La CGTP no quiere ampliar su propia base sindical
En términos reales, la CGTP no existe. Como dice Jaime de Althaus en su artículo que compartimos líneas abajo: “trabajadores sindicalizados en el sector privado, el gran empleador del país, son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP (y a la CUT). Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla. Ridículo también. La CGTP ha fracasado estentóreamente en su propia misión. Y no le importa”.
En cuanto a capacidad de comunicación con sus propios afiliados, la cosa es penosa: la belicosa y bullanguera CGTP sólo tiene 28,165 seguidores en su Facebook (ver ilustración). Ni siquiera sus afiliados la siguen. Ha devenido en inútil y no representativa para los trabajadores, a los que en verdad inhibe de pasar a un estadío de mejor calidad de empleo. Es el gran enemigo de los jóvenes que deben refugiarse en el trabajo informal sin ningún tipo de protección.
Las centrales sindicales no representan a los trabajadores peruanos. Sólo sirven para que sus eternos dirigentes vivan de sus pocos afiliados.
Ver artículo:
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es lamentable la actitud de la CGTP. Es no solo objetivamente anti popular, porque defiende un ‘statu quo’ excluyente, sino miope y tonta, porque ni siquiera defiende sus propios intereses de mediano plazo al insistir en una posición que le impide dar un salto en la cantidad de trabajadores sindicalizados para ampliar significativamente su base social.
Por primera vez en lustros estamos ante un gobierno y un ministerio del Trabajo que están trabajando seriamente en el diseño de una política de formalización de la economía y del empleo precisamente para que haya muchos más trabajadores y empleados con derechos (entre ellos la sindicalización) y con protección frente a las adversidades de la salud, el desempleo y la vejez. No es un problema fácil, y en lugar de sumarse y participar con su propio punto de vista en este esfuerzo nacional, opta de manera suicida por boicotearlo, aparentemente azuzada por los fantasmas de la guerra fría y la lucha de clases.
En efecto, en su mensaje por el 1º de mayo, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, acusa al ministro de Trabajo de mentiroso y de imponer la “reforma laboral” de la CONFIEP, “que busca precarizar aún más el empleo. Más contratos temporales, menos seguridad en el trabajo, menos derechos y menos ingresos pues se piensa eliminar las gratificaciones”. Para acto seguido arengar a los trabajadores a salir a las calles para defender “nuestros derechos laborales, nuestros empleos y nuestras remuneraciones” y “derrotar la política neoliberal”.
Algunos creen que ese lenguaje arcaico de los 70 refleja tan poca evolución que no puede ser auténtico sino más bien una táctica de los dirigentes que siempre les ha funcionado para mantenerse en sus rentados y sempiternos cargos dirigenciales. Cierto o no, es una lástima que mientras el Perú se moderniza y avanza, haya un sector todavía anclado en el pasado o en sus pequeños intereses haciendo lo imposible para frenar el progreso. Es la fuerza más reaccionaria que hay. Obsesionada con proteger la situación de una minoría o la suya propia, se olvida de la mayoría de peruanos que carecen de derechos. Cree, paranoicamente, o quiere hacer creer interesadamente, que cualquier esfuerzo para dinamizar el mercado, facilitar las inversiones e incluir a los excluidos (incluso en la sindicalización), es una conspiración oscura para despojar de sus “derechos” a los pocos que los tienen (cuando en realidad incrementaría sus ingresos).
Denuncia Gerónimo López que la reforma del Ministro “busca precarizar aún más el empleo”. ¿Pero qué empleo más precario que el del 73% de la PEA que vive en la informalidad, sin 1º de mayo, sin vacaciones, sin salario mínimo, sin seguridad social, sin pensiones ni nada? Lo que debe denunciarse es que la situación de ese 73% obedece en parte a una legislación laboral excluyente que tiene que ser reformada, y que la CGTP defiende oponiéndose a reformarla. La CGTP es en parte culpable de la extremada precarización sin derechos del trabajo en el Perú.
Acusa Gerónimo López que la reforma laboral del Ministro busca “más contratos temporales”. Lo que no dice es que la elevada proporción de contratos a temporales a plazo fijo en el Perú (51.5% frente a un 27.6% a plazo indeterminado, y si tomamos solo el sector privado ese porcentaje sube a alrededor del 70%) se debe precisamente a la llamada estabilidad laboral absoluta consagrada por el Tribunal Constitucional que lleva a las empresas a huir del contrato a plazo indeterminado y a contratar a plazo fijo. Y si, como dice PLADES,[1] los contratos a plazo fijo “desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva de los trabajadores, disminuyendo las posibilidades de obtener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo”, entonces es obvio que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se puedan sindicalizar y pueda así la CGTP ampliar sus bases y su poder. En ese sentido, esa Central debería ser la primera en abogar por una aclaración al art. 27º de la Constitución que establezca que la indemnización por despido es una protección adecuada al mal llamado despido arbitrario. Pero no le interesa. Ni siquiera quiere ampliar sus bases. Sólo aferrarse a lo poco que tiene, y a los cargos directivos. Come y no deja comer. Peor que el perro del hortelano.
Por eso es que los trabajadores sindicalizados en el sector privado, el gran empleador del país, son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP (y a la CUT). Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla.[2] Ridículo también. La CGTP ha fracasado estentóreamente en su propia misión. Y no le importa.
Para la empresa privada tampoco es bueno tener a la mayoría de sus trabajadores a plazo fijo cuando se trata de tareas permanentes, no solo porque se reducen las posibilidades de capacitación, sino porque le resulta más caro desprenderse de trabajadores cuando tiene que hacerlo. Si vemos el cuadro, la mayor parte de las salidas de trabajadores de la relación laboral se producen mediante compra de renuncias, por las que la empresa paga montos superiores a los que pagaría si pudiera indemnizar por despido. Es decir, a la empresa le resulta más oneroso un régimen en el que no puede tener a sus trabajadores en contratos de plazo indeterminado en labores permanentes debido a la inutilidad de recurrir a la indemnización para el término de la relación laboral.
Lo increíble es que la CGTP se ha retirado del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) ni siquiera porque el ministro Grados haya planteado este tema, sino porque sencillamente no quiere participar en la discusión de reforma alguna. No quiere sentarse a discutir un nuevo pacto laboral. Es decir, apenas se percató de que el diálogo podía llevar a una reforma seria, se retiró. Lo que pasa es que el Ministro le dio importancia, protagonismo y capacidad resolutiva al Consejo Nacional del Trabajo, y eso le preocupó. Es el temor al diálogo racional.
En efecto, Alfonso Grados presentó a ese foro en diciembre 19 propuestas vinculadas a temas como los ceses colectivos (para que funcionen pero protegiendo mejor la situación de los trabajadores),[3] la negociación colectiva (para mejorar el arbitraje potestativo[4] por ejemplo), y las escalas de multas del Sunafil (para que no se aplique a una familia o a una microempresa la misma multa que a una gran empresa, por ejemplo), entre otros. El CNT trabajó intensamente durante 3 meses y medio. Allí sí participaron las Centrales, en diálogos técnicos. Al término del proceso tanto las Centrales como los empleadores pusieron por escrito sus propuestas finales en torno a las 19 propuestas. De ellas, el Ministro retiró 2, que habían sido objetadas por los trabajadores. 5 quedaron casi concertadas. En otras 5 “me incliné a favor de trabajadores y en 7 a favor de empleadores. No es pantalla. Las 19 fueron todas modificadas”, refiere Grados.
Pero “cuando se dan cuenta que quiero abrir dialogo abierto en el CNT, ya no quieren participar. Dejaron sin quórum dos sesiones y no acudieron a la última invitación del jueves 4. Me acusan de que estoy perpetrando la reforma laboral de la CONFIEP, quitando derechos a los trabajadores”, narra el Ministro.
La idea era iniciar un diálogo ya no en torno a aspectos específicos, sino entrar a discutir reformas de fondo para facilitar la contratación formal de trabajadores manteniéndolos más tiempo en la planilla, es decir, con mayor seguridad para ellos, pero adaptando distintas modalidades laborales a las realidades del mercado en los distintos sectores a fin de mejorar la competitividad global de nuestras empresas y que estas, al crecer, puedan ofrecer más empleo formal y de calidad.
Una reforma práctica que facilite las cosas y. al mismo tiempo, encuentre fórmulas para reducir los llamados “costos no salariales del trabajo” sin reducir beneficios o derechos, a fin de incentivar la contratación de más trabajadores formales, cambiando, por ejemplo, para los nuevos, la CTS por un seguro de desempleo con capacitación, de modo que no se proteja el puesto de trabajo –que puede quedar obsoleto- sino al trabajador mismo. Todo esto en el marco de una reforma completa e integral de la “protección social” que incluye un nuevo sistema de pensiones, la integración y universalización del aseguramiento en salud, y, como decimos, la protección contra el cese laboral.
Pero las Centrales no quieren entrar a discutir un nuevo pacto laboral que mejore la situación de todos y que incluso aumente significativamente su propia base sindical y extienda la negociación colectiva. Es incomprensible. Están contentas con sus pequeñas ventajas, sin percatarse de cuán cortas quedarían en el contexto de un aparato productivo competitivo, formalizador y en expansión. Pues se trata de una reforma laboral para conseguir muchos más empleos formales sindicalizables, más productivos y con mejores salarios. Las metas de la reforma laboral que está diseñando el Ministerio de Trabajo son duplicar los empleos formales de un 26% de la PEA a un 52% el 2021, elevar en 15% la productividad laboral y elevar el ingreso de los trabajadores en 30% también al 2021. ¿Quién se puede oponer a eso?
Una mayor sindicalización y una negociación colectiva mejorada podrían incluso ayudar a conseguir esas metas. Pero ni siquiera la Comisión de Trabajo del Congreso acoge esta discusión. Presidida por un representante del Frente Amplio, Hernando Cevallos, parece estar en alianza con la CGTP para rechazar cualquier pretensión de reforma. Recibió, por ejemplo, el proyecto de ley de trabajo juvenil el 21 de marzo y hasta ahora no lo pone en la agenda de discusión pese a que generaría 50 mil empleos juveniles por año.
De lo que se desprende que la única salida acá es un acuerdo entre el gobierno y Fuerza Popular para sacar adelante las reformas laborales necesarias junto con todo el paquete de protección social, que aún no está plenamente definido. No hay otra manera. Para eso, el gobierno tendría que solicitarle a Keiko Fujimori que autorice a un grupo de congresistas de su bancada a trabajar con el Ejecutivo en esas reformas. O ella hacerlo motu proprio. No hay razón para no dar este paso fundamental. El Perú no puede perder una gran oportunidad. Lampadia
[1] Plades, Trabajo y Desarrollo, Alertas laborales Nº 1, Abril-Mayo 2017
[2] Ver Ministerio de Trabajo, Anuario Estadístico Sectorial 2015, Cuadro Nº 55
[3] Según el ministro Grados, el Ministerio de Trabajo prácticamente nunca a autorizar ceses colectivos, pero la norma es usada por los empleadores pues les permite que el primer día que ingresa el expediente puedan pedir “suspensión perfecta de labores”, por la cual los trabajadores dejan de percibir ingresos hasta que cese colectivo se resuelva. Si es denegado los trabajadores deben debe ser repuestos y reconocérseles los días no trabajados. Pero el Ministerio casi nunca llega a resolver porque mientras tanto los empleadores negocian uno por uno sus renuncias. En la reforma propuesta ya no hay suspensión perfecta de labores, sino solo por grave situación económica. En esos casos resuelve en 10 días. Ya no es unilateral. Y el trabajador recibe una indemnización aunque pequeña. Por supuesto, la respuesta de la CGTO es: “Ud. Quiere masificar los ceses colectivos”.
[4] Para que el arbitraje potestativo no sea invocado abruptamente, cortando negociación colectiva. Tiene que haber alguna causal: mala fe, primera negociación o si no hay acuerdo en torno a instancia. Y, sobre todo, elimina la capacidad de árbitros de atenuar propuestas de las partes. Deben elegir entra una o otra, a fin de obligar a las partes a aproximar sus posiciones.