Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En febrero 2019 escribí el artículo “Yo no fui fue Teté”. En esa oportunidad me estaba refiriendo, entre otras cosas, a las obras que una multitud de autoridades municipales y “regionales” (en realidad departamentales), ejecutaban a partir de una ignorancia supina respecto a las zonas de riesgo y criterios de ingeniería o simplemente por una actitud delictiva.

En esa oportunidad proponía, al igual que ahora, sancionar penalmente a esas autoridades sub-nacionales y nacionales, por invertir (en realidad botar nuestros impuestos) nuestros recursos fiscales en zonas críticas de riesgo, quebradas o zonas que ofrezcan riesgos de la naturaleza que, al activarse, puedan destruir vidas y obra física ejecutada por el Estado. Igual sanción debiera recaer sobre las autoridades que otorguen permiso municipal de construcción a particulares en tales quebradas, o bien en áreas de riesgo eléctrico (debajo de líneas de alta tensión donde la ley lo prohíbe explícitamente, pero que tales alcaldes “prefieren ignorar”).

Pero lo que no estaba en mi libro es que el “Presidente ingeniero”, siendo gobernador regional de Moquegua, iba a ejecutar la construcción del Hospital Regional de Moquegua en una quebrada, que al activarse destruiría su “obra emblemática”. Es importante resaltar que el Colegio de Ingenieros de Moquegua le hizo la advertencia oportunamente, pero tanto él como su Gerente Regional (recientemente ministro de diversas carteras), ignoraron dicha advertencia y “tiraron para adelante” ejecutando el proyecto. Supongo que no puedo responsabilizar a los personajes mencionados por los cinco años que tardaron en construir el hospital (ya sabemos que un hospital capaz de atender a diez veces el número de pacientes que el de Moquegua fue construido en China, por solo 30% más de presupuesto y en diez días de plazo). El hospital fue inaugurado por el Presidente-ingeniero el 22 de noviembre de 2019, por supuesto sin equipamiento completo, con filtraciones demostradas (por las lluvias del año anterior) y sin personal asignado para su operación, pero eso sí “con bombos y platillos”. Lamentablemente, lo que estaba anunciado ocurrió en febrero 2020, se activó la quebrada Centenario produciendo estragos en los accesos del hospital y ciertas instalaciones…

No quiero ser demasiado suspicaz, pero cuando uno junta lo mencionado en párrafos anteriores, con el hecho que “soltaron” centenas de cheques en el último día de gestión en el gobierno regional, para el pago del adelanto de un alto porcentaje del presupuesto de la obra, el mismo que aún no contaba con el expediente técnico correspondiente aprobado, me suena a corrupción pura y dura.

Como “lloviendo sobre mojado”, debo reiterar que el Presidente-ingeniero pretende acelerar la regionalización, transfiriendo más recursos para que sean ejecutados por los alcaldes y gobernadores, con la mayor celeridad posible. Hemos repetido hasta el hartazgo que los proyectos de infraestructura deben tener un claro propósito, un diseño e ingeniería de calidad que resuelva el problema de manera permanente, con una vida útil de al menos 50 años y para su ejecución debemos contratar con una compañía responsable, cuya ejecutoria sea demostrada, así como una empresa supervisora también de calidad. Tanto las empresas de ingeniería, construcción y supervisión, deben ser empresas con calidad profesional y técnica, que tengan un prestigio que cuidar y que garanticen la duración de las obras que ejecuten.

La prueba ácida de lo dicho anteriormente, debería quedar certificada con una póliza de seguros internacional que nos garantice que cualquier acto de la naturaleza o acto de Dios, que fortuitamente exceda los límites razonables y previsibles por la mejor ingeniería, serán resarcidos para salvaguardar el interés nacional.

Pero no, aquí hacemos hospitales como el mencionado, puentes y carreteras diseñados, construidos y supervisados por sabe Dios quien. Contratados por alcaldes, gobernadores regionales e incluso funcionarios del gobierno central, como el de Ilabaya en Tacna, inaugurado en diciembre de 2019 por el Presidente-ingeniero quien “hinchaba pecho” por el pronto cumplimiento de su compromiso, pero que colapsó en febrero 2020. Otro ejemplo es el puente ejecutado en Huaylillas, Pataz, construido durante este gobierno y colapsado en diciembre 2019, solo por mencionar unos pocos.

Estimado lector, un capítulo aparte merecería la ya famosa “Reconstrucción con Cambios” del norte, pero no tocaré el tema porque después de tres años de ocurrido el fenómeno del niño (marzo 2017) y la miserable ejecución a estas alturas del partido (marzo 2020), se ha regado ríos de tinta sobre el asunto y no les entran balas, pues resulta que ahora están descubriendo que los PMO (Project Management Office), debieran hacerse cargo de esta reconstrucción, cosa que se le sugirió a la PCM en marzo 2017. Mejor no insistir… Lampadia

Desde el regreso del Perú al mundo moderno a fines del siglo pasado, luego de 30 años en que se impuso un socialismo ajeno a nuestra realidad (primero mediante la tiranía militar y luego por la torpeza de sus herederos de la democracia de los años 80), en que se trataba al sector privado como una suerte de fuerza de ocupación extranjera, empezamos la reconstrucción del país y de los caminos que permitieron que nos acercáramos a la prosperidad.

Efectivamente, desde la promulgación de la Constitución de 1993, empezamos un proceso de crecimiento (1993-1998 – 7.5% del PBI p.a.), interrumpido por la auto infligida recesión de 1998 y continuado con creces desde principios del nuevo siglo.

Los resultados de desarrollo del Perú hasta el 2011 fueron espectaculares, tanto en aspectos leconómicos como sociales. Así lo recogimos y demostramos en nuestra publicación de noviembre del 2013: Las Cifras de la Prosperidad. Ver resumen gráfico en la siguiente ilustración:  

Lamentablemente, este proceso social y económico impulsado por el dinamismo de la inversión privada, que nos permitió alejarnos del estancamiento y avanzar hacia la prosperidad, no fue acompañado por reformas institucionales que permitieran nivelar la calidad de nuestra democracia con las mejores del planeta.

Sin embargo, a pesar de todo lo que aún teníamos que mejorar, estos avances generaron un proceso de inclusión nunca antes visto en nuestra historia. Hubo crecimiento, reducción de pobreza, desigualdad, mortalidad infantil, mejoraron los ingresos y el empleo fuera de Lima, el crecimiento llegó al sector rural (Webb), aumentó la productividad y se creó una dinámica clase media emergente.

Al mismo tiempo, hubieron varios interesados en negar nuestras realizaciones, entre ellos, por supuesto, los grupos de las izquierdas tradicionales que seguían atrapados en las ‘ideas muertas’, y con bombos y platillos, acompañado por esas izquierdas, el llamado ‘nacionalismo’ liderado por Ollanta Humala, que ya había perdido un proceso electoral y se aprestaba a tomar la presidencia del país el 2011 con el compromiso de hacer ‘el gobierno de la inclusión’.

Esta oferta seguía los lineamientos de la política de Lula da Silva en Brasil, que como demostramos en Lampadia durante su visita al Presidente García, era menos exitosa que la lograda por el Perú en base al crecimiento. Ya hemos visto como terminó el asistencialismo brasileño.

Lo lamentable, es que más allá de algunos aspectos positivos de su gobierno, en términos de crecimiento e inclusión, el presidente Ollanta Humala nos ha dado un gobierno ‘sin crecimiento y sin inclusión’. 

Desde el inicio de su gobierno, intrínsecamente enfrentado a la inversión privada, se produjo un punto de inflexión en nuestro proceso de desarrollo que se puede apreciar en varios aspectos. Veamos:

Parálisis de la inversión minera (el mayor motor de crecimiento de la economía):

Regresión de la anemia infantil (por mala gestión de los programas sociales):

La asfixia regulatoria, la tramitología (ver ejemplo para el sector minero):

Colapso de la inversión pública y privada:

La parálisis del crecimiento de la economía:

La pérdida de confianza en el futuro:

Algo que hay que reconocer al gobierno de Humala es que a pesar de su orientación política, supo tratar de entender la necesidad de ir rectificando el camino, desde las orientaciones del socialismo del siglo XXI del chavismo, que inspiraron su campaña con la llamada ‘gran transformación’, pasando por la ‘hoja de ruta’ y recalando, ya sin el apoyo de la izquierda, en un manejo económico que se alejó del radicalismo y aterrizó en una mediocridad agridulce.

Esperamos que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tenga mejores luces sobre las políticas públicas que traigan nuevamente el crecimiento y la inclusión. Que aliente el  que todos nos ubiquemos al mismo lado de la mesa y rememos en la misma dirección. Ha llegado el momento de entender que los retos que tenemos por delante, solo pueden ser enfrentados en armonía, con muchísimo esfuerzo y constancia, con el compromiso y acción de todos los peruanos. 

Lampadia

El pasado viernes 15 de abril, el Diario Gestión, página 11, publicó la nota que reproducimos líneas abajo en la que afirmaron que el 70% de la industria peruana estaba ociosa. Peor aún, la nota de marras se basaba en una publicación de PRODUCE, el Ministerio de la Producción.

No es la primera vez que Gestión hace publicaciones muy cuestionables, como hemos indicado varias veces en Lampadia. En este caso, solo haría falta tener un mínimo criterio para comprender que si el sector industrial de un país está parado en un 70%, este sería un fenómeno que no podría pasar desapercibido para nadie. Es el colmo que algo así pase en el diario de negocios del país.

En esta ocasión, no llegamos a entender el error de PRODUCE. Tal vez se les coló un súper bug en su área de prensa, pero se les volvió a colar a todos los funcionarios que supuestamente leen los diarios nacionales. O, tal vez, ya no leen Gestión.

Ver el recorte de Gestión:

No es factible que el sector industrial opere al 30% de su capacidad. Produce reporta además, que el uso de la capacidad instalada para los siguientes sub-sectores es: fabricación de tableros electrónicos (0.2%), productos de madera (2.4%) y productos refractarios (8.9%). ¿Alguien pensaría que esto es correcto?

Siguen los datos:

• Caída de la producción:                                              6% (PRODUCE)
• Caída del empleo industrial:                                      3% (Ministerio de Trabajo)
• Caída de utilización de capacidad instalada:          20% (PRODUCE)

Evidentemente, nada cuadra.

Hasta diciembre del 2013, el BCRP producía un indicador de capacidad instalada, pero tomaba el cuidado de llamarlo ‘indicador indirecto’. Desde entonces, ha dejado de producirlo por su falta de representatividad. Sin embargo, como puede verse en el siguiente gráfico, PRODUCE continua publicándolo, sin reparar en su obvia falencia.

¿Cómo miden este indicador en otros países?

– Mediante encuestas a los productores, con las siguientes preguntas:

• Chile:                          ¿Cuál es el nivel de utilización de su capacidad instalada?
• Colombia:                  Determine el nivel de utilización de la capacidad instalada
• México:                      ¿Cuál es la capacidad de planta utilizada?
• Unión Europea:        ¿A qué capacidad está operando su empresa actualmente?

¿Cómo evolucionó el sector industrial en la región en los últimos años?

Ver el siguiente cuadro publicado por el Banco Mundial:

Como puede apreciarse en el gráfico, la performance del sector industrial peruano entre el año 2000 y 2014 ha sido superior a la de los países presentados e igual a la de Chile (país del que nos habíamos alejado) para luego alcanzar su ritmo de crecimiento nuevamente. Sin embargo, según los reportes de los gobiernos de los mismos países, el Perú estaría en medio de un colapso del sector industrial. Ver los reportes oficiales de utilización de capacidad instalada en el siguiente cuadro:

La pregunta cae por sí sola: ¿con ese ritmo de crecimiento del sector industrial, cómo puede ser que hoy tengamos en uso solo el 30% de nuestra capacidad instalada? La palabra adecuada para calificar esto es: ‘patético’.

Evidentemente esta información tan distorsionada e inconsistente puede generar mucho daño al sector y a la economía del Perú. Por ejemplo, puede afectar severamente la calificación de riesgo del sector, la disponibilidad de financiamiento, el costo del levantamiento de deuda y colocación de papeles y su atractivo como destino de inversión.

¿Qué podemos hacer?

• Desarrollar mediciones eficientes sin tener que inventar la pólvora, como le gusta al Ministro de la Producción.
• Cambiar de ministro – Pues falta poco.
• Reformar el Diario Gestión. – Ojalá esté en los planes de sus accionistas.

No es usual que en el país se rebatan con claridad, contundencia y sustentos los desaguisados de las autoridades y de los medios, pero creemos que los ciudadanos, que necesitamos buena información, debemos reclamarla con toda fuerza. Lampadia

Continuando con nuestra investigación sobre los conflictos socio-políticos que  asecha las inversiones importantes en el Perú, presentamos a continuación un nuevo despacho, esta vez sobre un tema verdaderamente espeluznante, la utilización política de las víctimas de la violencia. Ver los análisis anteriores en Recursos Naturales y Desarrollo.

Si revisamos los conflictos mineros de los últimos 5 años, Tía María, Conga, Majaz, Las Bambas, y otros, encontramos que la violencia ha sido un componente saltante en los noticieros. Presenciamos lamentables pérdidas de vida (activistas, pobladores o policías) y deterioro del Estado de Derecho en las zonas de los conflictos. Los muertos y heridos de los conflictos mineros son de los tres lados, sin embargo, solo un lado busca beneficiarse políticamente de estas tragedias humanas.

El problema para el Perú es que una de las partes gana con la violencia y ha hecho de ella un componente fundamental de sus métodos de lucha.

La violencia utilizada por los anti-mineros en los conflictos puede ser calificada como Violencia Política, es decir violencia utilizada para fines políticos: “Entendemos por Violencia Política a ‘un repertorio de acciones colectivas que involucra gran fuerza física y causa daño a un adversario con la intención de imponer objetivos políticos’” (Della Porta, 1995, p. 2)[1].

¿Como se benefician los anti-mineros con la violencia política?

Asumiendo que los anti-mineros son actores racionales, con objetivos estratégicos de largo plazo, y que la violencia para ellos es un instrumento político, surge la pregunta: ¿Por qué usan la violencia en los conflictos?

Algunos creen que es un problema de nivel educativo o de tradiciones culturales de la población local, pero de acuerdo con las teorías políticas modernas (Besley & Persson, 2011)[2] el uso de la violencia es parte de la racionalidad del conflicto, es decir, la violencia es usada por los anti-mineros porque es útil, y efectiva, y muchas veces, es el método menos ‘costoso’ para lograr sus objetivos políticos.[3]

La observación de los conflictos mineros de los últimos años nos permite constatar que los anti-mineros se ‘benefician’ con la violencia de seis maneras:

1. Empoderar e intimidar: La violencia sirve para empoderar a los manifestantes y para intimidar a la población local. Con la violencia, los manifestantes muestran su fuerza, su capacidad de hacer daño, especialmente a la población local. Con la amenaza implícita de los actos de violencia, los demás pobladores, por temor a represalias, se inhiben de expresar sus opiniones. Con el monopolio de la voz del ‘pueblo’, los manifestantes lanzan sus consignas, y el silencio de la población, de las mayorías silenciosas, da la sensación de unanimidad en la protesta. Ejemplo de esto se dio el 31 de Marzo del 2015 cuando el profesor Robert Vásquez Roncal fue golpeado por las rondas de Celendin por brindar un curso sobre emprendimiento empresarial financiado parcialmente por Minera Yanacocha. El curso no trataba el tema minero, pero su realización enviaba el mensaje tácito de que la minería podría traer beneficios para la población.

2. Control cognitivo: La violencia es utilizada por los anti-mineros para reprimir las voces discrepantes, para evitar que los periodistas locales cuestionen las falacias de sus narrativas, para evitar que ellos u otros pobladores puedan emitir explicaciones alternativas para la población. Ello ocurre especialmente en ciudades pequeñas y zonas rurales del país. Acalladas las voces discrepantes, los anti-mineros consolidan la hegemonía de su narrativa en la mente de la población local.[4] El artículo de Lampadia “Stalinismo en Cajamarca”[5] nos explica como la intimidación y agresión a medios de prensa discordante con la predica anti-minera es una práctica recurrente y efectiva en la generación un espacio mediático monocorde en las inmediaciones de un proyecto minero.[6]