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Entender qué se busca con una nueva Constitución

Entender qué se busca con una nueva Constitución

Jaime de Althaus
Para
Lampadia

Habría que entender qué es lo que se busca con una nueva constitución.

La Constitución como mito fundacional

Es posible que algunos vean en una nueva Carta Magna la ilusión de un nuevo nacimiento sin las taras y males del pasado. Comenzar de cero por decimotercera vez para crear un mundo feliz, justo, donde todos seamos iguales. Es decir, una función mítica. Lo puso Castillo en su ya célebre tuit:

“…para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista… la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos, para que los peruanos/os dejemos de subsistir y podamos vivir dignamente”

Aquí hay un error de base: creer que una Constitución puede crear la felicidad social. Que puede ordenar la igualdad. Y que puede hacerlo dándole al Estado unos poderes muy fuertes. La dictadura del Estado contra los poderes malignos de los privados.

En realidad, una Constitución es mucho más efectiva poniendo límites a los poderes que creándolos o agravándolos. Nació para eso: para poner límites al poder del Rey y permitir el desarrollo de los ciudadanos. Límites para que los poderes públicos no avasallen la libertad individual. Para permitir la máxima expansión posible de la iniciativa política, económica y cultural de los ciudadanos, a fin de hacer posible la realización individual y el crecimiento colectivo.

Es más, cuando la Constitución se pervierte dando excesivos poderes al Estado, termina facilitando la destrucción de los derechos fundamentales del ciudadano, la dignidad de la persona. Y termina agravando la desigualdad y la pobreza.

La Constitución puede reconocer derechos –de hecho, la Constitución actual reconoce todos los derechos mencionados por Pedro Castillo-, pero su concreción en la realidad es un asunto de políticas, de gestión. Y de posibilidades materiales, de mercado. Un mercado que genere los excedentes y que integre.

Castillo ha dicho que la salud y la educación no deben ser servicios sociales, sino derechos. Es creer, nuevamente, en el poder mítico de la palabra, de la norma constitucional. Lo que nos falta no es la letra del derecho, sino un buen servicio público que la encarne. Eficiencia, gestión por resultados, meritocracia. Y acabar con las mafias corruptas. Eso es mucho más difícil que escribir una palabra. Tenemos que cambiar el Estado, no la Constitución.

La Constitución como vehículo de incorporación en la nacionalidad

Algunos verán una nueva constitución como la carta de incorporación de los sectores marginados o excluidos o postergados a la ciudadanía nacional, a un sistema que no les sea ajeno sino propio. Como el nuevo pacto social que les permita incorporarse.

Podemos decir que esa exclusión se expresa concretamente en la informalidad. Es una exclusión del sistema formal, del Estado legal, que es el sustento de la exclusión social y cultural, de la discriminación y el racismo. Un mercado integrador gracias a una formalidad incluyente, sería un gran igualador y desprejuiciador, un gran creador de prójimos.

Y se expresa también en la exclusión de los servicios públicos, ineficientes y capturados por grupos de interés. Es decir, del Estado social.

Pero ambas exclusiones no se resuelven con una nueva Constitución, sino con la reforma de la formalidad y del Estado, de la salud y la educación. Nuevamente, eso es mucho más difícil que poner palabras en un texto. La Constitución y la ley, más bien, al regular derechos tan difíciles de alcanzar que solo una minoría los puede disfrutar, se vuelven excluyentes. Consolidan y agravan la injusticia.

La Constitución como truco simbólico para acumular poder

En los últimos veinte años las nuevas constituciones en américa latina han tenido esas consecuencias. Pero no solo han agravado la pobreza y la desigualdad, sino que han servido para suprimir libertades. Con el señuelo de diseñar el paraíso social, han sido usadas por los gobernantes para acumular poder, suprimir controles horizontales, disolver los congresos, capturar las cortes judiciales y los poderes electorales.

Esto no solo por el texto que aprueban –por lo general estatista- sino desde el proceso mismo de convocatoria a asambleas constituyentes. Para hacerlo y conseguir mayoría en ellas, los gobernantes movilizan a sectores y organizaciones sociales, hacen populismo económico y político y revientan la caja fiscal.  Una vez instaladas, suelen desplazar o disolver el Congreso y absorber sus funciones. Su poder es omnímodo, absoluto. Mientras duran, todos los derechos y las reglas de juego quedan en suspenso. Y el tirano se aprovecha. Pesca a río revuelto. 

Se convierten en la práctica en la cobertura perfecta para la corrupción y para retroceder en la reforma del Estado y de los servicios públicos.

Me pregunto si será posible sentarse a conversar con los impulsores de una nueva Constitución sobre las razones o los sentimientos o las percepciones que los han llevado a plantearla. Si será posible una discusión seria y racional sobre fines y medios. Sobre cuáles serán los mejores medios para alcanzar los fines que persiguen, siempre y cuando no se trate simplemente de la captura del poder total. Lampadia




“El 28 de julio pediremos al Congreso que agende instalación de la Asamblea Constituyente”

“El 28 de julio pediremos al Congreso que agende instalación de la Asamblea Constituyente”

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El mismo día que Pedro Francke, el eventual encargado del tema económico en Perú Libre se reunía con un grupo de banqueros y les decía todo lo que ellos quieren escuchar, el líder del partido, Pedro Castillo, se reunió con miembros del magisterio para afirmar, entre otras cosas, que su primer anuncio, el 28 de julio, sería para pedir la instalación de una asamblea constituyente.

Ver la presentación de Castillo (abajo a la izquierda) y el detalle sobre el anuncio de la asamblea constituyente (abajo a la derecha).

https://youtu.be/0-uXgisZdS0                                         https://youtu.be/aOI80z14k08​

Castillo planea ir adelante forzando el cambio de Constitución con una asamblea integrada por representantes de las llamadas organizaciones populares, cuya especialidad es redactar constituciones del corte del ‘albismo’ o del ‘socialismo del siglo xxi’.

Esto iría en contra de la opinión de la inmensa mayoría de peruanos. Ver el cuadro de la última encuesta de Datum, que destaca que el 77% de la población se opone a un cambio completo de la Carta Magna, y un 79% de los jóvenes de 18 a 24 años, opina igual.

Como hemos explicado el Lampadia, ver: Cambio de Constitución – Un inmenso daño al Perú, cambiar de Constitución sin salir de la crisis de la pandemia es un sabotaje al país, especialmente a los pobres, que necesitan se active la economía, se genere empleo y mejoren los ingresos.

Ir por la convocatoria a una constituyente muestra, sin lugar a dudas, que la agenda de Perú Libre y Castillo, no es una agenda de gobierno, sino una agenda política para hacerse del poder absoluto.

Ante la eventualidad de un gobierno de Castillo, nos quedan pocos días para prepararnos a resistir semejantes planteamientos. No podemos flaquear, ni dejarnos engañar con discursos paralelos.

Líneas abajo compartimos la nota web de Gestión:

Gestión, 02 de julio de 2021
Glosado por Lampadia

El candidato presidencial de Perú Libre dijo que no es un “mago para resolver todos los problemas del país”, pero que su primer paso será redactar una nueva Constitución.

Foto: Joel Alonzo/@photo.gec

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, -quien aún no ha sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones-, aseguró que le pedirá al nuevo Congreso de la República que agende la instalación de la Asamblea Constituyente, a fin de redactar una nueva Constitución Política.

En una reunión que sostuvo con integrantes del magisterio y que fue transmitido por sus redes sociales, indicó que dicho petitorio lo hará en su primer mensaje a la Nación ante ese poder del Estado el próximo 28 de julio.

“El 28 de julio, iniciando el mensaje a la Nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer con el pueblo la primera Constitución del pueblo, expresó.

Hay que hacer una Constitución digna. Regresemos a nuestras provincias para que el agricultor, el comerciante, el maestro, entre otros, participen en la convocatoria. La lucha recién comienza. El Perú necesita un cambio estructural”, afirmó.

Durante la campaña electoral, el candidato dijo que respetaría la actual constitución hasta que el pueblo lo decida y en esa línea parece que sería el primer pedido en medio de la pandemia por COVID-19 y la crisis económica del país.

Primer paso, redacción de una nueva Carta Magna

El candidato dijo que no es “un mago” para resolver todos los problemas del país, pero recalcó que un primer paso será la redacción de una nueva Carta Magna.

Preparémonos no solo para estar en este Gobierno sino para sostenerlo y para que más adelante se siga dando la oportunidad al pueblo. El 28 de julio, no me voy a convertir en un mago para resolver todos los problemas que tiene el país porque la actual Constitución me tiene atado”, puntualizó.

Hay que cambiar esta Constitución porque el pueblo no la hizo. Tenemos que tener una Constitución con olor, color y sabor del pueblo. No es necesario de hacer una Constitución con tantos artículos y capítulos. Frente a eso, que todos los sectores tengan la oportunidad y sean escuchados. Les pido ser vigilantes del Gobierno. No lo vamos a fallar ya que tenemos toda una agenda”, anotó.

¿Cambió de discurso?

Cabe recordar que durante la campaña presidencial, específicamente Castillo dijo que sería respetuoso la Constitución de 1993 y sus instituciones hasta que se convoque al referéndum para definir la convocatoria a una Asamblea Constituyente por una nueva Carta Magna.

“Vamos a ser respetuosos de esta Constitución y sus instituciones hasta que el pueblo lo decida”, dijo a inicios de junio un mitin realizado en la plaza Dos de Mayo, en el Centro de Lima.

En la misma, agregó su propuesta de convocar a un referéndum para una nueva Constitución y nacionalizar el gas de Camisea.

Referéndum en paralelo

Al mismo tiempo Pedro Castillo daba su mensaje a los maestros, el congresista electo de Perú Libre, Guillermo Bermejo brindaba declaraciones para anunciar que recolectará firmas para realizar un referéndum por Asamblea Constituyente.

«Esta constitución se olvidó de los derechos de las mayorías y todos los peruanos lo tenemos en claro. (…) Fue refrendada en un fraude electoral, creo que eso también todos los peruanos recuerdan”, añadió.

El mensaje es claro en Perú Libre, en la alienación de Pedro Castillo y Guillermo Bermejo por impulsar, desde el Congreso o vía referéndum el cambio de la Carta Magna.

“Hemos tenido en estos días llamadas maravillosas de decenas de organizaciones populares que se van a sumar, cada uno desde distintos rincones de la patria, a la recolección de las firmas. Hay que explicarlo rápidamente […] el planillón es bastante claro […] dice con claridad ‘Referéndum para que se consulte a la ciudadanía electoral del Perú para reformar de manera total la Constitución Política del país del año 1993 a cargo de una Asamblea Constituyente’”, sostuvo.

En conferencia de prensa Guillermo Bermejo estuvo acompañado de la Mesa de Abogados por la Democracia, un grupo de abogados que apoyan esta medida, que semanas atrás ha sido cuestionada por constitucionalistas.

Para esta tarea el legislador electo señaló que necesitan recolectar aproximadamente dos millones y medio de firmas; sin embargo, se comprometió a la entrega de cinco millones.

El camino para reformar la Constitución

La Constitución del 93 -cabe destacar- ya contempla la forma para su reforma, específicamente en su artículo 206, en el que establece que el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, debe aprobar toda reforma constitucional y esta decisión tiene que ser ratificada mediante referéndum.

Una segunda opción es omitir el referéndum, siempre y cuando el cambio constitucional sea aprobado en dos legislaturas sucesivas con no menos de los dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. Lampadia




La coherencia que falta

La coherencia que falta

Jaime de Althaus
Para Lampadia

No cabe duda que la solicitud de Pedro Castillo a Julio Velarde de permanecer en la presidencia del BCR, es un mensaje inteligente que ayuda a aliviar la ansiedad que produce la perspectiva de un eventual gobierno suyo. Pero ese pedido de plaza debería ser confirmado por una gestión personal para persuadir a Velarde de dar marcha atrás en su decisión de dejar la conducción del órgano emisor. Porque es obvio que su presencia allí sería la mejor garantía posible de un manejo monetario serio y confiable. El país lo necesitaría.

Ahora bien, la estabilidad monetaria es fundamental, y es la base del crecimiento, pero para crecer se requiere además estabilidad de buenas reglas de juego, que favorezcan la inversión y el empleo.

En ese sentido, la frase completa de Castillo en la manifestación aporta algunos elementos: “No somos comunistas, somos democráticos, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Somos respetuosos de esta Constitución y, en ese contexto, pido al doctor Julio Velarde que su trabajo sea permanente en el Banco Central de Reserva. Es necesario no solo para tranquilidad económica, sino para abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”.

Es evidente que la gobernabilidad y el respeto a la institucionalidad y a la Constitución son fundamentales para crecer y reducir la pobreza. Nos preguntamos si debemos tomar esa enunciación como un nuevo compromiso, uno positivo, dirigido a enmendar la propuesta de una asamblea constituyente, una idea mítica cuya concreción sería el más eficaz sabotaje posible a la recuperación económica y al crecimiento sostenido. A los propios planes que el vocero económico del señor Castillo ha anunciado.

Lamentablemente no podemos tomar esa declaración de respeto institucional y constitucional como definitiva. Porque tan solo dos días antes, en el Cusco, Pedro Castillo prometió a los gobernadores regionales allí reunidos que serán convocados a formar parte de la Asamblea Constituyente. “Pido a ustedes como gobernadores sean los primeros convocados para que participen en la próxima Asamblea Constituyente para que en una Constitución que así lo diga el pueblo, la salud y educación sean derechos fundamentales”.

Es imposible respetar la Constitución vigente y al mismo tiempo proponer una Asamblea Constituyente, que no existe en la Carta Magna. Menos aún una conformada por personas u organizaciones designadas prácticamente a dedo por el gobernante, como –adelantándose- hizo Castillo en el Cusco al convocar a los gobernadores a integrar la presunta futura Asamblea. En una democracia representativa no cabe una asamblea compuesta por grupos de interés o colegiados de ningún tipo, sino solo por representantes elegidos mediante voto popular.

No solo eso. El día sábado pasado, en una reunión con líderes del Foro de sao paulo, Castillo dijo “La corrupción es inherente a su Constitución o modelo económico, que tenemos que cambiar”, y arremetió contra el Tribunal Constitucional. Ver en Lampadia: Cambio de Constitución – Un inmenso daño al Perú.  

El otro elemento interesante en el discurso del profesor fue la idea de que la continuidad de Velarde permitiría “abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”. Muy bien. Pero entre esas inversiones grandes estarían, primeras en la fila, Tía María y Conga, que él mismo ha descartado. Debería revisar esa negativa y proponerse la posibilidad de sacarlas adelante con los recursos de inversión social, ambiental y productiva que proporcionarían las mayores regalías o impuestos que se cobraría la minería, ofreciendo a las poblaciones liderar un programa de desarrollo integral financiado precisamente con esos mayores recursos. Pondría a prueba su liderazgo social, para hacerlo posible. Lampadia




La izquierda quiere volver a empobrecer a los maestros

La izquierda quiere volver a empobrecer a los maestros

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Walter Aduviri quiere una nueva Constitución. No solo él, buena parte de la izquierda desea lo mismo. Hasta el ministro de Justicia, Vicente Zevallos, se ha sumado. No les gusta el capítulo económico de la Carta Magna. No quieren la relativa libertad económica que allí se establece. Anhelan un Estado más grande, más presente en la economía, un Estado empresario y dirigista, que ellos quisieran manejar con superpoderes. Es decir, algo parecido a lo que tuvimos con Velasco Alvarado, porque no hay una tercera vía.

Pero veamos, por ejemplo, el efecto que tuvo ese añorado modelo en un sector muy vinculado a sus bases, el educativo. El siguiente cuadro, tomado de una investigación de Cesar Guadalupe y otros de la Universidad del Pacífico, muestra la evolución del gasto público por estudiante entre 1950 y el 2015, gasto público que refleja principalmente el salario de los maestros.

Como vemos, en el gráfico, el gasto público anual por estudiante subió aceleradamente entre 1950 y 1966, cuando teníamos un modelo de crecimiento que algunos denominan peyorativamente “primario exportador”. El giro hacia el modelo proteccionista, intervencionista y estatista comenzó a darse, como sabemos, hacia finales del primer gobierno de Belaunde, pero alcanzó su esplendor en los 70 con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y llegó al éxtasis durante el primer gobierno de Alan García, creador del dólar MUC, de controles de precios y del intento de estatizar la banca. Pues bien, durante esas dos décadas de gran impulso socialista es que se produce la caída abismal del gasto público educativo, que, repetimos, expresa principalmente el desplome de las remuneraciones de los maestros. ¿El Sutep quiere regresar a esas épocas?

El gasto en educación –y por lo tanto los salarios magisteriales- recién empieza a recuperarse a partir de los 90, justamente después de la nueva Constitución del 93 que cambia el modelo económico y pasa a una economía más libre, menos intervenida y con menos empresas públicas, ya privatizadas. Esta nueva economía, más productiva, genera más excedentes y más impuestos, que permiten empezar a recuperar el gasto social, educativo en este caso.  

Nótese que el gasto por estudiante de 1970 recién se recupera el 2007. ¡Perdimos 37 años! Peor aún, si vemos bien el gráfico, advertimos que el nivel de 1966 recién lo recuperamos el 2013, ¡47 años después! La izquierda quiere regresar a un tipo de Constitución que nos hizo perder casi 50 años de desarrollo educativo y magisterial, y pide el cambio de aquella que ha permitido no solo recuperar sino superar los máximos niveles anteriores. No solo eso: ¿cuánto estaría ganando un maestro ahora si el Perú no se hubiese desviado hacia la izquierda en su modelo económico? Habría que hacer la proyección.

Pero en el caso de Aduviri debe haber una confusión, porque en su plan de gobierno explica que su propuesta “implica insertarnos en base a nuestras tradiciones dentro de una economía libre de mercado y el proceso de globalización… Pero las condiciones de libre mercado y la inversión privada, no debe implicar que se destruya nuestro medio ambiente, se nos robe nuestros recursos, se nos robe nuestras oportunidades de desarrollo, se nos robe nuestra cultura”. ¿Aduviri adhiere al libre mercado? De hecho, Puno es una tierra de capitalistas emergentes. No solo eso. Su plan plantea “…formalizar nuestra economía en una región el 80% es excluida por la falta de comprensión del estado”. Y allí da en el clavo.

Lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo desde el gobierno de Ollanta Humala pero en alguna medida también desde antes, es que ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad. La Constitución se está asfixiando, como escribió Lampadia. Las actividades económicas, las empresas, están cada vez más trabadas por una profusión de normas que las ahogan y les impiden despegar. Probablemente a eso se refiere el plan de gobierno de Aduviri: el 80% de la economía es excluida por normas tributarias, laborales, sectoriales y administrativas de todo tipo que impiden trabajar porque imponen una carga demasiado  costosa en tiempo y dinero.

De lo que se trata es de tirar esa carga por la borda y derogar esas leyes y normas absurdas para facilitar los negocios y las inversiones y devolverles cancha libre. Se trata de dejar respirar nuevamente a la Constitución. Coincidimos completamente con Aduviri en ese punto.

Lo que no se entiende, en ese marco, es su posición frente a la inversión  minera. Quisiera aplicar el modelo boliviano, que es la sobrecarga absoluta, impuestos y regalías prohibitivas, salvo acaso para el que ya está produciendo, al que no le queda más remedio que tirar para adelante, si es que puede. Pero no solo carece de facultades para eso como gobernador regional, sino que con dicho modelo lo único que lograría, si pudiera aplicarlo, es que nadie invierta. Adiós al magnífico proyecto de Corani, que es un  modelo de desarrollo comunal y tiene el respaldo pleno de las comunidades (ver en Lampadia: El secreto de la minería peruana), y adiós al proyecto del litio, que puede traer grandes beneficios a la región y al país.

Si impidiera esas inversiones estaría agregando dos graves daños adicionales al país y a su propia gente, cuando todavía no ha pagado por el primero, que fue la movilización que detuvo el proyecto Santa Ana y destruyó propiedad pública y privada en Puno. No ha expiado hasta los delitos cometidos ni menos ha reembolsado los 108 millones de soles que, como recuerda Fernando Rospigliosi en El Comercio,[1] ahora el Estado peruano debe pagarle a Bear Creek a consecuencia de esa asonada. Lampadia




Es indispensable consolidar el gobierno de Vizcarra

Como muchos, en Lampadia tenemos observaciones importantes sobre la designación de algunos ministros y sobre otros indicadores de la orientación del gobierno de Martín Vizcarra. Pero, habiendo atravesado en las últimas semanas una profunda crisis política, luego de largos meses de desgobierno y pérdida de confianza en el futuro por parte de la población, consideramos que es muy importante apoyar, por sobre toda otra consideración, la indispensable y urgente consolidación del gobierno.

Ya habrá tiempo para analizar, criticar y proponer cambios, que, según nuestros análisis previos, asumimos que serán recibidos por gobernantes con vocación de escuchar y dialogar.   

El Perú ha superado riesgos muy graves de interrupción de la democracia y de respeto a la Constitución. Logramos que la toma de mando del Presidente Martín Vizcarra se diera respetando todos los cánones de la Carta Magna y mostrando un gran nivel de madurez y tranquilidad, tanto en el sentir popular, como en los indicadores económicos.

El gabinete presidido por Cesar Villanueva aún no cumple una semana de instalado, pero los enemigos del recién estrenado gobierno, están en campaña para desprestigiar al premier y para malograr las relaciones del Ejecutivo y al Congreso.

Efectivamente, hemos superado riesgos de gobernanza extremos, que hubieran retraído toda capacidad de recuperación de los caminos de la prosperidad.

Desde el punto de vista popular, la transferencia de mando se dio con mucha tranquilidad y con la aprobación masiva de los ciudadanos.

Asimismo, como Diego Macera tituló su última columna en El Comercio, ‘Ni pestañeó’, la economía no mostró ninguna inquietud. Más bien se recuperó la Bolsa de Valores y bajó el tipo de cambio.

Sin embargo, la prensa ideologizada como El País de España, según lo reportado por la insidiosa Jacqueline Fowks, presentó un país convulsionado.

En el equipo de PPK, el congresista Juan Sheput, su vocero, es el más belicoso contra Vizcarra y Villanueva. El se pasea por los medios sembrando un ambiente negativo alrededor del gobierno. Además, no le da la gana de entender que el Presidente Vizcarra ha anunciado el “fin de la política de odio y confrontación”. Una declaración del Presidente que estaba referida específicamente a la política del ppkausismo, de polarizar con Fuerza Popular. Pero Sheput sigue confrontando.

De igual manera, la segunda vicepresidente y congresista, Mercedes Aráoz, no ha registrado el fracaso de sus poco democráticas maniobras para sacar del juego al Primer Vicepresidente Vizcarra en los albores de la renuncia de PPK. Aráoz, sigue enfilando sus baterías contra el ahora Presidente Vizcarra y su primer ministro Villanueva, y hasta pretende imponer sus ideas al nuevo gobierno.

Aráoz niega todo …

Pero su ambición la traiciona…

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el triste rol de varios medios de comunicación, como Canal N y RPP, donde connotados miembros de su plana periodística no pierden oportunidad para debilitar el novel gobierno, máxime en un contexto como el indicado líneas arriba. Para ellos, Fuerza Popular sigue representando una suerte de fuerza invasora extranjera a la que hay que combatir y evitar cualquier acercamiento del partido mayoritario del Congreso, con el Ejecutivo que ha determinado el fin del odio y la confrontación.

La cosa llega a tal punto, que el Ejecutivo se ve acorralado políticamente, y pisa el palito del mantenimiento de brechas políticas con Fuerza Popular, con declaraciones inconducentes a la afirmación de la política de convergencia. Si bien estas declaraciones pueden haberse originado por un error de Perú21, que reportó consultas del gobierno con el congresista Torres de FP (que no se dieron); el tono, las palabras y el mensaje de Villanueva hacen ver, los eventuales contactos con FP como algo indebido, alimentando a los enemigos internos y a los medios desestabilizadores.

En este ambiente, los medios extremistas llegan a plantear barbaridades…

En nuestra opinión, quienes promueven estas acciones de discordia y divergencias, merecen una severa llamada de atención.

La situación del país requiere responsabilidad y consecuencia con los más importantes intereses de la Nación, convergencia política, tranquilidad de la población y recuperación de la economía. Lampadia




¿Cómo prevenir la confrontación de poderes y facilitar la gobernabilidad?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Habiendo terminado el largo proceso paralizante de las vacancias con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, es el momento de discutir qué es lo que no funciona y debería cambiarse en nuestro sistema constitucional a fin de que, más allá de los errores de los actores, esta clase de situaciones de entrampamiento estéril entre Poderes no se repitan.

Nosotros hemos argumentado en estas mismas páginas que una institución como la vacancia por incapacidad moral permanente debería ser eliminada o acotada, porque al tratarse de una causal tan indefinida y subjetiva, se presta a la arbitrariedad de la mayoría. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo, terminó convirtiéndose –antes de que renunciara- en una salida conveniente e inevitable al problema de falta de credibilidad y de autoridad moral que se fue agravando a partir de la primera vacancia. Pero hay que decir que fue el propio proceso de vacancia el que sumió en un agujero negro al ex Presidente. Es decir, la vacancia fue una salida útil a un problema generado por la propia vacancia y por la incapacidad de respuesta satisfactoria del ex Presidente.

En otras palabras, descubierta una mentira del Presidente, y existiendo la ventana abierta de la vacancia, era imposible que los grupos opositores no ingresaran por ella. Y una vez que entraron, el descubrimiento continuo de más hechos incriminatorios no haría sino empeorar la situación del ex Presidente. Si no hubiese existido la institución de la vacancia por incapacidad moral, simplemente no se hubiese abierto el caso porque habría funcionado la disposición según la cual el Presidente no puede ser acusado por infracción constitucional o delito sino hasta después de su mandato.

Una manera de darle consistencia jurídica a la vacancia sería convertirla en el impeachment norteamericano, que es un juicio que realiza el Congreso por supuestos delitos cometidos por el Presidente. Pero tienen que ser probados, lo que reduce el grado de arbitrariedad.  Eso equivale a lo que en nuestro ordenamiento es la acusación constitucional, regida por el artículo 99° de la carta Magna que dice lo siguiente:

“Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.  

Pero, como sabemos, el Presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato ni por delito ni infracción constitucional alguna, sino solo, según Artículo 117°, “….por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

El Presidente, pues, está blindado. Una reforma podría consistir precisamente en acotar la vacancia por incapacidad moral permanente a “incapacidad mental permanente” y a problemas de conducta, como señala Domingo García Belaunde, y permitir la acusación constitucional contra el Presidente por infracciones constitucionales o delitos cometidos durante su mandato, siempre y cuando este impeachment sea realmente serio. Lo que no tiene sentido es blindarlo como lo hace el art. 117º y al mismo tiempo abrir la puerta falsa de la vacancia por incapacidad moral, que carece totalmente de debido proceso porque ni siquiera tiene tipificación.

Disolver el Congreso sin expresión de causa

Salvo que se la use como una salida ante una situación de entrampamiento entre poderes, como en alguna medida ocurrió ahora. En ese caso, si la institución de la vacancia por incapacidad moral permanente es, en la práctica, entonces, un mecanismo político para resolver un conflicto de poderes, vacando precisamente a una de las partes (aunque el vicepresidente asuma), esa facultad del Congreso, si la mantenemos, debería estar compensada con la facultad presidencial de disolver el Congreso sin expresión de causa en el momento en que lo considere conveniente el presidente de la República, llamando inmediatamente a elecciones con la finalidad de buscar una nueva mayoría que lo respalde o, en su defecto, si no lo consigue, con la obligación de designar como presidente del Consejo de Ministros al jefe de la mayoría opositora, estableciéndose de esa manera la cohabitación en el gobierno. Para que esto funcione, sin embargo, debería modificarse también la ley para que todo candidato a la presidencia pueda ser candidato al Congreso a la vez, a fin, de paso, que en el Congreso estén los líderes de los partidos pueda ser un verdadero foro político en el que sea más fácil la concertación.    

El Congreso, sin embargo, ha modificado su Reglamento en el sentido contrario, restringiendo la cuestión de confianza y la facultad presidencial de disolver el Congreso.  Medida absurda que, como un boomerang, se volverá contra sus autores cuando, en el futuro, sean gobierno y que, de hecho, podría dificultar al Presidente Vizcarra alguna oxigenación de su gobierno en el futuro vía la renuncia de su Premier, porque en ese caso tendría que cambiar al gabinete entero. Esta resolución legislativa debe ser derogada.

Elección del Congreso luego de la segunda vuelta

De lo que se trata es de diseñar un sistema de reglas que prevenga que se den estas situaciones extremas -la vacancia presidencial o la disolución del Congreso- y que facilite la gobernabilidad. Un sistema de reglas que propenda a que los gobiernos tengan mayoría en el Congreso. Para eso, el sistema más limpio es el Parlamentarista, donde el Ejecutivo tiene mayoría por definición, pues nace de la mayoría del Congreso. El Primer Ministro es el líder de la mayoría parlamentaria.

Dada nuestra tradición presidencialista –aunque nuestro presidencialismo tenga claros elementos parlamentaristas como la censura de ministros y la disolución del Congreso a la segunda censura del gabinete-, sería difícil alcanzar consenso para pasar a un régimen enteramente parlamentarista. Pero si podemos adoptar la reforma francesa de la elección del Congreso con o después de la segunda vuelta. Eso da muchas más probabilidades de que el Ejecutivo cuente con mayoría, salvo que la ciudadanía deliberadamente juzgue que no debe darle mayoría al Presidente electo.

La insistencia

Mientras tanto, un cambio necesario para el que basta una ley consiste en elevar el número legal de votos necesario para la insistencia en un proyecto observado por el Ejecutivo, de la mitad como es ahora, a los 2/3 del Congreso, como ocurre en la mayor parte de países presidencialistas. Sobre todo, si se mantiene el Congreso Unicameral, que es capaz de aprobar medidas populistas sin contrapeso efectivo.

Canjear voto preferencial por distritos electorales pequeños

Ahora bien, elegir al Congreso luego de la segunda vuelta permite, de paso, apuntar a la reducción del número de partidos, que es importante porque la fragmentación y la volatilidad partidarias son un problema precisamente para la formación de mayorías y para la consolidación de una clase política profesional y relativamente estable.

Y una reforma necesaria para ayudar a la reducción del número partidos es la eliminación del voto preferencial y su sustitución por un sistema de distritos electorales pequeños, uni o bi nominales. Este sistema no solo tiene la ventaja de restablecer la conexión entre los electores y sus representantes, dándole contenido real a la democracia, sino que lleva, por ingeniería política, efectivamente a la reducción del número de partidos, dado que las agrupaciones pequeñas tenderán a no ser elegidas en ninguna circunscripción salvo que se junten con otras para que en el reparto le toque la candidatura a un número determinado de distritos electorales.

Como escribí en una columna reciente en El Comercio, en la política no funciona la ley del mercado de Adam Smith, que persiguiendo cada uno su propio beneficio consigue el beneficio colectivo. En la economía, si uno triunfa, triunfan todos, pues el éxito de uno no se da a costa de la derrota de los demás. No es un juego de suma cero. En la política, en cambio, uno triunfa a costa del otro. Las elecciones son un juego de suma cero. De lo que se trata es evitar que el triunfo sea absoluto: hay que ponerle límites al triunfador. De allí la división de poderes. Pero esos límites tampoco deben llevar a paralizarlo. Se trata de lograr un diseño adecuado del sistema electoral y de la relación de poderes que tienda a fomentar la gobernabilidad y la colaboración y prevenga situaciones de confrontación.

Comisión de Constitución

Ahora bien, ¿está el Congreso en este momento encaminado a discutir a aprobar esta clase de reformas constitucionales y legales? En principio, podría estarlo, porque ya terminó de legislar las medidas urgentes de reforma electoral necesarias para regular el proceso electoral regional / municipal que se realizará en octubre de este año.

Además, la comisión de Constitución tiene en agenda un conjunto de temas que apuntarían a la mayor parte de las reformas antes señaladas. El problema es aparecen como temas desarticulados entre sí y con muy distinto nivel de desarrollo.

Por ejemplo, existen iniciativas para el retorno a la bicameralidad, lo que estaría muy bien por razones que ya hemos explicado en otras contribuciones, pero es una reforma que no puede verse de manera aislada sino de manera orgánica junto con la eliminación del voto preferencial para la elección de la cámara de diputados y la creación de un sistema de distritos electorales más pequeños, tal como hemos señalado. En el anexo vemos como la eliminación del voto preferencial aparece recién en el penúltimo lugar de una lista tentativa de temas. 

ANEXO

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO

PERIODO 2016-2021

REFORMA ELECTORAL: ESTADO SITUACIONAL

PRIMERA ETAPA: LAS REFORMAS URGENTES CON MIRAS A LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

  • ¿Cuántas leyes se han emitido hasta la fecha?

Hasta la fecha, se aprobaron 6 leyes de reforma electoral que resultarán de aplicación al proceso de elecciones regionales y municipales 2018:

  1. Inmodificabilidad de normas electorales: Ley 30682.
  2. Cronograma electoral: Ley 30673.
  3. Fortalecimiento de organizaciones políticas permanentes (eliminación de organizaciones políticas locales): Ley 30688.
  4. Fllexibilización de requisitos para ser candidatos (nacidos pueden postular en elecciones regionales y municipales): Ley 30692.
  5. Financiamiento de organizaciones políticas: Ley 30689.
  6. Impedimentos para ser candidato: Ley 30717.
  • ¿Qué temas lograron dictaminarse en la Comisión de Constitución y Reglamento pero no llegaron a ser aprobadas, aún, en el Pleno del Congreso, por lo que no resultarán de aplicación al proceso de ERM 2018?

Se quedaron en el camino dos (2) dictámenes aprobados por la Comisión de Constitución y Reglamento:

  1. Incremento del porcentaje mínimo de votos para ganar una elección de gobernador y vicegobernador regional (valla regional): Dictamen de allanamiento aprobado en la Comisión de Constitución en cuarto intermedio en el Pleno del Congreso.
  2. Democracia interna: Dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento pendiente de ser incorporado en la agenda del Pleno del Congreso de la República.
  • ¿Qué temas estaban consignados en la agenda priorizada de la primera etapa de la reforma electoral de la Comisión de Constitución y Reglamento, no lograron a ser dictaminados y, en consecuencia, no serán de aplicación al proceso de elecciones regionales y municipales 2018?

Quedaron pendientes dos (2) grandes e importantes temas en carpeta, los cuales deberán ser debatidos necesariamente en la tercera etapa de la reforma electoral, en la cual se debatirá el proyecto de Código o Ley Electoral.

  1. Cuota de género (alternancia y paridad): Se remitió con una citación a sesión de la Comisión de Constitución un proyecto de dictamen (solo con alternancia), pero no se llegó a someter a debate.
  2. Representación nativa (aplicación de cifra repartidora diferenciada para garantizar presencia de nativos en los consejos regionales): No se llegó a elaborar ningún proyecto de dictamen.

SEGUNDA ETAPA: LAS REFORMAS NECESARIAS (FUNDAMENTALMENTE INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL).

  • ¿Qué temas ya se han debatido y dictaminado en la Comisión de Constitución?

Hasta la fecha, la Comisión de Constitución y Reglamento ha emitido tres (3) dictámenes sobre temas relacionados con la segunda etapa de la reforma electoral:

  1. Vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales: Dictamen aprobado por la Comisión de Constitución pendiente de ser agendado en el Pleno del Congreso, previa coordinación con la Comisión de Descentralización, que también ha dictaminado, de manera separada, los mismos proyectos de ley. // Dicho tema es importante que se vea en la segunda etapa porque es necesario que los candidatos sepan bien “a qué se meten” y por qué supuestos pueden ser vacados o suspendidos del cargo. // Con dicho dictamen se pretende uniformizar las causales de vacancia y suspensión tanto a nivel regional como municipal, fundamentalmente.
  2. Ampliación del mandato del jefe de la ONPE: Dictamen aprobado por la Comisión de Constitución (con reforma legal) pendiente de ser agendado en el Pleno del Congreso. // La iniciativa dictaminada era de reforma constitucional, pero la Comisión, atendiendo a las opiniones técnicas, propone que si el mandato del jefe de la ONPE vence en un proceso en trámite, el mismo se prorrogue hasta que termine el proceso.
  3. Elección del Defensor del Pueblo por voto popular: Dictamen (negativo) aprobado por la Comisión de Constitución pendiente de ser ingresado en la agenda del Pleno.
  • ¿Qué temas correspondientes a la segunda etapa de la reforma electoral se encuentran pendientes de ser debatidos en lo que resta del periodo 2017-2018 (marzo-junio 2018)?

Las iniciativas de reforma constitucional pendientes de ser debatidas en la Comisión de Constitución y Reglamento, versan sobre los temas siguientes:

  1. Requisito de residencia efectiva para ser candidato a Presidente de la República: El proyecto de dictamen (negativo) está listo, pero como no se programó a sesión para el martes 9 de enero de 2018, ya no se llegó a ver.
  2. Bicameralidad.
  3. Ampliación del número de congresistas (en un Congreso unicameral): Hay propuestas que proponen incrementar de 1 a 5 miembros.
  4. Renunciabilidad del cargo de congresista: Cabe recordar que el cargo de Presidente de la República sí es renunciable.
  5. Límites a la reelección indefinida de congresistas: Las iniciativas proponen que solo puedan ser elegidos dos veces consecutivas.
  6. Candidato a Presidente al mismo tiempo candidato a congresista.
  7. Renovación por mitades del Congreso.
  8. Designación de representantes ante el Parlamento Andino por el Congreso: Iniciativa de reforma legal que está pendiente de las opiniones de Relaciones Exteriores y del representante peruano del Parlamento Andino (Mariano Gonzáles), porque ya se efectuaron los reiterativos de los pedidos de opinión.
  9. Ampliación del mandato de autoridades regionales y municipales (5 años).
  10. Restablecimiento de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales.
  11. Voto facultativo a menores de 16 y 17 años.
  12. Suspensión de ciudadanía a condenados en segunda instancia.

Nota: Al ser casi todas reformas constitucionales, la primera votación en el Pleno debería llevarse a cabo en el periodo 2017-2018 (marzo-junio 2018).

TERCERA ETAPA: LAS REFORMAS IMPORTANTES Y LA CODIFICACIÓN ELECTORAL

  • ¿Qué temas se debatirán en la tercera etapa de la reforma electoral?

En esta etapa se debatirán las iniciativas legislativas del JNE y de la congresista Patricia Donayre, que proponen la aprobación de un Código o Ley Electoral, en virtud del cual se debatirán, otras iniciativas legislativas y propuestas, sobre:

  1. Elección de congresistas en fecha distinta a las presidenciales: Con la segunda vuelta presidencial.
  2. Elección de congresistas por distritos uninominales: Aunque la iniciativa es de reforma constitucional, en estricto, el  tipo de votación corresponde que esté a nivel legal.
  3. Creación del distrito electoral peruanos residentes en el exterior: En el periodo 2017-2018 (setiembre 2017) se puso a consideración de la Comisión de Constitución y Reglamento un proyecto de dictamen, pero este quedó en cuarto intermedio por falta de consenso.
  4. Exigencia de presentación de listas en elecciones regionales y municipales para no perder la inscripción de la organización política: La congresista Alcorta y otros congresistas de FP proponían que se presenten listas en todas las circunscripciones y APP en la tercera parte del total de circunscripciones; pero ello no obtuvo consenso en el comité político de FP, por ello no logró incorporarse en la Ley de cronograma electoral ni en la Ley de eliminación de organizaciones locales.
  5. Requisitos para inscribir organizaciones políticas: Las iniciativas legislativas apuntan a reemplazar el requisito de adherentes por los afiliados; exigencia de mayor número de comités, entre otros.
  6. Declaraciones juradas de vida.
  7. Eliminación del voto preferencial.
  8. Creación de Jurados Electorales Especiales permanentes: para que vean en primera instancia jurisdiccionales temas relacionados con la inscripción de organizaciones políticas y asientos registrales, vacancia y suspensión de autoridades.
  9. Reformulación de la franja electoral.

Nota: Hay temas que no están atados a las reformas constitucionales, por lo que podrían comenzar a ser debatidos desde el inicio del periodo 2018-2019; pero los temas trascendentes deberían comenzar a verse, recién, luego de que se aprueben en segunda votación (o se rechacen) las iniciativas de reforma constitucional. // En principio, la tercera etapa de la reforma electoral debería terminar en junio 2019 (en Comisión).