Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 18 de junio de 2021
Para Lampadia

Lo dije en su momento. Jamás imaginé la tremenda presión que – como Gobernador Regional del Ica – iba a recibir de parte de ciertas autoridades y funcionarios de todo nivel, para favorecer indebidamente a familiares, amigos, o militantes de agrupaciones políticas. En todos los casos, los favores indebidos consistían en acceder – sin mérito alguno – a la planilla del Gobierno Regional, en otorgar contratos de obras sin ningún concurso de por medio, o adjudicar – a dedo – adquisiciones de todo tipo de bienes y servicios.

Yo tenía ciertas referencias del clientelismo político en nuestro país. ¡Quién no sabe cómo funciona el “tarjetazo” en los diversos niveles de gobierno, inclusive en instituciones tutelares como la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial!

No obstante, para hacer una buena gestión pública había que erradicar – cueste lo que cueste – el vicio del clientelismo en el Gobierno Regional. Y ¡vaya que el costo fue alto! El calificativo más recurrente que me gané por poner orden a este respecto fue el de traidor. Efectivamente, para muchos pretendientes de favores indebidos, el Gobernador Regional de Ica fue un vil traidor.

“Deme un trabajito – o una obrita – porque yo lo apoyé en su campaña” fue el argumento más trillado de muchos ciudadanos que votaron por mi candidatura. Y mi respuesta sincera y bien intencionada fue siempre la misma: “concursa; y gana en buena lid”. Pues bien – por los insultos que recibí – me quedó claro que mi respuesta no satisfizo a dichos personajes.

Eso en cuanto a los votantes que me dieron el triunfo electoral. Pero hubo otros frentes que también presionaban por favores indebidos. Me refiero a ciertos Consejeros Regionales y Congresistas de la República, quienes también pretendían inmiscuirse en la gestión institucional, ya sea proponiendo a familiares o conocidos para trabajar en el Gobierno Regional, o – lo que es lo mismo – exigiendo la destitución de funcionarios que no les eran de su agrado; para lo cual recurrían a prácticas de la más baja estofa, como supuestas grabaciones telefónicas secretas que luego utilizaban para extorsionar a sus víctimas.

Es verdad; la labor fiscalizadora de Consejeros Regionales y Congresistas constituye un mandato constitucional, imperativo e irrenunciable. Pero no me refiero a ello. Bienvenidas las labores de fiscalización; incluidas las de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, y otras más. Pero una cosa es la fiscalización propiamente dicha, y otra – muy distinta – el clientelismo político. El problema era cómo distinguir cuando un Consejero o Congresista fiscalizaba con objetividad a una dirección o funcionario del Gobierno Regional, o – simplemente – mal usaba su poder para favorecer indebidamente a algún allegado.

Para mejor entender la situación, vayamos al grano. Durante mi gestión – entre el 2015 y el 2018 – diversos Consejeros y Congresistas me exigieron la destitución de los siguientes funcionarios del Gobierno Regional: Gerente General, Gerente de Desarrollo Social, y todas las gerencias funcionales. Además, en su momento exigieron la destitución de la Directora Regional de Educación, Directora Regional de Trabajo, Directora Regional de Transportes, Directora Regional de Turismo, Procurador Regional, etc. Incluso – sin ningún sustento valedero – pretendieron la destitución del Director Regional de Salud y la de todos los Directores de los hospitales de la Región. ¡TODOS!

En otras palabras, si hubiera sido por dichas autoridades, toda la estructura gerencial y directiva del Gobierno Regional habría sido removida una y otra vez, generando un caos institucional de proporciones inimaginables.

Por ello – para cumplir nuestro compromiso de combatir la corrupción y la indolencia – implementamos un sistema de monitoreo de nuestra gestión, a través de indicadores de cumplimiento de objetivos y metas; y a través de la evaluación sistemática del servicio público, a cargo de la ciudadanía. Y sólo eran destituidos o sancionados los funcionarios probadamente corruptos, los que no cumplían con los objetivos y metas de la institución, y / o los que maltrataban a la ciudadanía.

En Ica, en el período 2015 – 2018 le dijimos ¡no al clientelismo político! Y la verdad… considero que hicimos lo correcto. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 23 de abril de 2021
Para Lampadia

El agregado es mío. La expresión original es, efectivamente: tras cuernos, palos. Y se refiere a situaciones en las que un mal sobreviene a otro, de manera consecutiva. O sea, cuando las cosas van de mal en peor. 

Bueno pues, ese es el caso de Ica en materia de salud pública. A la penosa categoría de “Riesgo Extremo” en materia de Covid 19; hay que agregar que Ica registra la más alta infestación de Dengue de su historia. ¡2,368 casos en las primeras 14 semanas del año! Sólo Loreto y San Martín nos superan en cuanto a casos de Dengue en lo que va del 2021. Y – vergonzosamente – estamos peor que regiones como Huánuco, Ucayali, Junín y Madre de Dios… todas regiones amazónicas, donde el Dengue es endémico.

¿Cómo es posible que Ica – no siendo una región amazónica – tenga tantos casos de Dengue? ¡Esa es la cuestión! La cuestión es que el Gobierno Regional de Ica es un fracaso en materia de salud pública. 

¿Por qué el actual Gobernador Regional de Ica destituyó a todos los Directores de Hospitales y Redes de Salud de la región… el primer día de su gestión? (Lo mismo hizo con todos los directores y gerentes de todas las dependencias del Gobierno Regional anterior.) ¿Por qué destituyó a los Gerentes Públicos de SERVIR que habían mejorado ostensiblemente la atención de los pacientes en todos los hospitales y centros de salud de la región?

¡Esa es la otra cuestión! La otra cuestión es la corrupción y el clientelismo político. ¿Cómo llamar si no a aquella perversa costumbre – tan arraigada en la política de nuestro país – de cambiar a todos los funcionarios públicos cada vez que hay cambio de autoridades?

Jamás la salud pública peruana va a estar bien mientras siga politizada y supeditada a la voluntad y preferencia de los Gobernadores Regionales. Por ello – precisamente – el ambiente en el sector salud está tan cargado de corrupción. Efectivamente, aunque parezca mentira – por más emotivo y conmovedor que sea el juramento Hipocrático de los médicos – hay mucha corrupción en el sector.

Claro que hay muy buenos médicos, enfermeras y técnicos de salud en Ica… y en todo el país. Médicos y enfermeras excelentes, extraordinarios, abnegados, heroicos, y todo lo demás. Muchos podemos dar fe de ello. Pero también hay de los malos. Parafraseando al gran Basadre… también hay médicos podridos.

¡Ese es el problema! Muchos hospitales públicos – incluidos algunos de Lima – están dominados por mafias compuestas por médicos corruptos. Mafias que venden puestos de trabajo a cambio de cupos. Mafias de médicos que abandonan los hospitales – y a sus pacientes – en horarios de trabajo para atender a otros pacientes en clínicas privadas. Mafias que trafican delictuosamente con medicamentos, materiales y equipos hospitalarios. Mafias que le rinden pleitesía a la diosa coima. ¡Así es la nuez en la salud pública en nuestro país!… lamentablemente.

Por ello sostengo… craso error haber transferido la responsabilidad de la salud pública a los Gobiernos Regionales. ¿A quién se le pudo ocurrir semejante barbaridad? Asumir que Gobernadores Regionales clientelistas, corruptos, e ignorantes en la materia pudieran gestionar eficientemente un servicio tan vital y especializado como la salud de las personas, era – y sigue siendo – una aberración. Típica medida populista, irreflexiva, irresponsable… y politiquera.

En artículos anteriores en Lampadia he propuesto la creación de una Autoridad Autónoma de la Salud Pública – tipo Banco Central de Reserva (BCR) – altamente especializada, profesional, meritocrática, y apolítica. La “regionalización” de la salud fracasó en Ica y en todo el país. No obstante – entre nos – veo muy poco probable que alguna autoridad esté dispuesta a ponerle el cascabel al gato. En otras palabras, no veo a ninguna autoridad que se atreva a confrontar a las mafias de la salud.

A lo que quiero llegar es que en Ica – aparte de la pandemia – el Dengue también se ha ido de las manos… a pesar de que estaba totalmente bajo control cuando dejamos la gestión regional anterior en el 2018.

Tras cuernos, palos. Tras Covid, Dengue. Así está la salud pública en Ica. ¡Una desgracia para los iqueños! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 9 de octubre de 2020
Para Lampadia

Voy a referirme nuevamente al caso de las conversaciones – totalmente comprometedoras – entre el presidente Vizcarra y sus secretarias, y las contrataciones – totalmente injustificadas – de Richard Swing, y ¡sabe Dios cuántos amigos y colaboradores más! Y lo hago porque – como muchos peruanos – considero que está muy mal que el Estado malgaste nuestros impuestos de una manera tan irresponsable.

Está claro que para el presidente no está mal que el Estado contrate a ese tipo de gente para ese tipo de servicios. Me refiero a personajes como Richard Swing, y a servicios como charlas motivacionales para funcionarios del Ministerio de Cultura… en plena pandemia. – Si muchos lo hacen ¿por qué no lo podría hacer yo? – más o menos así respondió el presidente a la pregunta que le hizo una periodista en un canal de televisión. Pero lo peor vino después, cuando con total desparpajo agregó – ¡qué tanto! si sólo se trató de S/. 175,400… es algo completamente intrascendente – ahondando así su desfachatez en cuanto al manejo de fondos públicos.

¡Está clarísimo! El clientelismo político tampoco es un problema para el presidente Vizcarra. Para él no está mal contratar a personajes sin más mérito que el sólo hecho de ser amigo, familiar, militante del partido de gobierno, o colaborador en campañas electorales previas. Y tampoco le parece mal gastar la plata del Estado – léase de los contribuyentes – en servicios que no sirven para nada.

¡Qué problema! ¿Con qué autoridad moral – el presidente Vizcarra – podrá combatir el clientelismo político en las demás dependencias estatales? – Si el presidente lo hace ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? – retrucarán muchos alcaldes, gobernadores, ministros, congresistas, jueces, y mil funcionarios públicos más.

En el nombre de la moral y la eficiencia en el gasto público el presidente debió ser el primero en marcar la diferencia; pero no. El presidente actuó como uno más del montón. El clientelismo político es un acto inmoral… aunque muchos lo hagan. Por otro lado, el mal uso de recursos públicos constituye una falta grave… aunque muchos – también – lo hagan.

Son – precisamente – actitudes como la del presidente Vizcarra lo que me lleva a plantear una revolución moral para el bienestar de la población y el progreso del Perú. Una revolución moral que rescate – de las cenizas – los valores de la verdad, la justicia, el bien, y la vida. Una revolución que remueva las consciencias de nuestras autoridades para que entiendan lo que es vivir en un Estado de Derecho; lo que es el principio de igualdad ante la ley; y lo que implica que el Estado esté para servir a la población… y no para servirse de ella.

Una revolución moral que consolide los conceptos de eficiencia y transparencia en la gestión pública. Que enaltezca los valores de la puntualidad y la austeridad en el Estado. Que respete la carrera pública y la meritocracia en todas las dependencias estatales. Y que refuerce los conceptos de ciudadanía, dignidad, seguridad, libertad, responsabilidad, propiedad, etcétera.

En fin… una vez más debe quedarnos claro que del Estado – tal como está – no debemos esperar nada. El Estado está tomado por la mediocridad y la corrupción. En consecuencia, de allí no va a venir la revolución moral. El Poder Judicial no se va a corregir a sí mismo. El Congreso, menos. Y del Poder ejecutivo – si para el presidente Vizcarra no está mal lo de Richard Swing – ¡qué podemos esperar!

La revolución moral tendrá que nacer de la ciudadanía. Mejor dicho, de cada uno de nosotros. ¡No queda otra!

OTROSÍ DIGO: Todo parece indicar que habrá que agregar al prontuariado Martín Alberto Vizcarra Cornejo el cargo de miembro de la mafia – y coimero – del club de la construcción. Un presidente más… una autoridad más… una raya más al tigre. ¡Terrible!

OTROSÍ DIGO: Por favor… que no insista en decir que su prioridad es la lucha contra la corrupción. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 28 de agosto de 2020
Para Lampadia

Muchos políticos ven al Estado como un botín de guerra. Creen que ganar una elección les da derecho a usufructuar de él a su libre albedrío. “El Estado está para servirnos… no para servir a la población”. Así piensan estos personajes. De allí la proliferación de favores políticos en el Estado. Me refiero – por ejemplo – a los puestos de favor. Los típicos recomendados que – una vez que ingresan al Estado – se convierten en ahijados que se la deben a sus padrinos… de por vida.

Cuando fui Gobernador Regional de Ica – en el período 2015 / 2018 – constaté que los Congresistas eran los peores en esta materia… salvo honrosas excepciones. Aunque, valgan verdades – gracias a unos cuantos “periodicazos” – se les bajó el moño. Sin embargo, al comienzo de mi gestión… ¡qué manera de pretender favores para sus ahijados o – lo que es lo mismo – exigir la salida de funcionarios que les resultaban incómodos!

El clientelismo político ha hecho metástasis en nuestro país. (La expresión es de Roberto Abusada). Miles de ahijados y recomendados han entrado – y siguen entrando – a la policía, universidades estatales, beneficencias, poder judicial, municipios, ministerios, y – ciertamente – al propio Congreso. El hecho es que cualquiera haya sido el padrino que benefició indebidamente a un allegado con un puesto en el Estado, tiene – para toda la vida – a un infiltrado que se la debe. Un topo dispuesto a retribuir – como sea – el favor concedido. Un ahijado cuya única camiseta es la de su padrino. ¡Cero camisetas del Perú! Y de allí siguen los demás favores indebidos. Uno tras otro… hasta nunca acabar.

Efectivamente, después de los puestos de favor vienen las adjudicaciones de las obras para beneficiar a constructoras con quienes – esos padrinos y sus ahijados – tienen arreglos soterrados. Vienen – también – las adjudicaciones de compras de equipos, materiales y / o servicios… todo sobrevalorado. Todo adjudicado a proveedores con quienes se comparten subrepticiamente las ganancias de los negocios. Y ¡qué me dicen de la mafia de consultores! Así le roban al Estado estos sinvergüenzas. Repito. Todo empieza con los puestos de favor.

Nuestros antepasados – los Incas – valoraron mucho la honestidad. “Ama Sua” (no seas ladrón) fue el primero de los tres preceptos morales del extraordinario y sencillísimo código de moral Inca que forjó la grandeza del Tahuantinsuyo. Ser honestos. Así de sencillo. Pero de verdad.

El Papa Francisco – también – es muy sencillo y firme respecto a la corrupción. “Pecados sí; corrupción no”. O sea, uno puede meter la pata… pero no la mano. De eso se trata.

El problema es que ser honesto en nuestro país no es “así de sencillo”. O mejor dicho, es sencillo decirlo; pero del dicho al hecho… hay mucho trecho. La cantidad de ahijados – ineptos, ociosos, maltratadores, corruptos – que ingresaron al Estado por influencia de algún congresista, alcalde, gobernador, u otro político clientelista es colosal.

El hecho es que la burocracia estatal ha crecido explosivamente… sobre todo en la última década. Y algunos políticos insisten en meter más ahijados al Estado. ¡Patético!

Pues bien – prácticamente – todas las instituciones del Estado están atiborradas de burócratas que no tienen ningún mérito profesional, académico, o de otra índole. Sus únicos méritos son ser amigos o familiares de sus padrinos políticos de turno. Por eso – aparte de la corrupción y el maltrato en el Estado – no hay plata para hacer obras infraestructura pública. Y menos para aumentar las remuneraciones de los servidores públicos de verdad. El presupuesto público para pagar favores políticos en el Estado está volando por las nubes.

¿Cómo hacer para corregir este desmadre? Ama Sua: fuera los corruptos. Ama Lulla: fuera los mentirosos. Ama Quella: fuera los ociosos. Honestidad, veracidad y eficiencia. No favores políticos.

El Estado está para servir a la población. El Estado no es un botín de guerra para los políticos. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 3 de julio de 2020
Para Lampadia

Como les consta a muchos de mis lectores en Lampadia – y a mis seguidores en las redes sociales – estoy obsesionado con el fracaso del Estado peruano. Me refiero – por ejemplo – al fracaso de los servicios públicos de salud y educación. Al fracaso de la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica. Nadie está seguro… ni siquiera en su casa. Y en el ámbito jurídico o judicial… peor. Poderoso caballero es don dinero. Pregúntenles – si no – a los litigantes y / o a los millones de microempresarios y vendedores ambulantes. ¿Cómo los tratan los inspectores municipales o la policía? O peor aún ¿cómo los tratan los jueces y fiscales?

¿Cómo no obsesionarse con el fracaso estrepitoso de las empresas municipales de agua y saneamiento, y de limpieza pública? ¿Y qué decir de los alcaldes – y regidores – mafiosos que promueven las invasiones y el tráfico de tierras, para lucrar luego con negocios tan soterrados como la venta de esteras y agua en cisternas… ciertamente no aptas para el consumo humano? ¿Y la lucha contra la corrupción? ¿Acaso no vamos de mal en peor en este asunto?

La pregunta es ¿por qué tantos fracasos estatales? ¿Por qué tanto maltrato a la población y tanta corrupción en el Estado? ¿Por qué? Pues bien – en mi opinión – el clientelismo político es la madre del cordero. Eso de que cada autoridad estatal – presidente, ministro, congresista, gobernador, alcalde, o magistrado – cambie a los funcionarios de sus instituciones cada vez que entra a trabajar para el Estado… ¡he ahí el problema! El nulo valor de la carrera pública en el sector público. La ausencia total de la meritocracia a la hora de contratar a servidores públicos. ¡Esa es la causa del fracaso del Estado!

Sin embargo, aparece la interrogante: ¿porqué el Banco Central de Reserva (BCR) es tan buena institución? ¿Acaso no es tan estatal como las demás instituciones públicas? Claro que sí. Entonces ¿qué diferencia al BCR de los hospitales del Ministerio de Salud, o de las empresas municipales de agua y saneamiento? ¿Por qué los Richard Swings no están en el BCR y sí – cual cardúmenes de gente corrupta e inoperante – atiborran a las demás instituciones estatales?

La respuesta a esta interrogante está en los denominados Organismos Constitucionales Autónomos. ¿Qué dice la plataforma digital del Estado a ese respecto? (https://www.gob.pe/estado/organismos-autonomos) Cito entre comillas: “La Constitución política, para la salvaguardia del estado de derecho y la mayor eficiencia en la ejecución de algunas labores, ha constituido algunos organismos autónomos, que no dependen de ninguno de los poderes del Estado. ¡Bingo! ¡La Constitución lo dice! ¡Sí se puede!

Me refiero a que sí se podrían constituir Organismos Constitucionales Autónomos para mejorar – por ejemplo – la salud pública. Y la educación. Y lo mismo se podría aplicar para el agua potable… que es un fracaso estrepitoso a nivel nacional. Y para la infraestructura pública… que es un caos. Y para el deporte. Organismos especializados en diversas funciones que no dependan de ningún poder del Estado. Es decir, que no dependan de los caprichos de los políticos de turno. Y que rindan cuenta a la ciudadanía… tal como ocurre en el caso del BCR.

Por ahí va la solución al pernicioso clientelismo político en la mayoría de las instituciones estatales peruanas. Los peruanos deberíamos exigir una verdadera revolución institucional estatal, y replicar el modelo del BCR en las demás instituciones públicas. Despolitizar todas las instituciones estatales fracasadas… y autonomizarlas – si cabe el término – de acuerdo con lo que establece la Constitución. Imponer la meritocracia, el profesionalismo, la carrera pública, y la permanencia de los buenos funcionarios públicos… independientemente de la alternancia política en el Estado.

Organismos Constitucionales Autónomos. Grabemos en nuestras memorias esas tres palabras. Organismos Constitucionales Autónomos. O como hacían nuestros maestros cuando nos portábamos mal, y – de paso – para que aprendamos machaconamente la lección. Escribamos 100 veces Organismos Constitucionales Autónomos. ¡Y sin ningún error ortográfico ni ninguna tachadura! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Lo que ha ocurrido en el Estado en la última década ha sido un crecimiento desordenado e incontrolable del empleo público. El gasto en personal se multiplicado varias veces, pero el desempeño de ese personal no ha mejorado. Los servicios públicos siguen siendo tan ineficientes y corruptos como antes.

Juan José Martínez, jefe de SERVIR, nos explica que hay contrataciones de personal disfrazadas, pagos no registrados. Esto comenzó a descubrirse desde que el 2001 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pidió información de remuneraciones a las entidades públicas. Recién informaron al tercer año, bajo amenaza. Cruzaron la data enviada con RENIEC y se encontró una cantidad significativa de personal ya fallecido que milagrosamente cobraba su sueldo.

Pagos ocultos

El 2018 se creó en la ley de presupuesto el concepto partidas restringidas, por el cual el (MEF) congela una partida cuando ésta carece de justificación o sustento. De esa manera fueron congelados 10 mil millones de soles. Para liberarlos, cada entidad debía justificar su uso. Allí fue que aparecieron negociaciones colectivas y laudos arbitrales que otorgaban beneficios unilaterales a trabajadores. Fue el caso de RENIEC, por ejemplo, cuyo personal realizó una huelga debido a que el MEF congeló algunos de esos pagos que no estaban previstos presupuestalmente.

En muchos casos se descubrió pagos a trabajadores en partidas que no correspondían, que no eran gasto de personal. Por esa vía se ocultaba aumentos irregulares a trabajadores. Muchas entidades pagan por fuera del sueldo conceptos tales como movilidad, alimentación, vestuario e inventan otros conceptos, como una manera de incrementar la remuneración. Se paga, por ejemplo, 20 soles diarios por movilidad, pero en realidad ese dinero es de libre disposición. Y 20 soles diarios más por alimentación, y así…

Parece que este año se va a empezar a ordenar este caos, y las causas que lo generan. Es decir, a controlar la expansión inorgánica del gasto en personal que, por lo demás, tampoco redunda en una mejora de los rendimientos institucionales.

Martínez nos informa que este año se formarán comisiones en las que estarán representantes de MEF y de SERVIR con representantes de cada pliego presupuestal a fin de revisar todos esos pagos que hasta ahora permanecían ocultos y determinar cuáles tienen marco legal y cuáles no. Pues el MEF no ha validado todavía esos abonos ni las justificaciones que las entidades han remitido.

Lo segundo es controlar las causas de ese desorden. Se ha establecido, por ejemplo, que cada vez que una entidad quiera contratar a una persona por Contrato Administrativo de Servicios (CAS), deberá enviar una consulta fundamentada a SERVIR, como paso previo al filtro del MEF. Esto ha entrado en vigencia a partir del 1° de enero del 2020.

Hemorragia de reincorporaciones judiciales inconstitucionales

Un problema muy serio es la hemorragia de reincorporaciones judiciales de los CAS y locadores de servicios, pese a que se trata de contratos temporales. Los gobiernos regionales y locales tienen mandatos de reincorporación por cientos. Un reciente informe de SERVIR, que analiza esas sentencias judiciales, revela que los jueces aplican indebidamente el principio de ‘primacía de la realidad’: si el demandante demuestra que hay subordinación y remuneración y que realiza labores de naturaleza permanente, entonces no puede ser cesado ni destituido. Es decir, adquiere estabilidad laboral absoluta.

Es un razonamiento que puede ser válido para el sector privado, pero no para el público, donde para tener estabilidad se requiere haber ingresado por concurso público y tener una plaza presupuestada. Lo estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia Huatuco (Expediente N° 05057-2013-PA/TC.), según la cual solo se puede reincorporar a un servidor si éste ingresó por concurso público, a una plaza presupuestada vacante y a plazo indeterminado. Y esas condiciones no se cumplen ni en los CAS ni en los locadores de servicios que, sin embargo, son repuestos con estabilidad absoluta aun cuando su contrato haya vencido. Esta práctica judicial se ha convertido en un vicio que le representa al Estado peruano una gran cantidad de dinero sin contrapartida en un servicio efectivo.

Y que, además, viola los principios de meritocracia e igualdad de oportunidades consagrados, por lo demás, en el artículo 5° de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. Los jueces no entienden aun que el Estado maneja recursos de todos los peruanos y que por lo tanto debe aplicar a su personal los más exigentes estándares de desempeño meritocrático y no puede ser botín de políticos clientelistas ni de jueces que también son pagados con nuestros impuestos.

El gobierno debería tomar la decisión de emitir un Decreto de Urgencia que fije estos criterios de reposición y capacitar sobre ello al Poder Judicial.

Dicho sea de paso, una observación interesante: cuando esos locadores de servicios o CAS pasan a la 276 con estabilidad, trabajan mucho menos que en el régimen temporal. Lo que habla de la necesidad de reformar incluso la propia ley del régimen del servicio civil para con condicionar la estabilidad del rendimiento. Finalmente estamos usando recursos de todos los peruanos que no se pueden malgastar en personal que no sirve adecuadamente al ciudadano.

Arbitrajes laborales

Otra fuente de drenaje incontrolable de recursos son los arbitrajes laborales. Ocurre que los sindicatos optan por saltarse la negociación colectiva y pasar directamente a dichos arbitrajes, como resultado de los cuales se otorga todo tipo de beneficios, sobre todo en las entidades que tienen ingresos propios. Pero los empleados que están en el régimen de la ley 276 no reciben nada. Se requiere entonces regular niveles, ámbitos y materias, mediante una ley de negociación colectiva para el sector público. Para ello sería conveniente que el gobierno promulgue por DU el proyecto de ley de negociación colectiva en el sector público que ya había sido aprobado en comisión de Descentralización del Congreso disuelto y que el propio Tribunal Constitucional había demandado.

En resumen, es indispensable que se ponga orden en el sistema de recursos humanos del Estado, a fin de controlar el libertinaje de su expansión, cortar o acotar las fuentes de contrataciones disfrazadas, pagos ocultos y reposiciones indebidas, y establecer un sistema meritocrático que asegure que los recursos de todos los peruanos se usan de la mejor manera posible para asegurar servicios públicos eficientes. En general, está pendiente la gran reforma de un servicio civil meritocrático, basado en la gestión de desempeño. La función redistributiva del Estado es vital para asegurar la igualdad de oportunidades en nuestro país y no puede ser sacrificada en aras del clientelismo político o el populismo judicial. Lampadia