzas políticas que, al tenor de las declaraciones que ha formulado la mayoría, está dispuesta a aprobar las reformas necesarias. Este es el momento. Lampadia