En los últimos meses, el Perú ha sido víctima de dos grandes escándalos de corrupción que han puesto en evidencia la precariedad de sus instituciones públicas y el comportamiento antiético de sus gobernantes en todos los niveles de Gobierno, llámese nacional, regional y municipal.

El primero, bautizado como el “Caso Lava Jato” por la jurisdicción brasilera, es considerado como el mayor escándalo de corrupción de América Latina, organizado y dirigido por el gobierno de Lula en Brasil y sus socias empresariales corruptas. Según la Corte de Justicia de Estados Unidos, en el Perú, involucró el pago de sobornos por parte de la empresa brasilera Odebrecht a funcionarios públicos por 29 millones de dólares entre el período 2005 y 2014. Asimismo, según el reciente informe de la Comisión Lava Jato del Congreso, se habrían estimado sobreprecios en las obras adjudicadas por más de 3 mil millones de dólares.

Peor aún, desde que se destapó el escándalo en diciembre del 2016, los esfuerzos desde el Gobierno y el Congreso para lidiar con la situación, a través del DU 003 y el PL 1410, agravaron aún más el problema, ya que paralizaron innecesariamente el sector construcción y múltiples obras de infraestructura. En vez del caos con que el gobierno enfrentó el tema, Lampadia propuso designar interventores en las empresas y obras, [Ver: DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones]. Lamentablemente el gobierno no quiso hacer caso y terminamos siendo el único país que paralizó su sector construcción. Fue tal el impacto en la economía peruana por la paralización de dichas obras, que el MEF tuvo que reducir su proyección de crecimiento en el año 2017 en un punto porcentual, reducción que está asociada a 140,000 empleos perdidos y que 320,000 peruanos no hayan salido de la pobreza, según Apoyo Consultoría.

Por otra parte, se tiene el escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o más conocidos como los audios de la “vergüenza”, difundidos desde julio del presente año. En ellos, se dejan entrever conversaciones de jueces y miembros del CNM en el que se revelarían presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimientos de favores o negociaciones de ascensos de funcionarios. Tal difusión puso en tela de juicio la institucionalidad de uno de los más importantes brazos del Estado encargados de velar por los derechos fundamentales de los peruanos, el Poder Judicial.

En esta línea, hubo consenso de que una reforma judicial era necesaria y por tanto, se propusieron diversas líneas normativas desde el Congreso y, recientemente, se instaló como una de las propuestas del referéndum del pasado 9 de diciembre.

Es aquí donde vale la pena preguntarse, ¿Cuál es el status actual de las reformas que permitirán prevenir hechos de similar magnitud en un futuro cercano?

Curiosamente, la atención del Caso Lava Jato en el Perú se ha desviado por completo hacia la investigación de los aportes a los partidos políticos, en particular, la Campaña de Fuerza Popular 2011. Este hecho se ha mediatizado de tal manera que se ha vuelto el centro de gravedad de las preocupaciones del país, con fiscales y jueces dictando prisiones preventivas de manera completamente arbitraria sin considerar el debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados, aún cuando ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que advierten acerca de los excesos de estas prácticas.

Estamos terminando en una ‘justicia plebiscitaria’, que se expresa con lo expuesto por César Hildebrandt en una reciente entrevista con Patricia del Río en RPP en la que indica que “la lucha contra la corrupción no puede ceder en nombre de un garantismo  formalista”, es decir, basta con que el repudio popular sea tal que no importa que no se sigan los procedimientos judiciales habituales, la sentencia de culpabilidad será justa porque será justa “socialmente”. Adiós Constitución y leyes.

Y este punto es vital ya que nos lleva al tema de la reforma judicial, cuyos avances lamentablemente han sido prácticamente inexistentes, justamente porque la atención pública se encuentra empecinada en exigir prisión a la oposición. No es coincidencia que se hayan abandonado las 7 líneas normativas de la reforma judicial que fueron pre-dictaminadas en el Congreso en octubre del presente año. Por otra parte, aún con los escándalos de los audios del CNM, no se ha hecho un proceso de escrutinio de la realidad del Poder Judicial que llevaría hacia la limpieza de los cuadros corruptos. De esta manera, algunas personas empiezan a ver el caso Lava Jato, con todos sus excesos, como una distracción que nos está haciendo olvidar de algo sumamente importante que, a diferencia del escándalo brasilero, es de naturaleza estructural: una débil institucionalidad de nuestro sistema de justicia.

En este sentido, consideramos que un buen primer paso estaba contenido en la primera pregunta del referéndum y por ello sostuvimos una posición del SÍ en ella [ver: Mi voto en el referéndum]. Tal como se puede deducir del escándalo de los CNM audios, consideramos que dicho consejo debe desaparecer, y la nueva Junta Nacional de Justicia, cuya base será la meritocracia en la selección de los jueces y fiscales, permitirá tener mejores capacidades de fiscalización y control de la labor judicial. Sin embargo, ello no es suficiente. El Congreso debe acelerar la promulgación de las 7 líneas normativas que aún están pendientes ya que permitirán tener un sistema judicial más eficiente, transparente y con una mejor labor de cara a los peruanos. La reforma judicial no puede esperar.

En enero próximo el Congreso debería convocar a legislatura extraordinaria para aprobar la ley orgánica de la nueva Junta Nacional de Justicia y los 7 proyectos de ley ya dictaminados, porque sin eso no se puede convocar al concurso para elegir a los miembros de la Junta, y esta no puede dilatar tanto el inicio de sus funciones. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La aprobación del proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la magistratura (CNM) y de los proyectos de leyes orgánicas enviados por el Ejecutivo al Congreso, deberá llevar a un cambio fundamental en el sistema de justicia. Pero para asegurar que eso se traduzca realmente en una limpieza y modernización general de dicho sistema, sugerimos introducir algunas modificaciones en varios puntos. Veamos.

1. SOBRE LA COMISION ESPECIAL QUE REALIZA EL CONCURSO PÚBLICO PARA EL CNM

El aspecto central de la reforma del CNM es la manera de elegir a los consejeros. En ese sentido, es muy bueno el planteamiento de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo.

Artículo 155.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos por concurso público de méritos por una Comisión Especial conformada por el Presidente del Poder Judicial, quien la preside, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.

…

La elección de los consejeros es realizada a través de un procedimiento regulado legalmente, con el apoyo técnico del órgano rector para los recursos humanos del Estado a cargo del servicio civil y la carrera pública. El procedimiento de selección brinda garantías de máxima publicidad y transparencia y promueve la vigilancia ciudadana.

Sin embargo, pensamos que no sería conveniente que ni el Presidente del Poder Judicial ni el Fiscal de la Nación integren la Comisión Especial encargada de realizar el concurso público. Del mismo modo, tampoco es conveniente que ambas autoridades integren la comisión de selección del jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Esto en aplicación del principio general de que no se puede ser juez y parte.

2. NECESIDAD DE NOMBRAR A UNA NUEVA CORTE SUPREMA

El proyecto de reforma constitucional contiene la siguiente disposición complementaria:

Disposición Complementaria Transitoria

ÚNICA. – Revisión a cargo de la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura, elegido bajo la presente reforma constitucional, en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, se encuentra facultado para revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones en trámite efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República conforme a la Resolución Legislativa Nº 016- 2017-2018-CR, en aquellos casos que existan indicios de graves irregularidades.

Esto nos parece muy bien. Pero hay que ir más allá. El nuevo CNM debería estar facultado para convocar, apenas se instale, a concurso público de méritos para seleccionar a toda la Corte Suprema. Algunos de los actuales Supremos podrían ser nombrados si es que alcanzan las calificaciones suficientes. Pero el espíritu debería ser el de buscar una nueva y renovada Corte Suprema de muy alto nivel.

3. REFORMA DE LA CORTE SUPREMA Y LIMPIEZA DE LAS CORTES SUPERIORES

Pero una medida como esa debe ir de la mano con la reforma estructural de la propia Corte Suprema -reforma cuya propuesta no ha sido hecha por el Ejecutivo-, apuntando a una Corte Suprema pequeña dedicada a sentar jurisprudencia y predictibilidad a fin de reducir espacio a sentencias compradas. Pero, como ha señalado Javier de Belaunde, esto no se puede hacer sin una reestructuración de las Cortes Superiores, para apartar de ellas a los jueces superiores corruptos y atraer, a su vez, a magistrados de buen nivel, que ofrezcan las garantías necesarias para que estas Cortes puedan constituirse en últimas instancias confiables.  

De esa manera, el encargo inicial y por única vez al nuevo CNM debería incluir no solo concursar una nueva Corte Suprema, sino también a los presidentes de las Cortes Superiores. Y ratificar a la brevedad posible a todos los jueces superiores de la República.

Paralelamente, la implementación de la propuesta Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en lugar de la OCMA y la Fiscalía de Control Interno, permitiría avanzar en la limpieza y renovación de las Cortes Superiores –muchas de ellas hoy imbricadas con el crimen organizado. Esta Autoridad, cuyos miembros serán elegidos también por concurso público, tendrá asignada una policía especializada precisamente para destapar redes de corrupción en los distritos judiciales más infectados y para detectar mafias de abogados que acuden a los estudios de abogados ofreciendo sacar sentencias favorables a cambio de pagos y sobornos. Y el nuevo CNM debe terminar la tarea, nombrando buenos jueces y fiscales superiores.

4. EMPODERAR A GERENCIA GENERAL PARA DESIGNAR JUECES SUPERNUMERARIOS Y MEJORAR GOBIERNO

Al mismo tiempo, debería revisarse la manera de designar a los jueces supernumerarios. Estos no deberían ser escogidos por los presidentes Cortes Superiores –para prevenir que se escoja a amigos funcionales a la venta de sentencias, como ocurrió en la Corte del Callao- sino por la gerencia general, debidamente reforzada y empoderada. Las plazas de supernumerarios deben ser fijadas por la gerencia de modo que se acceda a ellas por concurso público y no por medio de trueques con el Presidente de la Corte.

5. LA AUTORIDAD DE INTEGRIDAD Y CONTROL DEBE SER REALMENTE AUTONOMA

Aquí hay que llamar la atención sobre un hecho que hay que tener muy claro. Hoy la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) es la última rueda del coche en el Poder Judicial: tiene computadoras viejas, muchas inservibles, servidores paralizados, y carece de recursos. Y la razón es clara: al Poder Judicial no le interesa una OCMA fuerte precisamente porque no está organizado para servir a la ciudadanía sino para que sus funcionarios obtengan, en muchos casos, beneficios personales a través de la venta de sentencias o de velocidad en el trámite. Es una entidad patrimonialista basada en redes de reciprocidad de favores.

Entonces el corolario de esto debería ser que el control disciplinario y funcional de los jueces y fiscales no debería hacerlo una oficina interna, sino externa. Una suerte de superintendencia autónoma. La propuesta del Ejecutivo, enviada como proyecto de ley orgánica, encuentra una fórmula intermedia:

“Artículo 102°.- Función de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La Autoridad Nacional de Integridad y Control es el órgano del Poder Judicial, con autonomía administrativa, funcional y económica de conformidad con la ley, que tiene como funciones la prevención, supervisión, investigación, sanción y control de los aspectos disciplinarios y funcionales de Jueces de todos los niveles, funcionarios, servidores o empleados del Poder Judicial.

Es decir, es un órgano del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero tiene autonomía administrativa, funcional y económica. Habría que ver, sin embargo, qué significa o en qué se concreta eso cuando de todos modos se encuentra dentro del pliego presupuestal de ambas instituciones del sistema de justicia.

No obstante, algo que sí puede garantizar una cierta autonomía es la manera en que se nombra al jefe de la Autoridad:

Artículo l 03°. – Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La persona que ejerza el cargo de Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial es designada mediante concurso público de méritos,’ por un plazo de siete (7) años.

….

La Comisión de Selección del Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial está conformada por el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. La participación en la Comisión de Selección es indelegable.

La Comisión de Selección cuenta con una Secretaría Técnica a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

En la medida en que el jefe de esta Autoridad no es designado por el Poder Judicial (o el Ministerio Público en su caso) sino por esta Comisión de Selección (de la que habría que retirar al presidente del Poder Judicial y al Fiscal de la nación, como hemos dicho), y que su cargo dura 7 años de modo que no es removible por el Poder Judicial sino que solo por el Congreso “por falta grave debidamente acreditada mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros”, su autonomía y estabilidad quedan garantizadas.

Sólo quedaría por asegurarle los recursos. Una manera de hacerlo sería señalar en la ley un porcentaje determinado del presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público para esta Autoridad. De otra manera, corremos el riesgo que tenga autonomía, pero sin capacidades efectivas. Podría morir de inanición. 

6. ELIMINAR BLINDAJE A JUECES Y FISCALES Y PREVENIR REPOSICION DE POLICIAS

En el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hace falta incluir un artículo orientado a modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. Al mismo tiempo, debe aprobarse una ley que permita la separación de policías por falta de idoneidad sin necesidad de adjuntar pruebas plenas y que estas decisiones administrativas no puedan ser objeto de revisión o revocación por parte del Poder Judicial. Debe verse la manera, entonces, de autorizar un cierto grado de discrecionalidad en las decisiones de pase al retiro por parte de la institución policial.

7. ELIMINAR MONOPOLIO DE COLEGIOS DE ABOGADOS

Como parte de la reforma del Sistema Judicial, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para “incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía”. Contiene un conjunto de exhortaciones a los colegios de abogados a fin de que promuevan y aseguren el ejercicio ético y responsable de los abogados. Se establece la obligación, por parte de dichos Colegios, de evaluar de manera exhaustiva el conocimiento que tienen los profesionales que desean incorporarse al gremio sobre los valores, principios, normas y buenas prácticas del ejercicio responsable de la profesión del abogado, realizar campañas para promover la denuncia ciudadana de los actos que afecten dichos valores y buenas prácticas, promover la organización de mesas, talleres, seminarios u otras actividades y garantizar que las denuncias contra los abogados, tramitadas a solicitud de parte o de oficio, se resuelvan de manera expeditiva y especializada, para lo cual deben contar con el número necesario de comisiones, secretarías, tribunales u otros.

Pero esas disposiciones pueden quedar en letra muerta porque no hay sanción en caso no se cumplan. A nuestro juicio, la única manera de asegurar que los colegios de abogados cumplan su esencial misión de asegurar el comportamiento ético de los abogados, es, como propone Enrique Ghersi, eliminar el monopolio de los colegios de abogados existentes. Es decir, que puedan conformarse libremente asociaciones o colegios de abogados a los cuales los abogados puedan afiliarse. La colegiatura seguiría siendo obligatoria, pero no a un determinado colegio de abogados sino al que cada abogado escoja. Así, habrá algunos colegios más exigentes y prestigiosos que otros, que realmente ejercerán la función de control ético de la profesión. Habría que modificar, en ese sentido el Artículo 15 del proyecto de ley.

8. ORGANOS DE GOBIERNO Y GERENTES DE SERVIR

El sistema de gobierno en el Poder Judicial no es funcional, y favorece la corrupción. La Sala Plena de la Corte Suprema debería tener funciones solo jurisdiccionales, no administrativas. El presidente de la Corte Suprema –del Poder Judicial- sí debería tener una función vinculada a la reforma y desarrollo de la institución, al cumplimiento de los planes estratégicos. En ese sentido, su periodo debería durar 4 años en lugar de 2.

Al mismo tiempo, la gerencia general debería ser empoderada y desempeñada por un gerente público de SERVIR. Todos los gerentes deberían ser gerentes públicos de SERVIR, salvo que se consiga a administradores privados con muy altas calificaciones.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por su parte, no debería dedicarse a tomar decisiones administrativas menores que corresponden a la gerencia y tampoco debería seguir siendo la segunda instancia de la OCMA en los casos de los jueces y secretarios sancionados por ésta. Y debería aprovecharse para revisar su conformación, que no es funcional. Hoy está integrado por tercios –dos elegidos por los jueces de primera instancia, dos por los jueces superiores y dos supremos. Habría que preguntarse si no sería bueno que esté conformado por representantes designados por la Corte Suprema pero también por el Congreso y el Ejecutivo.   

9. MERITOCRACIA Y REINGENIERÍA

Para pasar de un sistema de redes de corrupción a uno meritocrático, resulta fundamental disponer la implantación de un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado incompetente, y que sirva asimismo de base a las ratificaciones del CNM, cuya frecuencia quizá debería acortarse.

De otro lado, debería aprobarse una ley que modifique la ley de carrera del trabajador judicial en el sentido de que dicha carrera tenga un carácter meritocrático, disponiendo al mismo tiempo racionalizar el servicio administrativo del Poder Judicial, donde hay la excesiva cantidad de 8 administrativos por juez. El número de trabajadores jurisdiccionales y administrativos crece a razón de mil por año, una inflación insostenible que favorece la corrupción y el descontrol.

En ese sentido, debería autorizarse a la Sala Plena o el Consejo Ejecutivo a contratar y empoderar a una empresa de reingeniería de procesos o de inteligencia de negocios para llevar a cabo la reingeniería y modernización interna completas del Poder Judicial. Esto, junto con la digitalización de los expedientes judiciales, es fundamental para multiplicar la eficiencia y productividad de los jueces (y fiscales) y reducir al mismo tiempo el espacio para la corrupción 

10. OTRAS MEDIDAS

Hay un conjunto de otras medidas complementarias que ya no formarían parte del paquete legislativo actual pero que deberían ser implementadas por el sistema de justicia. Ellas son:

• Implantación de expediente digital, incluyendo en área penal
• ‘Oralización’ en todas las ramas judiciales
• Impulsar el arbitraje civil y penal
• Llevar a cabo talleres con jueces en todo el país para discutir una versión resumida del libro de Jaris Mujica “Micro-políticas de la corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, 2011. Lima, Asociación nacional de Rectores, y elaborar cursos de acción y cambio a partir de esa discusión.
• Exhortar a los estudios de abogados a firmar un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar.
• Distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. 
• Reducir o eliminar dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado y retirar del aparato público a todos aquellos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, así como a aquellos que resulten excedentarios luego de los procesos de simplificación administrativa, desregulación y reingeniería, a fin de reorientar esos recursos al fortalecimiento del sistema de justicia.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Algunas de las propuestas del presidente Martín Vizcarra en su discurso de 28 de julio tienen el potencial de lograr un verdadero cambio de era en el Perú, de pasar a una sociedad gobernada por la ley. Nos referimos a la reforma constitucional orientada a elegir el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por concurso público y aprobarla mediante referéndum, en la medida en que dicha reforma sea la punta de lanza de una serie de medidas que apunten a cambiar las características básicas -el neo patrimonialismo y el favoritismo- del Estado pre moderno que tenemos, por la meritocracia y la imparcialidad, elementos clave del Estado moderno. Significa pasar de organizaciones basadas en redes personales de intercambio de favores y, en ocasiones, de venta de decisiones, a organizaciones basadas en los méritos y en la evaluación de resultados. 

No toda estructura tradicional es mafiosa. Es normal y correcto que en una familia o en una comunidad campesina o en un grupo de amigos prevalezcan los lazos de lealtad y reciprocidad mutuas. El problema se presenta cuando trasladamos los valores familiares, comunales o amicales al manejo de la institucionalidad estatal. Esa es la realidad de muchas entidades públicas en el Perú, desde gobiernos locales y regionales hasta el Poder Judicial, pasando por algunos ministerios. Las “islas de modernidad”, que funcionan sobre la base del mérito, la evaluación del cumplimento de metas y la aplicación de la “razón técnica” a la solución de los problemas, son escasas.

No solo eso. En la medida en que, desde los 2000, lanzamos un proceso de descentralización sin amarrar bien los controles centrales y transferimos ingentes recursos a los gobiernos sub-nacionales, lo que ocurrió fue que mafias se organizaron para extorsionar las obras, proveer bienes y servicios y eventualmente tomar los propios gobiernos locales o regionales para apropiarse de recursos públicos. En ese momento las tradicionales redes familiares, amicales o de compadrazgo se transformaron en redes para el delito. Se intersectaron, por ejemplo, con organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, que cooptaron redes de policías, fiscales y jueces en varias Cortes Superiores del país.  

Este proceso se vio agravado por la fragmentación política derivada de la disgregación del sistema de partidos. En cada nueva elección una proporción cada vez menor de alcaldes pertenecía a partidos nacionales, de modo que ni siquiera dichos alcaldes estaban sujetos algún tipo de control derivado de la pertenencia a un grupo nacional. El país se feudalizó. Incluso a nivel del sistema de justicia, la influencia que entes tenían los partidos políticos en él pasó a ser ejercitada por organizaciones criminales.   

Por eso, la introducción del principio meritocrático en el sistema de justicia sería un avance gigantesco, un cambio fundamental. La elección del CNM por concurso público de méritos, en ese sentido, es clave. Pero tiene que estar bien hecha, para que logre atraer a los mejores. Un nuevo CNM que reclute jueces también de manera realmente meritocrática, rompería, a su vez, el sistema de selección de fiscales y jueces por redes amicales, familiares o políticas. Por supuesto, como hemos reclamado, esto tiene que venir acompañado de otros elementos:

• Un sistema serio de evaluación del desempeño de policías, fiscales y jueces, que no existe
• La digitalización y oralización de los procesos
• Una Corte Suprema pequeña dedicada a sentar jurisprudencia y predictibilidad –para reducir espacio a sentencias compradas
• Un proceso de depuración de la Policía Nacional, que requiere una ley que cuyo proyecto ser elaborado y presentado al Congreso
• También supone una reforma radical de las escuelas de la Policía, que no solo padecen una muy baja calidad académica, sino que son la puerta de entrada de delincuentes al cuerpo policial.

Liderazgo presidencial y del ministro de Justicia

El presidente Vizcarra no entró en estos temas, pero si anunció un proyecto de ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia presidido por él mismo e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Si el presidente mantiene el liderazgo en esta reforma integral –que incluye la de la Policía- podremos esperar resultados. Pero en la medida en que la secretaría técnica de ese Consejo estará en el ministerio de Justicia, se requiere que el ministro de esta cartera tenga el peso y la capacidad para liderar también la gran reforma. Esto es crucial y sin duda en este momento es una incógnita, por decir lo menos.

Limpiar las Cortes Superiores

Por supuesto, como bien ha señalado Javier de Belaunde, no se puede reformar la Corte Suprema como queremos si no se limpia las Cortes Superiores, pues, como decíamos, hay distritos judiciales tomados por la mafia. En ese tema podemos ser optimistas, porque el presidente anunció además un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en lugar de la OCMA y la Fiscalía de Control Interno. Sus miembros serán elegidos también por concurso público, y tendrá asignada una policía especializada precisamente para destapar redes de corrupción en los distritos judiciales más infectados. Esto es fundamental. Y el nuevo CNM debe terminar la tarea, nombrando buenos jueces y fiscales superiores.

Faltó, sin embargo, anunciar un proyecto de ley para modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales.

Distritalizar la justicia penal

Y es claro también que aún no se coloca en la agenda gubernamental la necesidad de distritalizar la justicia penal, integrando en un solo local municipal o en la comisaría a un fiscal, un juez y una carceleta, a fin de acabar con la impunidad y reducir la altísima victimización por delincuencia común. Si esto va de la mano con Barrio Seguro y Vecindario Seguro, tendremos grandes avances en seguridad ciudadana. El presidente podría liderar una cruzada llamando a los alcaldes y comisarios a reunirse en los comités de seguridad ciudadana para elaborar y ejecutar estos planes. 

Reforma del servicio civil

Ahora bien, la modernización y la limpieza no son solo las del sistema de justicia. Es la del Estado en su conjunto. Para ello, un elemento central es la instauración del nuevo régimen de la ley de servicio civil en todas las entidades públicas. Es decir, la implantación, acá también, de la meritocracia. Este proceso clave perdió apoyo político durante la etapa del presidente Kuczynski, pero el Premier Villanueva, en su discurso al Congreso, le devolvió la prioridad perdida. El presidente, sin embargo, no lo mencionó en su discurso. Esperemos que esto no signifique que no lo considere fundamental, porque este es el típico cambio complejo y difícil de hacer que requiere de mucha tracción política. El presidente debe exigirlo a los ministros y a los gobernadores regionales.  

Reforma de la descentralización

Esto es particularmente importante para los gobiernos sub-nacionales pues, como decíamos, el proceso de descentralización que hemos tenido ha llevado a que el Estado central haya perdido autoridad y control sobre el territorio, que ha sido ganado en medidas diversas por mafias de distinto tipo. Entonces se requiere una reforma de la descentralización que reconstruya la autoridad central. 

Al respecto, el presidente anunció que el presupuesto total para los gobiernos regionales y locales pasará del 30% aproximadamente al 40% en el 2019 (lo que no se dice es que, en realidad, el presupuesto de inversiones es alrededor del 65% del total de la obra pública). Pero no precisó con qué medidas de control y monitoreo del gasto vendrá acompañada esta mayor transferencia, a fin de que no sirva solo para incrementar las arcas de la corrupción. Sí explicó que “nos proponemos delimitar con mayor claridad las competencias y las responsabilidades”. Esto es fundamental, sobre todo en la medida en que implique un fortalecimiento de la capacidad rectora y de control del gobierno central.

Pero habría que ir más allá, fortaleciendo la competencia del gobierno nacional en el manejo de recursos estratégicos tales como el desarrollo minero, forestal o la pesca. Y debería rescatarse y poner en práctica la reingeniería del Seguro Integral de Salud (SIS) que llevó a cabo el Dr. Moisés Rosas cuando estuvo a cargo de esa entidad.

No solo eso. Debe autorizarse al gobierno central a intervenir en la gestión de los gobiernos sub-nacionales en casos de extrema deficiencia o necesidad, y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades regionales y locales.

Un avance importante desde el punto de vista de la recuperación del control central, es que desde setiembre las Oficinas de Control Interno de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, pasarán a depender directamente de la Contraloría General de la República y ya no de sus dependencias originales. Esto será útil siempre y cuando la Contraloría vaya sustituyendo las auditorias de cumplimiento de normas, que solo sirven para inhibir a los honestos, por auditorías de gestión o de desempeño, de la mano con el avance de la reforma del servicio civil y de los presupuestos por resultados. 

Un elemento importante es tener un Plan Nacional de Infraestructura, para que los proyectos respondan a una priorización técnica y no política o una tan discrecional que favorezca la corrupción. Al respecto, el presidente anunció que se pondrá en marcha el Plan Integral Multianual de Infraestructura a nivel regional y Programas Integrales de Mantenimiento de Infraestructura a nivel provincial.

Por supuesto, la reforma política es clave para reconstruir la unidad del Estado nacional y mejorar las estructuras de gobernabilidad.

Informalidad

Reducir los espacios para la corrupción implica también simplificar los trámites para obtener cualquier licencia o autorización y reducir sustancialmente la carga regulatoria. El presidente no habló de esto, pero sabemos que en la PCM se está avanzando en estos campos.

Esto incluye también las cargas sobre la empresa y el trabajo, a fin de reducir la informalidad. Pues la frontera entre la informalidad y la ilegalidad es difusa. Si la mayor parte de los peruanos y de las empresas desarrollan sus actividades fuera de la ley, significa que no hay imperio de la ley. Esto se debe, en parte, a que la ley es muy onerosa, impone cargas insoportables, exige obligaciones incumplibles.  Necesitamos, entonces, una ley atractiva, inclusiva. Una reforma de la regulación. De eso habló muy poco el presidente. Dijo que se estaba trabajando en la “formalización de las empresas y nuestro mercado de trabajo”, pero no dijo cómo, salvo el anuncio de que “se masificará el uso de comprobantes de pago y libros electrónicos” y “se implementarán medidas que creen incentivos a las personas naturales para demandar comprobantes de modo que se conviertan en socios del Estado en el proceso de formalización de las actividades económicas”. La reforma laboral sigue siendo el gran tema pendiente.

En resumen, para dar el salto histórico a la implantación del imperio de la ley en todo el territorio y ahogar a la corrupción, es necesario atacar las redes ilícitas en todos sus frentes para no dejar resquicio a la reagrupación del mal, implantar la meritocracia en todo el Estado y reformar la descentralización, la política y la legalidad. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente Martín Vizcarra ha sorprendido positivamente yendo más allá de lo que se esperaba. Es claro que ha decidido asumir un liderazgo fuerte para sacar adelante la reforma del sistema judicial e incluso la reforma política, y hacerlo de la mano de la ciudadanía. Por eso ha propuesto llevar a referéndum varios temas vinculados a esas reformas. Ello está muy bien para el caso de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura –por concurso público de méritos-, pero en los temas de reforma política planteados, si no es posible llevar a cabo un debate público realmente esclarecedor que involucre a la mayor parte de la ciudadanía y una masiva campaña de medios –ahora prohibida por la ley Mulder- que explique las reformas propuestas, la convocatoria a referéndum terminará siendo un alarde de populismo político con consecuencias que pueden ser negativas para la consolidación de la institucionalidad política en el país.  

Consejo Nacional de la Magistratura, Control y lo que falta

Es muy bueno el planteamiento de consultar por referéndum la reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo. Y muy bueno también que “se autorice la revisión de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura cuyos integrantes fueron removidos por el Congreso”, como demandó Fausto Salinas en Lampadia.

Este cambio es clave, pero debe ir de la mano con la reforma de la Corte Suprema, que no ha sido detallada, y con la reforma del control interno, porque no basta nombrar fiscales y jueces supuestamente idóneos, sino que es necesario depurar la magistratura tantos años infectada, detectar las redes internas de corrupción vinculadas a organizaciones criminales de usurpadores, nacotraficantes, extorsionadores y otras, y prevenir que esas cosas no ocurran a futuro. Se necesita para eso una oficina de control con capacidad de investigación de inteligencia en las Cortes Superiores, muchas de ellas cooptadas, como decimos, por redes ilícitas externas de diverso tipo.

Al respecto, el Presidente anunció un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en reemplazo de la OCMA y de la Fiscalía de Control Interno. Se trataría de “un verdadero sistema especializado interno de anticorrupción donde sus titulares sean elegidos por concurso público”. Agregó que “el Poder Ejecutivo se comprometerá a asignar una policía especializada para el apoyo de su labor; promoviendo un control preventivo identificando las áreas posibles de riesgo”. El propio Poder Judicial, en el Plan de reformas que acaba de publicar, propone crear una “Oficina de Investigaciones especiales” integrada por investigadores especializados para indagar sobre redes de corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y fortalecer el sistema de protección del denunciante.

Muy bien. Parece que vamos por buen camino en el tema de la reforma del sistema judicial. Faltó, sin embargo, anunciar un proyecto de ley para modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. También faltó incluir propuestas para la reforma y depuración de la Policía Nacional, algo que requiere acuerdo político y una ley  a fin de que los policías cesados no sean repuestos por el Poder Judicial precisamente.  

La no reelección de congresistas sería un grave error: populismo político

El problema está en la reforma política. El Presidente anunció que sometería referéndum la reelección de los Congresistas. Su explicación fue: “Actualmente la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del Presidente de la República. Siendo todas estas autoridades elegidas por el pueblo, deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuados”.

Se desprende que para el Presidente la reelección de los congresistas sería mala, y lo que se buscaría es que la población la desapruebe. Sería un grave error. Para comenzar, fue una mala decisión prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, y existía ya un consenso para dar marcha atrás en esa enmienda constitucional.  Es el pueblo quien tiene que decidir si reelige o no a una autoridad. No se le puede quitar el derecho a reelegir a quien lo hizo bien. En el caso de los congresistas, este principio democrático se aplicaría nítidamente si tuviéramos un sistema de distritos electorales más pequeños, uni o binominales, en los que pudiese haber una relación directa entre el ciudadano y su representante de modo que si el ciudadano estuviese disconforme con la gestión de su congresista, pues no lo reelige, y punto. Pero si hubiese desempeñado bien su función de representación o como legislador, pues pudiera reelegirlo. Eso es lo democrático.

Distritos pequeños

En ese sentido, en lugar de llevar a referéndum la pregunta por la reelección de los congresistas que, por lo demás, no estaba en cuestión ni había sido planteada por nadie, lo que debería consultarse a la población es si está de acuerdo con el voto preferencial o si, más bien, no preferiría tener su propio representante elegido en un distrito electoral más pequeño. Esa reforma sí sería fundamental, porque llevaría no solo a elegir mejor a los representantes –porque se escoge entre un número menor de candidatos de distintos partidos- y a mejorar los canales de representación de modo que el ciudadano sienta que tiene voz y voto, sino porque un sistema de distritos electorales pequeños lleva a la larga a reducir el número de partidos porque fomenta la agregación de éstos.

Clase política y partidos

Pero hay otra razón de fondo por la que sería de grave perjuicio para la institucionalidad política del país que se aprobara la no reelección de los congresistas: que perderíamos toda esperanza de consolidar una clase política que conozca los problemas del Estado y el sistema constitucional y legal. Ya es un problema la baja tasa de reelección de nuestros congresos (27% en la última elección). En cada congreso nuevo muchos tienen que comenzar de cero y el país avanza poco. Lo que deberíamos analizar y remediar, más bien, son las razones por las que dicha tasa de reelección es tan baja. Y lo es por la fragmentación y volatilidad partidaria. Tenemos que consolidar un sistema de partidos, y para eso lo funcional es ir a un sistema de distritos electorales pequeños, como decíamos arriba, y disponer que la elección del congreso se haga junto con o después de la segunda vuelta presidencial.

Ese hubiese sido un tema de consulta mucho más relevante: que la población se pronuncie si los congresistas debieran ser elegidos luego de la segunda vuelta.

Financiamiento privado

El segundo tema de reforma política que el Presidente anunció llevaría a referéndum, es el del financiamiento Privado de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales. Es probable, si no se explica bien, que la población se prenuncie en contra de esa posibilidad. Pero si no se establece simultáneamente que será el Estado quien financie cuando menos la publicidad en televisión de las campañas electorales, pues el único resultado de esto es que serán las organizaciones mafiosas –narcotráfico, minería ilegal, usurpadores de tierras, extorsionadores, etc.- las que financiarán a los postulantes o pondrán sus propios candidatos. Eso es algo que se manifestará clamorosamente en estas elecciones municipales y regionales que se vienen.

Bicameralidad

Y el tercer tema de la reforma política que se someterá a referéndum, es el del restablecimiento de la bicameralidad, “sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores”. Este es quizá el tema más apropiado para llevar a consulta popular. Si bien será difícil ganar, una buena campaña podría lograrlo y serviría para educar en el principio de la democracia como limitación del poder y en la necesidad de meditar bien las leyes antes de promulgarlas.

Fuera de estos temas relacionados a reformas constitucionales, el Presidente anunció cinco proyectos de ley interesantes. Ya hemos reseñado uno de ellos, pero uno muy importante es el que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Este consejo será presidido por el propio Presidente de la República e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Está bien, porque, en la medida en que este Consejo está liderado por el un Presidente de la República que está realmente comprometido con la reforma, este mecanismo permitirá mantener el impulso y realizar el seguimiento necesario para asegurar que los cambios se ejecuten y que podamos, al cabo de uno años, contar con un sistema judicial moderno, eficiente y probo.

Conclusión

A nuestro juicio, el Presidente debería anunciar que para pensar mejor qué temas relativos a la reforma política se someterían a referéndum, se conformará una comisión que le formule una propuesta. La nuestra la acabamos de formular. Los temas que podrían someterse a referéndum, en cuanto a reforma política, son:

1. Bicameralidad
2. Eliminación del voto preferencial y su sustitución por distritos electorales pequeños
3. Elección del Congreso luego de la segunda vuelta presidencial

El Perú es el país de las oportunidades perdidas. Esa es una de nuestras constantes históricas. Esperamos que en esta ocasión, no desperdiciemos la gran oportunidad que nos da la crisis de corrupción judicial.

No podemos hacer de esta crisis el instrumento de un operativo político, para cambiar la base de nuestra democracia y desarticular la economía en búsqueda del poder.

Lamentablemente, con los últimos acontecimientos, nos va quedando muy claro el afán golpista de varios personajes de la política nacional. Increíblemente, la cereza encima de la torta del intento de interrupción de la democracia, la puso el flamante ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Según el diario Gestión (23 de julio, 2018, página 26): “En otro momento, Zeballos no descartó que se pudiera dar un adelanto de elecciones. ‘Si las circunstancias se dieran creo que sí apoyaría el adelanto’, expresó”.

Como hemos informado en Lampadia con anterioridad, el afán sedicioso se viene mostrando hace varios meses. Más allá de la coyuntura, la propuesta política de las izquierdas representadas en el Congreso, siempre insidió en plantear nuevas elecciones, constituyente y nueva constitución. Pero llama la atención, que alrededor de la posta presidencial de PPK a Vizcarra, buena parte del establishment político limeño, se haya sumado a semejante despropósito, con sofisticadas intervenciones que empezaron por cuestionar a Martín Vizcarra como conductor del Estado.

En este afán hemos presenciado distintas intervenciones de la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz y de sus correligionarios Sheput y Violeta, entre otros.

Del mismo modo, en distintas oportunidades, líderes de opinión como José Ugaz, Cecilia Valenzuela, Víctor Andrés García Belaunde, et al, para no singularizar solo a periodistas más partidistas como R. M. Palacios y Mavila Huertas, han planteado el cierre del Congreso y la interrupción de nuestra vida democrática, a pesar de los costos que se darían para el conjunto de la sociedad.

En este contexto también llama la atención, que un día después de que Verónika Mendoza vuelva a proponer el cierre del Congreso, Canal N le concediera una larga entrevista en el programa 2018. Lo mismo ayer, donde le permitieron a Julio Guzmán, que se despachara sembrando generalizaciones insidiosas para presentarse como un (falso) salvador.

No le falta algo de razón a Martín Santivañez, cuando denuncia un intento de golpe blando al mejor estilo del grito jacobino de ‘que se vayan todos’.

En esta convergencia de procesos desestabilizadores, el gran riesgo es que tome cuerpo el intento de cerrar el Congreso. Algo que, seguramente, nos llevaría a una constituyente, la agenda del extremismo más radical.

Mas bien, la entrevista a Ghersi nos ilustra sobre una serie de instituciones sobre las que debemos reflexionar, en relación a la “oportunidad como pocas” de hacer una profunda reforma del sistema judicial, como:

• Casación
• Escabinos
• Concursos públicos
• Evaluaciones objetivas
• Jurados
• Los colegios profesionales devenidos en monopolios tipo sindicatos
• La posibilidad de capacitar a estudiantes de derecho haciendo de árbitros en las comisarías

No dejemos que los aventureros nos lleven de las narices a una crisis generalizada que nos haría dar un costosísimo salto atrás.

Recomendamos leer la entrevista de Ghersi, publicada ayer en El Comercio:

“La llave de la reforma del sistema de justicia la tiene el fujimorismo”

Entrevista a Enrique Ghersi (Abogado)
Por Jaime de Althaus
El Comercio, 23 de julio de 2018
Glosado por Lampadia

El abogado cree que la crisis que atraviesa el sistema de justicia es una oportunidad para una verdadera reforma. Considera que el método de elección de los miembros del CNM no es el ideal.

El destacado abogado Enrique Ghersi analiza la crisis del sistema de justicia en el país, que ha desembocado en la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y plantea alternativas que han funcionado en otros países.

—¿Qué perspectiva le ves a esta oportunidad que se ha abierto para hacer una reforma profunda del sistema judicial? ¿Esto va a ocurrir?

Es una oportunidad como pocas, porque ha quedado en evidencia ante todo el mundo una realidad que suponíamos que ocurría, pero que nunca nos imaginábamos que tenía esa magnitud. El gran problema que veo es que la comisión que ha sido nombrada por el Gobierno tiene muy poco tiempo, se limitará a dar dos recomendaciones. Lo tomo más como un gesto político, porque las recomendaciones ya estaban dadas desde la Ceriajus [Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia]. La llave aquí la tiene el fujimorismo, porque esto si no es aprobado en el Congreso, no se va a poder llevar a cabo, y quedaría como una agenda pendiente sumamente dolorosa que le quita legitimidad al Estado Peruano.

—Evidentemente, el método actual de tipo corporativo para elegir a los miembros del CNM no garantiza representantes de buen nivel.

No, a mí no me gusta.

—¿No deberían ser seleccionados todos por concurso público?

Es el estilo español, que es por concurso público. Una alternativa es una fórmula mixta. La creación del Consejo de la Magistratura fue una reacción que se produce en el 93 frente a lo que se consideró una excesiva politización de la Constitución del 79, que eran las famosas ternas que proponía el Poder Ejecutivo y que confirmaba el Senado. Entonces se pasaron al otro extremo. Yo creo que una fórmula mixta con una representación de tipo político le da un nivel de legitimidad. O sea, un Consejo de la Magistratura que proponga ternas donde el presidente escoja uno y que ese sea sometido a una confirmación por parte del Congreso con un quórum muy alto no es descartable. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, es elegido íntegramente por el Congreso, es una elección política. Y en la práctica, la Corte Suprema del Perú no es la Corte Suprema, es el Tribunal Constitucional, porque prácticamente todo lo puedes llevar allí. El TC es elegido políticamente y no cabe duda de que los miembros del tribunal son gente de otro nivel en relación con los miembros de la Corte Suprema.

—Bueno, pero allí están estos cuatro famosos magistrados que cambiaron un voto, algo inconcebible…

Es verdad. Otra fórmula fue la del Jurado de Honor luego del autogolpe de Fujimori, compuesto por muchos de mis profesores en la Católica, gente eminente, respetable, que nombró una Corte Suprema bastante seria, eso funcionó. Pero si me preguntas mi opinión, yo soy un partidario de la elección popular de los jueces (aunque no para la Suprema). Eso implicaría un cambio de paradigma. Yo creo que cuanta más participación democrática haya en la selección de los jueces, va a ser siempre mejor.

—Hay un texto de Ronald Dworkin que dice que los jueces han sido creados para proteger minorías, pero la elección los predispone en favor del voto de mayorías. Su frase famosa era: “Una sociedad racista elegiría a jueces racistas”…

Que no es el caso. Por ejemplo, la sociedad más democrática de EE.UU. es California. California no es nada racista, es sumamente democrática. Ya en el Perú el 70% de los jueces son electos por voto popular: los jueces de paz no letrados. Ahí la justicia funciona razonablemente bien. El problema aparece en primera instancia. Yo no encuentro ninguna razón para que los jueces de primera instancia y los jueces superiores no sean elegidos por voto popular.

—¿Cómo vas a elegir jueces de primera instancia o superiores en zonas liberadas como Madre de Dios, el Vraem, partes de Puno, etc.?

Pero toma en cuenta que los distritos judiciales no coinciden necesariamente con los distritos geográficos. Madre de Dios es Puno y Madre de Dios, y Tacna y Moquegua son un distrito judicial.

—Pero el juez de primera instancia tendría que ser elegido en su área de competencia, que suele ser una provincia. Y una provincia puede ser una zona liberada…

¿Cuál?, ¿el Vraem? El Vraem estaría dentro de un distrito judicial amplio.

—Pero a los jueces de primera instancia los eliges ahí.

Pero depende de cómo diseñas los distritos judiciales. ¿Cuál sería el inconveniente? En Estados Unidos, todos los grandes políticos, desde Robert Kennedy hasta [Rudolph] Giuliani, que han querido iniciar una carrera política han sido fiscal de distrito. Acá podría ser igual.

—Pero si tienes que hacer campaña para ser elegido juez tienes que ofrecer cosas y entonces tus fallos van a estar teñidos por esos ofrecimientos que has hecho. Es la justicia que de alguna manera se vende también.

Bueno, pero la elección democrática no es una venta, es una persuasión. Mira a Texas. Texas tiene una especie de contrato de unión perpetua con EE.UU. Los jueces de Texas son muy independientes y son electos por voto popular. El nivel de criminalidad en Texas es bajísimo, pese a que allí todo el mundo está armado.

—Pero en Texas precisamente hay mucha crítica al modo de financiación de las campañas de estos jueces. Estudios de abogados financian candidatos y entonces tienen sus propios jueces. No hay independencia.

Pero es exactamente la discusión que existe con los financiamientos políticos en general. Si ese es el problema, en lugar de que todo esté financiado por los compadres, como estamos escuchando que ocurre entre los consejeros, por lo bajo, yo prefiero que el financiamiento sea conocido públicamente. De tal manera que si un juez recibe dinero de un abogado para sus campañas, lo vamos a saber todos y ese juez se tiene que inhibir en todos los casos de ese abogado. Yo no veo por qué no puede haber un financiamiento privado que sea absolutamente transparente.

—¿Cómo garantizas la idoneidad, la capacidad profesional y ética de ese juez que se presenta en una elección popular?

¿Pero no te parece mejor la elección popular a que le pregunten sobre el cebiche de pato?

—Pero se necesitaría un sistema de evaluación del desempeño de jueces y fiscales para retirar a los incompetentes…

Así es. Tú puedes establecer criterios de evaluación para los fiscales, basados en cuántas investigaciones acaban en denuncias y cuántas denuncias acaban en sentencias. Eso no existe hoy día. Los fiscales denuncian a todo el mundo y después, claro, ellos dicen que el juez los suelta, pero nadie les ha hecho una auditoría de gestión para ver si las investigaciones están bien hechas. Igual con los jueces, lo ideal sería que pudiéramos evaluar a los jueces sabiendo cuántos casos han resuelto, cuántas sentencias dictaron, cuántas les revocaron y cuántas quedaron firmes. Ese tipo de estadística muy sencilla no existe, porque no le interesa a nadie en el Poder Judicial que se conozca. Y establecer bonificaciones especiales de productividad a los jueces que obtengan la mayor cantidad de sentencias confirmadas.

—Tú has propuesto los jurados en los juicios penales.

Otra forma de participación popular son los jurados. Hay gente que dice no, que el jurado es de origen anglosajón. Pero España tiene jurados ya en el nuevo Código Penal. Francia siempre los tuvo hasta en materia civil. Pero ahí hay una fórmula intermedia: los tribunales mixtos, que en Alemania los llaman los escabinos. En esos tribunales penales preside, dirige e impone la condena un juez profesional, que tiene dos jueces ciudadanos, que se llaman escabinos, seleccionados por sorteo en un universo acotado de personas. Y para que haya una sentencia se requiere unanimidad del juez y los dos escabinos. En el Perú, el enorme flujo de juicios es de dos tipos: familia, donde yo no veo ningún inconveniente que haya un juez con un psicólogo y un asistente social. Y también en los casos de asalto, robo, hurto, raqueteo. ¿Por qué no empezamos con un plan piloto?

—¿No deberíamos, en una ciudad como Lima, distritalizar la justicia penal, donde haya, en un solo local, un fiscal, un juez y una pequeña carceleta? ¿Atención primaria de la justicia penal?

La idea era que las comisarías se convirtieran en una especie de centro comunal multiservicios. No solamente eso, tú puedes tener en la misma unidad de servicios múltiples una especie de arbitraje en el cual los estudiantes de Derecho, como parte de su graduación, en lugar de hacer una tesis o de dar un examen, puedan hacer un año de árbitros de conciencia para resolver problemas que no sean penales, en un arbitraje muy sencillo. Sería algo muy parecido a una especie de cooperación popular, pero no dirigida a la obra pública, sino dirigida a la justicia.

—Poner jueces ciudadanos o escabinos en los juicios penales supone consolidar la oralización del sistema, pasar íntegramente al nuevo Código Procesal Penal.

Ya está bastante consolidado

—En Lima no se aplica hasta ahora.

En parte sí se aplica, pero no me explico por qué 10 años o 15 años después de que ha salido el Código Procesal Penal no se termina de aplicar. En los juicios orales, la participación de los escabinos puede ser muy importante. Los juicios orales son tremendamente aleccionadores y productivos. Me encanta el control de acusación, que lleva a descartar acusaciones infundadas y te ahorra juicios enteros.

—La Ceriajus propuso pasar a una Corte Suprema pequeña dedicada solamente a sentar jurisprudencia, predictibilidad, ¿tú estás de acuerdo con eso?

Sí, sería muy importante. Lo que tenemos hoy día es una Corte Suprema infinita y caótica, donde hay 15 vocales que son titulares y como 50 en general que son provisionales. Ninguna predictibilidad. Es el esquema del TC: una sola sala, como la Corte Suprema americana o argentina, compuesta por juristas sumamente eminentes, que decide sobre su propia jurisdicción y toma decisiones importantes. Y la casación a mí me parece la experiencia más errónea del sistema jurídico peruano.

—¿Por qué?

La casación es de origen italiano, francés. En la casación, la Corte Suprema no resuelve, lo único que hace es revisar el expediente, que ya vino de la Corte Superior después de tres o cinco años de juicio. Es un recurso formal. La Suprema dice: “Acá hay un error, casa…”. Si es que casa, la Corte Suprema devuelve el expediente al juez o a la Corte Superior y le dice: “Usted se ha equivocado por esta razón”. ¿Qué puede ocurrir? Que después de cinco años más el expediente regrese a la Corte Suprema, porque el juez hizo lo que le dio la gana y la corte interpretó a su manera el mandato de la Suprema. Y así de nuevo. Entonces, los juicios en el Perú se han vuelto infinitos. No, que la Corte Suprema decida definitivamente.

—Pero que vea pocos casos…

Debería ser una corte pequeña, de nueve magistrados. Tú puedes apelar a la Corte Suprema y ella decide si ve o no tu caso, pero lo que decide es final. Fuera de eso, cuando uno es elegido supremo en EE.UU., eres vitalicio. Entonces, claro, muchos críticos dicen que es totalmente político, pero los jueces de la Corte Suprema americana son absolutamente imparciales e independientes. Tienen sus posiciones, pero la Corte Suprema americana no tiene estos escándalos, porque el carácter vitalicio los vuelve independientes, nadie los puede sacar, no tienen que responder ni al que los nombró ni al que los ratificó. Habría que meditarlo.

CRÍTICAS A LA ORGANIZACIÓN GREMIAL

“El Colegio de Abogados se ha convertido en un sindicato”

Hay quienes plantean que no debería haber Tribunal Constitucional.

Claro, yo he escuchado a Enrique Chirinos Soto muchas veces argumentar que el Tribunal Constitucional debería ser la sala plena de la Corte Suprema. No en todas partes hay Tribunal Constitucional.

El Colegio de Abogados tiene un código de ética o de buenas prácticas que no se aplica.

Mira, Inglaterra tiene probablemente uno de los mejores poderes judiciales en el mundo. El colegio de abogados no es uno solo. En Londres hay cuatro que compiten entre sí. Tienes el Lincoln’s Inn, el Gray’s Inn, el Middle Temple y el Inner Temple, que vienen de la Edad Media. Entonces tú para ser ‘barrister’, que son los abogados que ejercen en los tribunales, necesita una licencia renovable. Tienes que afiliarte a uno de esos colegios. Cada colegio tiene exigencias distintas, toma exámenes distintos. Si tú quieres ejercer en materia de familia, requieres una licencia especial, muy difícil de conseguir, que además te obliga a ti como abogado a tener estudios en psicología, en otras materias, y tienes que renovarla cada tres o cinco años. Si tú cometes la mínima falta o engañaste al juez, pierdes la licencia para siempre. No entiendo este nivel de constitucionalización que se les dio a los colegios profesionales en el Perú, que son organizaciones privadas, pero de derecho público. Eso impide que haya una competencia de colegios. Los colegios de abogados en Inglaterra tienen reglas sumamente duras.

¿Habría que eliminar el monopolio del Colegio de Abogados?

Yo creo que sí. Y que cada uno pueda formar su colegio de abogados. Habrá un grupo de abogados que formaremos un colegio sumamente exigente, donde además el colegio sea responsable por las cosas que hagan los miembros. Lamentablemente, el Colegio de Abogados se ha convertido más en un sindicato que en un colegio. 

Lampadia

Uno de los mayores empeños de Lampadia es movilizar a la clase dirigente peruana hacia la acción cívica, para así ayudar a marcar el camino de la prosperidad de todos los peruanos. Hoy tenemos el privilegio de presentar las ideas, sobre la crisis de corrupción en el sistema judicial, de un cusqueño comprometido con su Cusco y con el Perú.   

Entrevista de Lampadia a Fausto Salinas Lovón

Fausto Salinas Lovón, es cusqueño, abogado graduado en la PUCP, 26 años de ejercicio de la profesión, socio fundador del Estudio Salinas y Tamayo Abogados y ex presidente de la Cámara de Comercio del Cusco.

El Congreso de la República va a sesionar, a pedido del presidente Vizcarra, para remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ¿Es esta la mejor salida?

Es atribución del Congreso nombrar y remover a los miembros del CNM. Uno ha renunciado y los demás, acaban de poner sus cargos a disposición, por lo tanto, la remoción será un mero trámite, pero el asunto no queda allí. Hay dos temas que preocupan y que pueden quedar sin revisar con una salida de este tipo.

• El primero es que hay responsabilidades personales de cada miembro que se deben investigar y conocer, no solamente por el bien de cada consejero que no esté involucrado en actos de corrupción, sino también por el bien del Sistema Judicial, para conocer quien es quien, a que intereses responde y hasta donde llegan las ramificaciones de todo esto.
• El segundo es que este CNM ha nombrado, ascendido y sobre todo ha ratificado jueces y fiscales en las condiciones que hemos visto. ¿Eso va a quedar así?  Sería una tremenda afrenta.

¿Coincides entonces en que hay muchos actores involucrados y que no se está conociendo toda la magnitud del problema?

Sin duda. Solo hemos conocido lo que han visto por conveniente mostrar hasta ahora. Deberían mostrar todo, para que sepamos la magnitud del problema. Sobre todo, para saber quienes más están involucrados. Esta grave herida de la institucionalidad debe ser abordada como se cura una herida infectada: no se puede cerrar la herida sin retirar toda la pus. Incluso el tejido sano que esta en el contorno de una herida se retira para lograr una adecuada regeneración. Eso es lo que se debe hacer.

Mencionas que no se conoce todo. ¿Crees que hay cálculo político en la entrega de la información?

Podría haber. Sería sano que el IDL muestre todos los audios que tengan interés público, sin ningún calendario u orden, ya que las entregas por capítulos se prestan a esta interpretación.

Removido el CNM, ¿que más sugieres hacer?

Revisar todo lo actuado por el actual CNM en todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación. Tiene que escudriñarse una a una cada elección, revisarse la metodología y lo que ha sucedido. Sólo así se podrá confiar en los jueces designados, ascendidos o ratificados por este CNM. Los jueces y fiscales que nada temen, no tendrían por qué preocuparse, ya que pueden salir airosos frente a cualquier CNM que se designe.

Si no se aborda esto, estaremos dejando a los ahijados de Waldo Ríos, Nogueira, Gutierrez Pebe, Aguila y Velasquez en la actividad judicial y fiscal. ¿Algo cambiaría con ellos dentro del Sistema?

Esta debiera ser la primera tarea del nuevo CNM en un plazo perentorio de 3 meses.

Los audios han mostrado entrevistas inauditas. Preguntas impertinentes y una total falta de idoneidad en la selección. Esto nos lleva a preguntarnos. ¿Qué clase de jueces y fiscales se han elegido?

Por esto mismo, para separar el trigo de la paja y dejar en un lado a los jueces y fiscales correctos y poner en otro lado a quienes actúan en función de intereses subalternos, no basta aceptar la puesta del cargo a disposición del CNM y designar otro, se debe revisar todo. Por ejemplo, se debe saber las razones por las cuales se buscaba que Orlando Velásquez sea elegido presidente del CNM y ¿que jueces supremos favorecieron esa elección y a cambio de qué?

En Lampadia creemos que una de las medidas para enfrentar esta crisis judicial es, cambiar la forma de elegir el CNM, por un concurso público. ¿Crees que será suficiente?

Es imprescindible.  La crisis en el CNM ha puesto en evidencia algo que no queremos aceptar: la corrupción no está focalizada en la clase política o la judicatura, alcanza a toda la sociedad, ya que los consejeros cuestionados representan a universidades públicas, colegios profesionales, a pseudo universidades privadas y a colegios de abogados, no solamente a jueces y fiscales. Por lo tanto, tenemos un grave problema en la escala y magnitud de la corrupción que obliga no solamente a cambiar la forma de elección, sino también a la elevación de la valla de los que pueden postular (todo lo cual no es incompatible con el 155 de la Constitución) a fin de que elijamos mejor y sólo algunos calificados puedan postular. Se debe limitar el universo de elegibles, eso es fundamental.

De otro lado, serían necesarias algunas medidas como:

1. Establecer incompatibilidades para postular y luego de ejercer el cargo (con lo cual se evita la famosa puerta giratoria entre el estado y la actividad privada).
2. Crear una agenda de integridad o probidad específica en el funcionamiento de esta entidad a la que se sujeten sus miembros y quienes acuden a él.
3. Elevar las sanciones penales por infracciones a las normas de integridad y probidad que se mencionan.
4. Establecer la inhabilitación definitiva de quienes sean sancionados por infracción a estar normas de incompatibilidad.

También creo necesario que se exija la implementación de la participación de los miembros adicionales elegidos por empresarios y trabajadores, previsto en el artículo 155 de la Constitución, que nunca se ha puesto en vigencia y que permitiría una mayor participación ciudadana en este organismo.

Finalmente, sería necesario que la votación de cada consejero sea pública y transparente en todos los casos de ratificación, asenso y nombramiento.   

Pero la participación de colegios profesionales y de abogados no ha dado buenos resultados. ¿No se debiera cambiar también?

El funcionamiento patrimonialista que denuncia Lampadia, que supone el intercambio de favores, pagos y lealtades, se ha visto a todo nivel, no solo entre consejeros elegidos por abogados o profesionales. Si el CNM estuviera formado sólo por magistrados o mayoritariamente por estos, el riesgo de corporativización es alto. Si la mayoría del CNM tuviera origen político, tendríamos el riesgo de partidarización política. La Constitución de 1993 buscó una fórmula mixta. Creo que debemos mantenerla, pero elevando el nivel de los elegibles, acotando el universo de los que pueden ser miembros para que la corrupción de la sociedad no permee fácilmente en esta Institución.

¿Y cual es el rol de la Corte Suprema?  ¿Es la llamada a resolver este problema?

No hay forma. Los audios conocidos hasta hoy comprometen a miembros de la propia Corte Suprema. A Hinostroza Pariachi, que era presidente de la Segunda Sala Penal, haciendo negociaciones incompatibles y a Duberlí Rodriguez, quien es el presidente del Poder Judicial, cuyo asesor invita a almorzar en su nombre y de quien se dice habría participado en la celebración de la elección de Velásquez como Pdte. del CNM. Todo esto debe ser investigado. No hay forma que los investigados resuelvan esta crisis. Hay decenas de magistrados superiores honorables en todo el Perú que pueden sustituir una Corte Suprema que tenga este tipo de cuestionamientos.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El tráfico de influencias para nombramientos y decisiones judiciales revelado en los audios publicados por IDL Reporteros es grave no solo porque pone de manifiesto la falta total de idoneidad del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para designar o destituir magistrados, sino porque revela una cultura de decisiones judiciales basada en el intercambio de favores y eventualmente en pagos dinerarios o de otro tipo. Es decir, un funcionamiento esencialmente patrimonialista y eventualmente corrupto de las instituciones vinculadas a la administración de justicia.

Lo primero reclama, fuera de las investigaciones y las sanciones ejemplares que haya que aplicar, una reforma radical del CNM. Lo segundo va más allá y exige una reforma profunda del Poder Judicial y del sistema judicial en general.

Este es el momento para emprender esas iniciativas, y no puede ser desperdiciado. Pero no solo necesitamos voluntad política –que hasta ahora ha sido muy débil- sino ideas claras, que tampoco han existido, como veremos.

La reforma del CNM: concurso público

La necesidad de la reforma del CNM, sin embargo, sí fue planteada por varios partidos políticos en la campaña electoral, y también por el partido de gobierno, que plasmó su propuesta en un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establecía modificar el artículo 155 de la Constitución creando un CNM integrado por cinco miembros:

“Artículo 155.- Composición del Consejo Nacional de la   Magistratura
Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:

1. Uno elegido por el Poder Ejecutivo, designado mediante Resolución Suprema con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
2. Uno elegido por el Poder Legislativo, con el voto de los dos tercios del número legal de congresistas.
3. Uno elegido por el Poder Judicial, entre los magistrados de la Corte Suprema jubilados y en actividad, conforme al procedimiento determinado en la Ley Orgánica del CNM.
4. Uno elegido por el Ministerio Público, entre la Junta de Fiscales Supremos jubilados y en actividad, conforme al procedimiento determinado en la Ley Orgánica del CNM.
5. Uno elegido por los miembros señalados precedentemente de acuerdo a lo que establezca la Ley Orgánica del CNM.

La virtud de este proyecto es que suprime la participación de los colegios de abogados y de profesionales en general, que no ha dado buenos resultados porque no ha servido para elegir consejeros de alto nivel ético y profesional, y establece una composición simple de cinco miembros designados por los poderes del Estado.

Tendría, sin embargo, dos puntos débiles. El primero es que contiene un cierto riesgo de politización de los nombramientos –en la medida en que los dos poderes políticos (Ejecutivo y Congreso) designan sendos consejeros-, que fue lo que se quiso evitar cuando la Constitución del 93 creó el CNM. Aquí hay, sin embargo, una discusión, porque, a la luz de lo visto, el remedio resultó igual o peor que la enfermedad, pues los consejeros designados por la “sociedad civil” y por las instituciones judiciales no tuvieron las cualidades profesionales y de integridad necesarias. Para algunos, entonces, permitir que los poderes políticos –Ejecutivo y Legislativo- designen miembros del CNM sería una forma de sincerar la responsabilidad de la clase política en la salud del sistema judicial, tal como ocurre en otros países como Estados Unidos, por ejemplo.

Por eso mismo, lo que sí sería de todos modos un punto débil de este proyecto, es que las dos instituciones cuestionadas –el Poder Judicial y Ministerio Público- designen también consejeros, lo que contiene el riesgo de mantener la cultura de intercambios patrimonialistas en las designaciones y destituciones de magistrados. Es decir, la perpetuación de lo que acabamos de ver en los audios.

La única manera de salvar los problemas observados en las designaciones efectuadas por estos tres tipos de instituciones, es que todos los consejeros sean seleccionados mediante un concurso público muy bien hecho y realizado por personas e instituciones muy serias.

La propuesta que más se acerca a esta idea es la de la Asociación Civil Transparencia, que es la siguiente:

“Se propone que el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentre compuesto por siete (7) miembros que serían seleccionados de la siguiente manera: un miembro designado por el Tribunal Constitucional, un miembro designado por la Defensoría del Pueblo en acuerdo con la Fiscalía de la Nación, un miembro designado por el directorio del Banco Central de Reserva, un miembro designado por la Corte Suprema de la República, y tres miembros seleccionados por concurso público nacional organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el soporte operativo de SERVIR”.

Quizá lo único objetable en esta propuesta, siguiendo el razonamiento anterior, es que la Corte Suprema designe un miembro. A nuestro juicio, elegir por concurso público a todos los miembros del CNM seguiría siendo la mejor opción.

Ahora bien, la Comisión de Constitución del Congreso procesó este proyecto junto con el del Ejecutivo y otros presentados por las distintas bancadas, y produjo un pre-dictamen que termina proponiendo una composición de difícil elección y que, a nuestro juicio, no resuelve los problemas anotados.

“Artículo 155.- Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:

1. Un juez superior o supremo elegido por todos los jueces titulares del país, en votación universal, secreta y libre.
2. Un fiscal superior o supremo elegido por todos los fiscales titulares del país, en votación universal, secreta y libre.
3. Un abogado elegido por los miembros del Colegio de Abogados de Lima, en votación universal, secreta y libre.
4. Un abogado elegido por los miembros de los demás colegios de abogados del país, en votación universal, secreta y libre.
5. Un abogado elegido por los miembros de los demás colegios profesionales del país, en votación universal, secreta y libre.
6. Un docente ordinario principal de la facultad de derecho de universidad pública, elegido por todos los docentes ordinarios de las universidades públicas del país en votación universal, secreta y libre.
7. Un docente ordinario principal de la facultad de derecho de universidad privada que cuente con una antigüedad no menor de treinta y cinco años de creación, elegido por todos los docentes ordinarios de las universidades privadas del país en votación universal, secreta y libre.

En buena cuenta, una composición similar a la actual, pero con una forma de elección distinta: votación universal, secreta y libre en todos los casos. Esta forma de elección sin duda es más democrática, pero no solo es más complicada de realizar, sino que contiene el riesgo inevitable de la politización de los procesos electorales. Los partidos tendrán candidatos, con lo que recaemos en lo que queríamos evitar. Por lo demás, para ganar se hará ofrecimientos, que después habrá que pagar con nombramientos o lo que fuere, con lo que agravamos la característica de las decisiones del CNM como el producto de un mercado de pagos y favores.

Redes de poder y corrupción en la administración de justicia

Lo mejor, entonces, repetimos, es la elección de los miembros del CNM mediante un concurso público muy bien hecho. Esto como punto de partida de la propia reforma judicial como tal, que la segunda gran tarea, cuyo objetivo debiera ser facilitar y acelerar el tránsito de un Poder Judicial y un Ministerio Público basados en relaciones personales de amistad, promoción, compadrazgo o parentesco, que pueden derivar en redes de corrupción interna, a organizaciones basadas en la meritocracia y el cumplimiento de metas. Es decir, de instituciones gobernadas por intereses propios a ser gobernadas por el interés de la sociedad. De organizaciones orientadas hacia adentro o unas orientadas hacia afuera.

El antropólogo Jaris Mujica, en “Micropolíticas de la Corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, describe detalladamente cómo funciona el sistema.[1] Él distingue tres esferas o ejes en torno a los cuales se organizan redes de poder y corrupción en el Poder Judicial.

La primera, en el nivel más bajo, es la que conecta el mundillo exterior conformado por tramitadores, falsificadores (Azángaro), asesores legales y abogados al paso, con secretarios de los juzgados encargados del archivo y tramitación de documentos, por medio de los encargados de la mesa de partes o de los vigilantes del Palacio de Justicia, con la finalidad desaparecer un expediente para demorar el proceso, o reemplazar un documento por otro falsificado o introducir uno falso.

La segunda esfera es la que se da al interior de los juzgados, donde las relatorías y las secretarías pueden conformar el punto final de la cadena en el tráfico de documentación arriba señalado, o un centro de contactos para influir en las decisiones del juez o para ofrecerle un soborno a fin de orientar una sentencia. Los estudios de abogados conocen a los relatores a los que pueden ‘incentivar’ para conseguir un resultado. Según Giovani Priori, todo estudio de abogados tiene sus “procuradores” que, por lo general, han estudiado Derecho, pero no son abogados, y sin embargo, poseen el activo invalorable de contar con una red de contactos en el Poder Judicial construida sobre la base de relaciones de compadrazgo y amistad con secretarias de la mesa de partes, relatores, secretarios o especialistas, con quienes se reúnen frecuentemente en parrilladas y polladas.

Mujica también observa que las redes que se activan para mover las cosas suelen conformarse sobre la base de relaciones familiares o amicales gestadas en la universidad. Los abogados que trabajan en las relatorías (encargadas de los aspectos jurisdiccionales de los casos) acceden a ellas “…a través de los concursos públicos, pero la mayoría manifiesta haber llegado gracias a una recomendación de un juez (amigo, familiar o profesor), a quien le deben solidaridad y reciprocidad”. “Todos tienen sus padrinos. Si no tienes padrino, no llegas al puesto”, explica un abogado de relatoría (p.117). Este “padrinazgo” implica, además, la filiación a una red y a ciertas relaciones de poder, y también actos de corrupción tales como convertirse en el medio para ofrecer un soborno a un juez o para influir en su decisión.

Mujica precisa, sin embargo, que estas prácticas corruptas no pueden ejecutarse todo el tiempo, ante cualquier oferta, porque pondrían en riesgo todo el sistema al hacer demasiado evidentes las relaciones informales o ilegales.

La tercera esfera reseñada por Jaris Mujica estaría dada por los jueces, particularmente los Superiores y Supremos. Explica que la cúpula del Poder Judicial está integrada por jueces Superiores o Supremos que han estudiado en universidades del Estado principalmente (San Marcos y Villareal, aunque también algunos en la San Martín de Porres, que es privada) y que en muchos casos han ingresado a la judicatura gracias a contactos gestados en la vida universitaria. Pero también gracias a conexiones familiares. Se dice en el Poder Judicial que hay cargos que son hereditarios. Muchos hijos, sobrinos u otros parientes de jueces de primera instancia o de jueces superiores o supremos entran a trabajar como auxiliares en virtud de un sistema de trueque: un juez contrata al familiar de otro juez, y este hace lo propio con el primero, a fin de eludir la norma del nepotismo. Según Priori, la manera de llegar a los jueces Superiores y Supremos es a través del esposo o esposa u otro familiar, que trabajan también en el Poder Judicial.

La reforma

Entonces, si queremos empezar a cambiar todo esto, que se manifestó claramente en los audios presentados, es necesario cambiar la manera de elegir a los miembros del CNM, y hacerlo por concurso público. Luego de ello, sería bueno adoptar otra recomendación de la Asociación Transparencia:

“Se propone la eliminación del proceso de ratificación de jueces cada siete (7) años por considerar que favorece círculos de corrupción y el sistema de evaluación no es adecuado. Sin embargo, se mantendría la posibilidad de sancionar o destituir a un juez ante la comisión de cualquier infracción legalmente prevista”.

Esto supone, sin embargo, sustituir la ratificación de los magistrados cada 7 años por un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales aplicado por las propias instituciones que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado que resulte desaprobado. Este sistema de evaluación de desempeño es algo que debe ser construido.

Luego resulta fundamental adoptar la recomendación que en su momento formuló la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), de pasar a una Corte Suprema de muy alto nivel integrada por solo 11 miembros dedicada a establecer jurisprudencia a partir de casos emblemáticos. Esto es fundamental para establecer predictibilidad en las sentencias –y en esa medida reducir la corrupción- y para crear una cabeza de alto valor profesional y ético que sirva de ejemplo al conjunto del cuerpo judicial.

También debe acogerse la recomendación de alargar el periodo del presidente del Poder Judicial de dos a cuatro años, empoderándolo tanto a él como al gerente general.

Estas dos últimas medidas dependen de decisiones del Congreso. ¿Existirá la voluntad política para hacerlo?

Para cerrar el círculo, la firma por parte de los estudios de abogados de un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar, sería fundamental. Si los Estudios toman la iniciativa de hacerlo, tendrán la autoridad moral para demandar la reforma del CNM y las vinculadas a la administración de justicia que estamos resumiendo.

Por supuesto, está el asunto del expediente judicial digital, que debe incorporar el ámbito penal.

Y distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. Las municipalidades son las principales interesadas y contribuyen donando el local. Es cuestión de concertar. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Grupo de Estudio de la Reforma Electoral presidido por la congresista Patricia Donayre culminó finalmente la elaboración del proyecto de Ley Electoral que será sometido a discusión en la Comisión de Constitución. Son nada menos que 423 artículos que regulan no solo todos los aspectos de todos procesos electorales incluyendo los de jueces de paz y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sino asuntos tales como la configuración de los distritos electorales del país para la elección de congresistas.

El proyecto ha incorporado algunos de los aportes del Ejecutivo y de Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo en lo relativo a las sanciones por incumplimiento de las normas de financiamiento privado, que ahora incluyen hasta la cancelación de la inscripción de las organizaciones políticas si estas cometen conductas muy graves o acumulan más de seis meses de suspensión por conductas leves o graves. De modo que puede afirmarse que, de aprobarse estas normas, las obligaciones acerca de las modalidades, montos e informes de financiamiento partidario ya no serán letra muerta.

Esto es un avance en lo relativo a prevenir el ingreso de fondos ilegales o delictivos a la política. También se sube el tope de lo que puede donar un particular a 200 UIT  (810,000 soles). Eso está bien, para procurar que el financiamiento provenga de fuentes lícitas. En esa misma línea, no se entiende por qué el Proyecto prohíbe las donaciones de empresas privadas. Es mejor que sean ellas y no organizaciones delictivas las que aporten. Por último, si lo que se quiere es evitar la devolución del favores por parte del Partido ya en el gobierno, dichas donaciones podrían hacerse a un fideicomiso indicando el tipo de ideología o  programa que la empresa donante quisiera apoyar, sin identificar partido político alguno. Y recoger la sugerente propuesta de “partidos por impuestos” formulada por Carlos Meléndez, sobre todo para financiar Think Tanks y capacitación. A las empresas también les interesa el crecimiento del país, porque así crecen ellas también.

Pero otras propuestas del proyecto del Ejecutivo no han sido tomadas en cuenta. En particular la reducción  a 1% del número de electores para obtener la inscripción de un partido, la obligatoriedad de la participación de los organismos electorales en la organización de las elecciones internas y que estas sean primarias y universales. El Proyecto decide, además, mantener el voto preferencial y los mismos distritos electorales de la actualidad, añadiendo un escaño para los que viven el exterior. Se argumenta que, en realidad, esa discusión así como la de si restablece el Senado o no, se daría en una segunda etapa, cuando se considere las modificaciones constitucionales, y que esta primera etapa tiene por finalidad ordenar la normatividad para las elecciones regionales y municipales del 2018.

Pero aquí el hecho de tener que normar antes para las elecciones del 2018 ha puesto un pie forzado que es una trampa, porque el orden lógico del proceso legislativo es introducir primero las modificaciones constitucionales y luego la normatividad legal derivada de dichas modificaciones. Pero hemos puesto la carreta delante de los caballos.

Los objetivos

Y el resultado de esta lógica invertida es que se pierde integralidad, coherencia. En realidad el proceso debió comenzar por una discusión acerca de los objetivos que perseguimos con esta reforma, que no se ha hecho. No sabemos para qué queremos reformar. A nuestro juicio, los objetivos son tres:

1. Construir un sistema de pocos partidos institucionalizados. Contener la fragmentación y feudalización políticas.
2. Construir canales de representación efectivos que permitan que los ciudadanos puedan hacer llegar sus demandas. Acercar la población al Estado.
3. Mejorar las relaciones entre Ejecutivo y legislativo para afianzar la gobernabilidad.

Menos partidos más institucionalizados

Para lograr el objetivo 1 hay varios instrumentos. El primero es una barrera alta para la inscripción de nuevos partidos. El Proyecto mantiene, como decíamos, el 4% del número de electores, una barrera muy alta en términos comparativos y reales. Pero aquí lo que tenemos es un problema de inconsistencia con otras disposiciones del Proyecto. En efecto, si se va a mantener una barrera muy alta para tal efecto, aquel ciudadano que quiera ingresar a la política tendría que inscribirse en un partido ya existente y lo hará si es que los partidos son estructuras abiertas y convocantes y ofrecen garantías de una verdadera democracia interna. En ese sentido, lo lógico sería que las elecciones internas sean en lo posible primarias y abiertas y en todo caso organizadas por los organismos electorales a fin de que haya seguridad de que los resultados sean justos.

Pero no es esto lo que establece el Proyecto. Lo que dispone es que las elecciones internas pueden ser primarias abiertas, cerradas o por delegados. Y en cuanto a la participación de los organismos electorales establece que éstos “tienen el deber de brindar soporte técnico a las organizaciones políticas en todos sus procesos de elección internos”. Es decir, no se les encarga la organización de los comicios internos.

Con esa normativa no hay muchos incentivos para que los partidos tiendan a  convertirse en lo que en parte ya son: pequeñas camarillas impenetrables en las que nadie que desee participar en política querrá o podrá ingresar. Si tal va ser el destino, mejor sería efectivamente poner una barrera de entrada baja (1 o 2% de los electores por ejemplo) junto con barreras altas para la permanencia, para asegurar renovación y competencia en el sistema y obligar a las organizaciones a abrirse si quieren renovarse y crecer.

Para reducir el número de partidos el instrumento más importante es la llamada valla electoral: obtener el 5% de los votos válidos o un mínimo de 6 congresistas electos para ingresar al Congreso. Esa valla se mantiene. Y en el caso de las alianzas se agrega 1% adicional por cada miembro adicional de la alianza. Ese 1% es muy bajo si se quiere que no se usen las alianzas para burlar la valla del 5%. Debería ser cuando menos 2% o 2.5% como proponía algún proyecto de años anteriores.

Lo que sí es un avance es que el Proyecto establece efectivamente condiciones más exigentes para la permanencia de los partidos: obligatoriedad de participar en todas las elecciones presentando listas de candidatos por lo menos en el 60% del total de circunscripciones regionales, provinciales y distritales, y mayor formalidad en el manejo de las finanzas partidarias y las aportaciones privadas, cuyo incumplimiento puede acarrear la cancelación de la inscripción. 

Un avance también ha sido la eliminación de los movimientos locales y provinciales. Quedan los regionales, pero a estos debería exigírseles que participen en más de una región o que lo hagan en alianza con un partido nacional, para contener mejor la tendencia a la feudalización política del país que hace que en cada elección haya menos alcaldes pertenecientes a partidos políticos nacionales.

El Proyecto mantiene la obligación de tener comités políticos con un mínimo de 50 afiliados en por lo menos el tercio de las provincias del país, algo que quizá no tenga mayor sentido en la era de los grupos de chat. Lo nuevo es que “necesariamente un comité partidario deberá estar ubicado en cada uno de los veinticuatro departamentos del país, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los cuales deben mantenerse en permanente funcionamiento, bajo sanción de suspensión”.

Pero lo que se busca en institucionalización, formalización y actividad partidaria se pierde con el voto preferencial, que fomenta el enfrentamiento entre candidatos del mismo partido y la diferenciación incoherente de propuestas al interior del mismo grupo.

En suma, hay avances pero al mismo tiempo no hay consistencia entre algunas de las medidas relacionadas al objetivo 1.

Mejor representación

Ahora bien, la consistencia debe darse no solo entre las disposiciones orientadas a cumplir un objetivo, sino entre las diseñadas para cumplir los tres objetivos. Es decir, si estamos de acuerdo en los tres objetivos arriba mencionados, las disposiciones que se establezcan para alcanzarlos deben reforzarse mutuamente, sistémicamente. Es decir, las que se señalen para cumplir el objetivo 2, deben ayudar a cumplir el objetivo 1 y el 3, y viceversa.

En esa línea, si lo que queremos es reducir el número de partidos (Objetivo 1) y mejorar los canales de representación (objetivo 2) no podemos proponer mantener el mismo número y tamaño de los distritos electorales actuales, que no ayudan ni a uno ni al otro objetivo. El único sistema que integra ambos objetivos a la vez, es el de la elección de los congresistas en distritos electorales pequeños, uni o bi nominales. En efecto, en dicho sistema, las personas eligen no entre muchos candidatos de un mismo partido sino entre pocos candidatos de distintos partidos (de modo que se puede conocer mejor a cada candidato, y se elige mejor), y el ciudadano sabe quién es su representante y puede comunicarse con él para expresarle sus demandas. La democracia se vuelve de carne y hueso. Se enraíza.

Al mismo tiempo, dicho sistema lleva a la reducción del número de partidos porque las organizaciones pequeñas se ven obligadas a juntarse con otras más grandes si quieren que alguno de sus candidatos sea elegido en una circunscripción. 

Contrario sensu, distritos electorales grandes en los que se elije a varios representantes de manera proporcional, fomentan el multipartidismo y no construyen canales biunívocos de comunicación entre representados y representantes.

Por supuesto, distritos electorales pequeños sustituyen el voto preferencial. El realidad, son el voto preferencial perfecto, porque yo elijo directamente a una o a dos personas. Sería lamentable que haya consenso entre los congresistas para eliminar el voto preferencial. Si no lo eliminamos, tenemos que mantener distritos electorales grandes que no ayudan a reducir el número de partidos ni mejoran la representación. Tendría menos sentido, también, restablecer la bicameralidad.

Relación Ejecutivo – Legislativo

En efecto, un sistema electoral de distritos pequeños ayuda a resolver mejor el objetivo 3, donde la propuesta sería la de restablecer la bicameralidad a fin de que leyes impulsivas y extremadamente populistas puedan ser revisadas y morigeradas en la cámara de senadores. En ese marco, la cámara de diputados puede ser elegida en distritos pequeños, uni o bi nominales, pero la de Senadores en un distrito nacional, para compensar la perspectiva localista de Diputados con una visión unitaria y con una perspectiva más nacional de los senadores. Si se mantuviera una sola cámara -subiendo eso sí la cantidad de votos necesarios para insistir en las leyes observadas por el Ejecutivo a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso (el Ejecutivo cumpliría la función moderadora)-, una parte mayoritaria del Congreso unicameral puede ser elegida en distritos pequeños y otra minoritaria en distritos macroregionales o distrito nacional.  

Lo que no podríamos hacer es restablecer la bicameralidad y mantener distritos electorales grandes en la cámara de diputados. Pero, entonces, si no eliminamos el voto preferencial y no establecemos distritos electorales pequeños y tampoco restablecemos la bicameralidad o lo hacemos sin cambiar el sistema electoral, no habremos hecho reforma política alguna. Lampadia