EDITORIAL

El ‘putsch’ de Movadef iniciado con la huelga de maestros de 54 días, sigue causando estragos políticos en el país. Ante el anuncio de una posible censura de la responsable del sector, la ministra Marilú Martens, el gobierno de PPK se apura a pedir cuestión de confianza y pone a todo el gabinete en un interinato que correrá en paralelo a una nueva paralización del país.

La versión oficial sobre la huelga, pretende hacernos creer que los radicales que coparon el manejo de la huelga fracasaron, pues se mantuvo la evaluación de maestros. La verdad es que la evaluación ha quedado debilitada, además, el gobierno de PPK, consolidó el retroceso al respecto, que dio Humala con Rojas, Saavedra y Mora, desde el 2012, en la negociación que hizo el ministerio de educación con el Sutep y el Conare, según confesión de Mora.

Por otro lado, es evidente que la huelga no tenía objetivos reivindicativos, sino políticos. Aunque, los maestros conducidos por los radicales consiguieron adelantar el aumento a dos mil soles, de mayo 2018 a noviembre 2017, bajar la edad de jubilación a 55 años, etc.; la huelga fue el mecanismo con el que el Conare, Pukallakta y Movadef, dieron el golpe de gracia al Partido Comunista del Perú (Patria Roja), en el control de la representación sindical del magisterio.

En cuanto a la ministra, es claro que ella no tuvo la capacidad de manejar la huelga y evitar el daño a los niños y jóvenes, con la pérdida de buena parte del año lectivo, ni la toma de control de la representación de los maestros, por parte de los radicales. Todo el mundo tuvo que darle la mano. La huelga terminó con una ministra que ‘les agradeció a los maestros’ por ponerle fin.

Pero el mayor problema no es si la ministra estuvo o no, a la altura de las circunstancias, durante la huelga. El verdadero reto viene ahora, después de la huelga, con el agravamiento de la situación de la educación escolar y los graves problemas de representación sindical de los maestros.

Ahora se necesita, temporalmente, un ministro con un perfil más bien político que académico. Alguien como Fernando Rospigliosi, que ordene la casa, que redefina roles y relaciones del ministerio, los maestros, los estudiantes, los padres de familia, y el sindicato, o los sindicatos.

Por lo tanto, lo último que el país necesita es mantener a la ministra Martens a cargo de la cartera. En consecuencia, mal hace el gobierno en plantear una cuestión de confianza por alguien que debe salir de la manera más digna posible, sin tanto escándalo. Además, pareciera que el pedido del gobierno no se ajusta a las normas constitucionales, según lo expresa hoy en El Comercio el constitucionalista Enrique Bernales:

Según Bernales, no se está discutiendo alguna política en conjunto del Gabinete, sino una responsabilidad individual correspondiente a la cartera de Educación.

— ¿Es acertada la medida del Gobierno?

No se ajusta a la Constitución. Las responsabilidades colectivas son distintas que las individuales. Y los artículos 123, 128 y 132 distinguen con toda claridad que los ministros son individualmente responsables por la gestión de la cartera a su cargo. La pretensión de que un Gabinete se sustituya y haga cuestión de confianza -cuando corresponde solamente responder por ella al ministro en cuestión- no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sustento constitucional. Es un error pretender solucionar una crisis agravándola.

— En su pedido, Zavala cita el artículo 133 de la Constitución.

Ese artículo tiene que leerse de manera sistemática con el artículo 119. Cada ministro es responsable en la cartera a su cargo. El artículo 133 no puede leerse independientemente del 119, sino sería una antinomia constitucional. El principal error de este Gabinete es que no conocen la Constitución.

— ¿Cómo debió plantearse el pedido?

Ahí tienen el caso de Alfredo Thorne [ex ministro de Economía]. Lo quiso censurar el Parlamento, hizo cuestión de confianza y no comprometió al Gabinete. El Congreso le dijo no hay confianza y se fue, se acabó la historia y se resolvió el problema. ¿Por qué buscar agravar las crisis? ¿O lo que se cree es que es una solución empujar para llegar a la disolución del Congreso?

(“Pedido de Zavala no se ajusta a la Constitución“, El Comercio, 14 de setiembre de 2017)

Por otro lado, como sabemos, los halcones de PPK vienen coqueteando con la idea de disolver el Congreso y llamar a otra elección legislativa, con el propósito de diluir la mayoría de Fuerza Popular (FP).

Pero, plancha quemada, según Ipsos, de darse otras elecciones, FP lograría hasta 91 escaños, ver cuadro:

¿A qué viene entonces el envalentonamiento del gobierno? ¿Es solo otro capricho del Presidente, que el Primer Ministro Zavala no puede contrariar?

En nuestra opinión, el Ejecutivo está siendo irresponsable al jugar con la posibilidad de afectar la insipiente recuperación de la economía, o el tímido ‘rebote’ económico, según el Presidente de BCR. El gobierno de PPK no puede contagiarse de la carencia de inteligencia emocional de la que ha hecho gala, nuestro escritor, Mario Vargas Llosa. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La comisión de Constitución del Congreso está dedicada a debatir y aprobar las normas que permitan regular mejor las elecciones municipales y regionales del 2018,[1] pero todavía no aborda las reformas de fondo necesarias para reconstruir un sistema de partidos funcional, asegurar la gobernabilidad y mejorar la representación, ni, como veremos, existe aun consenso sobre ellas.

Fuente:  Blog: Polítika

Entre los congresistas no parece existir conciencia acerca de la necesidad de llevar a cabo una reforma política de verdad o se encuentran cómodos con la manera como llegaron al Congreso y no quisieran cambiar el statu quo. Son producto de la disfunción y por eso no ven la necesidad de remediarla.

Pero basta revisar el último proceso electoral para advertir las características del problema. El libro “Perú, elecciones 2016”, cuyo editor es Fernando Tuesta, contiene ensayos muy ilustrativos al respecto. Varios de ellos dan cuenta de cómo se manifestó en esa elección la naturaleza altamente personalista de la política peruana y la inexistencia de partidos propiamente tales: la gente vota por la persona, y los partidos son meros vehículos para la movilidad política de los candidatos.

Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca, por ejemplo, muestran cómo los candidatos al Congreso han postulado antes a cargos sub nacionales por diversas agrupaciones regionales o locales, o al propio Congreso por partidos políticos distintos al que en esta ocasión los postula. Lo que hay es una altísima movilidad. Los partidos no tienen existencia propia. Son meros vehículos, como decíamos. Milagros Campos anota cómo el transfuguismo, es decir, cambiar de partido, es una manera de reelegirse.

Y el problema es que las reglas electorales y las que regulan las organizaciones políticas agravan esta situación. Más específicamente, impiden que los partidos se institucionalicen y socavan la democracia interna o colisionan con las normas que la regulan. Así, Mauricio Zavaleta y Paulo Vilca demuestran cómo los miembros o militantes de los partidos tienen pocas posibilidades de alcanzar las candidaturas congresales, puesto que éstas son obtenidas por políticos regionales (líderes de movimientos regionales) en negociaciones directas con los dirigentes del partido, quienes los escogen porque ya son conocidos y por su capacidad de aportar recursos.

Evidentemente, si las élites partidarias prefieren captar políticos regionales competitivos sin vínculos con la organización,  ¿para qué elecciones internas? Ellas y los Comités Locales se convierten en un problema.

Esta simbiosis entre partidos y movimientos regionales o locales atenta no sólo contra la democracia interna en los partidos sino también contra la propia consolidación de los partidos políticos en el territorio. En cada elección municipal el porcentaje de alcaldes que pertenece a movimientos regionales es mayor, y los partidos tienen cada vez menos presencia, pero eso no es problema a la hora de las elecciones nacionales porque los partidos reclutan precisamente a esos líderes conocidos y acaudalados de movimientos locales.

De lo que se desprende que una reforma necesaria sería eliminar la participación de los movimientos regionales en las elecciones subnacionales o ponerles requisitos más fuertes para inscribirse y participar, u obligarlos a adscribirse a un partido.

Pero allí no queda la cosa. En este contexto, el voto preferencial resulta funcional a las dirigencias partidarias porque incentiva a los candidatos al Congreso a hacer campaña con sus propios recursos, sin necesidad de usar recursos del partido, promoviendo de paso la imagen del candidato presidencial. Pero, claro, esto se hace a costa de una plataforma programática cohesionada y genera una competencia fratriciada entre los candidatos del mismo partido.

En suma, movimientos regionales liderados por políticos locales con recursos,  y voto preferencial, son instituciones que se refuerzas mutuamente, pero a costa de la institucionalización partidaria y de la democracia interna. No tiene sentido exigir formas mas acabadas de democracia interna si no cambiamos la combinación perversa de movimientos regionales con voto preferencial.

La solución acá es pasar a un sistema para elegir congresistas basado en distritos uninominales (o binominales), donde el candidato haría campaña pero contra los candidatos de otros partidos, no del suyo propio, eliminando el  efecto perjudicial de la competencia fratricida y de la destrucción del mensaje programático único. Este sistema tiene además un efecto reductor en el número de partidos y resuelve el problema de la representación porque el elector sabe quién es su representante y puede comunicarse con él. Le da sentido real a la democracia.

Por supuesto, un corolario de la complementariedad entre movimientos regionales y voto preferencial en la elección de los congresistas, es la fragmentación posterior de las bancadas parlamentarias, pues no existe realmente identificación partidaria.

Lamentablemente, no existe entre los congresistas de Fuerza Popular conciencia del efecto de estos mecanismos en la institucionalidad partidaria, y no hay consenso acerca de las reformas necesarias para prevenirlo. Ursula Letona me confesó de manera sincera que “hay mucha reticencia a eliminar el voto preferencial porque somos fruto del voto preferencial”. Pero más grave aun fue el desconocimiento de sus efectos: “creo que el esquema se ha mantenido porque no resulta tan dañino para la democracia, yo creo que más importante es cómo se genera la lista de candidatos, tiene que haber un sistema que le permita también al partido colocar candidatos”. Luego le pregunté:

-¿Pero tú no crees que se pueda eliminar el voto preferencial y canjearlo por un sistema uninominal?

-“De lo que he visto, no. No he visto ningún consenso”, me respondió.

Daniel Salaverry es de la misma opinión: “No hay una decisión de la bancada aún en esos temas, sin embargo mi opinión es que se puede mantener el voto preferencial”.

Si dos importantes representantes de la bancada mayoritaria están en contra de eliminar el voto preferencial, parece claro que esta reforma fundamental no se realizará. Y como tampoco se está planteando nada en el sentido de eliminar la participación de los movimientos regionales o poner requisitos mas fuertes para ella, pues se mantendrá el síndrome destructivo de la institucionalidad partidaria.  

Salaverry quizá se da cuenta de que mantener ese esquema impide la democracia interna, y tal vez por eso se opone a que los organismos electorales organicen las elecciones internas en los partidos. Obvio: las dirigencias tienen que poder reclutar a políticos locales con recursos. Si hay elecciones internas supervisadas, ese margen se achica.

De otro lado, sin embargo, el dictamen del grupo de Patricia Donayre mantenía el requisito para inscribir un partido de reunir un número de firmas equivalente al 4% del padrón electoral. Es una valla muy alta. Si se mantiene, se tiende a consolidar el monopolio de los partidos ya inscritos, lo que obligaría a que se conviertan en verdaderamente democráticos de manera que cualquiera que quiera hacer política y no tenga mas remedio que ingresar a un partido existente, pues tenga las garantías de que se respetará la voluntad de los electores internos si postula a un cargo partidario o a una candidatura.

Pero no hay consenso para que las elecciones internas sean universales –un militante un voto- ni para que los organismos electorales organicen dichas elecciones. Y menos serían éstas congruentes con mantener la nociva diada movimientos regionales-voto preferencial.

De modo que no hay lógica ni reforma por ninguna parte. Eso sí, Ursula Letona está de acuerdo –aunque a título personal- con el restablecimiento de la bicameralidad y con  la elección del Congreso junto con  la segunda vuelta presidencial o después de ella. Pero Fuerza Popular no ha discutido aun estos temas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La ruptura de la unidad y la pérdida de autoridad del CEN del Sutep, y la atomización de las dirigencias magisteriales no es sino la última manifestación de un proceso de fragmentación política e institucional que se agravó a partir del 2000 y no tiene cuando cesar.

En este caso no es solo que Patria Roja, que domina el Sutep, no está en el Congreso. Si no que las dirigencias regionales del Sutep ya no pertenecen a Patria Roja, sino al Movadef o a Puka Llacta o a Proseguir. Todos los canales de comunicación están rotos y la fragmentación es absoluta. El país se desarticula y feudaliza cada vez más, complicando la gobernabilidad y el progreso nacional.

Correspondientemente, la autoridad central del Estado es cada vez más débil. Los fiscales no fueron capaces de denunciar a los dirigentes que bloquearon caminos y tomaron aeropuertos, que son delitos mayores. El gobierno central, por su parte, no pudo lograr que los gobiernos regionales aplicaran la ley a fin de proceder a los descuentos de los maestros que no asistían a clases. Y, en general, como sabemos, ministerios clave como los de Educación y Salud tienen dificultades para aplicar políticas sectoriales a nivel nacional, para no hablar de los problemas de corrupción vinculados a una obra pública que también se ha descentralizado radicalmente en los últimos 25 años: ha pasado de un 5% de la inversión pública ejecutada por los gobiernos locales a un 45% en los última década y media, a lo que debe sumarse alrededor de un 20 o 25% que es ejecutado por los gobiernos regionales.  

Si a eso sumamos la proliferación de movimientos regionales liderados en ocasiones por aventureros políticos que se organizan para asaltar el apetitoso botín presupuestal de los gobiernos subnacionales, lo que tenemos es, en combinación con esa anarquía, la proliferación de bandas criminales dedicadas a la extorsión de obras y a la usurpación de terrenos, en alianza con fiscales y jueces, entre otras cosas.

El asunto ha llegado a tal extremo que ahora hay paros regionales contra la corrupción y la impotencia de la autoridad central para sancionarla. 

Después del Niño costero, la población de Andahuaylas bloqueó la carretera y cerró la ciudad durante 14 días en protesta contra la corrupción del alcalde en las obras municipales, contra el gobernador y contra fiscales y jueces acusados de connivencia y corrupción. La población exigía sanción y destitución, y nada de eso se podía hacer desde la provincia o la Región, pero tampoco desde el gobierno central. No había mecanismos legales para actuar. El Viceministerio de Gobernanza Territorial, recientemente creado, tuvo que llevar al juez supremo decano y al contralor regional. Este último  solicitó congelar las cuentas de la municipalidad, y la propia PCM abrió una mesa de partes para recibir denuncias. Lo mismo ocurrió en el distrito de Lagunas, en Ucayali, que bloqueó el rio de ese nombre durante dos meses con el mismo tipo de demandas.

Lo menos que podemos hacer es leer bien el mensaje que esos paros envían: lo que están pidiendo es una reforma de la descentralización y del Estado que restablezca la autoridad central en el país y establezca mecanismos eficaces de intervención, control y sanción contra la corrupción.

El problema es que ninguno de los partidos que compitieron en el proceso electoral del 2016 planteó una reforma de la descentralización en sus planes de gobierno. Pero hay que diseñarla y ejecutarla.

Lo primero es una ley que tipifique mejor los delitos vinculados al bloqueo de carreteras y toma de aeropuertos como delitos que afectan la seguridad y la economía nacionales, a fin de establecer una jurisdicción o una Sala Nacional para juzgar a quienes cometan esos actos, porque ya sabemos que los fiscales locales tiene temor de hacerlo. De lo contrario, las poblaciones seguirán sometidas a dictaduras sindicales que consiguen paralizar actividades clave como el turismo, la minería y la propia economía de la población por medio de acciones de fuerza y amedrentamiento.

También se necesita fortalecer los organismos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público a fin de que puedan investigar y denunciar a fiscales y jueces cómplices de autoridades corruptas y organizaciones criminales.

Lo segundo es revisar el proceso de descentralización para redistribuir competencias entre los tres niveles a fin de asegurar la aplicación de políticas sectoriales de nivel nacional y la capacidad de control, intervención y sanción cuando un gobierno subnacional desacata o incumple alguna política o norma de carácter nacional.

Esto puede conllevar la centralización de importantes funciones en sectores clave como Educación, Salud, Transportes, minería y pesquería y desarrollo forestal, por ejemplo. Queda claro que no existe masa crítica profesional suficiente para construir 25 gobiernos centrales en el país. Por supuesto, eso necesita un acuerdo político.

Además, se requiere aplicar lo que nunca se hizo: un proceso de certificación de competencias para trasladar las funciones que realmente los gobiernos subnacionales pueden manejar.

En realidad, nada de esto se está trabajando, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. El viceministerio de Gobernanza Territorial, que posee una Secretaría de Descentralización, ve aspectos operativos pero no está elaborando ninguna propuesta al respecto. Según el viceministro Javier Fernandez Concha, sí está construyendo, en cambio, una metodología de planificación territorial, porque –señala- no existe un ente que planifique el desarrollo regional o local. No hay verdaderos planes regionales o locales, sino listados de obras que responden a motivaciones con frecuencia crematísticas.  Se busca que la metodología de planificación en diseño calce con el CEPLAN y con el MEF, con el nuevo sistema de inversión pública llamado Invierte.Pe, que contiene una lógica más racional desde que prioriza las obras en la medida en que cierran brechas identificadas y cuantificadas. 

En la base está un Estado sumamente ineficiente y burocratizado, compuesto por empleados públicos nombrados que carecen de las calificaciones  necesarias o, si las tienen, pueden darse el lujo de no trabajar o trabajar al mínimo porque no hay evaluaciones y saben que no pueden ser despedidos.

En ese sentido, una reforma complementaria es la del régimen del servicio civil, que debe ser implantado a todo nivel, pero que lamentablemente no ha merecido hasta ahora una prioridad política por parte del gobierno. Dicho régimen lleva a las entidades públicas a definir bien sus objetivos y a elaborar un cuadro de personal con los perfiles adecuados, a convocar luego a concursos internos y externos para llenar esos puestos con  mejores remuneraciones en los niveles medios y altos a cambio de aplicar evaluaciones de desempeño con capacitaciones con la eventual salida de la carrera burocrática a la tercera desaprobación.

Por supuesto, la recuperación de la autoridad central y de la naturaleza unitaria del gobierno requieren, también, una reforma política que ayude a reconstruir un sistema de pocos partidos estables y presentes en el territorio, poniendo requisitos más fuertes para la inscripción y funcionamiento de los movimientos regionales, de modo que los alcaldes y gobernadores regionales pertenezcan en lo posible a partidos políticos presentes en el Congreso, para que existan canales de comunicación que permitan procesar los problemas y demandas de manera adecuada y oportuna. Es algo que se está trabajando en el Congreso, aunque no parece haber mayor consenso en torno a las reformas clave necesarias para alcanzar ese resultado. De ello nos ocuparemos en un próximo informe. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Tuvieron que pasar siete años y mucha presión mediática y política para que el Poder Judicial finalmente concluyera que un pasquín del Movadef, que exaltaba a niveles hiperbólicos la figura de Abimael Guzmán, hacía apología del terrorismo. Habría que preguntarse si detrás de esa demora no había algo de temor en los jueces, porque según trascendidos e informes oficiosos del Poder Judicial, el sindicato de Lima del Poder Judicial, el SUTRAPOJ, tendría una importante influencia del Movadef pues, de 14 delegados, 6 pertenecen a esa agrupación.

El hecho de que el Movadef pueda estar enquistado en el Poder Judicial y éste no pueda o no quiera hacer nada al respecto, nos sirve como introducción dramática al tema que queremos plantear: ¿es posible una reforma judicial “desde adentro”, considerando los intereses creados y la inercia del sistema? En realidad, existe un mito en torno a que la reforma judicial no se puede ni se debe realizar desde afuera. En la práctica, como veremos, los principales cambios en el sistema judicial vienen realizándose desde afuera. Y esa es la ruta que hay que profundizar.

Para comenzar, como sabemos, este gobierno ha puesto en marcha el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), promovido y coordinado por la Ministra de Justicia Marisol Perez Tello. Es decir, desde afuera, aunque quienes lo integran son los titulares de las entidades que deben reformarse: el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (que acaba de renunciar en desacuerdo con la iniciativa de reforma de ese organismo) y el presidente de la Academia de la Magistratura. Funciona más como un mecanismo de coordinación –que no existía- entre los integrantes del sistema de justicia y de motivación para la ejecución de mejoras y pequeñas reformas en cada entidad. Se ven temas como la mejora de los protocolos de coordinación en los procesos que se llevan a cabo con el nuevo código procesal penal, o mejoras en los procesos vinculados a casos de familia. También la importantísima reforma del expediente digital. Recientemente se quiere discutir la reforma del CNM, por ejemplo.

Fuente: eljuegodelacorte.

La pregunta es hasta qué punto el ANJ tendrá la decisión de abordar los temas más difíciles, esos que suponen romper el statu quo interno de las instituciones componentes. El Acuerdo se propone, por ejemplo, plantear un modelo de gestión por resultados, basado en procesos eficientes. Veremos hasta donde llega, porque hasta la fecha no ha habido manera de instaurar un sistema de evaluación de desempeño de los jueces que rija sus ascensos y su permanencia. Hay problemas de gestión en los juzgados, las salas y las audiencias. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no funciona. El presidente del Poder Judicial debería serlo por un periodo de 4 años con más poderes ejecutivos y empoderando a la gerencia general. De lo contrario, todo es connivencia en torno al statu quo. La corrupción es grave. Algunos fiscales y jueces están vinculados a mafias o validan acciones de organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, por ejemplo. La OCMA carece de recursos y capacidades.

No se ve que en el ANJ se aborde esos temas.

Para comenzar, en las instituciones judiciales suele haber complicidad interna y horror a la transparencia. En el 2009 el PNUD donó al Poder Judicial un programa –que se usa en el FBI, por ejemplo- llamado I2, avaluado en 500,000 dólares, que permite descubrir desbalances patrimoniales, detectar robos o sobreprecios en las compras de la institución, etc. Se llegó a introducir en el programa información de la Reniec, de la Sunat, de la Sunarp, acerca de ingresos, bienes patrimoniales y vinculaciones familiares de los Supremos y gerentes en este caso, y también la información relacionada a las licitaciones y compras del Poder Judicial: las empresas que participaron y ganaron, las propuestas que hicieron, quiénes integraban las comisiones de adjudicación, etc. El programa llegó a hacer un informe que detectó desbalances patrimoniales en algunos supremos y descubrió corrupción en la compra de papel, por ejemplo. Con esa información el gerente fue despedido luego de un tiempo. Pero nada se hizo en relación a los Supremos. Más bien lo que ocurrió fue que al poco tiempo el programa sencillamente desapareció. Nadie sabe dónde está y hasta se ha perdido la memoria de su existencia. Un programa como ese sería de enorme utilidad, porque permitiría depurar las instituciones del sistema de justicia.

La misma fuente nos refiere que ese mismo año el Banco Mundial donó 4 equipos Forensic, que leen el espejo de las computadoras, para recuperar la data borrada. Pues bien, en la actualidad solo se ha encontrado uno. No se sabe qué pasó con los otros tres.

De acuerdo a nuestras informaciones, la corrupción en el Poder Judicial no solo es parte casi consustancial a la administración de justicia misma (ver libro de Jaris Mujica, “Micropoliticas de la Corrupción”), sino que sería aún más intensa en la parte administrativa de la judicatura. Las compras son un festín. Los gerentes generales puestos por los presidentes del Poder Judicial, no duran porque no pueden contra las fuerzas internas. Cesar San Martín tuvo dos gerentes públicos puestos por Servir, que tuvieron que salir por la resistencia del statu quo. Enrique Mendoza tuvo también dos gerentes generales, un marino y un gerente público de Servir, que tampoco pudieron cambiar el sistema. El de Ticona renunció en setiembre del año pasado y el cargo quedó vacante hasta la fecha.

Parte del problema estriba en que la mayor parte del personal administrativo está nombrado, de modo que es difícil exigirles nada y menos cesarlo por incompetencia o falta de trabajo. No solo eso, resulta que hay 23,000 trabajadores administrativos (sin contar los auxiliares jurisdiccionales que son unos 4,000) para 3,000 jueces. Una relación ¡de 8 a 1!, cuando debería haber menos administrativos que jueces.

Y ese número se incrementa a razón de 1,000 nuevos empleados por año. Aparentemente la autonomía les sirve para eso. Lo que ya resulta aún más escandaloso es el caso de las notificaciones. Se supone que con las notificaciones electrónicas el personal debía reducirse al mínimo. Pues bien, ¡aumentó! Pasó, en la Corte de Lima, de 183 personas antes, a 196 en la actualidad luego de establecido el sistema electrónico.

Es obvio que esta situación requiere de una intervención radical. Los jueces no se atreven a actuar porque dependen de los administrativos para tener papel, tonner, que funcionen las computadoras, la movilidad, etc. Los sindicatos que agrupan a los administrativos ni siquiera aceptan pasar al régimen de la ley de servicio civil, que les da los mismos o mejores beneficios que tienen ahora, pero a cambio de evaluaciones y de meritocracia. El Poder Judicial está en desacato frente a la ley de Servicio Civil. No la quiere aplicar, por presión de los sindicatos.

Para coronar esta situación resulta que el sindicato de Lima, el SUTRAPOJ, podría estar siendo manejado, en algo medida nada menos que por el Movadef, pues de 14 delegados, 6 tendrían vinculaciones a dicha agrupación. 

Pues bien, ante la resistencia a ingresar al régimen del servicio civil, existe una iniciativa en el Poder Judicial para contratar una consultora internacional que haga un estudio y recomiende la organización y los mecanismos de meritocracia interna que deberían establecerse en la administración. Pero, de acuerdo a nuestras fuentes, quien se opondría es precisamente el gerente general, y ya podemos imaginar por qué. Y tampoco el presidente del Poder Judicial ni el Consejo Ejecutivo muestran una voluntad clara de convocar la licitación correspondiente.

¿Cómo hacer para resolver esos problemas y todos los relativos a la parte jurisdiccional propiamente dicha? ¿Podrá el Acuerdo Nacional por la Justicia transformar organizaciones todavía en alguna medida patrimonialistas gobernadas por redes internas de poder que eventualmente se convierten en redes de corrupción, en organizaciones basadas en un orden interno meritocrático asegurado por evaluaciones de desempeño y orientado al cumplimiento de metas y resultados?

El ANJ es un buen esfuerzo y debería institucionalizarse. Se ha preparado un proyecto de ley para eso. Pero está integrado por las partes interesadas. Ese es su límite. Se necesita más. Y lo primer que hay que despejar es el mito de que la reforma no se puede hacer desde fuera, aunque con la colaboración y la participación de los jueces y fiscales, desde luego. Desde fuera y desde adentro, a la vez.

En efecto, de hecho, tenemos ya el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una institución externa creada por la propia Constitución. Es decir, la propia Carta Magna señala el camino. Ahora se ha planteado la reforma de esa institución, precisamente porque un CNM de primer nivel ayudará a nombrar mejores jueces y fiscales y destituir a los malos. Es, decir, ayudará a cambiar el sistema judicial. Es una intervención desde fuera.

Pero la composición propuesta en el proyecto del Ejecutivo no es convincente. Mucho mejor a simple vista es la que propone Transparencia: que los miembros del CNM “sean designados por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Banco Central de Reserva y la Corte Suprema. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, con el soporte operativo de Servir, seleccionaría a tres miembros adicionales por concurso público de méritos”

Transparencia propone también eliminar el mecanismo de ratificación de jueces cada siete años a cargo del mismo CNM, porque esa intervención sí es nociva porque puede ser arbitraria y hasta corrupta. La alternativa sería transferir al Poder Judicial y al Ministerio Público la función de realizar evaluaciones de desempeño y productividad regulares que determinen los ascensos y, eventualmente, el retiro de los que no alcanzan las aptitudes necesarias, lo que, a su vez, demandará la aprobación de una ley de carrera judicial y fiscal. Esta es tarea del Congreso, otra intervención externa. Quizá un nuevo CNM podría supervisar esos procesos o tener participación en su ejecución. 

También el Ministerio de Justicia puede impulsar cambios en el sistema judicial. De hecho, ya lo ha venido haciendo por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ha monitoreado, en pared con el MEF, el largo proceso de implementación de ese código que está produciendo un verdadero cambio institucional y cultural en el sistema judicial-policial (aunque se requiere ajustes), pero que aún falta aplicarse en Lima. Otro caso de reforma “desde afuera”, relativamente exitoso, además.

Pues bien, sería bueno ampliarle el mandato a esa Secretaría para que promueva la “oralización” en todos los procesos (civiles y comerciales), la implantación de los sistemas de evaluación de desempeño en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la introducción de expediente digital y la interoperabilidad, y lo que hemos llamado la  atención primaria de la justicia penal.[1]Esto en combinación con un sistema de presupuesto por resultados, de modo que se asigne más presupuesto en función del cumplimiento de metas y compromisos.

El Congreso, por su parte, debe intervenir no solo aprobando las leyes de carrera judicial y fiscal y la que amplíe el mandato de la Secretaría mencionada, sino dictando una ley para que el periodo del presidente del Poder Judicial dure cuatro y no dos años, transfiriéndole, además, atribuciones de decisión que ahora tiene la sala Suprema. Es decir, empoderándolo para que pueda hacer las reformas.

Y no nos olvidemos de la Contraloría. Su intervención tiene que ser certera y eficaz para erradicar la cantidad insondable de corruptelas que hay en la administración del Poder Judicial. Aquí no cabe la coartada de la autonomía administrativa. Son recursos de todos los peruanos que deben ser cautelados con rigor. Sí se requeriría probablemente una ley para que el MEF o Servir intervengan para racionalizar y reducir a su justa dimensión la hipertrofiada gerencia administrativa de la judicatura.

Sería bueno que el Acuerdo Nacional por la Justicia se pronuncie sobre estos puntos. La mayor parte de estas decisiones, sin embargo, están en manos del Congreso y del propio Poder Ejecutivo. Dependen de la clase política. No hay tiempo que perder. Ver también la primera entrega de este tema: El avance de las reformas del Estado es desigual. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Del conjunto de reformas que el país requiere para dar el salto que nos permita salir de la trampa del ingreso medio y no recaer en la pobreza, los Poderes del Estado, en el primer año de gestión del gobierno del presidente Kuczynski, han logrado avanzar de manera todavía incipiente y en distintas medidas en lo relacionado a desregulación y simplificación administrativa, digitalización del Estado, formalización tributaria, reforma policial, diseño de un nuevo sistema de inversión pública, reforma electoral y algunas iniciativas limitadas de reforma judicial. Pero todavía está en formulación la propuesta de reforma del sistema de protección social, que incluye la reforma integral de la Salud, de las pensiones y de la protección frente al despido (reforma laboral), no hay prioridad política para la aplicación de la ley de servicio civil y no hay planteamientos acerca de la necesaria reforma de la descentralización ni se están ejecutando aun estrategias para sacar adelante los proyectos mineros.

Comencemos por lo más avanzado y prometedor: lo relativo a un Estado moderno, digital, facilitador y profesional. Es decir, la reforma del Estado, o del Poder Ejecutivo, para ser más precisos. Aunque en esto los avances son desiguales, incluso en lo relativo a simplificación administrativa, que es donde se observa más determinación.

Fuente: zurse.com

Simplificación administrativa y desregulación

La simplificación administrativa no solo le hace la vida más fácil al ciudadano y a las empresas, sino que elimina oportunidades de corrupción. Se aprobó ya el reglamento y la metodología del llamado “análisis de calidad regulatoria” por el que tendrán que pasar cada tres años todos los procesos administrativos o trámites de los distintos ministerios y entidades públicas. De acuerdo al cronograma aprobado, este trabajo tendrá que estar terminado en setiembre del 2018. Las distintas instituciones realizan su propio análisis que es revisado y validado por una oficina central en la PCM. Los procedimientos que no pasen el examen serán derogados. Si esto se hace bien, puede ser una verdadera revolución facilitadora.

El Indecopi ha empezado ya a in-aplicar barreras burocráticas con efecto general, una atribución concedida por uno de los recientes decretos legislativos. Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, nos informa que hasta la semana pasada se habían presentado 66 casos de inaplicación con efectos generales, todos declarados fundados aunque todavía en apelación o dentro del plazo de apelación. De ellos, uno, relativo a carnets de sanidad, es ya firme (ya no es posible exigir carnets se sanidad salvo para actividades que realmente lo necesiten, como manipulación de alimentos). Si la norma de inaplicación con efecto general hubiese estado vigente el año pasado, cuando se in-aplicaron, pero solo para el caso particular, 710 barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad, el ahorro potencial para el conjunto de ciudadanos y empresas habría sido de 1.17 millones de soles. El ahorro efectivo para las empresas que demandaron fue de  278 millones de soles.[1]      

De otro lado, en las reformas a la Ley del Procedimiento Administrativo General (DL 1272), se abrió la vía legal para que PCM vaya simplificando y uniformizando los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPAS), estableciendo procedimientos estandarizados. Este es un trabajo complejo que todavía no ha producido frutos.  

Un tema clave es la simplificación de las licencias de funcionamiento (DL 1200 y DL 1271).Para esto es indispensable aprobar el nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSEs). Según Pierina Polarrollo, “el  proyecto está listo, y es muy bueno. Se elaboró sobre la base de una propuesta del IFC-Banco Mundial. Busca poner énfasis en las edificaciones que suponen mayor riesgo y simplifica enormemente el trámite para los locales de riesgo bajo (la calificación del riesgo se hace sobre la base de una matriz que contiene criterios muy objetivos). Y abre el camino para tercerizar las inspecciones en manos de empresas como SGS (aunque solo en caso de que las municipalidades lo quieran por el tema de la autonomía municipal)” 

Una mala noticia en este tema fue la ley aprobada recientemente por el Congreso que deroga un decreto del 2014 que eliminaba la obligación de renovar cada dos años las licencias o las inspecciones mencionadas. Un retroceso lamentable, que podría ser parcialmente atenuado con el reglamento arriba mencionado.

Respecto de los brevetes para  conducir, el ministro de Transportes Bruno Giuffra ha anunciado una reforma total al corrupto y kafkiano sistema actual: “Las licencias de conducir particulares durarán 10 años y para renovarlas solo será necesario un examen médico. ¡Vamos a modernizar todo!”, ha declarado. Estamos a la expectativa.

Pero donde no ha habido avance hasta ahora ha sido en la simplificación de las certificaciones ambientales en ningún sector: ni para obras de Vivienda y saneamiento, ni para inversiones en el agro, en minería y energía, obras viales, etc. En muchas ocasiones las exigencias en relación a estudios de impacto ambiental son francamente absurdas. Es algo vital que está pendiente.

Tampoco hay avances en la simplificación de los registros sanitarios para alimentos y medicinas (Digesa, Digemid). Un decreto legislativo que simplificaba el tema fue anulado por el Congreso, lamentablemente.

Digitalización del Estado

En lo que se refiere a digitalización del Estado, que es una reforma fundamental porque no solo trae enorme celeridad sino también transparencia y menor corrupción, por fin se ha empezado un trabajo serio. Durante el gobierno esto quedó librado a la iniciativa de las propias instituciones. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), ubicada en la PCM, no ataba ni desataba. Desde noviembre del año pasado, sin embargo, el gobierno puso como directora de esa oficina a una ex funcionaria de Microsoft, Lienecke Scholl, que le ha dado un impuso notorio. A julio de este año 50 servicios web estaban ya en la plataforma de interoperabilidad y más de 200 entidades públicas hacían uso de esos servicios. Además, desde el 25 de julio fue posible pagar por internet (pagalo.pe) más de 50 trámites que antes había que pagar físicamente en las agencias del Banco de la Nación. Y el asunto, según parece, está recién comenzando. Se avisora  grandes avances en los próximos meses en este tema.

Además, la Sunat está desarrollando la tecnología para iniciar a partir del 2018 la masificación de los comprobantes de pago electrónicos, de modo que el 2019 el 100% de las transacciones en el país se efectúen de esa manera. Para ello los pequeños comerciantes podrán emitir dichos comprobantes desde sus celulares, incluso desde celulares simples, sin necesidad de que sean Smart Phones. Con ese sistema el pequeño contribuyente ni siquiera tendría que preparar su liquidación de impuestos, sino que esta le vendría preparada automáticamente por la Sunat. No solo eso, a fin de incentivar el uso de comprobantes electrónicos, la idea es que la Sunat pueda descontar también  automáticamente una parte del IGV que pagan los contribuyentes para aportarlo a su AFP o a Essalud, como una manera de generalizar las aportaciones y la cobertura de Essalud y del sistema de pensiones. Una verdadera revolución social y una reducción radical de la informalidad tributaria.

Una novedad que puede traer un cambio también revolucionario en el sistema judicial, es el expediente digital. Se está concretando un préstamo de 200 millones de dólares con el Banco Mundial para implementarlo. El Poder Judicial  tiene el apoyo del MEF en esto. Pero se está dejando la parte penal para el final.

Ley de servicio civil y presupuesto por resultados

Otra reforma crucial que forma parte consustancial de la reforma del Estado es la aplicación de la ley de servicio civil en todas las instituciones del Estado y a todo nivel. Es la implantación masiva de la meritocracia. Esta reforma, sin embargo, no ha merecido una prioridad política por parte del gobierno, algo que sorprende tratándose de un gabinete técnico que debería ser particularmente sensible a la profesionalización del Estado. Esperemos que esa voluntad política se forme en los meses venideros, porque no podemos seguir con una gestión pública de naturaleza patrimonialista, sobre todo en los gobiernos sub nacionales. 

Esta ley obliga a repensar los objetivos de cada institución y a redefinir el cuadro de profesionales que requiere en función de esos objetivos, y luego llama a concurso interno y externo para ocupar las plazas, y establece evaluaciones de desempeño para el ascenso y la permanencia. Además, algo muy importante, paga relativamente bien a los funcionarios de nivel medio y alto, severamente afectados por la reducción de sueldos que decretó de manera demagógica el ex presidente Alan García, debilitando el Estado.

Lo que no tiene sentido es, como lo dispuso una resolución del Tribunal Constitucional, aplicar esta ley al Banco Central de Reserva y a la Superintendencia de Banca y Seguros, que tienen desde hace mucho tiempo un sistema meritocrático y bien remunerado que les ha permitido alcanzar niveles de excelencia. La ley del servicio civil es un instrumento para que el sector atrasado del Estado acceda a niveles profesionales, pero en casos como los mencionados solo serviría para afectar negativamente estándares ya alcanzados. También debe advertirse el sin sentido de que el proyecto de ley del Congreso para excluir a estas dos entidades de la ley Servir, pretenda excluir de paso al personal administrativo del propio Congreso. Inaceptable.

Esa reforma, además, es indispensable para consolidar otra en la que sí hemos registrado avances, que es la de la instauración del presupuesto por resultados. En la actualidad el 71% del presupuesto nacional funciona en el marco de programas por resultados. Esto ha sido un logro del Ministerio de Economía Finanzas, en un proceso que comenzó con Luis Carranza cuando fue ministro de Economía del gobierno de Alan García. Pero, repetimos, no se sostendrá si no tenemos una burocracia profesional y meritocrática, y relativamente bien pagada.

Reforma de las descentralización

Pero en nuestro Estado hay un problema estructural: el proceso de descentralización, que ha transferido la mayor parte de las competencias del gobierno central a los gobiernos sub-nacionales sin que estos tengan las capacidades suficientes y dándoles una autonomía tal que impide al gobierno central intervenir cuando un gobierno sub-nacional desacata o no puede cumplir una disposición, una norma o una política nacional. El resultado es la pérdida de autoridad y rectoría del gobierno central, la imposibilidad de aplicar políticas sectoriales, la afectación severa del principio constitucional del gobierno unitario y la cuasi feudalización del Estado peruano.

Es indispensable una reforma que no solo le devuelva autoridad y capacidad de intervención y control al gobierno central, sino que redistribuya funciones de una manera racional entre los tres niveles de gobierno y recertifique la capacidad de los gobiernos sub-nacionales de asumir las funciones que les correspondan.

Otra falla grave de la descentralización es la referida a las capacidades discrecionales absolutas de gobernadores y alcaldes, la debilidad de la rendición de cuentas a las que están sujetos y la ausencia una segunda instancia en sus decisiones, una institución esencial para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de ciudadanos y empresas. Ver el Lampadia: Patente de corso para la corrupción

Empresas de saneamiento

Por último, está el tema de las empresas municipales de saneamiento (EPS), cuya gestión es un desastre al punto que los ingentes recursos que el Estado peruano invierte cada año en agua potable y redes se pierde en la corrupción e ineficiencias de estas empresas. No cabe duda que requieren una reestructuración profunda. Aquí la solución debió ser que el Estado capitalizara las ingentes deudas que tienen, sobre todo con el Fonavi, para concesionarlas a asociaciones público privadas (APPs), pero el nivel  primitivo de nuestra ideología económica impide hacerlo. De todos modos el ministerio de Vivienda, a través de la OTASS, ha empezado a intervenirlas para racionalizarlas y modernizarlas, algo que no se había hecho antes. En la actualidad 13 de las 48 EPS están en el régimen de “apoyo transitorio”, gestionado por la OTASS, y el resto ha ingresado a un programa de asistencia técnica. Es posible incluso que se contrate gerencias privadas para manejar algunas de ellas.

Donde sí se estableció por medio de un decreto legislativo la posibilidad de la intervención de APPs fue en la construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, como si la participación privada solo valiera para los desechos. Actualmente hay alrededor de 200 de esas plantas y ninguna funciona. Lamentablemente, el Congreso derogó el decreto legislativo que establecía esa opción. Sin embargo, uno de los frutos del diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori fue el acuerdo de enviar al Congreso un proyecto de ley que restableciera dicha solución. Este ya fue remitido y debería ser aprobado.

Este es el balance del avance de las reformas relativas al Estado, más específicamente, de las referidas al Ejecutivo, porque aquí no hemos hablado de la situación de las reformas judicial, policial y del Congreso. Lo dejamos para próximas entregas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace unos días Lampadia dio cuenta de una noticia extraordinaria: el congreso brasilero había derogado una ley del año 1943 inspirada en la “Carta de Lavoro” de Mussolini que creaba un impuesto para subvencionar a los dirigentes sindicales de las empresas. En buena cuenta el Estado pagaba un salario a las dirigencias laborales. Fuera de eso, la ley aprobada por el congreso brasilero puso fin a la estabilidad laboral absoluta facilitando la contratación y la desvinculación de los trabajadores a cambio de una debida indemnización.

En el Perú no logramos construir hasta ahora la suficiente decisión política para reformar nuestra excluyente y rígida legislación laboral, que no solo mantiene en la informalidad y sin derechos a la gran mayoría de trabajadores peruanos, sino que, de paso, nos pone amarras que no nos dejan competir con eficiencia en la economía global a fin de crecer a tasas que nos permitan desarrollarnos.

Fuente: scoop.it

En su discurso de 28 de julio, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski se refirió de manera muy general al tema del empleo y sencillamente no planteó el problema tal como es ni la necesidad de reformar el carácter excluyente de nuestro marco legal. Su discurso fue vencido nuevamente por el temor político, pero anunció que el tema se vería en el Consejo Nacional de Trabajo, como si no supiera que la CGTP ya se retiró de esa instancia hace pocos meses cuando el ministro Grados empezó a plantear los asuntos de fondo, pese a que, como veremos, la CGTP sería la principal beneficiaria de las reformas, al poder ampliar su base sindical.

Por lo tanto, si no nos vamos a pasar el periodo entero de gobierno sin atrevernos a enfrentar el asunto, no cabría otra salida que convertirlo en materia del acuerdo político que empezó a gestarse en la reciente reunión entre el Presidente Kuczynski y Keiko Fujimori.

Eliminado la estabilidad absoluta, la CGTP podría ampliar su base sindical

No vamos a repetir los datos ya conocidos acerca de los altísimos niveles de informalidad laboral que tenemos, de los más altos del mundo. Somos uno de los pocos países en el que la indemnización no cuenta como una protección adecuada al despido, de modo que el juez puede imponer la reposición del trabajador aun cuando haya sido indemnizado y haya cometido actos manifiestamente delictivos. (Se ha llegado al extremo de reponer policías dados de baja por delitos). Ya conocemos los efectos perversos de este condicionamiento. Perjudica incluso a los sindicatos y a las propias centrales sindicales, que deben resignarse a operar sobre una base sindical minúscula debido no solo a la altísima informalidad, sino a que, aun dentro de la pequeña esfera formal, la tasa de sindicalización es casi inexistente: los trabajadores sindicalizados en el sector privado son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP. Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla.[1] Ridículo también.

La explicación del tamaño irrisorio de la sindicalización en nuestro país es precisamente la legislación laboral vigente y la antojadiza interpretación del artículo 27º de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional, presidido por el acciopopulista Javier Alva Orlandini a principios de siglo, que consideró, estableciendo el precedente,que la indemnización por despido no constituye protección suficiente contra el “despido arbitrario”. Esto, sumando a los altos costos no salariales del trabajo, inhibe a las empresas de todo tamaño, y sobre todo a las medianas y pequeñas, de contratar formalmente trabajadores. Y cuando los contratan optan por el contrato temporal a plazo fijo. Si antes la mayor parte de los contratos en el sector privado eran a tiempo indeterminado, en la actualidad cerca del 70% de los contratos son temporales a plazo fijo. Pero, como señala PLADES,[2] los contratos a plazo fijo “desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva de los trabajadores, disminuyendo las posibilidades de obtener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo”.

Sí resulta claro que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se puedan sindicalizar y pueda así la CGTP ampliar sus bases y su poder, uno se pregunta si la renuencia de la clase política y del Tribunal Constitucional a precisar los alcances del artículo 27º de la Constitución en el sentido natural, obedece a una conspiración política para que ni la sindicalización, ni la negociación colectiva ni la CGTP crezcan.

Las propuestas del Ministro

Por supuesto, no es esa la única reforma que deba ser materia de un acuerdo político. El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ha venido trabajando en el diseño de un conjunto de mejoras específicas de la normativa orientadas a generar nuevos puestos de trabajo, duplicar la formalidad laboral pasándola del 28% de la población ocupada al 52% el 2021, elevar la productividad promedio de los trabajadores y elevar su ingreso promedio. Es obvio que un mercado laboral menos atado demandará más trabajadores formales y una  mayor demanda de trabajadores llevará a mayores salarios. Ese ha sido el camino de los países del sudeste asiático, que comenzaron con salarios misérrimos hace 30 o 40 años y hoy son varias veces superiores a los de nuestros trabajadores peruanos. 

En diciembre del año pasado el ministro de Trabajo presentó al Consejo Nacional del Trabajo 19 propuestas vinculadas a temas como los ceses colectivos (para que funcionen pero protegiendo mejor la situación de los trabajadores),[3] la negociación colectiva (para mejorar el arbitraje potestativo[4] por ejemplo), y las escalas de multas del Sunafil (para que no se aplique a una familia o a una microempresa la misma multa que a una gran empresa, por ejemplo), entre otros. Esas propuestas se discutieron, pero a la hora entrar a discutir reformas de fondo para facilitar la contratación formal de trabajadores manteniéndolos más tiempo en la planilla, es decir, con mayor seguridad para ellos, pero adaptando distintas modalidades laborales a las realidades del mercado en los distintos sectores a fin de mejorar la competitividad global de nuestras empresas y que estas, al crecer, puedan ofrecer más empleo formal y de calidad, las centrales se retiraron.

Las reformas que plantea Grados buscan reducir los llamados “costos no salariales del trabajo” sin reducir beneficios o derechos, a fin de incentivar la contratación de más trabajadores formales, cambiando, por ejemplo, para los nuevos, la CTS por un seguro de desempleo con capacitación, de modo que no se proteja el puesto de trabajo –que puede quedar obsoleto- sino al trabajador mismo. Esta propuesta, sin embargo, aún no ha sido aceptada por el MEF.

¿Eliminar los regímenes especiales para la exportación?

Una de las propuestas que está elaborando el ministro responde a un pedido clásico de la CGTP y de los sindicatos de los países importadores (que buscan así proteger sus mercados). Consiste en eliminar el régimen de exportación no tradicional de inmediato y el régimen agrario a su vencimiento, el 2021.Es una propuesta preocupante a primera vista porque esos regímenes han funcionado muy bien y han permitido desarrollar las exportaciones respectivas de una manera sin precedentes, proporcionando al mismo tiempo gran cantidad de empleo formal. En realidad, es casi el único empleo formal nuevo y masivo generado en los últimos 20 años.

Fuente: revistaganamas.com

Lo que plantea el Ministro es incorporar esos dos regímenes en el régimen general, introduciendo en este últimoalgunas de las características de esos regímenes especiales. Por ejemplo, el Régimen General adoptaría, de manera voluntaria, la llamada RIA (Remuneración Integral Anual), de manera que se pueda pagar las gratificaciones y la CTS en doce alícuotas, junto con el sueldo mensual. Al mismo tiempo, se ajustaría y simplificaría los contratos sujetos a modalidad del régimen general de modo de incorporar en ese régimen, regulándolas mejor, las modalidades hoy recogidas por los regímenes agrario y de exportaciones no tradicionales. En el caso de este último la idea sería ajustar la contratación a plazo a los pedidos de exportación, por ejemplo, poniendo un límite alto al número de años en que se puede renovar el contrato a plazo. En nuestra opinión, esta última medida corre el riesgo de convertirse en una caja de Pandora que todos los años sea motivo de negociaciones que la lleven a su desnaturalización.

En cuanto al régimen agrario, el ministro nos explica lo siguiente: “La idea es mantenerlo hasta el 2021 con una gradual revisión de las vacaciones, incrementándolas paulatinamente de modo que el impacto sea manejable. Efectivamente la RIA se aplicaría voluntariamente al nuevo régimen general y si eventualmente el MEF valida el seguro del desempleo, resolveríamos el tema de la CTS. Sí tendríamos que ajustar en algo la RIA mínima del régimen agrario pues hoy, al desagregarlo, no cubre la RMV. Creo que ese ajuste lo debemos hacer pronto. Por todo lo dicho, nuestra postura no es eliminar el régimen al 2021, sino que a esa fecha las diferencias entre el régimen agrario y el nuevo Régimen General no serían tan grandes, y con ello se tomarán decisiones más ajustadas”.

En otras palabras, se incorporaría al régimen general, ajustándolas,algunas particularidades de esos dos regímenes especiales.

Una alternativa más efectiva para lograr un ambiente regulatorio ‘pro-empleo’, sería más bien, llevar paulatinamente el régimen general hacia los regímenes especiales, pero es muy difícil que un gobierno débil se avenga a plantearlo.

Paralelamente la llamada “Comisión de Protección Social” ha venido preparando una propuesta, que aún no está lista, que incluiría un nuevo sistema de pensiones, la integración y universalización del aseguramiento en salud, y, como decimos, la protección contra el cese laboral. Algo que debería merecer un amplio debate público antes de empezar a configurarse.

Como fuere, el lastre del marco legal del trabajo en el Perú es demasiado pesado y oneroso como para seguir con la venda en los ojos. Es hora que el gobierno y Fuerza Popular se sienten a trabajar un acuerdo político que permita que la mayor cantidad de peruanos pueda acceder a un empleo formal, con derechos y mejor pagado. Todo lo demás es demagogia o cobardía. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 28 de julio de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Fedor Dostoiewski… el genial novelista ruso – autor de la inmortal obra Crimen y Castigo – describió a Raskólnikof – el personaje principal de la novela – como esas personas que se creen superiores, y que consideran que hay dos tipos de seres humanos… los que tienen derecho a cometer crímenes por el bien de ellos mismos, y los seres inferiores que tenemos que acatar las leyes, a pie juntillas.

Fuente: demo.d6

No es la idea analizar a los demás personajes de la extraordinaria novela de Dostoiewski, que ciertamente recomiendo – a mis paisanos – leer con detenimiento. Pero sí quisiera basarme en la genialidad del autor ruso para hacer una analogía entre el Raskólnikof de la novela, y los “Raskólnikof´s” que tenemos en nuestra región.

Efectivamente… en Ica tenemos ciertos personajes que se juran seres superiores, que creen que pueden delinquir de acuerdo a su regalada gana. ¡Qué se han creído! Pues ya perdieron. Acabamos de destituir a una ginecóloga del Hospital del Socorro que abandonó subrepticiamente su guardia – precisamente – la noche en que una gestante llegó al hospital a dar a luz, y perdió a su bebé por falta de atención. ¡Una tragedia… sin nombre! Peor aún, la ginecóloga en cuestión había abandonado el hospital para atender un parto en una clínica privada.

Pero ahí no quedó la cosa. En su afán por evitar la sanción, urdió un robo en su domicilio para justificar su falta, para lo cual involucró hasta a la propia Policía, de la que obtuvo un atestado policial FALSO. Involucró también a la clínica, la cual – cobardemente – negó la intervención de la ginecóloga de aquella noche. Y para colmo de vergüenza y – mal ejercido – espíritu de cuerpo, obtuvo el respaldo del propio Decano del Colegio Médico para que dejemos sin efecto el proceso sancionador. ¡Una “Raskólnikof” de carne y hueso!

Pero también teníamos “Raskólnikof´s” en otras dependencias del Gobierno Regional. Un funcionario de la Dirección de Comercio Exterior fue destituido hace poco por sustentar viáticos con facturas falsas. Pero, oh sorpresa. ¡No era el único! Robarle al Estado mediante reembolsos de viáticos sustentados con facturas falsas era – al parecer – pan de cada día. ¡Ladrones!

Teníamos “Raskólnikof´s” para todos los gustos. Funcionarios que traficaban con terrenos del Estado. Servidores que cobraban cupos a subordinados para mantenerlos en sus puestos. Trabajadores que agredían y amenazaban – de muerte – a quienes ponían orden en la institución. Funcionarios que sobrevaloraban obras y adquisiciones a cambio de grasosas coimas. Trabajadores que se emborrachaban en sus centros de trabajo. Gente corrupta, aquejada de “Complejo de Superioridad”, que creían tener licencia para delinquir impunemente.

Pues bien, eso se acabó en el Gobierno Regional. Es verdad que lo nuestro es – tan solo – el comienzo… pero ahí vamos. El Tribunal del Servicio Civil (SERVIR) está ratificando la mayoría de nuestras resoluciones sancionadoras. De eso se trataba… de poner orden y disciplina en el Gobierno Regional.

No obstante, hay “Raskólnikof´s” en otras instituciones también. Me refiero – por ejemplo – a un congresista que armó un tremendo alboroto al pretender un duplicado de brevete FRAUDULENTO… para su hija. Pero eso no fue todo… por no haber sido atendido – en el acto – se ha convertido en el más implacable “fiscalizador” de nuestra Directora Regional de Transportes. ¡Un “Raskólnikof” con caparazón y todo! Hubo también congresistas que pretendieron destituir a nuestros Directores de Salud y de Trabajo, sin tener ninguna autoridad para ello. En fin… “Raskólnikof´s” también tiene el Congreso – y otras instituciones del Estado – ante lo cual sólo queda desenmascarar a estos confusos que se creen la mamá de Tarzán.

En síntesis, la gestión pública iqueña era mucho crimen y – cero – castigo. Entonces, era cuestión de castigar a los “Raskólnikof´s” como corresponde, y trabajar con la gente íntegra, capaz, y servicial que ciertamente tenemos. Pues bien… eso es lo que estamos haciendo. Por ello, Ica está progresando. Lampadia

La cantidad de proyectos de ley absurdos y contraproducentes que se aprueban irreflexivamente, sin información adecuada y sin análisis costo beneficio de ningún tipo, ha adquirido proporciones alarmantes. El Congreso se ha convertido en un peligro público, en una fábrica de locuras. Quizá la conversación entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori ayude a establecer un mecanismo de coordinación para detener exabruptos legislativos, pero no cabe duda que la solución estructural a este problema es  el restablecimiento de una cámara revisora capaz de contener los brulotes demagógicos y populistas de la cámara baja o elevar el número de votos necesario para insistir en una ley observada por el Ejecutivo.

Fuente:  nexos.com

Libro de reclamaciones

Recientemente, por ejemplo, se aprobó ¡por unanimidad! una ley que obliga a todos los proveedores o comercios a nivel nacional –desde las grandes empresas a las micro empresas- a remitir al Indecopi copia de todas las quejas y reclamos consignadas en sus libros de reclamaciones para que esta entidad adopte “las acciones correspondientes”. Por supuesto, violando el artículo 75 de la ley del Reglamento del Congreso que obliga a que todo proyecto de ley venga acompañado de un estudio costo beneficio, aquí no se realizó estudio alguno. Si se hubiese hecho, los congresistas se habrían percatado de que hay aproximadamente 2 millones de empresas en el Perú que estarían obligadas a remitir copia de las reclamaciones al Indecopi, con los costos consiguientes para esas empresas y con un impacto monumental e inviable en las tareas del Indecopi. Esta entidad ha calculado que si cada una de las 2 millones de empresas le remite una hoja de reclamación al mes, la labor del Indecopi en términos de recibir las copias, sistematizarlas, adquirir el software, realizar las estadísticas y el análisis de la información para “adoptar las acciones correspondientes”, sería de tal magnitud que los costos de ese esfuerzo no bajarían de unos 400 millones de soles anuales –varias veces el presupuesto actual de esa entidad que, por lo demás, no viene del tesoro público sino de sus propios ingresos- y obligarían a contratar a alrededor de 10 mil personas para llevar a cabo todas esas tareas.

Tendremos todos los peruanos que pagar por este absurdo. Esto sin contar el hecho de que se desincentiva la iniciativa de la empresa de resolver por sí misma la reclamación. En la actualidad, cuando un consumidor formula un reclamo, el proveedor está obligado a dar respuesta en 30 días, acogiendo o no el reclamo. Si el consumidor no recibe respuesta o esta no es satisfactoria, puede acudir al Indecopi para interponer allí su denuncia. La mayor parte de los casos se resuelven por atención directa del proveedor. Esa negociación directa quedaría anulada. 

Otro efecto secundario de esta norma es que en adelante el Indecopi concentrará sus esfuerzos en la defensa del consumidor, cuando su labor en defensa de la libre competencia es mucho más importante en términos de beneficios para el consumidor.

Prohibición de importación de leche en polvo

Otra ley aprobada por el Congreso, también por abrumadora mayoría, es la que prohíbe el uso de la leche en polvo para la fabricación de leche evaporada, yogurt, quesos y cualquier otro producto lácteo. El resultado será el encarecimiento de la leche evaporada y de los demás productos lácteos, en perjuicio de los consumidores, por la sencilla razón de que hay un déficit apreciable de producción lechera nacional. Esta ley también se redactó sin estudio costo beneficio, desconociendo la realidad. Pues no es cierto, por ejemplo, el argumento de que la leche en polvo disminuye los nutrientes. Según el científico nutriólogo Robinson Cruz, la leche en polvo y la propia leche evaporada reducen la cantidad de vitamina A y D (que luego se repone en el proceso de elaboración), pero no afectan la esencia del poder nutritivo de la leche, que está dada por las proteínas y el calcio que contienen, más allá de las  vitaminas A y D que se pueden agregar al final del proceso productivo. Nuevamente, pues, una ley confeccionada sin información adecuada, cuyos efectos, de promulgarse sin modificaciones, ocasionarán un incremento en el precio y acaso un decremento de la calidad de los productos lácteos.

Injerencia en proyectos inmobiliarios

Allí no queda la cosa. Otra muestra fantástica de la creatividad parlamentaria ha sido el proyecto de ley presentado por Marissa Glave y aprobado en la comisión de Vivienda para la generación de suelo a fin de reubicar o reasentar a la población afectada por desastres naturales, que establece que “los propietarios o promotores de condominios o proyectos edificatorios multifamiliares, deben destinar un porcentaje para vivienda de interés social no menor al 10% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que conforman el condominio o proyecto edificatorio multifamiliar, para atender a las familias afectadas por los desastres naturales…”. Una obligación como esa podría tener sentido en proyectos públicos de interés social, pero es una imposición socialista inaudita obligar a los proyectos inmobiliarios privados a reservar el 10% de las viviendas a los damnificados. Sólo a congresistas que no entienden la naturaleza de la inversión privada se les puede ocurrir algo así. Se querrá que no haya más inversión inmobiliaria en el país.

Colegio de historiadores

Otra barbaridad es pretender crear un nuevo colegio profesional, en este caso de historiadores. Algo contra natura, pues lo último que se puede hacer es regimentar la historia a través de típicas acciones gremiales de los colegios. Lo que es más, deberíamos pensar en eliminar los ‘estancos’ y ‘aplanadoras’ en que han devenido todos los colegios profesionales, a los que están sometidos obligatoriamente tantas profesiones.

Sigue la creatividad legislativa

También está en agenda de la misma comisión una modificación al decreto legislativo de obras por terrenos en la que se prohíbe que en los terrenos recuperados o creados por la inversión en encauzamiento de los ríos se pueda hacer inversión inmobiliaria. Lo que sencillamente mata la idea. Nadie va a invertir en costosas obras de encauzamiento de los ríos simplemente para formar tierras agrícolas.

Hay otro tipo de leyes que se aprueban demagógicamente siguiendo corrientes del momento originadas en hechos reprobables. Los tremendos escándalos de corrupción, por ejemplo, llevaron al Congreso a aprobar hace unos meses una ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esa ley, sumada a la hiperactividad persecutoria por asuntos formales o menores por parte de la Contraloría, no hace sino alejar cada vez más a los buenos profesionales de la función pública y a inhibir a los funcionarios en ejercicio de tomar decisiones, paralizando el Estado y la obra pública. De esa manera empobrecemos el Estado y, paradójicamente, lo hacemos por esa vía más vulnerable aun a la corrupción y, sobre todo, a la ineficiencia. Nuevamente leyes que se aprueban sin mayor análisis y sin estudios costo beneficio serios.

Y así podríamos seguir. Es hora de introducir un control de calidad en las leyes del Congreso. El congresista Alberto de Belaunde planteó un proyecto de ley para crear una oficina de análisis económico e impacto regulatorio de los proyectos de ley, que debería opinar sobre todos los proyectos que se presenten. Es hora de aprobar esa iniciativa, por la salud del país. Además de ello, una bancada tan poderosa como la de Fuerza Popular debería tener también un equipo de economistas y profesionales que filtre los proyectos de ley y los mejore.

Por supuesto, ya es hora, como decíamos al abrir esta nota, que la bancada de Fuerza Popular tome la decisión de aprobar el restablecimiento de la bicameralidad, como garantía de análisis y revisión de la calidad de las leyes. Mientras tanto, es indispensable subir el número de votos para insistir en una ley observada por el Ejecutivo. En el Perú es apenas la mitad mas uno del número legal de miembros del Congreso. En todos los demás países de América Latina es cuando menos los dos tercios. Es imperativo. Lampadia

EDITORIAL

Más allá de las opiniones de los políticos, opinólogos y los periodistas de los programas políticos, lo que importa es el sentimiento de los ciudadanos de a pie. De los peruanos, que alejados de los intríngulis de la política, ven con desconcierto, como sus gobernantes, en el Ejecutivo y el Congreso, parecen estar jugando a los ‘cachacos y ladrones’, desentendiéndose de una realidad nacional que se complica día a día.

Fuente: americatv.com.pe

La realidad es que la economía está parada, no hay inversión, el empleo se está precarizando y nuestros jóvenes profesionales no consiguen trabajo. No hace falta entrar en detalles sobre las consecuencias de corto y largo plazo que esto nos trae.

Tampoco hace falta dedicarse a dilucidar si la parálisis de la economía es por el niño costero; el escándalo de corrupción de los brazos empresariales del imperialismo brasileño de Lula, el padrino de las izquierdas latinoamericanas; el ‘friaje de Thorne’; o por las juntas del gobierno con el humalismo y las izquierdas que no le dejan destrabar proyectos de infraestructuras ni impulsar la inversión minera.

A estas alturas, tampoco hace falta ver quiénes tienen la culpa, o quiénes empezaron, hoy este desenfoque de los políticos que llevan la mayor responsabilidad de gobierno, desde ambos lados, es como ‘el huevo y la gallina’. Dejémoslo para la historia.

Lo único que importa es salir del entrampamiento que nos ha hecho perder un año.

En nuestra opinión, después de la reunión de ayer entre el Presidente Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, con la participación de sus respectivos candidatos a la primera vicepresidencia, que nos ha mostrado capacidad de diálogo; cordialidad, un atributo de la buena política; y esperanza, pues la situación actual nos lleva a agarrar cualquier oportunidad como tabla de salvación; lo que debemos buscar ahora es que ambos le expliquen al país, cada uno por su lado, la importancia de las acciones de gobierno que deben desarrollarse en los próximos meses.

Entre las acciones más importantes está la indispensable recuperación de un ambiente propicio a la inversión, tanto pública como privada. Por un lado, hay que ofrecer protección y tranquilidad a los funcionarios públicos que deben ayudar a destrabar las inversiones en infraestructuras; y por el otro, detallar a la población los beneficios de las inversiones mineras y otras, evitando que los relatos anti inversión sigan marcando la agenda.

La agenda del Perú pasa por el crecimiento de la economía. En el crecimiento están los recursos que necesitamos para reducir la pobreza, mejorar la educación y salud, desarrollar las infraestructuras y generar trabajo de calidad para nuestros jóvenes.

¡Vamos, este es un momento de grandeza que debemos impulsar con mucha fuerza!
Lampadia

Para nosotros en Lampadia es una tremenda decepción que The Economist, una publicación formidable, vuelva a escribir barbaridades sin sustento sobre la situación política del Perú. Sabemos que esto es obra de sus corresponsales, pero eso no inhibe la responsabilidad de la revista, máxime, si ya se les advirtió anteriormente sobre este tipo de prácticas. Ver: Carta abierta a The Economist, Increíble error de una de las mejores revistas del mundo.

En el Perú se ha desatado una polarización política extrema y, desde el lado de los comentaristas cercanos a PPK, como Rosa M. Palacios, Raúl Tola, Augusto Álvarez Rodrich, y varios otros columnistas de La República, se está desarrollando una campaña de alcance internacional para mostrar una situación política insostenible que solo podría  resolverse confrontando al Congreso de la República y, eventualmente, clausurándolo.

Una barbaridad en la que habría caído The Economist, que afirma:

“Una mejor estrategia sería confrontar a sus oponentes. La Constitución del Perú permite al presidente convertir una censura ministerial en un asunto de confianza en el Gabinete como un todo. Si se rechazan dos gabinetes sucesivos por parte del Congreso, el presidente puede convocar a nuevas elecciones parlamentarias, en las cuales los fujimoristas probablemente perderían escaños”.

Acá estaremos en guardia, cuidando que nadie auspicie exacerbar la crisis de nuestra democracia. En estos momentos, jugar a la guerra nuclear, es un acto de máxima irresponsabilidad, que condenamos venga de donde venga.

Nuestro Director ya le hizo llegar un primer comentario a la revista:

It is not the first time that your correspondent in Perú produces a partisan report on peruvian politics.
Your article is full of subjective messages and open lies. It does not match with your prestige.
I will come to you with a letter addressed to your editor, in the meantime let me suggest that you should soon revise your policy regarding how to choose your correspondents in emerging countries, and indeed, in Perú, where a magazine like yours is supposed to separate straw from wheat.

En español:
No es la primera vez que su corresponsal en Perú produce un informe partidario sobre la política peruana.
Su artículo está lleno de mensajes subjetivos y mentiras. No coincide con su prestigio.
Me dirigiré a ustedes con una carta abierta dirigida a su editor. Mientras tanto, permítanme sugerirles que revisen su política sobre cómo elegir a sus corresponsales en los países emergentes y, de hecho, en el Perú, donde se supone que una revista como la suya separa la paja del trigo.

¿Quién gobierna el Perú?

The Economist
Publicado en el Perú por GESTIÓN
Viernes 23 de junio del 2017 
Comentado por Lampadia 

El presidente debe confrontar al Congreso fujimorista 
[¿The Economist rebota perfidia de Rosa M. Palacios?]

Perder un ministro bajo censura congresal es un peligro normal de la vida democrática. Para un Gobierno perder cuatro en su primer año [solo se censuró a uno], incluyendo al de Economía y del Interior, por motivos espurios es una conspiración parlamentaria. Ese es el drama que puede encarar pronto el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Hace un año, Kuczynski, ex banquero de inversiones, ganó estrechamente las elecciones en el balotaje no tanto gracias a los que lo apoyaban sino porque un número ligeramente mayor de peruanos aborrecía a su oponente Keiko Fujimori. En una elección para congresistas dos meses antes, su grupo político había ganado solo 18 de los 130 escaños mientras Fuerza Popular de Fujimori ganó 73 (debido parcialmente a que regiones menos pobladas están sobrerrepresentadas). [¿De dónde sale esta afirmación sobre los pesos de los distritos electorales? ¡Qué falta de seriedad!]

Fuerza Popular, ayudada por aliados oportunistas, ha hecho sentir su mayoría con operaciones de desgaste. En diciembre, el Congreso censuró a Jaime Saavedra, un ministro de Educación capaz, que prontamente fue contratado para manejar la división global de educación del Banco Mundial. [Como hemos demostrado en Lampadia, Saavedra fue fatal para la educación en el Perú: Negaba y combatía la participación del sector privado en educación, nos endilgó un nuevo currículo escolar que regimenta la enseñanza elimina la innovación y apoyó una reforma universitaria anti moderna y controlista].  El mes pasado, el ministro de Transportes renunció antes de enfrentar una censura sobre una (justificada) [Un exceso inaceptable para un análisis serio] revisión del contrato para el nuevo aeropuerto del Cusco, la antigua capital incaica. El 21 de junio, los congresistas votaron para sacar a Alfredo Thorne, el ministro de Economía; [Thorne exigió un voto de confianza sin pedir disculpas por su desliz con el Contralor. Casi la mitad de la bancada de PPK se ausentó de la votación ¿?] y están a punto de hacer lo mismo con Carlos Basombrío, el ministro del Interior. [No lo hicieron].

Los pecados de Basombrío incluyen no arrestar a pocos manifestantes pacíficos que llevaban imágenes de Abimael Guzmán, el encarcelado líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Los problemas de Thorne empezaron luego que recibió al contralor general Édgar Alarcón. El encuentro fue grabado subrepticiamente, aparentemente por Alarcón.

Durante el encuentro, Thorne mencionó el presupuesto de la Contraloría y urgió al contralor a aprobar la adenda al contrato para el aeropuerto del Cusco. Fue políticamente torpe discutir los dos temas en la misma reunión. Pero es Alarcón, no Thorne, quien enfrenta un desafío ético. El contralor, quien se ha alineado con los fujimoristas, está siendo investigado por negociación ilícita de vehículos y por usar recursos públicos para pagar a una ex pareja (lo cual él niega). [Sin dudas el Contralor debe ser expulsado, pues no reúne las condiciones mínimas para el cargo].

Las diferencias entre el Gobierno y los fujimoristas no son ideológicas, según Kuczynski. “Aquí tenemos un grupo que está resentido de que yo sea presidente”, dijo.

“Ellos han colaborado en las cosas grandes, pero tienen pequeños gestos que muestran su insatisfacción con el hecho de no estar en Palacio”. La señora Fujimori ha sentido duramente su derrota. Ella apenas ha aparecido en público en el último año. Sólo ha tenido una conversación con Kuczynski y esa reunión tuvo que ser arreglada por el arzobispo de Lima.

Kuczynski heredó una economía enfriada. Quiso acelerar la inversión pública y destrabar proyectos de minería estancados. [El gobierno de PPK no pudo destrabar ningún proyecto de infraestructuras y no corrigió el enfrentamiento contra la minería de los extremistas anti inversión. Labor exclusiva del Ejecutivo.] Él y el país sufrieron una doble dosis de mala suerte. Una confesión de corrupción de Odebrecht, la constructora brasileña, forzó la suspensión de varios proyectos grandes de infraestructura. Luego, las inundaciones mataron a 147 personas, destruyeron caminos y, reconoció el presidente, redujeron el crecimiento anual de la economía en un punto porcentual, a 3%. [La economía ya estaba en picada antes de los impactos externos. Thorne enfrió la economía el 2016 y desbarató la demanda interna].

La reconstrucción tomará dos años y costará US$ 6,500 millones, dijo. El clima de sospecha en el Congreso ralentiza los nuevos contratos con el Gobierno, mientras que la incertidumbre política desalienta la inversión privada. Los planes para reformar al corrupto e ineficiente Poder Judicial en el Perú han sido frustrados, un ejemplo de una “cosa grande” que está siendo bloqueada por la oposición. [Más mentiras abiertas. ¿Qué reforma del Poder Judicial (algo muy necesario) ha sido trabada?].

Kuczynski enfrenta una decisión. Él podría buscar un gran acuerdo, por ejemplo, indultando al padre de Keiko Fujimori, Alberto, un ex presidente autocrático encarcelado por abusos de poder. Pero eso enajenaría a los anti fujimoristas, cuyos votos le permitieron ganar la Presidencia. Una mejor estrategia sería confrontar a sus oponentes. [¿The Economist propone la guerra entre Ejecutivo y Congreso? La tradición política global y la exigencia de los peruanos (ver encuestas) plantean más bien la concertación y acuerdos para la gobernabilidad y reformas. ¿Quién plantea esta barbaridad?].

La Constitución del Perú permite al presidente convertir una censura ministerial en un asunto de confianza en el Gabinete como un todo. Si se rechazan dos gabinetes sucesivos por parte del Congreso, el presidente puede convocar a nuevas elecciones parlamentarias, en las cuales los fujimoristas probablemente perderían escaños.

Kuczynski parece estar siguiendo ambos caminos. Él dice que está viendo la posibilidad de perdonar a Fujimori: “El tiempo de hacerlo es justo ahora”. Pero también dice que hará “definitivamente” una cuestión de confianza la permanencia de Basombrío. Haz eso, y “es poco probable que ellos censuren a alguien”, declaró.

Algunos de sus problemas son por su culpa. [¡Vaya!] Pese a que tiene experiencia de Gobierno, Kuczynski no es un animal político. Su Gabinete está compuesto por tecnócratas y empresarios. El resultado es una administración falta de estrategia política y disciplina en la forma en que se comunican. Encuéntrenlas, y Kuczynski -y el Perú-, pueden ganar su batalla contra el resentimiento y la obstrucción. La alternativa es seguir a la deriva, como un bote sin timón cuyos ocupantes son acosados por el fuego de francotiradores. [Inaceptables comentarios que desdicen de la acostumbrada seriedad de la revista]. © ­ The Economist Newspaper Ltd, London, 2017. Lampadia

Walter Twanama
Sociólogo
Para Lampadia

El duelo entre el Contralor de la República y el Ministro de Economía tiene como resultado previsible una víctima si no dos, pero si le creemos al recordado historiador Alfonso W. Quiroz, los males de la corrupción han infestado el Estado peruano desde su creación y no ha habido sistema de control que nos proteja bien de ellos.

Si realmente es así, tal vez como país nos serviría llevar la discusión hacia algo más general, por ejemplo responder a preguntas como ¿funcionan nuestros sistemas de control para lo que queremos de ellos? ¿qué éxito ha tenido la Contraloría en detectar la corrupción en su ya larga vida institucional? Y también ¿habrá otros mecanismos e instituciones que permitan disminuir y erradicar la corrupción?

Fuente: lapublica.org.bo

Intentemos responder a lo primero: el propósito principal de los sistemas de control del Estado es identificar hechos de corrupción para impedirlos y en lo posible prevenirlos. Podemos agregar otras funciones a estos sistemas, pero si no identifican y sirven para limitar la corrupción, no tienen sentido.

Sin embargo, en algún momento la Contraloría decidió modernizarse y ampliar sus funciones, y orientó su quehacer  a validar y vigilar la naturaleza y el carácter de las acciones del resto del Estado: preocupándose no sólo por el tema de los recursos si no de la calidad del servicio a los ciudadanos y ciudadanas. Sonaría mejor si mínimamente hubieran cumplido alguna vez con éxito ese primer rol, de detectar y brindar la información para sancionar la corrupción; se le podría confiar tareas secundarias a quienes han cumplido con eficacia su tarea central.

La  Contraloría se ha empeñado por años en competir técnicamente con sus supervisados, sean quienes sean y sin importar la naturaleza de sus tareas. Esto lo ha hecho mediante la contratación de expertos que pudieran estar al mismo nivel de los expertos que tienen los supervisados, pero esos expertos no nos han ayudado en mejorar ningún proceso relevante al interior del Estado.

Esta voluntad de poder ha liquidado su vieja función si alguna vez la cumplió, los elefantes pasan por sus telarañas. Borges, citando a Spinoza, recuerda que toda cosa quiere perseverar en su ser, un supervisor multiplicará siempre el número de elementos a supervisar, de modo que garantice su propia existencia y valoración, sin otra finalidad que esa.

Así, mientras la Contraloría no han podido hacer casi nada contra la corrupción y tampoco mejorar las características técnicas de los servicios públicos, en cambio ha logrado acusar a innumerables funcionarios públicos por cosas como la falta de la vigésima copia del formulario XX que no se llenó, la pérdida del ticket del tranvía que llevara al abuelo al Callao, etc. Esos números permitían a los sucesivos contralores fingir un incesante combate contra la corrupción. En los hechos los procesos administrativos abiertos por motivos nimios finalmente cerraban –cierran- absolviendo al acusado, pero en el transcurso se perdió años, papel, y se pagó los sueldos de los controladores.

Vamos entonces a nuestra tercera pregunta: ¿se puede hacer algo en este escenario para controlar la corrupción?

Tipos De Corrupción

Un primer paso para hacerlo es identificar algunos tipos precisos que encontramos bajo el término general de corrupción; en ese sentido hay:

1. La corrupción mayor del alto funcionario, desarrollada individualmente o en pequeño grupo, normalmente por algunos o muchos millones de soles o dólares
2. La corrupción menor, la corrupción hormiga que día a día esquilma a los ciudadanos en ámbitos que en lo formal están a su servicio; es la corrupción que pide un poco de plata, o una botella de algún licor, o favores sexuales, o el primer sueldo de un nombramiento, o cualquier cosa que se le ocurra al funcionario que tiene la discrecionalidad de dar o facilitar el servicio. De paso, eso convierte el derecho del ciudadano o ciudadana en un privilegio, algo que no le corresponde sino que se le concede.
3. El sentido común de la gente incluye a veces –creo que injustamente- como corrupción el simple cobro de los sueldos u honorarios de los empleados y funcionarios públicos cuando considera que estos son muy elevados.

Patrullas Y Alarmas De Incendios

Concentrémonos en los dos primeros tipos de corrupción. ¿Qué se puede hacer frente a ellos? Un par de politólogos americanos, Matthew McCubbins y Thomas Schwartz, vienen en nuestra ayuda: Ellos acuñaron en 1984 una distinción entre dos formas de monitoreo que se puede emplear para ejercer la supervisión sobre el trabajo del poder ejecutivo: a una de las formas la llamaron “vigilancia tipo patrullaje policial” (police patrol oversight)  y a la otra “vigilancia tipo alarma de incendios” (fire alarm oversight), muy en el estilo coloquial americano, poco ampuloso.

¿Cuál es la distinción entre unas y otras?

La metáfora que usaron no fue escogida al azar: una patrulla policial recorre un barrio o un distrito, puede variar su ruta periódica o aleatoriamente, pero sus procedimientos son típicos, se fija más o menos en las mismas cosas siempre; su personal y equipo generan costos, puede tardar en llegar y, como es la experiencia de mucha gente en el Perú, puede agrandar el problema en vez de resolverlo. El costo social mayor en un sistema de este tipo, más que sueldos o patrullas,  es la propia existencia de la agencia (la policía) con sus posibles deformaciones.

Por otro lado, un sistema de “alarma de incendios” puede distribuirse por toda la ciudad, basta con que haya un teléfono a disposición, puede ser operada por cualquiera, y, si hay un sistema eficiente de respuesta, puede resolver problemas; no tiene los costos del patrullaje ni la posibilidad de deformarse, pero en cambio puede ser abusada por falsas alarmas. Además, respecto a la corrupción, puede haber desde incentivos y beneficios hasta temores y amenazas para no hacer sonar la alarma.

Por dar un ejemplo, la Contraloría es un sistema de patrullaje (quitemos la palabra policial para ahorrarnos las connotaciones) mientras que una Oficina de Quejas es un equivalente del sistema de alarmas (de incendios).

Aunque McCubbins y Schwartz plantearon su distinción específicamente para la forma como el poder legislativo vigila al ejecutivo, y tenían una preferencia muy fuerte hacia los sistemas de “alarma”, nosotros podemos extenderla a cualquier actor concernido; si queremos vigilar y controlar la corrupción podemos usar  sistemas de patrullaje o alarmas de incendios sin necesidad de ser congresistas.

El Patrullaje, como su nombre lo indica, vigila la marcha de las instituciones del ejecutivo y los problemas en la implementación siguiendo sus planes y programas, haciendo notar en cada punto cada paso que no se cumpla como establecen los procedimientos. Requiere siempre un sistema centralizado  bajo alguna forma institucionalizada. Reposa en procesos de investigación largos, audiencias, estudios por consultoría, etc.

Las Alarmas se activan en cambio cuando ciudadanos, organizaciones de ellos o grupos de interés, reaccionan a la forma en que se les brinda servicios, cuando los medios exponen el abuso de los ciudadanos, o el desperdicio de recursos; en estos casos los ciudadanos al reportar sus problemas, muestran fallas en los servicios, sean estas ocasionales, accidentales o propias del diseño o de la implementación. Esto funciona de modo no centralizado, reposa en la posibilidad de que cualquier actor haga sonar la alarma, y está mucho más ligado a los resultados que obtiene la gente del servicio que a los procedimientos internos para brindarlo.

Mientras el Patrullaje supone un cuerpo especial vigilando uso de recursos, procedimientos, etc. en la Alarma toman la palabra los ciudadanos y sus organizaciones para manifestar que algo no funciona bien, obviamente sobre la base de ciertas reglas y procedimientos que los habilitan a hacerlo.

E insistimos, no decimos que un método sea mejor que el otro, dependiendo del caso se puede escoger una forma u otra de vigilancia o una combinación de ambas según se necesite.

La Propuesta

En concreto, parece razonable creer que los niveles de corrupción baja, lo que se denomina acá Hormiga, puede manejarse con un esquema del tipo Alarma. ¿Por qué? Los ciudadanos son quienes lo sufren directamente y están muy informados respecto a sus detalles, saben quiénes les piden coimas, quienes los chantajean, quienes los presionan para obtener recursos indebidos. La detección es fácil, si al ciudadano se le escucha y responde en su queja se hará oír, pero el sistema tiene que estar listo para responder a este tipo de denuncia rápida y efectivamente a la demanda, llamado o alarma activada por los ciudadanos.

Un sistema así tiene requerimientos indispensables: responder en serio y no desechar las denuncias de los ciudadanos, sancionar ejemplar y drásticamente a quienes entran en asuntos turbios, cuidar al denunciante. Por esto la tarea de respuesta debería ser función de un sistema que se encargue de cuidar la calidad de los servicios que ofrece el Estado. Ese sistema sería mucho más interesante en términos de combatir a la corrupción y mejorar el bienestar de los ciudadanos que, por ejemplo, el seguimiento detallado, necesario, de la papelería interna de las instituciones supervisadas. Y una buena noticia: cada institución puede crear o reforzar su propio servicio de mejora de la calidad y la satisfacción del usuario sin esperar a que venga una agencia central a vigilar cada uno de sus pasos. En cambio, desde la centralidad del Estado se podría supervisar los avances de estos sistemas de calidad y mejora del servicio. Disminuir la corrupción en este nivel debería tener una correlación directa con la sensación de las personas respecto a su satisfacción en el uso de estos servicios.

Respecto a la corrupción mayor, ¿funcionaría un esquema tipo Alarma? Creemos que no, más bien sus características sugieren emplear el Patrullaje, un sistema centralizado que vigile la actividad financiera de un conjunto relativamente pequeño de altos funcionarios, digamos de directores generales para arriba, en el gobierno central unas quince mil personas. Esa vigilancia nuevamente tiene algunas condiciones: renuncia al secreto bancario, financiero y de compras e inversiones  personales  y de su entorno cercano, por un periodo de años a determinar. Si bien los seres humanos preferimos mantener algunas cosas en secreto, un funcionario pagado aceptablemente, que quiere servir a su país y que además no tiene voluntad de delinquir podría aceptar estas condiciones si en cambio se le asegura que se le evaluará por los resultados de su trabajo, por encima de cualquier omisión administrativa menor y menos aún del ejercicio de su conocimiento técnico, como se intenta hacer ahora.

Esta labor, el “Patrullaje” de los funcionarios públicos, suena muy drástica, pero responde a la situación actual, en la que la corrupción parece inundar el país. Estas labores no se parecen a lo que hoy hace contraloría, y está más cercano de las tareas que cumple la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros, sólo que esta última instancia no se concentra en los funcionarios del Estado pues cubre un universo más amplio. Especializar una rama de esa entidad, la UIF, o separarla y darle autonomía, podría ser la solución a los (pocos, en proporción al total de ellos) funcionarios públicos que vemos enriquecerse repentinamente.

Esta incidencia de los tipos de corrupción puede representarse en la tabla siguiente; el mayor volumen de la corrupción hormiga requiere eficientes sistemas de Alarma que puede tomar la forma de mejorar de la calidad del servicio; el volumen de la corrupción de altos funcionarios requiere en cambio un sistema de Patrullaje de funcionarios.

¿Y la Contraloría?

De cumplirse este escenario, ¿qué rol le quedaría a la actual Contraloría? Siempre queda la necesidad de verificar que los procedimientos se hayan seguido ordenada y cumplidamente; lo que no tendría es el absurdo poder de amenazar penalmente a funcionarios públicos por faltas u omisiones que no afectan ni los fondos públicos ni las metas públicas sean estas físicas o financieras.

Pero además, Contraloría tiene tres tipos de control respecto a las operaciones del Estado: previo, concurrente (o sea durante el proceso), y posterior. Tal vez modificando la manera de ejercer el control concurrente la Contraloría  podría convertirse en un proveedor de servicios dentro del Estado, en un rol más proactivo, una especie de asistencia técnica sobre procedimientos y paperwork, alertando sobre alguna omisión importante.

Esta labor no es nada despreciable si se hace con honestidad, pues como dicen en el teatro, no hay papeles pequeños sino actores pequeños. Sin embargo, ¿por qué los contribuyentes tendríamos que pagar por todo un aparato nacional permanente, cuando esta especie de chequeo podría hacerse por consultoría  y puntualmente? ¿Por qué regalarle un mercado cautivo a una institución ineficaz? Contraloría es una solución mala para un problema mayor del país; no ha impedido goles de la corrupción y ha estorbado los pocos avances del resto del Estado.

Nunca hizo un gran partido y sería hora de que cuelgue los chimpunes. Lampadia

De un tiempo acá, marcadamente en Lima, se viene configurando una suerte de irritación a flor de piel, que ante cualquier evento presentado por la política o por los múltiples canales de información mediática, desatan reacciones violentas e incontenibles, con ataques destructivos y apurados, que forman tormentas en las que tirios y troyanos son arrastrados a estados de alteración lejanos de lo civilizado y lo razonable.

No estamos hablando de turbamultas populares que lleven a las calles a ciudadanos de a pie. Estamos hablando de alteraciones que se expanden por los espacios de opinión, por los medios (tradicionales y modernos), en los que de pronto se destrozan de mala manera a personas, instituciones y empresas. Estamos hablando de estados de excitación que  capturan a la mayoría de políticos y que los lleva a legislar en una suerte de estado de pánico, donde de la noche a la mañana pueden causar daños al conjunto de la sociedad y, curiosamente, a los ciudadanos más pobres.

Así pasó con la reforma de las AFPs y la ley que permitió el retiro del 95.5% de los fondos; o con los ataques a las empresas constructoras peruanas que desarrollaron obras con los brazos empresariales del imperialismo brasileño, condenando al desempleo a miles de peruanos ajenos a la corrupción; o, más recientemente, con el caso del Ministro de Economía y el Contralor; con el escándalo de ‘la leche que no era leche’.

Pero, como publicó Federico Salazar: Ups, ¡sí era leche! 

Ni la ministra ni los funcionarios ni los congresistas leyeron las normas por las que el producto Pura Vida y otros sí pueden y deben llamarse “leche”. Es muy claro: ¡porque sí son leche!

¿Y todo el escándalo? ¿Acaso todos se equivocaron? Sí, todos se equivocaron. Nadie hizo su trabajo. Nadie documentó su posición.

Parece que muchos creyeron que no se trataba de leche porque tenía una composición “parcial”. Si pretendiéramos que el 100% de la lata fuera leche, el tarro costaría lo que cuesta el tarro azul.

Quitar del mercado estos productos, sin que haya habido fraude alguno o hallazgo de un tóxico en el contenido, es un atentado brutal contra la economía de la gente.

Lo que han hecho es dejar sin leche evaporada al que no puede pagar por las unidades de mayor costo. ¿Cuál es su alternativa? ¿El té? ¿A eso quieren condenar a los más pobres? ¿A tomar té?

Para traer algo de razón al tema de la leche, queremos compartir con nuestros lectores parte de la información que presentó anoche Jaime de Althaus en la Hora N (el único programa de la televisón peruana que no ha sido capturado por los caseritos filo-populistas con tendencias anti economía de mercado; un necesario espacio liberal abierto a las ideas de la modernidad).

Veamos información relevante para la formación de mejores juicios de valor:

En primer lugar, llama la atención la persistencia del sambenito que acusa a la industria lechera de abusar de los ganaderos. Según el siguiente gráfico, durante los últimos 20 años la producción de leche en el Perú se ha más que duplicado, con un crecimiento promedio anual de 4%. No hace sentido que un abuso supuestamente mantenido por un largo plazo, genere semejante crecimiento de los abusados.

Además, durante los últimos 20 años, el precio pagado por la industria a los ganaderos se incrementó en 2.5% anual, sumando un incremento de 60%. Lo que, otra vez, debilita la tesis del abuso.

Desde una perspectiva internacional, como podemos apreciar en el siguiente gráfico, el precio que reciben los ganaderos peruanos es mayor  al de los ganaderos de Nueva Zelanda, la Unión Europea, Colombia, México, Chile, Uruguay y Argentina. En la región solo los brasileños reciben mejores precios.

Del total de la producción lechera peruana, la industria formal adquiere solo el 50%, el 40% se consume en lecherías y queserías artesanales y el 10% se queda en auto consumo directo de porongo y de cría.

Para cubrir la demanda global de productos lácteos industrializados, se importa leche en polvo por el equivalente de 325,000 toneladas de leche fresca por año, en un  15% del consumo total o el equivalente de un millón de latas por día.

Volviendo a nuestro comentario sobre el nivel de irritación que nos embarga, por ahora solo podemos aportar algunos temas que pueden explicar esta suerte de frustración que se pasea por nuestras vidas:

• Furia por la corrupción
• El enfriamiento de la economía
• El estancamiento de los ingresos
• La inseguridad ciudadana
• La devaluación generalizada de los líderes
• La pérdida de confianza en el futuro
• La impunidad de los poderosos
• La ausencia de liderazgo
• La debilidad institucional
• La polarización política
• La crisis política
• La invasión de las redes sociales
• La manipulación de la información
• Los malos periodistas
• La vulgarización de los programas periodísticos y de entretenimiento

Ojalá que esta lista  de debilidades de nuestra sociedad nos ayude a reaccionar y entender la necesidad de tener mayor aplomo y seriedad para enfrentar nuestros tiempos y exigir a los líderes políticos que asuman un mejor comportamiento. Lampadia