Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya viene siendo hora de plantear las cosas como son y hablar claro, particularmente en el terreno laboral, donde da vergüenza nacional que el 73.2% de la población ocupada carezca de derechos y sobreviva en la informalidad absoluta, que en algunos casos es una forma de esclavitud moderna, como bien describió un ex presidente de la República.

Fuente:  mundinews.com

El caso del ministro de Trabajo, Alfonso Grados, empieza a ser preocupante, salvo que estemos ante un delicado trabajo de fondo muy bien pensado. En una entrevista publicada el martes 6 de diciembre en La República, explicó que para él el problema principal es “que no podemos continuar con tantos regímenes laborales. Hay régimen para la microempresa, para determinados sectores exportadores, para trabajadoras del hogar y otros…. Lo que yo he planteado es la necesidad de convocar a una comisión consultiva del Ministerio de Trabajo, integrada por personalidades de alto nivel para que puedan hacer una evaluación técnica, social y política de la vigencia de los regímenes laborales privados en el país y que me permita como ministro tener un planteamiento concreto sobre el tema”.

¿Cuál sería la idea? No podemos imaginar que esté pensando en eliminar los regímenes simplificados y flexibles como el agrario, por ejemplo, que han permitido formalizar cientos de miles de trabajadores en el Perú rural, y que más bien debería ser la norma para el conjunto y no la excepción. Quizá una señal críptica de lo que piensa el ministro se advierta en la respuesta que dio a la pregunta sobre la ley General de Trabajo. Al respecto, precisó que en enero introduciría el tema en el Consejo Nacional del Trabajo, agregando que “En paralelo, necesito un trabajo de alto nivel que nos diga la propuesta para aligerar este tema”. ¿A qué se refiere con “aligerar” este tema? ¿Es un eufemismo de “flexibilizar”, o de disminuir la carga de los costos no salariales del trabajo?

No lo sabemos. Pero, de pronto, se atreve a abordar el tema de la reforma laboral y dice lo siguiente: “…la reforma tiene varias aristas. No hay un solo botón que yo apriete y genere una reforma laboral. Si se dan cuenta, tomamos medidas de corto plazo que buscan acelerar procesos y defender al trabajador. Acabo de anunciar la alta comisión para temas críticos. Es decir, estamos avanzando. Pero si lo que se busca es responder al “¿Vuelve o no la estabilidad laboral?”, estamos circunscribiendo el problema a una cosa muy puntual y no es lo correcto. Cualquier transformación laboral de fondo en el país requiere consensos. Queremos trabajo digno para más peruanos”.

Luego de mencionar varios temas que conformarían el complejo de la reforma laboral, llega a la estabilidad laboral. Pero para el ministro el problema de la estabilidad laboral absoluta es “una cosa muy puntual”, es decir, un tema menor, pero acto seguido declara que “cualquier transformación de fondo requiere consensos”. Para concluir diciendo “queremos trabajo digno para más peruanos”. O sea que de repente lo que impide que la mayor parte de los peruanos tengan un trabajo digno es la estabilidad laboral absoluta… ¿Eso es lo que quiso decir?

Ya es hora de hablar claro, repetimos. Sería más sano que el ministro dijera algo así como: “Tenemos una legislación laboral muy onerosa y una interpretación del Artículo 27° de la Constitución[1] que hacen que las empresas no quieran o no puedan contratar trabajadores en planilla, y por eso la informalidad es mucho más alta que otros países de similar desarrollo. Tenemos un marco legal muy rígido y excluyente, y por eso tenemos que discutir y ponernos de acuerdo en el CNT para encontrar salidas…”.

Si esa es la verdad, hay que decirla, sin temores. Se trata de plantear un problema para buscar conjuntamente su solución, en el supuesto de que somos seres racionales capaces de argumentar y resolver problemas. Se trata de invocar la discusión para que de esa discusión salga un nuevo pacto laboral. Por consenso.

El INEI acaba de publicar un informe sobre la informalidad en el Perú. Entre el 2007 y el 2015, el empleo informal, sin derechos de ningún tipo, se redujo de 79,9% a 73,2%. Es decir, en ocho años, pese al acelerado crecimiento económico, solo bajó 6.7 puntos. Es más, entre el 2014 y el 2015, cuando ya no crecíamos tanto, la tendencia se invirtió y el empleo informal volvió a subir (ver gráfico)

Es decir, tenemos que crecer a tasas muy altas para ir reduciendo muy lentamente la informalidad laboral. A ese ritmo, necesitaríamos ¡64 años! para reducir la informalidad laboral a un 20% de la población ocupada. Y eso con  buenos precios para nuestros minerales. Si queremos crecer a tasas altas sobre la base de exportaciones no tradicionales, diversificando la producción y dinamizando el mercado interno, tendríamos que hacerlo sobre la base de la expansión dinámica de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, pero ellas no pueden crecer más allá de cierto punto porque se encuentran con el límite infranqueable de la legislación laboral. Perdemos entonces la mayor fuente de crecimiento, el motor más poderoso, que es la energía de las clases emergentes.

Es lo que comprueba el estudio del Banco Mundial “PERU, Trajectories towards Formality”, de junio del 2008, que verifica que a medida que los negocios crecen, se van volviendo formales en lo tributario y municipal, pero no en lo laboral, debido a los altos costos de la formalidad y a una preferencia por las relaciones flexibles.

Por eso el INEI trae el dato increíble de que el 2012, en pleno crecimiento acelerado, había  muchos menos trabajadores en empresas medianas (8.9%) que en empresas grandes (24.3%). Es decir, no hay una pirámide laboral, sino un reloj de arena, por la sencilla razón de que es muy difícil evolucionar de pequeña empresa a mediana. La escasa formalización ocurrió por expansión de las empresas grandes y no por crecimiento de las pequeñas.[2] 

El Ministro, pues, tiene que plantear el problema tal como es. Pero tiene dificultades para hablar claro o una prudencia política ya patológica, que nos impide avanzar. De hecho, entre los temas llevados por el Ministro ante el CNT, no figuran los fundamentales: cómo reducir la informalidad, elevar los bajos niveles de aseguramiento en salud y pensiones,  incentivar la productividad y flexibilizar el mercado.

Otro ejemplo: ante la pregunta del periodista de si el Ejecutivo aprobará la autógrafa que permite a los trabajadores CAS de EsSalud cambiarse al DL 728, respondió: “Se está analizando internamente la postura del Ejecutivo que saldrá desde la Presidencia del Consejo de Ministros.  Lo debatiremos en este consejo porque hay temas laborales, temas de todos los acápites sociales y sobretodo la generación de un gasto importante para EsSalud. EsSalud no recibe fondos del Estado y sí genera un costo adicional de S/ 300 millones, por lo que tenemos que analizar si es que hay facilidad para generar ese gasto adicional”.

Para el ministro es un problema de fondos, que sin duda es un lado del problema, pero lo central es que se está dando beneficios costosos a cambio de nada. La ley no cambia beneficios por meritocracia. Su respuesta, en todo caso, debió ser: los CAS de Essalud deben pasar al régimen de la ley del Servicio Civil, que está vigente y que otorga todos los beneficios pero dentro de un marco meritocrático de concursos y evaluaciones. Hay que hablar claro. Lampadia

[1] Art 27.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario

La actual propuesta de aumentar la Remuneración Mínima Vital (RMV) no nace de una razón técnica que la justifique, más que por razones políticas. Este pedido surge como una reacción ante el aumento del sueldo de los ministros (mal comunicada por el gobierno), lo que fue aprovechado políticamente para exigir un incremento injustificado. Un incremento de la RMV impacta negativamente al empleo formal, sobre todo en las pyme.

En un escenario donde, el crecimiento de la economía se viene desacelerando, y el ritmo de crecimiento de las inversiones viene decayendo, no debemos poner más trabas al crecimiento, por el contrario, debemos tomar acciones para incrementar el potencial de la economía. Una de ellas es elevar la formalidad, lo cual implica que más empresas puedan acceder a financiación más barata y potenciar su desarrollo, generando con ello mayor empleo. Sin embargo, incrementos en la RMV van justamente en el sentido contrario.

Céspedes y Sánchez (investigadores del Banco Central de Reserva y GRADE) en un reciente estudio, estiman que el incremento de 10% en la RMV reduciría el empleo formal en 2.5% en promedio. Este efecto es diferenciado según el nivel de ingreso. Los empleados que ganan el sueldo mínimo (o cercano a él) son los más afectados, pues las empresas prefieren eliminar dichos puestos antes de incrementar sus gastos en planilla. El efecto es más fuerte en las pymes, mientras que en las grandes es mínimo.

De esta manera, pedido elevar de S/. 750 a S/. 1,250 está fuera de toda realidad (un incremento de 67%). El gremio de trabajadores ha demostrado a través de los años que su agenda está enfocada a mantener y elevar los beneficios de su pequeño grupo y no del gran conjunto de trabajadores del país.  Como señala Elmer Cuba en una entrevista a Lampadia, la CGTP no representan ni siquiera la media, ni la mediana, del mercado laboral.

El mercado es el mejor asignador de precios (en este caso el salario), un buen ejemplo de ello fue lo ocurrido en el mercado laboral del la construcción a finales de la década de los 90s. Recordamos que este gremio fue uno de los más violentos, organizando marchas donde se destruía propiedad pública y privada, era el año 1998, el Perú vivía una fuerte crisis económica, siendo el sector construcción el más afectado. ¿Qué acabó con estas protestas? No fue ningún decreto que exigía un régimen especial para el trabajador, incrementando su salario base o elevando sus privilegios laborales. Nada de eso. Terminada la crisis, la recuperación de la economía creó nuevos empleos. El sector construcción fue uno de los más dinámicos incrementado la demanda de mano de obra significativamente, el salario en este sector se elevó significativamente, y no volvimos a ver más estas violentas huelgas en las calles.

En el Perú, la RMV es establecida en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), donde existe una comisión de Productividad y Salario Mínimo que es la encargada en platear al gobierno las modificaciones en la RMV. Esta comisión no tiene en agenda realizar modificación alguna (Gestión 25.02.2014), lo que confirma que la propuesta del ex – primer ministro Villanueva fue puramente política.

Ponerse de acuerdo con un ajuste del salario mínimo nunca va a tener satisfecho a todas las partes, en este caso una negociación entre los gremios empresariales y los representantes de los trabajadores. En este debate deben prevalecer criterios técnicos y a su vez tener como objetivo incrementar la competitividad de las empresas, para que en largo plazo se generen más y mejores empleos. El Perú ha venido incrementado su productividad, luego de vivir años en el limbo (ver La productividad del Perú en tres tiempos), ese debe ser horizonte que guie las decisiones del Consejo Nacional del Trabajo.

Finalmente, se debe iniciar el debate sobre la posibilidad de una RMV diferenciada por regiones. La propuesta tiene sus bemoles, pero es una alternativa para incrementar la formalidad en regiones cada vez más asociadas a las actividades productivas vinculadas a la exportación como Ica, Arequipa y Piura. Esto podría generar incentivos para que más empresas aterricen en dichas regiones y así elevar la formalización laboral. Lampadia