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El borrador del Plan Nacional de Competitividad casi no propone reformas laborales

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El borrador del capítulo laboral del Plan Nacional de Competitividad al que he podido tener acceso gracias a fuentes no gubernamentales, es francamente decepcionante. Es, claramente, un triunfo póstumo del ex ministro Christian Sánchez.

Si bien propone algunos avances en relación a la situación actual, no se aborda para nada el grave problema de la reposición judicial en el trabajo o estabilidad laboral absoluta -que inhibe la contratación formal indefinida de trabajadores- y otras formas de rigidez laboral que nos han colocado entre los países con legislación laboral más rígida en el mundo, desanimando muchísima inversión que podría venir a generar empleo.

Tampoco se enfrenta el problema de los altos costos no salariales del trabajo en comparación al resto del mundo. El Plan no recoge la mayor parte de los planteamientos formulados por los gremios empresariales (CONFIEP, SIN, CCL, ADEX) que en arduo trabajo consensuaron durante meses una propuesta integral unificada para presentarla al Consejo Nacional de Trabajo, y no los recoge pese a que los gremios laborales se abstuvieron de participar. Tampoco incorpora casi ninguna de las propuestas del Consejo Privado de Competitividad ni la interesante fórmula presentada por Macroconsult – Cámara de Comercio de Lima.

Es decir, la sociedad civil peruana ha trabajador por gusto. Se premia a los que boicotean el diálogo y se castiga a los que realizan un esfuerzo serio y laborioso de estudiar, consensuar y formular propuestas.

Todavía estamos a tiempo, sin embargo. El Plan debe ser aprobado esta semana en el Consejo Nacional de Competitividad. Esperemos que allí representantes del sector privado y los ministros vinculados a la producción demanden la incorporación de un conjunto potente de reformas laborales. El país no puede seguir auto engañándose y condenándose al atraso.

¿Qué plantea el borrador del Plan?

La Medida de Política 5.1 pretende abordar la actualización del marco normativo laboral al nuevo contexto tecnológico y productivo, para lo que propone “otorgar mayores contenidos al reglamento del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento de Empleo”, en relación a aspectos tales como:

  • La determinación prorrateada mensual de beneficios laborales tras acuerdos con el empleador. El Plan no entra en mayores detalles, pero al respecto tanto el taller de Lampadia como el Consejo Privado de Competitividad propusieron eliminar el piso de 2 IUT para la Remuneración Integral Anual (RIA) de modo que ésta se pueda aplicar a todos. De referirse a eso, sería un avance.
  • “La definición de la situación económica habilitante para la terminación colectiva de contratos de trabajo”. Es de esperar que esto se refiera a precisar los requisitos para cesar colectivamente a fin de que no existan interpretaciones antojadizas de la autoridad de Trabajo que siempre concluyen en la negativa a autorizar el cese. De ser así, sería positivo. Pero no se toca el arbitrario mínimo del 10% de trabajadores para un cese colectivo.
  • La implementación de un procedimiento de evaluación médica para declarar la invalidez absoluta permanente,
  • La digitalización de boletas de pago y otros documentos para el trabajador, entre otros.

La Medida de política 5.2, relativa a la jornada a tiempo parcial, “apunta a permitir la celebración de contratos más acordes a las necesidades de los trabajadores que cumplen jornadas de trabajo a tiempo parcial, sin que esto implique la pérdida o menoscabo de derechos laborales”, pero no entra en detalles. Lo que se propuso en el taller de Lampadia[1] al respecto fue aumentar el número máximo de horas trabajadas a la semana de 24 a 30 horas y modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será Tiempo Parcial el trabajo realizado en menos de 24 (30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.

La Medida de Política 5.3 se refiere a regular el teletrabajo, dado que “las tecnologías de la información permiten a los trabajadores desempeñar muchas de sus funciones desde el hogar e incluso de manera móvil sin que esto implique pérdidas en productividad”. Esto sin duda sería bueno.

La Medida de Política 5.4 propone modernizar el Régimen MYPE pues, “a pesar de que las empresas con menos de 10 trabajadores concentran el 72,4% de los trabajadores asalariados privados al 2018, sólo el 8,0% de los trabajadores formales del sector privado son contratados bajo el régimen especial de la microempresa”. Frente a esta situación, se plantea:

  • Revisar la normativa del sistema de aseguramiento y del sistema de pensiones, en el marco de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Sería extraordinario que esto incluya la propuesta de Lampadia y recogida por el congresista Torres de que los ciudadanos puedan aportar parte del IGV que pagan cuando compran al su cuenta individual de pensiones. Pero lo único que el Plan menciona es establecer “la posibilidad de generar “convenios de formalización” que permitan amnistías administrativas para las empresas a cambio de iniciar procesos de formalización”, sin que se sepa de qué se está hablando.
  • Crear programas de acompañamiento que permitan el paso de las empresas a la formalidad de manera sostenida.

La medida de Política 5.5 propone mejorar el marco legal de modalidades formativas de los jóvenes con el objetivo de generar una mayor inserción laboral de éstos.

Luego, la Medida de Política 5.6 se refiere a la “Reestructuración de programas de inserción y promoción de empleabilidad” fortaleciendo las capacitaciones en competencias básicas y transversales y reestructurado los programas de empleo del Ministerio de Trabajo. La Medida de Política 5.7 propone modernizar el Servicio Nacional de Empleo a través de la implementación de Centros de Empleo fortalecidos en las 25 regiones del país y el rediseño de las bolsas de trabajo. Más burocracia.

Y, por supuesto, no podía faltar, la Medida de Política 5.8 plantea la “Modernización del Sistema de Inspección del Trabajo” …, con la finalidad de cubrir de mejor forma el amplio número de micro y pequeñas empresas del país.

Las propuestas dejadas de lado

Como decíamos al principio, los gremios empresariales se dieron el trabajo de consensuar una propuesta cuyos puntos básicos fueron:

  1. Modificar los mecanismos legales para la desvinculación laboral
  2. Eliminar el arbitraje potestativo,
  3. Precisar las causales de falta grave laboral
  4. Repensar las normas de ceses colectivos,
  5. Repensar la regulación para las nuevas modalidades de trabajo

De esos, el borrador del Plan Nacional de Competitividad sólo toma los puntos 4 y 5, sin que sepamos tampoco con qué alcance. Es de notar que los gremios empresariales han sido casi tan tímidos como el gobierno: incomprensiblemente tampoco hicieron propuestas relativas a la reducción de los costos no salariales del trabajo, algo que estaba presente muy claramente en el mismo documento de trabajo de la Política Nacional de Competitividad que el gobierno pre-publicó a mediados del año pasado pero que después no recogió en la Política aprobada el 31 de diciembre. Pero que es indispensable para mejorar la competitividad de la economía y aumentar la inversión y el empleo formal.

Ni los empresarios ni el plan adoptan, por ejemplo, la propuesta del taller de Lampadia para que la CTS funcione solo como seguro de desempleo, con tope de 6 sueldos.

Tampoco recoge el Plan la interesante propuesta de Macroconsult – Cámara de Comercio de Lima, que tiene como concepto central sustituir el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Y, como dijimos, aparentemente tampoco adopta la propuesta de Lampadia de que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado. Sabemos que el MEF la está estudiando. Ojalá se incorpore.

Esperemos que el Consejo Nacional de Competitividad, que debe aprobar el Plan, decida llenar estos vacíos e incluir en el Plan las reformas mencionadas, indispensables para sacar al Perú adelante. Lampadia

[1] En ese taller participaron Miguel Jaramillo, Gustavo Yamada, Germán Lora, Jorge Toyama, Pablo Bustamante y Jaime de Althaus.




Las increíbles declaraciones del Ministro de Trabajo

Las increíbles declaraciones del Ministro de Trabajo

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Si no supiéramos que es el ministro de trabajo el que habla, tomaríamos a broma lo que dice. Ni le haríamos caso. Pero como es el ministro de Trabajo, y entonces no queda sino preguntarnos qué espera el gobierno para cambiarlo.

La entrevista que acaba de dar, en Gestión (27-9-18) se titula: “Yo discrepo de que exista una rigidez laboral en el Perú”. Es una afirmación que dejaríamos pasar porque no valdría la pena perder el tiempo contestándola, si no fuera –repetimos- porque quien la afirma es el ministro de trabajo. Es imposible que no sepa que hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 que interpreta el artículo 27 de la Constitución en el sentido de que no basta la indemnización para proteger adecuadamente a un trabajador del despido, sino que es posible la reposición en el puesto de trabajo. Y que esa es la razón por la que muchas empresas no contratan de manera indefinida a sus trabajadores sino solo con contratos temporales, que también tienen un límite en el tiempo. Pues nadie se arriesga a no poder reducir personal cuando bajan las ventas.

El laboralista Jorge Toyama explica que es más fácil liquidar a una empresa que despedir a un trabajador, debido a la rigidez de la regulación laboral. “El Perú es uno de los pocos países donde existe reposición, indemnización por daños y perjuicios, seguros de desempleos y CTS juntos. Es necesario una reforma”, dijo en la SNI.

El ministro da algunos argumentos, pero incomprensibles. Pues solo con galimatías se puede negar o minimizar lo evidente. En realidad, no argumenta. Palabrea, dice cosas sin sentido. Discrepa de que haya rigidez laboral, porque:

“no es un tema que debe ser visto únicamente desde la óptica de la economía. No creo en los reduccionismos económicos. La óptica de analizar las relaciones de trabajo tiene que ir de la mano con los criterios valorativos, los criterios de la mejor manera de pensar una solución política a esos problemas complejos”.

¿Ud. entendió algo? ¿Qué tienen que ver los criterios valorativos con la solución política? ¿De qué está hablando? Y si una empresa no toma decisiones racionales desde el punto de vista económico, no sobrevive. Obviamente no contrataría trabajadores formalmente si ante una reducción de la demanda, de las ventas, de aquello que produce, no puede reducir el número de dichos trabajadores. Por el contrario, si tuviera flexibilidad y pudiera crecer y contratar sin temor, a la larga habría más demanda de trabajadores y los salarios subirían solo por esa razón.

Quizá lo que está diciendo es que, si queremos flexibilizar, hay que ver la manera política de hacerlo.  ¡Ojalá fuera! Su siguiente respuesta da una pista algo más clara. Dice:

“La estabilidad no solo debe ser vista como un sobrecosto, ni el seguro social o las contribuciones que paga un empleador… Enfocarlas únicamente como un sobrecosto es perder de vista que son sistemas de protección”.

Nos vamos acercado. Allí quizá delata su clientela. Pues la estabilidad laboral absoluta implícita en la sentencia del TC es un mecanismo de protección, sí, a los relativamente pocos que tienen contrato indefinido de trabajo, a quienes el ministro ha defendido como abogado privado. Pero, en esa misma medida, condena a la desprotección a la mayoría de trabajadores que no pueden acceder a un contrato formal de trabajo. Y no solo por eso, por supuesto. La gran mayor parte de las micro y pequeñas empresas, que es donde está gran parte del empleo también, no puede contratar formalmente ni siquiera a plazo fijo porque el salario mínimo es muy alto en comparación al salario promedio nacional y es aún más alto que los ingresos de muchísimos informales. Suena bonito defender un salario mínimo alto, se consigue aplausos de la galería y de los sectores protegidos, pero es sumamente irresponsable porque se expulsa a las grandes mayorías a la informalidad sin derechos, al reino de la explotación pura.

El ministro en buena cuenta defiende la explotación en este mercado de trabajo rígido y normativamente oneroso. Y lo hace enarbolando la protección de los trabajadores. ¿Cuándo vamos a acabar con esta hipocresía cínica que solo sirve para mantener a las mayorías en el estancamiento y la indefensión?

Lejos de eso, reincide. Afirma: “En el Perú no existe la estabilidad absoluta”. Lea por favor la sentencia del TC. Pero lo increíble es lo que agrega:

“Lo que yo creo es que la estabilidad es un problema dentro de un conjunto de problemas del mercado de trabajo”

¡Bravo! Reconoce que es problema, aunque uno más dentro de un conjunto de problemas. Sería un buen comienzo para empezar a trabajar si no fuera porque lo que agrega a continuación revela que no ha entendido nada. ¿Cuáles son para él esos otros problemas?:

“Uno de ellos es el exceso de la contratación temporal, y el otro es la debilidad de la libertad sindical”

¡Pero si esos dos problemas son justamente consecuencia del primero, de la sentencia del TC del 2001! Esto ya lo demostró hasta la saciedad Miguel Jaramillo. A partir de ese año se produce un salto dramático en el incremento del número de contratos fijos y una caída igualmente dramática en el número de contratos indefinidos o permanentes, de modo que ahora, estos últimos, cuya cantidad era algo superior a la de contratos temporales, en la actualidad alcanza casi al ¡80%!

Por supuesto, los negacionistas argumentaron que la contratación temporal venía subiendo desde 1991, pero Jaramillo demostró con este gráfico que dicha contratación, que estaba en niveles muy bajos, creció naturalmente luego de las reformas de 1991, que abrieron nuevas modalidades contractuales, pero luego de 1996 la contratación temporal se estanca en alrededor del 50 por ciento, e incluso ya empezaba a bajar, hasta que se da la sentencia oscurantista del 2001, cuyo efecto es abrupto e innegable para cualquiera que tenga honestidad intelectual.

Menos aún se quiere reconocer que la expansión desmedida de los contratos a plazo fijo afecta la tasa de sindicalización, porque los empleados temporales son mucho menos proclives a inscribirse en un sindicato. Esa sentencia, pues, ha ayudado a precarizar aún más el trabajo y la propia sindicalización.

Por eso, lo inteligente de parte de la CGTP y de sus abogados como el ministro Sánchez, sería procurar el cambio de esa sentencia para incrementar la proporción de contratos permanentes y ampliar por esa vía la base sindical en el país, que hoy es ridículamente baja, apenas algo más de 5% en el sector privado. Si el ministro quiere abogar realmente por la sindicalización y por el empleo adecuado con derechos, pues debe liderar la reinterpretación adecuada del artículo 27 de la Constitución y proponer un conjunto de reformas que ayuden a flexibilizar el mercado laboral de modo que haya más trabajo formal mejor remunerado para todos y que podamos proteger al trabajador, no al puesto de trabajo.

En una economía crecientemente liderada por la cuarta revolución industrial, en permanente evolución tecnológica, no se puede defender los puestos de trabajo, que pueden quedar obsoletos más temprano que tarde a la vez que aparecen nuevos puestos y funciones. De lo que se trata es de proteger al trabajador para que pueda pasar de un trabajo a otro reciclándose y capacitándose permanentemente y pueda sostenerse durante los meses de desempleo. En una economía dinámica y flexible habría mucha más inversión y mucho más empleo y, por lo tanto, salarios mucho más altos.

Estas son, en realidad, verdades de Perogrullo, salvo para el ministro de Trabajo. Por eso hay que repetirlas una y otra vez porque sigue prevaleciendo la frivolidad facilista de escudarse en palabras vacías de contenido para defender un statu quo que frena al país y excluye a la mayor parte de peruanos del derecho a crecer en empleos formales cada vez mejor remunerados, y que solo beneficia a los abogados que viven de él porque ni siquiera es bueno para los trabajadores “protegidos” por ese régimen, que hoy estarían percibiendo ingresos bastante mayores y participando en estructuras sindicales más amplias si tuviéramos un mercado laboral dúctil y expansivo.

No podemos seguir eternamente escamoteando la realidad solo para defender posiciones personales, en perjuicio del desarrollo económico y social del país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este juego irresponsable? ¿Cuándo vamos a hablar con la verdad y tomar las decisiones que de ella se desprendan? Lampadia




Las izquierdas complotan contra los trabajadores del campo

A propósito de la reciente discusión acontecida en el plano político acerca de la ampliación de la Ley de Promoción Agraria por 10 años más, consideramos oportuno republicar el siguiente artículo que realizó una crítica a los esfuerzos provenientes de la izquierda política el año pasado para eliminar dicho régimen laboral, responsable del extraordinario desarrollo de las agroexportaciones.

¿Cómo puede entenderse que los representantes de las izquierdas y afines, así como representantes de alto nivel del gobierno, propongan una norma que produciría una disminución sustancial del empleo formal rural?

Nuestras izquierdas tradicionales y sus desorientados socios en la política y en los medios, que privilegian la implantación de sus concepciones políticas anti desarrollo y anti modernidad, sobre cualquier otro objetivo, se preparan ahora para asestar un golpe definitivo al desarrollo de la población rural.

Esta vez, bajo el aparente comando del ministro de Trabajo, Christian Sánchez, y con la complicidad del diario La República, se pretende desnaturalizar uno de los sectores más pujantes de la economía, y que más beneficios ha traído al trabajador del campo, nuestra estrella de las agro-exportaciones.

El objetivo de la hipócrita campaña (hipócrita pues va en contra de los trabajadores más pobres, que supuestamente se pretende defender), es la eliminación del llamado Régimen Agrario. Algo que, más allá de malograr varias condiciones favorables a la revolución del agro peruano, eliminaría la posibilidad de mantener contratos laborales temporales para el sector.

La flexibilidad laboral en el campo es absolutamente necesaria para mantener la demanda de empleo formal en el sector agro-exportador, pues, la naturaleza de sus ciclos productivos demanda sustanciales variaciones del volumen de mano de obra durante el año. De eliminarse el régimen actual, no sería viable continuar con una serie de sembríos. El personal que se viene contratando para los períodos de cosecha, que son los de mayor demanda de empleo, tendría que pasarse a planillas de servicios permanentes, algo imposible de sustentar económicamente. Además, no se podría seguir incrementando la frontera agrícola en búsqueda de nueva producción y exportación.

Por lo tanto, la eliminación del régimen agrario supondría, desfavorecer nuevas inversiones, parar una buena parte de las operaciones actuales, y cortar la dinámica de empleo en el sector rural. Hablando claro, se perderían empleos en el campo, donde más se necesitan, empleos formales que cumplen con los mejores estándares laborales del mundo, comprobado así por las severas y minuciosas exigencias de los mercados globales.

Esto nos lleva a la pregunta inicial:

¿Cómo puede entenderse que los representantes de las izquierdas y afines, así como representantes de alto nivel del gobierno, propongan una norma que produciría una disminución sustancial del empleo formal rural?

Lampadia respondió esto hace buenos años. Resulta que el sustrato político de las izquierdas tradicionales es el ‘pos-extractivismo’. Una propuesta alocada que pretende llevar al país a un régimen de lo que llaman la ‘buena vida’, y que conlleva decisiones dramáticas sobre la orientación productiva y socio-económica del Perú.

El pos-extractivismo, plantea reducir nuestra producción de minerales, pescados, madera, y alimentos, entre otros, a un mínimo volumen que solo sirva para sobrevivir. El caso de los alimentos (que da sustento a la oposición al régimen agrario), es especialmente ridículo. Se pretende que no exportemos alimentos, o sea, no se necesitaría mantener un régimen promocional de la producción agrícola. Todo lo contrario, esa forma de pensar lleva a parar la agro-exportación.

Increíblemente, los supuestos defensores de los pobres pretenden que estos, que están mayormente concentrados en el área rural, se contenten con producir alimentos para el mercado local. O sea, en vez de producir para los inmensos mercados globales, que pagan muy buenos precios, en el secuestro del mercado interno, serían condenados a la pobreza eterna.

Ver en Lampadia más información sobre los absurdos planteamientos del pos-extractivismo:

 

Agroexportación: Una industria de clase mundial

Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento

Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’

 

La agro-exportación es una de las mayores oportunidades de desarrollo del país:

  • Es una de las industrias de mayor valor agregado.
  • Intensiva en mano de obra en el área rural.
  • Crea encadenamientos productivos que demandan empleo indirecto e inducido.
  • Altamente tecnificada en todo su proceso productivo y logístico.
  • Lleva nuestras fabulosas frutas y hortalizas a los mercados más exigentes del mundo.
  • Pone en la mesa de los consumidores más ricos del mundo, frutas y hortalizas frescas, algo impensable hace pocos años.
  • Mantiene condiciones productivas, laborales y de gestión, del más alto nivel global, fijadas por los requerimientos de los compradores en el exterior.
  • Dado su alto valor relativo en los mercados globales, las agro-exportaciones sifonean recursos económicos de los bolsillos de los consumidores más ricos, a los sustentos de vida de los productores más pobres, como nuestros agricultores
  • Es un sector de alta productividad.

Veamos el privilegio del Perú, que hoy produce las mejores frutas y hortalizas del mundo, en comparación con los países dedicados a producciones masivas y mecanizadas, de alimentos commodities:

Como se ve en el cuadro, el Perú produce frutas y hortalizas de exportación en 180,000 hectáreas, prácticamente por el mismo valor de unos US$ 2,600 millones, que los productores de alimentos commodities en 2´570,000 hectáreas. Esa es la productividad de las agro-exportaciones peruanas. Así es como el Perú puede traer del exterior una gran riqueza, que como veremos luego, tiene impactos positivos múltiples, incluyendo especialmente una importante demande de empleo formal y de calidad, en los sectores más pobres del país.

Este desarrollo se da en competencia con otros países de la región, que también han dinamizado sus exportaciones agrícolas. En este espacio, el Perú tiene que cuidar su posicionamiento.

Veamos ahora algunos elementos de la información preparada por Apoyo Consultoría para AGAP y COMEXPERU: Impacto de la Ley de Promoción del Sector Agrario (Ley 27360).

1. Crecimiento de la producción

En los últimos cinco años, la exportación de uvas creció de US$ 368 millones a 652, la de paltas de US$ 136 millones a 581, la de arándanos de ‘cero’ a US$ 361 millones, etc., etc. Llegando a posicionarnos como uno de los mejores y mayores exportadores de frutas y hortalizas frescas.

2. Crecimiento del empleo

3. Evolución de la productividad

4. Formalización del empleo

5. Disminución de la pobreza

6. Crecimiento del número de exportadores

7. Evolución de las remuneraciones

8. Crecimiento de ingresos comparados

Del estudio se destacan además los siguientes elementos

  • Aumento de los salarios del sector agrario, estos han pasado de un promedio de S/ 658 en el 2004 a más de S/ 1,400 en el 2017.
  • Incremento del empleo asalariado de 19% de la PEA agrícola a 24%, y en la costa alcanza el 56%.
  • Inclusión de la mujer rural a la economía formal, incrementado en casi 8 veces la participación de la mujer en las actividades del sector.
  • El poder adquisitivo de los trabajadores ha crecido a un ritmo de 3.4% por año en promedio desde el 2004.
  • El desarrollo del sector agrario es un factor fundamental de la disminución de la pobreza en las zonas rurales.
  • La demanda laboral del sector depende del ciclo natural de las plantas, en época de cosecha la necesidad de contratación puede ser de 2 a 3 veces superior que las necesidades del resto del año.

Como ejemplo de los beneficios laborales desarrollados en el Perú rural, podemos ver los establecidos por una empresa representativa del sector:

La verdad es pues todo lo contrario de lo que se viene difundiendo desde el Ministerio de Trabajo, centrales sindicales, el diario La República, y por parte de los acólitos del pos-extractivismo.

Las agro-exportaciones son una de las joyas productivas desarrolladas por peruanos que hoy deslumbran al resto del planeta. Esperamos que el gobierno se informe mejor sobre esta realidad y ejerza su liderazgo en consecuencia. Lampadia




Un ministro para que no haya trabajo

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En la entrevista que le da al diario El Comercio el domingo pasado, el ministro de Trabajo, Christian Sánchez usa enrevesados tecnicismos filosóficos que algunos han confundido con chistes o bromas, para no decir con claridad lo que realmente piensa: que el mercado laboral peruano no tiene un problema de rigidez ni de costos legales onerosos que expulsan a la informalidad, sino de productividad y de falta de persecución ministerial. No hay reformas que hacer. 

El periodista le pregunta: ¿Pero también hay otros problemas como la informalidad?, y el ministro responde una frase críptica: “Este es un problema del sector trabajo con el mercado de trabajo”. Pero luego agrega algo que significaría lo contrario: “La primera (línea) es no mirar solo al sector trabajo, porque, lamentablemente, cada vez que entraba un ministro de Trabajo que era laboralista miraba al Viceministerio de Trabajo y olvidaba al Viceministerio del Empleo”.

Se infiere de esta parte de su respuesta –no de la primera- que el problema de la informalidad no está en el mercado de trabajo, sino que se resolvería con buenos programas de empleo. Afirma que los programas de empleo que hay en el ministerio podrían juntarse en un solo programa potente orientado al acceso de los jóvenes al empleo. ¿Con programas de empleo se va a resolver los altos costos no salariales del trabajo que impiden la contratación formal de los jóvenes (y de los no jóvenes también)?

Como ese tema no le interesa, confiesa honestamente que no conoce el proyecto de ley de fomento de empleo juvenil que el ex ministro Grados envió al Congreso, que hasta ahora no se discute porque la izquierda que maneja la comisión de Trabajo, no lo pone en agenda. Pero más adelante, sin embargo, recoge la idea central de ese proyecto de ley, ¡pero aplicada solo al Estado! Revela que tanto la CONFIEP como los trabajadores “están dispuestos a que el Poder Ejecutivo pueda discutir incentivos tributarios y algunas herramientas que permitan contratar jóvenes al mercado de trabajo”. Propone dar cuotas y bonificaciones para los jóvenes formados en los concursos de la ley del Servicio Civil (¡qué bien, eso sí, que promueva la reforma del servicio civil. Ojalá tenga apoyo político). Pero, por favor, el 90% del empleo lo genera el sector privado, no el público.

Luego saca una nueva idea: atacar la informalidad con lo que llama “una caja de herramientas”. ¿Qué herramientas hay en esa misteriosa caja? No lo dice. Queda claro, sin embargo, que no entiende la pregunta acerca de que “para el PBI per cápita que tenemos en el Perú, la informalidad laboral es muy alta y esto producto de la rigidez en la legislación laboral”. Repite la pregunta en lugar de responder. Ni acepta que la informalidad es muy alta ni que hay demasiada rigidez. Luego da la impresión que él piensa que hay informalidad por la baja productividad más que por los sobrecostos laborales (él los llama así, no el periodista)

Es más, sugiere que una reducción de los costos no salariales no funciona porque no ha funcionado con las microempresas (sin decir que la remuneración mínima vital es muy alta para las microempresas, que no la pueden pagar, y que formalizar implica reconocer derechos anteriores, algo inviable).

Y acerca del estudio de Miguel Jaramillo que demuestra que la proporción de contratos a plazo fijo se incrementa aceleradamente luego de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2001 que restablece en buena cuenta la estabilidad laboral absoluta, responde así: “Las teorías de la causalidad, en el mundo, en la filosofía, te dicen que para seleccionar una causa en fenómenos complejos se tiene que pasar por una prueba ácida, y parte de esta es el contrafáctico. Hay estadística de que apenas entra en vigor el Decreto Legislativo 728 y sus contratos temporales empieza a subir la contratación temporal. Aparece la sentencia, en un segundo momento y la contratación temporal sigue subiendo, esto es un problema contrafáctico, porque antes de la sentencia ya venía subiendo la contratación temporal”.

Con palabras técnicas extraídas de la epistemología y la filosofía (sic), explica que en realidad esa tendencia comenzó antes. Le resta importancia a la sentencia del TC, que es la causa principal de que tengamos una de las legislaciones laborales más rígidas del planeta. “Híper-rígida” la ha llamado el ministro de Economía. La verdad, sin embargo, es que efectivamente la proporción de contratos a plazo fijo se incrementó en alguna medida luego de las reformas económicas de los 90, pues antes las modalidades temporales estaban limitadas, lo que era hasta cierto punto coherente con una economía híper protegida con aranceles incluso infinitos para los productos importados. Pero abierta la economía, era indispensable flexibilizar el mercado de trabajo. Eso se hizo en alguna medida en los 90 creando modalidades temporales, aunque se subieron notoriamente los costos no salariales del trabajo. Pero la gran inflexión se produjo a partir del 2002, cuanto el TC dispone que la reposición en el puesto de trabajo es una manera de proteger al trabajador del despido. Es decir, se restablece la estabilidad laboral absoluta de la época de Velasco.

Si fuera realmente defensor de los derechos de los trabajadores, se preocuparía de que más trabajadores se formalicen para que accedan a derechos. Se preocuparía de cambiar la interpretación que el TC ha hecho del artículo 27 de la Constitución a fin de que se invierta la tendencia y volvamos a la época anterior al 2002 cuando la proporción de contratos indefinidos era mayor, lo que, dicho sea de paso, favorecería la sindicalización y, por lo tanto, la negociación colectiva. La interpretación del TC cuyo efecto nocivo él desconoce, es la causa de una vigencia cada vez menor del movimiento sindical en el sector privado. Sería bueno que aproveche su orientación profesional pro sindical para recuperar condiciones para la ampliación de la base sindical en el país. Aunque sea por interés propio.    

Pero no. Para él la abrumadora mayoría actual de los contratos temporales se debe a factores de “productividad, bajos niveles de comunicación, falta de una política estatal y potenciar este ministerio para que investigue”. “Potenciar este ministerio para que investigue”. Eso es en el fondo de la cuestión. Perseguir. Lampadia




La batalla por una reforma tributaria integradora

La batalla por una reforma tributaria integradora

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ha quedado claro, luego de la composición del gabinete, que el gobierno de Martín Vizcarra no aspira a realizar reformas importantes en el terreno laboral y quizá tampoco en otros. Este inmovilismo reformista cuenta con la complicidad de Fuerza Popular, que parece conforme con la designación del ministro de Trabajo, Christian Sánchez, conocido defensor del carácter rígido y excluyente de la normatividad laboral.

Es lamentable, pero así es. Por eso, cuando se habla de la reactivación de la inversión privada, se está pensando en la inversión privada grande, aquella que puede trabajar con la inflexibilidad y los costos de la legalidad laboral en el país. Pero no se está pensando en una reactivación que venga también desde abajo, desde la micro y pequeña empresa, cada vez más excluida de toda posibilidad formal, condenada a no crecer.

Sin embargo, todavía hay una oportunidad de avanzar en reformas inclusivas de las mayorías informales en la economía, pero desde otros frentes: principalmente desde el tributario, el financiero y el de la seguridad social, y de una manera articulada, conjunta. Y desde allí hacer ver la necesidad de las reformas laborales correspondientes, sin las cuales tampoco se avanzaría mucho.  

En efecto, no es lo laboral la única barrera a la formalización. El sistema tributario tampoco fomenta la incorporación de los informales a la cadena tributaria si no, al revés, facilita la informalización de los negocios y el dualismo económico. En parte por eso los niveles de bancarización son bajos. Y, para coronar el cuadro, tenemos un Seguro Integral de Salud (SIS) y un sistema de pensiones que también fomentan la informalidad empresarial y laboral pues la subsidian. ¿Para qué formalizarse si no necesito ni Essalud ni aportar a un sistema de pensiones, puesto que el Estado me los da gratis? Por supuesto, los altos costos no salariales del trabajo y la estabilidad absoluta en los contratos indefinidos, se suman para forzar aún más a las actividades hacia la informalidad.

Los efectos perversos del RUS

Todo esto debe ser atacado de manera simultánea. Pero comencemos con el sistema tributario. Su problema central es su fragmentación entre diversos regímenes, que lleva a los contribuyentes a jugar o “arbitrar” entre regímenes para pagar menos o no pagar, haciendo artificios para bajarse, por ejemplo, al Régimen Único Simplificado (RUS), donde no se paga IGV ni impuesto a la renta sino solo una cantidad fija al mes de 20 o 50 soles según el tamaño.

Concentrémonos en el análisis de las implicancias del RUS. Para comenzar, al no pagar IGV ni Renta, está desconectado de la cadena de valor, de la cadena tributaria: no se sabe a quién le compra ni tiene incentivos para pedirle factura o comprobante, ni se sabe a quién le vende. Es un informal disfrazado de formal. Un informal registrado en la Sunat.

En principio emite boletas de venta, pero estas no les sirven a las empresas que están en el régimen general para descontar gastos salvo hasta cierto tope, ni para descontar IGV. Entonces las empresas formales del régimen general no les compran a las microempresas del RUS. Se profundiza, así, el dualismo estructural de nuestra economía, entre un sector moderno e integrado y un sector tradicional de baja productividad, excluido. Peor aún, este microempresario no podrá descontar el IGV que paga en las compras que hace.

El otro efecto es también perverso: si la empresa crece y debe pasar al régimen general, sabe que en este régimen terminará teniendo menos utilidades o ingresos porque pagará muchos más impuestos que en el RUS. El salto resulta mortal. Eso lleva a las empresas que crecen a dividirse para seguir en el RUS. Y lleva también a empresas que están en el régimen general, a fraccionar algunas tareas y pasarlas al RUS, a fin de pagar menos impuestos. Un estudio hecho por la Sunat reveló que en San Isidro hay 1,800 empresas en el RUS, algunas de las cuales se ubican nada menos que en la ¡Av. Conquistadores!

Fuentes vinculadas a la Sunat nos cuentan el caso de una clínica que está, como empresa, en el régimen general, y que, como tal, asume todos los costos por insumos, productos y servicios empleados y paga IR e IGV. Pero dentro de ella había cinco personas que estaban en el RUS y que declaraban una parte de las ventas de la clínica a su nombre, a través de boletas de venta o recibos por honorarios, y pagaban una cuota fija mensual en lugar de IGV y Renta. A través de este fraccionamiento se estima que la clínica dejó de pagar más de S/ 400 mil en impuestos el 2016. También el caso de un salón de belleza que, como empresa, estaba en el Régimen Mype Tributario. Pero el titular, su hija y el administrador estaban en el RUS y declaraban una parte de las ventas del salón de belleza a su nombre, a través de boletas de venta o recibos por honorarios. Es decir, pagaban una cuota fija mensual.

También ocurre que muchas mypes contratan a personal vía RUS en lugar de incorporarlas en planilla. RUS en lugar de contrato laboral. Es decir, el RUS también sirve no solo para evadir impuestos sino también para evadir la ley laboral. De las 680 mil contribuyentes que están en el RUS, una parte apreciable estaría conformada por trabajadores contratados vía RUS.

El resultado de todo esto es una gran evasión. Según cálculos de la Sunat, el RUS recauda alrededor de 200 millones de soles al año, pero debería recaudar cuando menos 1,000 millones. Es decir, hay una evasión ¡del 80%!

La conclusión lógica es obvia: debería eliminarse el RUS y cualquier régimen especial que sea aprovechado por contribuyentes para evadir impuestos, que acentúe el dualismo estructural y que penalice el crecimiento de la empresa. Debería haber un solo régimen gradual y progresivo que comience con contribuciones a la renta inexistentes pero que suponga pagar IGV. La complicación que para los pequeños significaría calcular y declarar el IGV, se resolvería cuando la propia Sunat les haga el cálculo y liquidación correspondiente, lo que sería factible a partir del momento en que la masificación de los comprobantes de pago electrónicos llegue al 100% de las transacciones, cosa que se espera alcanzar el 2019. Y es posible, como veremos, que en las escalas más bajas los contribuyentes paguen menos que con el RUS, considerando cero impuesto a la renta y la posibilidad de descontar el IGV.

El intento del régimen Mype

Como sabemos, para apuntar hacia eso, el ex ministro Alfredo Thorne creó el nuevo régimen Mype Tributario (RMT), que incluye a empresas que venden hasta 1,700 UIT y, en la parte de abajo, elimina y reemplaza a las tres categorías de ingresos más altas del RUS, correspondientes a los que vendían entre 8 mil y 30 mil soles mensuales. Las empresas que estaban en esos rangos del RUS y se pasan al RMT, ya no pagan el 2% del total de sus ventas como todo concepto, sino IGV e impuesto a la renta con la ventaja de apoquinar solo 10% de IR por las primeras 15 UIT (62,250 soles) de utilidad. Esto permite incorporarlas en la cadena de valor (al pagar IGV) y hace posible una gradualidad en la tasa neta, hasta llegar al 29.5% del régimen general, a fin de no sentir el paso de un régimen a otro.

El régimen, sin embargo, ha sido criticado por haber perdido recaudación y no haber incorporado suficientemente a quienes estaban en el RUS. El ministro de economía, David Tuesta, nos dijo: “el régimen MYPE Tributario tiene la lógica de dar gradualidad, pero desde un punto de vista recaudatorio lo único que se ha visto es que el 95% de las personas que están en este régimen era gente que ya estaba pagando en el régimen general. Solo un 5% son nuevos”.[1]

En realidad, es lógico que eso haya ocurrido así, precisamente porque no se eliminó, en el umbral, los regímenes RUS y RER.[2] Eliminarlos era la idea original cuando se pidió facultades para crear el régimen Mype tributario, pero el Congreso sólo las dio para eliminar las categorías 3, 4 y 5 del RUS, que suman alrededor de 24 mil contribuyentes, pero no las categorías 1 y 2, que (supuestamente) venden hasta 8 mil soles mensuales, que son alrededor 630 mil contribuyentes. Pues bien, con el RUS abierto, es difícil sustraerse a la tentación de dividir los negocios para pagar ese 2% de las ventas.

Y, naturalmente, al no haberse eliminado esos otros regímenes, el Mype se convierte en uno más que se presta a la evasión o al juego elusivo o evasor entre regímenes, por supuesto.

La razón por la que se prefirió mantener el RUS y el RER en lugar de unificar la tributación en un solo régimen gradual y progresivo, fue la creencia de que en el general o en el MYPE los microempresarios pagarían más que en el RUS o el RER, excluyéndolos de toda posibilidad de formalización, por más débil que sea.

Eso fue lo que nos dijo, efectivamente, Elmer Cuba: “Un solo régimen general puede ser más bien infranqueable para los informales y ahí sí tendrías 2 mundos: informales para siempre y formales para siempre. Muchos informales no podrían sobrevivir frente a los formales si tienen que pagar IGV y renta. Ahora por lo menos están en el borde, pagan un poco”.[3]

Pero no necesariamente es así. La ex ministra de Economía, Claudia Cooper,[4] nos explicó que, según datos de la Sunat, las empresas que estaban en los tramos del RUS que debían pasar al régimen Mype, tenían una utilidad de alrededor del 6%, con lo que podrían terminar pagando menos que en el RUS. Haría falta demostrar esto claramente con números. 

La propuesta de la Sunat

La Sunat, sin embargo, está considerando, en una propuesta de reforma integral que está elaborando, ya no eliminar del todo sino mantener el RUS pero suprimiendo la categoría 2 y dejando solo la categoría 1, hasta 15 UIT anuales de ingreso (unos 5 mil soles mensuales), considerado un nivel de subsistencia. Y, al mismo tiempo, dar incentivos para que esos RUS pidan facturas o comprobantes y acrediten así sus compras. ¿Qué incentivos? Fuentes vinculadas a la Sunat nos explican que un incentivo sería subir la cuota fija que paga ese RUS por todo concepto, pero con posibilidades de bajarla si se acredita compras. Y un segundo incentivo consistiría en que parte del IGV que paga la persona natural con RUS pueda destinarse a pagar Essalud o pensiones -una propuesta formulada inicialmente por Lampadia. Debe notarse que en un RUS de subsistencia lo más probable es que solo haya personas naturales con RUS. (En el caso de las empresas con trabajadores, sean del régimen que sea, la Sunat está pensando que el IGV que pagan pueda usarse también contra su costo de Essalud y de pensiones de su planilla).

Ahora bien, esos incentivos sirven para averiguar quiénes son los proveedores de estos RUS, a quiénes les compran. Por esa vía ayudan a mejorar la recaudación. Pero no resuelven el problema de que las empresas formales no les comprarán a los RUS si es que no pueden dar factura. Quedan marginados de las cadenas de producción. No resuelven el dualismo estructural.

La Sunat también está considerando la propuesta de eliminar tanto el RER como el régimen Mype, yendo a un régimen que absorba lo mejor de los dos, pero cuyo techo no pase de 150 UIT de ventas al año. Para este régimen habría depreciación acelerada, en un año, de los activos adquiridos, y no tendrían que presentar declaración anual de impuestos porque la propia Sunat les haría la declaración a partir de la masificación de los comprobantes de pago electrónicos.

Nótese que estamos hablando de una disminución drástica del límite superior de 1,700 UIT a 150 UIT, lo que sin duda afectará a muchas empresas del régimen general que se pasaron al Mype, razón principal de que la recaudación haya caído en algo.

Aquí tenemos una preocupación. Recordemos que la novedad del régimen Mype era su carácter gradual y progresivo, dado por el hecho de que, si las primeras 15 UIT de utilidades pagaban solo 10% de IR, conforme las utilidades fueran crecientes y se alejaran más de esas 15 UIT, la tasa ponderada que se paga es mayor, hasta llegar al límite del régimen general. El salto, entonces, entre un régimen y otro, es casi imperceptible y por lo tanto no disuasivo. ¿Cómo se mantendrá esa gradualidad entre los nuevos regímenes que quisiera crear la Sunat?  

Un solo régimen gradual y progresivo

A nuestro juicio, una fórmula mucho más limpia, clara y coherente sería la de ir a un solo régimen gradual y progresivo. ¿Cómo? Pues incorporando lo de las primeras 15 UIT que pagan sólo 10% de IR, dentro del propio régimen general –de modo que no haya ningún salto, por más pequeño que sea- , y eliminando el RUS y el RER de la base cuando la masificación de los comprobantes electrónicos haya alcanzado su punto máximo, a fin de que la misma Sunat les calcule sus impuestos a los contribuyentes de los niveles bajos de la escala general y única, simplificando de manera absoluta la declaración mensual, que sería hecha por la propia Sunat. De esa manera, si todos, por más pequeños que sean, emiten comprobante o factura desde su propio celular, de manera sencilla, se habrá terminado para siempre con el dualismo de la economía y con la informalidad económica.    

La Sunat también está preparando una propuesta para simplificar el impuesto a la renta de las personas naturales, eventualmente bajando el umbral a partir del cual se paga. Y para darle valor a la factura, para incentivar a las personas naturales que la pidan, la Sunat, como decíamos, está considerando en su propuesta tomar la idea de Lampadia de usar parte del IGV que se paga para aportar a Essalud o al sistema de pensiones. Lo que, de paso, aceleraría la formalización y aumentaría la base de cobro del IGV, fuera de ayudar a universalizar la protección social vía salud y pensiones.

El SIS, las pensiones y el pago con parte del IGV

Pero la idea de descontar parte del IGV que se paga para aportar al sistema de pensiones o a Essalud, que es fantástica, tiene que ir de la mano con reformas integrales precisamente del sistema de salud y la seguridad social, y del sistema de pensiones. Pues el Seguro Integral de Salud (SIS), tal como está organizado, es un subsidio a la informalidad y un desincentivo a formalizarse. Si puedo acceder a un seguro de salud sin aportar nada, ¿para qué formalizarme si el principal incentivo para hacerlo es poder acceder a Essalud? Incluso se creó el 2013 el llamado “SIS emprendedor”, para los RUS, que les daba acceso al SIS a quien hubiese hecho tres pagos de RUS.

El SIS fue creado para quienes están por debajo de la línea de pobreza y no pueden aportar a un Seguro. Pero en la actualidad hay casi 17 millones de personas en el SIS y solo tenemos algo más de 6 millones de pobres. Habría 10 millones que sí podrían aportar, en mayor o menor medida.

La propuesta que formuló la comisión de Protección Social consistía en conformar un fondo único a partir de Essalud y del SIS, a fin de financiar con ese fondo una capa básica universal, para todos (salvo para los pobres, que tendrían la cobertura completa actual del SIS) y que los no pobres aporten a Essalud para la capa más compleja. Esos aportes podrían hacerse, precisamente, con parte del IGV que los ciudadanos y las empresas pagan cuando compran algo, disminuyendo, de paso, los costos no salariales del trabajo, otra fuente de informalidad.

Algo similar se plantearía para el sistema de pensiones. Debe notarse que en la actualidad en Pensión 65 hay 545 mil pensionistas, casi la misma cantidad de los que son administrados por la Oficina Nacional Previsional (ONP), que son 567 mil. Existe el peligro, luego de la populista ley 95.5, que mata la pensión como concepto, cada vez más gente termine acudiendo a Pensión 65 para asegurar su vejez.

La propuesta de usar parte del IGV para aportar al sistema de pensiones y a Essalud no solo tendría la virtud de acelerar la formalización de la economía e incrementar la recaudación a la larga, porque incentiva a pedir facturas (aunque en el corto plazo la Sunat  propondría subir 1 punto el IGV para financiar el costo inicial de la reforma), sino que permitiría entrar al difícil tema de la reducción de los costos no salariales del trabajo, como decíamos, porque por lo menos parte de los aportes a Essalud y a las AFP ya no saldrían del sueldo de los trabajadores o de la empresa, sino del IGV que de todas maneras pagan. Sería la puerta de entrada a las necesarias reformas laborales que permitan generar más inversión y más empleo formal con derechos. Es decir, avanzar a una normatividad laboral inclusiva que deje de expulsar trabajadores hacia la informalidad. 

Conjunto de reformas

La conclusión es que, si queremos acabar con el dualismo estructural, reducir sustancialmente los niveles de informalidad, formalizar el país e incrementar los ingresos fiscales, tenemos que hacer este conjunto de reformas (tributaria, salud, pensiones y laboral) de manera orgánica, integral y simultánea. Como vemos, están imbricadas entre ellas. No podemos hacer unas sin las otras. No tendría efectividad. 

Norman Loayza, del Banco Mundial, escribió: “En el 2013, la producción informal en el Perú representó alrededor del 55% del PBI, lo que ubicaba a Perú en el 10% de países con el nivel más alto de producción informal en el mundo”.[5] Esto sin mencionar que más del 90% de las empresas y el 73% del trabajo es informal. No podemos seguir así. Los efectos no son solo económicos o sociales. La informalidad se intersecta con la ilegalidad y ambas se retroalimentan. Incluso desde el punto de vista de la seguridad ciudadana son indispensables estas reformas. El Ejecutivo y el Congreso no pueden eludirlas. Lampadia

[1] El Comercio, 16/04/2018

[2] Pagan por todo concepto un impuesto equivalente al 1.5%  de las ventas, dan factura y pagan IGV. Para quienes tienen ingresos y compras hasta S/ 525 mil, activos fijos hasta S/ 126 mil y un máximo de 10 trabajadores

[3] El Comercio, 2/4/2018

[4] Jaime de Althaus, Lampadia, 21/02/2017 

[5] Basado en la medición según Schneider, que incluye la producción informal de todas las empresas. El INEI lo estima en cerca de 19%, que considera solo la producción delas empresas informales