Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya van 16 días del nuevo bloqueo contra Las Bambas en el corredor minero, y el gobierno simplemente, como sabemos, no existe. La empresa ha tenido que informar a la Bolsa de Hong Kong que, de continuar el bloqueo, tendrá que paralizar totalmente las operaciones el 20 de febrero, porque se quedará sin insumos. Esto, por supuesto, agrava la imagen del Perú como un país ingobernable en el que la minería es crecientemente inviable.

Lo que tenemos aquí es sencillamente un acto delictivo en el que concurren por lo menos dos delitos: bloqueo de carreteras y extorsión. Hay, además, reincidencia y contumacia, porque el gobierno había llegado ya a un acuerdo con las comunidades de Chumbivilcas, que por eso levantaron el anterior bloqueo, pero luego 4 de ellas, las de Ccapacmarca, rechazaron el acuerdo para plantear otras demandas que están fuera de la órbita de la empresa y del propio gobierno.

Piden la descategorización de la carretera de nacional a vecinal, y la incorporación a la zona de influencia de la mina. Lo primero se está ventilando en el Poder Judicial de Cusco y lo segundo depende de criterios establecidos en normas. Y definitivamente esas comunidades están muy lejos del área de influencia. Saben que sus demandas son inviables, porque se los explicó la propia ex premier Mirtha Vásquez, pero se mantienen en su actitud extorsiva.

Aquí la única salida es aplicar la ley y restablecer el orden público. Cuando en años pasados se ha decretado el estado de emergencia y ha ingresado la Fuerza Armada acompañando a la Policía, los bloqueos, que -dicho sea de paso- son de apenas 20 o 40 personas en el peor de los casos, se disuelven automáticamente sin resistencia alguna. Se trata, repetimos, de delitos que no se pueden tolerar.

Debería dictarse el estado de emergencia en todo el corredor minero, como se hizo durante varios meses en años anteriores. La ex primera ministra no creía en esta solución y propició el diálogo, pero ya vemos que fue infructuoso, fuera de condonar y hasta justificar los delitos. El nuevo ministro del Interior debería tomar la decisión, pero no lo hará mientras no haya presidente del consejo de ministros y éste y el presidente Castillo den su venia. Lo que parece casi imposible.

Lo que Castillo debe aprender es que el caos y la ley de la selva solo llevan a la miseria del pueblo, y que, por el contrario, orden y desarrollo van de la mano. Sobre todo, si junto con el estado de emergencia se instala una institucionalidad que permita convertir las regalías y el canon en desarrollo, previniendo de paso los conflictos. Un vicepremierato en el corredor, que coordine al Estado en todos sus sectores y niveles, y un fideicomiso o proyecto especial que canalice las regalías y el canon.

El gobierno ha creado la Zona de Atención Especial, que en realidad es solo una mega comisión integrada por ministerios, comunidades y gobiernos subnacionales, encargada de formular un plan de desarrollo en 90 días, sin órgano ejecutivo alguno. Todavía no se ha producido reunión alguna. Podría ser el germen de la institucionalidad que mencionamos, si adquiriese una forma mucho más ambiciosa.

También se requiere que el sistema judicial establezca una jurisdicción nacional para estos delitos, porque lo que ocurre es que dirigentes y asesores acusados por estos crímenes terminan absueltos, por presión social, lo que alimenta la impunidad y idea de que estas acciones no son delito. Si no hay imperio de la ley, la inversión será cada vez más escasa e involucionaremos a la pobreza irremisible.

Es hora de restaurar el orden y el imperio de la ley, y de instaurar una institucionalidad que permita el desarrollo de la minería y de los pueblos de las zonas mineras, y del país entero. Es un crimen desperdiciar los fabulosos precios de los minerales, que permitirían financiar mejores servicios públicos e infraestructuras en el país para avanzar hacia el desarrollo. Lampadia

Jaime Spak
Para Lampadia

Una de las discusiones mas frecuentes que estamos teniendo es acerca de las motivaciones de Pedro Castillo, con respecto a las decisiones que está tomando en sus primeros 100 días.

Algunos manifiestan que todo es parte de un plan preconcebido por él y Cerrón para perpetuarse en el poder.

Mi punto de vista es que todo es improvisación y voy a tratar de explicar mis argumentos para tal fin.

Ha trascendido en los últimos días, que la intención de Perú Libre con la candidatura de Castillo era de solo pasar la valla electoral, para mantener la inscripción y colocar algunos candidatos al congreso.

Sin embargo, la candidatura de Castillo empezó a subir como la espuma en la primera vuelta, a pesar de no contar con cuadros técnicos importantes.

El recibió 18.9% de votos válidos y paso a la segunda vuelta en primer lugar, gracias a la dispersión del voto de la derecha.

Entre Keiko, De Soto, López de Aliaga, Urresti, Acuña, Forsyth, Beingolea se pelearon los votos y esto favoreció la victoria de un outsider como Castillo.

Lo mismo ocurrió con Fujimori en el año 90 y con Humala en el 2011.

Cuando se le preguntaba sobre sus colaboradores técnicos, Castillo siempre decía que ya los iba a presentar.

Recién después de la primera vuelta pudo presentar a algunos porque logró un acuerdo de colaboración con Veronika Mendoza, quien puso a disposición de Castillo a cuadros de su partido como Francke, Cevallos y Durand.

En el debate técnico, 15 días antes de las elecciones, se presentaron seis personas de apoyo a Castillo y nos causa sorpresa porque tres de sus supuestos técnicos no aparecen por ningún lado en este gobierno.

¿Alguien ha visto a Juan Pari, Celeste Rosas o Andrés Alencastre asumir algún rol importante en el gobierno?

Pues no.

Tan improvisado ha sido todo, que entre las cosas absurdas en su discurso de asunción del mando, indico que el Palacio de Gobierno se iba a convertir en un museo.

Ya se estaba viendo el grado de improvisación de Castillo.

Luego fuimos testigos de ese mediocre primer consejo de ministros.

Es difícil olvidar como tenía escondido a Guido Bellido detrás de la tribuna de invitados, para luego hacerlo juramentar como premier en medio de la sorpresa de todos.

Nunca se ha visto espectáculo más bochornoso, que nadie sepa quién será el presidente del consejo de ministros.

Siguió con el triste espectáculo un día después para la juramentación del gabinete.

Se prohibió el ingreso de la prensa y se vio a Dina Boluarte llegar a las 10:30 pm, dos horas y media después de la hora que iba a juramentar el gabinete, raudamente para asumir una cartera.

Ver a un atribulado Aníbal Torres abandonar el museo de la Nación, indignado porque lo habían ninguneado. Tomando un taxi en la esquina. Y al día siguiente juramentar como si nada hubiera pasado.

Con respecto a los ministros y altos funcionarios del estado, da la impresión, haciendo una analogía deportiva, como que hicieron una selección de todas las disciplinas de atletismo y eligieron a todos los que acabaron últimos en las diferentes carreras.

Es decir, peor de lo que han elegido nunca se ha visto en la historia política de las últimas décadas.

• Cómo es posible que se nombre a un señor Carhuapoma para Essalud,
• a Palacín en Indecopi, y a pesar del repudio de la opinión pública aun no los cambia porque no tiene gente para hacerlo.
• En 100 días se han tenido que designar tres ministros del interior.
• Se nombró a un ex guerrillero de 85 años ministro de Relaciones Exteriores.
• Se nombró ministro del Interior a un ex policía que tenía 159 sanciones mientras estuvo en la institución.
• El ministro de Transporte cuyo carro colectivo tenía papeletas por trabajar sin autorización, y acaba de llegar a un acuerdo con el grupo de transportistas informales para renovarles por 10 años las concesiones piratas, echando por la borda todo el plan de reorganización del caótico transito en Lima Y Callao.
• Saco a la jefa de la Sutran y nombra a una mujer que tiene tres denuncias por robar mercadería en supermercados. Felizmente ya renunció.
• Acaba de destituir a los mandos principales del ejército y de la Fuerza Aérea, porque no hicieron ascender a gente cercana al presidente.
• A pesar de todo esto, no le acepta la renuncia al oscuro ministro de defensa un ex policía que no tenía ningún mérito para este importante cargo. Y este ministro se resiste a renunciar como sucedió con Iver Maraví y con Barrenzuela. Felizmente ha renunciado dos días antes que lo interpelen.
• Sacar a un profesor premiado para colocar a un sindicalista de 81 años, que se acaba de descubrir que quien maneja las riendas del ministerio es su hija.

Entonces si esto no es improvisación, no sabría cómo llamarlo.

Para que esto sea un plan preconcebido se requiere de una mente inteligente y maquiavélica. Lo primero imposible, lo segundo podría ser.

Lo único organizado en este gobierno es la improvisación.

Y lo que si es una constante que cada fin de semana salen con una noticia estridente para distraer a la gente.

Pasan los días, el Perú sigue detenido y el presidente Castillo no hace nada, porque no sabe hacer nada.

Así de sencillo.

No debería de esperar que lo vaquen, debería de renunciar así se quita un enorme peso de encima de estar en una función para la que nunca estuvo preparado.

Y podría volver a ser una persona normal, sin tener que estar usando ese absurdo sombrero.

No pidamos peras al olmo. Lampadia

Leadership Institute Perú

Conversación sobre política, economía y cómo defender las ideas de la libertad desde aprendizajes del pasado.

Moderador: Bernardo Picasso

Entrevista a Juan Carlos Hurtado Miller: Ex ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros en 1990.

29 de agosto de 2020

Juan Carlos Hurtado Miller lideró el año 1990, el ajuste económico que le permitió al Perú transitar desde la condición de un Estado Fallido, cuando los ingresos del Estado eran de solo 3.8% del PBI, a una nueva realidad, la de un país viable, capaz de reducir la pobreza de 60 a 20% y de mejorar los ingresos de los peruanos multiplicando por diez el PBI per cápita.

A los pocos días de iniciado el gobierno de Alberto Fujimori, se decretó un ajuste integral de precios de consumo y de precios industriales ante una hiperinflación descontrolada que dejó el primer gobierno de Alan García. El ‘shock’ de precios permitió bajar la inflación de aproximadamente 7,000% al año a 10% en 1997 y a 2.5% el 2010.

Este tremendo ajuste requirió de gran liderazgo, con muestras de coraje, firmeza y visión de desarrollo. En el aspecto social se necesitó desarrollar, de emergencia, un programa de apoyo social:

En julio de 1990, y a efectos de aminorar el tremendo impacto que las medidas económicas que daríamos el 8 de agosto del mismo año tendrían en la población de menores recursos, creamos el Programa de Emergencia Social (PES). Esta organización estaba dirigida por 11 miembros, pero solo uno de ellos, que la presidía, era representante del Gobierno, siendo todo el resto miembros de instituciones de ayuda social privada, tales como CARITAS, OFASA, CARE, el Vaso de Leche, así como por otras más. A pesar de la escasez de dinero del momento, el Gobierno aportó 5 millones de dólares semanales durante los casi cuatro meses que duró este programa. La repartición del dinero, entonces, no la decidía el Estado, sino los miembros, y con ese dinero se compraban alimentos para preparar canastas alimenticias, que luego repartían las parroquias y los municipios. Los municipios, en consecuencia, no compraban los alimentos, solo se encargaban de la distribución.

Ver en Lampadia: El “PES” y la cadena de pagos.

Entonces, a diferencia del gobierno de Vizcarra con la pandemia, no se le corrió al apoyo de la sociedad civil, especialmente al de la iglesia.

Creemos que todos los peruanos deben escuchar esta presentación de Hurtado Miller para poder comprobar dos cosas, la importancia de un buen liderazgo y la capacidad del Perú para afrontar las crisis más severas. Lampadia

Ernesto Álvarez
Ex magistrado del Tribunal Constitucional
Para Lampadia

Mientras los textos constitucionales son redactados por representantes del electorado, políticos profesionales en el mejor de los casos, la jurisprudencia constitucional que desarrolla los distintos aspectos de la Constitución es producida por jueces que actúan en nombre de la sociedad y son elegidos, en Europa y Estados Unidos, por el poder político; son estos magistrados los que actualizan el texto constitucional encontrando respuestas ante los nuevos retos que presentan los cambios  sociales, económicos y políticos. Lo deseable es que cultiven el Derecho Constitucional porque así comprenden la necesidad de preservar el equilibrio de poderes, de forma que ninguno predomine sobre los otros. Lamentablemente, la sentencia recaída en el expediente 006-2019-CC/TC responde a la necesidad política de proteger la disolución del Congreso decretada, por el presidente, por sí y ante sí, ignorando deliberadamente el daño que provocará a la vigencia del principio de separación de poderes y, en consecuencia, a la República Democrática peruana.

El abuso del Congreso, expresado en la continua censura a ministros y al no otorgamiento del Voto de Confianza al nuevo Consejo de Ministros, puede ser respondido por la disolución parlamentaria. Pero la Cuestión de Confianza es un instrumento adicional que podría ser usado arbitrariamente por el Presidente con cada proyecto de ley, incluso con aquellos que interfieren con atribuciones exclusivas del Poder Legislativo como la reforma constitucional, la elección de directores del BCR o magistrados del TC; el Ejecutivo puede objetar la oportunidad, el procedimiento o la velocidad en la que trabaja el Congreso, siempre y cuando el presidente invoque alguna política de Estado o el interés público como la transparencia; lo curioso es que tal razonamiento no es de aplicación para la designación de ministros, ni para las decisiones del Consejo de Ministros, que son también, atribuciones exclusivas que nadie discute, por ahora.

Las limitaciones establecidas en la sentencia son genéricas y obvias, aunque al mencionarlas abre la posibilidad del control constitucional vía demanda de amparo, a fin de garantizar la vigencia efectiva de la Constitución mucho antes que el TC pueda pronunciarse dentro de un proceso competencial. Cierto es que de la lectura de los fundamentos se desprende una notoria y académica ingenuidad de los autores, especialmente cuando usa ejemplos para graficar, como en un salón de clase, cuándo estaría prohibida y cuándo permitida la Cuestión de Confianza. Ojalá en los próximos años, cuando los actuales apellidos no actúen en política sino otros peores, no tengamos que lamentarnos de esta sentencia que eleva al Ejecutivo a la condición de primer poder del Estado. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es difícil pensar que el gobierno no supiera que la Comisión de Constitución iba a archivar el proyecto de adelanto de elecciones. Lo sabía todo el mundo. Incluso se le había cuestionado a la Comisión que estaba dilatando las discusiones para hacer tiempo. La única objeción, de forma, ha sido la manera en que se aprobó el dictamen de archivo, recortando los tiempos de las intervenciones. Y es verdad que fue así, cuestionablemente, acaso presionada por el temor de que llegara una cuestión de confianza de Palacio antes de la aprobación, como muchos pedían, aunque la verdad es que el tema ya se había debatido pletóricamente en la Comisión y en el país durante casi dos meses.

No es posible que, en una democracia, cuando se pierde una votación, salga el presidente del Consejo de Ministros a acusar a los congresistas de haber favorecido sus intereses personales y menos para llamar a la población a movilizarse contra el Congreso. En realidad, la gran cantidad de constitucionalistas y no constitucionalistas que opinamos que ese proyecto era un despropósito innecesario y eventualmente inconstitucional que traería consecuencias negativas para el país, fuimos muchos y no tenemos intereses personales de ningún tipo en este asunto, sino que pensamos en los intereses del país precisamente.

El archivamiento del proyecto pone fin a la zozobra creada por el propio pedido de adelanto, y esa es una buena noticia para el país porque permitiría dar paso a un acuerdo sobre una agenda de gobernabilidad que el Congreso ya está elaborando, pero la capacidad del Presidente y de su Premier para encontrar siempre nuevos pretextos o razones para mantener la guerra con el Congreso -un mecanismo cínico para remontar niveles de popularidad cuando ésta empieza a caer-, puede ser ya un caso de estudio en la ciencia política. Ahora han acusado al Congreso de querer copar el Tribunal Constitucional para buscar impunidad y han sacado de la manga una enésima cuestión de confianza respecto de un proyecto para cambiar las reglas de designación de los miembros de dicho Tribunal, algo que también va a generar una tempestad política porque, como bien estableció el propio TC, “…la cuestión de confianza… ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera.” (Expediente 0006-2018-P1/TC, fundamento 75). Y la elección de los miembros del TC no tiene nada que ver con la gestión del Ejecutivo.

Cabe decir, sin embargo, que un proyecto de reforma de las reglas para elegir magistrados del Tribunal, a diferencia del proyecto de adelanto de elecciones, sí es positivo y podría ayudar a escoger mejores magistrados, de modo que debería ser debatido y aprobado sin necesidad de una cuestión de confianza improcedente.

Pero los tambores de guerra retumban con más estruendo aun cuando el presidente y el Primer Ministro acusan a la mayoría parlamentaria de querer “copar” el Tribunal Constitucional para defenderse de acusaciones y garantizar su impunidad. Es una acusación difamatoria, demagógica, y altamente ofensiva contra la honorabilidad de los candidatos. Personas como Gonzalo Ortiz de Zevallos, Manuel Sánchez Palacios, Carlos Hakansson, Milagros Campos, Hugo Sivina, Delia Muñoz o Ernesto Álvarez, para citar solo a los que conozco, ¿se someterían a directivas para exculpar a tal o cual político cuyo caso eventualmente llegara al Tribunal Constitucional? Es imposible. La acusación, pues, es totalmente gratuita, ofensiva y debe ser retirada.

La acusación de “copamiento” es puramente política y es absolutamente falaz. Cualquier nombramiento tiene que reflejar el consenso de 87 congresistas -los 2/3 del Congreso- lo que implica un mínimo de 7 bancadas. ¿Quién copa entonces? La elección de los miembros del Tribunal Constitucional, como la de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, es por definición política, y la composición que resulte refleja sin duda la visión o la orientación política de los 2/3 del Congreso que, dicho sea de paso, es muy difícil que refleje una orientación política única o muy definida. En Estados Unidos tenemos Cortes Supremas más liberales o más conservadores según quién predomine en el Ejecutivo y en el Senado. Eso es normal. Nuestro propio Tribunal Constitucional actual, elegido en la época de Humala, tiene una mayoría de 4 magistrados de izquierda, que expresan su posición claramente en una serie de fallos. Daniel Salaverry no quiso impulsar la designación de sus reemplazos precisamente porque podía favorecer al gobierno de Vizcarra en situaciones dadas.

De lo que se trata es de asegurar que los nombrados tengan las cualidades necesarias en términos profesionales y éticos. Sin duda el proyecto de ley remitido podrá mejorar ese aspecto a futuro, mediante mecanismos que permitan un mayor escrutinio público. Pero en el caso presente debe decirse que, si bien los actuales candidatos fueron designados rápidamente, el proceso se había iniciado diez meses atrás y la mayor parte de esos nombres ya circulaban desde entonces. La ley orgánica del TC (art. 8º) exige un mínimo de 7 días desde la publicación de la lista de candidatos hasta su nombramiento y si la elección se produce hoy 30, habrán pasado 12 días. El Congreso ha publicado en su página web, de manera muy visible, desde el 18 de setiembre, un informe de 217 páginas que contiene el currículum vitae detallado de cada uno de los postulantes, que puede ser revisado en el siguiente link: http://www.congreso.gob.pe/Docs/spa/files/14056-q2ho8op5xp8ki6t.pdf, y queda claro que muchos de los candidatos poseen las calificaciones intelectuales y morales suficientes para integrar el Tribunal. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo en torno a cinco reformas políticas puede llevar al país a una situación de desconcierto y anarquía si los principales actores políticos no se manejan con inteligencia, sensatez y una mínima buena fe republicana.

El presidente del Consejo de Ministros ha planteado una cuestión de confianza en dos tiempos: la aprobación en el pleno, establecida en la constitución, y luego una verificación de que las leyes aprobadas materia de la confianza no hayan desnaturalizado la esencia de los proyectos originales. Este segundo tiempo no es constitucional, pero se plantea ante la opinión algo cínica de que la salida es conceder la cuestión de confianza y luego aprobar los proyectos en el sentido que se quiera.

Pero esto último, muy propio de la cultura criolla, tampoco sería serio. Desnaturaliza la cuestión de confianza. Pues, ¿para qué se plantea cuestión de confianza si no es para trabajar de consuno en un determinado sentido? Por eso, a nuestro juicio, la manera más eficiente de resolver este impasse sería que la redacción final de los textos legales materia de la cuestión de confianza se consensuen en la Comisión de Constitución con el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, asesorados eventualmente por algún miembro de la comisión Tuesta. Algo que pudo haber ocurrido días atrás y no se dio.

Esa experiencia exigiría capacidad de diálogo y disposición de llegar a acuerdos. Sería un buen ejemplo para el país y quizá se convierta en un aprendizaje que resultaría muy útil luego para avanzar en otras reformas políticas que no han sido consideradas parte del “núcleo esencial”.

Asunto aparte es si es posible o no hacer cuestión de confianza por reformas constitucionales. Este extremo quizá se lleve al Tribunal Constitucional, para que defina. Pero es posible ir avanzando con las reformas legales, y quizá incluir otras adicionales en el llamado núcleo esencial.

Al país no le conviene ni la disolución del Congreso ni una situación de desgobierno en la que cualquier decisión sea cuestionada y no se sepa cómo proceder para resolver este entrampamiento. Es evidente que el interés de ambas partes, de otro lado, es la permanencia y no la disolución y la renuncia. Por lo tanto, deberán encontrar la manera de sentarse a encontrar las fórmulas legales que permitan llevar a adelante la reforma política. Así sea. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno creó la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”, presidida por Allan Wagner e integrada por Delia Revoredo, Hugo Sivina, Samuel Abad Yupanqui, Eduardo Vega Luna, Ana Teresa Revilla y Walter Albán Peralta.

Notemos, primero, que ha sido creada haciéndola depender directamente de la Presidencia de la República y con una Secretaría Técnica que estará a cargo del Despacho Presidencial. Esto es novedoso. Significa que el Presidente Martín Vizcarra ha decidido liderar personalmente este tema. Lo que está muy bien. Significa que tiene la más alta prioridad política.

Ahora, no deja de llamar la atención el contraste entre esa prioridad y el hecho de que la Comisión tenga solo 12 días para presentar “un primer informe con recomendaciones de medidas urgentes y concretas para la reforma del sistema de justicia. Dicho informe incluirá la propuesta de creación de un mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, que garantice la sostenibilidad de una reforma integral”.

Claro, se trata solo de un primer informe. Probablemente tendrá recomendaciones generales. Todavía no proyectos de ley o de modificación constitucional, sino la indicación de formularlos con determinado contenido. De hecho, luego se dispone que la Comisión continuará funcionando hasta la instalación del mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, oportunidad en la hará entrega de sus recomendaciones finales al Señor presidente de la República, en sesión del Consejo de Ministros.

Sería importante que la Comisión convoque a juristas de pensamiento liberal y a administradores o personas de otras profesiones que puedan ofrecer una visión diferente a la común orientación que parecen tener los comisionados, así como a gremios y a facultades de administración y gestión pública.

Es probable que la comisión tome como referencia dos documentos: uno, el plan propuesto por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justica (CERIAJUS) el año 2004. Este es un documento muy amplio y muy detallado, que llega incluso a calcular el costo presupuestal de los cambios planteados, que en ese momento estaba alrededor de los 3 mil millones de soles. (ver: Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia). El resumen de las propuestas puede encontrarse entre las páginas 29 y 56 de ese plan. Queda claro, de su revisión, que algunas de ellas han perdido vigencia y otras son discutibles. Pero hay otras tantas que pueden ser recogidas. La más interesante es la propuesta de una Corte Suprema integrada solo por 11 miembros dedicados a establecer jurisprudencia. Un cambio como ese es fundamental.  

Un aporte mucho más sintético pero con ideas claras, que seguramente será tomado en cuenta dado que el presidente de la Comisión es, a su vez, presidente de la Asociación Transparencia, es  la propuesta de reforma institucional formulada por esta institución (ver:  Propuestas de reforma institucional para el fortalecimiento democrático).

En ella no se acoge la idea propuesta por la CERIAJUS de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se haga cargo no sólo de la selección, nombramiento y promoción de los magistrados, sino también del control y régimen disciplinario de todos los jueces y fiscales, eliminando el sistema de control interno que está en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y propone suprimir las ratificaciones de jueces y fiscales cada siete años, pues en la práctica se han convertido en un poder discrecional, absoluto, secreto e incuestionable.

Transparencia plantea también la eliminación de la ratificación cada 7 años, pero no el control externo total. En realidad, dicha ratificación debería ser reemplazada por un sistema de evaluación de desempeño permanente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que sea base de los ascensos y del retiro de los magistrados en los casos de incompetencia.

A nuestro juicio, el elemento clave en todo esto es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros hemos propuesto que se haga mediante un concurso público organizado por una junta de personalidades intachables o alguna otra fórmula que dé garantías de idoneidad. Los consejeros designados por el sistema judicial, universidades y colegios profesionales han demostrado carecer del nivel profesional y ético necesario en una institución tan decisiva como esta.

Es evidente que una reforma del sistema judicial bien hecha tendrá un costo presupuestal. De hecho, la CERIAJUS plantea que el presupuesto formulado por el Poder Judicial no podrá ser observado por el Ejecutivo, salvo que exceda el 4% del monto total del presupuesto general de la República. Si bien 4% parece mucho, sobre todo considerando que hay mucho por ganar en eficiencia de los despachos y en reducción de personal excedentario –¡hay más de 8 administrativos por juez! – y también en el impulso a fórmulas tales como el arbitraje civil y penal que descarguen procesos en el sistema judicial, de todos modos quizá se requiera más jueces en algunas áreas e invertir en diversas mejoras, de modo que la reforma sin duda tendrá un costo.

En ese sentido, la Comisión debería pedir a expertos formulen una propuesta de reducción o eliminación de dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado, que se han multiplicado en los últimos 20 años. Y el gobierno debería retirar de la administración pública a todos aquellos funcionarios que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, que serían una cantidad apreciable. Y también a todos aquellos que resulten excedentarios luego de los Análisis de Calidad Regulatoria y de Impacto Regulatorio y de la simplificación administrativa en general que está llevando a cabo la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Pues la primera prioridad en un Estado de Derecho es la seguridad física y jurídica, el imperio de la ley.    

A lo largo de estos últimos años Lampadia ha venido formulando propuestas de reforma institucional, particularmente en lo relativo al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía. Queremos aportarlas a la Comisión.

En relación al Poder Judicial recomendamos ver las siguientes propuestas:

La impostergable reforma del Poder Judicial

¿Es posible una reforma judicial desde adentro?

En relación al Ministerio Público:

La reforma del Sistema Judicial

Y en relación al Consejo Nacional de la Magistratura:

Reforma del CNM y de la administración de justicia

Aportamos estos escritos a los trabajos de reforma que próximamente se emprenderán.

Nuestra propuesta se puede resumir así:

• Elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura mediante concurso público organizado por una junta de personas intachables (como, por ejemplo, Allan Wagner, Fernando de Trazegniez, Felipe Ortiz de Zevallos, Eduardo Vega, Beatriz Boza, Richard Webb entre otros) o por un organismo o junta de instituciones que ofrezca garantías.  
• Eliminar la ratificación de los jueces cada 7 años por parte del CNM pero reemplazarla por un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales aplicado por las propias instituciones que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado incompetente.
• Pasar a una Corte Suprema pequeña y de muy alto nivel dedicada a establecer jurisprudencia a partir de casos emblemáticos.
• Alargar el periodo del presidente del Poder Judicial de dos a cuatro años, empoderándolo tanto a él como al gerente general.   
• Implantación de expediente digital, incluyendo en área penal
• ‘Oralización’ en todas las ramas judiciales
• Impulsar el arbitraje civil y penal
• Llevar a cabo talleres con jueces en todo el país para discutir una versión resumida del libro de Jaris Mujica “Micropolíticas de la corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, 2011. Lima, Asociación nacional de Rectores, y elaborar cursos de acción y cambio a partir de esa discusión.
• Que la Corte Suprema empodere a un equipo o misión extranjera para llevar a cabo la modernización interna del Poder Judicial.
• Fortalecer la OCMA y a la Fiscalía Superior de Control Interno para que puedan efectuar labores de inteligencia en las Cortes Superiores a fin de identificar nidos de corrupción y de vinculación de jueces con organización criminales, y darles la facultad de firmar convenios con unidades de inteligencia de la Policía Nacional con el mismo objetivo.  
• Exhortar a los estudios de abogados a firmar un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar.
• Distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. 
• Aprobar una ley de carrera del trabajador judicial que tenga carácter meritocrático, y racionalizar el servicio administrativo del Poder Judicial, donde hay la excesiva cantidad de 8 administrativos por juez.
• Reducir o eliminar dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado y retirar del aparato público a todos aquellos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, así como a aquellos que resulten excedentarios luego de los procesos de simplificación administrativa, desregulación y reingeniería, a fin de reorientar esos recursos al fortalecimiento del sistema de justicia.

Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 4 de mayo de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El 1° Nivel – digamos… el Presidente de la República – quiere mejorar el bienestar de los peruanos. Yo le creo. El presidente Vizcarra está mortificado por la corrupción y la lentitud en las instituciones públicas. Ha pasado más de un año y la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero avanza a paso de tortuga. En Ica, todos los puentes dañados siguen tal cual quedaron después del desastre.

El 2° Nivel – el Consejo de Ministros – piensa igual. Ellos acogen – y comparten – la política del presidente. Todos los ministros pretenden ser más expeditivos en sus respectivos sectores. Pero no. Nada camina como debiera… no solo la reconstrucción. Nada fluye con normalidad. Ni las obras, ni los servicios públicos.

Los Vice Ministros – el 3° Nivel – reciben mucha presión de sus ministros. Incluso, del propio presidente. Pero tampoco son capaces de desatar el nudo. Ordenan, exigen, invocan, y – hasta – amenazan a sus Directores Generales… pero nada. Las colas y los maltratos están a la orden del día. La reconstrucción no avanza. Incluso, muchas obras ni siquiera han empezado.

Los Directores Generales – el 4° Nivel – se sienten impotentes. Ellos ocupan cargos de alto rango – cargos de confianza como los Ministros y Vice Ministros – pero en la práctica no logran que los servidores del 5° Nivel – y menos los que le siguen – respondan a las expectativas de la ciudadanía.

¡He ahí el problema! A partir del 5° Nivel todo se traba. Ahí hay muchos servidores públicos – millones – que llevan años vegetando en el Estado. Muchos entraron a trabajar – tiempo atrás – por recomendación de algún padrino político… congresista, ministro, gobernador, alcalde, etc. Peor aún. Muchos “compraron” sus puestos coimeando a funcionarios encargados de la contratación de personal. Y otros tantos “ganaron” concursos de trabajo engañando al Estado con certificados de estudios y/o de experiencia laboral… falsos. ¡Todo bamba! Esa gente no tiene – ni nunca tuvo – mérito alguno para estar donde están. No obstante… ahí están.

Ahí – en la Costra del 5° Nivel – está la corrupción generalizada que sangra – de sol en sol – a los ciudadanos de a pie. Ahí está la resistencia boicoteadora, cuya máxima aspiración es el fracaso del Estado. Ahí están los funcionarios que – sin piedad – maltratan a los peruanos. Ahí están los indolentes que no se inmutan ante el dolor de la gente pobre. Ahí están los ineptos cuyo único mérito es ser allegado de algún padrino político. Ahí están los que por miedo – o sabe Dios porqué – no firman nada, y por ende lo traban todo. Por último, ahí están los ociosos que se la pasan leyendo periódicos faranduleros o chismeando a través de las redes sociales. Así es la Costra del 5° Nivel.

OTROSÍ: Hamlet – el personaje máximo del genial William Shakespeare – dijo “ser o no ser, ésa es la cuestión” mientras libraba una lucha entre la vida y la muerte, dentro de sí. Pues bien, yo creo que el Estado peruano – nuestro Estado – está frente a una disyuntiva igual de dramática que el dilema hamletiano.

“Ser buen servidor público o no ser servidor público, ésa es la cuestión”. Muchos servidores públicos de nuestro país – yo diría… la mitad – NO merecen estar donde están. Es patético… por ese cardumen burocrático nuestro Estado se debate entre la vida y la muerte.

Claro que tenemos buenos servidores públicos. Repito. La mitad de nuestra burocracia estatal es excelente. Inteligentes, serviciales, puro punche, y honestos. Con ellos basta y sobra para gestionar bien el Estado. El problema es la otra mitad.

¡Disolver! El problema de la Costra del 5° Nivel se resuelve disolviéndola. Los peruanos NO merecemos esa lacra burocrática. Nos están matando poco a poco. Tienen que salir de donde están. La ley nos ampara. “Ser buen servidor público o no ser servidor público, ésa es la cuestión”. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso ha dado una ley para protegerse a sí mismo, alterando el equilibrio de poderes establecido en la Constitución. La resolución legislativa aprobada para limitar la facultad presidencial de disolver el Congreso cuando éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, introduce limitaciones a dicha facultad que la Constitución no precisa y que contravienen la costumbre constitucional establecida en nuestro país.

En efecto, el artículo 133° de la Carta Magna dice, a la letra: “El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”.

La costumbre constitucional

En nuestro país, cada vez que el presidente del Consejo de Ministros ha renunciado o ha sido removido por el presidente de la República, o ha sido censurado, se ha producido, como dice el citado artículo 133°, “la crisis total del gabinete”. Y esa “crisis total” en ningún caso ha significado el cambio de todos los ministros. Siempre dejaron el cargo el Premier junto con algunos ministros, pero no todos.

Esa ha sido la costumbre constitucional. No se la puede modificar sin modificar la propia Carta Magna. Y eso no ha ocurrido. La resolución legislativa que modifica el artículo 84 del reglamento es en realidad un cambio constitucional, y debió seguir el procedimiento que corresponde a toda enmienda de ese nivel. Ni siquiera fue analizado el proyecto por la Comisión de Constitución. Fue aprobado furtivamente, casi como si se tratara de un asalto a la Constitución.

Y esa costumbre constitucional tenía sentido. Un nuevo Premier supone un nuevo enfoque de gobierno, algún cambio en el énfasis o en las prioridades. Por eso, el artículo 130° de la Constitución señala que “Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza”. Si debe asistir a exponer la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, es porque su gestión pretende imprimir algún cambio respecto de la anterior. Pero para efectivizar ese cambio de énfasis o de prioridades o de capacidad de gestión, no necesita cambiar a todos los ministros, sino a los que tengan que ver con ese cambio de orientación.

Ley con nombre propio

La resolución legislativa aprobada por el Congreso es, en realidad, una ley con nombre propio. Y ese nombre propio no es una persona, sino el Congreso mismo. Viola, entonces, el artículo 103° de la Constitución que dice: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas”. Ha dado la ley para prevenir una eventual cuestión de confianza futura o para que la cuestión de confianza negada al gabinete Zavala no cuente como válida para una eventual disolución del Congreso. Y no se puede legislar con nombre propio ni es correcto hacerlo a partir de una circunstancia específica, menos aun si es para defender un interés particular o crear una situación de relativo privilegio.

¿No han pensado que pueden llegar a ser gobierno?

Los partidos actualmente en el Congreso parecen no haberse percatado de  que pueden llegar a ser gobierno y que lo que hoy legislan para protegerse, mañana, si están en el Ejecutivo, los perjudicará. La resolución legislativa que acaban de aprobar los condenaría a la parálisis. Han legislado como si su situación actual en el Congreso fuera a perpetuarse. No han visto más allá de tres años. Ni siquiera se les ha ocurrido que pueden ganar una elección presidencial.

Si no se resuelven los problemas de diseño constitucional que vamos a explicar, pueden terminar en la situación inversa a la que se encuentran ahora: con un congreso opositor que no les deje gobernar. Porque otra consecuencia de esta resolución legislativa, es que altera el equilibrio de poderes previsto en la Constitución. La posibilidad de disolver el Congreso a la segunda censura de un gabinete es un contrapeso ante un Parlamento eventualmente dominado por una mayoría opositora obstruccionista. Limitar esa facultad debilita aún más a cualquier Ejecutivo que carezca de mayoría en el Congreso: otra razón, además, para que un cambio como éste solo pueda proceder vía reforma constitucional.

Cambios deberían ser al revés

En realidad, los cambios que requiere el ordenamiento constitucional y legal en el tema de la relación entre poderes, deberían ir más bien en el sentido contrario: posibilitar la disolución del Congreso a la primera y sin expresión de causa, cuando una situación de entrampamiento o de continua censura de ministros paraliza al Ejecutivo. La disolución del Congreso buscaría que el pueblo elija una nueva mayoría que le de gobernabilidad al Ejecutivo. En su defecto, si la oposición vuelve a triunfar, ella tendría que poner al Premier, como en la cohabitación francesa. Lo que no se puede mantener es una situación permanente de enfrentamiento estéril.

Pero, más importante aún, junto con esa reforma constitucional habría que dar otra que disponga la elección del Congreso al mismo tiempo o después de la segunda vuelta, para que la posibilidad de que el Presidente tenga mayoría en el Congreso sea mucho mayor o que el elector decida conscientemente si le quiere dar mayoría al Presidente para que pueda gobernar.  

Esa es la ventaja de los sistemas parlamentarios, de donde viene la institución de la disolución del Congreso. En ellos el Ejecutivo tiene mayoría por definición porque el Ejecutivo nace del Congreso y por lo tanto el líder de la mayoría se convierte en el Premier. Una mayoría opositora es imposible: si llega a darse, el congreso es disuelto, precisamente. El conflicto de poderes no dura, se resuelve rápidamente. El resultado es que se consigue democracias más funcionales, más efectivas. Que es lo que necesitan nuestros países.

Pero si no vamos a ir a un sistema parlamentario, por lo menos introduzcamos las reformas constitucionales que favorezcan la elección de un Presidente de la República con mayoría parlamentaria, y que en el caso de que, pese a ello, dicha mayoría no se dé y/o se presente una situación de entrampamiento que ate de manos al gobierno, el Ejecutivo pueda resolverla disolviendo el Congreso sin expresión de causa, en los términos que hemos explicado.

Si Fuerza Popular, el APRA y los demás partidos que han apoyado este despropósito tuvieran voluntad de triunfo electoral el 2021, ya se habrían dado cuenta de la necesidad de realizar estos cambios constitucionales en lugar de agravar las condiciones de gobernabilidad. 

Editorial

El día de ayer, el Presidente Kuczynski tuvo que suspender sus actividades y sostener largas conversaciones en su residencia personal, con su Primera Ministra y otros miembros de su entorno político, con miras a enfrentar una crisis política gravísima, desatada luego de las revelaciones de la Comisión del Lava Jato, que lo implican muy delicadamente.

Como dijimos ayer, una crisis de estas proporciones, requiere la mayor tranquilidad y cordura posibles. (Ver: A mayor crisis, mayor tranquilidad). Felizmente, el día estuvo más signado por la angustia que por el ruido político. Todo el país estuvo en vilo esperando el pronunciamiento del Presidente, sobre su eventual renuncia. La duda se despejo recién a altas horas de la noche, pasadas las 11pm.

Efectivamente, después de un largo Consejo de Ministros en Palacio, el Presidente salió, con el respaldo físico de sus colaboradores, a afirmar su inocencia y a enfatizar que no tiene la menor intención de renunciar.

Para esto, un buen número de partidos políticos, entre los que no se encontraba Fuerza Popular (FP), adelantaron su intención de plantear el proceso de vacancia presidencial por ‘incapacidad moral’. Por su lado FP se inclinó por pedir la renuncia del Presidente.

La vacancia presidencial es un proceso que solo puede ser destructivo, y que seguramente llevaría las conciliaciones de los congresistas a niveles que solo terminarían de dar un puntillazo en la imagen del Congreso.

Para que se lleve a cabo, la vacancia tiene que pasar por tres números:

26 – 52 – 87

• 26 votos para presentar la moción
• 52 votos para admitirla a trámite, y
• 87 votos para sancionarla

En el caso de que dentro del proceso de vacancia, el Presidente opte por insistir en su inocencia, a lo que tiene todo el derecho, también se debe hacer lo posible por que el proceso sea respetuoso y se resguarde la institución presidencial.

A diferencia de la vacancia, una eventual renuncia del Presidente lleva a los siguientes posibles escenarios:

• Asume la presidencia en las mismas condiciones que el titular, el Primer Vicepresidente, y completa el mandato hasta el 2021.
• De renunciar a asumir la presidencia el Primer Vicepresidente, asume, en las mismas condiciones, el Segundo Vicepresidente.
• De renunciar a asumir la residencia, el Segundo Vicepresidente, toma el poder el Presidente del Congreso, y debe convocar elecciones generales en un plazo máximo de un año.

Como puede verse, los acontecimientos que se definan en los próximos días pueden llevarnos a procesos políticos complejos que necesariamente, alterarán gravemente, la vida de nuestra sociedad y la recuperación de la economía.

Por todo esto, es que queremos enfatizar, que, a pesar de estar en medio de una tremenda crisis política, debemos hacer lo posible por ser impecables en cumplir todos los preceptos constitucionales, y manejar el ‘proceso’ de la mejor manera.

Esto incluye, por supuesto, la alternativa de que el Presidente opte por la renuncia, y se evite, y nos evite, a todos, días de excesos y agravios. Por lo demás, el dijo desde antes de llegar al sillón presidencial, que si algo le pasaba, teníamos a ‘Martincito y Mechita’.

Como dijimos ayer:

Los momentos difíciles de una nación deben llamar a las reservas de grandeza que todos tenemos. En un momento de crisis, especialmente, en la política, se deben prender luces y no buscar réditos propios.

Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Decíamos en nuestra anterior entrega (ver en Lampadia: ¿Dónde están los autores mediatos de los crímenes de Bagua? (I)) que el Baguazo con su fatídico desenlace fue la consecuencia de un mito que se construyó en torno a los efectos supuestamente expoliatorios de los diez decretos legislativos que se dieron para adaptar la legislación nacional al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es lo que hemos llamado el mito expoliatorio. El baguazo fue el punto culminante de una larga movilización de comunidades nativas que fueron convencidas por ONGs, Obispos, antropólogos, periodistas, políticos y por sus propios dirigentes, de que el gobierno, digitado por las transnacionales de las industrias extractivas, había promulgado diez decretos legislativos para despojarlos de sus tierras y bosques. Y, por supuesto, ante tal amenaza, era lógico que las comunidades se pintaran la cara de rojo y se lanzaran a la guerra para defender sus posesiones.

Fuente: Blog-puntodevistaypropuesta.wordpress.com

El único decreto legislativo que contenía una disposición que podía eventualmente ser aprovechada para adquirir tierras comunales, era el 1015, que permitía a las comunidades campesinas y nativas de la Sierra y Selva vender sus tierras sólo con la aprobación de la mitad más uno de los miembros de la comunidad presentes en la asamblea, lo que, en la práctica, significaba que la comunidad podía enajenar sus tierras por decisión de una fracción pequeña de sus miembros, que podían haber sido comprados por alguna empresa capitalista. Pero, como recordamos en el artículo anterior, este decreto legislativo ¡ya había sido ya derogado por el Congreso diez meses antes de Baguazo, en agosto del 2008!, y, por lo demás, tampoco era aplicable a los bosques de las comunidades porque éstos no son propiedad de las comunidades nativas sino de la nación, según la Carta Magna, de modo que las comunidades no podían venderlos así hubieran querido.

Veíamos también que otro decreto legislativo cuestionado, esta vez sin razón, fue el 1090, Ley Forestal y de Fauna, que establecía que “el cambio de uso debe ser autorizado por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre basado en un expediente técnico que principalmente garantice la sostenibilidad del ecosistema” (art. 25), de modo que la interpretación era: quienes quieran apoderarse de tierras comunales pues buscarán el cambio de uso para declararlas agrícolas y de esa manera solicitar su adjudicación para proyectos de irrigación. Esa era la supuesta estrategia del despojo.

La suspicacia podía tener sentido en un país en el que, con alguna frecuencia, las normas se han dado para favorecer intereses particulares. Pero aquí estamos en el supuesto negado de que existen tierras comunales no tituladas en la selva en las que se pueda realizar proyectos de irrigación. ¿Proyectos de irrigación en la selva? Aun admitiendo lo imposible, dicha atingencia se podía resolver también muy fácilmente, con una frase o un artículo. De hecho, el Congreso, atendiendo a este y otros asuntos, dictó, el 13 de enero del 2009, cinco meses antes del baguazo, la ley 29317, que introducía modificaciones a la ley Forestal estableciendo garantías mucho más fuertes para el cambio de uso, que complicaban extremadamente la posibilidad de una arbitrariedad. Pero tampoco fue suficiente. La demanda maximalista de derogar todos los decretos legislativos se mantuvo.

El rol de la Defensoría del Pueblo

Lo increíble, y es lo que vamos a analizar ahora, es que la propia Defensoría del Pueblo se sumó a la construcción del mito cuestionando la constitucionalidad del mencionado decreto legislativo 1090 (y de otros), con argumentos discutibles y poco equilibrados,  ideológicamente sesgados, que legitimaron y dieron alas a las movilizaciones indígenas.

En efecto, la Defensoría argumenta, en su informe 027-2008, que, según la Constitución, el Estado tiene el deber de promover el uso sostenible de los recursos naturales, y de fijar las condiciones de su utilización y su otorgamiento a los particulares. Pero el 1090 –dice el informe- excluye de la condición de recursos forestales –es decir, naturales- a las plantaciones forestales y a las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal, con lo que estas categorías quedan fuera de la preocupación especial del Estado en lo relativo a asegurar su uso sostenible, de modo que las tierras correspondientes podrían verse afectadas por usos no sostenibles y peligrosos. Con lo que el decreto, pues, violaba el derecho fundamental a un ambiente sano. Además, el informe encuentra, en normas y proyectos anteriores, una tendencia a entregar en propiedad privada las plantaciones forestales, insinuando que el propósito de este decreto legislativo sería el de entregar en propiedad las tierras de uso forestal y de plantaciones, aunque, de otra parte, reconoce que “la entrega en propiedad de las tierras con capacidad mayor de uso forestal no resulta expresa en el decreto legislativo 1090”. Es decir, la Defensoría cree ver una intención en la ley que la propia ley no refrenda, y lo reconoce. Inaudito.   

El informe de la Defensoría lleva a concluir, entonces, que todas las tierras con capacidad de uso mayor forestal y las plantaciones van a dejar de ser protegidas por el Estado, y como consecuencia pueden ser depredadas y eventualmente entregadas en propiedad privada, aunque esto último no se establezca en la ley. Lo increíble es que en ninguna parte el informe cita literalmente el artículo 2.1 del Decreto Legislativo 1090, que dice así: “Son recursos forestales los bosques naturales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal y los demás componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional”. De la lectura de ese artículo queda meridianamente claro que los bosques –es decir, la gran mayor parte de la extensión amazónica- siguen siendo recursos naturales, de modo que, en la práctica, las únicas tierras que dejan de ser consideradas recursos forestales o naturales son las áreas depredadas, deforestadas, aptas en principio para plantaciones forestales. Es decir, las áreas en las que el derecho a un ambiente sano ya fue afectado, y lo fue precisamente por ausencia de un derecho de propiedad claro que las defendiera. Entonces, la solución en esas zonas, para recuperar un ecosistema sostenible, para cautelar el bien constitucional del derecho a un ambiente sano, es precisamente la plantación forestal, que se desarrollaría con mucha mayor rapidez y calidad si se pudiera entregar esas tierras destruidas en propiedad (lo que el decreto, como hemos visto, ni siquiera autoriza). Es decir, todo lo contrario de la argumentación de la Defensoría. 

No es de extrañar, entonces, que las comunidades nativas pensaran que ese decreto pretendía excluir a los bosques –incluidos los que están en sus territorios- de su condición de recursos naturales y entregarlos, sin ninguna protección ni condicionamiento, a la voracidad capitalista. Es lo que en última instancia se desprendía de la interpretación sibilina que hizo la Defensoría.

Informe en Minoría de la Comisión de Investigación de los sucesos de Bagua

De hecho, esa, y aún más dramática, fue la lectura que hizo el Informe en Minoría de la Comisión de Investigación de los sucesos de Bagua, que reza así:

“El informe (de la Defensoría) concluye que la norma presentaba un conjunto de deficiencias que hubieran favorecido la deforestación de los bosques primarios del país” (Gómez y Manacés: 22).

De hecho, el decreto legislativo 1090 se convirtió en el símbolo de las intenciones predatorias del gobierno y en el blanco principal de la lucha de los indígenas. ¿Cómo no movilizarse hasta la muerte si la propia Defensoría del Pueblo dice que el decreto legislativo 1090 favorece el despojo y la deforestación de los bosques? ¿Para qué sentarse a dialogar para modificar los decretos, si son inconstitucionales y deben simplemente ser derogados?

En realidad, no sólo los decretos legislativos rechazados, sino las leyes, las normas sobre información y participación de las comunidades y la institucionalidad que en materia de inversión petrolera se había venido dando en los últimos años, buscaban fomentar la inversión, sí, pero también proteger más los bosques, su explotación sostenible y los propios derechos indígenas que las normas anteriores, aunque sí es cierto que no promovían especialmente, por ejemplo, el acceso de los pueblos indígenas al reconocimiento de sus tierras tradicionales aún no tituladas, y que “la titulación de tierras indígenas no aparece como un mecanismo contemplado por el paquete y sí todas las otras formas de titulación” (Gómez y Manacés, p. 21).

Pero una cosa es que los decretos legislativos no pusieran énfasis en la titulación de las comunidades, y otra es que buscaran despojarlas. Si los decretos contenían artículos que podían ser interpretados de modo malicioso para afectar los derechos de las comunidades, se trataba de disposiciones fácilmente modificables o precisables, como hemos visto. Pero esto nunca se pudo realizar. No se quería realizar. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, como veremos, lo intentó, se reunió con Alberto Pizango, el líder indígena, se instaló una comisión técnica para el efecto, pero fracasó porque AIDESEP insistió en la derogatoria total, llevando a su gente al despeñadero. ¡Y ha sido exculpado! En el Ejecutivo también se conformó una comisión multisectorial con presencia de AIDESEP y en varias ocasiones el propio presidente del Consejo de Ministros –Yehude Simon- solicitó que se precisara qué artículos había que modificar y de qué forma, a fin de proceder a hacerlo y resolver el problema, pero siempre la respuesta fue la derogatoria total o nada.

Con la ayuda incluso de la propia Defensoría del Pueblo, los decretos legislativos se habían convertido ya en un mito, en lo que hemos llamado el “mito expoliador”, que tuvo, a la postre, el terrible efecto letal que todos lamentamos.

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus

Lampadia

El ministro de economía Luis Miguel Castilla bajó la proyección del crecimiento del PBI peruano para este año a apenas 4.2%, debido a una menor inversión privada y la reducción de las exportaciones, especialmente las tradicionales. Tan solo hace cuatro meses el gobierno  proyectaba un crecimiento de 5.7%, sin querer entender que la economía se estaba yendo a pique. Como lo anunció Lampadia en marzo pasado. Ver en (L): Otra vez La Parada (esta vez en la inversión). 

El Consejo de Ministros anunció que se ha incrementado el presupuesto de la República en 12% para el 2015 con respecto al del 2014, llegando a S/.130 mil millones.  La mayor parte del presupuesto se financiará con recursos ordinarios.  También se anunció un Proyecto de Endeudamiento del Sector Público para el 2015 que incluye una deuda de US$2,162 millones con entidades externas y S/.7.5 mil millones de deuda interna.  Castilla espera que la deuda pública peruana continúe reduciéndose a 19.6% para el 2015 y a 17% en el 2017. 

Anunciaron que el presupuesto para el 2015, cuyo proyecto debe ser aprobado por el Congreso, se sostiene en seis ejes:

1 Más recursos para educación: Incremento de S/. 4,200 millones.  Incluye costos de la reforma magisterial, reubicación de 50 mil plazas docentes y Plan de Infraestructura Educativa.

2. Más recursos para salud: Incremento de S/. 2,647 millones.  Necesarios para continuar con la reforma del sector.

3. Más recursos para financiar inclusión social: Adicional de S/. 1,000 millones.

4. Fortalecimiento de acciones de seguridad, orden público, defensa nacional y justicia: Incremento de S/. 1,300 millones.

5. Más recursos para cerrar la brecha de inversión en infraestructura: Incremento de S/. 36,000 millones.

6. Más recursos para la reforma del servicio civil: Entrega de S/.850 millones.

La proyección de 4.2% para el PBI se sostiene en un incremento del 5.2% para el segundo semestre del año, debido a una recuperación del entorno internacional y a la estabilización de los precios de las materias primas.  En ese sentido, el ministro reconoció la influencia que tendrán los avances en grandes proyectos mineros como Toromocho o la expansión de minas que ya están funcionando como Antamina. 

También se espera que las políticas fiscales y monetarias tengan un impacto en un menor crecimiento de la demanda interna.  Sin embargo, sabemos que el verdadero impulso al crecimiento viene por el apoyo a la inversión privada, por lo que se debería insistir en solucionar los problemas que tienen parados a grandes proyectos mineros.

Finalmente, quizás más importante es que en la reciente sesión del Consejo de Ministros también se aprobó un nuevo (MMM) Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017, el cual incluye según el ministro Castilla, importantes novedades, que no ha explicado. (Ver las novedades anteriores (L): Novedades del MMM 2015-2017).

Lamentablemente, hasta ahora, ni el ministro Castilla puede reconocer que hemos apagado el motor de crecimiento más grande, la inversión minera. Mientras que no la reactivemos con nuevos proyectos, no recuperaremos el ritmo de crecimiento. Ver en (L): Volvamos a prender el motor de la economía. Lampadia