Jaime de Althaus
Para Lampadia

La aprobación del proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la magistratura (CNM) y de los proyectos de leyes orgánicas enviados por el Ejecutivo al Congreso, deberá llevar a un cambio fundamental en el sistema de justicia. Pero para asegurar que eso se traduzca realmente en una limpieza y modernización general de dicho sistema, sugerimos introducir algunas modificaciones en varios puntos. Veamos.

1. SOBRE LA COMISION ESPECIAL QUE REALIZA EL CONCURSO PÚBLICO PARA EL CNM

El aspecto central de la reforma del CNM es la manera de elegir a los consejeros. En ese sentido, es muy bueno el planteamiento de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo.

Artículo 155.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos por concurso público de méritos por una Comisión Especial conformada por el Presidente del Poder Judicial, quien la preside, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.

…

La elección de los consejeros es realizada a través de un procedimiento regulado legalmente, con el apoyo técnico del órgano rector para los recursos humanos del Estado a cargo del servicio civil y la carrera pública. El procedimiento de selección brinda garantías de máxima publicidad y transparencia y promueve la vigilancia ciudadana.

Sin embargo, pensamos que no sería conveniente que ni el Presidente del Poder Judicial ni el Fiscal de la Nación integren la Comisión Especial encargada de realizar el concurso público. Del mismo modo, tampoco es conveniente que ambas autoridades integren la comisión de selección del jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Esto en aplicación del principio general de que no se puede ser juez y parte.

2. NECESIDAD DE NOMBRAR A UNA NUEVA CORTE SUPREMA

El proyecto de reforma constitucional contiene la siguiente disposición complementaria:

Disposición Complementaria Transitoria

ÚNICA. – Revisión a cargo de la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura, elegido bajo la presente reforma constitucional, en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, se encuentra facultado para revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones en trámite efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República conforme a la Resolución Legislativa Nº 016- 2017-2018-CR, en aquellos casos que existan indicios de graves irregularidades.

Esto nos parece muy bien. Pero hay que ir más allá. El nuevo CNM debería estar facultado para convocar, apenas se instale, a concurso público de méritos para seleccionar a toda la Corte Suprema. Algunos de los actuales Supremos podrían ser nombrados si es que alcanzan las calificaciones suficientes. Pero el espíritu debería ser el de buscar una nueva y renovada Corte Suprema de muy alto nivel.

3. REFORMA DE LA CORTE SUPREMA Y LIMPIEZA DE LAS CORTES SUPERIORES

Pero una medida como esa debe ir de la mano con la reforma estructural de la propia Corte Suprema -reforma cuya propuesta no ha sido hecha por el Ejecutivo-, apuntando a una Corte Suprema pequeña dedicada a sentar jurisprudencia y predictibilidad a fin de reducir espacio a sentencias compradas. Pero, como ha señalado Javier de Belaunde, esto no se puede hacer sin una reestructuración de las Cortes Superiores, para apartar de ellas a los jueces superiores corruptos y atraer, a su vez, a magistrados de buen nivel, que ofrezcan las garantías necesarias para que estas Cortes puedan constituirse en últimas instancias confiables.  

De esa manera, el encargo inicial y por única vez al nuevo CNM debería incluir no solo concursar una nueva Corte Suprema, sino también a los presidentes de las Cortes Superiores. Y ratificar a la brevedad posible a todos los jueces superiores de la República.

Paralelamente, la implementación de la propuesta Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en lugar de la OCMA y la Fiscalía de Control Interno, permitiría avanzar en la limpieza y renovación de las Cortes Superiores –muchas de ellas hoy imbricadas con el crimen organizado. Esta Autoridad, cuyos miembros serán elegidos también por concurso público, tendrá asignada una policía especializada precisamente para destapar redes de corrupción en los distritos judiciales más infectados y para detectar mafias de abogados que acuden a los estudios de abogados ofreciendo sacar sentencias favorables a cambio de pagos y sobornos. Y el nuevo CNM debe terminar la tarea, nombrando buenos jueces y fiscales superiores.

4. EMPODERAR A GERENCIA GENERAL PARA DESIGNAR JUECES SUPERNUMERARIOS Y MEJORAR GOBIERNO

Al mismo tiempo, debería revisarse la manera de designar a los jueces supernumerarios. Estos no deberían ser escogidos por los presidentes Cortes Superiores –para prevenir que se escoja a amigos funcionales a la venta de sentencias, como ocurrió en la Corte del Callao- sino por la gerencia general, debidamente reforzada y empoderada. Las plazas de supernumerarios deben ser fijadas por la gerencia de modo que se acceda a ellas por concurso público y no por medio de trueques con el Presidente de la Corte.

5. LA AUTORIDAD DE INTEGRIDAD Y CONTROL DEBE SER REALMENTE AUTONOMA

Aquí hay que llamar la atención sobre un hecho que hay que tener muy claro. Hoy la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) es la última rueda del coche en el Poder Judicial: tiene computadoras viejas, muchas inservibles, servidores paralizados, y carece de recursos. Y la razón es clara: al Poder Judicial no le interesa una OCMA fuerte precisamente porque no está organizado para servir a la ciudadanía sino para que sus funcionarios obtengan, en muchos casos, beneficios personales a través de la venta de sentencias o de velocidad en el trámite. Es una entidad patrimonialista basada en redes de reciprocidad de favores.

Entonces el corolario de esto debería ser que el control disciplinario y funcional de los jueces y fiscales no debería hacerlo una oficina interna, sino externa. Una suerte de superintendencia autónoma. La propuesta del Ejecutivo, enviada como proyecto de ley orgánica, encuentra una fórmula intermedia:

“Artículo 102°.- Función de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La Autoridad Nacional de Integridad y Control es el órgano del Poder Judicial, con autonomía administrativa, funcional y económica de conformidad con la ley, que tiene como funciones la prevención, supervisión, investigación, sanción y control de los aspectos disciplinarios y funcionales de Jueces de todos los niveles, funcionarios, servidores o empleados del Poder Judicial.

Es decir, es un órgano del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero tiene autonomía administrativa, funcional y económica. Habría que ver, sin embargo, qué significa o en qué se concreta eso cuando de todos modos se encuentra dentro del pliego presupuestal de ambas instituciones del sistema de justicia.

No obstante, algo que sí puede garantizar una cierta autonomía es la manera en que se nombra al jefe de la Autoridad:

Artículo l 03°. – Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La persona que ejerza el cargo de Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial es designada mediante concurso público de méritos,’ por un plazo de siete (7) años.

….

La Comisión de Selección del Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial está conformada por el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. La participación en la Comisión de Selección es indelegable.

La Comisión de Selección cuenta con una Secretaría Técnica a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

En la medida en que el jefe de esta Autoridad no es designado por el Poder Judicial (o el Ministerio Público en su caso) sino por esta Comisión de Selección (de la que habría que retirar al presidente del Poder Judicial y al Fiscal de la nación, como hemos dicho), y que su cargo dura 7 años de modo que no es removible por el Poder Judicial sino que solo por el Congreso “por falta grave debidamente acreditada mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros”, su autonomía y estabilidad quedan garantizadas.

Sólo quedaría por asegurarle los recursos. Una manera de hacerlo sería señalar en la ley un porcentaje determinado del presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público para esta Autoridad. De otra manera, corremos el riesgo que tenga autonomía, pero sin capacidades efectivas. Podría morir de inanición. 

6. ELIMINAR BLINDAJE A JUECES Y FISCALES Y PREVENIR REPOSICION DE POLICIAS

En el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hace falta incluir un artículo orientado a modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. Al mismo tiempo, debe aprobarse una ley que permita la separación de policías por falta de idoneidad sin necesidad de adjuntar pruebas plenas y que estas decisiones administrativas no puedan ser objeto de revisión o revocación por parte del Poder Judicial. Debe verse la manera, entonces, de autorizar un cierto grado de discrecionalidad en las decisiones de pase al retiro por parte de la institución policial.

7. ELIMINAR MONOPOLIO DE COLEGIOS DE ABOGADOS

Como parte de la reforma del Sistema Judicial, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para “incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía”. Contiene un conjunto de exhortaciones a los colegios de abogados a fin de que promuevan y aseguren el ejercicio ético y responsable de los abogados. Se establece la obligación, por parte de dichos Colegios, de evaluar de manera exhaustiva el conocimiento que tienen los profesionales que desean incorporarse al gremio sobre los valores, principios, normas y buenas prácticas del ejercicio responsable de la profesión del abogado, realizar campañas para promover la denuncia ciudadana de los actos que afecten dichos valores y buenas prácticas, promover la organización de mesas, talleres, seminarios u otras actividades y garantizar que las denuncias contra los abogados, tramitadas a solicitud de parte o de oficio, se resuelvan de manera expeditiva y especializada, para lo cual deben contar con el número necesario de comisiones, secretarías, tribunales u otros.

Pero esas disposiciones pueden quedar en letra muerta porque no hay sanción en caso no se cumplan. A nuestro juicio, la única manera de asegurar que los colegios de abogados cumplan su esencial misión de asegurar el comportamiento ético de los abogados, es, como propone Enrique Ghersi, eliminar el monopolio de los colegios de abogados existentes. Es decir, que puedan conformarse libremente asociaciones o colegios de abogados a los cuales los abogados puedan afiliarse. La colegiatura seguiría siendo obligatoria, pero no a un determinado colegio de abogados sino al que cada abogado escoja. Así, habrá algunos colegios más exigentes y prestigiosos que otros, que realmente ejercerán la función de control ético de la profesión. Habría que modificar, en ese sentido el Artículo 15 del proyecto de ley.

8. ORGANOS DE GOBIERNO Y GERENTES DE SERVIR

El sistema de gobierno en el Poder Judicial no es funcional, y favorece la corrupción. La Sala Plena de la Corte Suprema debería tener funciones solo jurisdiccionales, no administrativas. El presidente de la Corte Suprema –del Poder Judicial- sí debería tener una función vinculada a la reforma y desarrollo de la institución, al cumplimiento de los planes estratégicos. En ese sentido, su periodo debería durar 4 años en lugar de 2.

Al mismo tiempo, la gerencia general debería ser empoderada y desempeñada por un gerente público de SERVIR. Todos los gerentes deberían ser gerentes públicos de SERVIR, salvo que se consiga a administradores privados con muy altas calificaciones.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por su parte, no debería dedicarse a tomar decisiones administrativas menores que corresponden a la gerencia y tampoco debería seguir siendo la segunda instancia de la OCMA en los casos de los jueces y secretarios sancionados por ésta. Y debería aprovecharse para revisar su conformación, que no es funcional. Hoy está integrado por tercios –dos elegidos por los jueces de primera instancia, dos por los jueces superiores y dos supremos. Habría que preguntarse si no sería bueno que esté conformado por representantes designados por la Corte Suprema pero también por el Congreso y el Ejecutivo.   

9. MERITOCRACIA Y REINGENIERÍA

Para pasar de un sistema de redes de corrupción a uno meritocrático, resulta fundamental disponer la implantación de un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado incompetente, y que sirva asimismo de base a las ratificaciones del CNM, cuya frecuencia quizá debería acortarse.

De otro lado, debería aprobarse una ley que modifique la ley de carrera del trabajador judicial en el sentido de que dicha carrera tenga un carácter meritocrático, disponiendo al mismo tiempo racionalizar el servicio administrativo del Poder Judicial, donde hay la excesiva cantidad de 8 administrativos por juez. El número de trabajadores jurisdiccionales y administrativos crece a razón de mil por año, una inflación insostenible que favorece la corrupción y el descontrol.

En ese sentido, debería autorizarse a la Sala Plena o el Consejo Ejecutivo a contratar y empoderar a una empresa de reingeniería de procesos o de inteligencia de negocios para llevar a cabo la reingeniería y modernización interna completas del Poder Judicial. Esto, junto con la digitalización de los expedientes judiciales, es fundamental para multiplicar la eficiencia y productividad de los jueces (y fiscales) y reducir al mismo tiempo el espacio para la corrupción 

10. OTRAS MEDIDAS

Hay un conjunto de otras medidas complementarias que ya no formarían parte del paquete legislativo actual pero que deberían ser implementadas por el sistema de justicia. Ellas son:

• Implantación de expediente digital, incluyendo en área penal
• ‘Oralización’ en todas las ramas judiciales
• Impulsar el arbitraje civil y penal
• Llevar a cabo talleres con jueces en todo el país para discutir una versión resumida del libro de Jaris Mujica “Micro-políticas de la corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, 2011. Lima, Asociación nacional de Rectores, y elaborar cursos de acción y cambio a partir de esa discusión.
• Exhortar a los estudios de abogados a firmar un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar.
• Distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. 
• Reducir o eliminar dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado y retirar del aparato público a todos aquellos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, así como a aquellos que resulten excedentarios luego de los procesos de simplificación administrativa, desregulación y reingeniería, a fin de reorientar esos recursos al fortalecimiento del sistema de justicia.

Lampadia

El Perú es el país de las oportunidades perdidas. Esa es una de nuestras constantes históricas. Esperamos que en esta ocasión, no desperdiciemos la gran oportunidad que nos da la crisis de corrupción judicial.

No podemos hacer de esta crisis el instrumento de un operativo político, para cambiar la base de nuestra democracia y desarticular la economía en búsqueda del poder.

Lamentablemente, con los últimos acontecimientos, nos va quedando muy claro el afán golpista de varios personajes de la política nacional. Increíblemente, la cereza encima de la torta del intento de interrupción de la democracia, la puso el flamante ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Según el diario Gestión (23 de julio, 2018, página 26): “En otro momento, Zeballos no descartó que se pudiera dar un adelanto de elecciones. ‘Si las circunstancias se dieran creo que sí apoyaría el adelanto’, expresó”.

Como hemos informado en Lampadia con anterioridad, el afán sedicioso se viene mostrando hace varios meses. Más allá de la coyuntura, la propuesta política de las izquierdas representadas en el Congreso, siempre insidió en plantear nuevas elecciones, constituyente y nueva constitución. Pero llama la atención, que alrededor de la posta presidencial de PPK a Vizcarra, buena parte del establishment político limeño, se haya sumado a semejante despropósito, con sofisticadas intervenciones que empezaron por cuestionar a Martín Vizcarra como conductor del Estado.

En este afán hemos presenciado distintas intervenciones de la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz y de sus correligionarios Sheput y Violeta, entre otros.

Del mismo modo, en distintas oportunidades, líderes de opinión como José Ugaz, Cecilia Valenzuela, Víctor Andrés García Belaunde, et al, para no singularizar solo a periodistas más partidistas como R. M. Palacios y Mavila Huertas, han planteado el cierre del Congreso y la interrupción de nuestra vida democrática, a pesar de los costos que se darían para el conjunto de la sociedad.

En este contexto también llama la atención, que un día después de que Verónika Mendoza vuelva a proponer el cierre del Congreso, Canal N le concediera una larga entrevista en el programa 2018. Lo mismo ayer, donde le permitieron a Julio Guzmán, que se despachara sembrando generalizaciones insidiosas para presentarse como un (falso) salvador.

No le falta algo de razón a Martín Santivañez, cuando denuncia un intento de golpe blando al mejor estilo del grito jacobino de ‘que se vayan todos’.

En esta convergencia de procesos desestabilizadores, el gran riesgo es que tome cuerpo el intento de cerrar el Congreso. Algo que, seguramente, nos llevaría a una constituyente, la agenda del extremismo más radical.

Mas bien, la entrevista a Ghersi nos ilustra sobre una serie de instituciones sobre las que debemos reflexionar, en relación a la “oportunidad como pocas” de hacer una profunda reforma del sistema judicial, como:

• Casación
• Escabinos
• Concursos públicos
• Evaluaciones objetivas
• Jurados
• Los colegios profesionales devenidos en monopolios tipo sindicatos
• La posibilidad de capacitar a estudiantes de derecho haciendo de árbitros en las comisarías

No dejemos que los aventureros nos lleven de las narices a una crisis generalizada que nos haría dar un costosísimo salto atrás.

Recomendamos leer la entrevista de Ghersi, publicada ayer en El Comercio:

“La llave de la reforma del sistema de justicia la tiene el fujimorismo”

Entrevista a Enrique Ghersi (Abogado)
Por Jaime de Althaus
El Comercio, 23 de julio de 2018
Glosado por Lampadia

El abogado cree que la crisis que atraviesa el sistema de justicia es una oportunidad para una verdadera reforma. Considera que el método de elección de los miembros del CNM no es el ideal.

El destacado abogado Enrique Ghersi analiza la crisis del sistema de justicia en el país, que ha desembocado en la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y plantea alternativas que han funcionado en otros países.

—¿Qué perspectiva le ves a esta oportunidad que se ha abierto para hacer una reforma profunda del sistema judicial? ¿Esto va a ocurrir?

Es una oportunidad como pocas, porque ha quedado en evidencia ante todo el mundo una realidad que suponíamos que ocurría, pero que nunca nos imaginábamos que tenía esa magnitud. El gran problema que veo es que la comisión que ha sido nombrada por el Gobierno tiene muy poco tiempo, se limitará a dar dos recomendaciones. Lo tomo más como un gesto político, porque las recomendaciones ya estaban dadas desde la Ceriajus [Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia]. La llave aquí la tiene el fujimorismo, porque esto si no es aprobado en el Congreso, no se va a poder llevar a cabo, y quedaría como una agenda pendiente sumamente dolorosa que le quita legitimidad al Estado Peruano.

—Evidentemente, el método actual de tipo corporativo para elegir a los miembros del CNM no garantiza representantes de buen nivel.

No, a mí no me gusta.

—¿No deberían ser seleccionados todos por concurso público?

Es el estilo español, que es por concurso público. Una alternativa es una fórmula mixta. La creación del Consejo de la Magistratura fue una reacción que se produce en el 93 frente a lo que se consideró una excesiva politización de la Constitución del 79, que eran las famosas ternas que proponía el Poder Ejecutivo y que confirmaba el Senado. Entonces se pasaron al otro extremo. Yo creo que una fórmula mixta con una representación de tipo político le da un nivel de legitimidad. O sea, un Consejo de la Magistratura que proponga ternas donde el presidente escoja uno y que ese sea sometido a una confirmación por parte del Congreso con un quórum muy alto no es descartable. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, es elegido íntegramente por el Congreso, es una elección política. Y en la práctica, la Corte Suprema del Perú no es la Corte Suprema, es el Tribunal Constitucional, porque prácticamente todo lo puedes llevar allí. El TC es elegido políticamente y no cabe duda de que los miembros del tribunal son gente de otro nivel en relación con los miembros de la Corte Suprema.

—Bueno, pero allí están estos cuatro famosos magistrados que cambiaron un voto, algo inconcebible…

Es verdad. Otra fórmula fue la del Jurado de Honor luego del autogolpe de Fujimori, compuesto por muchos de mis profesores en la Católica, gente eminente, respetable, que nombró una Corte Suprema bastante seria, eso funcionó. Pero si me preguntas mi opinión, yo soy un partidario de la elección popular de los jueces (aunque no para la Suprema). Eso implicaría un cambio de paradigma. Yo creo que cuanta más participación democrática haya en la selección de los jueces, va a ser siempre mejor.

—Hay un texto de Ronald Dworkin que dice que los jueces han sido creados para proteger minorías, pero la elección los predispone en favor del voto de mayorías. Su frase famosa era: “Una sociedad racista elegiría a jueces racistas”…

Que no es el caso. Por ejemplo, la sociedad más democrática de EE.UU. es California. California no es nada racista, es sumamente democrática. Ya en el Perú el 70% de los jueces son electos por voto popular: los jueces de paz no letrados. Ahí la justicia funciona razonablemente bien. El problema aparece en primera instancia. Yo no encuentro ninguna razón para que los jueces de primera instancia y los jueces superiores no sean elegidos por voto popular.

—¿Cómo vas a elegir jueces de primera instancia o superiores en zonas liberadas como Madre de Dios, el Vraem, partes de Puno, etc.?

Pero toma en cuenta que los distritos judiciales no coinciden necesariamente con los distritos geográficos. Madre de Dios es Puno y Madre de Dios, y Tacna y Moquegua son un distrito judicial.

—Pero el juez de primera instancia tendría que ser elegido en su área de competencia, que suele ser una provincia. Y una provincia puede ser una zona liberada…

¿Cuál?, ¿el Vraem? El Vraem estaría dentro de un distrito judicial amplio.

—Pero a los jueces de primera instancia los eliges ahí.

Pero depende de cómo diseñas los distritos judiciales. ¿Cuál sería el inconveniente? En Estados Unidos, todos los grandes políticos, desde Robert Kennedy hasta [Rudolph] Giuliani, que han querido iniciar una carrera política han sido fiscal de distrito. Acá podría ser igual.

—Pero si tienes que hacer campaña para ser elegido juez tienes que ofrecer cosas y entonces tus fallos van a estar teñidos por esos ofrecimientos que has hecho. Es la justicia que de alguna manera se vende también.

Bueno, pero la elección democrática no es una venta, es una persuasión. Mira a Texas. Texas tiene una especie de contrato de unión perpetua con EE.UU. Los jueces de Texas son muy independientes y son electos por voto popular. El nivel de criminalidad en Texas es bajísimo, pese a que allí todo el mundo está armado.

—Pero en Texas precisamente hay mucha crítica al modo de financiación de las campañas de estos jueces. Estudios de abogados financian candidatos y entonces tienen sus propios jueces. No hay independencia.

Pero es exactamente la discusión que existe con los financiamientos políticos en general. Si ese es el problema, en lugar de que todo esté financiado por los compadres, como estamos escuchando que ocurre entre los consejeros, por lo bajo, yo prefiero que el financiamiento sea conocido públicamente. De tal manera que si un juez recibe dinero de un abogado para sus campañas, lo vamos a saber todos y ese juez se tiene que inhibir en todos los casos de ese abogado. Yo no veo por qué no puede haber un financiamiento privado que sea absolutamente transparente.

—¿Cómo garantizas la idoneidad, la capacidad profesional y ética de ese juez que se presenta en una elección popular?

¿Pero no te parece mejor la elección popular a que le pregunten sobre el cebiche de pato?

—Pero se necesitaría un sistema de evaluación del desempeño de jueces y fiscales para retirar a los incompetentes…

Así es. Tú puedes establecer criterios de evaluación para los fiscales, basados en cuántas investigaciones acaban en denuncias y cuántas denuncias acaban en sentencias. Eso no existe hoy día. Los fiscales denuncian a todo el mundo y después, claro, ellos dicen que el juez los suelta, pero nadie les ha hecho una auditoría de gestión para ver si las investigaciones están bien hechas. Igual con los jueces, lo ideal sería que pudiéramos evaluar a los jueces sabiendo cuántos casos han resuelto, cuántas sentencias dictaron, cuántas les revocaron y cuántas quedaron firmes. Ese tipo de estadística muy sencilla no existe, porque no le interesa a nadie en el Poder Judicial que se conozca. Y establecer bonificaciones especiales de productividad a los jueces que obtengan la mayor cantidad de sentencias confirmadas.

—Tú has propuesto los jurados en los juicios penales.

Otra forma de participación popular son los jurados. Hay gente que dice no, que el jurado es de origen anglosajón. Pero España tiene jurados ya en el nuevo Código Penal. Francia siempre los tuvo hasta en materia civil. Pero ahí hay una fórmula intermedia: los tribunales mixtos, que en Alemania los llaman los escabinos. En esos tribunales penales preside, dirige e impone la condena un juez profesional, que tiene dos jueces ciudadanos, que se llaman escabinos, seleccionados por sorteo en un universo acotado de personas. Y para que haya una sentencia se requiere unanimidad del juez y los dos escabinos. En el Perú, el enorme flujo de juicios es de dos tipos: familia, donde yo no veo ningún inconveniente que haya un juez con un psicólogo y un asistente social. Y también en los casos de asalto, robo, hurto, raqueteo. ¿Por qué no empezamos con un plan piloto?

—¿No deberíamos, en una ciudad como Lima, distritalizar la justicia penal, donde haya, en un solo local, un fiscal, un juez y una pequeña carceleta? ¿Atención primaria de la justicia penal?

La idea era que las comisarías se convirtieran en una especie de centro comunal multiservicios. No solamente eso, tú puedes tener en la misma unidad de servicios múltiples una especie de arbitraje en el cual los estudiantes de Derecho, como parte de su graduación, en lugar de hacer una tesis o de dar un examen, puedan hacer un año de árbitros de conciencia para resolver problemas que no sean penales, en un arbitraje muy sencillo. Sería algo muy parecido a una especie de cooperación popular, pero no dirigida a la obra pública, sino dirigida a la justicia.

—Poner jueces ciudadanos o escabinos en los juicios penales supone consolidar la oralización del sistema, pasar íntegramente al nuevo Código Procesal Penal.

Ya está bastante consolidado

—En Lima no se aplica hasta ahora.

En parte sí se aplica, pero no me explico por qué 10 años o 15 años después de que ha salido el Código Procesal Penal no se termina de aplicar. En los juicios orales, la participación de los escabinos puede ser muy importante. Los juicios orales son tremendamente aleccionadores y productivos. Me encanta el control de acusación, que lleva a descartar acusaciones infundadas y te ahorra juicios enteros.

—La Ceriajus propuso pasar a una Corte Suprema pequeña dedicada solamente a sentar jurisprudencia, predictibilidad, ¿tú estás de acuerdo con eso?

Sí, sería muy importante. Lo que tenemos hoy día es una Corte Suprema infinita y caótica, donde hay 15 vocales que son titulares y como 50 en general que son provisionales. Ninguna predictibilidad. Es el esquema del TC: una sola sala, como la Corte Suprema americana o argentina, compuesta por juristas sumamente eminentes, que decide sobre su propia jurisdicción y toma decisiones importantes. Y la casación a mí me parece la experiencia más errónea del sistema jurídico peruano.

—¿Por qué?

La casación es de origen italiano, francés. En la casación, la Corte Suprema no resuelve, lo único que hace es revisar el expediente, que ya vino de la Corte Superior después de tres o cinco años de juicio. Es un recurso formal. La Suprema dice: “Acá hay un error, casa…”. Si es que casa, la Corte Suprema devuelve el expediente al juez o a la Corte Superior y le dice: “Usted se ha equivocado por esta razón”. ¿Qué puede ocurrir? Que después de cinco años más el expediente regrese a la Corte Suprema, porque el juez hizo lo que le dio la gana y la corte interpretó a su manera el mandato de la Suprema. Y así de nuevo. Entonces, los juicios en el Perú se han vuelto infinitos. No, que la Corte Suprema decida definitivamente.

—Pero que vea pocos casos…

Debería ser una corte pequeña, de nueve magistrados. Tú puedes apelar a la Corte Suprema y ella decide si ve o no tu caso, pero lo que decide es final. Fuera de eso, cuando uno es elegido supremo en EE.UU., eres vitalicio. Entonces, claro, muchos críticos dicen que es totalmente político, pero los jueces de la Corte Suprema americana son absolutamente imparciales e independientes. Tienen sus posiciones, pero la Corte Suprema americana no tiene estos escándalos, porque el carácter vitalicio los vuelve independientes, nadie los puede sacar, no tienen que responder ni al que los nombró ni al que los ratificó. Habría que meditarlo.

CRÍTICAS A LA ORGANIZACIÓN GREMIAL

“El Colegio de Abogados se ha convertido en un sindicato”

Hay quienes plantean que no debería haber Tribunal Constitucional.

Claro, yo he escuchado a Enrique Chirinos Soto muchas veces argumentar que el Tribunal Constitucional debería ser la sala plena de la Corte Suprema. No en todas partes hay Tribunal Constitucional.

El Colegio de Abogados tiene un código de ética o de buenas prácticas que no se aplica.

Mira, Inglaterra tiene probablemente uno de los mejores poderes judiciales en el mundo. El colegio de abogados no es uno solo. En Londres hay cuatro que compiten entre sí. Tienes el Lincoln’s Inn, el Gray’s Inn, el Middle Temple y el Inner Temple, que vienen de la Edad Media. Entonces tú para ser ‘barrister’, que son los abogados que ejercen en los tribunales, necesita una licencia renovable. Tienes que afiliarte a uno de esos colegios. Cada colegio tiene exigencias distintas, toma exámenes distintos. Si tú quieres ejercer en materia de familia, requieres una licencia especial, muy difícil de conseguir, que además te obliga a ti como abogado a tener estudios en psicología, en otras materias, y tienes que renovarla cada tres o cinco años. Si tú cometes la mínima falta o engañaste al juez, pierdes la licencia para siempre. No entiendo este nivel de constitucionalización que se les dio a los colegios profesionales en el Perú, que son organizaciones privadas, pero de derecho público. Eso impide que haya una competencia de colegios. Los colegios de abogados en Inglaterra tienen reglas sumamente duras.

¿Habría que eliminar el monopolio del Colegio de Abogados?

Yo creo que sí. Y que cada uno pueda formar su colegio de abogados. Habrá un grupo de abogados que formaremos un colegio sumamente exigente, donde además el colegio sea responsable por las cosas que hagan los miembros. Lamentablemente, el Colegio de Abogados se ha convertido más en un sindicato que en un colegio. 

Lampadia

Uno de los mayores empeños de Lampadia es movilizar a la clase dirigente peruana hacia la acción cívica, para así ayudar a marcar el camino de la prosperidad de todos los peruanos. Hoy tenemos el privilegio de presentar las ideas, sobre la crisis de corrupción en el sistema judicial, de un cusqueño comprometido con su Cusco y con el Perú.   

Entrevista de Lampadia a Fausto Salinas Lovón

Fausto Salinas Lovón, es cusqueño, abogado graduado en la PUCP, 26 años de ejercicio de la profesión, socio fundador del Estudio Salinas y Tamayo Abogados y ex presidente de la Cámara de Comercio del Cusco.

El Congreso de la República va a sesionar, a pedido del presidente Vizcarra, para remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ¿Es esta la mejor salida?

Es atribución del Congreso nombrar y remover a los miembros del CNM. Uno ha renunciado y los demás, acaban de poner sus cargos a disposición, por lo tanto, la remoción será un mero trámite, pero el asunto no queda allí. Hay dos temas que preocupan y que pueden quedar sin revisar con una salida de este tipo.

• El primero es que hay responsabilidades personales de cada miembro que se deben investigar y conocer, no solamente por el bien de cada consejero que no esté involucrado en actos de corrupción, sino también por el bien del Sistema Judicial, para conocer quien es quien, a que intereses responde y hasta donde llegan las ramificaciones de todo esto.
• El segundo es que este CNM ha nombrado, ascendido y sobre todo ha ratificado jueces y fiscales en las condiciones que hemos visto. ¿Eso va a quedar así?  Sería una tremenda afrenta.

¿Coincides entonces en que hay muchos actores involucrados y que no se está conociendo toda la magnitud del problema?

Sin duda. Solo hemos conocido lo que han visto por conveniente mostrar hasta ahora. Deberían mostrar todo, para que sepamos la magnitud del problema. Sobre todo, para saber quienes más están involucrados. Esta grave herida de la institucionalidad debe ser abordada como se cura una herida infectada: no se puede cerrar la herida sin retirar toda la pus. Incluso el tejido sano que esta en el contorno de una herida se retira para lograr una adecuada regeneración. Eso es lo que se debe hacer.

Mencionas que no se conoce todo. ¿Crees que hay cálculo político en la entrega de la información?

Podría haber. Sería sano que el IDL muestre todos los audios que tengan interés público, sin ningún calendario u orden, ya que las entregas por capítulos se prestan a esta interpretación.

Removido el CNM, ¿que más sugieres hacer?

Revisar todo lo actuado por el actual CNM en todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación. Tiene que escudriñarse una a una cada elección, revisarse la metodología y lo que ha sucedido. Sólo así se podrá confiar en los jueces designados, ascendidos o ratificados por este CNM. Los jueces y fiscales que nada temen, no tendrían por qué preocuparse, ya que pueden salir airosos frente a cualquier CNM que se designe.

Si no se aborda esto, estaremos dejando a los ahijados de Waldo Ríos, Nogueira, Gutierrez Pebe, Aguila y Velasquez en la actividad judicial y fiscal. ¿Algo cambiaría con ellos dentro del Sistema?

Esta debiera ser la primera tarea del nuevo CNM en un plazo perentorio de 3 meses.

Los audios han mostrado entrevistas inauditas. Preguntas impertinentes y una total falta de idoneidad en la selección. Esto nos lleva a preguntarnos. ¿Qué clase de jueces y fiscales se han elegido?

Por esto mismo, para separar el trigo de la paja y dejar en un lado a los jueces y fiscales correctos y poner en otro lado a quienes actúan en función de intereses subalternos, no basta aceptar la puesta del cargo a disposición del CNM y designar otro, se debe revisar todo. Por ejemplo, se debe saber las razones por las cuales se buscaba que Orlando Velásquez sea elegido presidente del CNM y ¿que jueces supremos favorecieron esa elección y a cambio de qué?

En Lampadia creemos que una de las medidas para enfrentar esta crisis judicial es, cambiar la forma de elegir el CNM, por un concurso público. ¿Crees que será suficiente?

Es imprescindible.  La crisis en el CNM ha puesto en evidencia algo que no queremos aceptar: la corrupción no está focalizada en la clase política o la judicatura, alcanza a toda la sociedad, ya que los consejeros cuestionados representan a universidades públicas, colegios profesionales, a pseudo universidades privadas y a colegios de abogados, no solamente a jueces y fiscales. Por lo tanto, tenemos un grave problema en la escala y magnitud de la corrupción que obliga no solamente a cambiar la forma de elección, sino también a la elevación de la valla de los que pueden postular (todo lo cual no es incompatible con el 155 de la Constitución) a fin de que elijamos mejor y sólo algunos calificados puedan postular. Se debe limitar el universo de elegibles, eso es fundamental.

De otro lado, serían necesarias algunas medidas como:

1. Establecer incompatibilidades para postular y luego de ejercer el cargo (con lo cual se evita la famosa puerta giratoria entre el estado y la actividad privada).
2. Crear una agenda de integridad o probidad específica en el funcionamiento de esta entidad a la que se sujeten sus miembros y quienes acuden a él.
3. Elevar las sanciones penales por infracciones a las normas de integridad y probidad que se mencionan.
4. Establecer la inhabilitación definitiva de quienes sean sancionados por infracción a estar normas de incompatibilidad.

También creo necesario que se exija la implementación de la participación de los miembros adicionales elegidos por empresarios y trabajadores, previsto en el artículo 155 de la Constitución, que nunca se ha puesto en vigencia y que permitiría una mayor participación ciudadana en este organismo.

Finalmente, sería necesario que la votación de cada consejero sea pública y transparente en todos los casos de ratificación, asenso y nombramiento.   

Pero la participación de colegios profesionales y de abogados no ha dado buenos resultados. ¿No se debiera cambiar también?

El funcionamiento patrimonialista que denuncia Lampadia, que supone el intercambio de favores, pagos y lealtades, se ha visto a todo nivel, no solo entre consejeros elegidos por abogados o profesionales. Si el CNM estuviera formado sólo por magistrados o mayoritariamente por estos, el riesgo de corporativización es alto. Si la mayoría del CNM tuviera origen político, tendríamos el riesgo de partidarización política. La Constitución de 1993 buscó una fórmula mixta. Creo que debemos mantenerla, pero elevando el nivel de los elegibles, acotando el universo de los que pueden ser miembros para que la corrupción de la sociedad no permee fácilmente en esta Institución.

¿Y cual es el rol de la Corte Suprema?  ¿Es la llamada a resolver este problema?

No hay forma. Los audios conocidos hasta hoy comprometen a miembros de la propia Corte Suprema. A Hinostroza Pariachi, que era presidente de la Segunda Sala Penal, haciendo negociaciones incompatibles y a Duberlí Rodriguez, quien es el presidente del Poder Judicial, cuyo asesor invita a almorzar en su nombre y de quien se dice habría participado en la celebración de la elección de Velásquez como Pdte. del CNM. Todo esto debe ser investigado. No hay forma que los investigados resuelvan esta crisis. Hay decenas de magistrados superiores honorables en todo el Perú que pueden sustituir una Corte Suprema que tenga este tipo de cuestionamientos.

Lampadia