Esta cuarta publicación sobre nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, desarrollada en colaboración con Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, está referida a las condiciones políticas y sociales que hoy se hacen indispensables para el desarrollo de los numerosos proyectos  mineros que pueden contribuir al crecimiento de la economía en su conjunto y, también, contra lo que se ha predicado por parte de los grupos anti mineros, al bienestar de las poblaciones más vinculadas al sector.

Lamentablemente, ante la debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, los anti mineros han logrado convertir los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto. No solo el gobierno actual ha abdicado de sus responsabilidades y, ha permitido que sus otrora socios de la anterior campaña política paralicen buena parte del sector, el 100% de los candidatos a la Presidencia de la República, los 19 que arrancaron y los dos que quedan, han expresado distintas formas de desconocimiento, sometimiento a lo ‘políticamente correcto’ y han caído en propuestas de corte populistac.

Estamos a menos de un par de meses del cambio de mando y si el próximo gobierno quiere emprender las reformas pendientes y reactivar la economía, tendrá que desarrollar una estrategia para hacer viables los proyectos, debilitando los aprontes políticos de sus opositores y logrando el apoyo de la sociedad en su conjunto y de los pueblos  de las regiones y provincias mineras.

En las siguientes líneas presentamos algunos lineamientos para ilustrar este importante cometido. Ver los tres primeros capítulos de este desarrollo en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

Consenso para el Desarrollo Compartido

(Propuestas para Reducir la Conflictividad, 4 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

El inicio de un gobierno ofrece una oportunidad para hacer cambios en las políticas públicas y retomar el desarrollo perdido en la actividad minera durante los últimos años. En los próximos meses, el nuevo gobierno deberá diseñar una serie de iniciativas que desaten el nudo Gordiano de la conflictividad social ligada a la minería para destrabar la puesta en marcha de los proyectos mineros hoy paralizados. Si queremos que la actividad minera sea sostenible, es decir, que sea parte del presente y del futuro del país, su reactivación debe tener legitimidad social, es decir debe ser lograda en acuerdo con las poblaciones de las regiones mineras.

Este artículo busca dar algunas ideas en ese campo. Partimos del supuesto de que la minería tiene defensores y detractores y, que estos últimos han logrado paralizar decenas de miles de millones de dólares en proyectos, han bloqueado la generación de miles de puestos de trabajo, han quebrado a muchas empresas locales, y han sido exitosos en impedir que la población de la regiones mineras reciba algunos miles de millones de dólares en obras públicas producto de impuestos y canon. También asumimos que, si hacemos bien las cosas, la minería podría ser nuevamente uno de los principales motores del desarrollo nacional para los próximos 35 años.

Anti-mineros y polarización política

El reciente proceso electoral, en su 1ª vuelta, ha evidenciado una alta correlación entre la fuerza electoral de las organizaciones políticas anti-sistema y la conflictividad social. La conflictividad es alta justamente donde esos grupos tienen sus fuerzas políticas desarrolladas, y sus fuerzas se desarrollan mejor donde logran desencadenar procesos de conflictividad social. 

Es muy importante entender la dimensión política de la conflictividad social, porque la estrategia de los grupos anti-mineros es crecer en la conflictividad. Es decir, para ellos es más fácil lograr presencia mediática y la atención pública a través de los conflictos. Toda vez que se abre un conflicto ellos obtienen, gratuitamente, presencia mediática, presentándose como las voces autorizadas para hablar de conflictividad y de su resolución. 
No es coincidencia que los líderes anti-mineros más conocidos (candidatos en el reciente proceso electoral) han adquirido su notoriedad provocando y/o participando en grandes conflictos sociales hostiles a la minería: Gregorio Santos y Marco Arana en Cajamarca y Verónika Mendoza en el Cusco. Hablando en términos biológicos, la conflictividad social es el eco-sistema preferido de los anti-mineros. La efectividad de esa estrategia se evidencia en el mapa de los resultados del reciente proceso electoral. Ello se ha evidenciado a lo largo de toda la cordillera Andina.
Lo interesante es que los resultados electorales de los distritos y provincias mineras, han sido independientes de las opciones políticas de sus regiones. Por ejemplo: Cajamarca es una región anti-minera, entonces no sorprende la influencia electoral de los anti-mineros en las provincias y distritos Cajamarquinos. Piura es una región pro-desarrollo, donde ganó Fuerza Popular, pero en la provincia piurana de Majaz, los anti-mineros obtuvieron 59%; y en Lambayeque, en Cañaris, obtuvieron 47%. Todos distritos en que ocurrieron los conflictos mineros [1].  
Los anti-mineros aceptan una parte de la relación expresada en el gráfico superior: ellos tienen fuerza política donde hay conflictividad social (la conflictividad social favorece su expansión); pero buscan ocultar la otra parte de la relación: donde los anti-mineros tienen fuerza política la conflictividad social es más alta. Ellos buscan ocultar que su presencia genera y/o aumenta la conflictividad. 
Con las evidencias de las recientes elecciones (ver en Lampadia: Rebelión, de Richard Webb), colapsan los intentos de presentar la conflictividad minera como resultado exclusivo de la mala relación entre las comunidades locales y las empresas mineras. Ya no se puede  reducir el tema de la superación de la conflictividad a una cuestión de distribución de los beneficios de las actividades extractivas o del manejo de los impactos sociales y ambientales de la minería, o por la presencia del Estado, sin considerar el rol de todos los actores políticos que operan en la zonas mineras. En realidad, los actores políticos anti-mineros tienen un rol crítico en coordinar y escalar pequeños conflictos y para transformarlos en una  perturbación mediáticamente visible que les genere protagonismo a nivel nacional. 

Esos resultados confirman el marco interpretativo que hemos presentado en artículos previos de esta serie, donde explicábamos que los conflictos mineros están relacionados a la influencia política de organizaciones hostiles a la minería y a su accionar.[2] En esos artículos explicábamos que la posibilidad de un proceso de desarrollo compartido, dinamizado por la minería, depende del accionar de cuatros actores: las empresas mineras, la sociedad regional, las instituciones públicas y los grupos anti-mineros. El descuido del rol de cualquiera de esos actores genera propuestas inviables. Si queremos reducir la conflictividad necesitamos poder afectar la conductas de todos ellos, y no solo de las empresas o del estado.

¿Es suficiente la Inversión Pública?

La gran mayoría de la población peruana espera que el nuevo gobierno sea capaz de reabrir la ruta del desarrollo del Perú, y para ello se hará necesario reactivar la inversión en la minería. Pero si queremos aprovechar esa oportunidad y construir regionalmente un ambiente social y político favorable a un desarrollo compartido en que la minería cumple un rol dinamizador, necesitamos entender bien los factores que están detrás de la conflictividad.

Hay quienes creen que será suficiente que el nuevo gobierno se encargue de poner en marcha algunos grandes proyectos de infraestructura, con impacto en la economía local. Sería excelente que ello fuera así, pues hacer obras es más fácil que influenciar sociedades. Las obras serían suficientes si las poblaciones naturalmente se dieran cuenta que las obras son efectos positivos de la actividad minera sobre el desarrollo local. Pero, la experiencia reciente muestra el tema de la conflictividad es más complejo.

En los últimos 10 años han sido transferidos, mediante el canon, S/. 36,200 millones a las regiones mineras del Perú, equivalente a US$ 11,104 millones, por concepto de canon minero a las regiones (Una cantidad fabulosa de recursos!) y su reconocimiento por las poblaciones locales como contribución de la minería al desarrollo es muy discutible.[3] Si esa relación estuviera clara para la población, los anti-mineros no habrían obtenido tanto apoyo político en las zonas mineras en estas elecciones. Los votantes de los anti-mineros no entienden que los recursos que reciben vía canon proviene de la minería, no saben que el canon minero es el 50% de los impuestos pagados por las empresas mineras.

Sólo Minera Yanacocha ha realizado un aporte de US$ 1,711 millones por concepto de canon al desarrollo de Cajamarca. Además del canon de esa empresa en particular está el canon aportado por las otras empresas mineras (Gold Field, Tantahuatay, etc.), los aportes por cientos de millones de dólares en diversos proyectos locales, y las inversiones del gobierno nacional, financiadas con impuestos de la actividad minera. [4]

Sin embargo, en Cajamarca los grupos anti-mineros juntos (Democracia Directa y Frente Amplio) han obtenido más del 50% de los votos en las recientes elecciones generales, y sus campañas fueron enfocadas en oponerse a la minería, especialmente a Minera Yanacocha, pero también a Gold Field y a la minería como actividad productiva. Hay distritos en Cajamarca, en donde los anti-mineros han obtenido más del 80% de respaldo político, independiente de la existencia o no de alguna actividad minera en su área. Ello evidencia que hay un sistema de creencias y de alineamiento político de la población en Cajamarca que les impide imaginar su desarrollo en una relación sinérgica con la minería.

Podríamos considerar que las autoridades locales y regionales no han hecho un uso óptimo del canon minero, dados los montos gigantesco de las contribuciones fiscales de la minería y los índices actuales de pobreza de algunas regiones beneficiadas por el canon, pero independiente de las explicaciones de la ineficacia del canon, importantes segmentos de la población no relacionan minería, canon y desarrollo. En algunas regiones, la población cree que la paralización de la minería no tendría mayor impacto en sus actividades económicas, e incluso, podría ser bienvenida por algunos segmentos sociales significativos. Solo así se explica ese grito que decía: “Canon sí, minería no”.

Hacia un nuevo consenso social y político

Hay que tener claro que, haga lo que haga el nuevo gobierno para reactivar la minería, las organizaciones anti-mineras van buscar descalificar las iniciativas y van intentar crear un movimiento de oposición en las regiones, en los medios nacionales y en el Congreso de la República (junto con rebotes internacionales tácticos). El nuevo gobierno, por lo tanto, no deberá enfocar su estrategia de reducción de conflictos sociales en la realización de obras, sino con la creación de condiciones sociales y políticas que viabilicen la inversión y las actividades mineras. Las obras serán efectivas en la medida en que sirvan como instrumento para este objetivo.

La reactivación de la minería necesitará ser un proceso no solo económico sino principalmente social y político, tanto en el ámbito regional como nacional. Por ejemplo: los Cajamarquinos necesitarán evaluar su experiencia con la minería, tanto en período del auge minero (2003-2013) como en su actual período de reducciones y cierres. Los líderes regionales y la población necesitarán repensar sus aciertos y errores, e imaginar cómo pueden combinar la actividad minera con sus otras actividades económicas, para volver a ser una región atractiva para las inversiones mineras.

En ese proceso de creación de un nuevo consenso deben participar tanto los sectores rurales como urbanos. Este proceso no debe reducirse a una negociación entre las empresas mineras y las comunidades vecinas a sus operaciones, de espaldas a los demás actores. Esta clase de negociación estimula la conflictividad y la búsqueda de rentas económicas de parte de algunos dirigentes y sectores sociales, como sucedió recientemente en Arequipa y anteriormente en Espinar, y de rentas políticas por parte de aventureros locales y nacionales. El consenso social a crearse debe involucrar a todos los actores de la sociedad regional, y no solo a las fuerzas en conflicto.

El desarrollo regional compartido, y el rol de la minería en ese desarrollo, interesa a todos los segmentos de la población, y también a las empresas e instituciones de la región. Las actuales mesas de concertación, creadas para manejar conflictos, son insuficientes para canalizar las expectativas y hacer cumplir los compromisos de todos los sectores y actores institucionales y empresariales cuyo presente y futuro serán afectados por la paralización o desarrollo de la minería.

Los sectores medios de las sociedades regionales deben tener espacios en que puedan expresarse libremente, sin la hostilización de los grupos anti-mineros. La diversificación de las economías regionales dependerá críticamente del desarrollo de las empresas locales. Además, son esos sectores medios que pueden evitar la polarización social que tanto buscan los anti-mineros para generar una dinámica de conflicto en la cual su postura extremista pueda fortalecerse “pulverizando el centro”. Los sectores medios regionales deben ser empoderados para hacer posible que los intereses de los sectores menos conflictivos, que apuestan por la creación de riqueza y no por el conflicto rentista o ideológico, puedan expresarse en libertad.

Son los sectores medios quienes pueden generar una diversidad de oportunidades para que los sectores de menores ingresos saquen provecho de la minería sin tener que utilizar la conflictividad como mecanismo principal de disputa de las rentas mineras. Es importante que las empresas mineras fortalezcan las cadenas de valor locales, pero el desarrollo compartido requiere más que esto. Si queremos democratizar las oportunidades de desarrollo, necesitaremos que los sectores medios (rurales, urbanos y peri-urbanos) progresen económicamente y generen oportunidades de empleo, y demanda de productos y servicios a los demás sectores sociales.

La victoria electoral en esta 2ª vuelta, sea de quien sea, le va entregar al nuevo gobierno un gran capital político, un capital que no debe ser desaprovechado. El gobierno deberá enviar las señales políticas, definir las reglas del juego, ofrecer el marco institucional, y crear las condiciones para que el proceso de creación de ese nuevo consenso social y político avance en las regiones mineras. Las experiencias exitosas de desarrollo minero, como la de Botsuana, África, muestran que el uso efectivo de los recursos generados por la minería (canon, impuestos, regalías, etc.) ha sido un factor importante del éxito de esos países (Acemoglu et al, 2001, p. 19).[5] Estos últimos 10 años de canon y desarrollo regional muestran que el aprovechamiento de las rentas mineras en el Perú es muy deficiente, y esta ineficiencia contribuye al incremento de la conflictividad.

Todo el proceso debe realizarse estando consciente que se requiere fortalecer a una red de actores locales que visualizan en el desarrollo compartido dinamizado por la minería como su ruta de progreso. Esos actores locales, con un apoyo del Estado y de políticas públicas, serán quienes podrán encontrar las rutas de prevención y/o de solución a los conflictos que pueden darse en las zonas de actividad minera.

No es cuestión de reunir a los anti-mineros para ver si se logra convencerlos a abandonar su estratégica de promoción de conflictos, ni mucho menos ofrecerles protagonismos y beneficios con la ilusión de ganarlos o neutralizarlos. Ellos ya saben como obtener beneficios de la conflictividad, lo vienen haciendo por décadas, y tienen una ideología de polarización social (son, en un 90%, anti-sistema). Ellos solo van dejar de promover conflictos cuando sus métodos comiencen a fracasar, es decir, cuando la población comience a rechazar sus iniciativas y pongan sus esperanzas en otra dirección.

¿Por donde empezar?

Cada región del Perú va ser un caso específico, con su historia de conflictividad, con una institucionalidad local particular, con un clima social específico, y con una situación económica y política pero todas deberán ser parte de una propuesta de alcance nacional.

No hay que empezar por abordar los problemas más difíciles, sino por solucionar aquellos casos que, siendo viables en un plazo breve, pueden asumir un rol demostrativo del tipo de solución posible en los casos más difíciles. También se puede comenzar desde ahora operando en las regiones con los casos más conflictivas, pero debemos hacerlo abordando los temas en los cuales ya hay elementos de consenso social, como la reparación de los pasivos mineros.

Las iniciativas a poner en marcha deberán ser acciones simbólicas para que la población local pueda comenzar a imaginar como sería el desarrollo en su zona, y así puede comenzar a creer en la sinergia entre la minería y sus otras actividades económicas. El propósito de las primera acciones será crear confianza, en como podría ser un proceso de desarrollo compartido, y gradualmente generar entusiasmo en la población.

La población se va convencer por más los ojos que por los oídos, es decir, los avances logrados en algunas zonas van servir de referencia de lo que podría suceder en otras zonas. No hay que reinventar la rueda ni la pólvora. Hay que identificar las iniciativas de desarrollo compartido que ya están en proceso. Hay que generar espacios regionales y nacionales en que puedan ser visualizadas, compartidas y potenciadas. Hay que mapearlos a nivel nacional, visibilizarlos y extraer lecciones de cómo podrían se generalizados y/o ampliados. A nivel local, mucha gente creativa ya ha venido progresando en armonía con la minería, tipo ferias de innovación para el desarrollo compartido. Estos casos deben inspirar nuevas iniciativas e ilustrar lo que puede ser en la escala regional. Estos casos, además, van a servir como prueba de lo que se puede lograr con el apoyo de políticas nacionales adecuadas.

Naturalmente, se van a requerir reformas en las instituciones públicas nacionales ligadas a la actividad minera y al desarrollo regional. Será necesario además crear el marco institucional regional para que los sectores medios (empresas, universidades, instituciones privadas, etc.) tengan voz. Esos cambios en el marco institucional necesitarán ser bien pensados, para reducir la generación de espacios para la disputa social y para propiciar la difusión de una narrativa que legitime la actividad minera y la iniciativa empresarial regional.

Lampadia

[1] http://www.lampadia.com/analisis/mineria/conflictos-mineros-y-resultados-electorales

Lampadia junto con el Centro Wiñaq, está formando una biblioteca virtual especializada sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, que se nutre de diversos artículos y ensayos para mostrar con rigurosidad la grave situación de parálisis de las inversiones mineras y otras, a la que nos ha llevado las prácticas anti-mineras.

La siguiente contribución de Sebastiao Mendonça Ferreira para Lampadia, la tercera sobre las propuestas para combatir la conflictividad anti-minera, siempre desde la perspectiva de un enfoque estratégico y sistemático, se refiere al importante rol que debieran desarrollar los gremios mineros.

El Rol de los Gremios

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

El gremio minero fue creado para representar los intereses colectivos de su sector, es decir, los de las empresas mineras, petroleras y de energía que operan en el Perú. Sin embargo, los anti-mineros han logrado paralizar proyectos mineros importantes y bloquear cerca de USD 21 mil de inversiones en los últimos años. Ello significa que los gremios empresariales, y el minero en particular, necesitan adaptar su accionar a las nuevas condiciones de la conflictividad que enfrentan. Algunas ideas en ese sentido.

El desafío de la Opinión Pública

A pesar de la importancia extraordinaria de la minería para la economía peruana, (exportaciones, participación en el PIB, generación de empleo en zonas alejadas de Lima, encadenamientos multisectoriales y contribución determinante a la recaudación fiscal),[1] una parte significativa de la opinión pública nacional es contraria a sus actividades. Ello es verdad a nivel nacional, y aún más verdad en las regiones mineras.

La opinión pública depende de las prácticas empresariales pasadas y presentes, del manejo adecuado de los impactos positivos y negativos de la minería, a nivel local, y nacional, y del accionar sistemático de los grupos que, por intereses políticos, difunden una narrativa contraria a la minería, así como por los silencios de los gremios, empresas y personas vinculadas a los sectores atacados.

La opinión pública es vital para la sostenibilidad de la minería. Si la opinión pública es favorable, los gobiernos tienen mayor convicción para tomar las medidas necesarias para al desarrollo de las actividades mineras. Si la opinión pública es negativa, los aventureros políticos encuentran condiciones favorables para especular con los temores de la población y para presionar a los gobiernos, y los gobiernos dudarán en cumplir sus obligaciones legales.

Iniciativas prioritarias:

1. Conocer las creencias de la población y la narrativa anti-minera: Promover estudios en profundidad sobre las razones por las cuales los diversos sectores de la población temen o no desean la minería, y hacer visible el sistema de creencias valores y estereotipos en que se sustentan esas ideas. Una vez entendido esto, analizar la narrativa de los grupos anti-mineros, entender la lógica con la cual ellos influencian a las poblaciones locales y a la opinión pública nacional, y desarrollar una narrativa en la cual la minería y el desarrollo sostenible sean entendidos y valorados por la población.[2]
2. Frenar el daño producido por ideas falsas y rumores: Promover la realización de estudios e investigaciones serias sobre los impactos de la minería sobre la economía local y sobre el ambiente.  Los resultados de esos estudios deberían ser difundidos para evitar que los líderes de opinión y la misma población sea confundida con falsedades y rumores.
3. Capacitar a los formadores de opinión: Realizar eventos periódicos con formadores de opinión y estudiosos interesados en minería, para que entiendan mejor los aportes y los riesgos reales de la actividad minera, descifren la narrativa anti-minera, mejoren el nivel de rigor en la descripción e interpretación de los eventos, y contribuyan a mejorar la actividad minera y su legitimidad en la sociedad peruana.[3]
4. Promover actividades de comunicación permanentes que vayan formando un sentido común cercano a la inversión privada, el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y los circuitos de valor compartido generado por los grandes proyectos para la sociedad en su conjunto.

Desarrollo Compartido

La minería puede ser un poderoso motor del desarrollo regional y nacional. Pero, ello requiere que los líderes, empresas e instituciones locales tengan una visión compartida de progreso regional y del rol que la minería puede tener para contribuir a ese progreso. La creación de consensos sociales favorables a la minería dependen mucho de que los actores locales tengan esa visión compartida.

Para adquirir esa visión los actores locales necesitarán conocer experiencias prácticas en sus mismas regiones, que funcionen como laboratorios para explorar diversas modalidades de generación de sinergias entre la minería y las demás actividades, que permitan apreciar las mejores maneras para lograr que la minería contribuya a dinamizar las otras actividades.

Estas experiencias podrían aprovechar el enfoque ”Shared Value” desarrollado por Michael Porter[4] y experiencias exitosas de desarrollo rural ya validadas por programas como “Sierra Productiva,”[5] moldeándolas en propuestas de desarrollo local que combinen las potencialidades económicas locales, y las capacidades de las empresas, de la sociedad civil (Cámaras de Comercio, organizaciones de desarrollo, colegios profesionales, universidades, etc.) y de autoridades locales como los Gobiernos locales, Gobierno Regional, oficinas del Gobierno Central, etc.

Iniciativas prioritarias:

1. Promoción de iniciativas de Desarrollo Compartido: Los gremios empresariales podrían apoyar (coordinación, diagnóstico, diseño y soporte técnico) a la puesta en marcha de experiencias piloto de Desarrollo Compartido. Esas experiencias piloto pueden ser pequeñas, en una escala viable para los recursos financieros posibles de canalizar en el corto plazo y manejable para los actores locales listados arriba. 
2. Uso del Canon: Esos proyectos de Desarrollo Compartido deberían orientar el uso de Canon y de parte de las actividades de Responsabilidad Social de las empresas mineras,[6]  y podrían, además, canalizar recursos del gobierno central para la creación de la infraestructura y condiciones que fueran necesarias.
3. Intercambio de experiencias: Tal como hace el equipo de Shared Value en Harvard, los  gremios peruanos podrían organizar eventos regulares de intercambio de experiencias de Desarrollo Compartido, y visitas in situ, para acortar la curva de aprendizaje, avanzar en la escala y propagar más rápido los buenos resultados.

Prácticas empresariales

En los últimos años (básicamente por exigencia de sus matrices) las empresas mineras han mejorado los estándares de sus prácticas operativas, ambientales y sociales, así como la transparencia de sus reportes en Responsabilidad Social Corporativa,[7] en Gestión Ambiental (ISO 14.000),[8] y en Derechos Humanos.[9] Los resultados fueron positivos en sus países de origen: En la medida en que la opinión pública se ha ido informando de esos nuevos estándares, la legitimidad de las empresas ha mejorado.

Sin embargo, en el Perú estos estándares y reportes son poco conocidos y menos entendidos. Además, los periodistas y la opinión pública nacional no tienen como chequear si estos estándares son efectivamente cumplidos en Perú. La población no sabe si las empresas mineras con certificación ambiental internacional están o no están contaminando en el Perú. Ese desconocimiento deja espacios para la propagación del temor y para que grupos contrarios a la minería lancen campañas de rumores contra las empresas, y haciendo difícil a las empresas corregir esos rumores.[10]

Acciones constructivas:

1. Referencia creíble: Los gremios podrían establecer revisiones periódicas de las prácticas de las empresas, para verificar el cumplimiento en el Perú de los estándares globales en los temas operacionales, ambientales y sociales. Los indicadores considerados en esos estándares deberían ser adaptados localmente de modo a responder a la geografía local y a las preocupaciones de la población peruana, especialmente en las zonas mineras. Esas revisiones periódicas deberían identificar los aspectos en los que las empresas necesitan mejorar, y verificar si los problemas anteriores están siendo corregidos.
   La calidad técnica de esas revisiones es un prerrequisito, pero no es suficiente. Tampoco es suficiente la publicación de algún boletín técnico con los reportes.
2. Conocimiento Público: El conocimiento y credibilidad ante la opinión púbica peruana es un factor crítico. Para lograr ese conocimiento y credibilidad en la opinión pública, la organización responsable de dicha auditoria deberá publicar los resultados estableciendo un sistema de categorías del grado de cumplimiento de las diversas empresas, y realizar reuniones periódicas con los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Esos informes deben constituirse gradualmente en la referencia de la sociedad peruana sobre la calidad de las prácticas de las empresas mineras. Sus pareceres deben tener alta respetabilidad en todo sentido.
3. Reconocimiento a los mejores: Podría generarse un premio, tipo diploma en Responsabilidad Social, a las empresas que alcancen excelencia en sus prácticas operacionales, sociales y ambientales. Las ceremonias de premiación podrían constituirse en una plataforma para explicar a la población los avances que la minería está alcanzando en el país en esas tres áreas. 
4. Experiencia de Australia: En Australia ya se ha creado un sistema local de revisión de las prácticas de las empresas mineras, realizado por una organización independiente, como él que sugerimos aquí, y las conclusiones de un estudio de 2006 afirman que han sido muy positivas para el mejoramiento de sus prácticas operativas, ambientales y sociales de las empresas mineras, y para la legitimidad de la minería. [11]