Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es difícil pensar que el gobierno no supiera que la Comisión de Constitución iba a archivar el proyecto de adelanto de elecciones. Lo sabía todo el mundo. Incluso se le había cuestionado a la Comisión que estaba dilatando las discusiones para hacer tiempo. La única objeción, de forma, ha sido la manera en que se aprobó el dictamen de archivo, recortando los tiempos de las intervenciones. Y es verdad que fue así, cuestionablemente, acaso presionada por el temor de que llegara una cuestión de confianza de Palacio antes de la aprobación, como muchos pedían, aunque la verdad es que el tema ya se había debatido pletóricamente en la Comisión y en el país durante casi dos meses.

No es posible que, en una democracia, cuando se pierde una votación, salga el presidente del Consejo de Ministros a acusar a los congresistas de haber favorecido sus intereses personales y menos para llamar a la población a movilizarse contra el Congreso. En realidad, la gran cantidad de constitucionalistas y no constitucionalistas que opinamos que ese proyecto era un despropósito innecesario y eventualmente inconstitucional que traería consecuencias negativas para el país, fuimos muchos y no tenemos intereses personales de ningún tipo en este asunto, sino que pensamos en los intereses del país precisamente.

El archivamiento del proyecto pone fin a la zozobra creada por el propio pedido de adelanto, y esa es una buena noticia para el país porque permitiría dar paso a un acuerdo sobre una agenda de gobernabilidad que el Congreso ya está elaborando, pero la capacidad del Presidente y de su Premier para encontrar siempre nuevos pretextos o razones para mantener la guerra con el Congreso -un mecanismo cínico para remontar niveles de popularidad cuando ésta empieza a caer-, puede ser ya un caso de estudio en la ciencia política. Ahora han acusado al Congreso de querer copar el Tribunal Constitucional para buscar impunidad y han sacado de la manga una enésima cuestión de confianza respecto de un proyecto para cambiar las reglas de designación de los miembros de dicho Tribunal, algo que también va a generar una tempestad política porque, como bien estableció el propio TC, “…la cuestión de confianza… ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera.” (Expediente 0006-2018-P1/TC, fundamento 75). Y la elección de los miembros del TC no tiene nada que ver con la gestión del Ejecutivo.

Cabe decir, sin embargo, que un proyecto de reforma de las reglas para elegir magistrados del Tribunal, a diferencia del proyecto de adelanto de elecciones, sí es positivo y podría ayudar a escoger mejores magistrados, de modo que debería ser debatido y aprobado sin necesidad de una cuestión de confianza improcedente.

Pero los tambores de guerra retumban con más estruendo aun cuando el presidente y el Primer Ministro acusan a la mayoría parlamentaria de querer “copar” el Tribunal Constitucional para defenderse de acusaciones y garantizar su impunidad. Es una acusación difamatoria, demagógica, y altamente ofensiva contra la honorabilidad de los candidatos. Personas como Gonzalo Ortiz de Zevallos, Manuel Sánchez Palacios, Carlos Hakansson, Milagros Campos, Hugo Sivina, Delia Muñoz o Ernesto Álvarez, para citar solo a los que conozco, ¿se someterían a directivas para exculpar a tal o cual político cuyo caso eventualmente llegara al Tribunal Constitucional? Es imposible. La acusación, pues, es totalmente gratuita, ofensiva y debe ser retirada.

La acusación de “copamiento” es puramente política y es absolutamente falaz. Cualquier nombramiento tiene que reflejar el consenso de 87 congresistas -los 2/3 del Congreso- lo que implica un mínimo de 7 bancadas. ¿Quién copa entonces? La elección de los miembros del Tribunal Constitucional, como la de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, es por definición política, y la composición que resulte refleja sin duda la visión o la orientación política de los 2/3 del Congreso que, dicho sea de paso, es muy difícil que refleje una orientación política única o muy definida. En Estados Unidos tenemos Cortes Supremas más liberales o más conservadores según quién predomine en el Ejecutivo y en el Senado. Eso es normal. Nuestro propio Tribunal Constitucional actual, elegido en la época de Humala, tiene una mayoría de 4 magistrados de izquierda, que expresan su posición claramente en una serie de fallos. Daniel Salaverry no quiso impulsar la designación de sus reemplazos precisamente porque podía favorecer al gobierno de Vizcarra en situaciones dadas.

De lo que se trata es de asegurar que los nombrados tengan las cualidades necesarias en términos profesionales y éticos. Sin duda el proyecto de ley remitido podrá mejorar ese aspecto a futuro, mediante mecanismos que permitan un mayor escrutinio público. Pero en el caso presente debe decirse que, si bien los actuales candidatos fueron designados rápidamente, el proceso se había iniciado diez meses atrás y la mayor parte de esos nombres ya circulaban desde entonces. La ley orgánica del TC (art. 8º) exige un mínimo de 7 días desde la publicación de la lista de candidatos hasta su nombramiento y si la elección se produce hoy 30, habrán pasado 12 días. El Congreso ha publicado en su página web, de manera muy visible, desde el 18 de setiembre, un informe de 217 páginas que contiene el currículum vitae detallado de cada uno de los postulantes, que puede ser revisado en el siguiente link: http://www.congreso.gob.pe/Docs/spa/files/14056-q2ho8op5xp8ki6t.pdf, y queda claro que muchos de los candidatos poseen las calificaciones intelectuales y morales suficientes para integrar el Tribunal. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

La amenaza del presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar de que el gobierno “no se quedará con los brazos cruzados” frente a la decisión de la Comisión de Constitución del Parlamento de archivar el inconstitucional proyecto de adelanto de elecciones y su llamado, (pálidamente correspondido la noche ayer), a que se movilicen los ciudadanos en contra de la decisión del Congreso de la República, abre nuevamente las puertas a la inestabilidad y  la confrontación política en el mejor de los casos, si es que no es la antesala misma de una maniobra en ciernes de ruptura del orden constitucional y las reglas de juego democráticas.

Esta situación, genera un inevitable parte aguas en la coyuntura política nacional.

Los aliados del presidente Vizcarra no se han hecho esperar y aparecieron en primera plana en los medios aliados al gobierno, arengando a la movilización callejera y exigiéndole que patee el tablero democrático y altere el mandato popular de las urnas de abril de 2016. Para ello, Mendoza, Arana, Guzmán y Lescano, la falange roja del presidente, le abre el terreno político por el extremo izquierdo exigiéndole no sólo la disolución del Congreso, sino el cambio de Constitución. Los aliados menores, esos que consigue con favores presupuestales, apoyan desde sus regiones, en tono un poco más moderado.

Del otro lado el presidente del Congreso Pedro Olaechea se ha convertido en la figura que encarna la resistencia republicana, democrática y constitucional, haciendo respetar la Constitución y la voluntad soberana de las urnas del 2016 que Vizcarra traiciona y desoye. Olaechea, sin provenir de canteras políticas ni tener oficio partidario, ha sacado a relucir una estirpe constitucionalista encomiable, que lo lleva a defender mejor que muchos fujimoristas el orden Constitucional vigente, sin por ello dejar de tender puentes al Gobierno para voltear la página y construir una agenda común. “Presidente le sigo extendiendo la mano”, ha dicho el jefe del Parlamento, por tercera vez y en un reiterado gesto dialogante que sólo la necedad, el odio o los intereses de seguir acaparando el poder y sus granjerías pueden dejar de ver.

Ha llegado entonces la hora de optar.

Cuando las aguas se dividen, cuando de un lado queda la República y del otro lado su negación, y su desmontaje, hay que tomar partido. Hay quienes lo hemos hecho hace mucho tiempo: Una reflexión necesaria antes del Referendum (Lampadia 07 de diciembre de 2018) y El presidente va por más. (Lampadia 03 de enero de 2019), para citar las columnas más remotas. Sin embargo, hay quienes no lo han hecho aún, por su aversión al fujimorismo, por su afán de ser políticamente correctos o por muchas otras razones que les impiden ver lo que hay detrás del supuesto afán moralizador del gobierno y sus aliados. Para estos últimos, unas citas muy pertinentes, que les harán ver los riesgos del cambio de las reglas de juego democráticas, extraídas de un libro cuyo título no necesita explicaciones: Como mueren las democracias. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt:

“Las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes, de primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Algunos de esos dirigentes desmantelan la democracia a toda prisa, como lo hizo Hitler… Pero, más a menudo, las democracias se erosionan lentamente, a pasos apenas apreciables”[i]

“En Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez era un político marginal que clamó contra lo que describía como una élite gobernante corrupta y prometió construir una democracia más auténtica (…) Empatizó hábilmente con la ira de los venezolanos de a pie…”

“La senda electoral hacia la desarticulación es peligrosamente engañosa. Con un golpe de estado clásico como ocurrió en el Chile de Pinochet, la muerte de la democracia es inmediata y resulta evidente para todo el mundo. (…) Por la vía electoral en cambio… la Constitución y otras instituciones nominalmente democráticas continúan vigentes. La población sigue votando. Los autócratas electos mantienen la apariencia de democracia, a la que van destripando hasta despojarla de contenido”.

 “… un conjunto de cuatro señales conductuales que pueden ayudarnos a identificar a una persona autoritaria cuando la tenemos delante. Deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: 1) rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego, 2) niega la legitimidad de sus oponentes, 3) tolera o alienta la violencia o 4) indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores”.

Es hora de tomar partido entre la República o la autocracia en ciernes. La República, democrática, imperfecta, incompleta y mal representada es preferible, sin ninguna duda a la autocracia del señor Vizcarra y sus aliados. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La Comisión de Constitución aprobó reemplazar las firmas de adherentes por un número de militantes o afiliados para inscribir un partido, lo que es un avance. Pero subió el número de afiliados propuesto por la comisión especial –de 14,000 a 24,000- y agregó el requisito de tener comités en funcionamiento permanente en 20 departamentos y en algo menos de 70 provincias.

La idea de los proyectos de la Comisión Especial era bajar las barreras de entrada, pero subir las de permanencia. Y, en general, reducir requisitos formales. Por ejemplo, ya no se pedía, en el proyecto, un número mínimo de comités partidarios. Se trataba de abrir la cancha para que haya más competencia y que nuevas corrientes pudieran renovar la política, pero esas nuevas corrientes debían ser lo suficientemente sólidas y organizadas como para participar en todas las elecciones –nacionales y sub-nacionales- y pasar las vallas establecidas para las elecciones internas y congresales. Es decir, los requisitos para conservar la inscripción no eran formales u organizacionales –por ejemplo, tener muchos comités funcionando- sino de participación en las elecciones.

Esto era una manera de adecuar la ley a la realidad de los tiempos modernos: ya no existen grandes partidos ideológicos con organizaciones burocráticas que pretendan representan a determinadas clases sociales, por ejemplo, sino corrientes de pensamiento o de propuestas específicas lideradas por individuos o grupos que deciden incursionar en la política. Las redes y los chats de whattsapp reemplazan a las reuniones de comités, si es que alguna vez las hubo. Los comités partidarios en realidad se abren eventualmente para las campañas.  El resto del tiempo, si existen, permanecen vacíos. No hay reuniones de discusión en el ellos. Casi nunca las hubo en realidad, ni en las épocas de oro del partidismo en el Perú.

Entonces no se entiende por qué la Comisión de Constitución se empecina en engañarse a sí misma. El JNE carece de capacidad –y lo reconoció- de supervisar si los partidos mantienen todos sus comités en funcionamiento permanente, pero sí puede verificar si un nuevo partido que quiere inscribirse tiene comités abiertos. Quizá entonces se pone este requisito como una barrera de entrada.

Ojalá que en el pleno se pueda enmendar esta situación. Porque los propósitos de facilitar la entrada al sistema y apuntar a partidos modernos y ligeros adecuados a nuestros tiempos, quedan casi anulados con los artículos aprobados.

¿Los partidos tienen vigencia en la era de las redes?

En realidad, no hemos discutido suficientemente sobre la vigencia de los partidos políticos en la era de las redes sociales. Hace tiempo que no son el vehículo único de expresión, formación y canalización de las demandas ciudadanas, o de la voluntad ciudadana en general. Ahora hay múltiples medios. No solo la prensa, que siempre existió. Sino las redes sociales, los portales de análisis y opinión, etc. Todos los centros de investigación y universidades tienen sus propios medios de expresión –sus páginas web, sus páginas en Facebook, etc.- donde eventualmente publican.

Los ciudadanos mismos ya no requieren intermediarios: se expresan directamente a través de las redes y las encuestas recogen sus opiniones. Se puede discutir la calidad de los debates en las redes y de las preguntas en las encuestas, pero son una realidad. Por eso los gobiernos por lo general ya no lideran, sino que siguen a la opinión pública. El gobierno del presidente Vizcarra es un caso extremo de esta tendencia. Lo que tenemos es una suerte de democracia directa que despoja a los partidos de su función clásica de orientar, formar y canalizar la opinión pública.

Pero la función que los partidos no han perdido y que conservan de modo exclusivo, es la de ser un vehículo para acceder al poder por la vía electoral. Para llegar a la presidencia de la República y al Congreso, se requiere formar parte de -o ser presentado por- un partido político. Una universidad o un think tank o un portal o un gremio empresarial o laboral o un líder de opinión con muchos seguidores en las redes, por ejemplo, no podrían presentar un candidato a la presidencia ni una lista al congreso. Esas entidades o personas tendrían que formar un partido si desean hacerlo. Pero de aquí se despenden varias conclusiones, pensando libremente:

• En el extremo, podríamos retirarles a los partidos ese único monopolio que les queda: presentar candidatos. Cualquier institución o persona podría candidatear. Le bastaría inscribir una candidatura con un mínimo de requisitos. Pero no existe ninguna democracia en el mundo con este sistema.
• Una versión cercana a esa realidad sería que sea muy fácil la inscripción de un partido, reduciendo los requisitos al mínimo. Es lo que en alguna medida –no suficientemente- buscaba la propuesta de la Comisión Especial, y que la Comisión de Constitución ha recogido muy parcialmente, agregando nuevos requisitos, lamentablemente.
• Los partidos inscritos –partidos ligeros- podrían tratar de recuperar parte de la función de orientación y formación de la opinión pública si estuviesen asociados a think tanks o centros de investigación. Carlos Meléndez propuso la fórmula de Partidos X Impuestos, para las empresas pudieran contribuir con parte de sus impuestos a think tanks en uno o varios partidos. De esa manera los partidos se convierten en centros de estudios de la realidad nacional, adquieren capacidad de propuesta y pueden llegar al poder con un plan de gobierno bien elaborado en lugar de improvisar. Serían partidos serios. Allí sí, la calidad de la democracia mejoraría sustancialmente.

Además, permitirían paliar el efecto devastador de la no reelección de congresistas, que instaura el mito de Sísifo como sistema: los partidos tendrán que reinventar en cada elección nuevos postulantes que, luego de cinco años, se retirarán de la política, anulando el aprendizaje para comenzarse de cero cada vez. Con Think Tanks, los partidos podrían reciclar en su periodo sabático los buenos congresistas que quisieran permanecer en la política, para no perderlos.

Por último, para competir con las redes o usarlas a favor de la democracia representativa, es indispensable que los distritos electorales sean más pequeños –uni o binominales- para que pueda existir una relación directa y personal entre el congresistas y sus representantes. Esto lamentablemente no fue planteado por la Comisión Especial –aunque si propuso elecciones del Congreso por mitades cada dos años y medio, lo que reducía las circunscripciones de cinco congresistas a dos o tres por elección, pero esta propuesta no fue recogida por el Ejecutivo-. La reforma política debe incorporar este cambio.

En suma, el pleno Congreso debería eliminar los requisitos de comités para inscribir un partido, aprobar la propuesta de Partidos X Impuestos para formar think tanks asociados a los partidos, y reducir el tamaño de las circunscripciones electorales, si queremos que los partidos políticos recuperen parte de la función de orientar, formar y canalizar la opinión pública y puedan poner las redes al servicio de la democracia representativa. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo en torno a cinco reformas políticas puede llevar al país a una situación de desconcierto y anarquía si los principales actores políticos no se manejan con inteligencia, sensatez y una mínima buena fe republicana.

El presidente del Consejo de Ministros ha planteado una cuestión de confianza en dos tiempos: la aprobación en el pleno, establecida en la constitución, y luego una verificación de que las leyes aprobadas materia de la confianza no hayan desnaturalizado la esencia de los proyectos originales. Este segundo tiempo no es constitucional, pero se plantea ante la opinión algo cínica de que la salida es conceder la cuestión de confianza y luego aprobar los proyectos en el sentido que se quiera.

Pero esto último, muy propio de la cultura criolla, tampoco sería serio. Desnaturaliza la cuestión de confianza. Pues, ¿para qué se plantea cuestión de confianza si no es para trabajar de consuno en un determinado sentido? Por eso, a nuestro juicio, la manera más eficiente de resolver este impasse sería que la redacción final de los textos legales materia de la cuestión de confianza se consensuen en la Comisión de Constitución con el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, asesorados eventualmente por algún miembro de la comisión Tuesta. Algo que pudo haber ocurrido días atrás y no se dio.

Esa experiencia exigiría capacidad de diálogo y disposición de llegar a acuerdos. Sería un buen ejemplo para el país y quizá se convierta en un aprendizaje que resultaría muy útil luego para avanzar en otras reformas políticas que no han sido consideradas parte del “núcleo esencial”.

Asunto aparte es si es posible o no hacer cuestión de confianza por reformas constitucionales. Este extremo quizá se lleve al Tribunal Constitucional, para que defina. Pero es posible ir avanzando con las reformas legales, y quizá incluir otras adicionales en el llamado núcleo esencial.

Al país no le conviene ni la disolución del Congreso ni una situación de desgobierno en la que cualquier decisión sea cuestionada y no se sepa cómo proceder para resolver este entrampamiento. Es evidente que el interés de ambas partes, de otro lado, es la permanencia y no la disolución y la renuncia. Por lo tanto, deberán encontrar la manera de sentarse a encontrar las fórmulas legales que permitan llevar a adelante la reforma política. Así sea. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Tal como estaba previsto en el cronograma aprobado, la comisión de Constitución aprobó ayer el dictamen de la reforma constitucional del CNM, que debe aprobarse a su vez hoy en el pleno del Congreso. Como hemos explicado también ayer, el segundo borrador de ese texto estaba listo desde el viernes o sábado, mucho antes de que el Presidente Vizcarra anunciara la innecesaria cuestión de confianza. El primer borrador se había discutido el martes pasado.

Y acto seguido, la Comisión de Constitución adelantó para ayer por la tarde la discusión del predictamen sobre restablecimiento de la bicameralidad, que originalmente se iba a debatir hoy en la misma Comisión. Lo interesante es que quizá esa reforma se apruebe también en el pleno de hoy, con lo que la cuestión de confianza quedaría prácticamente fuera de juego.

Novedades

El dictamen sobre reforma del CNM tiene algunas novedades en relación al proyecto que remitió el Ejecutivo. Se establece, por ejemplo, que además de la ratificación de los jueces y fiscales cada 7 años, el CNM realiza, conjuntamente con la Academia de la Magistratura, una evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales cada tres años y medio. En realidad, la evaluación de desempeño de jueces y fiscales es algo que deberían hacer internamente tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público todos los años, permanentemente.  La mencionada evaluación parcial ejecutada por el CNM y la Academia de la Magistratura debería tener como insumo estas evaluaciones permanentes ejecutadas por las mismas instituciones. Esto es algo que debería establecerse en la ley de desarrollo constitucional que al efecto se dé.

Otra innovación consiste en la obligación del CNM de presentar un informe anual al Pleno del Congreso.      

El meollo de la reforma está, como es sabido, en que los miembros del CNM son elegidos por concurso público de méritos. El dictamen aprobado sube a de 5 a 7 el número de consejeros, lo que es apropiado por la carga de trabajo que tendrá el Consejo. Y en cuanto a quiénes integran la Comisión Especial encargada de realizar el concurso de méritos para escoger a los consejeros, el dictamen aprobado ha agregado dos más a los considerados en el proyecto del Ejecutivo: “un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad”, y un rector de las universidades privadas también de más de cincuenta años. La verdad, no se entiende bien por qué agregar a estos miembros. Tratándose de rectores y de las universidades públicas y privadas antiguas, esperemos no hagan daño.

Rectificaciones

En cuanto a la entidad encargada de dar el apoyo técnico a la Comisión Especial para llevar a cabo el concurso que elija a los consejeros, el dictamen ha corregido, felizmente, su versión inicial en el sentido de que se trataría de una secretaría ad hoc, siempre manipulable, pero no ha restablecido explícitamente la propuesta del Ejecutivo en el sentido de que ese soporte técnico esté dado por SERVIR sino –dice- por “una Secretaría Técnica Especializada”. SERVIR cabe dentro de ese concepto, de modo que sería recomendable que la ley de desarrollo constitucional que se dé así lo establezca. SERVIR es la entidad encargada precisamente de normar la implantación de la meritocracia en el Estrado peruano. No hay entidad más apropiada que esa.

En cuanto a los requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el dictamen felizmente ha restablecido casi todos los que fijó el proyecto del Ejecutivo y que habían sido eliminados en el predictamen. Incluso el de “tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral”. Pero se eliminó lo de “trayectoria democrática y respeto a los derechos humanos”, acaso para evitar que esa formulación pudiera ser usada arbitrariamente para marginar a algún postulante por razones políticas o ideológicas. Además, se incluyó también que la función de los consejeros “no debe incurrir en conflicto de intereses”, disposición que había sido retirada en el predictamen original.

Y, como hace días se difundió, también se restableció en el dictamen final la disposición complementaria transitoria que autoriza al CNM a revisar los nombramientos y ratificaciones efectuadas por los consejeros removidos, algo fundamental que tampoco había sido considerado en el predictamen inicial y que sí estaba en el proyecto del Ejecutivo.

En suma, el dictamen finalmente aprobado en la Comisión de Constitución ha sido el fruto de un productivo intercambio de opiniones y argumentos en el seno de la Comisión que ha permitido agregar nuevas disposiciones interesantes y al mismo tiempo recuperar los aportes positivos que venían del Ejecutivo y habían sido desechados en el predictamen original. El Congreso hizo, en este caso, su tarea dentro del plazo establecido. Si, además, se aprueba hoy en el pleno el dictamen que restablece la bicameralidad, el gobierno debería proceder a retirar anunciada la cuestión de confianza, por carecer de objeto. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Es muy preocupante que el presidente Vizcarra haya cedido al graznido de los halcones para lanzarse a la aventura peligrosa de la cuestión de confianza en torno al referéndum.

Máxime cuando, como veremos, algunos de los argumentos del Presidente no son ciertos y una eventual disolución del Congreso –si se negara la confianza- haría imposible la ejecución del referéndum antes de mediados del primer semestre de 2019, manteniendo el statu quo judicial.

Se dijo desde un comienzo que la cuestión de confianza se plantearía si el Congreso denegaba los proyectos de reforma o no los procesara. Pero ocurre que la Comisión de Constitución tuvo su predictamen sobre la reforma del CNM listo el martes pasado. No se pudo aprobar en la sesión del martes porque no hubo acuerdo. Sin embargo, sobre la base de esa discusión y de las críticas y aportes formulados, la Comisión elaboró una nueva propuesta (que adjuntamos), que debía ser discutida y aprobada hoy en la Comisión de Constitución, y el martes mismo se empezaría a discutir el proyecto de restablecimiento de la bicameralidad. ¿El Presidente desconocía esta información?

No solo eso. En su mensaje a la Nación, el presidente argumentó no solo que no se había avanzado –lo que no es cierto, como hemos dicho- sino que se había desnaturalizado la propuesta original. Dijo: “Los peruanos no podemos permitir que los titulares de la ONPE y el Reniec sean elegidos por el Congreso, porque sería dar lugar a que un partido político pueda controlar a quien debe fiscalizar las elecciones democráticas”. Efectivamente, el predictamen establecía eso, a propuesta del congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú según se ha informado. Grave error. Pero esa disposición fue criticada en el debate y hubo consenso en retirarla, y eso se anunció desde ese mismo día. Entonces el presidente Vizcarra sabía perfectamente, desde hace 5 días, que esa disposición ya no formaba parte del predictamen. El hecho de que la invoque como causal de la cuestión de confianza, revelaría que este recurso tiene en realidad una finalidad política más que realmente constructiva.

El Presidente se ha convertido en un aplicado populista. Agregó en su mensaje que “es inaceptable que se proponga impedir a los nuevos titulares del Consejo Nacional de la Magistratura investigar los actos de corrupción cometidos con anterioridad. Eso equivale a garantizar la impunidad, y constituye una burla a la voluntad ciudadana de transparencia y lucha contra la corrupción”. Y tiene razón. El predictamen había cometido el error de eliminar esa disposición transitoria, pero luego de la sesión de la Comisión la disposición transitoria fue repuesta.

De lo que se desprende que los argumentos dados por el Presidente serían pretextos. Pretextos para forzar la aprobación sin discusión de los proyectos enviados y conquistar por esa vía, acaso, mayor aprobación popular. Eso tampoco es muy democrático.

La Comisión de Constitución había aprobado un cronograma para lograr que las reformas pudieran aprobarse a tiempo a fin de que llegaran al referéndum de diciembre, pese a que voceros de la propia bancada de PPK, como Juan Sheput, habían declarado que hay temas que necesitan mucha más discusión y debate y que no podrían aprobarse tan rápidamente. Y eso es puro sentido común.

Y lo que probaría la naturaleza puramente política –en el peor sentido del término- del planteamiento de la cuestión de confianza, es que, si esta fuera viable y el Congreso no diera la confianza al gabinete, el Congreso tendría que ser disuelto y entonces no habría Congreso que apruebe los proyectos que, por lo tanto, no se podrían llevar a cabo el referéndum. Absurdo. Pasarían cuando menos cuatro meses más antes de que se realice la elección del nuevo Congreso y habría que esperar un tiempo más a terminar el conteo y se instale el nuevo Parlamento. O sea, no habría referéndum hasta mediados del 2019, algo muy conveniente para mantener el statu quo y parar las indispensables reformas, y quién sabe si también otros procesos anti-corrupción. Y lleva a sospecha que lo que se buscaría no es la aprobación urgente de las reformas sino disolver este congreso para buscar una nueva composición política en el que resultare elegido. 

Hay, por demás, un hecho también sospechoso que podría no ser casualidad. Y es que la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, le solicitó en varias ocasiones al congresista Alberto Oliva (de PPK), presidente de la Comisión de Justica, que ambas comisiones sesionaran juntas para tener un solo dictamen y no dos, sabiendo que la comisión preeminente en este caso es la de Constitución, porque se trata de una reforma constitucional. Pero el congresista Oliva nunca quiso. Entonces cuando el viernes convocó a sesión de la comisión de Justicia, sin advertir en la agenda que se trataría el dictamen que a último minuto esa comisión había elaborado, casi idéntico al proyecto enviado por el Ejecutivo y distinto obviamente al de Constitución, los miembros de la comisión pertenecientes a Fuerza Popular se abstuvieron porque estaban en desacuerdo y no habían sido citados para ese fin ni conocían el predictamen. Esa abstención fue presentada por parte importante de la prensa y la televisión como que Fuerza Popular se oponía y rechazaba la reforma del CNM, cuando en realidad el dictamen principal, que ya estaba reformulado y listo, era el de Constitución.

Quizá fue una celada en la que los congresistas de Fuerza Popular cayeron incautamente. El hecho es que sirvió para crear el ambiente mediático para plantear la cuestión de confianza.

Es lamentable que esto esté ocurriendo. En lugar de llamar a los líderes políticos para concertar los proyectos, el Presidente ha optado por la confrontación, lo contrario de su mandato constitucional. El Congreso, sin embargo, no debe pisar el palito y debe aprobar hoy –en la Comisión de Constitución- el dictamen relativo a la reforma del CNM. Y debe concertar con el Ejecutivo el cronograma mencionado asegurando que se aprobarán reformas que, sin duda, son muy importantes para el país.

La apurada, ‘desinformada’ e inconsecuente intervención del presidente Vizcarra puede terminar creando todo lo contrario de lo que dice buscar, paralizando la urgente e importante reforma judicial. Lampadia