Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 18 de junio de 2021
Para Lampadia

Lo dije en su momento. Jamás imaginé la tremenda presión que – como Gobernador Regional del Ica – iba a recibir de parte de ciertas autoridades y funcionarios de todo nivel, para favorecer indebidamente a familiares, amigos, o militantes de agrupaciones políticas. En todos los casos, los favores indebidos consistían en acceder – sin mérito alguno – a la planilla del Gobierno Regional, en otorgar contratos de obras sin ningún concurso de por medio, o adjudicar – a dedo – adquisiciones de todo tipo de bienes y servicios.

Yo tenía ciertas referencias del clientelismo político en nuestro país. ¡Quién no sabe cómo funciona el “tarjetazo” en los diversos niveles de gobierno, inclusive en instituciones tutelares como la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial!

No obstante, para hacer una buena gestión pública había que erradicar – cueste lo que cueste – el vicio del clientelismo en el Gobierno Regional. Y ¡vaya que el costo fue alto! El calificativo más recurrente que me gané por poner orden a este respecto fue el de traidor. Efectivamente, para muchos pretendientes de favores indebidos, el Gobernador Regional de Ica fue un vil traidor.

“Deme un trabajito – o una obrita – porque yo lo apoyé en su campaña” fue el argumento más trillado de muchos ciudadanos que votaron por mi candidatura. Y mi respuesta sincera y bien intencionada fue siempre la misma: “concursa; y gana en buena lid”. Pues bien – por los insultos que recibí – me quedó claro que mi respuesta no satisfizo a dichos personajes.

Eso en cuanto a los votantes que me dieron el triunfo electoral. Pero hubo otros frentes que también presionaban por favores indebidos. Me refiero a ciertos Consejeros Regionales y Congresistas de la República, quienes también pretendían inmiscuirse en la gestión institucional, ya sea proponiendo a familiares o conocidos para trabajar en el Gobierno Regional, o – lo que es lo mismo – exigiendo la destitución de funcionarios que no les eran de su agrado; para lo cual recurrían a prácticas de la más baja estofa, como supuestas grabaciones telefónicas secretas que luego utilizaban para extorsionar a sus víctimas.

Es verdad; la labor fiscalizadora de Consejeros Regionales y Congresistas constituye un mandato constitucional, imperativo e irrenunciable. Pero no me refiero a ello. Bienvenidas las labores de fiscalización; incluidas las de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, y otras más. Pero una cosa es la fiscalización propiamente dicha, y otra – muy distinta – el clientelismo político. El problema era cómo distinguir cuando un Consejero o Congresista fiscalizaba con objetividad a una dirección o funcionario del Gobierno Regional, o – simplemente – mal usaba su poder para favorecer indebidamente a algún allegado.

Para mejor entender la situación, vayamos al grano. Durante mi gestión – entre el 2015 y el 2018 – diversos Consejeros y Congresistas me exigieron la destitución de los siguientes funcionarios del Gobierno Regional: Gerente General, Gerente de Desarrollo Social, y todas las gerencias funcionales. Además, en su momento exigieron la destitución de la Directora Regional de Educación, Directora Regional de Trabajo, Directora Regional de Transportes, Directora Regional de Turismo, Procurador Regional, etc. Incluso – sin ningún sustento valedero – pretendieron la destitución del Director Regional de Salud y la de todos los Directores de los hospitales de la Región. ¡TODOS!

En otras palabras, si hubiera sido por dichas autoridades, toda la estructura gerencial y directiva del Gobierno Regional habría sido removida una y otra vez, generando un caos institucional de proporciones inimaginables.

Por ello – para cumplir nuestro compromiso de combatir la corrupción y la indolencia – implementamos un sistema de monitoreo de nuestra gestión, a través de indicadores de cumplimiento de objetivos y metas; y a través de la evaluación sistemática del servicio público, a cargo de la ciudadanía. Y sólo eran destituidos o sancionados los funcionarios probadamente corruptos, los que no cumplían con los objetivos y metas de la institución, y / o los que maltrataban a la ciudadanía.

En Ica, en el período 2015 – 2018 le dijimos ¡no al clientelismo político! Y la verdad… considero que hicimos lo correcto. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es increíble cómo van cayendo uno a uno todos los principios básicos del crecimiento económico y del desarrollo institucional. Vale preguntarse por qué el Perú no puede mantener una disciplina conceptual y un esfuerzo acumulativo continuo más allá de cierto tiempo. Corrigiendo los errores, pero manteniendo y hasta mejorando el rumbo.

Una hipótesis es que la pandemia produjo tal impacto que relajó todos los preceptos. El populismo y el clientelismo estuvieron siempre agazapados, pero saltaron sobre su presa con el pretexto de la situación creada por el COVID 19.

El caso más reciente en el que el país apenas pudo mantener un esfuerzo constructivo –débil por lo demás- de 7 años, ha sido el de la implantación de la meritocracia en el Estado vía el tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil. Un proceso complejo que requería de voluntad política y que quizá debió simplificarse. Ahora pasó a la historia con la ley insistida por el Congreso que elimina el régimen CAS y convierte a todos los CAS en empleados permanentes sin meritocracia y con estabilidad absoluta. Adiós el proyecto nacional de construir un Estado meritocrático.

En el caso de los pilares del crecimiento económico pudimos mantener milagrosamente una continuidad de 30 años. Pero ese ciclo estaría llegando a su fin. El Congreso le ha infligido golpes que podrían ser terminales. La estabilidad macroeconómica, pilar fundamental, ha sido socavada con leyes que incrementan el gasto fiscal permanente en casi 6 puntos del PBI al mismo tiempo que reducen la recaudación fiscal con leyes que dañan motores económicos, reduciendo el crecimiento potencial.  

Principios básicos como la libertad de precios y la libertad económica han sido afectados.

Se ha abierto el camino al intervencionismo estatal en la economía. Y ya sabemos a dónde conduce eso. Pablo Bustamante ha recordado que, a diferencia de Chile, Colombia y otros países de la región, el Perú tuvo una caída profunda en la pobreza económica en los 70 y 80 debido al estatismo proteccionista. (Ver en Lampadia: Desarrollo interruptus). Si hubiésemos seguido la línea continua de crecimiento abierto y de mercado que con breves interrupciones teníamos desde comienzos del siglo pasado, hoy estaríamos por encima de Chile. Pero caímos en el profundo pozo del intervencionismo estatal que, paradójicamente, redujo el Estado a su mínima expresión a fines de los 80.

Parece que vamos a volver a caer, como si no hubiésemos aprendido nada. Lo que hemos tenido en los últimos 30 años ha sido justamente un proceso de reconstrucción del Estado y sobre todo de crecimiento económico sano y competitivo, limitado en la última década por regulaciones crecientes que fueron restaurando una suerte de intervencionismo estatal de baja intensidad. Es que, confiando en que el modelo es potente, se les cuelgan cada vez más obligaciones, requisitos y cargas a las empresas, hasta que ya casi no pueden caminar. Por eso lo que el modelo no pudo resolver fue la alta informalidad. Para resolverla, había que restablecer los grados de libertad económica conculcados y empoderar tecnológicamente a los pequeños.

Lo que se viene podría ser peor. Si Yonhy Lescano es elegido presidente, lo que tendríamos, según sus promesas y su plan de gobierno, sería el puntillazo final a los principios básicos del crecimiento y a sus motores principales. Comenzando por la minería, que será nacionalizada a la boliviana, y sus contratos renegociados. No vendrá más inversión minera, así como en Bolivia nunca llegó más inversión gasífera, lo que la dejará sin reservas en 10 años.

Se consolidará la intervención en el sistema de precios con la obligación al Banco Central de poner topes a las tasas de interés, lo que alejará el crédito formal de los pequeños, expulsándolos al agiotismo y cortando el avance a la inclusión financiera y a la formalización económica.

Más grave aún: se afectará la autonomía del Banco Central, sustento de la estabilidad macroeconómica del país.

El principio de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado –base también del crecimiento- será dejado de lado. Se crearán empresas públicas en sectores “estratégicos” como la aeronáutica y seguramente el gas, y convertirá al Banco de la Nación en un banco comercial público, tal como ha anunciado. 

Además, se empezará a introducir formas de protección rentista a sectores productivos (industriales, agricultores), como también ha prometido.

En suma, un retroceso a una forma menos radical del estatismo de los 70 y 80.

En lugar de eliminar sobre regulaciones y restablecer libertad económica y más competencia para devolverle velocidad al crecimiento, y de reformar el Estado para tener servicios públicos eficientes, se ofrece lo contrario. La ruta al abismo nuevamente. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 20% de incremento (no remunerativo) en la remuneración mínima vital establecido en el proyecto de ley de régimen laboral agrario aprobado en la Comisión de Economía, que hoy debe verse en el pleno, podría sacar del mercado a más de 2,000 pequeños agroexportadores y a muchos productores no exportadores. Los grandes, entonces, comprarán a los pequeños y la concentración de la tierra se agravará. Una parte significativa de los 500 mil trajadores formales con derechos perderá su empleo formal y las posibilidades de acceder a un trabajo formal en el campo se alejarán cada vez más.

En resumen, esta ley agravará el dualismo estructural y la desigualdad social. Pero el problema es más amplio. En realidad, este no es sino un caso más de muchos en los que se manifiesta una falla de nuestro sistema de representación: los partidos en el Congreso hacen clientelismo político acogiendo demandas de los sectores organizados o de políticos que representan a sectores laborales formales, con lo cual lo que se logra es incrementar el costo de la formalidad, agravando la exclusión de las mayorías. Es un círculo vicioso.

Y en la medida en que la informalidad es menos representable porque no está organizada, no tiene partidos que la representen. Con este congreso la falla se ha hecho más notoria: ante el calendario electoral, la competencia por bolsones electorales identificables se hizo notoria.

¿Tiene solución este problema de representación? El célebre libro de Daron Acemoglu y James Robinson, “¿Por qué fracasan los países?”, explica que fracasan justamente cuando carecen de instituciones políticas y económicas inclusivas. Una formalidad muy cara es una institución excluyente, “extractiva”, como la llaman los autores, porque extrae rentas del resto de la sociedad en favor de los protegidos, e impide su inclusión en los beneficios de la formalidad.

Pero el libro no nos ayuda a responder la pregunta. Su tesis es que hay un círculo virtuoso entre instituciones políticas inclusivas e instituciones económicas inclusivas. Las primeras favorecen el avance de las segundas y previenen desviaciones de estas. Pero en el Perú tenemos, en principio, aunque con fallas, instituciones políticas inclusivas: votación universal, división e independencia de poderes y pluralismo político. Quizá demasiado pluralismo: un exceso de partidos y bancadas en el congreso. 

El análisis de Acemoglu y Robinson no toma en cuenta las realidades del populismo y el clientelismo, que generan instituciones económicas y sociales extractivistas o rentistas, excluyentes, dando ventajas a determinados sectores organizados. Para conseguir votos se extiende beneficios eventualmente rentistas a sectores organizados que los demandan. Esto se agrava cuando en la sociedad hay un mercado dualismo formal-informal, porque los beneficios a sectores formales organizados ahondan la brecha con la informalidad y dificultan la formalización.   

Mejor equipado para entender esto está Mancur Olson (1982)[1], para quien la democracia tiende a facilitar la consolidación progresiva de las “coaliciones distributivas” o grupos de intereses estrechos que se organizan para capturar rentas de la sociedad, lo que lleva a una reducción del crecimiento y del bienestar social, a la “esclerosis” económica, si es que no hay un claro liderazgo político que contrapese ese proceso.[2]

El problema es que en el marco de un dualismo formal-informal muy marcado, las “coaliciones distributivas” no tienen contrapeso en la sociedad porque, como decíamos, los usuarios no están organizados. La democracia es un sistema de contrapesos entre poderes del Estado, pero no entre grupos de interés que, por lo tanto, tienden a ganar privilegios crecientes a costa del bienestar público. Sobre todo cuando hay políticos que tienen clientelas particulares de ese tipo. El único contrapeso posible es la opinión pública, que es más fuerte en una democracia que en un régimen autoritario, o partidos que asuman la representación de los mayoritarios sectores informales emergentes, o el liderazgo político presidencial, cuya tarea debería consistir en despertar la conciencia de los sectores desorganizados y perjudicados con los privilegios de las coaliciones distributivas, a fin de conseguir su respaldo.

Es posible, sin embargo, mejorar el sistema de representación para que los informales y las clases emergentes tengan voz. Nos referimos a circunscripciones electorales pequeñas, uninominales, de modo que los electores sepan quién es su representante y puedan tener comunicación directa con él, lo que aumentaría la probabilidad de que los intereses de ese sector se expresen y se defiendan de leyes excluyentes.

Además, considerando nuestra realidad, ayudaría mucho que sea obligatorio, en los proyectos de ley que se presentan, un acápite de análisis de impacto en la informalidad. Pero un análisis serio.

Asimismo, integrar representantes de la microempresa en proporción al 70% que representan en el Consejo Nacional de Trabajo. Para volverlo inclusivo.

Algo tenemos que hacer para el círculo vicioso generador de informalidad no se trague al país. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

En los últimos años se ha ido afirmando un comportamiento perverso en la política peruana, se han confundido las prioridades y hoy prevalece la búsqueda del bienestar de los servidores públicos sobre los ciudadanos, de los agentes intermediarios sobre los usuarios finales.

Esto se ve con claridad en el caso de los maestros (agremiados) versus los alumnos, o en el caso de los transportistas (agremiados) versus los pasajeros, o en el caso de los trabajadores de Sedapal y de las EPSs versus los usuarios del agua.

La diferencia entre unos y otros, entre los servidores públicos y los ciudadanos, es que unos, los primeros, están de alguna manera agrupados o agremiados, el político puede dirigirse a ellos y otorgarles prebendas; en cambio, los ciudadanos y usuarios de los servicios, son una entelequia, son una abstracción de individuos desconectados entre sí.

La consecuencia de esta terrible trampa, que no permite la mejora de los servicios públicos en la educación, la salud, el transporte, etc., es que las normas producidas por las autoridades tienen focos gremiales que muchas veces son absolutamente contrarios a los intereses del ciudadano común.

El caso de la educación

Los maestros de la educación pública están forzosamente afiliados a un sindicato único, cuyo estatuto habla de la lucha de clases, de una opción ideológica y no de un compromiso educativo.

Todos los intentos por mejorar la calidad de la educación pública fracasan por la incapacidad del gobierno de privilegiar a los alumnos sobre las dirigencias magisteriales. No se puede implantar la meritocracia y los sustanciales aumentos de remuneraciones que se vienen haciendo no conllevan compromisos de mejora de la calidad educativa.

Por esta situación es que gran parte de los ciudadanos retiraron a sus hijos de las escuelas públicas y los llevaros a colegios privados, que según las últimas pruebas Pisa tienen mucho mejor calidad. Ver la evidencia en Lampadia: Públicos y privados aliados por la educación.

Lamentablemente la pandemia ha desorganizado dramáticamente la educación en el país, y el Estado ha aprovechado para debilitar la educación privada.

El caso de la salud

Hoy día, todos tenemos muy claro el pobrísimo nivel de servicio de la salud brindada por el Estado, ya sea en los hospitales del Minsa como en Essalud, indebidamente manejada por el Estado, puesto que se sustenta en los aportes de los trabajadores y sus empleadores.

En salud, la excepción confirma la regla, hay dos hospitales de Essalud que están manejados por asociaciones público privadas en la modalidad de bata blanca. O sea, el concesionario: diseña, invierte, construye, equipa, contrata a los médicos, enfermeras, técnicos y administradores y presta el servicio. Todo ello con compromisos minuciosos de estándares de servicio, ya sean costos debidamente acotados, días para la atención o para intervenciones quirúrgicas, etc.

Este es el caso de los hospitales Alberto Leopoldo Barton Thompson en el Callao y del hospital Guillermo Kaelin de la Fuente en Villa María del Triunfo. Ver información al respecto en Lampadia: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad.

Pero este modelo de gestión que ha probado ser muy eficiente desde hace seis años, no ha podido ser replicado por el Estado o Essalud, por la oposición de los sindicatos y gremios de los servidores públicos y de los políticos que se prestan para defender los intereses gremiales.

El caso del agua potable

El caso de Sedapal en Lima y de las EPSs en las regiones es clamoroso. Se desperdicia entre el 40 y 50% del recurso, no se factura todo lo producido, abunda la corrupción y se proteje a los servidores públicos que hasta heredan sus puestos a sus hijos, como en Sedapal.

La cobertura del servicio es insuficiente, el servicio no siempre se da las 24 horas, con los riesgos que ello conlleva. Y muchos ciudadanos tienen que subir los cerros cargando baldes de agua por los que tienen que pagar diez veces más que los ciudadanos de los mejores barrios de Lima y provincias.

La evidencia del desastre de gestión es clarísima, los diagnósticos son claros, pero está prohibido políticamente hablar de servicios privados, de asociaciones público privadas, o de otras formas de intervención del sector privado.

Un episodio oprobioso relativamente reciente, fue el que protagonizó el presidente PPK, cuyo lema era agua para todos, que claudicó ante un sindicato de Sedapal y condenó a Lima a mantener un servicio público clamoroso.

Conclusión

Como vemos pues, esta trampa de privilegiar a los intermediarios de los servicios públicos a costa de condenar a servicios paupérrimos a los ciudadanos, debe terminar.

Esperamos que en el proceso electoral en ciernes, algunos candidatos valientes y sensatos, pongan el tema encima de la mesa; y que los medios de comunicación hagan un esfuerzo de buena prensa, dejando de servir de caja de resonancia de la mala política.

Condenar a los ciudadanos a malos servicios, pudiendo tenerlos mejor, es absolutamente inmoral. Es hora de que los ciudadanos (no agremiados), elijamos con nuestro voto la defensa de nuestra calidad de vida. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

No es populismo exactamente sino clientelismo desvergonzado lo que ha hecho el Congreso con la ley de reposición de maestros que no pasaron evaluación y con el proyecto de extender licencias de rutas por 10 años. Con ello, el Congreso perjudica a los sectores populares que asisten a colegios públicos o usan transporte público, solo para beneficiar a intereses particulares.

Lo mismo ocurrió, aunque en una magnitud aun mayor, con la ley que regaló nombramientos y ascensos automáticos en Salud y Essalud. En los tres casos se otorga beneficios estatales a particulares a costa de los usuarios y a costa de las reformas respectivas. Una forma de corrupción. Peculado en buena cuenta, en la medida en que entraña ingente gasto público que se desvía a los favorecidos. ¿Qué diferencia esencial hay entre regalarle un contrato a Richard Cisneros y distribuir puestos a profesores que no califican para la función?

Si la pandemia hizo ver más que nunca la necesidad de una reforma profunda del sistema de salud, ella se torna casi imposible cuando se suprime el principio meritocrático en los nombramientos y ascensos y se pasa al personal a la ley 728 en lugar de implantar el régimen de la ley de servicio civil. Lo mismo ocurre con la reciente ley que beneficia a maestros no evaluados saboteando la meritocrática ley de carrera magisterial, que tanto trabajo costó aprobar en su momento y cuya aplicación es una lucha diaria debido a las resistencias que mantienen los sindicatos magisteriales, que han logrado hasta ahora postergar las evaluaciones de desempeño –requisito para los ascensos en la carrera- de modo que luego de muchos años solo se ha podido realizar una a alrededor de apenas 5 mil profesores de inicial.  

El ministro de Educación nos explica que la evaluación de desempeño se iba a implementar por fin este año, pero se pasó para el próximo debido a la emergencia. Ojalá la pandemia no haya sido una coartada para postergarla. Y aunque el ministro nos informa que los concursos de nombramiento tienen ahora una etapa descentralizada en la que se evalúan competencias pedagógicas del docente mediante la observación de aula y entrevista, ¿cómo exigir luego evaluación de desempeño para ascender si se puede nombrar sin examen de ningún tipo? El Sutep no dejará pasar esa pica en Flandes para ir degradando cada vez más la meritocracia.

Habría que investigar cuales son esos grupos de interés que obtienen estas granjerías. Según Cecilia Valenzuela, en el caso de la reciente ley de los 14 mil maestros, se trata del lobby de Patria Roja que necesita los votos de estos 14 mil maestros en su disputa por el control del Sutep y de los millones de la Derrama Magisterial con facciones como el Conare del Movadef.

¿Cómo detener este saqueo sistemático del erario público y del futuro del país, impedido de profundizar las reformas necesarias para mejorar los servicios en beneficio de los ciudadanos? ¿Cómo contener a estos enemigos del Perú?

En lo inmediato, observar esta ley. El Ministro de Educación ya anunció que lo hará. Pero, como en el caso de Salud y Essalud, el Congreso posiblemente la apruebe por insistencia. Entonces no queda sino la segunda línea de contención, que es el Tribunal Constitucional, que no sabemos cómo se pronunciará.

En el caso –suponemos improbable- de que el TC le diera la razón al Congreso, no quedaría más qué hacer. Solo aguzar la conciencia de las reformas que tenemos que introducir para neutralizar estos impulsos destructivos en el futuro. Aquí aparecen en toda su necesidad dos reformas políticas clave. La primera es que el Congreso solo pueda aprobar por insistencia una ley observada por el Ejecutivo, con los 2/3 del número legal de congresistas, como en todas partes, y no con la mitad como es ahora. Más aún si no tenemos Senado. La segunda es precisamente el restablecimiento de la bicameralidad. Es menos probable que leyes predatorias como estas salgan del Congreso si el Senado las revisa.

Necesitamos que ingresen a la política ciudadanos más calificados y más comprometidos con el país. Pero es difícil si no es posible hacer carrera política porque se ha eliminado la reelección –acaso el mayor daño ocasionado a la institucionalidad política-, si el financiamiento por parte de las empresas formales está prohibido y si sigue siendo relativamente difícil formar un partido. El país tiene que abrir un foro permanente de discusión de la reforma política para que se apruebe durante el próximo periodo gubernamental de modo que podamos recomponer el timón del país. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 28 de agosto de 2020
Para Lampadia

Muchos políticos ven al Estado como un botín de guerra. Creen que ganar una elección les da derecho a usufructuar de él a su libre albedrío. “El Estado está para servirnos… no para servir a la población”. Así piensan estos personajes. De allí la proliferación de favores políticos en el Estado. Me refiero – por ejemplo – a los puestos de favor. Los típicos recomendados que – una vez que ingresan al Estado – se convierten en ahijados que se la deben a sus padrinos… de por vida.

Cuando fui Gobernador Regional de Ica – en el período 2015 / 2018 – constaté que los Congresistas eran los peores en esta materia… salvo honrosas excepciones. Aunque, valgan verdades – gracias a unos cuantos “periodicazos” – se les bajó el moño. Sin embargo, al comienzo de mi gestión… ¡qué manera de pretender favores para sus ahijados o – lo que es lo mismo – exigir la salida de funcionarios que les resultaban incómodos!

El clientelismo político ha hecho metástasis en nuestro país. (La expresión es de Roberto Abusada). Miles de ahijados y recomendados han entrado – y siguen entrando – a la policía, universidades estatales, beneficencias, poder judicial, municipios, ministerios, y – ciertamente – al propio Congreso. El hecho es que cualquiera haya sido el padrino que benefició indebidamente a un allegado con un puesto en el Estado, tiene – para toda la vida – a un infiltrado que se la debe. Un topo dispuesto a retribuir – como sea – el favor concedido. Un ahijado cuya única camiseta es la de su padrino. ¡Cero camisetas del Perú! Y de allí siguen los demás favores indebidos. Uno tras otro… hasta nunca acabar.

Efectivamente, después de los puestos de favor vienen las adjudicaciones de las obras para beneficiar a constructoras con quienes – esos padrinos y sus ahijados – tienen arreglos soterrados. Vienen – también – las adjudicaciones de compras de equipos, materiales y / o servicios… todo sobrevalorado. Todo adjudicado a proveedores con quienes se comparten subrepticiamente las ganancias de los negocios. Y ¡qué me dicen de la mafia de consultores! Así le roban al Estado estos sinvergüenzas. Repito. Todo empieza con los puestos de favor.

Nuestros antepasados – los Incas – valoraron mucho la honestidad. “Ama Sua” (no seas ladrón) fue el primero de los tres preceptos morales del extraordinario y sencillísimo código de moral Inca que forjó la grandeza del Tahuantinsuyo. Ser honestos. Así de sencillo. Pero de verdad.

El Papa Francisco – también – es muy sencillo y firme respecto a la corrupción. “Pecados sí; corrupción no”. O sea, uno puede meter la pata… pero no la mano. De eso se trata.

El problema es que ser honesto en nuestro país no es “así de sencillo”. O mejor dicho, es sencillo decirlo; pero del dicho al hecho… hay mucho trecho. La cantidad de ahijados – ineptos, ociosos, maltratadores, corruptos – que ingresaron al Estado por influencia de algún congresista, alcalde, gobernador, u otro político clientelista es colosal.

El hecho es que la burocracia estatal ha crecido explosivamente… sobre todo en la última década. Y algunos políticos insisten en meter más ahijados al Estado. ¡Patético!

Pues bien – prácticamente – todas las instituciones del Estado están atiborradas de burócratas que no tienen ningún mérito profesional, académico, o de otra índole. Sus únicos méritos son ser amigos o familiares de sus padrinos políticos de turno. Por eso – aparte de la corrupción y el maltrato en el Estado – no hay plata para hacer obras infraestructura pública. Y menos para aumentar las remuneraciones de los servidores públicos de verdad. El presupuesto público para pagar favores políticos en el Estado está volando por las nubes.

¿Cómo hacer para corregir este desmadre? Ama Sua: fuera los corruptos. Ama Lulla: fuera los mentirosos. Ama Quella: fuera los ociosos. Honestidad, veracidad y eficiencia. No favores políticos.

El Estado está para servir a la población. El Estado no es un botín de guerra para los políticos. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre populismo y clientelismo en el Congreso.

Participa como invitada María Alejandra Campos, politóloga, con Gonzalo Prialé y Jaime de Althaus.

Las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 10 de julio de 2020
Para Lampadia

El viejo Einstein decía: “Las crisis son la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque las crisis traen progresos”. Y agregaba: “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo”.

Bueno pues, al margen de expresar nuestra admiración por las expresiones del gran científico alemán – e inspirados en su manera positiva de ver las crisis – hay que formularnos las siguientes preguntas: ¿Cuándo pase la crisis de la pandemia… vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Nada va a cambiar en las instituciones de la salud pública? ¿Vamos a seguir con el Ministerio de Salud tal cual… y con los Gobiernos Regionales politizando la gestión de los hospitales del Estado?

• ¿Acaso los municipios provinciales y distritales seguirán manejando las empresas de agua y saneamiento?
• ¿Seguiremos pasivos frente a las mafias municipales que promueven las invasiones de tierras y las viviendas de esteras en todo el país?
• ¿Seguirán los mercados de abastos en manos municipales, si ni siquiera cuentan con baños… ni las más elementales condiciones de higiene y seguridad?

Y yendo más allá de los temas sanitarios y urbanísticos ¿seguiremos con las numerosas instituciones estatales que – supuestamente – están para promover inversiones en infraestructura pública; pero que en la práctica no promueven nada? Llámense PROINVERSIÓN para inversiones en infraestructura en general, PRONIS para inversiones en infraestructura de salud, PRONIED para inversiones en infraestructura educativa, PROVÍAS NACIONAL y PROVÍAS DESCENTRALUZADO para inversiones en infraestructura vial. Y por si fuera poco ¿seguiremos con las numerosas Direcciones Regionales de Infraestructura que no fueron capaces de reconstruir la infraestructura dañada por El Niño Costero del 2017?

Ahora bien ¿cómo reacciona el Gobierno ante tamaña inoperancia? Pues recurriendo a otros Gobiernos – de otros países – para que se hagan cargo de nuestros fracasos.

Efectivamente, tal es el caso del reciente acuerdo de Gobierno a Gobierno – entre el Gobierno Peruano y el Gobierno Británico – para que éste último se haga cargo de la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero del 2017. Es decir, pasados más de tres años del desastre natural, el Gobierno Peruano – reconociendo su fracaso – [avance de solo 24% de lo programado], recurre al Gobierno Británico para que éste asuma la responsabilidad de la reconstrucción de las carreteras y puentes, hospitales y postas médicas, escuelas, e infraestructura hidráulica dañada por El Niño.

Pero hay más. Para terminar la construcción de los hospitales Antonio Lorena de Cusco y Sergio Bernales de Lima, el Gobierno Peruano acaba de suscribir otro convenio parecido con el Gobierno Francés, para que éste se encargue de terminar la construcción de ambos hospitales.

Ante todo ello cabe preguntarnos ¿vamos a seguir con las instituciones que fracasaron en la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño Costero, y con las que debieron terminar la construcción de los hospitales de Cusco y Lima?

En mi opinión, para que las cosas no sigan como están – y mejoren en el futuro – hay que hacer cambios radicales en la estructura institucional del Estado. El Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales NO deben seguir manejando la salud pública en nuestro país. Los municipios NO deben seguir manejando las empresas de agua y saneamiento. Y menos… los procesos de desarrollo urbano. Incluso, PROINVERSIÓN y todas sus derivadas, NO deben seguir gastando la millonada que vienen gastando… por las puras. ¡Han fracasado! No pretendamos que las cosas mejoren, si seguimos haciendo lo mismo.

De allí la propuesta – contemplada en la Constitución – de crear Organismos Autónomos para la salvaguardia del Estado de Derecho y la mayor eficiencia de la salud pública, el desarrollo urbano, y la infraestructura pública en nuestro país. Y – lo más importante – que no dependan de ninguno de los poderes del Estado. Tipo BCR. Tipo Juegos Panamericanos Lima 2019. Cero clientelismos. Cero corrupciones. Cero politiquerías. Profesionalismo, carrera pública, meritocracia, gestión enfocada en resultados… y todo lo demás.

Pero no… parece que todo seguirá tal cual después de la crisis. ¡Lamentablemente! ¡Ojalá me equivoque! Pero de ser así – contrario a lo que decía el viejo Einstein – esta habría sido una crisis sin ningún provecho. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Congreso nacional podría ser objeto de un estudio de caso sobre populismo y clientelismo. Un número excesivo de bancadas en el contexto de la pandemia y proyectadas hacia la carrera electoral, ha desatado una competencia populista sin precedentes. Pero hay algunas más activas en ese terreno que otras y el tipo de populismo que expresan, en ocasiones muy creativo, tiene variaciones interesantes que conviene diferenciar en aras del mejor conocimiento del fenómeno.

Observamos tres grandes categorías de proyectos de ley:

1. Los propiamente populistas, que afectan a empresas supuestamente malvadas o insensibles para beneficiar a los usuarios. Dentro de ella podemos distinguir dos subtipos:

1. Los proyectos que rompen o intervienen contratos, afectando la seguridad jurídica, los derechos de propiedad y la libertad de empresa, es decir, las bases mismas del crecimiento (eliminar peajes, congelar deudas, suspender o reducir pagos, devolver aportes a las AFP);
2. Los que afectan mecanismo operativo de la economía de mercado, es decir, el sistema de precios: controles de precios.

Ambos subtipos tienen en común que poseen un alcance horizontal o transversal en la sociedad.

2. Los proyectos más propiamente clientelistas, que favorecen a grupos de empleados específicos de ciertos sectores (trabajadores de la Salud, de la educación, etc.). Buscan captar bolsones electorales delimitados. Su alcance es vertical o sectorial.

3. Los proyectos que podríamos llamar ideológicos, que buscan directamente cambiar el capítulo económico de la Constitución (el modelo) o dar una nueva Constitución.

Las propias bancadas se inclinan más por una u otra modalidad. Podemos de Daniel Urresti, por ejemplo, opta principalmente por la primera categoría. El fue el impulsor de la ley de retiro del 25% de los fondos de las AFP, y del proyecto de ley de congelamiento de deudas al sector financiero. Y haciendo gran promoción de sus iniciativas en las redes, pretende así anchar su intención de voto. Apunta a segmentos horizontales, multi ocupacionales, de la población.

El partido de César Acuña (APP), en cambio, es claramente clientelista. Impulsó primero la ley que regala ascensos automáticos y nombramientos sin meritocracia en Salud y Essalud. No le importa generar un gran costo fiscal y anular cualquier posibilidad de reforma que se quiera hacer: su objetivo es captar el voto de todo el personal de ese sector. Su última movida fue exigir que se incluyera en agenda la reforma constitucional del 6% del PBI para Educación, como condición para aceptar que se votara la ley de impedimentos. Es inviable, pero su intención es buscar el voto de los maestros y sus familias. Clientelismo puro y duro.

Una revisión de los proyectos de ley presentados por las distintas bancadas desde el 26 de junio hasta el 7 de julio, revela que de lejos la más prolífica en esta clase de proyectos es la de Alianza para el Progreso (APP), con una carga fuerte en proyectos de tipo clientelista.

Los proyectos de tipo clientelista que presentó APP solo en ese corto periodo fueron los siguientes:

• Ley de reforma parcial de los factores de evaluación para el ascenso en la Policía Nacional del Perú (para facilitar los ascensos de la mayor cantidad de policías) 
• Ley que promueve la reactivación sostenida de la industria del calzado, cuero y afines del departamento de la libertad (para los fabricantes de calzado)
• Ley que habilita a los ex aportantes de la ley 30003 -régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros-, a solicitar la devolución de sus aportes al sistema público de pensiones (para los pescadores)
• Ley que modifica la ley 30512, ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes (para los docentes de los institutos)
• Ley que modifica la ley de creación del Colegio Médico del Perú (para los médicos)
• Ley que deroga los decretos supremos 16-2020-EM y 17-2020-EM que aprueban contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-67 y Z-68 (para las poblaciones de pescadores)

Hay uno adicional que clasificamos como populista pero que en realidad está a medio camino: el proyecto que promueve la paridad y alternancia de las mujeres en cargos de dirección en los sectores público y privado (para las mujeres).

El partido de Acuña apuntó primero a beneficiar a todo el personal de Salud con la ley arriba mencionada, y luego a todo el personal de educación con el proyecto del 6% del PBI. Ahora pretende favorecer, aunque con una ley menos escandalosa, a los policías. Entre Salud, Educación y Policía Nacional, tiene buena parte de las familias del sector público. Luego, va por grupos ocupacionales específicos (pescadores, fabricantes de calzado, etc.). Es un experto en segmentar la sociedad para ofrecerle algo a cada segmento.

El Frente Amplio tiene un perfil distinto: sus proyectos de ley son de corte ideológico, destinados a cambiar el modelo económico como tal.

UPP es más práctica. Tiene tres proyectos clientelistas: pago de la deuda social magisterial; modificación de la carrera pública magisterial (para flexibilizar las evaluaciones de desempeño); y declaración de Emergencia Nacional el Sector Agrario. Y dos populistas, uno de los cuales dispone el congelamiento de deudas incluso con las cajas municipales y rurales.

Ojalá este análisis sirva para contener la avalancha populista y clientelistas del Congreso. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 5 de enero de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Uno de los más ilustres pensadores del Perú fue – sin duda – Don Jorge Basadre. Efectivamente, él fue quien identificó los enormes lastres de la historia peruana: militarismo, clientelismo, autoritarismo, centralismo, y CORRUPCIÓN.

Sin embargo, su genio metafórico se coronó cuando identificó a los tres grandes enemigos que impiden la consolidación de la promesa peruana: los PODRIDOS, los congelados, y los incendiados. (Las mayúsculas son mías)

Entonces… sí. Me queda muy claro. Luego de corroborarlo como Gobernador Regional, los CORRUPTOS – o lo que es lo mismo… los PODRIDOS – son los principales enemigos del pueblo iqueño.

Son unos miserables. Están por todas partes. Le roban – sin escrúpulos – a la gente pobre… pero lo niegan con total desparpajo. Puede ser un dirigente sindical que rinde cuenta de sus viáticos con facturas falsificadas. O un médico malacostumbrado a abandonar el hospital – en horario de trabajo – para cobrar a dos cachetes. O uno que sustrae equipos del hospital y / o medicinas de la farmacia para sus prácticas privadas, o para venderlas – por lo bajo – a pacientes necesitados.

Por otro lado ¿qué decir de la corrupción – o podredumbre – que había en la Dirección Regional de Transportes? Concretamente en el tráfico de Licencias de Conducir. ¡Mafiosos que medraban de las coimas – y el maltrato – a todo aquel que aspirara a ser un transportista formal!  

Pero eso no es todo. La sobrevaloración de las compras de bienes y servicios. El “diezmo podrido” detrás de las obras de construcción. La “venta” de favores en los concursos de puestos de trabajo. Y muchos etcéteras más. ¡Odebrecht es una plaga enquistada en todas las instituciones de nuestra región! Esos son los CORRUPTOS… el enemigo No. 1 de los iqueños.

Pero nuestra población tiene otros enemigos también. Los INDOLENTES pueden no ser tan miserables como los corruptos… pero por ahí van. El INDOLENTE es aquel servidor público que no atiende con eficiencia y cordialidad a la ciudadanía que depende de él para vivir con dignidad.

Por ejemplo, un burócrata que hace esperar inútilmente – a veces meses o años enteros – a ciudadanos que acuden a su despacho para realizar un trámite de cualquier índole. Calín Ramos – el ex alcalde de Ica – fue un indolente. No le dolió que vivamos rodeados de basura. Pueden no ser corruptos… pero igual maltratan a los ciudadanos. Son crueles. No se inmutan frente al dolor de la gente necesitada. Son unos maltratadores incorregibles. Se parecen mucho a los CONGELADOS de Basadre. ¡Son detestables!

Por último, también están los MIEDOSOS. No son – necesariamente – corruptos o indolentes. Pero se mueren de miedo de tomar alguna decisión – o firmar cualquier resolución – por temor a ser involucrados en alguna denuncia o proceso sancionador.

A este respecto – valgan verdades – Ica está plagada de leguleyos expertos en denunciar a cuanto funcionario se les cruce en su camino. Las denuncias pueden ser formales… es decir, a través de la Fiscalía. O mediáticas… a través de periodistas corruptos. Me refiero – por supuesto – a las denuncias sin sustento que tan frecuentemente aparecen en las redes sociales y / o programas de ciertos periodistas chantajistas.

Pero bueno… para eso estamos. El Gobierno Regional no es lugar para MIEDOSOS. Nuestra institución está abierta para gente honesta, servicial… ¡y valiente! Obviamente, hay que tener buenos asesores en materia legal, porque de eso se agarran los Flores Camargo, las Dery Gonzáles, etc. Esa gente vive para denunciar. Traspiran odio por sus poros. Hay que tener cuidado con ellos, pero de ahí a tenerles miedo… tampoco, tampoco. Al contrario… hay que confrontarlos. ¡Qué se creen!

Conclusión. Los enemigos de los iqueños son – de mayor a menor – los CORRUPTOS, los INDOLENTES, y los MIEDOSOS. Los primeros están saliendo – poco a poco – con la ley atragantada. Y los segundos y terceros… ojalá se vayan porque ¡cuánto daño le están haciendo a los iqueños! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 12 de mayo de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

Recuerdo – como si fuera ayer – la emotiva ceremonia de graduación de mi hijo mayor, cuando terminó sus estudios de medicina en la Universidad Cayetano Heredia. Un logro tan importante como terminar una carrera profesional, es siempre motivo de alegría y satisfacción; tanto para el graduado, como para sus familiares.

Sin embargo, en el caso de los médicos – y yo no lo sabía hasta entonces – el Juramento Hipocrático que pronuncian los jóvenes graduados, le da a la ceremonia una sensación muy especial y única.

Para los que no conocen del tema, el Juramento Hipocrático es un pronunciamiento público – de carácter ético – que hacen los jóvenes que se gradúan en carreras de medicina humana. Y dice así: “En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento a que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida de mi enfermo será la primera de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en toda la medida de mis medios, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, de partido o de clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana, desde su concepción. Aún bajo amenazas no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor”.

Entonces, yo me pregunto, ¿dónde quedó el Juramento Hipocrático de los médicos que cobran indebidamente a pacientes pobres que acuden a nuestros hospitales? ¿Qué diría el viejo Hipócrates respecto a los médicos y enfermeras que trafican con las medicinas de nuestras farmacias? ¿Qué me dicen de los que marcan asistencia, luego abandonan el hospital… y encima cobran por “su día de trabajo”? ¿Qué juramento hicieron los médicos y enfermeras del Hospital Regional que – megáfono en mano, y dentro de las instalaciones hospitalarias – gritan tanto, que más parecen una jauría de perros rabiosos?

Está claro… el gremio médico tiene de cal y de arena. No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos médicos muy corruptos e indolentes, y enfermeras de baja estofa – que llegan al extremo de autodenominarse “Coche Bomba” – que maltratan descaradamente a los pacientes y sus familiares. A ese respecto, invocamos a la ciudadanía a que nos ayuden a identificar a estas lacras de la salud pública, denunciando todo tipo de maltrato o extorsión.

Sin embargo, hay – felizmente, en Ica – muchos excelentes profesionales de la salud que hacen honor a sus juramentos hipocráticos, y que son el orgullo de nuestra región. A ellos se deben muchas curaciones extraordinarias que han salvado miles de vidas humanas. Con ellos – precisamente – estamos mejorando poco a poco la salud pública en Ica.

Aulas hospitalarias para niños internados, para que no pierdan clases; reducción de tiempos de espera, y disminución de colas para consultas externas; encuestas de valoración de las atenciones recibidas; y por supuesto, sanción – de acuerdo a ley – para quienes cometan faltas graves. He ahí algunos logros tangibles de nuestra gestión para mejorar la salud pública en nuestra región.

Que quede claro. Seguiremos luchando contra la corrupción y la indolencia. Sancionaremos todo acto de indisciplina laboral, por más respaldo cómplice – político o periodístico – que tengan estos malos servidores públicos. La ciudadanía – sobre todo, los pacientes y sus familiares – son la razón de ser de nuestro trabajo. Hemos tomado nota; el campo es santo… el hospital no tanto. Pero para eso estamos… para erradicar el vandalismo y el maltrato en nuestro sistema de salud. ¡No al clientelismo político! ¡No a la anarquía en salud! Lampadia

En un país con incontables necesidades de infraestructuras sociales (escuelas, hospitales, etc.) y económicas (puertos, carreteras, reservorios de agua, etc.), donde el Estado no tiene la capacidad económica ni de gestión para cubrirlas en un plazo razonable, las APP (Asociaciones Público Privadas), las OXI (Obras por Impuestos) y las IP (Iniciativas Privadas) son una excelente opción para priorizar las demandas de la población antes que los estigmas ideológicos y políticos o la preservación de los espacios de poder de la burocracia y del clientelismo.

Efectivamente, en el Perú se ha avanzado bastante en la generación de proyectos en las tres modalidades, pero lamentablemente, muchas APP concesionadas no se concretan en proyectos ejecutados por expropiaciones no terminadas y mil otras causas. En el caso de las OXI y las IP, son cada vez más los rechazos y demoras por excusas ‘fiscales’ y otros.

Además, especialmente en el tema de salud, hay una oposición a promover más APP adecuadas, como las de ‘bata blanca’ que desarrolló recientemente Essalud en dos hospitales: en el Callao y en Villa María del Triunfo. Ver en Lampadia: Gran éxito de APPs peruanas en salud es reconocido mundialmente – Las APP han generado servicios de salud de alta calidad.

Los hospitales Alberto Leopoldo Barton Thompson y el hospital Guillermo Kaelin de la Fuente funcionan desde el 30 de abril del 2014. Cada uno tiene asignada una población nominativa de asegurados de 250,000 personas y son operados por la empresa española IBT Group bajo la modalidad de “bata blanca”, que incluye toda la operación, desde la logística a los servicios médicos.

El concepto bajo el cual se han desarrollado estas APP crea incentivos muy positivos que determinan un modelo “Ganar-Ganar”. El contrato establece una asignación o pago fijo al operador por cada asegurado sin importar el número o tipo de atenciones. De esta manera se crea la necesidad de que el operador promueva que su población (de clientes) sea lo más sana posible, pues a mejor salud de su población, habrán menos asistencias y por lo tanto mayores ingresos para el operador. Un esquema brillante: muy positivo para la población, pues recibirán atención de salud preventiva y de buena calidad; positiva para el operador, pues podrá generar mayores márgenes con una mejor salud y satisfacción de sus clientes; y muy positivo para ESSALUD (que se debate en una gravísima crisis de servicio), pues con un costo fijo puede generar una gran calidad de servicio sin correr el riesgo de los sobrecostos que generan la imprevisión, la ineficiencia y/o la corrupción.    

A pesar de las indudables ventajas del modelo, copiado por otros países, aún existen fuertes resistencias al uso de APPs para la atención de salud, al punto que en lugar de que se siga replicando el modelo, aún recibe críticas desde distintas instancias. Las APP, sin embargo, están demostrando que este es el camino a seguir en salud.

A pesar del éxito del modelo, donde aparte de costos adecuados, se tienen estándares de operación largamente superiores a los logrados por Essalud, su presidenta Virginia Baffigo, ha anunciado la licitación para tres nuevos hospitales, pero bajo la modalidad de ‘bata gris’, o sea, serían operados por el propio Essalud, con sus mismos desastrosos estándares, para satisfacer a su cuerpo médico que prefiere mantener sus privilegios antes que resolver los problemas de salud de los asegurados.

No solo eso, el modelo también está siendo debilitado por Essalud al estar cambiando exageradamente la relación la relación de las poblaciones asignadas a cada centro de salud, lo que impide desarrollar el vital componente del esquema, la labor de prevención como establece el modelo de concesión. 

Esperamos que el peso de la realidad y la consecuencia con las necesidades de la población, lleven a Essalud a fortalecer la operación de ambos hospitales indicados y a optar por el esquema de “bata blanca con el fortalecimiento de las acciones de prevención”. Lampadia

Ver líneas abajo el artículo propiciado por el BID, sobre las ventajas de las APP en los servicios de salud:

¿Ahorra el estado con las asociaciones público-privadas en salud?

Escrito por Ignacio Astorga y Diana Pinto.

Publicado en el blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 20 de noviembre de 2015

Datos de la Encuesta Mundial de Salud que incluyen países de América Latina y el Caribe muestran que el sector privado se constituye en un importante y creciente proveedor de servicios sanitarios, proporcionando más de 40% de las consultas ambulatorias.

En  nuestra región hay un consenso respecto a la pertinencia de usar asociaciones público-privadas, para enfrentar las demandas de infraestructura, transportes y comunicaciones, contando con una historia de más de 20 años, sin embargo, al momento de plantear su uso en el área social, especialmente de salud, surgen dudas, en particular, alrededor de un mito recurrente: las asociaciones público-privadas (APP) son más caras que el modelo de inversión y gestión tradicional. Despejar este mito implica aplicar el concepto de  “valor por dinero” (VpD), que simplemente significa que se esta obteniendo el mejor resultado posible para la inversión realizada.

El uso de APP en salud no es nuevo ya que lleva más de 15 años de aplicación en el mundo y a la fecha se cuenta con cerca de 300 contratos adjudicados de los cuales más de la mitad está en fase operativa, incluyendo proyectos de bata blanca, gris y especializada (ver video). Estas experiencias han generado un volumen creciente de publicaciones que buscan evaluar sus resultados y comparar las APP con el modelo tradicional.

https://www.youtube.com/watch?v=scIwguIu184

A partir de estas evidencias se preparó la tercera nota de una serie sobre APP con el fin de dar luces sobre si efectivamente este modelo de gestión genera más VpD que los esquemas tradicionales.

Una  limitación para comparar los proyectos utilizando el concepto de VpD, es que éste incluye un conjunto de variables cuantitativas y cualitativas, cuya ponderación puede variar de proyecto en proyecto. Para poder avanzar en este análisis se vio necesario “de-construir” el indicador de VpD en las variables que lo componen y  analizarlas de manera separada. Para ello se recopilaron las publicaciones disponibles a enero 2014 y se analizaron los resultados observados en relación a cada variable, identificando cómo era el desempeño de los modelos (APP y modelo tradicional), caracterizándolos como mejor, peor o neutro.

Un elemento central a tener presente en la comparación fue la diferencia en los tipos de contratos y esquemas de gestión de proyecto, ya que el contrato de APP, es de largo plazo. Este es de los escasos tipos de contrato en los que el estado establece un compromiso plurianual. La regla es que los presupuestos públicos están regulados por la Ley de Presupuesto de carácter  anual. Los niveles de servicios son auditados por diversos interesados (empresa, estado, comunidad, financistas).

Por otra parte, los contratos tradicionales son de corto o mediano plazo, sin integración de servicios en un punto, con contratos sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual y a la estabilidad de los equipos directivos. Ello evidencia que se pueden dar contratos más volátiles, con estándares de servicios parciales y un nivel de auditoría y una rendición de cuentas más limitada.

¿Qué se puede concluir entonces respecto al VpD  de las APP versus el modelo tradicional?

A partir de lo ya publicado se puede señalar que sin perjuicio que las APP tengan un costo financiero mayor, el precio final que paga el estado termina siendo  similar al del modelo tradicional. Sin embargo, las APP presentan mayor eficiencia (menores plazos de construcción, mayor eficiencia productiva) y satisfacción de los usuarios.

De la revisión de la literatura, quedan aún numerosos temas donde interesaría ver una comparación entre APP y modelo tradicional en términos de: la celeridad que puede tener un programa de inversiones; la generación de un punto de referencia (benchmark) en ámbitos como mantenimiento de  edificios y equipos, estandarización servicios, o la disponibilidad de información para la gestión y la rendición de cuentas; y la rigidez en la gestión de los contratos, que los hace difíciles de modificar.

Con esta serie de Notas Técnicas queremos invitarte a reflexionar y compartir las experiencias que puedan contribuir a la generación de una política  pública de inversiones y gestión de salud basada en la evidencia, teniendo como meta mejorar la calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios de salud. Comparte tus comentarios en la sección de abajo o mencionando a @BIDgente en Twitter.

Si quieres acceder a todas las notas técnicas sobre asociaciones público-privadas en salud, puedes obtenerlas aquí: Nota 1, Nota 2, y Nota 3. L