Embajador ® J. Eduardo Ponce Vivanco
Para Lampadia

Una importante fuente empresarial del Ecuador mencionó que Maximiliano Aguiar, el mismo asesor político del señor Vizcarra, estuvo en la campaña de Rafael Correa a la presidencia del Ecuador. Dados los vínculos peronistas del consultor, y el perfil delictivo de su cliente, me propuse verificar el dicho con amigos de vieja data e indiscutible prestigio profesional en un país en el que he servido casi diez años de mi vida diplomática. Ambos confirmaron la información y precisaron datos coincidentes con hechos que aparecen en Wikipedia y la prensa del país vecino.

Aguiar trabajó varios años para el deplorable gobierno de Correa, vociferante epígono del chavismo, activista del ALBA y aliado de Putin (ambos padrinos Julian Assange).  Rafael Correa tiene orden judicial de prisión preventiva y una alerta de Interpol suspendida por cuestiones procesales. El vínculo operativo de Aguiar era Fernando Alvarado Espinel, Secretario Nacional de Comunicación (y Rasputín) de Correa. Alvarado está asilado en Caracas por su complicidad en los latrocinios del vicepresidente Jorge Glas Espinel, presidente del Fondo de Solidaridad y Sociedad de la Información, y todopoderoso Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos (ingeniero electricista y experto en energía).  

Después del mandato de Correa, Glas asumió la presidencia de Alianza País, el partido con mayoría parlamentaria que postuló y apoyó a Lenin Moreno.    Por las abrumadoras evidencias existentes, Moreno tuvo que denunciar a su antecesor, convirtiéndolo en su enemigo más acérrimo.

Los primos Glass y Alvarado fueron los más conspicuos cómplices de Correa en el manejo de la corrupción Lava Jato/Odebrecht. Glas purga seis 6 años de prisión en la Cárcel de Latacunga mientras Alvarado disfruta del paraíso chavista de Maduro. Aguiar era el instrumento de ambos en la política contra los medios y la libertad de prensa. Se sospecha que por haber sido el experto que dirigía la campaña de troles contra la oposición, seguiría colaborando con Correa (autoexiliado en Bélgica) y los adeptos que mantiene en Ecuador.

No sorprendería que Aguiar ayude en la campaña reeleccionista de Evo Morales, tan cercano al corazón del presidente Vizcarra y a la bilis radical de los gobernadores del Sur, que no ocultan el separatismo que promueven. Tanto Morales como el kirchenismo lideran las encuestas en Bolivia y Argentina para las elecciones del 20 y 27 del próximo octubre. No sorprendería, digo, porque el desastre de la Venezuela chavista desmanteló el ALBA y las ilusiones “panbolivarianas” alentadas por Cuba y el Foro de Sao Paulo, cuya solitaria pieza de ajedrez está en manos del Hermano Evo.

Se dice que la inteligencia castrista ha penetrado los mecanismos migratorios y electorales de Bolivia, al extremo de premunir a sus agentes de pasaportes del país vecino para filtrarlos al Perú. Si la información ha llegado a oídos de diplomáticos retirados, sería imposible que la inteligencia peruana no esté enterada de tan grave ocurrencia.

Aunque suene excesivo, sería coherente con el levantamiento que sacude los departamentos del Sur después de la visita del Jefe de Estado a Arequipa.  No viajó para amonestar a su insolente gobernador, sino para aceptar humildemente sus exigencias:  revisar la licencia a Tía María y propiciar una nueva ley de minería (para acabar definitivamente con esta actividad económica vital para el Perú).

La tesis de Maxi Aguiar se concentra en el “posicionamiento permanente” que su cliente político debe tener frente a las demandas ciudadanas.  En caso de lograrlo, no debe cambiar de posición a fin de no destruir su triunfo (https://youtu.be/ctbpj3hoB20).
¿No es acaso lo que hace nuestro presidente?  No solo escucha, sino que promueve las demandas del pueblo en un rosario de viajes interprovinciales que le impiden dedicar el tiempo y concentración a la gestión pública que corresponde al Poder Ejecutivo que preside.

Además de la evolución desfavorable de la economía, las reflexiones de nuestros mejores analistas, y los pronósticos de reputadas agencias calificadoras de riesgo (como Moody´s) que anuncian un pronunciado declive de las inversiones por el enfrentamiento político, nuestro presidente sigue empeñado en mantener su “posicionamiento permanente”, induciendo al pueblo a cantar una letanía que no es la voz de Dios. Lampadia

En los últimos meses, el Perú ha sido víctima de dos grandes escándalos de corrupción que han puesto en evidencia la precariedad de sus instituciones públicas y el comportamiento antiético de sus gobernantes en todos los niveles de Gobierno, llámese nacional, regional y municipal.

El primero, bautizado como el “Caso Lava Jato” por la jurisdicción brasilera, es considerado como el mayor escándalo de corrupción de América Latina, organizado y dirigido por el gobierno de Lula en Brasil y sus socias empresariales corruptas. Según la Corte de Justicia de Estados Unidos, en el Perú, involucró el pago de sobornos por parte de la empresa brasilera Odebrecht a funcionarios públicos por 29 millones de dólares entre el período 2005 y 2014. Asimismo, según el reciente informe de la Comisión Lava Jato del Congreso, se habrían estimado sobreprecios en las obras adjudicadas por más de 3 mil millones de dólares.

Peor aún, desde que se destapó el escándalo en diciembre del 2016, los esfuerzos desde el Gobierno y el Congreso para lidiar con la situación, a través del DU 003 y el PL 1410, agravaron aún más el problema, ya que paralizaron innecesariamente el sector construcción y múltiples obras de infraestructura. En vez del caos con que el gobierno enfrentó el tema, Lampadia propuso designar interventores en las empresas y obras, [Ver: DS 003 y PL 1410, despropósitos y pasiones]. Lamentablemente el gobierno no quiso hacer caso y terminamos siendo el único país que paralizó su sector construcción. Fue tal el impacto en la economía peruana por la paralización de dichas obras, que el MEF tuvo que reducir su proyección de crecimiento en el año 2017 en un punto porcentual, reducción que está asociada a 140,000 empleos perdidos y que 320,000 peruanos no hayan salido de la pobreza, según Apoyo Consultoría.

Por otra parte, se tiene el escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o más conocidos como los audios de la “vergüenza”, difundidos desde julio del presente año. En ellos, se dejan entrever conversaciones de jueces y miembros del CNM en el que se revelarían presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimientos de favores o negociaciones de ascensos de funcionarios. Tal difusión puso en tela de juicio la institucionalidad de uno de los más importantes brazos del Estado encargados de velar por los derechos fundamentales de los peruanos, el Poder Judicial.

En esta línea, hubo consenso de que una reforma judicial era necesaria y por tanto, se propusieron diversas líneas normativas desde el Congreso y, recientemente, se instaló como una de las propuestas del referéndum del pasado 9 de diciembre.

Es aquí donde vale la pena preguntarse, ¿Cuál es el status actual de las reformas que permitirán prevenir hechos de similar magnitud en un futuro cercano?

Curiosamente, la atención del Caso Lava Jato en el Perú se ha desviado por completo hacia la investigación de los aportes a los partidos políticos, en particular, la Campaña de Fuerza Popular 2011. Este hecho se ha mediatizado de tal manera que se ha vuelto el centro de gravedad de las preocupaciones del país, con fiscales y jueces dictando prisiones preventivas de manera completamente arbitraria sin considerar el debido proceso y la presunción de inocencia de los implicados, aún cuando ya hay sentencias del Tribunal Constitucional que advierten acerca de los excesos de estas prácticas.

Estamos terminando en una ‘justicia plebiscitaria’, que se expresa con lo expuesto por César Hildebrandt en una reciente entrevista con Patricia del Río en RPP en la que indica que “la lucha contra la corrupción no puede ceder en nombre de un garantismo  formalista”, es decir, basta con que el repudio popular sea tal que no importa que no se sigan los procedimientos judiciales habituales, la sentencia de culpabilidad será justa porque será justa “socialmente”. Adiós Constitución y leyes.

Y este punto es vital ya que nos lleva al tema de la reforma judicial, cuyos avances lamentablemente han sido prácticamente inexistentes, justamente porque la atención pública se encuentra empecinada en exigir prisión a la oposición. No es coincidencia que se hayan abandonado las 7 líneas normativas de la reforma judicial que fueron pre-dictaminadas en el Congreso en octubre del presente año. Por otra parte, aún con los escándalos de los audios del CNM, no se ha hecho un proceso de escrutinio de la realidad del Poder Judicial que llevaría hacia la limpieza de los cuadros corruptos. De esta manera, algunas personas empiezan a ver el caso Lava Jato, con todos sus excesos, como una distracción que nos está haciendo olvidar de algo sumamente importante que, a diferencia del escándalo brasilero, es de naturaleza estructural: una débil institucionalidad de nuestro sistema de justicia.

En este sentido, consideramos que un buen primer paso estaba contenido en la primera pregunta del referéndum y por ello sostuvimos una posición del SÍ en ella [ver: Mi voto en el referéndum]. Tal como se puede deducir del escándalo de los CNM audios, consideramos que dicho consejo debe desaparecer, y la nueva Junta Nacional de Justicia, cuya base será la meritocracia en la selección de los jueces y fiscales, permitirá tener mejores capacidades de fiscalización y control de la labor judicial. Sin embargo, ello no es suficiente. El Congreso debe acelerar la promulgación de las 7 líneas normativas que aún están pendientes ya que permitirán tener un sistema judicial más eficiente, transparente y con una mejor labor de cara a los peruanos. La reforma judicial no puede esperar.

En enero próximo el Congreso debería convocar a legislatura extraordinaria para aprobar la ley orgánica de la nueva Junta Nacional de Justicia y los 7 proyectos de ley ya dictaminados, porque sin eso no se puede convocar al concurso para elegir a los miembros de la Junta, y esta no puede dilatar tanto el inicio de sus funciones. Lampadia