Un comportamiento disfuncional que está detrás de los llamados conflictos sociales es la búsqueda de rentas, ya sean pecuniarias (contratos o coimas) o políticas (plataformas de poder local y/o nacional).

Lamentablemente, esto ha pasado prácticamente desapercibido a la ciudadanía. Son pocos los casos en los que se hizo evidente, siendo el de las ‘lentejas’ vinculado a Tía María, una excepción. Aún así, buena parte de la prensa nacional no hizo las relaciones causa-efecto que desdibujaran los aprontes de los anti-mineros.

Este artículo es una segunda reflexión sobre el tema. Ver en Lampadia: El ‘negocio’ de los llamados conflictos sociales – El quid de los conflictos anti minería. Además se puede encontrar un análisis integral del tema de la conflictividad en nuestra biblioteca virtual, Recursos Naturales y Desarrollo.

Marco Arana junto con dirigentes del FREN.A y Pepe Julio Gutiérrez (las “lentejas” de Tía María)

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

Para Lampadia

¿Qué tiene que ver conflictividad social con búsqueda de rentas? ¿Por qué es necesario considerar la búsqueda de rentas para entender las causas de la conflictividad social relacionada a la minería y para viabilizar el desarrollo regional?

La respuesta breve es simple: Porque, para algunos actores, es muy rentable provocar conflictos, y la gente no abandona actividades rentables fácilmente. Expliquemos esto con un poco más de detalle.

¿Que es búsqueda de rentas?

Hay dos formas básicas de acumular riqueza: (1) generar riqueza (crear valor) y (2) disputar la riqueza generada por otros. Los economistas han decidido llamar “búsqueda de rentas” a la disputa de la riqueza creada por otros. Nos adherimos a esta terminología.

Cuando un productor trabaja en su campo, un profesional en su oficina o un empresario en su empresa, él está creando valor, está generando riqueza. Cuando las empresas compiten entre si, y desarrollan nuevos productos, ellas están acelerando la creación de riqueza, y ello beneficia a toda la sociedad.[1]

Cuando un grupo genera un conflicto para exigir contratos o puestos de trabajo con una empresa, o cuando el gobierno aplica impuestos a la importación de bienes, el gobierno está beneficiando a un grupo de actores que están buscando rentas. Cuando una empresa obtiene un privilegio monopólico, ella puede aumentar sus precios y obtener rentas a costas de los consumidores. Cuando un burócrata exige coima para avanzar un trámite o para aprobar un contrato, él está buscando rentas a costas de los ciudadanos. La corrupción siempre está asociada a alguna forma de búsqueda de rentas. La solicitud de “Lentejas” a las empresas mineras es un mecanismo de búsqueda de rentas para quienes no son capaces de participar honradamente en  el circuito económico generado por la mina.

Donde existan recursos acumulados o se generan grandes recursos surgen grupos interesados en la búsqueda de rentas, es decir, en disputar el acceso  a esos recursos acumulados. En toda sociedad hay grupos especializados en parasitar, es decir, en vivir de la riqueza generada por otros. Esos grupos, frecuentemente, ocultan su parasitismo con discursos demagógicos e ideologías radicales. Hablan del bien común pero lo que buscan en realidad es el provecho personal o de su camarilla.[2]

La generación de riqueza aumenta la torta para todos, la búsqueda de rentas reparte lo que ya fue creado pero no aumenta la torta. La búsqueda de rentas es un juego de suma cero o inclusive negativo, es decir, lo que uno gana el otro pierde y lo que es peor, se encuentra asociada a una conflictividad que resulta ser nociva para la generación de riqueza en la sociedad como un todo. Si dos agentes que ganan buscando rentas, hay un tercero que está perdiendo por los dos. Frecuentemente, la búsqueda de rentas se burla de los méritos y derechos de los creadores de riqueza y de toda la sociedad para beneficiar a pequeños grupos que tienen poder o que pueden ejercer algún tipo de presión. Existe abundante bibliografía en la economía moderna (Anne Krueger, Douglass North, Daron Acemoglu, Mancur Olson, Joseph Stiglitz, etc.) explicando que mientras más fuerte sea la búsqueda de rentas en una sociedad, más desigual y más lento es su desarrollo (ver gráficas abajo).[3]

La minería, la economía dual y la búsqueda de rentas

En toda sociedad poco desarrollada, cuando surge una actividad que genera grandes cantidades de riqueza, como la minería o el petróleo, surgen grupos orientados a apropiarse de esas riquezas mediante la fuerza o presiones políticas. Mientras más grande sea la piscina de riqueza disputable, más amplios y diversos serán los grupos interesados en su apropiación.

Cuando una empresa minera se instala en una zona de economía tradicional, o de muy baja productividad, su presencia genera una economía dual con dos estratos bien definidos: un estrato de economía tradicional (preexistente) y un estrato moderno ligado económicamente  a la actividad minera. La coexistencia de esos dos estratos desencadena un proceso radical de diferenciación social. Algunos sectores sociales locales logran migrar de la economía tradicional hacia la moderna, pero otros sectores no encuentran la forma de hacerlo.

Mientras mayores sean las diferencias técnicas y de escala entre la economía tradicional y la economía generada por la minera (agricultura de sobrevivencia y minifundio versus gran minería con tecnología avanzada), más difícil se hace la movilidad hacia el estrato moderno de la economía. En un artículo anterior hemos estimado que la productividad por hectárea de la minería moderna es más de 100 veces la productividad de la agricultura tradicional (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/el-quid-de-los-conflictos-anti-mineria/).

Es decir, la minería en una hectárea produce más que 100 hectáreas de la agricultura tradicional. Esta es una diferencia gigantesca para la economía agrícola tradicional y tiene un impacto social perturbador. Cuando la diferencia de productividad y de nivel tecnológico entre el sector tradicional y el sector moderno es muy grande, la mayoría de la población no logra readecuar sus actividades económicas para articularse con la minería. Esa economía dual (tradicional y moderna) es la realidad de la mayoría de las regiones mineras del Perú.[4]

Aquellos grupos cuyas habilidades técnicas y/o empresariales son insuficientes para conectarse con la actividad minera por medio de relaciones de mercado (empleo, contratos, etc.) se sienten marginados. Ellos ven como algunos vecinos suyos mejoran sus estándares de vida de manera significativa, mientras ellos mismos siguen prisioneros de su economía tradicional y de su pobreza. Todos quieren participar de las actividades económicas ligadas a la minería, pero no todos lo logran. Este es un contexto ideal para que grupos políticos con una narrativa de victimización cultiven sentimientos de agravio en aquellos sectores de la población que se sienten marginados del progreso generado por la minería.

¿Qué es lo que aumenta o disminuye la búsqueda de rentas?

En toda sociedad existe una tensión entre crear riqueza o disputar rentas. Un equipo de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología ha hecho un estudio sobre la búsqueda de rentas relacionada a la minería y ha encontrado que el predominio de los creadores de riqueza (Producers, en el cuadro) o de buscadores de rentas (Grabbers, en el cuadro) depende del marco institucional del país.[5] Es decir, depende de quienes son beneficiados por el marco institucional.

Las curvas en los gráficos abajo describen la rentabilidad (profits) de los buscadores de renta (Grabbers) y de los creadores de riqueza (Producers) en función de la proporción de ellos en una actividad económica. En este diagrama el número total de agentes económicos (buscadores de rentas + creadores de riqueza) es considerada estable. Si nos movemos a la izquierda, la proporción de buscadores de rentas aumenta, si nos movemos a la derecha, la proporción de creadores de riqueza aumenta. La situación es socialmente estable cuando las dos curvas se cruzan (E₁), es decir, cuando la rentabilidad de ser buscador de rentas o ser creador de riqueza es la misma. Toda actividad económica se estabiliza en torno a ese punto de equilibrio, pues nadie tiene incentivos para cambiar.

• Si las instituciones son favorables a los buscadores de rentas (curva discontinua en el gráfico de la izquierda), la rentabilidad de ser buscador de rentas aumenta, el nuevo punto de equilibrio es E₃, y el número de buscadores de rentas aumenta (flecha celeste hacia la izquierda).
• Si las instituciones favorecen a los creadores de riqueza (curva discontinua en la gráfica de la derecha), la rentabilidad de crear riqueza aumenta, el nuevo punto de equilibrio es E₄, y el número de los creadores de riqueza aumenta (flecha celeste hacia la izquierda).

Uno de los principales mecanismos de búsqueda de rentas de la minería en Perú es la promoción de conflictos. Las rentas pueden ser económicas (ingresos), políticas (cargos públicos), o sociales (prestigio). Muchos alcaldes y congresistas reciben hoy sueldos altos y tienen control sobre los recursos millonarios (presupuestos regionales y locales) gracias a su actividad promoviendo conflictos mineros. Con el aumento del canon minero (sin uso adecuado), la rentabilidad de la búsqueda de rentas se ha incrementado.

Conclusiones y Recomendaciones.

1. Hablar de reducción de la conflictividad sin considerar el impacto de la búsqueda de rentas sirve para hacer discursos políticos pero no es muy efectivo para formular políticas.
2. Es necesario que las personas e instituciones interesadas en el desarrollo de la minería y de la economía nacional, y en el diseño de estrategias para la reducción de la conflictividad incorporen la búsqueda de rentas en sus análisis y propuestas.
3. ¿En qué medida el marco institucional del Perú favorece la búsqueda de rentas o la creación de riqueza? Sería bueno que la SNMPE elabore un diagnóstico serio en ese campo y lo difunda a los actores políticos, centros de investigación y periodismo.
4. El carácter dual de la economía de las regiones mineras es un problema. Muy pocas personas se benefician productivamente de la presencia minera local. La solución requiere de la creación de rutas de modernización de las economía locales, y ese desafío desborda lo que las empresas mineras pueden hacer por si solas.
5. El canon y todas las inversiones públicas y privadas deben servir para ampliar los canales de transición de las actividades tradicionales hacia las actividades modernas, aprovechando el dinamismo y los recursos creados por la minería.
6. El sector (SNMPE y las empresas) necesitan explicar claramente las relaciones causa-efecto de la minería y sus impactos directos, indirectos e inducidos, y difundirlas en los medios nacionales y locales para bloquear el efecto nocivo de los rumores que hoy día afectan la opinión pública respecto a la minería.
7. Las empresas, el estado, los gremios empresariales y las organizaciones de la sociedad civil deben crear mecanismos para que más personas se beneficien productivamente de la minería, a través de los mecanismos de mercado y no de la generación de conflictos.
8. Necesitamos una política nacional de desarrollo regional compartido. Esta es una precondición para la reducción de la conflictividad.

Los llamados conflictos sociales, que muchas veces tienen más de políticos que de sociales, han cobrado especial relevancia en el Perú durante los últimos tres gobiernos. Así hemos tenido los conflictos: del Arequipazo, Moqueguazo, Baguazo, Santa Ana, Cerro Quilish, Conga, Espinar, Tía María, Pichanaqui, Loreto, Cañariaco y muchos casos menos mediáticos a lo largo y ancho del país.

Durante el gobierno de Humala, los conflictos se han multiplicado y las estrategias detrás de ellos se han hecho más visibles, como las increíbles propuestas por el pos-extractivismo de parte de todas las izquierdas del país. Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento. Luego de las últimas elecciones, sus líderes más representativos, como el ex cura Arana, han llegado al Parlamento, y por ahora, vienen ganado la batalla mediática, que ha creado el escenario de impunidad con el que se han movido.

La coyuntura internacional y las presiones sociales por remontar las brechas sociales y económicas que aún nos aquejan, más el impacto de la ‘cuarta revolución industrial’, nos obligan a reactivar la economía y a canalizar, con eficiencia, los mayores recursos fiscales que traería el crecimiento de la economía, hacia agendas de gobierno debidamente priorizadas y efectivas para afrontar nuestros retos.

En esa línea, hemos desarrollado el siguiente ensayo, que enfatiza la necesidad de contar una adecuada colaboración entre las dos más importantes instancias de gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo. Hasta la fecha, ambos siguen apartados y haciendo, cada día más difícil, un acercamiento constructivo. Sin embargo, la amenaza de la conflictividad social puede desbaratar completamente la posibilidad de alcanzar un gobierno exitoso. Esperamos, que la siguientes líneas, que se suman a nuestra biblioteca virtual de Recursos Naturales y Desarrollo, sirvan para una oportuna reflexión.     

Sobre Conflictividad Social y Colaboración Política

1. Sector Extractivo: El motor más fácil de encender

En el quinquenio que se inicia, el Perú enfrenta uno de sus principales retos: el regreso a una mayor tasa de crecimiento. De esto dependerá una rápida reducción de la pobreza, la expansión de las clases medias, el fortalecimiento de la democracia y el acceso a los recursos fiscales necesarios para cubrir las enormes brechas en educación, salud, seguridad e infraestructuras que aún se mantienen. Sin embargo, el Perú enfrenta un entorno mundial poco dinámico y un entorno regional de crisis en varios de sus vecinos. Por ello, el regreso a tasas de crecimiento superiores al 5% anual estará, en buena medida, en el éxito de las acciones internas que nos den más aciertos y menos errores políticos.

Muchos señalan que debemos enfocarnos en la diversificación productiva y en un crecimiento endógeno. Sin duda sería bueno tener varios motores internos de crecimiento, sin embargo, en el corto plazo esto no puede incidir de manera importante en el crecimiento económico. No existe margen fiscal para un reactivación por demanda que pueda ser duradera, y las mejoras en capital humano, instituciones e infraestructuras, necesarias para acelerar el crecimiento económico endógeno, aun si se iniciaran inmediatamente, tardarían años en trasladarse a una mejora notable en el crecimiento.

Sin embargo, existe un motor de crecimiento con impactos de corto plazo que no ha sido aprovechado en la medida de su gran potencial, el sector extractivo. Si se aprovechara mejor el potencial nacional para el despliegue de proyectos mineros y energéticos (el forestal está recién en proceso de desarrollo. Ver: Un sector forestal completamente renovado), podríamos, por un lado, acelerar el crecimiento en el corto plazo y obtener los recursos para financiar las reformas necesarias que además, permitirían fortalecer otros motores endógenos de crecimiento.

Una revisión de la cartera de proyectos mineros en el Perú nos señala que a misma llega a 57 mil millones de dólares, sin embargo, un 20% se ha visto asociado a conflictos sociales, que en algún momento han implicado una paralización temporal o permanente de su avance.

Esto implica no solo la paralización de proyectos emblemáticos como Tía María y Conga, sino también la generación de un “Riesgo Perú” para toda actividad extractiva del país, puesto que no se puede estar seguro respecto al nivel de resistencia social que podría enfrentar un proyecto extractivo. Esto afecta la disposición de las empresas a invertir en proyectos de este tipo en nuestro país.

Múltiples proyectos técnicamente posibles y financieramente rentables han sido dejados de lado por no presentar una tasa de retorno suficientemente alta que compense este “Riesgo Perú” , que representan miles de millones no contabilizados, pero que están en las consideraciones de los inversionistas importantes.

Si queremos reactivar la inversión extractiva en la presente coyuntura, es necesario reducir severamente la conflictividad social, gran parte de lo que se necesita hacer para cumplir este objetivo pasa por acuerdos políticos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto en resumidas cuentas requiere de un acuerdo entre Peruanos Por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular (FP). En nuestra opinión, este acuerdo sería conveniente tanto para el logro de objetivos nacionales como para los intereses políticos de ambas organizaciones.

2. Lo que ambos ganan o dejan de perder, con un acuerdo

En el caso de PPK, una menor conflictividad social permitiría un mayor ritmo de inversión, una aceleración de la economía, una mayor sensación de seguridad y con ello un mejor cumplimiento de uno de sus principales objetivos de gobierno.

La conflictividad social propicia circunstancias políticas sumamente costosas para un presidente. La existencia de conflictos facilita a los opositores radicales caracterizar al régimen como hostil a la población y prepotente, afectando su legitimidad democrática; si capitula, cediendo ante las presiones de los manifestantes, transmite la imagen de un gobierno políticamente débil e incapaz, y además la violencia y el caos propician la eventual censura o cambio de los ministros involucrados en los conflictos, en especial en las carteras de Interior y PCM, propiciando su desgaste institucional.

Los conflictos sociales fortalecen organizacionalmente a fuerzas radicales que se asignarán el capital político ganado con el conflicto, no solo al bloquear proyectos extractivos sino también a “otras luchas” tales como bloquear acuerdos comerciales, incrementar la rigidez laboral y socavar la meritocracia entre los empleados públicos. La posición de la totalidad de la izquierda frente al Acuerdo Transpacífico (TPP), la “Ley pulpín” y la Ley Servir muestra claramente de qué lado se encuentran.

En el caso del fujimorismo existe una complicación para llegar a acuerdos. El principal ganador político de los avances a los que se llegaría mediante acuerdos con PPK sería el mismo PPK. La política peruana es presidencialista y antropomórfica, el agradecimiento a un colectivo como lo es la bancada fujimorista no sería tan claro y directo como el que recibiría PPK.

Sin embargo, en un análisis más comprehensivo, se ven varias ventajas importantes para FP. El fujimorismo también ganaría políticamente con una reducción en la conflictividad social. En primer lugar la  imagen del fujimorismo que viabiliza el gobierno de PPK dificultaría el intento del anti-fujimorismo de retratar a Fuerza Popular como obstruccionista y antidemocrática.

La conflictividad social a gran escala fortalece a las fuerzas anti-fujimoristas. Las victorias aplastantes de PPK en Bambamarca o Islay se originan más del profundo anti-fujimorismo en la zona que de un particular aprecio por PPK. (Lampadia: Del voto al hecho hay un buen trecho). Los conflictos sociales generan en sus áreas de influencia, una dinámica social de control político y mediático por parte de los anti-mineros, los cuales son profundamente anti-fujimoristas. Durante el conflicto, las voces disidentes son política o coercitivamente presionadas para dejar de operar. Una vez construida esta hegemonía, ésta puede ser dedicada a otros fines políticos tal como se logró exitosamente en la segunda vuelta del 2016.  Si Cajamarca hubiera votado como lo hizo el resto de la sierra norte, Keiko Fujimori se estaría mudándose a Palacio el 28 de julio.

El fortalecimiento orgánico de las fuerzas radicales mencionado previamente debilita las perspectivas electorales del fujimorismo en el largo plazo. Estas fuerzas son el núcleo del movimiento social opositor a Keiko Fujimori que se manifiesta con regularidad en cada ciclo electoral. Son además, enemigas de la economía de mercado y de la democracia, valores fundamentales para el fujimorismo.

Los conflictos sociales empujan al fujimorismo a asumir posturas discursivas contrarias a la racionalidad económica, donde el caso de la votación en el caso del Lote 182 es un claro ejemplo. Cuando estas posturas son asumidas, el fujimorismo debilita su coherencia programática y pierde cara frente a las élites económicas y mediáticas de cuya postura depende en gran medida su fortuna hacia el 2021.

Finalmente la puesta en operación de proyectos extractivos implica una mayor base tributaria que facilite a un futuro gobierno fujimorista el cumplir con sus objetivos de gobierno y de consolidación política.

Por lo tanto, en balance, ambas fuerzas políticas tienen mucho que ganar, controlando los conflictos sociales.

3. La Agenda Común

Quedando clara, la naturaleza y magnitud de las ganancias programáticas y políticas de la colaboración entre PPK y FP, es necesario explicar algunos aspectos en los que la colaboración entre ambas fuerzas podría ser efectiva a la hora de reducir la conflictividad social. Estas ganancias apuntan a intereses de largo plazo de ambas fuerzas más que a la coyuntura política. Las medidas mencionadas a continuación requieren de la colaboración entre PPK y FP.

a. Recuperando el Monopolio en el Uso de la Fuerza para el Estado

Este es un aspecto crítico. El uso de la violencia contra las fuerzas del orden, la propiedad pública y privada es un componente básico de la praxis de los anti-mineros y en general de los anti-sistema. Los “espartambos” en Tía María y las Rondas Campesinas en Cajamarca se han involucrado en actos de violencia extremos. Sin embargo, ninguno de sus autores ha sido condenado a prisión a pesar de los evidentes delitos cometidos y la existencia de abundantes pruebas. En buena medida porque la legislación aplicable es, en este caso, pro-reo, el nivel de exigencias requeridas por los fiscales deviene en la práctica en que la Policía Nacional y el Poder Judicial no dispongan de los medios y herramientas legales necesarias para castigar a los culpables. Se debe facilitar el uso de la legislación de flagrancia a quienes realicen actos violentos, simplificar la presentación de pruebas a la fiscalía y reglamentar los criterios para las acusaciones por autoría mediata, en los casos del uso de violencia en manifestaciones públicas a los líderes de las mismas como corresponsables de la violencia que promueven. Además debe facilitarse que los acusados de estas acciones violentas sean juzgados lejos de sus localidades para evitar las presiones a jueces y fiscales.

b. Reduciendo la incidencia del “Enfoque Intercultural”

Desde hace algunos años se ha estado dado un paulatino avance del llamado “Enfoque Intercultural”. El mismo es un tema complejo, pero, en buena medida, busca brindar poderes propios del Estado a los grupos que se definan como “Pueblos Indígenas.”  Para los promotores de ese enfoque, la única condición para un grupo de personas sea catalogada como pueblo indígena es el auto-reconocimiento de un grupo humano como tal, puesto que las otras condiciones que mencionan se aplican a la totalidad el territorio nacional. Por ejemplo la descendencia total o parcial de poblaciones anteriores a la llegada de los españoles. ¿Qué comunidad, barrio o hasta familia no cumple con esta condición en el Perú? Solo un porcentaje muy reducido de la población peruana,  5% o menos, no atiende ese requisito. Con el Enfoque Intercultural, el Distrito de San Juan de Lurigancho puede declararse indígena y ponerse así al margen de las leyes que gobiernan al Perú. Lo mismo se aplicaría a cualquier grupo anti-sistema.

Este enfoque busca, entre otras licencias, la aplicación de la consulta previa para la mayoría de los proyectos extractivos en el país, poniéndola como procedimiento indispensable para la realización de los mismos. Obviamente, para ellos, basta con que un grupo humano que se sienta afectado y rechace un proyecto para que el mismo no se realice, independiente de la opinión favorable que pueda tener entre la mayoría de la población del entorno de un proyecto, en la región o en el país. Este peligrosísimo esquema, que puede ser aprovechado por grupos de interés político, propicia una autonomía radical de las poblaciones rurales y la fragmentación del sistema jurídico del país.

Para ello buscan fortalecer los privilegios jurisdiccionales de la justicia comunitaria, en especial el de las rondas campesinas. En el Perú ya se han dado acuerdos a nivel de la Corte Suprema, favorables a esta visión que tiene como mayores impulsores al Vocal Duberli Rodriguez (Ex congresista ligado al Partido Comunista del Perú, Patria Roja) y, en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, donde la Dra. Raquel Yrigoyen, una de sus promotoras, brinda apoyo jurídico a Gregorio Santos, da cursos de sobre litigios estratégicos para paralizar proyectos extractivos y hace actos de incidencia sobre el Congreso de la República con el mismo propósito. Algunos sectores extremos de esta corriente buscan la generación de “zonas liberadas” en la sierra peruana, semejantes a las “Caracolas Zapatistas” en México.

El Congreso puede hacer mucho para reducir el daño que este esquema para-legal puede hacer. En primer lugar, acotando claramente el rol de las Rondas Campesinas hacia una de lucha contra la criminalidad local en colaboración con la policía e impidiendo el deseo de que las mismas puedan atribuirse prerrogativas tales como multar o punir físicamente a quienes no participen en movilizaciones, impedir el libre tránsito, ejercer la violencia contra los disidentes y afectar los derechos de propiedad de actores privados. El facilitar la emisión de títulos individuales a nivel de las comunidades campesinas también disminuye la vulnerabilidad de estas poblaciones a ser un laboratorio social para políticos radicales. Un intento de reformar la el Código Penal en este sentido fue exitosamente bloqueado por los radicales quienes lograron presionar a la Comisión de Justicia del Congreso.

Todo esto discurre por debajo de la línea de mira de la sociedad, las instituciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Es hora de prestarle la máxima atención y organizar las acciones necesarias para eliminar sus impactos antinacionales.

c. Incrementando la Voluntad política del Gobierno

Las interpelaciones, mociones de censura y caída de ministros son eventos que socavan la voluntad política de un gobierno para sostener los proyectos extractivos y sirven de caja de resonancia del discurso anti-minero y aumenta la capacidad de estos para infligir costos políticos al gobierno de turno. Un acuerdo con Fuerza Popular incrementaría la solidez de los miembros del gabinete en caso de un conflicto social. Esta mayor fortaleza se derivaría en una menor conflictividad al percibirse que la convulsión tiene una menor probabilidad de éxito. No es necesario llegar a compromisos de respaldo incondicional a ministros involucrados en un conflicto social, pues ello haría al fujimorismo corresponsable de los errores del gobierno. Lo que es viable es que los congresistas de ambas fuerzas, contrasten con valentía el discurso anti-extractivista (conspirando contra sus intereses de largo plazo y sirviendo a los intereses de los anti-mineros). 

d. Evitar el financiamiento de actividades anti-extractivas

El Estado, por diversas razones, puede financiar directa o indirectamente iniciativas que atentan indirectamente contra sus intereses. El gobierno que está terminando lo ha hecho en innumerables veces. Un caso emblemático fue el financiamiento del documental “La Hija de la Laguna” por parte del Ministerio de Cultura, una clara herramienta de propaganda anti-minera audio visual con impacto fuera del Perú.  Este documental ganó el Concurso Nacional de Proyectos de Post Producción de Obras de Largometraje 2013, a pesar que los mismos jueces no lo consideraron un trabajo logrado. Este tipo de “coladeras” de financiamiento permiten a organizaciones hostiles a las actividades extractivas llevar a cabo acciones de propaganda que dañan severamente la imagen de la industria y son una ayuda para fomentar los conflictos sociales. Ambas fuerzas políticas podrían llegar a un acuerdo, bloqueando los esfuerzos de estas organizaciones para obtener recursos del Estado para promover la conflictividad social.

e. Debilitar los ‘cercos cognitivos’

Los anti-mineros construyen exitosamente cercos cognitivos en las zonas rurales próximas a los proyectos extractivos. Ellos dominan todas las fuentes creíbles de información en una comunidad (profesores, líderes de organizaciones locales, religiosos, etc.) y callan las voces que se oponen a ellos.  Este cerco permite formar y fortalecer creencias referentes a las industrias extractivas que pueden catalogarse como insólitas en algunos casos.  Las acusaciones, basadas en ‘relatos’ fabricados (que rehacen la historia) dañan la imagen de las empresas, de la industria y de la independencia del Estado. Ambas fuerzas podrían colaborar en incrementar la presencia del Estado en las zonas de conflicto, no sólo con inversiones sociales, sino con presencia activa (comisarías, antenas repetidoras, programas del Estado, etc.) que defiendan la pluralidad de opinión, y que permitan a la población estar mejor informada sobre la naturaleza real de la afectación que los proyectos provocarán.

Conclusión

El reducir la conflictividad social tendría fuertes efectos de bienestar sobre el país y ello debería ser más que suficiente para motivar tanto a PPK como los fujimoristas para actuar en ese sentido. Pero convencer a políticos que actúen únicamente en beneficio del país a costa de su propio beneficio político de corto plazo puede ser difícil. Por ello hemos brindado aquí argumentos en los que se muestran con claridad las ganancias políticas institucionales y de largo plazo para ambas fuerzas partidarias, de desarrollarse una conducta de cooperación en relación a los conflictos sociales. La agenda presentada es incompleta y ciertamente existen áreas de colaboración que han sido omitidas, sin embargo podrían servir para facilitar el entendimiento, por parte de la opinión pública, de los beneficios que mayores espacios de colaboración que tendrían para el Perú, así como la eventual reacción positiva de las fuerzas en disputa. 

Lampadia

Los dirigentes anti mineros y las poblaciones de las zonas de mayores conflictos, habrían hecho un voto estratégico por PPK en la segunda vuelta electoral. En verdad, eso era previsible por la menor capacidad política y representación popular del partido de Peruanos Por el Kambio (PPK). Pero, pretender proyectar esa convergencia como la base de acción de gobierno para enfrentar los conflictos, es una apuesta sin soporte en el enfoque político de los actores involucrados, a no ser que los de PPK consideren la posibilidad de parar los proyectos.

A continuación analizamos estas inferencias sobre la base de la evolución de los votos de la primera y segunda vuelta y las transferencias de votos de las izquierdas radicales al partido PPK. 

¿Tiene PPK apoyo en las zonas mineras?

“Yo creo que PPK es el enemigo más débil” (Anti-minero de Cajamarca).

Si bien los resultados de la segunda vuelta dieron a PPK como ganador a nivel nacional por un margen muy reducido, en algunas zonas de proyectos mineros y con conflictos sociales, la diferencia fue mayor. PPK ha obtenido una amplia mayoría, 2/3 o más en varias de ellas. Estos resultados podrían llevar a creer, a algunos, que PPK tiene un respaldo político excepcional justo en las zonas más conflictivas del país. 

En la siguiente tabla vemos los resultados aritméticos de la votación para 3 zonas con estas características: Tintaya, Tía María y Las Bambas.

Según la tabla superior, salvo en el distrito de Islay, en las demás jurisdicciones analizadas el margen de la victoria fue significativo. Pero, ¿Tiene el nuevo presidente las condiciones necesarias para de llevar adelante los proyectos mineros? ¿Cual es la realidad?

Motivación por llevar adelante proyectos mineros

PPK ha manifestado en repetidas oportunidades su interés de resolver los conflictos sociales.  Durante la campaña, lo consideró el “problema número uno del país” y que pondría a sus dos vicepresidentes a dedicarse de lleno a ello.  Para dejarlo claro, la solución que PPK visualiza para estos problemas incluye la ejecución de los proyectos, tal como lo declara en su última entrevista en Semana Económica, él va a  “ir a cada lugar a destrabar inversiones”.  En otra entrevista, a Gestión, deja claro que para él, para lograr la ejecución de los proyectos, primero se debe pasar por un proceso de diálogo (aunque no aclara con quien, si con la población local, o con los grupos a favor o en contra de la minería.): “primero se debe conversar (y llegar acuerdos) de lo contrario no se podrán realizar los proyectos (extractivos)”.  

El apoyo local a PPK

PPK considera que el diálogo es el camino para la solución y que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la población en las zonas en conflicto.  Él cree que las condiciones estarían dadas, y en la entrevista con Semana Económica muestra su confianza al mencionar que sacó 70% tanto en Cocachacra (Tía María) como Bambamarca (Conga), por lo que iría a conversar personalmente con las comunidades. Como las “comunidades” son un ente genérico, no está claro con quiénes realmente piensa dialogar PPK. ¿Serán los líderes de DD y FA quienes lo apoyarán en ese proceso de diálogo?

Sin embargo este apoyo social queda en duda al comparar los resultados obtenidos en la primera y en la segunda vuelta.  El voto de PPK en la 1ª vuelta en dichas jurisdicciones fue muy bajo y en la 2ª vuelta tuvo un importante crecimiento.  Para el caso de Cajamarca, PPK explica el cambio afirmando que “la gente recapacita.”  Es una explicación muy optimista creer que un movimiento social con décadas de confrontación hacia la minería se transforma radicalmente en pocas semanas porque la gente ha “recapacitado” y que esto produjo que su votación aumentara casi 6 veces en la región Cajamarca, pasando de 8.5% a 50%, o que se multiplicara en más de 23 veces para el caso de Bambamarca pasando de 2.5% a 70.6%. 

Las siguientes gráficas se muestra como evolucionó el voto entre la 1ª y la 2ª vuelta: 

El voto de PPK en la zona de Tía María, con la excepción de Islay, es prácticamente la suma de sus pocos votos en la 1ª vuelta con los votos mayoritarios de Democracia Directa y Frente Amplio.

La transferencia de votos de DD y FA también fue masiva en el caso de las provincias próximas al proyecto Las Bambas.

En la 1ª vuelta, en la Provincia de Espinar, PPK obtuvo solo un voto de cada 15 pobladores. 

La correlación entre los votos de DD+FA en la 1ª vuelta y de PPK en la 2ª vuelta es notable, dejando claro de donde proviene el respaldo electoral obtenido.

Una explicación alternativa y mucho más probable es que la voluntad de la gente para “recapacitar”, sea la fuerza de la campaña contra Keiko Fujimori hecha por los voceros del FA y de DD en esas zonas.  Esa campaña elevó el voto de PPK, pero la campaña no fue basada en atributos del candidato, sino principalmente en ataques contra su contrincante, FP.  Los cuadros muestran que en las zonas escogidas, el grueso del voto de PPK en segunda vuelta proviene de los electores de DD y el FA. Sería bueno que el gobierno de PPK tenga claro cual es la postura real de DD y FA sobre la actividad minera antes de poner en riesgo su capital político en diálogos bajo condiciones poco entendidas.

Para amplios sectores de la población, esta segunda vuelta tuvo la naturaleza de un plebiscito respecto a Keiko Fujimori, antes que apoyo a PPK. La posición política real de la población, en las zonas con proyectos mineros, se manifestó en la primera vuelta, mostrando una opinión muy crítica hacia el desarrollo de estos.   Por otro lado, el sector de la población que apoyaba el desarrollo de proyectos mineros votó por Keiko y por PPK en primera vuelta antes que por DD y el FA.  Esa es la fuerza real para reactivar la minería, y no la votación de PPK en la 2ª vuelta. Dada la hostilidad con que se llevó la campaña en 2ª vuelta, PPK va tener dificultades para obtener el apoyo de los votantes de Fuerza Popular, y dada la posición política contraria a los proyectos mineros de los votantes de izquierda, el apoyo del Frente Amplio y Democracia Directa para desarrollar los proyectos va ser aún más difícil. Es decir, PPK está más solo que nunca para llevar a cabo los proyectos en las zonas conflictivas.

“PPK es el enemigo más débil”

Los sectores de izquierda no han intentado ocultar su falta de apoyo real a PPK, una vez que éste esté en el gobierno.  Dos declaraciones de miembros de la organización anti-minera Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) (muy activa durante los conflictos por Conga y cercana a la organización de Marco Arana (GRUFIDES), miembro de FA) son sintomáticas.  En ellas reconocen la debilidad del gobierno de PPK, la distancia política con el próximo presidente y su naturaleza de “enemigo” de sus causas:

Ramón Abanto Bernal, miembro de la PIC y presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ante la pregunta de porque apoyar a un candidato que no es de izquierda como PPK: “Es el candidato más flexible, con quien se pueden lograr los objetivos que tenemos programados  para  nuestra  región y en especial para Celendín. No es que comulguemos con sus principios, pues representa a los intereses de las transnacionales, sin embargo debemos aprovechar para  arrancarle las justas reivindicaciones de los pueblos.” (Programa “Prensa Veraz”, 2 de junio del 2016).

Milton Sánchez, dirigente de la PIC, en declaraciones en el programa “El Centinela del Aire”, de Radio Líder, emisora cajamarquina con una clara posición anti-minera y muy cercana a GRUFIDES, dijo el 7 de junio del 2016:

“Nos gustaría que gane PPK no tanto porque creemos en su propuesta o su plan de gobierno, sino porque el fujimorismo significa, en este caso para el movimiento social una gran amenaza.” “Movimiento social” es un eufemismo usado para referirse a las organizaciones anti-mineras promovidas por DD y el FA.

“Yo creo que PPK, es el enemigo más débil”.

“Cualquiera de los dos es un peligro para nosotros, pero creemos que aun más es el fujimorismo”.

Sin dudas, los grupos contrarios a la minería han realizado una votación estratégica, apoyando al “enemigo más débil” y evitando que el fujimorismo llegara al gobierno. Desde su perspectiva, la maniobra fue correcta, aunque sus objetivos sean contrarios al desarrollo del país.

Conclusión

Consideramos que PPK no debería contar con el apoyo de los grupos de izquierda ni con sus seguidores políticos para el desarrollo de los proyectos mineros. Pensar que tiene el apoyo del 70% de la población en lugares como Bambamarca y que eso es suficiente capital político para destrabar inversiones es iluso. 

El gobierno de PPK debe reconocer que en las zonas mineras ha llegado a la presidencia con un voto prestado de quienes lo consideran el enemigo más débil. Sobrestimar su propia capacidad en este campo, le puede traer pérdidas muy importantes en su capital político, tal como las sufrió Ollanta Humala con el proyecto Conga. El camino para solucionar los conflictos mineros es mucho más largo y complejo de lo que PPK ha declarado. 

Lampadia

Terminada la campaña electoral debemos revisar y fortalecer las propuestas políticas de la campaña y llevarlas al contexto de las acciones de gobierno. El tema de la conflictividad social que ha paralizado buena parte del sector extractivo y reducido el ritmo de crecimiento de la economía, así como la consiguiente disminución de la pobreza, es uno de los temas más delicados de la estrategia de gobierno que el partido Peruanos Por el Kambio deberá considerar.

En esta nota ofrecemos al nuevo gobierno una revisión contextualizada de sus propuestas de campaña. Además, recomendamos ver un análisis cuidadoso de cada uno de los determinantes de los conflictos sociales, en nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

Del mismo modo, ofrecemos al equipo de gobierno que se designe para enfrentar este tema, nuestra disposición para revisar con ellos, el valioso material que hemos desarrollado.

El próximo presidente tendrá que enfrentar retos significativos en el plano de la conflictividad social. Actualmente hay conflictos en etapa de incubación, como el de las Bambas, Conga y Tía María. La capacidad del nuevo gobierno para enfrentarlos es importante desde dos puntos de vista: el político y el de la recuperación del crecimiento económico. Fenómenos como el conflicto de Conga, crisis que se llevó a los dos primeros ministros, la paralización del proyecto y el aumento del riesgo para toda la inversión minera en el país, podría repetirse con este gobierno si el mismo no está a la altura del reto, con el agravante de su eventual debilidad, por la influencia de grupos de izquierda en su equipo. Ver en Lampadia: Puede ser el gobierno más débil de la historia. 

El crecimiento económico que ha gozado el Perú desde la entrada en producción de las Bambas, evidencia el impacto que estos grandes proyectos tienen sobre nuestra economía, aun mayor para las zonas donde se desarrollan, como lo demuestran los indicadores de Apurímac.

Durante la campaña, el mismo Pedro Pablo Kuczynski ha reconocido la importancia del tema y afirma que su gobierno pretende encararlo con una alta prioridad (“Mis dos vicepresidentes van a dedicarse de lleno a los conflictos sociales, que es el problema número uno en el país” / “(evitar) seguir derramando sangre con enfrentamientos inútiles, que generan desconcierto y zozobra en la población y que perjudica la imagen del país”). Pero no basta con eso. Ollanta Humala invirtió mucho capital político en el desarrollo del proyecto Conga, apuesta que le costó muy caro y que fue determinante para mellar la alta aprobación política con la que comenzó su gobierno. PPK coloca en su plan de gobierno que “el Sistema Nacional de Prevención y Solución Pacífica de los Conflictos Sociales será creado como un sistema de naturaleza multisectorial dotado de una estrategia preventiva, que permita la anticipación y la gestión pacífica de los conflictos sociales”.  A pesar de que el fraseo y la intención suenan muy bien, queremos revisar algunas de las propuestas de PPK ante los conflictos sociales, para sacarlos de la campaña electoral y traerlos al contexto de gobierno.   

¿Cuáles son las propuestas que tiene el Partido Peruanos Por el Kambio para prevenir o solucionar los conflictos sociales?

Consulta Previa

Durante el debate, PPK se dirige a Keiko Fujimori evidenciando su postura sobre la consulta previa: “Nosotros vamos a respetar la consulta previa.  En su plan de gobierno dice que la aplicarán en ciertos casos ¿no cree usted que esto llevará a conflictos sociales, que es lo que estamos tratando de evitar?”. Si PPK critica que Keiko Fujimori haya limitado la consulta previa a ciertos casos, ¿él por contraposición está proponiendo que se aplique a todos como mecanismo de prevención de los conflictos sociales? Esta afirmación deja un alto nivel de  incertidumbre:

• ¿Se ampliará la lista de poblaciones consideradas como originarias a los que se aplicaría la Consulta Previa tal como la izquierda ha estado buscando durante los últimos años? Con este enfoque se podría ampliar la lista a las comunidades campesinas y casi todos los proyectos mineros tendrían que pasar por el mecanismo de Consulta Previa, lo que sería fácilmente politizable. Hay que recordar que la principal línea de incidencia de los anti-mineros en las Bambas consiste en proclamar la nulidad de los acuerdos con las comunidades al no cumplir, los mismos, con las condiciones de la Consulta Previa.  La discusión entonces caería en mayor medida en el campo de la disputa retórica y política, y menos en el fundamento técnico. Sería un mecanismo adicional a los procesos de consulta que actualmente existen, que son a través de asambleas con las comunidades.
• ¿Cómo se limitará la zona geográfica en la que se hará la consulta? Si una Consulta Previa se hubiera hecho para el proyecto Conga, las comunidades en los alrededores habrían dado su aprobación.  Es más, lo hicieron a través de los mecanismos actuales de consulta en asamblea, previas al estallido del conflicto.  Sin embargo, los participantes en las manifestaciones que desembocaron en la paralización del proyecto fueron miembros de otras comunidades, inclusive de otras cuencas que no eran afectadas por Conga.  Las motivaciones de estas personas para participar en estas manifestaciones son suficientes para escribir otro artículo, sin embargo, queda claro que el mecanismo de Consulta Previa no habría prevenido el conflicto del caso Conga.

Adelanto Social

Otra de las propuestas que esgrimió durante la campaña es la del Adelanto Social.  (“Tenemos que tener minería ambientalmente responsable. Los problemas en la minería son ambientalmente agrícolas. Tiene que haber anticipo social, adelanto social“). Consideramos que el diagnóstico es incompleto: considerar que los problemas en la minería son únicamente de afectación a la producción agrícola es una visión limitada.  Los problemas en la minería tienen muchos otros elementos a tomar en cuenta: la búsqueda de rentas de aventureros políticos que ven el conflicto como fuente de “lentejas” o el sistema de creencias que tiene la población afectada y el sesgo cognitivo que sufren. Esperamos que los de PPK tengan en cuenta elementos adicionales, y que estas declaraciones queden únicamente en el contexto electoral.

Durante el debate presidencial PPK también se refirió a este Adelanto Social: “Vamos a promover el adelanto social a todas las zonas de posibles conflictos (…)”. Lamentablemente plantear de esta manera el mecanismo genera incentivos que pueden ser dañinos. Si el beneficio lo obtendrán las zonas de posibles conflictos… ¿se debe amenazar con un conflicto para recibirlo? Semejante política promueve que una zona se vuelva conflictiva con el fin de recibir el adelanto, es decir, incentiva la conflictividad.

Más allá del fraseo público, queda por determinar qué comunidades recibirían el beneficio. En su plan de gobierno, PPK afirma que el Adelanto Social consiste “en que el gobierno realice obras sociales que beneficien a las comunidades en donde se realizará el proyecto minero. Éstas deberían incluir,  colegios,  postas  médicas,  afirmado  y  viviendas  para  sus pobladores y sus familias”. Las dudas caen por su propio peso, respecto a que tan “adelantado” es este Adelanto Social:

• ¿Cuándo un poblador sabe que se realizará un proyecto minero? ¿En el momento que se realiza una concesión minera? ¿En el momento que se realiza la exploración? ¿En el momento que se encuentra un yacimiento? ¿En el momento que una empresa minera decide que invertirá? ¿En el momento que comienza la construcción de la mina? Este punto no es claro en el plan de gobierno, sin embargo, sí genera expectativas en la población, que tendrá diferentes interpretaciones de si merecen o no el Adelanto Social y cuando debe darse.
• ¿Cuáles son las comunidades que se beneficiarán del Adelanto Social? ¿Las que se encuentran en la zona de influencia del proyecto minero?  Tomando nuevamente el caso emblemático de Conga, estas comunidades ya estaban a favor del proyecto y las que realizaron las manifestaciones no hubieran recibido el Adelanto Social. ¿Las comunidades que se mantienen en la frontera de la zona de influencia no se sentirán tentadas a exigir también, a través de conflictos sociales, beneficiarse del Adelanto Social?
• ¿Quién pagará por el Adelanto Social? Queda claro que el gobierno lo haría de manera directa, pero ese presupuesto podría ser exigido a la empresa minera involucrada como impuestos adelantados. Pero dado que el mecanismo se aplica previamente a la instalación del proyecto, ¿cómo saben las partes cual es la dimensión del yacimiento, su potencial económico y el impuesto esperado que se producirá? Es decir, podría ser complicado determinar cuál es la dimensión del monto que debería ser invertido en la zona de influencia si la inversión se hace de manera muy adelantada.

Cabe aclarar, que consideramos que es responsabilidad del gobierno proveer a toda la población de los servicios y las infraestructuras que PPK ofrece como Adelanto Social, independientemente de si “es una zona de posible conflicto” o no. Pero esto no es suficiente para solucionar los conflictos mineros.

Una forma adecuada de definir el ‘adelanto social’ es que este se de en paralelo al desarrollo de la inversión productiva, así podría dimensionarse en relación a una proporción del estimado del flujo futuro del canon. De esta manera se tendría un sustento económico y financiero que justifique la habilitación del ‘adelanto’ y soporte su eventual fuente de financiamiento. 

Acciones represivas

Dentro de su plan de gobierno, PPK destina 2 de sus 5 acciones estratégicas para prevenir y resolver conflictos sociales a fortalecer las herramientas de control represivo. Uno de ellos es “Profesionalizar la labor policial en el uso de la fuerza” en la que se buscará mejorar las capacidades de la policía para el control a través de capacitación. Es crítico que este esfuerzo sea dirigido en especial a minimizar la probabilidad de pérdidas humanas en los enfrentamientos con los manifestantes. En primer lugar por el valor intrínseco de las vidas pero también porque las fatalidades generan un clima de hostilidad generalizada al Estado y las empresas en el entorno local y porque estos trágicos eventos, muchas veces buscados  por las fuerzas anti-mineras, son capitalizados políticamente.

En segundo lugar, “Fortalecer la Procuraduría Pública Especializada en Asuntos de Orden Público, de manera de promover la denuncia, investigación y sanción por la justicia de los responsables de desórdenes públicos y hechos de violencia”. Tanto los promotores como las organizaciones que incitan a la violencia durante los conflictos sociales han gozado de un nivel de impunidad.  Acciones abiertamente violentas no son castigadas, y los intentos de denuncia son defendidas públicamente por ciertos voceros como “criminalización de la protesta social”. Un componente importante de la radicalización de los conflictos sociales, es que a las personas generadoras de actos de violencia (por ejemplo los Espartambos) saben que enfrentan una baja probabilidad  de penalización. En el campo del establecimiento del imperio de la ley las propuestas de PPK apuntan en el sentido correcto.

Conclusiones

PPK candidato ha mostrado preocupación y ha puesto la solución de los conflictos sociales como una alta prioridad. Si PPK como presidente mantiene esta posición y la voluntad política para enfrentar los conflictos sociales, tiene que perfeccionar sus propuestas pues, las soluciones propuestas durante la campaña distan de ofrecer una solución sistémica. Consideramos que no existe una bala de plata para solucionar los conflictos sociales. Si las soluciones aplicadas no responden a las principales causas de la conflictividad, es poco probable que tengan éxito. Mientras la población siga pensando que los proyectos mineros dañan su estilo de vida a través de contaminación del agua o del aire, que las instituciones públicas y las empresas mineras no recuperen la confianza de la población, mientras sigan operando organizaciones e individuos que ven un conflicto minero como una oportunidad de lucro, difícilmente se podrá reducir de manera significativa la conflictividad social a largo plazo. 

Lampadia  

Con la caída de los precios de los metales, los márgenes en la minería se han reducido y los costos se han vuelto más importantes que antes. Ello se complica con la caída del valor de las acciones (ver cuadro abajo), pues se ha reducido el stock de capital para inversiones en nuevos proyectos y ha aumentado la necesidad de mayor seguridad en las inversiones. En un contexto así, las variaciones en los costos totales (all-in costs) son suficientes para definir en qué países una empresa coloca o no coloca su escaso capital. Los costos de los conflictos sociales pueden ser decisivos en esas variaciones, es decir, las empresas están buscando países sin muchos conflictos sociales. Este análisis es parte de nuestro esfuerzo por documentar los distintos aspectos que afectan el desarrollo de los proyectos extractivos. Ver más información en nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

A diferencia de lo que muchos creen, transformar mineral en metal es una actividad de alta complejidad que combina procesos mineros, logísticos e industriales (químicos y metalúrgicos) con requerimientos de eficiencia extraordinarios. Por ejemplo: en la minería de oro se mueven tres o cuatro toneladas de tierra, y se procesa (física y químicamente) una tonelada de mineral para producir un gramo de metal o menos (aproximadamente una parte en cuatro millones). 

Con las actuales leyes minerales accesibles, este es un proceso que requiere alta tecnología, gran escala y muy altas inversiones.

Por ello los proyectos mineros son inversiones de miles de millones de dólares que, si son paralizados, generan pérdidas y costos de oportunidad 2 a 3 veces más grandes que los montos de dichos proyectos. Sucede que en el caso del Perú, los conflictos sociales han comprometido inversiones mineras por 21 mil millones de dólares de una cartera de 56 mil millones. Es decir un 37% de la cartera de inversiones mineras en Perú está bloqueada por esa razón. Casos como Conga, Tía María y Tambo Grande en Perú; Crucitas en Costa Rica, La Colosa en Colombia nos muestran la escala de esos problemas.

Los otros costos de la conflictividad

Además de la paralización de grandes proyectos, la conflictividad social implica para las empresas un conjunto de otros costos, pues generan retrasos y exigen todo un paquete de  medidas para minimizar esos riesgos. La mayoría de los costos adicionales, aun que invisibles para la contabilidad, son muy significativos.

Un equipo de Harvard University (USA) asociado con otro equipo de Queensland University (Australia) han preparado un excelente estudio sobre los costos de la conflictividad en el sector minero (Davis & Franks, 2014, Costs of Company-Community Conflict in the Extractive Sector).[1] En su estudio los autores hacen un análisis muy detallado de las diversas modalidades mediante las cuales la conflictividad social lleva a las Empresas a incurrir en costos adicionales y porque muchos de esos costos no son tan evidentes. El estudio utilizó una metodología de entrevistas en profundidad y visitas de campo, revisando 50 casos de empresas con conflictos sociales prolongados. Seis de los 50 casos (12%) fueron minas de oro y cobre que operan en Perú.

Tipos de costos relacionados a los conflictos sociales

Incluidos los costos y pérdidas debido a las paralizaciones de los grandes proyectos, hay cinco tipos de costos generados por la conflictividad:

1. Paralización de operaciones y retrasos en la producción.
2. Incrementos en los costos operativos.
3. Impedimentos para expandir operaciones y nuevos proyectos
4. Pérdida de valor de las acciones.
5. Costos indirectos

Paralización de operaciones. Las paralizaciones pueden darse por bloqueo de vías de acceso y salida, por una invasión de propiedad o por cualquier otro hecho que ponga en riesgo las operaciones. Las paralizaciones pueden generar pérdidas del orden de 2 a 5 millones de dólares por día en el caso de una mina de oro o cobre, mas puede ser mucho más en una siderúrgica o acería. Estos costos son tan significativos que las empresas mineras se hacen proclives a ceder ante la presión de los agresores. Por esa vulnerabilidad las empresas mineras, sin quererlo alimentan la tendencia de grupos aventureros a generar los conflictos sólo con el propósito de chantajear dichas empresas.

Incremento de costos operativos: Para controlar la conflictividad, las empresas tienen que incrementar sus áreas de relaciones comunitarias porque, además de las cuestiones de Responsabilidad Social, esos equipos tienen que dedicar gran parte de su tiempo a negociar con grupos conflictivos. Adicionalmente, las empresas están obligadas a establecer áreas especializadas en temas de seguridad, para proteger la integridad física de su personal y de las instalaciones.

Impedimento de expansiones y nuevos proyectos: Los yacimientos individuales tienen una vida limitada, la actividad de una mina se extiende por la realización de expansiones y la puesta en marcha de nuevos proyectos. Si la continuidad se ve amenazada, la vida media de la mina se acorta y la empresa pierde los ingresos futuros de las nuevas actividades. Según los autores ese es el costo más alto para la empresas pues afecta el flujo de ingresos futuros de las empresas e impacta en el valor de las acciones.

Pérdida de valor de la acciones: Uno de los principales costos de los conflictos es la reducción del valor de las acciones. Esos valores dependen de muchos factores: reservas comprobadas, tecnología, finanzas, etc. Pero la conflictividad genera una prima de riesgo que puede tener un impacto significativo en los valores que los inversionistas estarían dispuestos a aplicar en la compra de sus acciones. Ejemplo: En el caso de Minas Buenaventura, ligada al proyecto Conga, sus acciones bajaron entre 2012 y 2016 de S/.110 a S/.19, representando una caída de 83%.

Costos Indirectos: Las funciones gerenciales que directamente generan valor son aquellas ligadas a la producción y ventas. Sin embargo, en un entorno conflictivo, los gerentes tienen que dedicar una parte importante de su espacio mental, su inteligencia y su tiempo a evitar y/o a mitigar conflictos sociales.[2] La protección de la reputación también puede exigir a la empresa un esfuerzo comunicacional permanente y costoso.[3] Finalmente, mucha gente inteligente no se siente confortable trabajando en una empresa que está enfrentando conflictos sociales, entonces la retención de talentos se hace más difícil.[4]

Existen otros costos que afectan específicamente a los proyectos mineros. Por ejemplo: Cuando un país tiene antecedentes de conflictividad, las tasas de descuento de los proyectos se incrementan, reduciendo su rentabilidad potencial, su valor comercial, y dificultando la obtención de financiamiento.

Múltiples proyectos podrían estar siendo desarrollados en el Perú si enfrentaran niveles de riesgo social semejantes a los de los EEUU. Como este tipo de análisis se hace a nivel país, los conflictos sociales que efectivamente incrementan el riesgo en Cajamarca, afectan la tasa de rentabilidad esperada a nivel nacional, para proyectos potenciales en lugares tan distantes como Moquegua o Tacna.  Aquí hay billones de dólares en inversión minera que no son atractivos porque son en Perú, aun que la zona específica del proyecto sea socialmente tan tranquila como el Estado de Nevada. Los conflictos de Conga y Tía María afectaron el valor de todos los proyectos mineros del país. ¿Cuántos proyectos mineros nunca se implementaron ni se implementarán por la alta prima de riesgo de Perú?

“Múltiples proyectos podrían estar siendo desarrollados en el Perú si enfrentaran niveles de riesgo social semejantes a los de los EEUU” 

Finalmente, la necesidad de atender la conflictividad obliga a la empresa a asignar recursos que podría estar dedicados a aumentar el impacto social de la minería. En muchos casos estas modificaciones son costosas e inclusive pueden dejar a la población con un menor nivel de servicios ambientales. Esto se debe a que esta modificación puede darse para atender temores injustificados de sectores de la población del entorno.

Difícil visibilizar los costos involucrados

Un problema con estos costos consiste en la dificultad visibilizarlos al interior de las empresas, los mayores costos de seguros a las propiedades y de seguridad se cargan a los gastos operativos, las costosas modificaciones ineficientes al diseño del proyecto se asignan como costos de inversión y la mayor dificultad en la obtención de recursos se coloca entre los gastos financieros.  Ello sin contar con que existen gastos difícilmente cuantificables como los costos de reputación por estar involucradas en conflictos, que afectan a la Empresa en todas sus locaciones a nivel mundial. Esta dificultad puede llevar a una subestimación de los costos de la conflictividad por parte de quienes controlan a las empresas mineras.

Las empresas deben ser conscientes de los múltiples costos en los que tienen que incurrir para operar en un entorno conflictivo. Por ello deben estar dispuestas a realizar los esfuerzos de aprendizaje, inversiones, gastos y ajustes en políticas acordes con la complejidad del riesgo que enfrentan.

En muchos casos la inercia gerencial y el deseo de presentar resultados financieros positivos en el trimestre llevan a los ejecutivo a descuidar las acciones de mitigación del riesgo social, poniendo en riesgo la sostenibilidad de esos resultados en el futuro. 

La subestimación de algunas empresas mineras sobre la verdadera dimensión de estos riesgos sociales hace que los costos de prevención en la parte inicial de un proyecto, se conviertan en costos de reparación mucho mayores cuando ya se han hecho importantes inversiones.  Es por esto que el manejo de conflictos sociales se ha convertido en una capacidad clave con el que las empresas extractivas deben contar. Lampadia

El agua viene siendo un tema que se ha sembrado de minas, tanto por gente de buena intención, algunos desinformados y otros oportunistas que encuentran en él un espacio para cosechar réditos políticos.

Iniciando un mayor análisis sobre este importante tema, el especialista en asuntos hídricos, Leopoldo Monzón Ugarriza, expone a continuación algunas ideas esclarecedoras sobre la realidad del agua (dulce) en el Perú.

Monzón nos explica que el Perú es el octavo país con más agua dulce del planeta. Que no sabemos aprovechar el recurso, pues no cosechamos el agua, ya sea en grandes represas o reservorios menores y familiares, como postula el programa de Sierra Productiva. Tampoco trasvasamos el agua que perdemos hacia el Atlántico para su uso social y productivo en la costa árida del Perú. Además dimensiona el esfuerzo económico que debemos movilizar para poner en valor este importantísimo recurso. Veamos su análisis:

¿Conocemos la realidad del Recurso Hídrico?

Leopoldo Monzón Ugarriza

Gerente General de PROESMIN SAC

Consultor Temas Hídricos

En la tierra tenemos los siguientes tipos de agua: la dulce, la salobre y el agua del Mar. El tipo de agua que se utiliza  para consumo humano, en agricultura-ganadería, minería e industria en general, es básicamente agua dulce proveniente de: Ríos, Manantiales, Lagunas, Lagos, Aguas Subterráneas, Precipitaciones, Nevados, etc. Por ello el agua es y será el bien más preciado para la humanidad, más aun hoy con el cambio climático que estamos experimentado y comprendiendo muy poco, se vuelve imprescindible  conocer más sobre la oferta, demanda, disponibilidad, calidad, gestión y manejo del agua.

El Perú es el octavo País con más agua dulce del mundo, contando con 231 cuencas hidrográficas, 70% de los glaciares tropicales del mundo, 1,007 ríos y 12,200 lagunas; sus precipitaciones varían desde los 40mm de promedio anual en la costa a 3,000 mm en la selva y 300 mm en la sierra como promedio.

Ante este panorama lo primero que se viene a la mente es si tenemos abundancia del recurso, ¿por qué sufrimos tantas carencias y tantos conflictos alrededor de ello? La explicación es que la población no siente, ni percibe esto, porque solo el 35% de la misma tiene  agua las 24  horas del día, por lo que le es válido que el 65%  de la población piense que el desarrollo de proyectos mineros, energéticos, agropecuarios determinan que la disponibilidad de agua disminuya y que las posibilidades de contar con él a futuro sean inciertas.

Esta disyuntiva nos obliga a ser creativos y emprender el reto de conocer el balance hídrico en las principales cuencas e intercuencas del País, comenzando por las de la costa y la sierra; concentrando esfuerzos en donde se encuentran las mayores poblaciones y considerando la vocación territorial más adecuada para la extracción racional de recursos naturales renovables y no renovables. En esta línea, en los últimos meses, con el auspicio del Banco Mundial, Gobierno Regional de Huancavelica, el MINEM, ONG Tendiendo Puentes, Sierra Exportadora y el Gobierno Regional de Junín, hemos estudiado 8 cuencas e intercuencas que han arrojado resultados muy parecidos entre ellas respecto al: superávit del recurso hídrico en mediaciones anuales y el déficit estacional entre Julio y Noviembre, la mala gestión del recurso por las organizaciones rectoras, por falta de información, excesivo consumo de agua de la agricultura (por falta de riego tecnificado), contaminación por falta de control y gestión y, falta de plantas potabilizadoras (PTAP), Biodigestores y  de plantas tratamiento (PTAR).

Conocida nuestra realidad hídrica mes por mes, en cada una de las cuencas identificadas, estaremos en condiciones de elaborar la planificación adecuada de la infraestructura necesaria, la ingeniería y la construcción de la misma a nivel nacional, comenzando con las soluciones para la población. Esto debe generar un cambio en la percepción respecto al recurso, por lo menos debemos llegar al bicentenario con el 70% de la población con agua y desagüe las 24 horas al día y en paralelo, en costa y sierra, tecnificar el riego, construir  macro, mini y micro represas, en la selva, mejorar la infraestructura de transporte y la remediación de pasivos ambientales producidos en el pasado por minería, petróleo, agro y la población. Conociendo lo oneroso que puede ser esto y, para romper el paradigma de que si podemos llegar a soluciones rentables y sostenibles, procedimos a calcular el cierre de la brecha hídrica en el Perú que suma US$58,000MM (US$23,000MM en agua, desagüe y redes; US$25,000MM en mejora de riego y represas y US$10,000MM en mejoras ambientales, rehabilitaciones y reforestación).

Esto se puede financiar de tres fuentes: Minería y Gas, Agro y por la puesta en valor del territorio. Cinco mega proyectos mineros como los que evitamos se desarrollen durante los últimos años, nos generarían impuestos (a los precios deprimidos de hoy) de aproximadamente US$ 5,000MM anuales por un promedio de 20 años (de vida de los  proyectos). El incremento estimado de 300,000 Has. Para el agro, nos generaría en pisos altitudinales de los 500 a los 2,000 msnm impuestos de US$3,000MM anuales, producto de la siembra de Café, Cacao, Cítricos, Arándanos, Palta y Uva; y la capacidad de poner en valor 20,000 Has. de terrenos para vivienda y actividades productivas  para 500,000 pobladores que generarían  impuestos por US$5,000MM. Si llevamos esto a un flujo de caja simple, en los primeros cinco años tendríamos un nuevo PAÍS.

Esta propuesta debe ser mejorada con los comentarios de los lectores. Ahora que está claro que podemos conocer algo más del agua, podremos seguir estudiando las principales cuencas y presentando modelos a partir de un manejo adecuado del recurso hídrico que derive en generación de riqueza para la población. Lampadia

Durante los últimos años, Perú ha desdibujado su relación entre el aprovechamiento de sus recursos naturales (RRNN) y sus líneas de desarrollo. Lo que es más, se ha llegado a contraponer, en el discurso, la explotación de los recursos naturales con el crecimiento, la diversificación de la producción y la inclusión. Además se le ha imputado al sector de RRNN características negativas con las comunidades y el medio ambiente.

La verdad es que desde la promulgación de la nueva Constitución de 1993, en la cual se viabilizó el regreso de la inversión privada al país, el sector que se dinamizó más rápido y con mayor profundidad fue el sector minero. En buena medida, la espectacular reconversión del Perú, desde un país empobrecido, sin inversión y sin confianza en el futuro; hacia un país brioso, que por más de una década superó el crecimiento de los demás países de la región y del mundo en su conjunto, que bajó la pobreza a menos de la mitad, disminuyó la desigualdad y mejoró todos los indicadores sociales con un crecimiento “pro-pobre y pro-clase media”; se debe, en gran parte, al crecimiento de la inversión privada, (en la cual la inversión minera es un componente importante) , sus encadenamientos sectoriales y su oferta de recursos fiscales que, por primera vez en nuestra historia, permitió que el Perú financiara el incremento del gasto público sin incurrir en déficits fiscales.

Sin embargo, de la mano del gobierno del ‘nacionalismo’ desde la campaña electoral hostil a la inversión de Ollanta Humala, su primer gabinete dirigido por Salomón Lerner G., la crítica de los luego ministros de la Producción y de Transportes y Comunicaciones, Ghezzi y Gallardo, con su libro y la impronta por forzar una diversificación productiva en busca de ‘nuevos motores de crecimiento’, la falta de activismo pro-minero de los líderes de opinión y de los gremios empresariales, más la claudicación del gobierno ante las afrentas de los conflictos anti inversión llamados ‘conflictos sociales’ (mediante actos de violencia y difusión de ideologías como la del pos-extractivismo, la debilidad conceptual y la vocación por el escándalo y la noticia fácil de muchos medios de comunicación); el Perú, a diferencia de sus competidores mineros, como Canadá, Australia y Chile, ha abandonado su principal palanca financiera para su desarrollo.

En Lampadia, conscientes de la debilidad conceptual y la falta de participación cívica sobre la temática de la explotación de nuestros RRNN, hemos creado una nueva Biblioteca Virtual especializada en los “Recursos Naturales y el Desarrollo”, con el propósito de fomentar un mayor y mejor debate sobre estos temas de gran impacto para la vida nacional.

Esta sección tendrá cinco partes con la siguiente estructura:

Minería y Desarrollo

Análisis, documentos y opiniones que buscan explicar la relación entre la actividad minera y el desarrollo económico y social, tanto en su espacio de influencia directa como para el país en conjunto, identificando los potenciales de sinergias intersectoriales o encadenamientos productivos.  Para ello se mostrarán evidencias empíricas –sustentadas en datos tangibles– contrastándolas con los enfoques más ideológicos.

Minería y Medio Ambiente

Análisis, documentos y opiniones que explican como la tecnológica moderna, los estándares nacionales e internacionales y la supervisión de los reguladores y de la sociedad, determinan que la minería moderna sea ambientalmente sostenible. Busca mostrar también como el potencial técnico y financiero del sector minero puede incrementar el acceso de la población de su entorno a mayores y mejores servicios ambientales.

Conflictividad

Análisis, documentos y opiniones que buscan rescatar la experiencia local e internacional en el manejo de los conflictos ligados a los recursos naturales; analizando los enfoques vigentes, sus fortalezas y limitaciones. Su propósito es contribuir a que el Estado y el sector extractivo dispongan de marcos conceptuales y metodológicos para evitar la deslegitimación de sus actividades.

Pos-Extractivismo

Análisis, documentos y opiniones que buscan explicar la filosofía, los objetivos, las herramientas y los procedimientos de la principal corriente ideológica hostil a la minería: el pos-extractivismo.  Se busca visibilizar las implicancias que esta ideología tiene para el desarrollo social, económico e institucional del país, especialmente en las regiones donde se encuentran los recursos naturales.

Otras Industrias Extractivas

Análisis, documentos y opiniones relacionados a otras industrias extractivas diferentes a la del sector minero: hidrocarburos, hidroeléctricas, energías no convencionales, forestaría, etc. Se busca visibilizar el gran  potencial de desarrollo que estos sectores ofrecen al país.

Colaboradores

La biblioteca virtual de Recursos Naturales y Desarrollo contará con los aportes y colaboraciones de los especialistas en estrategia de desarrollo de RRNN, los directores del Centro Wiñaq, organización dedicada a fortalecer la institucionalidad democrática y la sostenibilidad del desarrollo social y económico:

Sebastiao Mendonça Ferreira

Autor, investigador y consultor internacional en planeamiento estratégico, finanzas y gestión del conocimiento. Profesor visitante del (MIT) Massachusetts Institute of Technology 2006-2011. Presidente del Centro Wiñaq.

Camilo Ferreira

Economista de la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. Investigador del Instituto Acción y de Soluciones Empresariales a la Pobreza, asesor en planeamiento estratégico en el sector publico y privado: tecnología, medios, minería, etc. Consultor sénior y fundador del Centro Wiñaq, Perú.

Franco Olcese

Ingeniero Industrial de la PUCP, con postgrado en la Universidad de Paris en Gestión en Países en Desarrollo. Experiencia en consultoría en Perú y Francia, en el sector financiero, de consumo masivo y minero. Consultor sénior y fundador del Centro Wiñaq, Perú.

Invitamos a nuestros lectores a aprovechar este espacio de reflexión y a participar en los debates que iremos proponiendo. Lampadia

La mayor fuente de petróleo en el Perú, el Lote 192, anteriormente denominado Lote 1AB, todavía no tiene un futuro claro. Esto es importante, ya que produce un 17% de la producción nacional de crudo. Este Lote 192 se encuentra al norte del Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador, y según el MINEM tiene reservas probadas de 134 millones de barriles (volumen de dudosa rigurosidad, dados los condicionantes económicos de una operación muy marginal).

El operador anterior, la firma argentina Pluspetrol, se vio obligada a anunciar su retiro a principios de este año en medio de muchos conflictos sociales, principalmente protagonizados por las comunidades ‘disque’ locales sobre los daños al medio ambiente derivado de las operaciones de Oxidental Petroleum desde la década del 70.

Desde el 2001 Pluspetrol habría invertido algunos cientos de millones de dólares en el desarrollo de pozos de reinyección de agua para evitar su vertimiento a los ríos, lo cual previene la contaminación ambiental que era común antes del establecimiento de las normas fijadas en los años 90.

Según el experto petrolero y ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos del Solar, en declaraciones al diario Correo, cuando la empresa Occidental inició la explotación del Lote 192 (en 1971), no había  comunidades nativas conocidas en esa zona.

Por lo tanto, quienes ahora reclaman ser comunidades originarias de la zona, y han conseguido pasar una consulta previa que no correspondía a la realidad social, a pesar de contarse con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), están engañando a todo el país. A pesar de esto, el gobierno (MINAM) llevó a cabo el proceso de consulta previa, analizando las posibles afectaciones que podrían producir en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y ahora, estas mismas comunidades insisten en que un nuevo proceso de licitación del contrato no se pudo abrir antes de que se cumplan sus demandas. 

Esta consulta previa trajo consigo muchísimos problemas y más conflictos, los cuales se realizaron a puertas del inicio de la licitación, desincentivando a los inversionistas. Ninguna de las tres empresas inicialmente interesadas en participar (Pluspetrol, la Canadian Pacific Rubiales y Perenco) presentaron ofertas al cierre de la licitación.

Esto no fue una sorpresa, dado que el precio del petróleo estaba por debajo de los US$ 50 por barril (hoy está en US$ 39 el barril) y se estima que se requerirá una inversión de alrededor de US$ 500 millones. Pero el desincentivo más fuerte es la incertidumbre que causan los conflictos por reclamos de comunidades que ni siquiera son originarios de la zona, sino migrantes de Ecuador que habrían llegado cuando empezó sus operaciones la Occidental y se abrieron oportunidades de trabajo.

Además, desde el punto de vista económico este lote no sería muy atractivo por sus altos costos de operación. Actualmente, de la extracción de los pozos el 98% es agua que hay que separar del petróleo (2%) y reinyectar a los pozos de reinyección. Además su petróleo es muy pesado (de alta densidad), por lo que para transportarlo a la costa hay que licuarlo con petróleo ligero y eventualmente con diluyentes importados. Lo que es más, luego hay que costear el alto cargo de transporte que impone Petroperú por el uso del oleoducto y finalmente venderlo por debajo de los marcadores de precio para petróleos ligeros, un estimado de 8 a 10 dólares por debajo del actual precio de US$ 39 por barril. Se estima que los costos de operación son del orden de US$ 40 por barril, por lo tanto, su volumen de reservas, que es un concepto económico, sería técnicamente inexistente.

Ahora muchos medios e instituciones se solidarizan con el reclamo loretano (donde muchos no son ni peruanos) y reclaman que el Lote 192 sea administrado por PetroPerú, a pesar de que después del fracaso de la licitación, se convocó a un proceso extraordinario en el cual se le otorgó la administración a la empresa canadiense Pacific Exploration & Production Corporation por dos años para luego poder hacer una nueva licitación por 30 años. Sin embargo, en Loreto insisten en que PetroPerú opere el lote, sin tener la capacidad técnica ni económica.

Lo que es más, en medio de la euforia del populismo en la que nos vamos deslizando como prolegómeno del proceso electoral, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha publicado un aviso solidarizándose con el reclamo nacionalista y el paro que pretende exigir por la fuerza que el lote 192 sea asumido por PetroPerú. Además, en el Congreso de la República se pretende asignar por ley el Lote a la empresa estatal, absurdo de absurdos.

El 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una ley (número 30130, artículo 6: Petroperú no emprenderá ningún proyecto que le genere pasivos [reales o a futuro], mientras no pague los préstamos por Talara) restringiendo cualquier papel de Petroperú en la esfera productiva ‘upstream o down stream’. Hasta ese momento parecía que Petroperú se haría cargo de una serie de lotes cuyos contratos con empresas privadas extranjeras estaban a punto de expirar, entre ellos el Lote 1A/B en Andoas (ahora conocido como Lote 192) y en Talara, que en conjunto representan la mayor parte del crudo producido actualmente en el Perú.

Además, la petrolera estatal no está en condiciones de asumir ese lote porque sus recursos deben (lamentablemente) ir a la modernización de la refinería de Talara (una inversiónde carácter político de más de US$ 3,500 millones), por lo que no podría (ni tendría los recursos) para asumir el Lote. El 2014 Petroperú perdió más de S/. 150 millones y sus auditores han emitido un dictamen calificado. No nos olvidemos que,hace algunas décadas, las empresas públicas fueron la causa de grandes forados fiscales y de la inflación desbocada que destruyó la clase media y la economía peruana. Según el estudio del IPE “Eficiencia del gasto en América Latina – Perú“, las pérdidas acumuladas por las empresas estatales al 1990 llegaron a US$ 17,738 millones (PPP 1998), monto equivalente al 67% del PBI de dicho año.

Debemos incentivar la producción petrolera, pero con seriedad. Es curioso que los anti extractivistas se opongan a la inversión privada en petróleo en nombre del ambiente, pero a la vez pretendan que el Estado la sustituya, sabiendo que su performance sería de pésimo nivel social y ambiental, tal como es con la gran estafa e inmoralidad de las empresas públicas de saneamiento, que dan un servicio que linda en lo criminal. Nuevamente se quiere hacer política con el tema petrolero. No nos dejemos engañar. Lampadia

Con mucha perspicacia el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, le sigue los pasos al Perú, no para hacer lo mismo que nosotros, sino, todo lo contrario. Mientras el Perú rechaza y desprecia sus riquezas mineras, Ecuador las acoge. Igualmente, cuando el Perú avanza a paso de tortuga en la promoción de buenas concesiones forestales, el Ecuador lanza un programa internacional para atraer inversión en las mejores condiciones.

No nos olvidemos que Correa empezó su gobierno pegado a la prédica chavista anti imperialista y anti inversión. Incluso trató de crear un esquema ambiental por el que quería recibir dinero del exterior, por no tocar sus bosques en actividades petroleras.

Parece que ante el fracaso de esos intentos poco ortodoxos de nutrir sus finanzas y dados los regalos del Perú que ahuyenta las inversiones, Correa ha encontrado el camino para atraer inversión por el lado de la ortodoxia.

Parece que ahora nos toca a nosotros aprender de Ecuador.

En cuanto a minería, hace semanas circula en las redes un video en el que Correa arenga a los ecuatorianos a apoyar las inversiones mineras. Ver el video en:

https://www.youtube.com/watch?v=mD90CKx_MbM

Por el lado forestal, Ecuador esta promoviendo nuevas inversiones a nivel internacional, enfatizando que en su país “no hay conflictos civiles [sociales]”. Ver el comunicado correspondiente a continuación:

ACTUALIZACIÓN DE INVERSIÓN FORESTAL EN ECUADOR

Publicado por la empresa World Forest Investment Inc.

Traducido por Lampadia

Se acaba de celebrar la tercera Conferencia Mundial de la teca en Guayaquil, la capital económica del Ecuador. Hubo 370 participantes de más de 40 países. En una demostración de apoyo del gobierno al sector forestal, tres Ministros y el presidente de la Corporación Financiera Nacional han contribuido a la ceremonia de apertura.

Ecuador cuenta con un agresivo programa de incentivos forestales, en el cual el 75% de los costos de establecimiento y el total de los costos de mantenimiento de los primeros cuatro años son reembolsados. [Más agresivo que el programa original de Chile].

Ecuador cuenta con un sistema seguro de títulos de propiedad, los extranjeros tienen los mismos derechos de posesión de los residentes, la moneda es el dólar estadounidense, y hay una escasez de fibra de madera en el país.

Actualmente, World Forest Investment, Inc. está ofreciendo participación en un proyecto de 23,000 hectáreas en una empresa forestal establecida e integrada verticalmente. Los fondos de inversión se centrarán en un programa de expansión de las plantaciones y la construcción de una tercera planta de paneles para la empresa.

Se trata de un paquete financiero flexible y puede ser modificado para adaptarse a los inversores. El tamaño del proyecto puede variar de US$ 20 millones a US$ 70 millones y hay otros proyectos en el país que podrían llevar la escala inicial a US$ 100 millones.

Hay un ppt disponible para los interesados y, después de firmar un acuerdo de confidencialidad, se proporcionarán los estados de flujo de efectivo y, consecuentemente se contestarán preguntas.

Otros datos de Ecuador:

• Ecuador es el mayor exportador de teca en América Latina
• No existen conflictos civiles armados en Ecuador [Sociales]
• Las plantaciones forestales están bajo la regulación del Ministerio de Agricultura

Por favor, responder a este correo electrónico para cualquier consulta.

Marcos Willhite

Presidente

World Forest Investment, Inc.

World Forest Investment cuenta actualmente con asignaciones de trabajo en Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Chile, Canadá, Nueva Zelanda, Ecuador, Brasil, Panamá, Uruguay, Mozambique y Warm Springs Nation. Obviamente, el Perú no figura.

Ver documento original en ingles:

Continuamente la izquierda peruana le cuelga al agro peruano el sambenito de que existe una concentración de la tierra en pocas manos. Nada más falso. Así lo demuestran repetidamente los censos agrarios. Los resultados del último censo entregan una serie de resultados interesantes sobre el sector: Un importante crecimiento del área agrícola y del volumen y diversificación de la producción, no están aumentando los minifundios, los propios minifundios no se empequeñecen y, por supuesto, no existe un proceso de concentración de la tierra.

La cruda realidad es que Perú es un país que se caracteriza por la fragmentación de la propiedad de la tierra. El promedio de extensión agraria es de 3.3 hectáreas (como se puede observar en el gráfico más abajo) por unidad agropecuaria, mientras que el promedio en Latinoamérica oscila entre 30 a 50 hectáreas. 

Nota sobre definiciones (según el INEI):
Unidad Agropecuaria: Se define como el terreno o conjunto de terrenos, utilizados total o parcialmente para la producción agropecuaria, conducido como una unidad económica por el productor agropecuario, sin considerar la extensión, régimen de tenencia y condición jurídica.
Parcela: Parte en que se divide un terreno agrícola o urbanizado en el campo.

El sector agropecuario ha venido creciendo sostenidamente con una tasa anual promedio de 4.0% entre el 2000 y 2013. Sin embargo, el sector no ha avanzado al mismo ritmo que la economía, que creció a una tasa promedio de 5.9% durante el mismo periodo

El 6% de la superficie total del Perú (7.1 millones de hectáreas) corresponde a tierras con capacidad para cultivos agrícolas, de las cuales sólo el 58% se encuentra cultivado (4.1 millones de hectáreas). Desde 1994 al 2012, período en el que se permitió el regreso de la inversión privada al campo, la superficie agrícola se incrementó en 30%.

El sector se caracteriza aún, en términos de unidades agrarias, por ser una economía de parceleros, donde el 91% del total de las unidades agropecuarias son parcelas de menos de 10 hectáreas. Como se muestra en el censo del INEI (ver tablas siguientes), las unidades que más han aumentado son las pequeñas (de hasta 5 Has).

El sector agropecuario contribuye con el 10% de las exportaciones totales del país en el 2013 (3% en 1995, 7% en el 2005), es la tercera fuente de divisas después de la minería e hidrocarburos,  impulsado principalmente por la comercialización de productos no tradicionales, los cuales crecieron en 21% en el 2013. Cabe señalar que las exportaciones agropecuarias están constituidas por una cartera diversificada de productos, tanto tradicionales como no tradicionales.  

El mayor crecimiento en el valor de la producción agraria se viene dando en los productos de exportación, como uvas, espárragos, palta, café, entre otros. Entre los productos que más han incrementado su participación en la producción agraria desde el 2003 hasta el 2013 están la uva (de 1.6% a 3.2%,) y los espárragos (de 2.4% a 3.3%); mientras que los productos que más caen en la contribución agraria están la alfalfa (de 10.2% a 8.6%) y el algodón (de 2.2% a 1.0%). 

La producción agrícola es muy diversificada geográficamente: la mitad de la producción agropecuaria está corresponde a siete departamentos (Lima, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Junín, Ica y Puno). 

Además, este sector ha permitido generar gran cantidad de empleo formal rural. Ica, uno de los departamentos con mayor producción agrícola, tiene pleno empleo. La sierra ha empezado su incorporación al boom agrícola un poco después, pero hay una serie de procesos positivos, como el de Sierra Productiva, que introduce el riego por aspersión y permite que las unidades productivas más pequeñas tengan importantes desarrollos (ver en Lampadia (L): Perfilemos una gesta por la educación y Sierra Productiva hace que las personas      sean libres. También debe destacarse que con la introducción de la quinua en los mercados internacionales, se ha abierto el camino para los demás granos serranos, ver en (L): La Sierra lleva a la quinua a los mercados globales y al desarrollo.

Otro desarrollo vinculado al campo es el aumento en los beneficios que recibe buena parte de su población mediante los programas sociales:

El sector agrícola peruano tiene un inmenso potencial de desarrollo, en la costa, sierra y selva. Lamentablemente, todavía se le sigue tratando, en gran medida, como un “sector social”, rehén de los políticos tradicionales, ONGs y gobiernos, que en su nombre, pretender crear plataformas políticas o fuentes de ingresos. El sector agrícola debe ser tratado como un “sector productivo”. Debemos facilitar sus conexiones a los mercados locales e internacionales y promover el desarrollo de las infraestructuras sociales y económicas  que permitan mejores condiciones productivas y de vida a sus poblaciones. Lampadia