Jaime de Althaus
Para Lampadia

Comunidades de Chumbivilcas, que están fuera del área de influencia de la minera Las Bambas, llevan ya 20 días bloqueando la carretera por la que se transporta el mineral para su exportación. Como sabemos, el bloqueo de vías es un delito, y realizarlo para exigir beneficios a una empresa configura otro delito: el de extorsión. 

Incluso los alcaldes de la provincia de Tacabamba han enviado un oficio a la Premier exigiendo que se ejerza el principio de autoridad y se levante el bloqueo. Pero el gobierno no solo no actúa para que se respete la ley, sino que se pone del lado de los que la violentan. Se suma al bloqueo y a la extorsión a la empresa minera. 

En efecto, el martes una delegación del ministerio de Energía y Minas (MINEM) viajó a Chumbivilcas a conducir un diálogo entre el Frente de Defensa, las comunidades y la empresa minera Las Bambas. La delegación estuvo integrada por Marco Sipán, jefe de la Oficina de Gestión Social del MINEM, ex dirigente del MAS de Gregorio Santos, el funcionario Pastor Paredes y nada menos Luciano Ataucuri, un conocido agitador anti minero que ha promovido diversos paros en el corredor minero y que fuera denunciado en el 2012 cuando como presidente del Comité de Lucha del distrito de Llusco promovió un paro contra el gobierno y la minera Anabi que culminó en el saqueo e incendio del campamento de dicha minera. 

Por supuesto, el diálogo se rompió porque las comunidades, que están fuera del área de influencia, a unos 100 y 200 km de la mina, mantuvieron, con el apoyo de la delegación del MINEM, unos pedidos desmesurados que no pueden ser atendidos. Es decir, el gobierno no solo no exige que se levante el bloqueo y la extorsión como condición para dialogar, sino que en lugar de facilitar un acuerdo se suma en buena cuenta a la extorsión. Es lo que constatamos en el acta que reproducimos en el anexo, cuyo primer acuerdo es una confesión de parte: 

“1. El MINEM rechaza la actitud de la empresa minera Las Bambas al negarse mejorar la propuesta para atender a las comunidades…”

Es decir, algo que podría leerse de la siguiente manera; “El MINEM rechaza que la empresa minera las bambas no quiera aceptar la extorsión”. 

Los funcionarios del MINEM no solo respaldan la extorsión, sino que firman un acta que reconoce explícitamente el delito de bloqueo de vías en su punto 4:  

“4. Las comunidades reafirman decisión de seguir manifestando de forma pacífica y garantizar el tránsito de todos los vehículos particulares que transitan por la vía”

Pero no los vehículos de la empresa. La delegación del MINEM acepta el bloqueo y considera “pacífico” impedir por la fuerza el tránsito de los camiones. Es inaudito. 

La Contraloría, la procuraduría y la fiscalía deben tomar acción. Esos funcionarios tienen que ser denunciados y despedidos. 

Hay un problema de fondo: el canon y las regalías aportados por las empresas no funcionan. Tienen que ser redistribuidos y encargados a un proyecto especial que adelante canon futuro y aplique un plan integral en todo el corredor minero. Todas las comunidades del corredor podrían tener un nivel de desarrollo social y productivo muy superior si tal cosa se hiciere. 

Pero el gobierno no está en eso. Está dedicado a sabotear la gran palanca del desarrollo nacional. Se han juntado:

1. El Frente Amplio de Marco Arana y Nuevo Perú de Verónika Mendoza, que quieren extirpar la minería de las “cabeceras de cuenca”. Para ello tienen a Mirtha Vásquez como Premier, a su ex socio en Grufides Pablo Sánchez como viceministro de Gobernanza Territorial, y al líder anti minero Lenin Checco como jefe de asesores del MINEM  

2. El Fenatep-Conare-Movadef que está en el gobierno y también en el Frente de Lucha del sur de Ayacucho que incendió el campamento de Apumayo y que busca generar zonas liberadas a secas, y con el cual la Premier Mirtha Vásquez firmó un acuerdo ilegal para cerrar 4 minas,  

3. Perú Libre, que tiene al ministro de Energía y Minas Eduardo González Toro, hostil a las empresas mineras, y a la congresista Margot Palacios que se reunió días antes del bloqueo de Antamina con el presidente de Aquia, y también con los dirigentes neosenderistas de Ayacucho días previos al incendio de Apumayo, y así sucesivamente.  

Es muy grave lo que está ocurriendo con la minería nacional. No podemos permitir que nuestro principal recurso para conquistar el desarrollo nacional sea anulado por una convergencia de izquierdas anticapitalistas. 

ANEXO: 

Lampadia

Lino Abram Caballerino
Para Lampadia

La explicación de la importancia de la industria minera en el Perú es un tema que podríamos llamar, en términos figurados, un “lugar común” por lo que no parece necesario agregar más argumentos que los que han sido expuestos por incontables medios incluyendo conferencias, discursos, artículos académicos, periodísticos, etc. Sólo diré, sin necesidad de hacer un esfuerzo argumental, que la Minería es una actividad de la mayor importancia para impulsar el crecimiento y el desarrollo socio-económico del Perú.

La aceptación de tal afirmación conduce el pensamiento a la pregunta de porqué los proyectos mineros u operaciones en marcha provocan tanta oposición y tanta insatisfacción, ¿es que tenemos motivaciones tanáticas? ó sus beneficios no son tan evidentes para algunos sectores de la población o peor aún dañan los intereses de esos sectores?  Descartemos, aunque sea por razones analíticas, el concepto de las motivaciones tanáticas y nos quedamos con que los beneficios por tener una operación cerca de casa, no son evidentes o no son tangibles para la mayoría de los vecinos, por lo que ven razonable adherirse a los líderes que se oponen de modo sistemático o eventual a proyectos u operaciones mineras.

Es un hecho reconocido que la generación de riqueza de la industria minera tiene su base en recursos naturales que son propiedad de la Nación, es decir de todos los peruanos, pero también es un hecho que quienes nacen, poseen, crecen, fundan familias, trabajan y tienen ancestrales raíces en las tierras donde subyacen los recursos minerales se sienten más propietarios de esos recursos que el resto de los peruanos… y no les falta razón.  Si agregamos al sentimiento de propiedad, que, los vecinos al sitio minero son protagonistas pasivos de inevitables cambios ambientales, sociales, paisajísticos, resulta obvio que merecen recibir compensaciones que hagan justificables los cambios que, en alguna medida, afectan su modo de vida y que la extracción de los recursos, valiosos y agotables, les abran las puertas para su desarrollo individual y colectivo a largo plazo.  Ver en Lampadia: Una gran idea que no entienden – El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’.

Las compañías mineras que asumen la inversión y la explotación minera, legítimamente, remarcan que asumen ingentes cantidades de dinero por el pago de impuestos y contribuciones, además del costo de programas voluntarios de relaciones comunitarias, y que son materializados por la vía de pago de impuestos y/o contribuciones al Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Municipales o incluso a la Comunidad vecina. La cuestión crítica es que el dinero generado por la industria minera y recibido por las autoridades de las entidades mencionadas no se traduce en beneficios visibles y significativos, ni individuales ni colectivos para los vecinos y, para cuando ocurra el agotamiento de dichos recursos sus condiciones de vida no habrán tenido el cambio que implica el “Desarrollo Económico-Social”.  No es necesario citar casos o ejemplos; sabemos que ésta es la realidad para la mayoría de las comunidades del entorno a la mina. La creación de puestos de trabajo, accesibles para los vecinos, beneficia directamente a una porción menor de ellos y el incremento de la actividad económica local no logra ser asociado racionalmente con la operación minera.  Los conceptos amplios de contribución de la operación minera al crecimiento del consumo, del PBI, generación de divisas u otros, no causan impacto en la mayoría de las poblaciones locales, ni siquiera en las nacionales.

Las negociaciones y acuerdos circunstanciales con los vecinos de las operaciones mineras tienden a atenuar temporalmente la insatisfacción existente.  Por supuesto, existen casos en los que no se han logrado, ni siquiera, estos acuerdos circunstanciales.  Los proyectos han debido ser suspendidos indefinidamente. Es palpable que se requiere cambiar sustancialmente el modelo de relaciones de la industria minera con el Estado y las Comunidades vecinas.  Es necesario contar con un modelo por el que cada vecino vea y perciba que recibe beneficios individuales, que son tangibles y significativos, para que el hallazgo de un recurso minero sea visto como una bendición. 

Empecemos por reconocer la realidad: Las entidades que administran los impuestos y/o contribuciones son ineficaces e ineficientes, que no tienen una visión de futuro a largo plazo para los pobladores de las comunidades aledañas.  Un aspecto clave para tener un modelo exitoso es eliminar su intermediación para trasladar la responsabilidad financiera y gerencial a un ente Ad Hoc, dirigido por la propia compañía minera y supervisado por las entidades estatales y locales.

El otro aspecto clave es la creación de un polo de desarrollo que se incluya en el proyecto minero, siendo éste el principal proveedor de recursos para el financiamiento de un programa de inversiones en beneficio de las comunidades vecinas. El programa de inversiones debería contener los elementos necesarios para que sus efectos se materialicen en plazo inmediatos, y que perduren más allá de la vida útil de la operación minera.

Conociendo las carencias de nuestro país, parece obvio que a los servicios de salud y educación les correspondería un lugar prioritario, ya que representarían un beneficio tangible en forma inmediata, pero también beneficios relevantes con permanencia a largo plazo.

Otro aspecto de crucial importancia sería la introducción de tecnologías modernas para las actividades agropecuarias y la identificación de las ventajas competitivas de la zona para promover negocios exitosos que generen actividad económica, más allá de la vida de la mina. Los costos asumidos por la operación minera serían compensados con las obligaciones tributarias que le corresponden, bajo un modelo similar al de “obras por impuestos”.

La existencia de un plan de desarrollo motivado por la presencia de una operación minera permitiría, a los pobladores vecinos, adquirir un sentido de pertenencia: La mina es de todos y los beneficios son para todos. La aprobación del plan de desarrollo y del proyecto minero se convierten así en un paquete apreciable y su rechazo resultaría claramente un acto irracional.

Durante el proceso de diseño de un plan de desarrollo y su posterior supervisión sería indispensable crear y respetar espacios para la participación de los líderes políticos locales y regionales, pues sería de la mayor importancia que ellos perciban que el producto de estos procesos es un activo político que les corresponde.  También deberían tener un rol en la supervisión de la ejecución del plan de desarrollo.

La puesta en práctica del modelo de relaciones que se describe en este artículo es una tarea compleja y requerirá, en cada caso, tiempo para obtener resultados consensuados, pero constituiría un reemplazo para la situación actual que, para ser exitosa, ha debido adaptarse a requerimientos arbitrarios o que muestra una elevada tasa de fracasos. Pensemos en los proyectos mineros que se encuentran paralizados y coincidiremos en que bien vale la pena desplegar el esfuerzo. Imaginemos, también, cómo se vería Cajamarca si los altos montos de impuestos pagados por Yanacocha se hubieran aplicado, durante los últimos 20 años a un plan de desarrollo.

Esta propuesta o cualquier otra orientada a eliminar la intermediación financiera del aparato burocrático significará una contribución para superar el rechazo que enfrentan los proyectos de explotación de recurso naturales por las comunidades vecinas…y el Estado estará presente del modo que les interesa a los ciudadanos. Lampadia

En el marco de promoción, aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, con responsabilidad social y ambiental, presentamos un extracto de la muestra fotográfica “Gestión socio ambiental en el sector minero energético” publicada por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía hace algunas semanas, en víspera al inicio de la Convención Minera PERUMIN33, de esta semana.

Según la SNMPE, “El sector minero energético tiene la mayor regulación ambiental en el país y sus estándares de gestión se encuentran entre los más altos a nivel internacional. Las empresas mineras, de hidrocarburos y eléctricas, desarrollan una gestión empresarial en armonía con el ambiente y su entorno. Asimismo, realizan en coordinación con las comunidades vecinas, proyectos productivos, de infraestructura, educación, salud y otras líneas de intervención que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población”.

En el caso de Perú, la minería moderna es uno de esos factores que pueden dinamizar la productividad de las economías regionales. La alta productividad de la minería moderna es clave para superar la pobreza porque esa productividad se propaga en la economía regional. La alta productividad de la minería permite pagar sueldos mucho más altos y genera demandas para que se constituyan cientos de empresas modernas que comercializan productos, realizan obras y prestan servicios a la minería y al personal que trabaja en ella. Esas empresas locales, a su vez, contratan a miles de trabajadores locales, y generan demanda para empresas menores, motorizando varios niveles de las economías regionales.

Como afirmó Sebastiao Mendonca Ferreira del Centro Wiñaq en La Minería puede modernizar las regiones (escrito para Lampadia), “la diferencia de productividad por trabajador entre la agricultura nacional y la minería es de 88 veces. Ello significa que 12 trabajadores en una mina moderna producen más riqueza que 1,000 agricultores tradicionales, trabajando en una cantidad similar de hectáreas. Esa superioridad productiva de la minería puede ser bien o mal aprovechada. Hoy día en Perú, tenemos las dos modalidades, la productiva y la destructiva o conflictiva. (…) En las zonas mineras, los destinos económicos de la gran mayoría de las familias dependen de su grado de articulación con ese segmento de economía moderna creada por la minería en su entorno. Estar ligado a la minería resulta siendo, en la mayoría de los casos, la mejor ruta de capitalización de los productores y empresarios en las economías regionales, y en muchos casos, resulta siendo la única ruta realista de capitalización.”

Y es que en el Perú se ha desarrollado una campaña para difamar a la minería y llevarnos a rechazar el desarrollo del sector minero. A diferencia de lo que sucede en Canadá y Australia, seguimos hablado de primarización de la economía, de exportación de “piedras sin procesar” y de que la inversión minera no tiene futuro por las condiciones de los precios de los commodities (que siguen siendo buenos) y por la desaceleración de la China.

La minería moderna no genera ya pasivos ambientales. Más bien genera activos ambientales, como los bosques desarrollados por Antamina, los reservorios de agua de Yanacocha, o el paradero de aves en la bahía de Ite, limpiada por Southern. Como dijimos en Carta del Cobre a los peruanos:

• Solo hay actividades mineras en menos del 2% del territorio nacional.
• Consumimos el 2% del agua que se aprovecha en el Perú, que es una fracción de la que tenemos y desperdiciamos en los mares, Pacífico y Atlántico.
• Los estándares ambientales de la minería moderna, son iguales o mejores que los de la industria en los países más desarrollados y sofisticados.
• Buena parte de la producción está vinculada con grandes empresas internacionales, o empresas locales vinculadas a los mercados financieros internacionales, ambas sujetas a controles globales sumamente rigurosos.

Esperamos que estas imágenes que compartimos líneas abajo incentiven al gobierno a superar sus limitaciones en el manejo de conflictos, y esté a la altura de sus responsabilidades, permitiendo que los peruanos nos beneficiemos de los recursos que disponemos. Para ello, debe empezar por comunicar los beneficios de la minería, reenfocar el llamado ‘Adelanto Social’, y aplicando la ley en nombre de los millones de peruanos que podemos sacar de la pobreza con la minería. Lampadia

La fiebre del oro se repite una y otra vez en la historia, al norte o al sur del planeta, en las costas o depósitos aluviales, y hasta en las grandes alturas, La Rinconada en Puno. La más simbólica, una de las que se llegó a ocupar el gran escritor austriaco, Stefan Zweig, en su oda, “Momentos estelares de la humanidad”, fue la fiebre de oro de California del siglo XIX en un territorio donde ahora está la gran ciudad estadounidense de San Francisco. Ver en Lampadia: Minería Ilegal del Oro – Un análisis contextual.

Fuente:  diariocorreo.pe

En el siguiente artículo del periodista peruano que recorre el mundo detrás de reportajes llamativos, podemos ver como una de la tragedias sociales de la búsqueda del ‘Dorado’, se repite una y otra vez. Ahora, en el Perú, además del desastre causado por la minería ilegal de los depósitos aluviales de Madre de Dios, tenemos una explotación filoniana a más de 5,000 metros de altura, donde no vive ningún otro ser. Evidentemente, la dinámica social de La Rinconada se asemeja a la de una pequeña Sodoma en la que la necesidad, la ambición y la explotación social se dan la mano. Un reportaje, que no debemos dejar de ver.    

Los mineros de oro que trabajan gratis​

Muchos hombres acuden a esta brutal tierra sin ley, a veces con toda su familia, en busca de la fortuna que les dé una vida mejor

Por Sebastián Castañeda, periodista gráfico peruano.
BBC (Travel)
05 de octubre de 2016
Traducido y glosado por Lampadia

El mundo de los hombres

Situada al sur de los Andes peruanos, a una altitud de más de 5,000m, la ciudad minera de oro de La Rinconada es la más alta vivienda humana en la Tierra.

Conocida como la “tierra de los hombres” debido a las brutales condiciones de trabajo que enfrentan los hombres, la ciudad atrae a trabajadores de todas las naciones andinas que buscan fortuna. Pocos pueden manejar el frío extremo y la altitud, mientras que el calor y la humedad en los túneles mineros pueden ser casi insoportable. 

Buscando sus fortunas

Durante las últimas décadas, miles de hombres de todo el Perú han migrado a estas montañas de pequeñas ciudades para probar su suerte. Algunos han estado aquí hasta 20 años.

Cada año se extraen de las minas más de 100 toneladas del metal, y el aumento del precio del oro ha causado que la población de la ciudad se duplique en los últimos cinco años a cerca de 50,000. 

Una vida dura

Hay pocas comodidades en La Rinconada. Las calles están siempre fangosas por el deshielo, y no hay agua potable, sistema de alcantarillado ni letrinas públicas. Incluso los lagos cercanos, de los cuales muchos residentes recogen el agua, están contaminados por el mercurio desechado que se utiliza para separar el oro de las piedras. 

En enfermedad y salud

Cada día, los mineros caminan por un estrecho camino de 1km que conecta la ciudad con las minas de las montañas cercanas. La basura está esparcida por toda la ruta, ya que no hay servicios básicos tales como recolección de basura. Debido a las insalubres condiciones, así como las inclemencias del clima, es frecuente que sus habitantes sufran de infecciones respiratorias agudas y diarreicas. 

Trabajando gratis

Los mineros trabajan en un sistema tradicional de trabajo llamado cachorreo, donde trabajan 30 días sin paga para la minera informal, seguido por uno o dos días de minería de oro para sí mismos.

No es raro que los mineros se retiren sin nada. Pero incluso con las complicadas condiciones que enfrentan, los mineros se opusieron fuertemente a un esfuerzo reciente para reformar el sistema cachorreo en un modelo salarial peruano nacional. El cachorreo ofrece una mayor oportunidad de ganar dinero – por no hablar de la oportunidad de contrabandear oro de la mina durante los días no remunerados. 

Un mundo sin leyes

La Rinconada tiene una economía en efectivo con pocas opciones de gastos que no sean bares y discotecas, que son abundantes, al igual que strippers y prostitutas. No hay una ley establecida, lo que resulta en frecuentes borracheras públicas e incluso puñaladas, principalmente en peleas de mineros sobre las mujeres. 

Las mujeres de la mina

Hay otra comunidad aquí arriba, mujeres que trabajan como pallaqueras, el término local para los grupos de mujeres que clasifican las rocas no deseadas y los escombros de las minas de oro. Buscan pequeñas piezas de oro que pudieran haber sido desechadas o ignoradas por los mineros. 

Buscando en la chatarra

Llegando a ser alrededor de 700 mujeres, estas pallaqueras – en su mayoría madres solteras, viudas y esposas de mineros – martillan las rocas durante ocho horas al día, dependiendo de su fuerza. No se les permite entrar a la mina, ya que se cree que traen mala suerte. 

Fútbol congelado

Dado que la hierba no crece a esta altitud, los mineros juegan al fútbol en un campo sintético. El ambiente es duro. Aquellos que vienen aquí se enfrentan a varias enfermedades de altura, como agotamiento, dolores de cabeza, mareos, náuseas e insomnio. Se dice que las minas de La Rinconada matan a los trabajadores rápidamente, a través de accidentes y derrumbes, así como lentamente, al desarrollar problemas terminales de salud por las malas condiciones de vida. Pero los hombres siguen acudiendo aquí, a veces acompañados por toda su familia, en busca de la fortuna que les dará una vida mejor. 

Esta cuarta publicación sobre nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, desarrollada en colaboración con Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, está referida a las condiciones políticas y sociales que hoy se hacen indispensables para el desarrollo de los numerosos proyectos  mineros que pueden contribuir al crecimiento de la economía en su conjunto y, también, contra lo que se ha predicado por parte de los grupos anti mineros, al bienestar de las poblaciones más vinculadas al sector.

Lamentablemente, ante la debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, los anti mineros han logrado convertir los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto. No solo el gobierno actual ha abdicado de sus responsabilidades y, ha permitido que sus otrora socios de la anterior campaña política paralicen buena parte del sector, el 100% de los candidatos a la Presidencia de la República, los 19 que arrancaron y los dos que quedan, han expresado distintas formas de desconocimiento, sometimiento a lo ‘políticamente correcto’ y han caído en propuestas de corte populistac.

Estamos a menos de un par de meses del cambio de mando y si el próximo gobierno quiere emprender las reformas pendientes y reactivar la economía, tendrá que desarrollar una estrategia para hacer viables los proyectos, debilitando los aprontes políticos de sus opositores y logrando el apoyo de la sociedad en su conjunto y de los pueblos  de las regiones y provincias mineras.

En las siguientes líneas presentamos algunos lineamientos para ilustrar este importante cometido. Ver los tres primeros capítulos de este desarrollo en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

Consenso para el Desarrollo Compartido

(Propuestas para Reducir la Conflictividad, 4 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

El inicio de un gobierno ofrece una oportunidad para hacer cambios en las políticas públicas y retomar el desarrollo perdido en la actividad minera durante los últimos años. En los próximos meses, el nuevo gobierno deberá diseñar una serie de iniciativas que desaten el nudo Gordiano de la conflictividad social ligada a la minería para destrabar la puesta en marcha de los proyectos mineros hoy paralizados. Si queremos que la actividad minera sea sostenible, es decir, que sea parte del presente y del futuro del país, su reactivación debe tener legitimidad social, es decir debe ser lograda en acuerdo con las poblaciones de las regiones mineras.

Este artículo busca dar algunas ideas en ese campo. Partimos del supuesto de que la minería tiene defensores y detractores y, que estos últimos han logrado paralizar decenas de miles de millones de dólares en proyectos, han bloqueado la generación de miles de puestos de trabajo, han quebrado a muchas empresas locales, y han sido exitosos en impedir que la población de la regiones mineras reciba algunos miles de millones de dólares en obras públicas producto de impuestos y canon. También asumimos que, si hacemos bien las cosas, la minería podría ser nuevamente uno de los principales motores del desarrollo nacional para los próximos 35 años.

Anti-mineros y polarización política

El reciente proceso electoral, en su 1ª vuelta, ha evidenciado una alta correlación entre la fuerza electoral de las organizaciones políticas anti-sistema y la conflictividad social. La conflictividad es alta justamente donde esos grupos tienen sus fuerzas políticas desarrolladas, y sus fuerzas se desarrollan mejor donde logran desencadenar procesos de conflictividad social. 

Es muy importante entender la dimensión política de la conflictividad social, porque la estrategia de los grupos anti-mineros es crecer en la conflictividad. Es decir, para ellos es más fácil lograr presencia mediática y la atención pública a través de los conflictos. Toda vez que se abre un conflicto ellos obtienen, gratuitamente, presencia mediática, presentándose como las voces autorizadas para hablar de conflictividad y de su resolución. 
No es coincidencia que los líderes anti-mineros más conocidos (candidatos en el reciente proceso electoral) han adquirido su notoriedad provocando y/o participando en grandes conflictos sociales hostiles a la minería: Gregorio Santos y Marco Arana en Cajamarca y Verónika Mendoza en el Cusco. Hablando en términos biológicos, la conflictividad social es el eco-sistema preferido de los anti-mineros. La efectividad de esa estrategia se evidencia en el mapa de los resultados del reciente proceso electoral. Ello se ha evidenciado a lo largo de toda la cordillera Andina.
Lo interesante es que los resultados electorales de los distritos y provincias mineras, han sido independientes de las opciones políticas de sus regiones. Por ejemplo: Cajamarca es una región anti-minera, entonces no sorprende la influencia electoral de los anti-mineros en las provincias y distritos Cajamarquinos. Piura es una región pro-desarrollo, donde ganó Fuerza Popular, pero en la provincia piurana de Majaz, los anti-mineros obtuvieron 59%; y en Lambayeque, en Cañaris, obtuvieron 47%. Todos distritos en que ocurrieron los conflictos mineros [1].  
Los anti-mineros aceptan una parte de la relación expresada en el gráfico superior: ellos tienen fuerza política donde hay conflictividad social (la conflictividad social favorece su expansión); pero buscan ocultar la otra parte de la relación: donde los anti-mineros tienen fuerza política la conflictividad social es más alta. Ellos buscan ocultar que su presencia genera y/o aumenta la conflictividad. 
Con las evidencias de las recientes elecciones (ver en Lampadia: Rebelión, de Richard Webb), colapsan los intentos de presentar la conflictividad minera como resultado exclusivo de la mala relación entre las comunidades locales y las empresas mineras. Ya no se puede  reducir el tema de la superación de la conflictividad a una cuestión de distribución de los beneficios de las actividades extractivas o del manejo de los impactos sociales y ambientales de la minería, o por la presencia del Estado, sin considerar el rol de todos los actores políticos que operan en la zonas mineras. En realidad, los actores políticos anti-mineros tienen un rol crítico en coordinar y escalar pequeños conflictos y para transformarlos en una  perturbación mediáticamente visible que les genere protagonismo a nivel nacional. 

Esos resultados confirman el marco interpretativo que hemos presentado en artículos previos de esta serie, donde explicábamos que los conflictos mineros están relacionados a la influencia política de organizaciones hostiles a la minería y a su accionar.[2] En esos artículos explicábamos que la posibilidad de un proceso de desarrollo compartido, dinamizado por la minería, depende del accionar de cuatros actores: las empresas mineras, la sociedad regional, las instituciones públicas y los grupos anti-mineros. El descuido del rol de cualquiera de esos actores genera propuestas inviables. Si queremos reducir la conflictividad necesitamos poder afectar la conductas de todos ellos, y no solo de las empresas o del estado.

¿Es suficiente la Inversión Pública?

La gran mayoría de la población peruana espera que el nuevo gobierno sea capaz de reabrir la ruta del desarrollo del Perú, y para ello se hará necesario reactivar la inversión en la minería. Pero si queremos aprovechar esa oportunidad y construir regionalmente un ambiente social y político favorable a un desarrollo compartido en que la minería cumple un rol dinamizador, necesitamos entender bien los factores que están detrás de la conflictividad.

Hay quienes creen que será suficiente que el nuevo gobierno se encargue de poner en marcha algunos grandes proyectos de infraestructura, con impacto en la economía local. Sería excelente que ello fuera así, pues hacer obras es más fácil que influenciar sociedades. Las obras serían suficientes si las poblaciones naturalmente se dieran cuenta que las obras son efectos positivos de la actividad minera sobre el desarrollo local. Pero, la experiencia reciente muestra el tema de la conflictividad es más complejo.

En los últimos 10 años han sido transferidos, mediante el canon, S/. 36,200 millones a las regiones mineras del Perú, equivalente a US$ 11,104 millones, por concepto de canon minero a las regiones (Una cantidad fabulosa de recursos!) y su reconocimiento por las poblaciones locales como contribución de la minería al desarrollo es muy discutible.[3] Si esa relación estuviera clara para la población, los anti-mineros no habrían obtenido tanto apoyo político en las zonas mineras en estas elecciones. Los votantes de los anti-mineros no entienden que los recursos que reciben vía canon proviene de la minería, no saben que el canon minero es el 50% de los impuestos pagados por las empresas mineras.

Sólo Minera Yanacocha ha realizado un aporte de US$ 1,711 millones por concepto de canon al desarrollo de Cajamarca. Además del canon de esa empresa en particular está el canon aportado por las otras empresas mineras (Gold Field, Tantahuatay, etc.), los aportes por cientos de millones de dólares en diversos proyectos locales, y las inversiones del gobierno nacional, financiadas con impuestos de la actividad minera. [4]

Sin embargo, en Cajamarca los grupos anti-mineros juntos (Democracia Directa y Frente Amplio) han obtenido más del 50% de los votos en las recientes elecciones generales, y sus campañas fueron enfocadas en oponerse a la minería, especialmente a Minera Yanacocha, pero también a Gold Field y a la minería como actividad productiva. Hay distritos en Cajamarca, en donde los anti-mineros han obtenido más del 80% de respaldo político, independiente de la existencia o no de alguna actividad minera en su área. Ello evidencia que hay un sistema de creencias y de alineamiento político de la población en Cajamarca que les impide imaginar su desarrollo en una relación sinérgica con la minería.

Podríamos considerar que las autoridades locales y regionales no han hecho un uso óptimo del canon minero, dados los montos gigantesco de las contribuciones fiscales de la minería y los índices actuales de pobreza de algunas regiones beneficiadas por el canon, pero independiente de las explicaciones de la ineficacia del canon, importantes segmentos de la población no relacionan minería, canon y desarrollo. En algunas regiones, la población cree que la paralización de la minería no tendría mayor impacto en sus actividades económicas, e incluso, podría ser bienvenida por algunos segmentos sociales significativos. Solo así se explica ese grito que decía: “Canon sí, minería no”.

Hacia un nuevo consenso social y político

Hay que tener claro que, haga lo que haga el nuevo gobierno para reactivar la minería, las organizaciones anti-mineras van buscar descalificar las iniciativas y van intentar crear un movimiento de oposición en las regiones, en los medios nacionales y en el Congreso de la República (junto con rebotes internacionales tácticos). El nuevo gobierno, por lo tanto, no deberá enfocar su estrategia de reducción de conflictos sociales en la realización de obras, sino con la creación de condiciones sociales y políticas que viabilicen la inversión y las actividades mineras. Las obras serán efectivas en la medida en que sirvan como instrumento para este objetivo.

La reactivación de la minería necesitará ser un proceso no solo económico sino principalmente social y político, tanto en el ámbito regional como nacional. Por ejemplo: los Cajamarquinos necesitarán evaluar su experiencia con la minería, tanto en período del auge minero (2003-2013) como en su actual período de reducciones y cierres. Los líderes regionales y la población necesitarán repensar sus aciertos y errores, e imaginar cómo pueden combinar la actividad minera con sus otras actividades económicas, para volver a ser una región atractiva para las inversiones mineras.

En ese proceso de creación de un nuevo consenso deben participar tanto los sectores rurales como urbanos. Este proceso no debe reducirse a una negociación entre las empresas mineras y las comunidades vecinas a sus operaciones, de espaldas a los demás actores. Esta clase de negociación estimula la conflictividad y la búsqueda de rentas económicas de parte de algunos dirigentes y sectores sociales, como sucedió recientemente en Arequipa y anteriormente en Espinar, y de rentas políticas por parte de aventureros locales y nacionales. El consenso social a crearse debe involucrar a todos los actores de la sociedad regional, y no solo a las fuerzas en conflicto.

El desarrollo regional compartido, y el rol de la minería en ese desarrollo, interesa a todos los segmentos de la población, y también a las empresas e instituciones de la región. Las actuales mesas de concertación, creadas para manejar conflictos, son insuficientes para canalizar las expectativas y hacer cumplir los compromisos de todos los sectores y actores institucionales y empresariales cuyo presente y futuro serán afectados por la paralización o desarrollo de la minería.

Los sectores medios de las sociedades regionales deben tener espacios en que puedan expresarse libremente, sin la hostilización de los grupos anti-mineros. La diversificación de las economías regionales dependerá críticamente del desarrollo de las empresas locales. Además, son esos sectores medios que pueden evitar la polarización social que tanto buscan los anti-mineros para generar una dinámica de conflicto en la cual su postura extremista pueda fortalecerse “pulverizando el centro”. Los sectores medios regionales deben ser empoderados para hacer posible que los intereses de los sectores menos conflictivos, que apuestan por la creación de riqueza y no por el conflicto rentista o ideológico, puedan expresarse en libertad.

Son los sectores medios quienes pueden generar una diversidad de oportunidades para que los sectores de menores ingresos saquen provecho de la minería sin tener que utilizar la conflictividad como mecanismo principal de disputa de las rentas mineras. Es importante que las empresas mineras fortalezcan las cadenas de valor locales, pero el desarrollo compartido requiere más que esto. Si queremos democratizar las oportunidades de desarrollo, necesitaremos que los sectores medios (rurales, urbanos y peri-urbanos) progresen económicamente y generen oportunidades de empleo, y demanda de productos y servicios a los demás sectores sociales.

La victoria electoral en esta 2ª vuelta, sea de quien sea, le va entregar al nuevo gobierno un gran capital político, un capital que no debe ser desaprovechado. El gobierno deberá enviar las señales políticas, definir las reglas del juego, ofrecer el marco institucional, y crear las condiciones para que el proceso de creación de ese nuevo consenso social y político avance en las regiones mineras. Las experiencias exitosas de desarrollo minero, como la de Botsuana, África, muestran que el uso efectivo de los recursos generados por la minería (canon, impuestos, regalías, etc.) ha sido un factor importante del éxito de esos países (Acemoglu et al, 2001, p. 19).[5] Estos últimos 10 años de canon y desarrollo regional muestran que el aprovechamiento de las rentas mineras en el Perú es muy deficiente, y esta ineficiencia contribuye al incremento de la conflictividad.

Todo el proceso debe realizarse estando consciente que se requiere fortalecer a una red de actores locales que visualizan en el desarrollo compartido dinamizado por la minería como su ruta de progreso. Esos actores locales, con un apoyo del Estado y de políticas públicas, serán quienes podrán encontrar las rutas de prevención y/o de solución a los conflictos que pueden darse en las zonas de actividad minera.

No es cuestión de reunir a los anti-mineros para ver si se logra convencerlos a abandonar su estratégica de promoción de conflictos, ni mucho menos ofrecerles protagonismos y beneficios con la ilusión de ganarlos o neutralizarlos. Ellos ya saben como obtener beneficios de la conflictividad, lo vienen haciendo por décadas, y tienen una ideología de polarización social (son, en un 90%, anti-sistema). Ellos solo van dejar de promover conflictos cuando sus métodos comiencen a fracasar, es decir, cuando la población comience a rechazar sus iniciativas y pongan sus esperanzas en otra dirección.

¿Por donde empezar?

Cada región del Perú va ser un caso específico, con su historia de conflictividad, con una institucionalidad local particular, con un clima social específico, y con una situación económica y política pero todas deberán ser parte de una propuesta de alcance nacional.

No hay que empezar por abordar los problemas más difíciles, sino por solucionar aquellos casos que, siendo viables en un plazo breve, pueden asumir un rol demostrativo del tipo de solución posible en los casos más difíciles. También se puede comenzar desde ahora operando en las regiones con los casos más conflictivas, pero debemos hacerlo abordando los temas en los cuales ya hay elementos de consenso social, como la reparación de los pasivos mineros.

Las iniciativas a poner en marcha deberán ser acciones simbólicas para que la población local pueda comenzar a imaginar como sería el desarrollo en su zona, y así puede comenzar a creer en la sinergia entre la minería y sus otras actividades económicas. El propósito de las primera acciones será crear confianza, en como podría ser un proceso de desarrollo compartido, y gradualmente generar entusiasmo en la población.

La población se va convencer por más los ojos que por los oídos, es decir, los avances logrados en algunas zonas van servir de referencia de lo que podría suceder en otras zonas. No hay que reinventar la rueda ni la pólvora. Hay que identificar las iniciativas de desarrollo compartido que ya están en proceso. Hay que generar espacios regionales y nacionales en que puedan ser visualizadas, compartidas y potenciadas. Hay que mapearlos a nivel nacional, visibilizarlos y extraer lecciones de cómo podrían se generalizados y/o ampliados. A nivel local, mucha gente creativa ya ha venido progresando en armonía con la minería, tipo ferias de innovación para el desarrollo compartido. Estos casos deben inspirar nuevas iniciativas e ilustrar lo que puede ser en la escala regional. Estos casos, además, van a servir como prueba de lo que se puede lograr con el apoyo de políticas nacionales adecuadas.

Naturalmente, se van a requerir reformas en las instituciones públicas nacionales ligadas a la actividad minera y al desarrollo regional. Será necesario además crear el marco institucional regional para que los sectores medios (empresas, universidades, instituciones privadas, etc.) tengan voz. Esos cambios en el marco institucional necesitarán ser bien pensados, para reducir la generación de espacios para la disputa social y para propiciar la difusión de una narrativa que legitime la actividad minera y la iniciativa empresarial regional.

Lampadia

[1] http://www.lampadia.com/analisis/mineria/conflictos-mineros-y-resultados-electorales