Jaime de Althaus
Para Lampadia

La confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso ha culminado con el otorgamiento de la confianza. Es de esperar, entonces, que en la Comisión de Constitución se alcance un consenso para avanzar en la aprobación de los proyectos de reforma política que, junto con la reforma del sistema judicial, es muy importante para construir una institucionalidad que mejore la gobernabilidad e instaure el Estado de derecho, bases fundamentales de la prosperidad y el crecimiento.

Pero no es necesario esperar hasta el mediano o largo plazo para que esos objetivos se alcancen. El gobierno puede y debe ir avanzando con decisiones cruciales que tendrían un impacto muy grande en el corto plazo para mejorar sustancialmente las condiciones para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo formal e inclusivo en el Perú. Y también el Estado de derecho. Se trata de la licencia de construcción de Tía María, que debería darse antes del 31 de julio que vence la vigencia del estudio de impacto ambiental de ese proyecto, y la inclusión en el Plan Nacional de Competitividad de un conjunto potente de reformas laborales y tributarias que permitan incluir en la legalidad formal a muchísimas empresas y trabajadores hoy excluidos y que permitan su crecimiento económico, hoy reprimido.

La primera decisión tendría el valor simbólico de señalar que el Estado peruano se decide a desarrollar el enorme potencial minero que tenemos y que puede convertirnos en un país desarrollado, y que empieza a crear las condiciones para ello. Es decir, que empieza a tener la madurez suficiente para manejar procesos que permitan la inversión asegurando los derechos de todos.

La segunda indicaría que hemos empezado un proceso para cerrar la mayor desigualdad estructural y social existente el país: la que separa a los formales integrados al mundo moderno, de los informales e ilegales arrinconados en los márgenes del desarrollo y la legalidad.

Sobre la decisión de otorgar la licencia de construcción a Tía María ya nos explayamos la semana pasada en este mismo portal. Respecto de lo segundo hay que decir que el Estado peruano ha agotado ya todas las instancias de diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), y no ha sido posible conseguir la participación ni el aporte de las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza. Por lo tanto, es necesario tomar una decisión ante un tema que tiene que resolverse si queremos volver a crecer con oportunidades para todos.

El proceso comenzó a mediados del año pasado con la pre publicación del “documento de política”. En el Objetivo de Política Nº 5, orientado a “crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, se identificaron con claridad los problemas e implícitamente las soluciones:

• El Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores.
• El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México): 50.3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador mientras que Colombia es el 30.4%, Chile el 15.8% y México el 21.1%.
• En el Perú la indemnización por concepto de despido injustificado es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México)

Ese documento de política, luego de recibir comentarios, se convirtió en la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, aprobada por decreto supremo el 31 de diciembre del 2018. El problema es que la “Política…” diluyó y relativizó el diagnóstico que estaba en el documento de trabajo llegando a decir que en realidad la solución no pasa por reducir esos costos no salariales porque ya tenemos regímenes especiales menos onerosos y no han resuelto el problema, una falacia que ya desbaratamos en un artículo anterior.  

La CGTP no se presentó

El hecho es que las centrales sindicales, con la CGTP a la cabeza, protestaron porque no habían sido consultadas para la elaboración del Objetivo de Política Nº 5, y se retiraron, una vez más, del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), pese a que el mencionado capítulo no contenía propuesta de cambio alguna. El presidente de la República las invitó a Palacio y allí les solicitó que se reincorporen para discutir precisamente ese capítulo, que se decidiría en el CNT, y se dictó un decreto para disponerlo así.

El pasado jueves 30 de mayo se llevó a cabo la reunión del CNT en la que los sindicatos y los gremios empresariales debían presentar sus propuestas finales respecto del Objetivo de Política Nº 5, pero las centrales no se presentaron. Si hubieran tenido propuestas y argumentos, habrían asistido. No lo hicieron. El gobierno, entonces, tiene el camino libre para incorporar en el Plan Nacional de Competitividad que se apruebe próximamente las reformas necesarias para desentrampar el mercado laboral e incorporar a los marginados.

Los gremios empresariales, en cambio, habían unificado posiciones y presentaron un documento completo que incluye no solo propuestas relativas a la regulación de las relaciones laborales sino otras para resolver problemas de desnutrición y anemia, educación, educación tecnológica, condiciones para la inversión y el crecimiento de las Mypes, simplificación administrativa y análisis de impacto regulatorio de las normas que emite el Estado, extensión de régimen agrario y exportador, etc.

La importante propuesta de Macroconsult

Macroconsult, por su parte, con el auspicio de la Cámara de Comercio de Lima, formó un equipo liderado por Elmer Cuba y Claudia Cooper que elaboró una muy bien pensada propuesta de formalización laboral y tributaria que también ha sido elevada al gobierno. Dicha propuesta tiene como concepto central cambiar el paradigma de regímenes especiales para la micro y pequeña empresa (laborales y tributarios) por escalas graduales basadas en el ingreso del trabajador o en las utilidades de la empresa. Esto para evitar los saltos mortales de un régimen al siguiente, que desalientan el crecimiento y fomentan la subdivisión de las empresas o la informalización de los trabajadores, y para facilitar la formalización de las propias empresas.

Así, en lo laboral se plantea un régimen general único basado en una escala gradual de ampliación de beneficios en función del tamaño del sueldo, tal como podemos ver en el siguiente cuadro, que compara al régimen actual de la microempresa con la escala que se propone, hasta llegar al régimen general actual que sería la última escala de un régimen general gradual:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Lo interesante es que la unidad de ampliación de beneficios ya no es la empresa según su número de trabajadores, sino la persona misma, el trabajador, en función del tamaño de su remuneración. Eso implica que en una misma empresa podría haber varios regímenes o escalas o que en una empresa con muy pocos trabajadores pero de servicios profesionales bien remunerados, sus empleados estarían en la escala más alta, por ejemplo.

La propuesta incluye la idea de que cuando el trabajador pasa a la segunda escala (salario entre 1,500 y 2,500 soles), la empresa empieza a pagar a Essalud aunque solo 6%, pero el trabajador no perdería el acceso al SIS, que es más valorado por su prontitud en la atención que Essalud. De esa manera, al mismo tiempo, Essalud tiene un nuevo ingreso sin que tenga que dar el servicio.

La propuesta implica que cuando una empresa crece no pasa de un régimen a otro incrementando sustancialmente los costos no salariales del trabajo, sino que estos se incrementan gradualmente en la medida en que suben las remuneraciones de sus empleados. Pero mejor aún sería plantear una escala de ampliación de beneficios más continua, con rangos más pequeños.  

Evidentemente, sin embargo, el límite al potencial formalizador de esta propuesta y de cualquier otra, está en el nivel relativamente alto del salario mínimo que, según cálculos del IPE, es superior al salario promedio en el sector informal. Se constituye, entonces, en una barrera absoluta a la formalización. Dicho salario no debería ser subido hasta que técnicamente su nivel se adecúe a la realidad del mercado laboral y permita la formalización de los trabajadores sin derechos.

Ahora bien, la propuesta laboral facilitará el crecimiento de las empresas ya constituidas formalmente y evitará la informalización del trabajo dentro de ellas. Pero la gran mayoría de empresas es informal, informal tributariamente, o está en regímenes como el RUS que disfrazan la informalidad o se usan para sacarle la vuelta al fisco. En ese sentido, para facilitar la formalización y el crecimiento de las empresas formales, Macroconsult plantea suprimir los regímenes especiales (parte del RUS, RER, Mype tributario –RMT-, régimen general) y reemplazarlos por un régimen general único gradual y progresivo, algo que siempre hemos demandado en Lampadia. Lo podemos ver en el siguiente cuadro:

Fuente: “Reforma laboral para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad (presentación preliminar), Macroconsult, junio 2019

Esto supone mantener el RUS con un techo más bajo y solo para casos especiales (mercados de abastos y bodegas), que las personas naturales que usan RUS deban migrar hacia el impuesto a la Renta de personas naturales, que las personas con negocios que usan RUS y las que tienen RER y RMT deban migrar al Impuesto a la Renta de tercera categoría progresivo, y que las personas con negocios deben registrarse como persona jurídica. Todos los individuos tendrían que emitir una declaración jurada obligatoria. Por supuesto, la Sunat ayudaría con una contabilidad progresiva.

Nuevamente acá la escala podría ser más continua, para eliminar al máximo los saltos. Y, de hecho, una escala como esta ayudaría a la formalización y el crecimiento  empresarial. La masificación de los comprobantes electrónicos haría todo esto posible.

Las propuestas de Lampadia

Sería conveniente que el gobierno analice esas propuestas y las compatibilice con las que formuló el Consejo Privado de Competitividad en relación al mercado laboral, e incluya también las que hemos discutido en Lampadia en un taller en el que participaron Miguel Jaramillo, Gustavo Yamada, Germán Lora, Jorge Toyama y Pablo Bustamante, que adjuntamos al presente. En dicho taller se elaboró una lista mínima de reformas:

• Cambio de criterio del Tribunal Constitucional, limitando la posibilidad de reposición a despido nulo, conforme a ley (posición de magistrado Sardón de Taboada). O, en su defecto, modificación de artículo 27 de la Constitución Política de 1993, fijando la indemnización por despido arbitrario como mecanismo protector frente al despido, abriendo la posibilidad de reposición únicamente para despido nulo (hay un proyecto de la congresista Letona en este sentido).
• Modificación del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, permitiendo pactar la Remuneración Integral Anual (RIA) sin que exista un límite mínimo de remuneración (2 UIT es en la actualidad) para ello (salvo la RMV).
• Considerar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) solo como seguro de desempleo. Establecer un tope de 6 sueldos en la cuenta de trabajador. Llegado a dicho tope, el empleador no tiene obligación de seguir haciendo depósitos. Esa cuenta solo podrá ser abierta por el trabajador cuando esté desempleado. No se podrá hacer retiros parciales.
• Mejorar la regulación del tiempo parcial: aumentar número máximo de horas trabajadas a la semana a 30 horas. Modificar el Decreto Supremo N° 1-96-TR, estableciendo que será trabajo a tiempo parcial el trabajo realizado en menos de 24(30) horas a la semana, independientemente de los días que se labore.
• Aprobar la ley de empleo juvenil.

Fuera de eso, en Lampadia hemos desarrollado una propuesta clave indispensable para formalizar la economía y el trabajo y resolver el problema pensionario:

• Que los ciudadanos puedan, desde los 18 años, aportar a su cuenta individual de pensiones una parte del IGV que pagan cuando compran cualquier producto. Esto no solo resolvería el problema pensionario de la población peruana, sino que ayudaría a formalizar la economía vía el pedido de facturas. Esta reforma tiene el potencial incluso para construir gradualmente un sistema de salud universal e integrado.

El gobierno está ante la responsabilidad histórica de incorporar en el Plan Nacional de Competitividad estos y otros cambios orientados a modernizar la legislación laboral, tributaria y social para hacerla más inclusiva y más adaptada a la cuarta revolución industrial que se nos viene, y a la que no podremos sobrevivir si es que no actualizamos nuestro marco regulatorio. De paso propiciaría una gran revolución: la que haga posible reducir sustancialmente la gran desigualdad estructural de nuestro país, que es la que excluye al sector informal emergente de la formalidad y el crecimiento económico. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya sabemos que la razón por la que los gobiernos y los políticos se asustan frente a la necesidad de aprobar una reforma laboral integral es que apenas se menciona el tema, la CGTP amenaza con movilizarse. Y, pese a su escasísima representatividad, posee capacidad de organización y movilización.

En cambio, quienes se verían beneficiados por una reforma laboral integral –en realidad, hasta la propia CGTP resultaría beneficiada-, los informales, los micro y pequeños empresarios, no se movilizan porque no están organizados y porque quizá prefieran permanecer en la informalidad precisamente por el costo prohibitivo de la formalidad.

Si se movilizaran, el gobierno encontraría respaldo político para plantear una reforma y los propios partidos presentes en el Congreso se animarían a acoger sus propuestas. Porque los partidos responden a la acción de los grupos organizados, a quienes ven como bolsones electorales de los cuales pueden obtener votos. En cambio, un sector difuso y desorganizado, por más que sea mayoritario, no es una clientela política.

Pero ha emergido una novedad en este panorama, que podría cambiar el escenario. Resulta que por primera vez los gremios de micro y pequeños empresarios han firmado y publicado, el 20 de diciembre, junto con la Sociedad Nacional de Industrias, un pronunciamiento demandando una reforma laboral.

Como vemos, el pronunciamiento incluso enumera los puntos que debería contener la mencionada reforma laboral, que revelan un esfuerzo de reflexión sobre ese tema que no tiene precedentes a ese nivel:

Son 20 gremios de micro y pequeños empresarios los que firman. Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), nos informa que este pronunciamiento es solo el primer paso, pues lo que se viene es un programa de trabajo sostenido. “Hoy las pymes están agrupadas pero no unidas. Nuestra colaboración con ellas recién comienza. Ya hemos tenido dos reuniones. Vamos a formar tres comisiones: compras estatales, financiamiento y laboral”.

Si la SNI tiene éxito en organizar y potenciar la capacidad de acción de los gremios de micro y pequeños empresarios al punto que puedan eventualmente movilizarse para demandar la aprobación de una reforma laboral propuesta por ellos mismos, pues entonces las condiciones políticas para que el gobierno y el Congreso aborden el tema con seriedad estarían dadas.

Es lo único que puede cambiar la estructura del problema. Porque el diálogo al interior del Consejo Nacional de Trabajo, postulado por la Política Nacional de Competitividad y productividad aprobada el 31 de diciembre, es casi una ilusión. Cada vez que se ha planteado el tema, la CGTP se ha retirado. Salvo, por supuesto, que el presidente logre poner su liderazgo al servicio de ese diálogo y milagrosamente lo consiga, aprovechando para presentar una propuesta integral de protección social e inclusión económica.

La imagen del bien limitado

Pero para que una iniciativa de diálogo como esa pueda tener éxito es importante entender por qué el mencionado diálogo es tan difícil de lograr, es decir, a qué se debe la resistencia de las dirigencias sindicales a llegar a ningún acuerdo que permita ayudar resolver el problema de la altísima informalidad y de las bajas tasas de crecimiento en nuestro país. Tal como sostuve en mi libro “La Revolución Capitalista en el Perú”, estaríamos ante un caso no esperado de aplicación de la teoría del bien limitado que el antropólogo George Foster (1972) desarrolló para explicar la conducta y actitudes de los campesinos en Tzintzuntzan, México. Foster observó que el comportamiento de los campesinos partía del supuesto de que casi todas las cosas en la vida existen en cantidad pequeña y limitada, de modo que cualquier mejoramiento o incremento en la posesión de un bien sólo puede darse a expensas de los otros, y cualquier cambio o innovación contiene el riesgo de perder lo que se tiene.

En efecto, lo que tenemos acá es un caso agudo del círculo vicioso del síndrome de la imagen del bien limitado. El trabajo formal y protegido es tan escaso y la necesidad de una reforma de las regulaciones laborales que incluya a la gran masa de los desprotegidos es tan grande, que lleva a los dirigentes a querer aferrarse al statu quo levantando barreras y seguridades aún más altas. Lo que, a su vez, agrava la informalidad y la presión sobre los puestos formales, despertando más respuestas defensivas aún. Son tan pocos los que gozan de protección laboral formal, que esos pocos buscan incrementar constantemente la seguridad legal de sus empleos, incrementando artificialmente sus beneficios o incrementando las compensaciones por despido, creyendo que así los van a conservar. Es como una pequeña aldea sitiada por un ejército enorme de desposeídos que, para defenderse, trata de levantar lo más que pueda las murallas.

Cualquier cambio en la legislación que favorezca el acceso de los excluidos a niveles mínimos de derechos laborales, es percibido como una amenaza, como una estrategia malévola para despojar a los trabajadores formales de sus derechos actuales. No existe la menor apertura a entender que la competencia global y la conquista de mercados externos exige sistemas flexibles y libres en todo orden de cosas, con el objeto de operar con las mejores combinaciones de factores que nos hagan competitivos y ganadores a nivel mundial, y a fin de incorporar a la formalidad a los excluidos y mejorar los ingresos de los propios trabajadores protegidos, que sería el resultado natural si el mercado fuera más libre.

La imagen del bien limitado equivale a lo que en economía se denomina “juego de suma cero”, propio de las economías pre capitalistas, que no crecen. Si una economía no crece o es permanentemente estacionaria, como la tribal o la medieval, por ejemplo, una persona sólo puede incrementar su riqueza quitándosela a otra. Y es esa la concepción que está detrás de la ideología clasista: lo que tiene el capitalista se lo ha quitado al trabajador. Por eso, esa es una ideología que refuerza la imagen del bien limitado. Esa es la manera como el sindicalismo clasista ha visto siempre las cosas. De modo que no se puede ceder jamás. Por el contrario, hay que “arrancarle” cada vez más ventajas a la ley o a la patronal, más protecciones, más seguridades. Cualquier aligeramiento de los costos no salariales o flexibilización de las reglas laborales, es visto como una pérdida a favor del capital y no como un medio para que la empresa pueda producir más y mejor a fin de crecer, acumular e invertir luego en más capacidad, más empleo y mejores remuneraciones para los mismos trabajadores. Pues a mayor flexibilidad, más trabajo y mejores salarios a la larga.

El paradigma de la lucha de clases, derivado en última instancia del síndrome medieval del bien limitado, no ha sido sustituido todavía por un paradigma de colaboración, capacitación, mejoramiento continuo e incremento de la productividad –a cambio de adecuada retribución- para ampliar espacios en el mercado. No se quiere ver que el enemigo no está dentro de la empresa, sino fuera, en el mercado, en la competencia. Desde que la economía no está protegida y hay competencia abierta, no queda sino integrar trabajo y capital para sacar adelante la empresa. Por eso las empresas que tienen más éxito suelen ser las que mejor trato dan a sus trabajadores, las que crean el mejor ambiente laboral posible.

Organización para romper el círculo vicioso

Si esas condiciones ideológicas se mantienen, la única manera de romper el círculo vicioso de imagen del bien limitado que lleva a mas protecciones y consecuentemente a mas exclusiones, es desarrollar una capacidad de propuesta, organización y movilización por parte de los amplios sectores que serían beneficiados con un mercado laboral libre que proteja al trabajador, pero no al puesto de trabajo.

Porque el problema es que los grupos de interés estrechos o coaliciones distributivas, como los llama Mancur Olson, que se organizan para capturar rentas de la sociedad (protección en este caso), no tienen contrapeso en ella porque, como decíamos, los beneficiarios de reglas más inclusivas no están organizados.

La democracia es un sistema de contrapesos entre poderes del Estado, pero no entre grupos de interés, que, por lo tanto, tienden a ganar privilegios crecientes a costa del bienestar público. Sobre todo, cuando hay políticos que tienen clientelas particulares de ese tipo. La única manera de despertar el interés del gobierno y de las propias bancadas del congreso, es que el sector excluido pueda organizarse para tener voz y convertirse también, es lamentable decirlo, en clientela política sea del gobierno o de los partidos políticos. Con la diferencia que lo que buscaría no son normas excluyentes que le permitan capturar rentas de la sociedad a expensas de los demás, sino lo contrario: un sistema de reglas que fomente un mercado dinámico que mejores los ingresos de todos y proteja realmente a todos los trabajadores. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hace unos días Lampadia dio cuenta de una noticia extraordinaria: el congreso brasilero había derogado una ley del año 1943 inspirada en la “Carta de Lavoro” de Mussolini que creaba un impuesto para subvencionar a los dirigentes sindicales de las empresas. En buena cuenta el Estado pagaba un salario a las dirigencias laborales. Fuera de eso, la ley aprobada por el congreso brasilero puso fin a la estabilidad laboral absoluta facilitando la contratación y la desvinculación de los trabajadores a cambio de una debida indemnización.

En el Perú no logramos construir hasta ahora la suficiente decisión política para reformar nuestra excluyente y rígida legislación laboral, que no solo mantiene en la informalidad y sin derechos a la gran mayoría de trabajadores peruanos, sino que, de paso, nos pone amarras que no nos dejan competir con eficiencia en la economía global a fin de crecer a tasas que nos permitan desarrollarnos.

Fuente: scoop.it

En su discurso de 28 de julio, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski se refirió de manera muy general al tema del empleo y sencillamente no planteó el problema tal como es ni la necesidad de reformar el carácter excluyente de nuestro marco legal. Su discurso fue vencido nuevamente por el temor político, pero anunció que el tema se vería en el Consejo Nacional de Trabajo, como si no supiera que la CGTP ya se retiró de esa instancia hace pocos meses cuando el ministro Grados empezó a plantear los asuntos de fondo, pese a que, como veremos, la CGTP sería la principal beneficiaria de las reformas, al poder ampliar su base sindical.

Por lo tanto, si no nos vamos a pasar el periodo entero de gobierno sin atrevernos a enfrentar el asunto, no cabría otra salida que convertirlo en materia del acuerdo político que empezó a gestarse en la reciente reunión entre el Presidente Kuczynski y Keiko Fujimori.

Eliminado la estabilidad absoluta, la CGTP podría ampliar su base sindical

No vamos a repetir los datos ya conocidos acerca de los altísimos niveles de informalidad laboral que tenemos, de los más altos del mundo. Somos uno de los pocos países en el que la indemnización no cuenta como una protección adecuada al despido, de modo que el juez puede imponer la reposición del trabajador aun cuando haya sido indemnizado y haya cometido actos manifiestamente delictivos. (Se ha llegado al extremo de reponer policías dados de baja por delitos). Ya conocemos los efectos perversos de este condicionamiento. Perjudica incluso a los sindicatos y a las propias centrales sindicales, que deben resignarse a operar sobre una base sindical minúscula debido no solo a la altísima informalidad, sino a que, aun dentro de la pequeña esfera formal, la tasa de sindicalización es casi inexistente: los trabajadores sindicalizados en el sector privado son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP. Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla.[1] Ridículo también.

La explicación del tamaño irrisorio de la sindicalización en nuestro país es precisamente la legislación laboral vigente y la antojadiza interpretación del artículo 27º de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional, presidido por el acciopopulista Javier Alva Orlandini a principios de siglo, que consideró, estableciendo el precedente,que la indemnización por despido no constituye protección suficiente contra el “despido arbitrario”. Esto, sumando a los altos costos no salariales del trabajo, inhibe a las empresas de todo tamaño, y sobre todo a las medianas y pequeñas, de contratar formalmente trabajadores. Y cuando los contratan optan por el contrato temporal a plazo fijo. Si antes la mayor parte de los contratos en el sector privado eran a tiempo indeterminado, en la actualidad cerca del 70% de los contratos son temporales a plazo fijo. Pero, como señala PLADES,[2] los contratos a plazo fijo “desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva de los trabajadores, disminuyendo las posibilidades de obtener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo”.

Sí resulta claro que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se puedan sindicalizar y pueda así la CGTP ampliar sus bases y su poder, uno se pregunta si la renuencia de la clase política y del Tribunal Constitucional a precisar los alcances del artículo 27º de la Constitución en el sentido natural, obedece a una conspiración política para que ni la sindicalización, ni la negociación colectiva ni la CGTP crezcan.

Las propuestas del Ministro

Por supuesto, no es esa la única reforma que deba ser materia de un acuerdo político. El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ha venido trabajando en el diseño de un conjunto de mejoras específicas de la normativa orientadas a generar nuevos puestos de trabajo, duplicar la formalidad laboral pasándola del 28% de la población ocupada al 52% el 2021, elevar la productividad promedio de los trabajadores y elevar su ingreso promedio. Es obvio que un mercado laboral menos atado demandará más trabajadores formales y una  mayor demanda de trabajadores llevará a mayores salarios. Ese ha sido el camino de los países del sudeste asiático, que comenzaron con salarios misérrimos hace 30 o 40 años y hoy son varias veces superiores a los de nuestros trabajadores peruanos. 

En diciembre del año pasado el ministro de Trabajo presentó al Consejo Nacional del Trabajo 19 propuestas vinculadas a temas como los ceses colectivos (para que funcionen pero protegiendo mejor la situación de los trabajadores),[3] la negociación colectiva (para mejorar el arbitraje potestativo[4] por ejemplo), y las escalas de multas del Sunafil (para que no se aplique a una familia o a una microempresa la misma multa que a una gran empresa, por ejemplo), entre otros. Esas propuestas se discutieron, pero a la hora entrar a discutir reformas de fondo para facilitar la contratación formal de trabajadores manteniéndolos más tiempo en la planilla, es decir, con mayor seguridad para ellos, pero adaptando distintas modalidades laborales a las realidades del mercado en los distintos sectores a fin de mejorar la competitividad global de nuestras empresas y que estas, al crecer, puedan ofrecer más empleo formal y de calidad, las centrales se retiraron.

Las reformas que plantea Grados buscan reducir los llamados “costos no salariales del trabajo” sin reducir beneficios o derechos, a fin de incentivar la contratación de más trabajadores formales, cambiando, por ejemplo, para los nuevos, la CTS por un seguro de desempleo con capacitación, de modo que no se proteja el puesto de trabajo –que puede quedar obsoleto- sino al trabajador mismo. Esta propuesta, sin embargo, aún no ha sido aceptada por el MEF.

¿Eliminar los regímenes especiales para la exportación?

Una de las propuestas que está elaborando el ministro responde a un pedido clásico de la CGTP y de los sindicatos de los países importadores (que buscan así proteger sus mercados). Consiste en eliminar el régimen de exportación no tradicional de inmediato y el régimen agrario a su vencimiento, el 2021.Es una propuesta preocupante a primera vista porque esos regímenes han funcionado muy bien y han permitido desarrollar las exportaciones respectivas de una manera sin precedentes, proporcionando al mismo tiempo gran cantidad de empleo formal. En realidad, es casi el único empleo formal nuevo y masivo generado en los últimos 20 años.

Fuente: revistaganamas.com

Lo que plantea el Ministro es incorporar esos dos regímenes en el régimen general, introduciendo en este últimoalgunas de las características de esos regímenes especiales. Por ejemplo, el Régimen General adoptaría, de manera voluntaria, la llamada RIA (Remuneración Integral Anual), de manera que se pueda pagar las gratificaciones y la CTS en doce alícuotas, junto con el sueldo mensual. Al mismo tiempo, se ajustaría y simplificaría los contratos sujetos a modalidad del régimen general de modo de incorporar en ese régimen, regulándolas mejor, las modalidades hoy recogidas por los regímenes agrario y de exportaciones no tradicionales. En el caso de este último la idea sería ajustar la contratación a plazo a los pedidos de exportación, por ejemplo, poniendo un límite alto al número de años en que se puede renovar el contrato a plazo. En nuestra opinión, esta última medida corre el riesgo de convertirse en una caja de Pandora que todos los años sea motivo de negociaciones que la lleven a su desnaturalización.

En cuanto al régimen agrario, el ministro nos explica lo siguiente: “La idea es mantenerlo hasta el 2021 con una gradual revisión de las vacaciones, incrementándolas paulatinamente de modo que el impacto sea manejable. Efectivamente la RIA se aplicaría voluntariamente al nuevo régimen general y si eventualmente el MEF valida el seguro del desempleo, resolveríamos el tema de la CTS. Sí tendríamos que ajustar en algo la RIA mínima del régimen agrario pues hoy, al desagregarlo, no cubre la RMV. Creo que ese ajuste lo debemos hacer pronto. Por todo lo dicho, nuestra postura no es eliminar el régimen al 2021, sino que a esa fecha las diferencias entre el régimen agrario y el nuevo Régimen General no serían tan grandes, y con ello se tomarán decisiones más ajustadas”.

En otras palabras, se incorporaría al régimen general, ajustándolas,algunas particularidades de esos dos regímenes especiales.

Una alternativa más efectiva para lograr un ambiente regulatorio ‘pro-empleo’, sería más bien, llevar paulatinamente el régimen general hacia los regímenes especiales, pero es muy difícil que un gobierno débil se avenga a plantearlo.

Paralelamente la llamada “Comisión de Protección Social” ha venido preparando una propuesta, que aún no está lista, que incluiría un nuevo sistema de pensiones, la integración y universalización del aseguramiento en salud, y, como decimos, la protección contra el cese laboral. Algo que debería merecer un amplio debate público antes de empezar a configurarse.

Como fuere, el lastre del marco legal del trabajo en el Perú es demasiado pesado y oneroso como para seguir con la venda en los ojos. Es hora que el gobierno y Fuerza Popular se sienten a trabajar un acuerdo político que permita que la mayor cantidad de peruanos pueda acceder a un empleo formal, con derechos y mejor pagado. Todo lo demás es demagogia o cobardía. Lampadia

Ante la debilidad mostrada por el gobierno para contrarrestar los levantamientos socio-políticos, los sindicatos y federaciones están llevando adelante una suerte de ‘putsch’ táctico para mejorar sus posiciones estratégicas. Esto empezó con la huelga médica que ya lleva 13 días, y con lo que fue la rama del Sutep en Cusco, que también empezó hace 30 días. Luego el Sutep hizo un paro nacional (13 de julio), y ahora la FTCCP (Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y la CGTP anuncian para el 19 de julio, una jornada nacional de lucha..

Hasta ahora los mayores desmanes se han dado en el Cusco, bajo el comando del SUTER, la anterior rama del Sutep nacional que ha sido reconocida por el gobernador de Cusco, Edwin Licona. Los maestros cusqueños manipulados por dirigentes con encargo político vienen alterando sustancialmente la vida en la región, la madre de nuestro turismo y del nombre del Perú en el exterior. Las turbas  atacaron el aeropuerto, rompieron un muro de seguridad, tomaron Sacsayhuamán, rompieron la vía del tren a Machupicchu e iniciaron una marcha para tomar las instalaciones de la ciudadela.

Ultimátum magisterial:

“No podemos seguir esperando y aguantando tanta represión si no se  soluciona nuestra huelga  hasta el viernes por la noche o al menos se reinicia la mesa de diálogo, el sábado ya tenemos la consigna que nosotros los maestros estaremos tomando Machupicchu”, secretario general del SUTER Cusco, Ernesto Mesa Tica.

“Esperamos el diálogo, ha pasado una semana más y el motivo es cansarnos; pero estamos con la misma fortaleza y si no hay mesa de dialogo hasta el viernes en la tarde los maestros estamos tomando Machupicchu desde muy temprano el sábado”, reiteró.

Apoyo de la juventud: Saul Mamani Nina, representante de la Asamblea Regional de Jóvenes, espacio o plataforma de participación de jóvenes de las 13 provincias del Cusco precisó que marcharán junto a los profesores rumbo a Machupicchu y apoyaran en la toma de la ciudad inca.“El 7 y 8 de julio hemos tenido un encuentro de líderes y lideresas en Machupicchu Pueblo y el acuerdo es apoyar la lucha magisterial por lo tanto al saber que se realizará la toma de ciudad inca nosotros vamos a estar al lado de los profesores”, expresó.

Fuente: Matutino, lunes 13 de julio.

Los acontecimientos en el Cusco

El sábado pasado en la mañana, la situación era verdaderamente crítica. Había varias instalaciones tomadas o amenazadas y se había iniciado la marcha a Machupicchu desde varios frentes. Los piquetes eran alimentados con llantas para quemas por agentes de los violentistas mediante apariciones muy cortas, de modo que si se ordenaban capturas, solo cayeran los seguidores. A pesar de todos los desmanes, hasta el pasado sábado no había ningún detenido.

Mientras se desarrollaban estos desmanes la policía y el gobierno brillaban por su ausencia y falta de reacción. La cosa habría llegado a tal nivel que según nuestros informes, el sábado por la mañana se convocó un Consejo de Ministros extraordinario, desde el que se habría consultado la situación con los generales de Policía y del Ejércitoa cargo de la región Cusco, sobre la posibilidad de declarar el estado de emergencia. Los generales habrían manifestado que no estaban listos (30 días después de iniciados los acontecimientos). Además se habría indicado que no había suficiente información de inteligencia.

De ser ciertos estos sucesos, el gobierno de PPK debería hacer una severa llamada de atención al Ministro del Interior y a ambos generales.

Afortunadamente, el domingo se fueron tomando ciertas acciones de control de daños, como cortar el servicio de tren a los marchantes para la toma de Machupicchu. Con una mejor presencia policial, se pudo abortar los planes de tomas y violencia. Se hicieron cinco detenciones, que no se sabe si van a quedar detenidos porque no se aplicaría el proceso de flagrancia.

La responsabilidad política

La demora de 30 días para actuar se debe esencialmente a la falta de decisión del gobierno, desde el Ministerio del Interior, donde el ministro estaría más preocupado en que  no se le pueda imputar la responsabilidad de algún costo social, que de proteger a la población local, a los turistas, las instalaciones públicas y privadas.

No se puede decir que el gobierno no había sido advertido de lo que se venía. Por ejemplo, el pasado 30 de junio, Carlos Milla Vidal, presidente de CARTUC (La Cámara de Turismo del Cusco), publicó en  Lampadia, El turismo es nuevamente blanco del antisistema. Veamos algunas de sus advertencias:

Las acciones del SUTEP EN CUSCO

La dirigencia Nacional tiene su “plataforma de lucha”, que incluye (¡Cómo no!) aumento de salarios, suspensión de las pruebas de aptitud de los Maestros (pues estas habrían sido hechas para otra realidad, pues no más del 30% de los profesores aprobaron). Esta plataforma va a ir a un dialogo con la ministra la primera quincena de Julio, está concertado así.

Sin embargo la base de Cusco, decide “convocar a la ministra para una mesa de diálogo de manera inmediata!!. Y para lograr su propósito, viene hostigando sistemáticamente al Turismo desde el 15 de Junio pasado:

• Han tratado de tomar el aeropuerto de Cusco. Son más de 7 días hasta la fecha que el acceso a los pasajeros es restringido, por medidas de seguridad….

​ -Estuvieron a punto de derribar el muro perimetral del aeropuerto

• Los días del INTI RAYMI, Fiesta “casi sacra” para los Cusqueños, amenazaron que lo impedirían… De hecho causaron alboroto, y desorden el desfile cívico del Cusco.
• Al día siguiente manifestaron en medio de la multitud, causando zozobra, temor e incomodidad a los Turistas, y locales por igual.
• Hoy, lunes 27, se multiplicaron y en grupos ya muy numerosos, tomaron simultáneamente 4 accesos a la ciudad: El acceso de Tica-Tica, por donde deben pasar los turistas que van a tomar su tren a la estación de Poroy… No pudieron hacerlo y muchos llegaron tarde. Otro grupo tomó la carretera al Sur en “la angostura”, Un tercer grupo, impidió el acceso a Písaq y el valle sagrado, y finalmente bloquearon también el acceso a Paruro.
• La policía, actúa como puede, y si bien es cierto dispersó a los grupos a las pocas horas, el daño estaba hecho: Las pérdidas no se calculan en soles, se calculan en lo más importante que tiene el turismo, que son sus intangibles: Deterioro de la calidad de visita y pérdida de imagen del destino.

Las consecuencias

Sin el desarrollo de proyectos de infraestructuras, sin el desarrollo de proyectos mineros, el turismo era tal vez la última tabla de salvación para generar empleo y crecimiento. Lo que es más, el turismo es el ‘petproject’ de PPK con sus ‘7 millones de visitantes’. 

Por el torpe manejo de Martín Vizcarra como ministro de Transportes, ya se malogró el desarrollo de Chinchero, es esencial cuidar la paz en el Cusco. El daño hecho durante este gobierno ya es muy grave, estamos malogrando la imagen del turismo en el Perú.  Ver: Buscando las rentas del turismo por medio del conflicto.

Esta situación de acoso al Estado no puede continuar. Es menester que el gobierno le explique al país el daño que se está infligiendo a la economía de todos los peruanos. Sobretodo en un momento de debilidad, como el que atravesamos. Hoy necesitamos  firmeza y, para ello el gobierno debe convocar el apoyo de ciudadanos probos, capaces y valientes, para defender los altos intereses de la nación.  Lampadia

Ver imágenes de sustento de los acontecimientos en Cusco:

En términos reales, la CGTP no existe. Como dice Jaime de Althaus en su artículo que compartimos líneas abajo: “trabajadores sindicalizados en el sector privado, el gran empleador del país, son hoy apenas el 1.2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP (y a la CUT). Y son apenas el 5.8% de los trabajadores privados en planilla. Ridículo también. La CGTP ha fracasado estentóreamente en su propia misión. Y no le importa”.

En cuanto a capacidad de comunicación con sus propios afiliados, la cosa es penosa: la belicosa y bullanguera CGTP sólo tiene 28,165 seguidores en su Facebook (ver ilustración). Ni siquiera sus afiliados la siguen. Ha devenido en inútil y no representativa para los trabajadores, a los que en verdad inhibe de pasar a un estadío de mejor calidad de empleo. Es el gran enemigo de los jóvenes que deben refugiarse en el trabajo informal sin ningún tipo de protección. 

Las centrales sindicales no representan a los trabajadores peruanos. Sólo sirven para que sus eternos dirigentes vivan de sus pocos afiliados.

Ver artículo:

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es lamentable la actitud de la CGTP. Es no solo objetivamente anti popular, porque defiende un ‘statu quo’ excluyente, sino miope y tonta, porque ni siquiera defiende sus propios intereses de mediano plazo al insistir en una posición que le impide dar un salto en la cantidad de trabajadores sindicalizados para ampliar significativamente su base social.

Por primera vez en lustros estamos ante un gobierno y un ministerio del Trabajo que están trabajando seriamente en el diseño de una política de formalización de la economía y del empleo precisamente para que haya muchos más trabajadores y empleados con derechos (entre ellos la sindicalización) y con protección frente a las adversidades de la salud, el desempleo y la vejez. No es un problema fácil, y en lugar de sumarse y participar con su propio punto de vista en este esfuerzo nacional, opta de manera suicida por boicotearlo, aparentemente azuzada por los fantasmas de la guerra fría y la lucha de clases.

En efecto, en su mensaje por el 1º de mayo, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, acusa al ministro de Trabajo de mentiroso y de imponer la “reforma laboral” de la CONFIEP, “que busca precarizar aún más el empleo. Más contratos temporales, menos seguridad en el trabajo, menos derechos y menos ingresos pues se piensa eliminar las gratificaciones”. Para acto seguido arengar a los trabajadores a salir a las calles para defender “nuestros derechos laborales, nuestros empleos y nuestras remuneraciones” y “derrotar la política neoliberal”. 

Algunos creen que ese lenguaje arcaico de los 70 refleja tan poca evolución que no puede ser auténtico sino más bien una táctica de los dirigentes que siempre les ha funcionado para mantenerse en sus rentados y sempiternos cargos dirigenciales. Cierto o no, es una lástima que mientras el Perú se moderniza y avanza, haya un sector todavía anclado en el pasado o en sus pequeños intereses haciendo lo imposible para frenar el progreso. Es la fuerza más reaccionaria que hay. Obsesionada con proteger la situación de una minoría o la suya propia, se olvida de la mayoría de peruanos que carecen de derechos. Cree, paranoicamente, o quiere hacer creer interesadamente, que cualquier esfuerzo para dinamizar el mercado, facilitar las inversiones e incluir a los excluidos (incluso en la sindicalización), es una conspiración oscura para despojar de sus “derechos” a los pocos que los tienen (cuando en realidad incrementaría sus ingresos).

Denuncia Gerónimo López que la reforma del Ministro “busca precarizar aún más el empleo”. ¿Pero qué empleo más precario que el del 73% de la PEA que vive en la informalidad, sin 1º de mayo, sin vacaciones, sin salario mínimo, sin seguridad social, sin pensiones ni nada? Lo que debe denunciarse es que la situación de ese 73% obedece en parte a una legislación laboral excluyente que tiene que ser reformada, y que la CGTP defiende oponiéndose a reformarla. La CGTP es en parte culpable de la extremada precarización sin derechos del trabajo en el Perú.

Acusa Gerónimo López que la reforma laboral del Ministro busca “más contratos temporales”. Lo que no dice es que la elevada proporción de contratos a temporales a plazo fijo en el Perú (51.5% frente a un 27.6% a plazo indeterminado, y si tomamos solo el sector privado ese porcentaje sube a alrededor del 70%) se debe precisamente a la llamada estabilidad laboral absoluta consagrada por el Tribunal Constitucional que lleva a las empresas a huir del contrato a plazo indeterminado y a contratar a plazo fijo. Y si, como dice PLADES,[1] los contratos a plazo fijo “desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva de los trabajadores, disminuyendo las posibilidades de obtener mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo”, entonces es obvio que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se puedan sindicalizar y pueda así la CGTP ampliar sus bases y su poder. En ese sentido, esa Central debería ser la primera en abogar por una aclaración al art. 27º de la Constitución que establezca que la indemnización por despido es una protección adecuada al mal llamado despido arbitrario. Pero no le interesa. Ni siquiera quiere ampliar sus bases. Sólo aferrarse a lo poco que tiene, y a los cargos directivos. Come y no deja comer. Peor que el perro del hortelano.

Lamentablemente no todos los grupos políticos, ahora representados en el Parlamento, están identificados con la Constitución de la República, con la economía de mercado, con la modernidad, con el Estado de Derecho y con los valores de la democracia.

Por ejemplo, en el caso del llamado “FREN.A” (Frente Amplio), en su último acto de la campaña, en el debate multipartidario, insistió en el cambio de la Constitución del 93. Todas sus cúpulas han adscrito los absurdos planteamientos del pos-extractivismo que va contra la economía de mercado, la modernidad y los pobres del campesinado. Sus líderes más connotados han atentado contra el Estado de Derecho en los llamados conflictos sociales, en los que pretenden imponer sus ideas por las buenas o las malas. Y, por último, muchos de ellos no son verdaderos demócratas, pues siguen defendiendo como democrática a la dictadura venezolana, a la que no tocan ni con el pétalo de una rosa, a pesar de la crisis humanitaria que le ha impuesto a su pueblo.

Asimismo, por supuesto, defienden a Dilma Rousseff. En la izquierda no cuentan los delitos: lo de Dilma equivale a que el Presidente Humala (que también se solidarizó con Dilma) hubiera metido la mano al Banco de la Nación para reducir el desbocado déficit fiscal que nos dejó. Otro ejemplo más cercano los economistas que representan públicamente a la PUCP: es como si su Rector se hubiera apropiado de la taquilla del festival de cine de centro cultural de la universidad para cubrir gastos extras en Roma.

No nos dejemos engañar por las poses políticas ni por el manejo mediático de nuestros izquierdistas de las ‘ideas muertas’. En el Perú no podemos caer en el ‘síndrome de Chamberlain’ (el appeasement). Apaciguar los ánimos ante las ¿improntas? de los enemigos.

Enemigos, SÍ. Enemigos del desarrollo. Pues en nombre de los pobres, plantean su empobrecimiento eterno. Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento. Ver también: Agroexportación: Una industria de clase mundial:

El ominoso pos-extractivismo plantea producir solo los alimentos que necesitamos consumir nosotros mismos y ‘tal vez’ nuestros vecinos, si podemos convencerlos de adoptar la misma ‘filosofía’.

Lo que el pos-extractivismo no quiere ver es que el sector agrícola solo puede crecer sostenidamente y generar riqueza para los campesinos, llegando a muchos  estómagos. Como un agricultor peruano decía hace algunos años: una persona solo puede comer un kilo por día. ¿Cómo puede entonces mejorar sus ingresos un agricultor peruano, si los 3 millones de agricultores tuvieran que abastecer solo a 27 millones de peruanos? Sus ingresos estarían limitados a un promedio de 9 consumidores o 9 kilos por agricultor. Pero si operamos en el mundo global y exportamos a mercados de unos 2,700 millones de personas o más, en teoría, cada agricultor podría abastecer más de 900 consumidores, 100 veces más. Ese es el potencial de este sector, y la única manera de enriquecer a nuestros campesinos.

Por lo tanto, podemos afirmar con toda la fuerza del mundo, que al pretender limitar la producción agrícola, la izquierda tradicional quiere condenar a nuestros campesinos a la pobreza eterna.

No nos olvidemos quiénes le presentaron al Presidente Humala la propuesta de orientarnos al pos-extractivismo. Veamos:

Todos los grupos de izquierda y los gremios laborales afines firmaron un documento, promovido por Tierra y Libertad (Arana), eufemísticamente llamado ‘nueva minería exige debate nacional’ en agosto del 2012 y lo presentaron al Presidente de la República, Ollanta Humala. Ver firmas y carátula del documento indicado:

Pero los planteamientos del pos-extractivismo se pueden apreciar aun mejor en una publicación de estilo académico, que es la siguiente:  

Esta publicación fue desarrollada por varios economistas de izquierda que acompañaron al uruguayo Eduardo Gudynas, el inspirador de este disparate en la región latinoamericana. Además, fue refrendada por varios centros de estudios y gremios peruanos, como puede verse a continuación:

Además de la ‘Espada de Damocles’ con la que el pos-extractivismo amenaza a nuestros campesinos más pobres, es claro como las izquierdas peruanas han venido desarrollando relatos anti sistema, anti globalización, anti comercio internacional y anti minería e inversión privada.

No solo eso, han logrado sabotear los proyectos de inversión más grandes que, hoy y mañana, nos darían el combustible del crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza. Han instaurado una suerte de conflictividad que presentan como social y ambiental, pero que está más orientada a la obtención de rentas económicas y políticas.

Peor aún, estas izquierdas han capturado los medios de comunicación a nivel nacional. Hasta hace cinco años, su presencia era masiva en las regiones, en las radios y en la televisión. Hoy, ante nuestra pasividad, han penetrado también buena parte de los medios nacionales. Sus representantes son los ‘caseritos’ de las mayoría de espacios y programas políticos de la televisión y las radios. Además, los analistas de izquierda han tomado también sendos espacios y columnas en los periódicos más importantes, en muchos casos por su mayor disponibilidad ante la defección de los defensores de la libertad económica y política.

Esto no implica una crítica a la libertad de prensa, que debe ser ubérrima. Es una crítica a las mayorías silenciosas, a los académicos, pensadores, empresarios, educadores, etc., que prefieren no expresarse públicamente, para no tener que aparecer desafiando a las corrientes de opinión que prevalecen en los medios. Es una crítica al ejercicio del derecho de gozar de la vida sin la  correspondiente obligación cívica de entregar conocimientos e ideas para la mejor vida de nuestra sociedad.   

Un antiguo dicho arequipeño decía: “En Lima hasta las moscas se acojudan”.

Pues en Lampadia tenemos un antídoto con el cual le planteamos al país y a todas las izquierdas (ya es hora de que se renueven profundamente), las siguientes exigencias:

• Que todos los que firmaron por el pos-extractivismo, renuncien a esa doctrina por escrito, ante el nuevo Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. De lo contrario deberíamos seguir viéndolos como enemigos del desarrollo y de los pobres.
• Que renuncien a sus planteamientos de cambiar la Constitución.
• Que condenen sin ambages a la ominosa dictadura del chavismo que ha desquiciado la vida de los venezolanos.
• Que apoyen la reconstrucción institucional de Brasil, después de la feria de corrupción auspiciada por el PT, que además desbarató su economía.

Acabemos con el adormecimiento, el engaño y la confusión política, que siguen llevando a muchos peruanos a disfrutar de condiciones de vida que hace poco no se imaginaban, pero que no deben llevan consigo el descuido cívico que terminará afectando la calidad de vida de nuestros hijos y nietos. Lampadia

(Shhh, ¡Cuidado, de eso no se debe hablar!)

Uno de los temas principales en la agenda pendiente del Perú, para promover el empleo de calidad y superar la informalidad, que condena al 70% de los trabajadores, a vivir sin derechos laborales efectivos, es la normativa laboral. Nuestras regulaciones laborales inhiben la formalización del trabajo y, contrariamente, a los considerandos con que se fue creando, solo favorece a los pocos que tienen trabajo formal y, de facto, es elitista y está representada por cúpulas sindicales, como la CGTP, que solo pueden hablar en nombre de una ínfima proporción de trabajadores.

El arreglo de esta situación conlleva el tener que enfrentar una reforma laboral  que despercuda nuestras normas de sus estipulaciones fariseas e hipócritas. La manipulación populista de este tema ha llegado a tal nivel de penetración, que durante la reciente campaña electoral, ninguno de los candidatos se atrevió a tocar el tema por miedo a recibir un ‘bullying’ político y mediático.

Esta situación de inconsecuencia llega a tal nivel, que en el pasado mes de abril, cuando el gobierno socialista francés planteo una reforma laboral modernizante, la noticia no fue difundida por los medios nacionales, con excepción de Lampadia (ver: Reforma laboral francesa: flexibilidad o más desempleo). Solo cuando las protestas de los jóvenes franceses tomó cuerpo, algunos medios reportaron los desmanes.

Todo esto ejemplifica, una vez más, la debilidad de nuestra clase dirigente y la falta de líderes visionarios que muestren tercamente el camino de la prosperidad.

Según el World Economic Forum, por las normas de contratación y despido, el Perú es uno de los países con mayor rigidez laboral en el mundo; ocupamos el puesto 14 de 144 (donde el primero es el de mayor rigidez). Como afirmó Iván Alonso en La reforma laboral (Comentado por Lampadia): “¿Qué aspiración al desarrollo podemos contemplar si nuestro sistema laboral es más rígido y menos propicio para la creación del empleo formal que en todos los países desarrollados que integran la OECD? ¿Qué Alianza del Pacífico queremos forjar si el Perú tiene los costos no salariales y costos para el despido mucho mayores que en Chile, Colombia y México?”

Una reciente publicación de EY titulada Guía de Negocios e Inversión en el Perú (publicada en nuestra sección documentos), describe en una de sus secciones los principales elementos de nuestra legislación laboral, los cuales analizamos líneas abajo.

Contratación

Se da mayormente mediante contratos a plazo indefinido, y otorga al trabajador todos los derechos y beneficios laborales creados por la profusa normativa (ver líneas abajo).

Además de regímenes especializados para ciertos sectores, existen otros dos tipos de contratos: a plazo fijo y a tiempo parcial. El primero es por un periodo en particular y también cuenta con todos los beneficios, mientras que el segundo es de a lo mucho cuatro horas a la semana en promedio y no cuenta con el beneficio de indemnización por despido arbitrario ni compensación por tiempo de servicios (CTS) y solo cuenta con 6 días laborables de vacaciones anuales.

En el caso de los extranjeros, se dan las mismas opciones, pero, adicionalmente se requiere que sus contratos sean aprobados por el MTPE con la estipulación de ‘calidad migratoria habilitante’. Esto podría ser más complicado de lo que parece. Por ejemplo, gracias a la Ley Universitaria (Mora – Saavedra), para ser profesor universitario, es obligatorio tener una maestría con 48 créditos y haber culminado con una tesis.  El problema es que en el extranjero, muchas maestrías solo tienen 24 créditos y no necesariamente requieren de tesis. Ergo: un escondido mecanismo de protección para evitar la competencia de extranjeros que perjudica al objetivo del sistema educativo: el estudiante. (Una maestría de la Universidad Alas Peruanas permite la docencia, pero una del MIT, Yale o Harvard, no).

Beneficios Laborales

Estos beneficios son un gran dilema para la formalización del empleo. El exceso de beneficios y la obligación de que se apliquen uniformemente, sin tomar en cuenta diferencias de tamaño y productividad de las empresas, inhibe su aplicación en el llamado sector informal. El conjunto de estos derechos laborales crea grandes sobrecostos. Según Alonso, “sumando las gratificaciones, CTS y otros beneficios, y dividiendo entre los 12 sueldos por año, se llega a la conclusión de que hay unos sobrecostos del orden del 50% o 60%”.

Despido

El mayor inconveniente de las regulaciones radica en el costo de despido, que en teoría es de 1.5 remuneraciones por año trabajado hasta un tope de 12 remuneraciones.

Pero, más allá del costo monetario, está la ‘suerte de estabilidad laboral absoluta’ que se ha ido generando como producto de fallos de la Corte Suprema y del Tribunal de Garantías Constitucionales. Éstos llevan a tener que hacer reposiciones que desconocen la realidad económica de las empresas, destruyen la productividad y hasta, en instituciones como la Policía Nacional, por orden judicial, se obliga a reponer a elementos separados por actos delincuenciales. En este caso, se ha llegado a judicializar la disciplina en las Fuerzas Policiales.

Tributos y aportes que gravan las remuneraciones

El empleador asume la responsabilidad de retener y pagar el impuesto a la renta de sus trabajadores, monto que dependerá del ingreso anual del mismo. Además, el empleador asume el pago de los siguientes elementos:

El ‘Valle de la Muerte’

Tal vez el mayor escollo para la formalización, mayor al tributario, es el laboral, pues los fiscalizadores laborales pueden exigir compensaciones y multas hasta por los diez años anteriores. El resultado de esta eventual carga es de tal proporción, que de aplicarse efectivamente ‘quiebra’ a la empresa es lo que Pedro Olaechea ha llamado “el valle de la muerte” (el imposible paso de micro y pequeña empresa a una categorías de mayor tamaño y formalización). Ver en Lampadia: Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad.

Por eso es que el Perú no tiene muchas empresas medianas. Las que se atreven a hacer la transición mueren y, las demás se inhiben de formalizarse.

Como hemos reseñado líneas arriba, el Perú es uno de los países de mayor rigidez laboral del mundo. Lo que es más, durante los últimos 15 años hemos transitado de regreso a la estabilidad laboral absoluta, uno de los grandes frenos a la creación de empleo formal y de calidad. Una afrenta injustificable e hipócrita que afecta a los trabajadores más humildes y más necesitados de una protección laboral adecuada y efectiva.

¿Quién le va a poner el cascabel al gato?

La reforma laboral ha devenido en ser un acto de justicia social y por lo tanto debiera ser afrontada con realismo y responsabilidad, tal como ha tenido que plantear el gobierno francés, otrora modelo de políticas populistas que solo generaron a los galos, desempleo y pérdida de competitividad. Esperamos que el nuevo gobierno esté a la altura de las verdaderas demandas sociales. Lampadia

Llama la atención que se deje consentir que los jóvenes peruanos estén representados por la CGTP, Patria Roja, SUTEP, Tierra y Dignidad y otros colectivos comprometidos con una opción política electoral, usando como acicate el golpe de estado del gobierno de Alberto Fujimori.

Además, por más reclamos democráticos que se puedan manifestar, también llama la atención la cobertura mediática del evento: transmitida “minuto a minuto” por la página web del Comercio, promocionada y difundida por casi todos los demás medios como un evento ecuménico.

En verdad pareciera que detrás de los entendibles y justificables reparos y rechazos al golpe del 5 de abril, lo que hemos visto habría sido, en buena parte, una convergencia de muchos actores, por la que algunos elementos políticos arrogaron indebidamente la representación política de todos los peruanos y especialmente de los jóvenes, sin transparentar la presentación de sus ideas. Además, el evento también tuvo la presencia de grupos que planteaban temas específicos como el matrimonio gay, el aborto, el apoyo a los artistas y otros, que no tenían vinculación con la etiqueta del evento.

Curiosamente, a solo cuadras de este, en el Estadio Nacional, se desarrollo otro evento, el concierto del grupo musical Colplay, muy vinculado a los jóvenes, donde habrían acudido, sin cálculos interesados, unas 45,000 personas. Ver imagen del Estadio:

Para muchos peruanos el 5 de abril (1992) es una fecha dolorosa y tremendamente criticable. En el año 1992 sin embargo, mereció el apoyo de cerca de 90% de la población. Como se afirma hoy, sus causas y consecuencias no fueron simplemente la instalación de una dictadura. Esa fecha originó muchos eventos que marcaron nuestra historia para bien y para mal. Entre los eventos históricos que los peruanos debiéramos analizar y debatir desapasionadamente, está el 5 de abril del 92, que hoy sigue envuelto en papel periódico y no iluminado por el juicio ponderado de la historia.

Ojalá los peruanos podamos celebrar espacios de unión entre nosotros. En ese sentido queremos terminar esta nota compartiendo una canción de espíritu universal como es “Viva la Vida”  de Coldplay es: “Viva la Vida”. Activar el enlace a la canción más abajo. Lampadia

Lamentablemente, toda la izquierda peruana quiere instaurar la pobreza en una autarquía mediocre, en la que solo “nuestros futuros patrones” (sus líderes) decidan en detalle el manejo de nuestras vidas, nuestra producción, nuestras relaciones con el exterior, etc.

Se puede apreciar las implicancias de lo que proponen en el documento: ‘Nueva minería exige debate nacional’, publicado en Lampadia en nuestra sección ‘Documentos’.

Este documento fue presentado al Presidente de la República, Ollanta Humala, el 13 de agosto del 2012 por las siguientes organizaciones : Tierra y Libertad, Partido Comunista del Perú, Partido Comunista Peruano, Ciudadanos por el Cambio, Partido Socialista, CGTP, Fuerza Social, Partido Socialista y Voz Socialista entre otras.

Con la publicación de este documento, que ningún otro medio ha querido recoger, esperamos ayudar a los ciudadanos a informarse de lo que la izquierda tradicional y caduca planea para todos los peruanos.

Ver nuestro análisis en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento. 

Ver documento completo aquí: 

Nueva mineria exige debate nacional.pdf

La izquierda peruana se quitó la careta, adiós a la disculpa de luchar por los pobres. Ahora todos ellos están detrás del “pos-extractivismo” que en el caso del Perú no es otra cosa que una propuesta para:

• Abandonar nuestros recursos naturales
• No desarrollar industrias que exporten
• Alejarnos del exterior para evitar sus impactos

En lenguaje común quieren convertirnos en una sociedad de pastores pobres y viejos. Pobres porque produciríamos lo mínimo para el sustento diario y viejos porque nuestros jóvenes se irían del Perú a ser parte de la modernidad y del mundo global.

La descripción de este despropósito está en el documento ”Nueva minería exige debate nacional”, que fue entregado al Presidente Humala el 13 de agosto del 2012 por más de 20 organizaciones de la izquierda tradicional peruana: Tierra y Libertad, Partido Comunista del Perú, Partido Comunista Peruano, Ciudadanos por el Cambio, Partido Socialista, CGTP, Fuerza Social, Partido Socialista y Voz Socialista entre otras.

En este documento (¿escrito por Arana?), está la síntesis del “Pensamiento FRENAIZ” –Frente Amplio de Izquierda, en el que se presenta la receta del empobrecimiento permanente del Perú:

• Disminuir drásticamente el ritmo de crecimiento y evitar cualquier dependencia del exterior.
• Dosificar los proyectos mineros en el tiempo para hacerlos compatibles con la política monetaria. No importaría la necesidad de disponer recursos para disminuir la pobreza y la desigualdad.
• Construir una autarquía, lejos del resto del mundo, excepto de los vecinos pobres de la región.
• La burocracia definiría donde hacer minería y otras actividades.
• Prohibición de actividades en cabeceras de cuenca. Mito que linda en la estupidez (el agua no viene de las cabeceras de cuenca, las lluvias no discriminan, como la mala política).

Este planteamiento se sustentaría en las alucinadas ideas de Marco Arana, la acción política de la CGTP y el Sutep (Patria Roja) y el financiamiento del falso empresario  Salomón Lerner Ghitis.

A continuación reseñamos algunos pasajes del documento que no hicieron público, pero ha inspirado la oposición a las actividades  “extractivistas” justificando: violencia ilimitada, encubrimiento de los delincuentes (encapuchados), pagos a delincuentes y amparando una nueva ola de corrupción –como en la campaña contra Tía María.

  Glosas del documento:

Agotamiento del extractivismo como soporte económico y político del neoliberalismo. No es viable insistir en una apuesta por crecimiento y bienestar basado en la privatización de los recursos naturales para su explotación intensiva por grandes empresas internacionales.

Políticas públicas que permitan una transición hacia escenarios económicos, políticos y productivos post extractivistas, en los que nuestra economía, nuestro mercado de trabajo, nuestra sociedad y nuestra política dependan cada día menos de la exportación de materias primas.

Sin mercado interno y con una integración regional a la deriva, la recesión mundial ya nos está golpeando directamente.

El extractivismo abarca:

• La minería
• La actividad petrolera y gasífera
• La pesquera y la forestal
• Los monocultivos destinados a la agroexportación

Ha primado el afán de lucro de las grandes empresas nacionales e internacionales y el afán rentista del Estado.

Descripción de la Nueva Minería

1. Definir los estándares y límites permisibles ambientales
2. Legislar sobre el agua como derecho humano, la protección estricta de las cabeceras de cuenca, el uso del mercurio y cianuro y la defensa de la empresa pública
3. Ordenamiento Territorial que defina dónde sí y no, y como se podrá  hacer qué tipo de minería con criterios de planificación
4. Consultas nacionales sobre proyectos mineros
5. Revisar los acuerdos suscritos con las empresas mineras incrementando su aporte adicional a un porcentaje efectivo y significativo de las sobre ganancias obtenidas en los años anteriores
6. Planificar el ritmo de las inversiones en función de la estabilidad monetaria del país y no solamente en función de la rentabilidad de las empresas
7. Planificar el ritmo de las inversiones en función de la sostenibilidad social y ambiental del país
8. Derogar la legislación que criminaliza la protesta social
9. Parar la persecución judicial a los dirigentes sociales y ciudadanos por participar en protestas pacíficas
10. Anular la contratación de servicios de la Policía Nacional y del Ejército por parte de las empresas mineras
11. Definir qué hacer con las inversiones mineras (30 proyectos por valor de 56 mil millones de dólares) que se vienen
12. Una nueva estrategia de concesiones, basadas en licitaciones públicas
13. Mientras se defina la nueva política de concesiones suspender el otorgamiento de derechos mineros
14. Someter a mecanismos de consulta los 25 proyectos en estado de exploración o con EIA en evaluación
15. Revisión independiente por el MINAM y los Gobiernos Regionales de los EIA de los 10 proyectos ya aprobados
16. No somos anti mineros
17. Cuestionamos cualquier proyecto que no haya sido evaluado adecuadamente y que no cuente con licencia social

Videos y audios publicados en Arequipa revelan que uno de los principales opositores al proyecto de Tía María, Pepe Julio Gutiérrez ofreció parar las protestas a cambio de “lentejas al contado” (US$ 1’500,000).

Increíble titular de primera página de La República que relativiza un acto indefendible

Abogado: “Yo grabé a Pepe Julio Gutiérrez para que se sepa quién es”

Glosado

Jesús Gómez sostiene que saca a la luz el audio para que la gente sepa “la catadura moral” de su dirigente ante la Fiscalía. Afirma que tiene otro audio que lo vincula con actos de corrupción.

Publicado por La República, 08 de mayo 2015

El abogado ambientalista Jesús Gómez Urquizo reveló ayer que fue él quien grabó la conversación telefónica con el dirigente del valle de Tambo Pepe Julio Gutiérrez, en la que este último hace referencia a un presunto pedido de dinero para acabar con la protesta contra el proyecto Tía María.

“Ya no podía callar más. Yo lo he grabado a Pepe Julio porque es importante que la gente sepa la catadura moral de estos líderes que están impulsando la protesta contra Tía María. Esa es mi voz y esa conversación es real”, dijo Gómez a un programa televisivo de Arequipa.

También reconoció que hay otros audios. Por ejemplo, en uno se escucha a Gutiérrez diciendo que hizo un depósito a la jueza Janet Lastra para supuestamente modificar el pedido de prisión preventiva en su contra.

Por último, refirió que hay que tener coraje para revelar la verdad. “Estoy asumiendo una obligación cívica y moral para que la gente que está movilizándose contra Tía María sepa qué intereses hay detrás”, apuntó finalmente.

Dirigente niega veracidad de audio y afirma que si lo denuncia, acudirá al PJ

Glosado

Pepe Julio Gutiérrez: Es su palabra contra la mía.

Publicado por La República, 08 de mayo 2015

Tras conocerse la acusación del abogado Jesús Gómez Urquizo, quien afirma haber grabado al presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, éste volvió a negar la autenticidad de la grabación; sin embargo, no quiso pronunciarse sobre sus vínculos con el denunciante.

“Me abstengo totalmente. Es mi palabra contra la de ese señor y si quiere denunciarme en el Poder Judicial, que lo haga.

Comentario de Lampadia

Los peruanos no necesitamos ahora más información para saber y reconocer la naturaleza de las desquiciadas y corruptas protestas de cúpulas violentistas contra el proyecto de Tía María.

Ataques a los bomberos, corte de agua a la población, amenaza a los ciudadanos que no estaban de acuerdo con las protestas, violencia contra los policías, quema de un bus interprovincial, amenaza de vampirismo con la sangre de los policías, la violación de sus mujeres, el canibalismo de sus hijos y encima de todo dinero para venderse peor que Judas.

Queda claro que los reales intereses de esta radical oposición al proyecto son por un plato de “lentejas” que estos dirigentes corruptos  valorizan en US$ 1’500,000.

Seguro que Arana y compañía se alejarán de este delito diciendo que ellos lo hacen por convicción. Para conocimiento de nuestros lectores, reproducimos un párrafo del documento enviado por Tierra y Libertad (Marco Arana), Ciudadanos por el Cambio (Salomón Lerner G.), Partido Comunista del Perú, CGTP (Mario Huamán), Partido Comunista Peruano y otros al Presidente Ollanta Humala el pasado 13 de agosto del 2012:

Ellos se oponen a lo que llaman extractivismo que definen de la siguiente manera:

“El extractivismo no se reduce a la minería,
sino es una estrategia que también abarca
a la actividad petrolera y gasífera,
la pesquera y la forestal,
y los monocultivos destinados
a la agroexportación.

Ahora si tenemos que parar las “ideas muertas”, la violencia y la extorsión. Lampadia

Las aguas están movidas. Las políticas, las económicas y las de confianza en el futuro. El gobierno y la oposición acaban el año, en medio una guerra de guerrillas (que caigan Sansón y los filisteos), que solo agravan los cuestionamientos de la población. El gobierno, cercado por serias acusaciones de corrupción que amenazan, de una u otra forma, la conducción del país. A esto se suma la merma de la bancada oficialista en el Congreso y la pérdida de aliados políticos, lo que impide la rápida aprobación de Leyes clave para reactivar la economía. Todo esto mantiene la popularidad de la pareja presidencial y de las instituciones públicas, en niveles de “pena”. El Ministro de Justicia en la picota y, por supuesto, todo esto en el contexto del colapso del crecimiento de la economía.

Lo económico tampoco pinta bien. A duras penas el país crecerá un 2.7% (¿?). Buena parte de esta desaceleración se debe al descuido en el que el gobierno tiene a los sectores minería, energía e hidrocarburos, los auténticos motores del crecimiento del país en la última década (ver en Lampadia (L): Otra vez la parada (esta vez en la inversión)). Curiosamente, con un tonito circense, el Ministro de la Producción se burla de todos los peruanos diciéndonos: “El menor crecimiento favoreció también la simplificación administrativa y mejoras en la regulación”. Y agrega: “El 2014 no ha sido un año de crisis, sino de oportunidades aprovechadas, pues la preocupación por el menor crecimiento impulsó la renovación de la políticas económicas”. (El Comercio, “Mirando el largo plazo”, por Piero Ghezzi, 18 de diciembre 2014). Ya parece un editorialista del Pravda o Granma.

La razón de la parálisis de la inversión no es porque no se quiera invertir en el Perú, ni mayormente por la debilidad de la economía internacional. Es porque se ha hecho casi imposible invertir, tanto en negocios grandes como en pequeños. Desde abrir una mina hasta poner un restaurante. Desde levantar una antena para comunicación celular hasta tramitar un cambio de uso de terreno, desde conseguir permiso para abrir un nuevo colegio hasta colgar un letrero en la fachada de una bodega. La debilidad política del gobierno (Conga) y la maraña burocrática han trabado la inversión y el crecimiento, lo ha impedido hasta casi detenerlo por completo. (Ver en L: La “liciensitis” afecta las inversiones pequeñas, medianas y grandes).

El otro problema es la incapacidad que han demostrado los funcionarios para echar andar los grandes proyectos de inversión pública. Atrapados en las arenas movedizas de la tramitología y el pánico a tomar decisiones, dado el torpe e inhibidor sistema de control nacional. El dinero que debió poner en marcha las ruedas de nuestra economía nunca llegó a movilizarse. A eso hay que sumar las elecciones regionales y los gravísimos casos de corrupción que descabezaron a regiones y municipios de sus autoridades, con lo que la inversión pública se quedó en las cuentas bancarias.

Si bien el gobierno ha intentado mejorar este panorama mediante una serie de medidas que incentiven la inversión privada, (los cinco paquetitos pre-navideños) todavía es muy pronto para ver sus resultados. Algunos se pararon en el Congreso, otros se siguen discutiendo, y otros se reputan de tardíos e insuficientes. En todo caso, no han conseguido impulsar el crecimiento del producto este año y, aunque se espera que el próximo será mejor, ya no se puede creer en los pronósticos oficiales.

La debilidad del Gobierno y su aislamiento se han hecho notorios los últimos días. La oposición que está enfrentando la Ley Laboral juvenil es un síntoma de ello. Todos los personajes y partidos que en su momento apoyaron esta iniciativa, ahora se retractan, generando un desentendimiento político innecesario para una medida a todas luces positiva (ver en L: No me importa estar mal, si los demás corren la misma suerte).

Que Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Alan García se opongan a ella, sumándose a las cúpulas sindicales como la CGTP, es un contrasentido y una vergüenza. Después de haberla señalado conveniente, hoy, por mero cálculo político de corto plazo, la atacan duramente. El Gobierno ha decidido defenderla con uñas y dientes. Ojalá persista y muestre algún saldo de fortaleza.

La irresponsabilidad de la oposición, propiciada por la agresividad del propio Presidente de la República, está arrinconando al Ejecutivo. Semejante postura, puede llevar al gobierno a olvidarse de un programa sensato y hacerlo optar por un populismo que le de réditos inmediatos y lo haga subir en las encuestas. (Ver en L: Queda poco tiempo para evitar los peores escenarios al 2016). Ese sería el peor escenario. La economía no permite este tipo de juegos. Es vital que todos recuperen la cordura y que se busque retomar la armonía y el crecimiento.

Como hemos reseñado en Lampadia: Niall Ferguson, el historiador británico, en una recientevisita a Santiago, dijo que Chile era el “país más inteligente” de la región pero que ahora estaba “ejerciendo su derecho a ser estúpido”. En el Perú hemos sido estúpidos mucho tiempo, “es hora de ejercer nuestro derecho a ser más inteligentes”. Lampadia