Ing. Alejandro Chang Chiang

El 28 de diciembre último se publicó la Ley N° 30900 que crea la Autoridad de Transportes Urbano para Lima y Callao, para solucionar el caos de la movilidad que sufre la población de la capital y de la provincia Constitucional del Callao.

No conozco el texto de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo ni las coordinaciones que ha habido entre las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Congreso de la República; pero al leer el texto de la Ley, nos induce a pensar que la Ley aprobada solo aliviaría la problemática de la movilidad de la metrópoli, porque una autoridad es mejor que dos para un solo territorio.

Considero que la ATU no resolvería la situación actual del transporte en la capital por la forma y condiciones en que está redactada la Ley que la obligará a atender – además de la movilidad – los problemas internos que se generarán por las transferencias y fusiones que dispone la Ley. A largo plazo, continuaremos perdiendo competitividad y seguiremos bajando la calidad de vida de la población de la metrópoli.

Hace más de seis años, durante mi gestión como viceministro de transportes, se identificó que la problemática de la movilidad de Lima y Callao era el aspecto institucional para después tratar el tema de la calidad del talento humano a fin de contar con personal para que la institución sea eficaz y eficiente. El proyecto fue paralizado por la oposición de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y de PROTRANSPORTE y la anuencia del Primer Ministro de ese entonces.

Al respecto, en mi libro Transformemos el Transporte señalo que el objeto de las autoridades de transporte y territorio es la de fortalecer la institucionalidad para la organización y la gestión de la movilidad de las personas a través del desarrollo coordinado de la infraestructura vial con el urbanismo a fin de crear las condiciones de salud y ambiental adecuadas para mejorar la calidad de vida de la población.

A pesar de haber transcurrido seis años y de haber estudios al respecto, la Ley  promulgada no considera el marco institucional como el problema principal de la movilidad en la capital, al señalar que el objeto de la Ley es garantizar el funcionamiento de un sistema integrado de transportes. Asimismo señala que la ATU tiene como objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, en el marco de los lineamientos de política que apruebe el MTC y los que resulten aplicables.

El concepto que se debe tomar en cuenta es que una Autoridad no debe realizar actividades que él mismo regula, norma y fiscaliza, como lo afirmo en mi libro “Ideas para reconstruir la institucionalidad del País” (descargar aquí). Sin embargo, la Ley dispone la fusión con la ATU de i) la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico del Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) y ii) PROTRANSPORTE sobre la gestión del Metropolitano y de los Corredores Complementarios, que brindan servicios de transportes. Es decir, la Ley configura la situación de ser juez y parte a la vez.

Asimismo la Ley dispone que el acervo documentario, bienes muebles e inmuebles, pasivos, obligaciones, contratos, recursos y personal, vinculados al ejercicio de la función del transporte terrestre de la MML y MPC se transfiere a la ATU. Ello conlleva que la nueva Autoridad nace con los pasivos y debilidades de las instituciones que gestionan actualmente la movilidad de Lima y Callao con los resultados que todos conocemos.

Según la Ley el Consejo Directivo de la ATU estará conformado por directores propuestos por los Ministerios de Economía y Finanzas y Transportes y Comunicaciones y de las Municipalidades Provinciales de Lima y Callao, la misma que no garantizaría una buena dirección de la Institución. Se requiere directores competentes que sean designados por una Comisión para que sus miembros sean de diferentes disciplinas y no sean solo representantes de los entes proponentes.

Una de las funciones asignadas a la ATU es la de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión que haya celebrado, sin perjuicio de las competencias a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), lo que podría originar una duplicidad de funciones que es necesario aclarar. Al respecto considero que a este último no le correspondería la supervisión de un contrato para brindar servicios de transporte.

En las disposiciones complementarias finales se establecen plazos para la aprobación del Reglamento de la Ley, Reglamento de Organización y Funciones, instalación del Consejo Directivo, la transferencia de bienes y recursos, fusión de organismos y adecuación de instrumentos de gestión. Considero que dichos plazos no estarían respondiendo a un cronograma de actividades realista y estaríamos asumiendo el riesgo de que haya vacíos temporales de autoridad al dejar la MML y la MPC de tener competencias al cumplirse los plazos dispuestos por la Ley, existiendo la posibilidad que la ATU no estaría en condiciones de asumir dichas funciones en los tiempos previstos.

Al respecto, mi experiencia para estructurar la organización de una institución, señala que se requiere definir claramente su misión, identificar los roles que debe asumir para cumplir con ella, determinar los procesos y controles necesarios para tener una gestión eficaz y eficiente, definir los perfiles de los cargos en función a los procesos;  designar a los funcionarios idóneos e íntegros, actividades éstas que tomarán su tiempo y que difícilmente se podrán llevar a cabo en los plazos establecidos en la Ley, máxime cuando las entidades a fusionarse con la ATU no están organizados con el enfoque de procesos.

El recurso humano es un factor primordial para el éxito de una gestión y por tanto la designación de sus funcionarios en los cargos directivos es un factor que incidirá en los resultados de la gestión. La ATU requiere nuevas personas con otra actitud y con nuevas ideas. Los “expertos” que han tenido la responsabilidad de resolver la problemática del transporte no serían los más idóneos. No hay que improvisar a músicos como directores de orquesta.

Por las razones expuestas considero que la ATU tendría una misión imposible de ejecutar de manera eficaz por las condiciones establecidas en la Ley.

Siendo crítico y pesimista en los resultados en la aplicación de la Ley, presento los planteamientos para que Lima y Callao cuenten con una Autoridad que sí resuelva la problemática de la movilidad en la metrópoli.

• Definir la misión de la ATU sobre la movilidad en Lima y Callao y su coordinación sobre el desarrollo urbano del territorio.
• Diseñar la estructura de la ATU en función a los roles que debe tener para cumplir con su misión como autoridad, más los órganos de planeamiento, de asesoría y de apoyo.
• Diseñar la organización con el enfoque de procesos.
• Determinar los perfiles de los cargos en especial de los cargos directivos.
• Designar a personal idóneo e íntegro para los cargos directivos.
• Plantear un cronograma de actividades con plazos realistas, los mismos que no requieren estar consignados en una Ley.
• Darle a la ATU la capacidad para definir los recursos que requiere para el cumplimiento de su misión.

Los roles de la ATU se circunscribe a i) ser el ente rector de los servicios de transportes y de la movilidad en general, ii) ser la autoridad que regule y gestione el tránsito de los medios de transportes y iii) proveer la infraestructura que requiere la ciudad para la movilidad. No es rol de una autoridad de transporte el de brindar servicios de transportes.

En resumen, la Ley debió crear una autoridad con las competencias para ser el ente rector de la movilidad de Lima y Callao, darle las facultades para que ésta pueda asumir las funciones que actualmente tienen la MML y MPC y la capacidad para determinar la transferencia de recursos de éstas últimas, en los plazos y condiciones que la ATU requiera para gestionar adecuadamente. AATE y PROTRANSPORTE continuarían brindando los servicios de transporte hasta que se implemente en forma gradual el sistema integrado de transporte. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Ex Gobernador de Ica
CILLONIZ.PE
Ica, 9 de enero de 2019
Para Lampadia

Las Secretarías Técnicas son las instancias administrativas encargadas de velar por el orden y disciplina laboral en las instituciones del Estado. En ese sentido hay que ser sinceros. Las Secretarías Técnicas – en términos generales – no funcionan como debieran. No solo en el Congreso de la República se da el conocido refrán que dice “otorongo no come otorongo”. En las demás dependencias del Estado pasa – exactamente – lo mismo.

En efecto, los Secretarios Técnicos son los que:

• “No ven” a los médicos corruptos que abandonan los hospitales en horario de trabajo.
• Tampoco “ven” a funcionarios corruptos sustraer equipos y materiales.
• “No ven” la corrupción de las mafias de los brevetes.
• Muchos Certificados de Estudios y de Trabajo – falsos – presentados por funcionarios corruptos para acceder a puestos de trabajo están ahí – en los archivos del Estado – “sin ser vistos” por los Secretarios Técnicos.
• Lo mismo sucede con facturas falsas que sustentan gastos de viáticos de manera dolosa.

Las Secretarías Técnicas – salvo contadas excepciones – son parte de las mafias enquistadas en el Estado. Así es la nuez.

Los Órganos de Control Institucional tampoco funcionan como debieran. Los OCI´s se dedican más a denunciar errores administrativos intrascendentes, que a perseguir y sancionar a funcionarios corruptos… los cuales – dicho sea de paso – están frente a sus narices.

Para muestra un botón. El OCI del Gobierno Regional de Ica no detectó – y menos sancionó – a ningún funcionario por las corruptelas indicadas en el párrafo anterior. ¡500 malos funcionarios fueron sancionados – por ese tipo de faltas graves – por el Gobierno Regional de Ica! Sin embargo, el OCI… ¡ni cuenta se dio!

Por otro lado. Los OCI´s no valoran – para nada – los logros institucionales.

Para muestra… otro botón. La Ex Directora Regional de Transportes de Ica – Doctora Rossana Vera Pariona – logró erradicar la corrupción en la entrega de brevetes… cosa que ninguna otra Dirección Regional de Transportes logró a nivel nacional. Y menos… el propio Ministerio de Transportes en Lima. Incluso, agilizó la entrega de brevetes de manera extraordinaria. No obstante, el OCI la está cuestionando por un tema – absolutamente intrascendente – de corte administrativo. Al pan, pan; y al vino, vino.

PROPUESTA: La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) debería evaluar y capacitar a los Gerentes Públicos de todas las instituciones del Estado. Nadie – en el Estado – debería poder contratar a ningún director o gerente público… sin que previamente haya sido evaluado – profesionalmente y sicológicamente – por SERVIR. Y si SERVIR no pudiera darse abasto para tamaña tarea, empresas privadas especializadas en la materia – supervisadas por SERVIR – podrían hacerlo.

Además, hay que eliminar muchas Secretarías Técnicas y consolidarlas en unas pocas… altamente equipadas y calificadas. Aparte de resultar oneroso mantener a tantos funcionarios inoperantes – y encima corruptos – muchas Secretarías Técnicas generan el gran problema de la disparidad en las sanciones. Yo puedo dar fe de ello. Mientras que en Ica destituíamos a médicos tramposos que abandonaban el hospital en horas de trabajo, en Palpa – por la misma falta – médicos corruptos no recibían ninguna sanción. Obviamente, había un contubernio – descarado – entre la Secretaría Técnica del Hospital de Palpa y los médicos corruptos… a diferencia de lo que ocurría en los hospitales de Ica, donde las Secretarías Técnicas eran probas y eficientes.

Disciplina e idoneidad en el Estado… ¿tanto nos cuesta llegar a ello? Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 3 de agosto de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El Estado Peruano está infiltrado por gente corrupta. Los Colegios Profesionales también. Sobre todo, los Colegios de Abogados. Los tres poderes del Estado – Poder Ejecutivo, Congreso de la República y Poder Judicial – están infiltrados por esos tipos sin moral y lo mismo sucede en las Fuerzas Armadas y Policiales. La corrupción está infiltrada en TODAS las instituciones del Estado.

Sin embargo, no todos los servidores públicos son corruptos. Al contrario… hay muchos servidores públicos honestos, serviciales y eficientes, que merecen nuestro máximo reconocimiento y gratitud.

El tema es que ellos no son el problema. El problema son los corruptos. Principalmente, los coimeros. Aunque la corrupción tiene también otras manifestaciones. El tráfico de influencias. Las extorsiones, fraudes, y malversaciones. Y ¿qué decir del compadrazgo, nepotismo, e impunidad? Todo eso es corrupción.

Pero lo peor es lo que la corrupción trae consigo. Me refiero al narcotráfico, lavado de activos, prostitución ilegal, trata de personas, crimen organizado… y todo lo demás. ¡Y que terrible que jueces, congresistas, y autoridades gubernamentales estén metidas en la telaraña!

Hasta aquí… un diagnóstico del problema. Y un atisbo de sus nefastas consecuencias. Pero las causas… ¿de dónde salieron esos personajes sin escrúpulos? ¿En qué momento se troncharon? ¿Son peruanos? ¿De dónde les viene tanto cinismo y desparpajo?

Las cosas claras y el chocolate espeso. Los audios – ¡que vivan los audios! – están deshilvanando la madeja. Y el hilo nos está llevando a las “universidades” – entre comillas – que han aparecido por aquí y por allá, en los últimos años. Aquellas que no tienen nada de universidades y – sí – mucho de máquinas tragamonedas. “Universidades” cuyos mentores se graduaron gracias al dominio del COPY – PASTE. “Universidades” que – en el fondo – son tesorerías soterradas de políticos recontra cuestionados.

Veamos el siguiente puñado de “universidades” – siempre entre comillas – y sus respectivos mentores: La Vallejo – César Acuña. La Alas – Joaquín Ramírez. La San Juan Bautista – José Luis Elías. La Garcilaso – Luis Cervantes Liñán. La Telesup – Pepe Luna Gálvez. He ahí el origen de la telaraña de la corrupción política en nuestro país. He ahí la trilogía del mal: “universidad” – plata como cancha – política corrupta.

De allí – de esas “universidades” y de sus mentores – han salido los 4 congresistas de Ica… y muchos más. Las revelaciones acerca de las injerencias de Cervantes Liñán en el Poder Judicial y el Congreso de la República son groseras. Y qué decir de la relación entre Luna Gálvez y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¡Por favor!

La del estribo. Guido Águila – ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura – era nada menos que el fundador de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos (EGACAL), donde se impartían “tips” para los exámenes de jueces y fiscales.

Un consejo a los jóvenes del Perú. Y en especial a los alumnos de las “universidades” antes aludidas. No sigan el mal ejemplo de los corruptos. Sigan el ejemplo del gran Vallejo… no el de Acuña. Lean a Garcilaso de la Vega… pero aléjense de Cervantes Liñán. Y – por favor – no confundan a San Juan Bautista… con José Luis Elías. Manco Cápac, Pachacútec, Túpac Amaru, Grau, Bolognesi, Quiñones, Basadre, Belaúnde, Haya de la Torre… a ellos hay que emular. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lamentablemente la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski anoche dejó en claro que su empresa Westfield Capitals tuvo contratos con Odebrecht para levantar fondos para proyectos del Estado peruano mientras él era ministro, y que él percibió alguna utilidad de eso. El argumento del Presidente es que él no sabía de esos contratos porque todo lo dejó en manos del señor Sepúlveda, y que él no hizo gestión alguna para favorecerlos. Y que, por último, si había un grado de conflicto de interés, eso no califica para una vacancia presidencial porque él no es corrupto. 

Fuente:elperuano.pe

Jugó también la carta política al argumentar que no se está respetando el debido proceso en el pedido de vacancia y que éste forma parte de una estrategia de asalto a la institucionalidad democrática. Con esa tesis termina de enajenarse a la bancada fujimorista, aunque lo que busca sea probablemente conseguir la inhibición de las bancadas más sensibles a ese argumento, como las de Nuevo Perú, Acción Popular y quizá Alianza para el Progreso. 

No vamos a entrar a discutir la pertinencia de la tesis del asalto a la democracia, salvo decir que, así como la acusación al Fiscal de la Nación tiene un tufillo autoritario y vindicativo, la acusación constitucional a cuatro miembros del TC, en cambio, se justifica plenamente por razones que ya hemos explicado en varios artículos y, además, ni siquiera fue presentada por Fuerza Popular. Sí vale hacer notar la coincidencia entre ambas partes en el juicio por adelantado, en la condena sin pruebas: se acusa al otro de dar un golpe de la misma manera como se es condenado si haber sido escuchado. Pues también es cierto que en el debate del viernes pasado en el Pleno algunas bancadas usaron un lenguaje cercano al linchamiento y anunciaron su voto por la vacancia sin haber escuchado al Presidente.  Hay que decir, de otro lado, que si bien se está siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento, queda claro ahora que ese procedimiento es demasiado sumario para una decisión tan grave, y debería ser modificado para el futuro. 

Por lo demás, ni siquiera se está usando el tiempo máximo previsto, que hubiera permitido que asista primero a la Comisión Lava Jato a fin de que la decisión final, sea cual fuere, pudiera estar mejor fundamentada. Porque el argumento de que este es un juicio político y no penal es relativo: desde el momento en que ha una sanción (la destitución), debe existir un proceso debido. Pero en la medida en que el propio Presidente admite que los ingresos de su empresa y algunos de los dividendos que recibió proceden de asesorías a proyectos del Estado peruano ocurridas cuando él era ministro, aunque él no supiera, puede tener su suerte ya echada. Por eso, en el caso penoso en que proceda la vacancia presidencial, la obligación de la clase política es asegurarnos de que la nueva situación sea lo menos traumática para el país y para la economía de los peruanos. Sería lamentable, por ejemplo, que los buenos ministros de este gobierno –Bruno Giuffra y Carlos Basombrío entre otros, por ejemplo-, que están desarrollando una agenda promisoria, tuvieran que salir del gabinete. No podemos darnos el lujo de dejar abandonadas a la mitad reformas, políticas y proyectos importantes. Tampoco podemos permitir que el periodo de incertidumbre dure demasiado. De hecho, no cabe duda que desde ya casi toda decisión de inversión en el sector privado ha sido puesta en pausa a la espera de que se consolide una situación estable. Esto va desde Quellaveco hasta decisiones de compra de las personas, pasando por toda clase de decisiones de empresas grandes, medianas y pequeñas. Es una lástima que la recuperación de la economía que ya había empezado, se vea frenada de esta manera.

Por eso, el escenario que deberíamos buscar, en el caso proceda la vacancia, es el de un acuerdo político entre el vicepresidente que asuma la presidencia y el Congreso –principalmente Fuerza Popular- en torno a un plan de trabajo conjunto de aquí al 2021. Ese acuerdo debería ser negociado por el Presidente entrante antes de asumir o en los primeros días de su gestión, y debería incluir un gabinete conversado e incluso, de ser posible, integrado por representantes de la oposición. De lo contrario, mejor sería que presente su renuncia, porque no podría gobernar y el país viviría en zozobra permanente. Claro, en la medida en que se trata del mismo gobierno, siempre el Ejecutivo podría hacer cuestión de confianza amenazando con la disolución del Congreso si es que éste le niega la confianza a un segundo gabinete. Tendría esa arma.[1] Pero eso mismo sería fuente de inestabilidad y de todos modos siempre hay maneras de obstaculizar la labor del Ejecutivo sin llegar a la provocación total.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

La elección por el voto popular no conlleva la ‘iluminación’ por parte del Espíritu Santo. Más bien, en el mundo en general, y en el Perú en particular, los ciudadanos que acceden a la política, y ocupan las curules parlamentarias, llegan cada vez menos preparados para entender y diseñar las políticas públicas que permitan emprender y consolidar los caminos de la prosperidad.

Los problemas más complejos de los seres humanos, como la derrota de la pobreza, no se resuelven por arte de magia, ni de un día a otro, su superación supone procesos largos y consistentes, y más esfuerzos que celebraciones.

Sin embargo, el perfil de los políticos modernos, desde el Reino Unido, España y EEUU, hasta Chile, Brasil y Perú, es de personajes más osados que ponderados, con menor preparación y menos experiencia, y completamente orientados al corto plazo; a diferencia de los ‘políticos por vocación’, que, en décadas no muy lejanas, comprometían su vida a la política, desde la base de partidos políticos que hacían gala de visiones e idearios de largo plazo.

Hoy la política se aloja solo en el corto plazo. Los partidos políticos no representan cuerpos de pensamiento, son solo vehículos de acceso al poder. La multiplicación de movimientos políticos y la alta rotación de congresistas, de un período a otro, no permiten el empoderamiento de políticos experimentados, que ostenten liderazgos amplios.

Hoy día, además de los retos tradicionales del desarrollo, tenemos que enfrentar, adaptarnos y sacar provecho, de la ‘cuarta revolución industrial’, que está transformando dramáticamente la vida de los países, las empresas y las personas, en todo el espacio global.

Las tecnologías que configuran un nuevo mundo, avanzan exponencialmente, y el cambio es paradigmático. Si en 1920, la vida de una empresa era en promedio de 67 años, hoy día no pasa de 15. En los próximos siete años, 4,200 millones de personas se incorporarán al mundo híper conectado, trayendo una fuerza inmensa de innovación y cambio, como explicó hace pocos días en Lima, Peter Diamandis, en el Sura Summit.

Con esta revolución estamos transitando al mundo de la abundancia, donde puedes apostar por crecer diez veces en vez de 10%, donde aumentará la longevidad, y donde podremos empoderar a las mentes más jóvenes en todas partes del planeta.

Algunas evidencias de la Abundancia, según Diamandis

• Durante los últimos 200 años el PBI global se multiplicó por 100
• En 300 años, el índice de mortalidad ha caído precipitadamente
• Hace 30 años se firmó el Protocolo de Montreal para prevenir la pérdida de ozono y mejorar el ambiente
• El acceso a la electricidad es un indicador clave del crecimiento económico, calidad de vida y superación de la pobreza. Al 2017, la energía eólica ya es más barata que la energía nuclear en el R.U. (con la mitad de subsidios)
• A pesar de los titulares, mejoramos continuamente con menor escasez de alimentos y menos hambre. La desnutrición en el mundo global ha bajado de 18.6% en 1991, a 10.8% en el 2015

Esta nueva realidad global, hace cada vez menos adecuada la capacidad y el carácter de nuestros políticos para entender el mundo y los caminos de la prosperidad. Ya podemos ver que la política desaprensiva y disfuncional de nuestros días, produce resultados contrarios al bien común, pero eso sí, llamativamente desplegables en la llamada ‘sociedad del espectáculo’.

En este entendimiento y reflexión es que en Lampadia, insistimos en exhortar a la clase dirigente a participar activamente en el debate nacional. Pues solo exponiendo visiones de largo plazo, estudios, análisis y benchmarks; desde la sociedad civil, desde el conocimiento del nuevo mundo real, podremos evitar que las políticas públicas sean producto de la inspiración de una noche o la expresión de ruidosas movilizaciones callejeras, recogidas por los intonsos de la política; y ver más bien, que estas se nutran de la rica y amplia oferta de bienestar del mundo exponencial.

En el mundo exponencial, no llegaremos a ninguna parte con políticos de pensamiento lineal. Necesitamos mejorar la calidad de los partidos políticos, atraer a las mentes de avanzada a la política, y comprometer a la clase dirigente en el pensamiento y acción que nos hagan un país próspero para todos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En el Congreso hay 16 proyectos de ley que, sumados a 4 ya aprobados, generan costos fiscales –menores ingresos tributarios- que pueden llegar a cerca de 5% del PBI. De aprobarse, estaríamos decretando el final de la estabilidad monetaria y fiscal, el retorno a la inflación y la imposibilidad de alcanzar el desarrollo integral. Sería el suicidio económico nacional.

Fuente: marcandoestart

Ya el Congreso avanzó el jueves con esta agenda aprobando una ley que restablece por 5 años los beneficios de la admisión temporal para las aeronaves y sus partes, con suspensión del pago de tributos hasta por 5 años, y permitiendo su nacionalización con la depreciación de la base imponible del 20% anual. Inicialmente la ley se iba a aplicar a todas las empresas aéreas, pero luego del debate se limitó a las micro, pequeñas y medianas. Esto reduce el daño, pero no lo elimina porque sólo servirá para incentivar el fraccionamiento y atomización de las empresas grandes para no pagar tributos. Según fuentes del sector economía, “una gran empresa podría crear una división de reparación con un RUC distinto y a partir de ésta realizar la importación temporal por 5 años y luego la compra de aeronaves”.

Según dicha fuente, la ley distorsiona la aplicación del régimen general de admisión temporal para reexportación pues “la deducción (depreciación) de la base imponible del 20% anual, implica en la práctica que el régimen general de admisión temporal para reexportación se convierta en un mecanismo destinado al no pago de tributos y no constituye un régimen aduanero suspensivo; por tanto, restablecer la vigencia de este mecanismo implicaría desnaturalizar el régimen de admisión temporal incorporando una exoneración del pago de tributos a la importación”.

Además, la Ley genera un tratamiento a favor del sector aéreo, lo que podría llevar al sector de transporte terrestre y a otros a solicitar el mismo beneficio.

Fuente: zestcapital.com

Pero el problema es mucho más grande. Como hemos señalado, hay en el Congreso 20 Proyectos de Ley que conceden beneficios tributarios y que ocasionarían altos costos fiscales. De esos, ya se han aprobado 4. Fuentes analíticas nos indican que el costo total de esas leyes y proyectos de ley ascendería a una cifra enorme que oscila entre S/ 27,067 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación y salud) y S/ 34,337 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación, transportes y vivienda). Lo que representa de 3.6% a 4.6 del PBI.

El más costoso de todos es PL 730/2016-CR, proyecto de ley que crea el Régimen Especial de Incentivos y Beneficios para compradores preferentes para las MYPEs, “Sello MYPE”.

Este es un proyecto de Fuerza Popular a iniciativa del congresista Edwin Vergara Pinto. Propone establecer un nuevo régimen especial de incentivos y beneficios para compradores preferentes de las MYPE — Sello MYPE. Se trata de beneficios tributarios para las empresas medianas y grandes que compren frecuentemente a las MYPE. Por ejemplo, se establece una deducción del 100% adicional de gastos para efectos del impuesto a la renta de los bienes muebles (exceptuando los vehículos automotores) adquiridos de las MYPE; un puntaje adicional en los procesos de selección que convocan las entidades del Estado; devolución en cinco días hábiles desde la presentación de la solicitud de saldos a favor de la exportación, drawback y pagos en exceso o indebidos, entre otros.

Las fuentes estiman que el costo del beneficio sobre la deducciónadicional degastos para efectos del impuesto a la renta para las compras efectuadas a MYPE por parte de las empresas medianas y grandes, ascendería entre S/ 5,310 millones (10% de las ventas de las MYPE) hasta aproximadamente S/ 10,619 millones (20% de las ventas de las MYPE).

La ley también excluye de los regímenes de retenciones y percepciones a las empresas que compren a las MYPES, lo que puede afectar la recaudación del IGV. Se calcula que el costo de la eliminación de ambos regímenes ascendería en S/ 735 millones. Fuera de que aplicar un esquema como el planteado requiere del desarrollo de un complicado sistema de información y control por parte de la administración tributaria.

En consecuencia, según las fuentes, el costo total estimando únicamente la deducción adicional de gastos para medianas y grandes empresas, así como la eliminación de los regímenes de retenciones y percepciones, ascendería potencialmente entre S/ 6,045 millones y S/ 11,354 millones.

El más inmediato de todos es el PL N° 626: Alertas Educativas, que ha sido observado por el Ejecutivo pero probablemente se aprobará por insistencia. Este proyecto obliga a la SUNAT a brindar una capacitación por cada infracción que cometa una microempresa antes de poder sancionarla por dicha infracción, y una vez por cualquier infracción en el caso de la pequeña empresa. El tema es que existen 64 infracciones posibles en el código tributario. Según el MEF, esto contraviene lo dispuesto en la Ley MYPE, que acota el acompañamiento tributario solo para las microempresas (Art. 42), condicionando ello incluso solo a las que se acojan al Registro de la MYPE (REMYPE). Asimismo, precisa que el acompañamiento es solo para cinco infracciones y solo por los tres primeros años desde la inscripción de la microempresa al REMYPE. Con este proyecto, en lugar de 5, serán 61/63 infracciones, sin pedir nada a cambio y de manera permanente.

Para el MEF no es solo que el proyecto aprobado requiere implementaciones operativas y de sistemas en SUNAT que excederán el plazo de 60 días dado por la norma para ello, y que se perderá algo de recaudación, sino el mensaje que estamos dando al contribuyente: es evidente que si le decimos que pueden cometer 50 o 60 infracciones antes de que se le ponga una multa, le comisen o le cierren su local porque por cada infracción, aunque esta sea muy grave, la SUNAT deberá primero darte una capacitación, estamos premiando su informalidad.

Esperemos que prime la cordura en el Congreso y se deseche este tipo de proyectos de ley. Mucho le ha costado al pueblo peruano alcanzar la estabilidad monetaria y fiscal para ponerla en peligro de esta manera. No nos podemos arriesgar al retorno de la inflación ni podemos sacrificar ingresos tributarios necesarios para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, con normas de la mejor tradición populista latinoamericana. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 13 de setiembre de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Todo el mundo conoce el refrán… “del amor al odio hay solo un paso”. Pero ¿qué significa – realmente – el famoso refrán? ¿Qué vincula a una situación con la otra, a pesar de estar – cada cual – en las antípodas? ¿Es que se puede pasar del amor al odio, así como así… de buenas a primeras? 

La respuesta es sí. Veamos – si no – lo que está pasando en la Beneficencia Pública de Chincha. De buenas a primeras… la institución ha dejado de ser beneficencia… y se ha convertido en maleficencia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué – aparentemente, sin ton ni son – la institución emblemática de los pobres de Chincha, ha pasado del bien al mal?

Muy sencillo… hay un ton y un son que la han aletargado. El ton y el son que ha producido este letargo… tienen nombre y cargo. El nombre es Alberto Oliva, y el cargo… Congresista de la República. La pregunta es ¿qué hace un Padre de la Patria en la gestión – por lo bajo – de una institución asistencial, tan importante para la gente pobre? ¡Clientelismo político pues… ese es el tema!

Estamos ante un grave atropello. Los testimonios de los funcionarios removidos recientemente son – recontra – comprometedores. El directorio ha dejado de funcionar con la fluidez de siempre. Las nuevas designaciones de cargos administrativos se están haciendo de manera arbitraria. Cero meritocracias. Los típicos emisarios – “del padrino” – están requiriendo información de obras – léase nichos – que están por hacerse, y relaciones de cargos – con remuneraciones asignadas – para ver cómo repartir la torta entre “los ahijados”.

¿Y los pobres… que son la razón de ser de la institución? Mal… muy mal. Los niños desamparados, los indigentes, los menesterosos… a quienes la beneficencia asistía con comida, vestido, medicinas, techo, y – hasta – sepultura están sufriendo las consecuencias. ¡No hay derecho!

Aunque – de hecho – lo va a negar, Oliva ha puesto recientemente a 3 – de los 5 – directores de la Beneficencia Pública de Chincha. Al presidente y vicepresidenta… ambos en representación del Ministerio de la Mujer, y a la representante del Ministerio de Vivienda. Obviamente, las resoluciones de nombramiento provienen del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Vivienda… como corresponde.

Pero lo que Oliva no puede negar, es que los personajes en cuestión son “sus patas”. El común denominador es la Universidad Inca Garcilaso de la Vega – filial Chincha – donde Oliva era el mandamás, hasta que fue elegido congresista.

Y ¿qué vela tengo yo en este entierro? Pues la tengo; 2 directores de la beneficencia son designados por el Gobierno Regional… uno en representación de la Dirección Regional de Salud, y otro de la Dirección Regional de Educación. De modo que no solo tenemos injerencia en la gestión de la beneficencia, si no – también… y, sobre todo – responsabilidad.

En realidad, no es la primera vez que Oliva hace gala de su “poder” congresal. La designación de “su pata” Renzzo Sotelo como Prefecto de Ica, fue patética. Sí… Renzzo con doble “Z”. Pero le salió el tiro por la culata. Aquel badulaque que dijo – públicamente – que el epicentro del Terremoto del 2007 no fue en Pisco, sino en Chincha; y que la intensidad del sismo no fue de 7.9° sino 8.3°, duró – gracias a Dios – muy poco en el cargo. Habló tanta insensatez en tan poco tiempo que – como tenía que ser – su resolución de destitución salió sin siquiera un “gracias” de por medio.

Pues bien… así estamos. He aquí mi opinión crítica… y mi protesta. ¡Pobres… los pobres de Chincha! La Beneficencia Pública está siendo avasallada. Veremos en qué termina todo este embrollo. Pero ahí estaremos nuestros directores y el Gobierno Regional para luchar – en minoría – contra el clientelismo político. Eso que tanto hace Oliva… pero que tanto le molesta cuando alguien se lo enrostra. Lampadia

Hace tres años entrevistamos al ínclito don Fernando de Szyszlo sobre su visión del Perú. En la entrevista que estamos republicando en video y su transcripción, Szyszlo muestra su compromiso y amor por lo suyo.

Lamentamos mucho su partida, en compañía de su esposa, pero nos sentimos enriquecidos con su legado. Una herencia que va mucho más allá del magnífico arte que desarrolló con pasión y perseverancia; nos deja además, un magnífico ejemplo de compromiso cívico con los quehaceres de la patria.

Fernando de Szyszlo ha sido la mejor expresión del rol de la verdadera clase dirigente, aquella que siempre está aprendiendo y volcando sus capacidades en la construcción de un mejor futuro.

¡Honor al mérito, don Fernando! Lampadia

3 de abril de 2014

Entrevista a don Fernando de Szyszlo

“El Perú está yendo al desarrollo inconteniblemente”

Fernando de Szyszlo Valdelomar es un humanista, en el sentido renacentista del término.  Es un deslumbrante artista plástico. Pintor y escultor notable, pero también un hombre interesado en la arquitectura (carrera que estudió unos años en la UNI), las ciencias (su padre fue físico), la literatura (su madre era hermana de Abraham Valdelomar) y en la política (participó activamente en el Movimiento Libertad). Por su trayectoria, la lucidez de su pensamiento, desprendimiento y profundo amor por el Perú se ha convertido, sin proponérselo, en la reserva moral del país. Don Fernando, tuvo la gentileza de brindarnos esta entrevista en la que confiesa el enorme optimismo que le despierta el actual rumbo que vive el país y señala las preocupaciones que le causa el curso de nuestra política. A los jóvenes les deja un mensaje: fe en el destino del Perú y trabajo. “El trabajo es la prueba del talento”, señala.

Don Fernando, muchas gracias por recibirnos y conversar con nosotros.

¿Por qué hemos retrocedido a esta guerra de todos contra todos? Parecemos un país en crisis cuando estamos en uno de los mejores momentos de nuestra historia. ¿Qué cree usted que está pasando?

Desgraciadamente lo que más se extraña es capacidades de gobierno. No hay gente preparada. Fuera de Nadine, la esposa del presidente, yo no veo ahí [en Palacio] a nadie que esté realmente en capacidad de gobernar. Unos son demasiado violentos y otros son demasiado adulones, pero no hay, en realidad, no hay capacidad de gobernar ahí. Eso falta y la gente lo siente, seguramente.

Y eso se extiende al Congreso, ¿no?

Bueno, el Congreso es una tragedia. Realmente aquí el Congreso, seguramente tiene que ver el que no haya cámara de senadores, (…) [es] tan liviano… La mayoría de los congresistas dan la impresión que han comprado las sillas para hacer su propio programa.

¿Cómo compara usted a los políticos de hoy con los políticos de ayer? ¿Hay algunos modelos que debemos rescatar?

Sin duda, tantos. Yo creo que había personas tan decentes… No actuaban por interés sino por convicción y, eso es lo que más siento que falta: El doctor [Raúl] Porras o, ¿cómo se llamaba del PPC? El doctor [Luis] Alayza era formidable, Mario Polar era formidable. [Roberto] Ramírez del Villar. Eran gente de primera clase. Aún Javier Diez Canseco era una persona decente. Él no estaba por interés, actuaba por convicción y siempre fue derecho en lo que él creía. Eso extrañamos, realmente… en esta época. ¿No?

Exactamente, ¿por qué tantos dirigentes políticos peruanos, siguen vendiéndonos lo que Moisés Naím llama, “las ideas muertas”?

(…) Bueno… eso es [por] falta de cultura, falta de educación… Es falta de cultura. El historiador mexicano [Enrique] Krause que publica “Letras Libres”, una revista… dice que: “el último marxista en el planeta, seguramente va a ser alumno de una universidad latinoamericana”. Porque, realmente, están fuera de contexto… Cuando usted oye a esa gente de extrema izquierda, realmente se da cuenta que no tiene ninguna relación con la realidad, que viven en un mundo de ideas muertas, de ideas obsoletas.

No hemos logrado consensos sociales sobre las políticas fundamentales de desarrollo del país, porque esta discusión mantiene abierto todo.

Exacto y, en realidad, vivimos un momento importante. Vivimos un momento en el que vamos a dar ya el salto definitivo al desarrollo y todavía hay unos idiotas que nos siguen tratando de jalar hacia atrás (realiza un gesto con las manos como si estuviera jalando una cuerda), de crear disensión, de crear pequeñas dificultades, de crear trabas, de crear burocracias absurdas.

Claro, ni siquiera hemos logrado de alguna manera, decía alguien el otro día, en el seminario que hizo la Fundación de la Libertad (…) que en España habían logrado un consenso sobre el valor de la empresa en el país [legitimación social de la empresa]. Aquí con esta discusión política, de estas ideas de antaño, ni siquiera eso se puede consensuar. ¿Qué debemos hacer? ¿En qué debemos invertir?

Es que lo que falta es amor al destino de este grupo humano [de los peruanos], ¿no es cierto? Porque todo el mundo… [actúa para] sacar ventajas… Todo el mundo habla, pero nadie hace nada [contra] la corrupción. [La corrupción] está ahí alrededor nuestro. Que los diputados… [sean] los reyes de la corrupción, no puede ser.

¿Y qué podemos hacer para llamar de nuevo a la mejor gente a la política?

Difícil decirlo… encontrar gente ideal… Hay, porque la gente que estaba en el Movimiento Libertad era una gente bien intencionada. Lo que querían era hacer progresar a este país y eso fue un sueño. Un sueño que quisimos soñar todos nosotros junto a Mario Vargas Llosa. Sin duda, la campaña de Mario cambió este país. Fujimori no hizo nada. Fujimori lo único que hizo es robarse ideas, meterlas en un paquete y después comenzar a robar como loco. Pero lo que cambió a este país fue la campaña de Mario, que volvió a dar la batalla contra las nacionalizaciones, contra lo absurdo de [pensar al] Estado [como] creador de empresas, etc. Yo creo que fue un momento gravísimo para el Perú [comienzos de los noventa]…

Claro, fue una especie de prueba de la fuerza de las ideas para generar cambios.

Sin duda, sin duda.

Por eso es importante pelear por las ideas. Dar una batalla de ideas. ¿Cree usted que en el Perú se está dando una batalla de ideas ¿Cómo debiera darse?

No se está dando, desgraciadamente… Yo creo que la gente se mueve por intereses, no por convicciones, no por ideas.  Esa es una tara que tenemos que vencer si queremos llegar al desarrollo. Tenemos que vencer esa tara.

Usted ya ha reconocido la existencia de esta nueva clase media peruana. ¿Cree que pueda ayudar a contrarrestar la debilidad de la política en el país?

Yo creo que va a cambiar completamente la política en el país. Porque esa gente que ha descubierto las posibilidades de la pequeña empresa, de la mediana empresa, nunca va a votar por Fujimori o por los corruptos o por los marxistas que quieren ordenarnos la vida de una manera totalmente irreal. Está demostrado que los secretarios comunistas en Rusia no cambiaron un ápice a su sociedad.

Si pues, en Lampadia propusimos, cuando estuvo acá [en Lima], [la congresista venezolana] María Corina Machado, que la nombráramos: “Diputada honoraria de América Latina.”

Linda

¿Qué le parece esa idea?

Linda. Me parece buenísima [la idea] porque ha demostrado un coraje, una convicción y una fuerza espiritual para haber regresado [a Venezuela dónde fue desaforada y acusada de traición a la Patria]. Me parece muy bien que ese par de diputados respetables [peruanos] fueran con ella [a Venezuela].

Sí.

Porque [la] apoyaron realmente.

¿Hacia dónde cree que está yendo el Perú, don Fernando?

Yo creo que está yendo al desarrollo inconteniblemente. Que todos estos obstáculos son pasajeros y deleznables. Si alguien se pone ahora hacer las cosas bien desaparece todos esos obstáculos. Ahora, me da mucha pena que la oportunidad [que tuvo] Humala se haya perdido. Yo no voté por Humala, pero me da pena. Había una oportunidad ahí. La hoja de ruta yo no creí que iba a seguirla y, sin duda, lo ha hecho. Creo que eso se le debemos agradecer a Nadine, a Nadine Heredia. Pero como hablábamos hace un instante, yo creo que Nadine Heredia es una de las pocas personas del entorno de gobierno que tiene cabeza, que tiene sensibilidad y que tiene agudeza mental. Claro, la adulación la ha ido cubriendo y cubriendo. Primero le han hecho pensar en que podía ser presidenta el 2016 y no han cesado en rebajarla, en bajarle el nivel. Ella es una mujer joven, se ha dejado un poco vencer por esa marea de adulación. Y como decíamos antes, es un gobierno muy difícil porque la izquierda se lo quiere tirar. Con el pretexto de tirarse al [Ministro de Economía, Luis Miguel] Castilla y hacer un paquete con Nadine, la izquierda extrema se quiere tirar la política económica del gobierno. Eso sí que sería un paso muy grave. Estoy seguro que no va a pasar, que el presidente Humala va a tener la fuerza para darse cuenta como están las cosas y cuáles son los riesgos.

Hay mucha gente que no se da cuenta que terminan actuando como tontos útiles en este proceso.

Sin duda. Quizás con buena voluntad, pero tirarse a Castilla es tirarse a la política económica del gobierno. En este momento no hay opción, tenemos que seguir apoyando ahí para que esto se mantenga.

Una observación de un tipo más filosófico, que débil es el ser humano cuando tiene poder.

Corrompe su capacidad de hacer cosas. Tener la seguridad de que uno es poderoso no lo hace mejor, lo hace trastabillar, lo hace enredarse en su propia vanidad.

¿Qué libros han influido más sobre usted don Fernando?

Son muchos…

Deben ser tantos, pero si nos puede mencionar algunos.

Qué tendría que decirle… mi autor, él que he leído toda mi vida, con el que he crecido leyendo es Proust… Una vez, Sebastián Salazar Bondy, hace mil años, entró a mi casa y entró al dormitorio y vio un tomo de “En Busca del Tiempo Perdido” y dijo: “¿Todavía estás leyendo a Proust?” Y no he cesado. Bueno, eso tiene que ver con mi manera de comprender al ser humano, no hay ideología ahí, sino simplemente la introspección, procesa el genio. Es decir, algún crítico decía… “a los personajes de Proust los conocemos mejor que a nuestros padres, que, a nuestros hermanos, que a nuestras amantes” … [Otro, André] Malraux, no solamente como novelista, sino como ser humano, como historiador del arte… La poesía me ha influido mucho, me ha formado.

Es para felicitarlo, el optimismo que usted tiene comparado con la frustración que tuvo Stefan Zweig antes de suicidarse en Petrópolis.

Claro sin duda, yo siempre lo digo, ¿Qué pasó? ¿En qué momento, de repente, se abrió una luz al fondo del túnel y pasamos? No solamente yo [me digo esto]. Muchos peruanos de ser pesimistas, resignados a una condición, ¿cómo decirte?, como decir… de segunda clase, [pasamos] a tener optimismo y a pensar que sí se puede, que sí podemos hacer de esto el país que habíamos soñado. [El país] que [César] Vallejo había soñado.

Y sobre el Perú, ¿qué libros le han ayudado a conocer y a sentir el Perú?

¿Qué libros? los de [José María] Arguedas, a quien quería mucho y fue un amigo de toda la vida. Bueno… está la poesía. Y claro, Mario Vargas Llosa. Esos tres libros de Mario, del primer Mario que abren las ventanas hacia el Perú, ¿no es cierto? La Ciudad y los Perros, La Casa Verde y Conversaciones en la Catedral. No es que no haya escrito otros, [todos] son libros maravillosos, pero estos son fundamentales para un peruano… ¿Qué otros? La poesía. Soy un lector de poesía. De la poesía de [Emilio Adolfo] Westphalen, de Javier Sologuren, de [Jorge Eduardo] Eielson, de Blanca Varela. Todos ellos me han enriquecido, me han abierto puertas, me han dado ideas. Mi pintura siempre ha estado vinculada a esa [poesía], siempre.

¿Qué peruanos debiéramos reconocer?

Terrible pregunta porque hay muchos, muchos poetas, muchas personas que han hecho mucho por el Perú y que están relegadas. Es decir, se mueren y desaparecen. Westphalen, que era un poeta extraordinario. [Es autor] de las mejores poesías de amor que se han escrito para mi gusto. O Javier Sologuren. Pero hay tantos peruanos… El doctor [Jorge] Basadre… Se me ocurren tantas gentes. El doctor [Raúl] Porras, tantas personas valiosas…

¿Qué mensaje le daría usted a la juventud? Hay muchos jóvenes que siguen Lampadia, ¿qué les diría a los jóvenes peruanos?

Yo les diría primero que tengan fe en el destino de este grupo humano. Y, segundo, que para poder lograr [lo que se proponen] se necesita trabajar, no se necesita hablar. Yo cuando vivía en París, me di cuenta que seguramente para mi pintura lo mejor hubiera sido quedarme en París para siempre, ¿no es cierto? Pero siempre sentí ese reclamo, esa sensación de tener que hacer algo por este grupo. Y eso es lo que se necesita, que los jóvenes tengan fe, pero trabajo, sobre todo. Yo creo en el trabajo. El trabajo es la prueba del talento. El trabajo es la vocación. Eso, se necesita: Vocación y amor a nuestro destino.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La presentación de la presidenta del Consejo de Ministros en el Congreso este jueves para buscar el voto de investidura no debe consistir en más de lo mismo con dos o tres pequeñas ideas nuevas, sino que debe ir al fondo de los problemas que bloquean nuestro desarrollo y debe hacer cuestión de confianza en torno a la necesidad de abordarlos de una vez. Claro que para eso habría sido mejor haberlos planteado en las conversaciones que ha tenido con las distintas bancadas, pero aun cuando no lo haya hecho, no es razón para no plantearlos directamente en el Pleno, porque son verdad y la verdad no podría ser objeto de censura en una democracia.

No vamos a entrar aquí en el detalle de los temas, que ya son conocidos. Hablamos de la reforma política, de una profunda reforma del sistema judicial, de la descentralización, del servicio civil, del sistema de protección social que incluye salud, el sistema de pensiones y la reforma laboral, principalmente. Pero, como he señalado en una columna en El Comercio, algunas de estas reformas son kryptonita para los legisladores y para el propio Ejecutivo, porque se cree que pueden ser impopulares y en medio de tanta precariedad del sistema político, lo último que se quiere es sucumbir ante eventuales movilizaciones.

El caso paradigmático es el de la reforma laboral. Se le huye como al cuco. Y esto ocurre pese a que los beneficiarios de tal reforma serían las grandes mayorías, que podrían tener ahora sí la esperanza de acceder a empleos formales con beneficios y derechos. Sin embargo, en la medida en que esas mayorías carecen de “conciencia de clase” en este tema y más bien una pequeña parte de las minorías protegidas por el sistema sí están organizadas y pueden movilizarse, no hay quien quiera desafiar al tigre de papel.

Esto tiene una solución, que vamos a describir más adelante. Mientras tanto la experiencia nos dice queel discurso de que la reforma laboral pretende recortar derechos, precarizar el empleo y despedir gente, tendría alguna llegada incluso entre las mayorías desprovistas de todo derecho alguno y que viven en la precariedad laboral más absoluta. Aparentemente porque querrían alcanzar el status de los privilegiados y suponen que la reforma laboral les negaría el sueño.

Entonces hay un problema serio de comunicación, cuya batalla ha sido ganada largamente por la izquierda y por los sectores interesados. Pero ese problema tiene solución, precisamente con una estrategia de comunicación bien diseñada, que debería ser aportada como una contribución gratuita por las empresas de comunicación conscientes del problema.

La reciente encuesta de Ipsos (setiembre) sobre estos temas nos dan clave de lo que está ocurriendo, y podrían sugerir pautas para tal estrategia. Cuando se pregunta si, para promover el empleo, ¿estaría de acuerdo con una legislación que proponga “facilitar la libre contratación y el despido de trabajadores”?, el 60% se manifiesta en desacuerdo (ver cuadro).

Fuente: Ipsos

Como vemos, solo en el sector A son más los que están de acuerdo. En todos los demás, y particularmente en el C y E, el desacuerdo es mayoritario. Eso ocurre en mayor medida incluso en el sector E, donde probablemente muy pocos sean formales en planilla. Quizá precisamente porque al no estarlo pueden ser despedidos en cualquier momento, o porque su trabajo es muy inestable y precario, añoran una situación de más estabilidad.

La tarea de una campaña de comunicación sería persuadir de que la reforma planteada permitirá que todos puedan acceder a una mayor estabilidad y a otros beneficios, como veremos.

Por lo demás, la pregunta se formula en los mismos términos que usa el discurso político para desacreditarla: que la reforma laboral sería para facilitar el despido de trabajadores. Ese discurso probablemente ha calado, y empata paradójicamente con la situación precaria de los excluidos de la legislación laboral.

Pero cuando la misma encuesta pregunta: “Si una empresa decide despedir a un trabajador, ¿cree que la empresa debería…?”, sólo un 23% responde: “No debe despedirlo. Si lo despide solo porque no trabaja bien, el Estado debe ordenar su reposición en la misma empresa”. Es decir, lo contrario de la pregunta anterior. Más bien un 13% responde que la empresa debería “darle una indemnización de medio sueldo por año de servicio”, un 36% que debería “darle una indemnización de un sueldo por año de servicio”, un 17% “darle una indemnización de un sueldo y medio por año de servicios” …

Fuente: Ipsos

Es decir, la gran mayoría precarizada es en el fondo realista y tiene sentido común. Sabe que es absurdo que el Estado imponga la permanencia de un trabajador que no trabaja bien. Y si, en lugar de eso, el despedido recibe una indemnización justa, eso es mucho mejor que no recibir nada que es lo que ocurre en el mundo de la mayoritaria informalidad. Ni siquiera es la indemnización más alta la que tiene más preferencia.

Las mayorías que viven en la precaria informalidad laboral desearían la estabilidad absoluta, por supuesto. Pero saben que es imposible.Y saben que más realista y mucho mejor que su situación actual sería una indemnización adecuada. Es por allí que tendría que ir una campaña de comunicación.

Es decir, cuando la pregunta plantea las opciones concretas ante una situación concreta, y no usa los términos del mito, del discurso político, la respuesta cambia por completo y más que se invierte. Ese 23% que prefiere la definición operacional de la estabilidad laboral absoluta, es incluso algo menor al porcentaje de trabajadores formales en nuestro país.

No solo eso, la encuesta permite desmontar otros mitos en torno a la legislación laboral. Como podemos ver en el siguiente cuadro, la población, por ejemplo, estaríalargamente de acuerdo con que las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad sean pactadas libremente entre empresas y trabajadores, en lugar de que sean obligatorias y fijadas por ley. Lo curioso aquí es que la proporción de los que están de acuerdo con esto es aún mayor en los niveles socio económicos inferiores, donde las gratificaciones, por supuesto, no existen en la práctica.   

Fuente: Ipsos

Lo mismo ocurre cuando se pregunta si estaría de acuerdo con una legislación que proponga que el número de días de vacaciones sean pactados libremente por empresas y trabajadores. La gran mayoría prefiere eso seguramente porque querría vendersus vacaciones.

Fuente: Ipsos

Podríamos decir que lo mismo ocurre con los políticos: una mayoría de los congresistas de Fuerza Popular y de las demás bancadas, salvo por supuesto las dos de izquierda, saben que la legislación laboral es hondamente excluyente y necesita ser reformada, y que es necesario que el Tribunal Constitucional cambie su interpretación del artículo 27 de la Constitución, o que el propio Congreso precise ese artículo en el sentido de que la indemnización constituye protección adecuada al despido. Lo saben, y saben que es un tema que debe ser resuelto, pero no lo abordan por temor político.

La manera de disipar ese temor es exponiéndoles una campaña de comunicación que logre presentar la reforma en los términos que señalan las preguntas que hemos analizado y que la gente aprueba, y que explique bien las ventajas que todos obtendrán de una reforma como esa.

Algo así ya se hizo con ocasión del tratado de libre comercio de Estados Unidos. La opinión mayoritaria era contraria. Pero se organizó una campaña bien estructurada que incluyó televisión, prensa, publicidad, comunicación social y conferencias en universidades, entrevistas en radios, etc., y al final la opinión pública se volteó ampliamente a favor.

Lo mismo debe hacerse ahora, incluyendo esta vez las redes sociales. He conversado con un empresario líder en el área de comunicación y me dijo que a él le encantaría dirigir una campaña así, y lo haría ad honorem. Muchos podrían sumarse ad honorem, como una contribución a una causa social y nacional de gran trascendencia. Podría ser asumida por una universidad o un grupo de universidades y centros de investigación que, de paso, organicen debates al respecto.

Es hora de la movilización de las fuerzas interesadas en el desarrollo del país y en la inclusión legal y económica de las grandes mayorías. Alguien tiene que tomar la iniciativa.

La construcción de instituciones sólidas y el respeto hacia ellas por parte de los ciudadanos, es una de las más importantes tareas pendientes del país. Su atraso y muchas veces su deterioro, ha sido incluso aprovechado para desmerecer nuestros avances sociales y económicos desde que regresamos al mundo global con la Constitución de 1993.

El pasado domingo primero de octubre, El Comercio publicó el estudio de IPSOS. ¿En qué instituciones confían los peruanos?, que queremos compartir y analizar.

ENCUESTA NACIONAL URBANO-RURAL realizada por Ipsos Perú
Número de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de muestreo: Probabilístico polietápico. Muestra: 1.276 entrevistados. Fecha de aplicación: del 13 al 15 de setiembre del 2017. Margen de error: ± 2,7%. Nivel de confianza: 95%. Universo: Hombres y mujeres de 18 años a más. Página web: www.ipsos.pe. Email: Guillermo.loli@ipsos.com

Además de la constatación de debilidades muy importantes, hay, sin embargo, algunos desarrollos muy positivos, especialmente en el ámbito del Estado. Entre las que destacan la Reniec y el Banco Central de Reserva (BCR).

La Reniec ha logrado modernizar sus sistemas y acercarse a los ciudadanos con servicios accesibles y eficientes. El caso del BCR encierra mensajes que debemos analizar con cuidado. Por su naturaleza, el BCR está, evidentemente, muy alejado de los ciudadanos, tanto del conocimiento general, como de una relación de servicio. ¿Qué puede entonces, explicar su alta valoración?

En nuestra opinión, el BCR es el depositario del reconocimiento de los ciudadanos, de la aprobación de la estabilidad macroeconómica que eliminó 25 años de inflación. Una de las peores de la historia mundial, que arrancó a inicios de los años 70 con la dictadura militar y terminó en una hiperinflación desbocada a inicios de los años 90; habiendo destrozado, en el camino, los ingresos de todos los peruanos, especialmente de los sujetos a ingresos fijos, como los servidores del Estado y de los jubilados. Un verdadero crimen del que aún no hemos hecho un buen balance.

Pero la intuiciónde nuestro pueblo, beneficiario del gran cambio que se produjo, desde el estancamiento y empobrecimiento que nos impuso la aventura izquierdista de Velasco, hasta el crecimiento, reducción de la pobreza y de la desigualdad, con el advenimiento de nuestra incipiente economía de mercado; tal como hizo en las elecciones de abril 2016, sabe que su futuro de prosperidad depende de mantenerel crecimiento y la estabilidad económica.

Ver en el siguiente cuadro, como el BCR ha pasado de un nivel de aprobación de solo 28% en 1989, a 64% este año. Este cuadro, gentilmente proporcionado por IPSOS, nos muestra la evolución del indicador de confianza desde 1989 para varias instituciones.

En Lampadia hemos graficado (con la misma escala) la información de algunas instituciones representativas de un período especialmente importante de nuestra historia económica y social, pues entre 1989 y 2017, pasamos del ensayo ‘estatista-izquierdista-anti-inversión-privada’ de ‘Velasco-Morales-Belaunde-García’, al Perú de las clases medias, del desarrollo rural, de las nuevas exportaciones, y de la multiplicación del PBI per cápita. Veamos:

Como podemos ver, más allá deReniec y del BCR, las Empresas Privadas, las Municipalidades Provinciales, el Poder Ejecutivo, la CGTP, el Congreso, la Confiep y los Partidos Políticos, comparten niveles de aprobación absolutamente decepcionantes, que deben llamarnos a una profunda reflexión.

Algo importante de destacar, es que el estudio de IPSOS recoge reacciones de la opinión pública muy asertivas. Por ejemplo, en el caso de Confiep, pasó de 21% (2010), a 29% (2011), y a 20% (2012); un salto y caída significativos, que la población recogió cuando Confiep hizo, el 2011, su campaña en pro de la difusión y defensa de la economía de mercado.

Es evidente que nuestros ciudadanos, desde la lejanía de su pensamiento individual, están muy cerca de medir, reaccionar, valorar y rechazar, la calidad de las instituciones que están llamadas a defenderlos y darles predictibilidad para el desarrollo de sus vidas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El congresista de Fuerza Popular Miguel Ángel Torres publicó un artículo en El Comercio señalando la necesidad de legislar precisando en qué casos procede el pedido de cuestión de confianza. Esto a partir de la reciente cuestión de confianza que, según él, habría sido planteada indebidamente para prevenir la censura de una ministra, cuando según la Constitución sólo procedería en defensa de una política del gobierno.

En realidad, el gobierno justificó la cuestión de confianza porque se estaba afectando la continuidad de la reforma educativa, a consecuencia de la eventual censura a dos ministros de educación en el plazo de meses. Hay quienes argumentan que la censura a uno o dos ministros no tiene porqué alterar una política fijada, pero otros señalan que no se puede desarrollar una política si se está cambiando de ministros y equipos a cada rato.

Fuente: blogspot.com

En la medida en que ambos argumentos tienen algo de razón, y en que la interpretación constitucional de qué es o no es válido es abierta y discutible, vale la pena preguntarse si tiene sentido introducir parámetros precisos que limiten el ejercicio de la cuestión de confianza.

En realidad, si el Congreso está en manos de una mayoría opositora al Gobierno, y la gobernabilidad es complicada, la Constitución debería facilitar mecanismos de salida. En esto, los regímenes parlamentarios son perfectos, pues la mayoría congresal tiene por definición el Ejecutivo: no puede haber enfrentamiento de poderes. Aquí hemos intentado traer una institución parlamentarista, pero complicándola de manera tal que puede terminar generando más incertidumbre.

La cohabitación

En un régimen presidencialista, una opción mucho más clara es que el Presidente de la República, ante una situación de entrampamiento, pueda disolver el Congreso a la primera y sin expresión de causa, llamando a elecciones parlamentarias, pero con la consecuencia de que, si la oposición gana esas elecciones, allí sí ella –la mayoría- pone al Premier (a quién solo el Parlamento podría retirar y cambiar, quedando el Presidente como una figura de segundo orden). Es decir, la cohabitación. Eso volvería más cautos tanto al Presidente como al Congreso. Pero sería una salida más expeditiva y limpia que la posibilidad de que en una nueva elección congresal gane la mayoría opositora y continúe haciendo una oposición eventualmente obstruccionista o destructiva. No se habría resuelto nada.

La prueba es lo que puede ocurrir ahora. Sin duda la denegación de la cuestión de confianza ha generado un nuevo equilibrio en la medida en que será ya mucho más difícil que el Congreso censure a un ministro. Es un avance. Pero el hecho de que se haya pasado a una relación no destructiva no implica que se haya pasado a una colaborativa. Un acuerdo político en torno a las grandes reformas, que es lo que el país necesita, sigue sin asomar por ningún lado.

Mientras Fuerza Popular considere que para ganar las elecciones del 2021 no debe asociarse a un gobierno percibido como devaluado y debe ser y parecer oposición dura, esa actitud, aunque más moderada, se mantendrá. La prueba es lo que ocurrió luego de la promisoria reunión entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori. El clima político cambió y prendió la ilusión de que podía ser el primer paso para un acuerdo de fondo. Pero la decepción no tardó en llegar. La decisión de censurar a la ex ministra Martens fue el puntillazo final. Es posible que Keiko Fujimori solicitara aquella reunión a PPK motivada no por un deseo genuino de concertar, sino para prevenir la insurgencia de su hermano Kenji dentro de Fuerza Popular.

El mecanismo Zavala – Chlimper no funcionó

Por eso no funcionó tampoco el mecanismo de coordinación que se montó después de esa reunión, pensado para concretar los temas conversados entre PPK y Keiko Fujimori. Fernando Zavala y José Chlimper fueron los encargados. Se reunieron varias veces, pero ninguno de los acuerdos se cumplió. Carlos Bruce ha explicado que cuando llegó a la comisión de Economía el proyecto de ley para recuperar la creación de una unidad en Proinversión que permitiera expropiar y sanear terrenos para acelerar las APPs, cuyo decreto legislativo había sido derogado, Fuerza Popular se opuso o exigió una serie de requisitos, contraviniendo lo conversado en la reunión PPK-KF. Allí quedó por el momento el proyecto (no sabemos si Mercedes Araoz se lo ha planteado a Luis Galarreta nuevamente). Peor suerte aun corrió el proyecto de ley remitido para moderar los efectos fiscales de la ley de pensiones militares y policiales, que en buena cuenta restablecía la cédula viva. Dicho proyecto de ley, que también fue conversado en la famosa reunión, sencillamente fue archivado en la Comisión de Defensa.

Es posible que en esto haya jugado el hecho de que José Chlimper no es congresista y por lo tanto carece del suficiente ascendiente entre los parlamentarios y su correa de transmisión es lenta. O, como se comenta en FP, que algunos acuerdos hayan sido contradichos luego por el propio PPK. Igualmente, Keiko Fujimori tendría más autoridad si fuera Congresista. El corolario es que la reforma política debe considerar que el candidato presidencial sea a la vez candidato al Congreso, para que los acuerdos políticos entre partidos y con el gobierno sean más factibles. 

El hecho es que ni las reuniones Zavala – Chlimper, ni las que tuvo Zavala con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, para acordar una agenda legislativa, sirvieron tampoco para prevenir la decisión de Fuerza Popular de censurar a Marilú Martens, es decir, para conversar la manera en que la ex ministra pudiera salir del ministerio sin necesidad de llegar a la censura.

Elección del Congreso luego de segunda vuelta

Ahora bien, los franceses probaron la cohabitación, que fue una solución incómoda, y por eso fueron incluso más allá: cambiaron la fecha de la elección de los congresistas de modo que esta se realice apenas después de la elección presidencial. De esa manera los ciudadanos deciden conscientemente si le quieren dar mayoría al Presidente en aras de la gobernabilidad, o más bien quieren controlarlo con un congreso opositor. Es decir, la posibilidad de un congreso opositor que complique la gobernabilidad no queda librada al azar y las posibilidades de que el Ejecutivo tenga mayoría son mucho mayores.

Si completamos esto canjeando el voto preferencial por un sistema de distritos uni o bi nominales para elegir congresistas, que tiende a reducir el número de partidos y mejora los canales de representación, pues habremos terminado de darle gobernabilidad en el largo plazo al país. Son las reformas que necesitamos. 

Solo en los últimos días, el país ha tomado nota de una ley de un mes atrás que, en esencia dificultará, si no evitará, toda la inversión minera, energética y hasta el desarrollo de vías de comunicación en la sierra peruana, arriba de 3,000 msnm.

Para compartir esta mala noticia con nuestros lectores y llamar a una inmediata reacción, líneas abajo publicamos el artículo ‘Ley de Aguas’ de Raúl Benavides Ganosa, experto en minería y heredero de la visión de desarrollo sostenible de los recursos naturales, del ínclito Alberto Benavides de la Quintana.

Esta ley es el producto final de un proyecto del congresista Marco Arana, ex radical anti minero, reconvertido en el Congreso, en un ‘elegante’ propulsor del pos-extractivismo, que plantea que los peruanos produzcamos solo lo indispensable para mantener nuestras vidas, mínimo de minería, madera, pescados, no exportar alimentos, etc. Una visión de desarrollo, o más bien, de sub-desarrollo, adoptada por todas las izquierdas desde agosto del 2012. Ver en Lampadia: El Pos-extractivismo y Sus Narrativas, Pensamiento pos-extractivista, Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento y Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’.

Lo más grave de esta estrambótica visión, es que una vez develada por Lampadia en mayo del 2015, ninguna institución gremial o académica, se ocupó de analizarla y combatirla. Una falla muy grave de la clase dirigente. Ni siquiera haber pensado que el pos-extractivismo era una broma puede disculparla.

Peor aún, la Ley de Aguas, que se describe líneas abajo como una norma destructiva de nuestro potencial productivo, ha pasado del proyecto del anti minero Arana, a ser aprobada por las comisiones pertinentes y a su sanción por el Congreso de la República, así como a su promulgación por parte de PPK, como Presidente de la República, con el refrendo de Fernando Zavala; sin que se haya promovido un debate público, ni que el gremio minero energético, la SNMPE, haya dicho, esta boca es mía.

Todo esto a pesar de que, el 7 de abril pasado, el diario El Comercio, lo advirtió en su Editorial: A calmar las aguas.

No es posible que un proyecto de esta naturaleza y gravedad se convierta en ley, sin que (previamente) pueda aquilatarse públicamente, por parte de las instituciones vinculadas al sector minero energético.

Ahora, solo queda plantear su derogatoria. ¡Manos a la Obra!

Ley de Aguas

Raúl Benavides Ganoza
Para Lampadia

Durante los últimos años,las personas que se oponen a la minería formal, desde muchos ángulos, emplearon muchos argumentos, pero el principal es el tema del agua. 

Inicialmente se criticaba a la minería formal por la presencia de metales disueltos en el agua, al ser un reclamo justo se establecieron los PAMAs que son el Programa de Adecuación al Medio Ambiente. Mediante ellos todas las minas tuvieron que adecuarse en 5 años a las nuevas normas ambientales con una inversión porcentual sobre las ventas. Entre las disposiciones del PAMA las minas tuvieron que limpiar las aguas (los efluentes) para que cumplan con los límites máximos permisibles de minerales en solución. Estos límites máximos para metales y sales disueltas inicialmente eran similares a otros países mineros, luego fueron más estrictos, hasta el punto de que hoy tenemos límites de contenidos de metales en los efluentes sumamente estrictos. En muchos casos más estrictos que lo propuesto por el Banco Mundial y que muchos países mineros, menos permisivos ambientalmente.

Luego se decidió imponer los ECAS que son límites máximos que puedan recibir ríos, lagos, y océanos, obligando a las empresas mineras a grandes inversiones para poder cumplir con estos nuevos límites, y las operaciones mineras se han adecuado.

Quedando sin argumentos por la calidad de las aguas, se buscó otro argumento; que las minas competían por el agua, con las poblaciones y con la agricultura. Gracias a estadísticas serias se demostró que las minas, si bien usan agua, consumen menos del 1% del agua de lluvia que alimenta nuestros ríos, lagos y océanos.

Lo concreto es que desperdiciamos mucha agua por un mal manejo de nuestras cuencas, algo en que todos los entendidos concuerdan, aún los más fervientes anti mineros. Los mineros hemos tratado de apoyar a un mejor manejo del agua construyendo represas en las partes altas de la cuenca y tratando los desagües urbanos como en el caso de Arequipa. 

De esta manera se ha logrado silenciar los argumentos que se usaban para atacar a la minería moderna, sin embargo, se ha dejado en la población la percepción que la minería moderna contamina las aguas y que compite por el agua con la agricultura y las poblaciones, aguas abajo de la cuenca.

Para poder continuar con el discurso anti minero se encontraron dos términos muy efectistas: el colchón acuífero y las cabeceras de cuenca. El primero hace consentir que los acuíferos son un “colchón” plano donde está el agua que alimenta los manantiales y el segundo sugiere que nacen las aguas de las partes altas de la cuenca. 

Estos términos son efectistas pero falaces. El primero porque los acuíferos no son planos y dependen de la permeabilidad de las formaciones rocosas debajo de los suelos y de los suelos que retienen la humedad y la infiltran lentamente en los acuíferos. El agua toda proviene de la lluvia (o la nieve en los niveles más altos) y depende del área de captación de la cuenca y la cantidad de lluvia que recibe. Las partes altas de nuestras cuencas andinas normalmente reciben más lluvia y sus suelos y acuíferos la retienen por un tiempo. Esta agua retenida en las partes altas fluye lentamente y permite que los manantiales tengan agua en época de estiaje. Podemos comprobarlo en muchos ríos de la costa que a pesar que no llueve aguas arriba siguen teniendo un caudal importante. Por ello es tan importante un correcto manejo de la cuenca y sobretodo de sus partes altas.

El término cabecera de cuenca es aún más efectista y sugiere que las aguas nacen en las partes altas de la cuenca y qué hay que protegerlas. Podría decidirse que las cabeceras de cuenca son todo territorio por encima de los 3,000metros de altura ya que podemos argumentar que desde esa cota hacia las cimas se originan los cursos de agua de una red hidrográfica. ¿Imaginan lo que sucedería si en el Perú se prohíbe la minería por encima de los 3,000 metros? El 90% de nuestras minas y recursos minerales se encuentran por encima de esta cota. ¿Que sería nuestra sierra sin minería? Es claro para todos los mineros que este término,‘cabecera de cuenca’, es una forma de oponerse a todo emprendimiento minero futuro ya que con una definición amplia de cabecera de cuenca se puede considerar cualquier localidad como parte alta de una cuenca y por ende cabecera de cuenca. Esto haría que los funcionarios del ANA sean constantemente hostilizados por elementos conservacionistas y anti sistema para que declaren inviables proyectos en cabecera de cuenca. Este mismo criterio se puede usar para oponerse a represamientos, hidroeléctricas y hasta incluso carreteras por ser cabecera de cuenca.

Por ello es necesario que el ejecutivo y el parlamento sean conscientes de las posibles implicaciones que tiene la ley que ha sido publicada el 16 de agosto último modificando la ley de recursos hídricos en lo que respecta a la cabecera de cuenca. (Ver líneas abajo: Ley 30640: “Ley que modifica la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, mediante el establecimiento de los Criterios Técnicos para la identificación de la Cabeceras de Cuenca”).

El objeto de la ley es “regular la conservación y protección de las cabeceras de cuenca”. Esto se pretende lograr “estableciendo los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, a fin de evaluar la implementación de medidas especiales para su protección y conservación de acuerdo a su vulnerabilidad”.

Además, modifica el artículo 75 en el tema de protección del agua.

“El estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan cursos de agua de una red hidrográfica. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua. Así mismo debe elaborar un Marco Metodológico de Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca”.

Luego otorga a la Autoridad Nacional del Agua 90 días para adecuar la norma reglamentaria y 365 días para elaborar el marco metodológico para implementarla.

¿Cuáles son las consecuencias de esta ley aprobada por el parlamento y el ejecutivo y publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de agosto último?

1.       Ningún proyecto de inversión en nuestra sierra peruana podrá ser desarrollado hasta no saber si será declarado “cabecera de cuenca”.

Los proyectos tendrán que esperar cuando menos un año para conocer el marco metodológico para definir los criterios para ser declarado “cabecera de cuenca”. Luego de esto tendremos que esperar a que el ANA determine qué áreas dentro del territorio nacional sean declaradas “cabeceras de cuenca” de acuerdo a este marco metodológico y los criterios que este genere.

2.       Esto implica que todo proyecto de reservorio de agua, hidroeléctrica, mina o de cualquier otro proyecto en lugares que puedan ser considerados “cabecera de cuenca” por el ANA tendrá que esperar saber si están o no en “cabecera de cuenca” antes de comprometer la inversión.

3.       Esta ley además de generar mayor permisología de la ya excesiva que tenemos, está yendo contra una de las políticas de estado proclamadas por el ejecutivo y el parlamento, que es la simplificación administrativa. Lo más grave es que está modificatoria de la ley de aguas estará paralizando toda inversión en la sierra peruana. Esto atenta contra la inversión en el país y sobretodo la inversión que más necesitamos en las regiones más pobres del país donde se encuentran los proyectos hidráulicos, mineros e hidro-energéticos más importantes.

4.       Proyectos declarados prioritarios como el desarrollo de la mina Michiquillay se verán postergados hasta que el ANA determine si es “cabecera de cuenca” o no.

5.       Esta modificatoria de la ley de aguas será, por los argumentos expuestos, una fuente más de conflictos para los proyectos de inversión en la sierra peruana, además de paralizarlos por más de un año.

Por ello creo que debemos llamar a reflexión a nuestros legisladores y al poder ejecutivo sobre la pertinencia de esta norma y solicitarles que se busque la mejor forma de evitar las consecuencias funestas de esta norma o modificarla para que no genere daño. Lampadia