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La corrupción que esconde el ruido anti corrupción

La corrupción que esconde el ruido anti corrupción

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

El Perú se halla paralizado por la corrupción. El eje de la política peruana gira en torno a la supuesta “lucha contra la corrupción” emprendida por unos fiscales, algunos jueces, un gobierno que ha tomado esa bandera como su leitmotiv, una prensa que sentencia sin juicio y un sector de la opinión pública que grita pidiendo sangre y prisión con la misma asertividad que gritaban pidiendo la crucifixión de Jesús.

En este relato maniqueo construido en los últimos años en nuestro país, donde sólo hay dos opciones, los que no sintonizan con la música anticorrupción, somos tildados desde fujiapristas hasta traidores.

Cabe entonces preguntarse. ¿El problema de la corrupción en el Perú se agota sancionando a todos los políticos que desde el 2001 a la fecha han recibido dinero de las constructoras brasileras? ¿Se acabará enjuiciando a todos los candidatos que financiaron sus campañas con ese dinero? ¿Se arreglará destituyendo al fiscal Chavarry y sustituyéndolo por otro fiscal afín al ruido anti corrupción? ¿Se resolverá cerrando el Congreso o adelantando las elecciones?

El relato maniqueo, hace creer que si.

Aquí solo algunas evidencias de que el problema es más amplio, más antiguo y más serio de lo que este relato nos quiere hacer creer.

  • Según los cálculos de Alfonso Quiroz en la Historia de la corrupción en el Perú, entre 1820 y el 2000, la corrupción ha costado entre el 30 % y 40 % del presupuesto nacional y cerca de 3 % del PBI. Según estimados más recientes de ESAN, la corrupción consume entre el 0.5 % y 1% de PBI y 5% del presupuesto nacional. Aunque ambos estimados difieren, nos muestran que el problema es por un lado más antiguo de lo que se dice, abarca toda nuestra historia republicana y los diferentes niveles de gobierno y  es más relevante en términos económicos de lo que muestra el ruido anticorrupción actual.
  • El Perú ocupa el puesto 105 de 180 en el Índice de percepción de la corrupción  elaborado por transparencia internacional el 2018. El escándalo de los magistrados corruptos lo hizo descender 9 puestos de la ubicación 96 de año anterior, pero ni por casualidad teníamos la posición de Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia en ese ranking. Estamos muy mal ubicados en ese ranking hace muchos años.
  • Los primeros aliados en las bravatas presidenciales anti corrupción son los Gobernadores Regionales, pero la cantidad de gobernadores regionales presos, procesados o fugados por actos de corrupción supera la veintena. Aquí algunos nombres. Viñas en Tumbes, Oscorima en Ayacucho, Álvarez y Ríos en Ancash,  Moreno en el Callao, Aduviri en Puno,  Gonzales, Acurio y Licona en el Cusco, Meléndez en Pasco, Aguirre en Madre de Dios, Santos en Cajamarca, entre otros. Lo curioso es que todos ellos pertenecen a movimientos regionales independientes, a sectores de izquierda o al nacionalismo, antes que al Apra o al fujimorismo.
  • Los otros aliados del presidente en su cruzada anti corrupción son los alcaldes. Sin embargo, sólo en diciembre del 2018, habían 14 de ellos detenidos por actos de corrupción. En el 2019 se agregó a la lista la señora Villarán.
  • La prensa. El ruido anti corrupción que esta amplifica nos hace perder de vista la cantidad de millones de dólares que han pasado de la corrupción a la publicidad electoral en diarios y televisión. La supuesta  lucha contra la corrupción sólo busca que veamos el origen de los fondos pero no el uso y destino de los mismos.
  • El ruido anti corrupción en el sistema judicial cambio todo para que nada cambie. En lugar de haberse pedido la destitución de los magistrados involucrados por el Congreso y haberlos reemplazado por ciudadanos más honorables, se pateó el tablero, se hizo show y se creó una Junta Nacional de Justicia que no ha cambiado nada. La Corte Suprema sigue igual, la OCMA no puede cesar a ningún juez porque el CNM ya no existe y la Junta no funciona. Los jueces siguen haciendo detenciones famosas que salen en la tv y liberaciones sospechosas que quedan ocultas por el ruido de las primeras.

Como se puede ver, el play list musical anti corrupción esconde una corrupción mucho mayor y a mayor nivel. Focaliza la atención en una parte del problema y libera de atención y escrutinio público otros aspectos iguales o más relevantes de la actividad gubernamental.

La verdadera lucha anti corrupción no puede ser un ruido estridente que opaque o silencie el ruido de la otra corrupción. Mucho menos puede ser una bandera política de supervivencia. Debe ser una cruzada nacional, amplia, permanente, sin estridencias y que revise desde el presupuesto presidencial para publicidad hasta el costo de los alimentos escolares en la municipalidad de Ancahuasi, pasando por los gastos de representación de los congresistas y sus nexos con intereses privados o las obras regionales y los gastos en consultorías de los ministerios. Dirigir la lucha contra la corrupción sólo a los enemigos políticos puede tener resultados electorales y cosechar aplauso pasajero, pero no resolverá esta grave lacra de nuestra vida nacional.

No dejemos que el ruido anti corrupción esconda más corrupción. Lampadia




El psicosocial más grande de la historia

Como todos los ciudadanos sabemos desde hace muchísimos años, el Sistema Judicial (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional), adolece de corrupción generalizada. Prueba de ello es el desprestigio de estas instituciones, especialmente del Poder Judicial, recogido por décadas en todas las encuestas y en el sentir ciudadano.

Y no podía ser de otra manera. Todos conocemos de las coimas para el manejo de juicios, de las terribles e injustas demoras de los procesos judiciales, de la abusiva prisión preventiva que afecta a cerca del 50% de los reos en cárcel, y de los grandes escándalos que década tras década van quedando en la impunidad.

La calidad del sistema judicial peruano afecta a todos los ciudadanos y empresas, a los ciudadanos de a pie y a los más reconocidos socialmente, a las empresas pequeñas y grandes, nacionales y extranjeras. Pero evidentemente, los más afectados son los ciudadanos y empresas más débiles, aquellos que no tienen los medios para contratar a los mejores abogados, o no tienen los recursos para abrirse camino mediante la podredumbre de la corrupción.

A la fecha, se ha hecho todo tipo de intentos de reorganización judicial. Todos fallidos. El más reciente y notorio, por su alcance y calidad de propuestas, fue el del CERIAJUS. No prospera ningún intento de reforma, porque estamos entrampados entre la incapacidad de lograr una reforma seria desde adentro del sistema, por el compromiso de muchos de sus miembros con la corrupción y/o el statu-quo; y la imposibilidad de emprender la reforma desde afuera, dado nuestro ordenamiento jurídico que otorga autonomías infranqueables.

Es por ello que solo una crisis muy profunda puede movilizar las voluntades y capacidades, dentro y fuera del sistema. Una crisis como la que se produjo con el estallido del escándalo del Lava Jato, que clamaba por castigos, y pocos meses atrás, por la difusión de los audios que explicitaron la corrupción al interior del sistema judicial.

Lamentablemente, la acción judicial reciente se ha centrado y focalizado en los aportes de campaña, que en principio no son delito, más que en las coimas por los grandes proyectos. Asimismo, ha dejado de lado la necesidad de rehacer el sistema judicial de pies a cabeza, para que todos los ciudadanos y empresas tengamos una administración de justicia que genere la confianza en sus procesos y fallos.

Veamos como están distorsionadas las cosas: por ejemplo, la noche del 31 de diciembre pasado, cuando el fiscal Pérez fue cesado, declaró que tenía que lacrar su oficina para evitar que se arriesgue la información sobre los casos que investiga. Ante la pregunta del periodista sobre de que casos se trataba, su respuesta fue: “Keiko Fujimori y Fuerza Popular”.

O sea, para el fiscal Pérez, solo importa la persecución del único partido político que no fue gobierno y no pudo poner sus manos en los recursos públicos. Efectivamente, durante los últimos meses, hemos visto que esa era su única preocupación. Esta fiscalía especializada se olvidó de las grandes coimas por los macro-proyectos.

Otro ejemplo de desenfoque: para el Fiscal Supremo Pablo Sánchez, ex titular del Ministerio Público, “El origen de la crisis del Ministerio Público está en Pedro Chávarry” (Diario La República). Así opina el fiscal que desde la jefatura promovía, junto con Duberlí Rodriguez, entonces presidente del Poder Judicial, la justicia paralela.

Y el Poder Judicial, con el doctor Prado a la cabeza, más allá de canalizar unos proyectos de ley, dejó de lado la posibilidad de liderar UNA GRAN MOVILIZACIÓN que llevara a una apertura que alentara el inicio de la verdadera reforma. Lo mismo parece acontecer con las preocupaciones del nuevo presidente de la Corte Suprema, el doctor Lecaros.

Pero según vemos en las encuestas y en el quehacer de los medios de comunicación, estas graves fallas de la acción judicial, dirigidas casi exclusivamente a la suerte de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y Chávarry, se han convertido en la gran preocupación nacional. Nos han hecho creer que en esa persecución está la ansiada reforma, la lucha contra la corrupción.

Lo mismo se ve en la acción del gobierno, que con un país en el que vuelven a crecer la pobreza y la desnutrición, el gobierno solo habla de la lucha contra la corrupción, en la misma pobre línea. Con excepción de los proyectos de ley de reforma judicial que envió al Congreso, pareciera que la política de corto plazo y la búsqueda de popularidad guían las grandes preocupaciones y decisiones del gobierno. De allí que se eluda las necesarias reformas para incrementar la productividad.

La política, pues, ya no nos sorprende, pero lo que no es entendible, es el comportamiento de la prensa nacional que, desde el medio más pintado, hasta el menos significativo, también ha olvidado que la vida de una nación va mucho más allá del escándalo y de los pedidos de ajusticiamiento.

Todo tiene un límite, pero para los medios solo existe la tarea de expulsar a Chávarry de la fiscalía y la carcelería de los líderes de Fuerza Popular.

Debe llamarnos a escándalo, por ejemplo, que los políticos y toda la prensa hayan dejado de lado el informe de la comisión parlamentaria del Lava Jato, presumiblemente porque la presidía Fuerza Popular y no involucraba a KF (pues solo estaba dirigida a la corrupción alrededor de los grandes proyectos de infraestructuras). Por definición, no podía involucrar a KF, pero un tabloide reclamaba: “la comisión ya no sabe como justificar la ausencia de KF en la investigación”. Para los medios más importantes, el informe de Lava Jato tampoco merece atención alguna, a pesar de que éste puntualiza una serie de eventuales responsabilidades y una amplia lista de involucrados en muchos proyectos de inversión pública. Pero se prefiere editorializar y titular portadas sobre Chávarry y KF.

El mismo corte informativo destaca en los canales nacionales, particularmente en los de cable. Sus invitados son seleccionados para reforzar sus ante-juicios y direccionamientos políticos. Salvo contadas excepciones, los ciudadanos no tienen como informarse con profundidad y objetividad.

Pareciera que los medios promueven con gran afán los quehaceres de su recobrado mayor cliente, el Estado, antes que el desarrollo de su misión.

Como dice y repite Christiane Amanpour en CNN, el nuevo paradigma del periodismo no es la neutralidad, sino la veracidad.

Cuan lejos estamos de recibir señales de veracidad.

En verdad parece que lo que nos induce a la acción todos los días es un gran psicosocial. Uno que lleva seis meses y que pretende que nos olvidemos que gobernar en una tarea compleja y multipropósito, una tarea que en el Perú no puede desentenderse de la pobreza, la anemia y la desnutrición.

¿Es todo un juego de poder? ¿No nos mueven los grandes intereses nacionales? – ¡BASTA! El buen gobierno y la acción cívica de la clase dirigente reclaman algo más: GOBERNANZA: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. (RAE).

¡Nunca es tarde para hacer lo correcto! Lampadia