Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

¿Quién no ha jugado a resolver el cubo Rubik? Casi todos hemos pasado por esa experiencia y sabemos que, al ser un problema tridimensional, puede ir desordenándose por varios lados, mientras vamos trabajando el objetivo final, aunque, mientras tanto, el observador externo no entienda lo que está pasando en ese desorden aparente, que sólo entiende el ejecutor del juego.

Esto es exactamente lo que está ocurriendo en el Perú del 2021, tenemos unos movimientos raros, con gente de pensamiento extraño, que aparentemente no son adecuados, ni sirven a los propósitos de un observador ordenado y acostumbrado a los manejos personales y empresariales estructurados.

En primera instancia, un individuo que no puede expresar correctamente algunas pocas ideas, designa un gabinete con gente incapaz de trabajar en equipo, ni de sostener un mismo plan y mensaje, que se contradicen entre ellos y lo más preocupante, con tres perlitas; un canciller que debió renunciar a los pocos días, un premier incoherente y díscolo, digno de personificar al Tío Lucas de la serie “Los locos Adams” y un ministro de trabajo, cuando menos filosenderista, que nadie entendía cómo había llegado a ese puesto, ni para qué.

Renunciado ese primer gabinete, nos queda claro, ahora, que el rol de Maraví era formalizar al FENATEP, sindicato creado por el “prosor” y ponerlo en competencia con el SUTEP, mientras el “Tío Lucas” distraía a la ciudadanía con sus mensajes disparatados.

Ahora, el gabinete presidido por Mirtha Vásquez, que ha presentado un plan de gobierno burocrático e intrascendente, cuenta también con algunos personajes extraños, pero con propósito.

Por un lado, el ministro Barranzuela, uno de los instigadores para que la población del VRAEM se oponga a la erradicación de los cultivos de coca, pero que, se supone conducirá tal erradicación y la lucha contra el narcotráfico. Por el otro, los juegos pirotécnicos continúan con el show de Richard Rojas y sus frustradas embajadas, la ministra Chávez en trabajo, abogada del delincuente traficante de terrenos Rodolfo Orellana, la ministra de cultura Gisella Ortiz y la vicepresidente y ministra del MIDIS, todos involucrados en delincuencia pura y dura. Debemos reconocer, que esos son golpes efectistas y distractores, pues lo de fondo, pero que desean que pase inadvertido, es el rol del ministro Gallardo en educación.

Según José Luis Gil, ex GEIN, Abimael Guzmán ordenó a su gente de SL, en el año 2004, “un plan de construcción para crear organismos grises y penetrar organismos amarillos”, que les permita siempre mantenerse en la clandestinidad, evadir la ley e ir mutando. Así pasaron del CONARE al MOVADEF y luego al FONATEP. Ciertamente, la regla de oro es, “si te descubren, niega todo y crea otro organismo en reemplazo”. Con esa lógica, SL mantiene 56 bases del MOVADEF, con miles de profesores trabajando en ellas.

Según el MOVADEF, el escollo para capturar al magisterio siempre ha sido el SUTEP, que siendo de izquierda, no comulga con el ideario de SL y mantiene sus propios cuadros profesionales y manejo económico en base a la Derrama Magisterial, botín largamente anhelado por el FONATEP.

Lo grave de todo este proceso, es que el MINEDU, en manos de Gallardo, tiene manos libres para transformar el currículo educativo de los escolares, desde 4° grado de primaria, hasta 5° año de secundaria, según proyectos de ley presentados por PL. Ya desde hace 25 años, la educación escolar rural viene siendo utilizada, extraoficialmente, por los profesores del CONARE SUTE, como instrumento de adoctrinamiento más o menos desarticulado, pero ahora la propuesta es contar con un adoctrinamiento debidamente estructurado desde la autoridad educativa y trabajar “un nuevo proyecto revolucionario cultural” de mediano y largo plazo, para cuando ya toda nuestra infancia y juventud haya recibido el lavado de cerebro correspondiente.

Este proyecto de adoctrinamiento, atenta contra la libertad de los peruanos, quienes ciertamente tenemos el derecho de educar a nuestros hijos bajo los cánones de nuestro pensamiento, cultura y tradiciones, pero lo más preocupante hoy, es la notoria pasividad de los padres y su silencio. Ellos no dicen nada, ni están atentos a las señales de alarma que se producen cada día por las acciones del gobierno y sus representantes en el congreso. Y lo peor es que tampoco están reaccionando para proteger la educación de las nuevas generaciones.

Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, decía: “Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que los engañen los corruptos y mentirosos”.

La razón por la que PL insistía tanto en presidir la comisión de educación, era poder jugar en pared con el MINEDU. Por ahora tienen que contentarse con un ministro del FENATEP, que piensa y actúa en razón de su proyecto ideológico y los intereses de los profesores, por encima de los intereses de los niños, los jóvenes y del futuro de nuestro país. Es evidente, y se verifica diariamente, que hemos caído en manos de un gobierno de corruptos, prontuariados y mentirosos, quienes desean, tal como lo resaltó Mujica, engañar y corromper a nuestros jóvenes.

Bueno sería que la propuesta educativa tuviera una orientación hacia las matemáticas y las ciencias o artes y humanidades, pero no, la propuesta tiene básicamente connotaciones de adoctrinamiento político y social.  Absolutamente inadmisible.

Es tiempo de reaccionar rápidamente e impedir que, este proyecto político de mediano y largo plazo de SL, pero de ejecución inmediata, se inicie y nos conduzca progresivamente a situaciones no deseadas. Ya hoy estamos sufriendo las consecuencias de no haber prestado atención a las barbaridades que, ciertos catedráticos de las universidades más reconocidas del Perú, han inculcado en nuestros jóvenes.

¡Es ahora o nunca! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Es lamentable que el Perú esté en un largo proceso de involución, habiendo llegado a niveles absolutamente pedestres, lo que según el diccionario significa: vulgar, corriente, chabacano, ordinario, llano, simple. Este es pues el nivel de las autoridades elegidas y el nivel de las discusiones políticas.

Definitivamente, después de un mes con el nuevo gobierno, no se ha definido y menos comunicado, una visión de país y un plan a ejecutar para lograrlo. Salvo raras excepciones, los miembros del gabinete son absolutamente incapaces de manejar un Estado y el presidente (PC) ha dado muestras, más que suficientes, de su ignorancia, falta de liderazgo e incapacidad para gobernar, pues ciertamente PC está copado y acorralado por una gavilla de personas de muy mala reputación, por llamarlos de manera generosa, que lo tienen jaqueado. Suficiente recordar que hasta Béjar dice que, al armar el gabinete, se está pagando favores de campaña a gente incapaz y absolutamente desconocida, pues jamás han tenido algún logro. Ya para que él, que conoció al “grupete” lo diga, nos releva de demostraciones y mayores comentarios.

El Congreso también tiene lo suyo, pues en él se ha instalado un gran número de agrupaciones electorales, compuestas mayoritariamente por gente no preparada y que jamás imaginó alcanzar tal posición, con un ingreso y gollerías como las que hoy disfrutan. Por esa razón, no están dispuestos a despojarse de esas prebendas por defender principios y los destinos del país. Esto ha sido evidente durante la sesión de investidura del gabinete, lo que quedó plasmado en el comportamiento de las bancadas de Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), con las honrosas excepciones de los congresistas Gladys Echaiz y Roberto Chiabra y en el comportamiento de Podemos Perú (PP), también con la honrosa excepción del congresista Carlos Anderson. Obviamente, la defensa liderada por las bancadas de Renovación Popular (RP), Avanza País y Fuerza Popular (FP), acompañados de las excepciones mencionadas de APP y PP, son de los pocos que tienen el nivel para ser congresistas y que no están dispuestos a transigir en defensa de los destinos del Perú.

Los demás congresistas, teniendo a la vista el comportamiento indigno y poco viril de Guido Bellido, quien fue incapaz de enfrentar debidamente la inaceptable ofensa que él hiciera a la congresista Chirinos, fueron complacientes. Le permitieron lloriquear con un discurso lastimero de victimización y lleno de generalidades, que nos hizo perder casi tres horas, sin tocar el tema de la Asamblea Constituyente, ni hablar claro de cómo resolverán los problemas sanitario y económico que les toca resolver.

Sin embargo, al término de su participación y casi de salida, después de terminado el debate, dijo: “La Constitución de 1993, en 20 años, no sólo no ha solucionado la situación de marginación de las mayorías, sino la ha profundizado… Este sistema político y social terminará de todas maneras… Nosotros queremos realizar este cambio en democracia y paz. Buscamos el voto de investidura con este fin”.

Preocupa que ni la mesa directiva del congreso, ni los partidos que fueron elegidos propugnando un sistema democrático y la defensa de una economía social de mercado, hoy asuman una postura que, probablemente les resulte funcional a la defensa de sus intereses de corto plazo, pero que inexorablemente conducirán a la destrucción de la democracia en el Perú en el mediano plazo.

Ya hemos constatado, que la izquierda radical se ha tomado 25 años para tomar el poder, utilizando los mecanismos que la democracia y la constitución han puesto a su disposición. Ellos son conscientes también, de que por más que están avanzando muy rápidamente en el copamiento de las instituciones, necesitarán cerca de dos años para infiltrar y controlar todos los organismos que les permitan el manejo absoluto de los poderes del Estado, incluyendo a las FFAA, PNP, Fiscalía y Poder Judicial, entre otros, por lo que hoy no pueden abruptamente tomar el control que quisieran tener y consolidar el poder.

Dicho esto, trabajarán rápidamente y en simultaneo, en el copamiento de instituciones antes mencionado, mientras que, a nivel de la población, irán avanzando con actos de populismo y engaño, creando temor y hambre, que van a ser satisfechas con la creación de fuerzas populares, una vez que las fuerzas del orden hayan sido completamente infiltradas y dominadas y segundo, con el otorgamiento de “bonos” que los vuelvan dependientes del gobierno.

Preocupa la falta de patriotismo de los congresistas, que están permitiendo el avance del tiempo y la gesta de los fenómenos antes mencionados, pues de seguir así, para cuando reaccionen, ya será demasiado tarde. Preocupa igual, el manejo cómplice de la Sra. Alva, al pasar rápidamente a votación inmediatamente después de las palabras finales de Bellido, único momento en que mencionó la Asamblea Constituyente y no reabrir el debate.

Hay quienes se entretienen en la discusión menuda respecto a si manda Castillo o Cerrón, si Maraví renunció ante Bellido o si puso su cargo a disposición de PC, quien obviamente no dice esta boca es mía. Si se debe interpelar ministro por ministro y si eso llevará al cumplimiento de la amenaza del ejecutivo, de hacer “cuestión de confianza” para cada caso. A nadie en el gobierno le preocupa que las calificadoras de riesgo, por primera vez en 20 años, hayan empezado a rebajar la calificación de nuestra deuda. Tampoco hay en marcha, un plan de emergencia para enfrentar la tercera ola del COVID-19 y tampoco reacciona el congreso ante el proceso de cierre de la prisión militar de la Base Naval del Callao para los terroristas y su consecuente traslado a cárceles civiles. Un mes y ya estamos así…

Lo cierto es que; el presidente no manda, las decisiones de gobierno las toma un grupo de dirigentes de Perú Libre, independientemente del gobierno, al que PC se somete y entre tanto los partidos “democráticos” Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, que debieran estar trabajando junto a Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular en la vacancia presidencial y conteniendo el avance comunista, están haciendo el pedestre jueguito del “apoyo a la gobernabilidad”, cuando está claro que es lo que menos le importa a la izquierda radical. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Como es costumbre en el Perú, siempre que acabamos unas elecciones, hacemos un análisis “post mortem”. En esta oportunidad, luego del “pitufeo” electoral, con los resultados ya conocidos, dando a Pedro Castillo, representante de un partido de izquierda radical, la primera minoría y a Keiko Fujimori, representante de una línea pro mercado, el segundo lugar, empezamos las indagaciones del ¿Qué pasó?

Ciertamente, cuando uno mira la historia económica del Perú de las últimas tres décadas, encontramos que sólo después de la victoria militar sobre las fuerzas terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA y de poner en vigor la Constitución de 1993, el Perú se convirtió en un fenómeno exitoso en lo económico, reconocido a nivel mundial, que atrajo inversiones, redujo la pobreza, minimizó déficits fiscales, expandió sus mercados de exportación y volúmenes exportados, apoyado por los TLC con las principales economías del mundo.

Como ya ha sido explicado muchas veces, la recaudación fiscal creció de manera muy importante y siguiendo los mandatos de la regionalización, se transfirió recursos a estas regiones y municipalidades como nunca antes en la historia, montos que, de haber sido bien administrados, nos hubieran permitido cerrar todas las brechas de salud, educación, agua, alcantarillado y gozar de la seguridad debida.

Con todos los defectos que podemos reconocer del régimen de Alberto Fujimori, la izquierda no le perdonará jamás que les haya destruido su proyecto de vida, a quienes estaban encaramados en el aparato del Estado, forjado desde la existencia de SINAMOS del gobierno militar, cuna de esta burocracia de aires académicos y juego progresista. Fujimori les quitó a estos “intelectuales”, las prebendas alcanzadas en la élite de gobierno.  

Por su lado, la izquierda radical, tal como lo anunció Abimael Guzmán el día de su captura, al considerar, “que este era sólo un recodo en el camino”, entendió y asumió que no podían hacer nada más por la vía militar, por lo que decidió, que su revancha y toma del poder, se debía conducir en el plano social y se organizaron para ese propósito.

En esa línea y sabiendo que su proyecto no tiene plazos perentorios, actuaron en dos planos; el primero, la conquista de las mentes y corazones de la niñez y juventud. Para esto, se trazaron capturar la educación, primero a través, del SUTEP de Patria Roja, para luego, con el SUTE-CONARE, tratar de arrebatar el control y liderazgo de un sindicato militante, con más de 450,000 maestros afiliados, con el objetivo de adoctrinar a los niños de todo el país, especialmente de las áreas rurales, en el marxismo, leninismo, mariateguismo, hasta alcanzar una masa crítica de ciudadanos jóvenes, que les permita controlar diferentes “organizaciones de base”. Igualmente, en la educación universitaria, infiltrándose en la educación pública y en algunas universidades privadas, para desde esa plataforma, penetrar el aparato del gobierno central, regional y el sistema judicial, controlándolo (según Gral. Miyashiro tenemos cerca de 800 jueces de izquierda radical infiltrados, así como muchísimos fiscales).

Entretanto, hemos permitido destruir gradualmente, las bases de la institucionalidad política peruana. Hemos abierto la cancha para que no sean partidos nacionales, sino agrupaciones regionales y locales, quienes puedan competir y acceder a cargos públicos de elección. Lo dicho no tendría mayor repercusión, si no se tratara de “cacicazgos locales”, mayoritariamente financiados por actividades ilegales (narcotráfico, tala y minería ilegal, etc.), con gran actividad delictiva. Hemos permitido que, so pretexto de la descentralización y regionalización, esas autoridades y reparticiones públicas, escapen del control político del Congreso, Gobierno Central y Contraloría General de la República, lo que generó un altísimo y descontrolado nivel de corrupción. El sistema judicial, jueces y fiscales, también se ha debilitado, permitiendo el acceso y ascenso de personal no idóneo para estos fines.

La izquierda radical, aprovechando la pésima regionalización de Toledo y el trabajo de adoctrinamiento antes mencionado, llegó a los gobiernos regionales y municipales, vía elecciones, concentrando sus esfuerzos por controlar las regiones mineras, aquellas que usufructúan de mayores recursos provenientes del canon y regalías mineras. Desde aquí y sin perder el objetivo de alcanzar el poder, trabajaron en exacerbar las contradicciones. Es así cómo, los departamentos con mayor inversión minera y modernidad empresarial, que como consecuencia recibían mayores recursos, siendo gobernados por autoridades de izquierda, no ejecutaron sus presupuestos (se ha dejado de ejecutar 1/3 de sus presupuestos, esto es 1,800 millones de soles en promedio anual), no han priorizado las obras para solucionar las necesidades básicas de salud, educación, nutrición, agua, desagüe y además, son los departamentos con mayor número de proyectos paralizados. En política no hay casualidades y, aseguro, que han provocado, en salud, las brechas evidenciadas durante la pandemia. Pero como dato curioso, muchas de estas autoridades, que fueron debidamente elegidas, incluso reelectas, terminaron en cárcel por corrupción, pero jamás se oyó contra ellos una protesta de la población, por el incumplimiento de su rol.

Ahora, pasados los años, esta misma izquierda radical, específicamente el gobierno regional de Cerrón, que permitió, siendo médico, 64% de desnutrición infantil en Pasco, paralizó 36 proyectos, entre las que se cuentan; la construcción de cuatro hospitales y un colegio, no mejoró las facilidades y condiciones sanitarias de los colegios existentes, “denuncia” las grandes diferencias sociales entre Lima y las regiones, reclama que “el modelo económico” no funciona, por lo que debe ser cambiado, empezando por la Constitución, para, según su ideario y plan de gobierno, contar con;

1. un Estado interventor, planificador y empresario.
2. Estado redistribuidor de riqueza.
3. Estado nacionalizador.
4. “Estado que guíe su economía por la demanda interna”.

De la mano de una serie de contradicciones, falacias y mensajes de cliché, como que “no está en contra de la empresa privada”, pero dicen, que “la izquierda no renuncia a la riqueza, que ésta debe ser social, no individual ni grupal”. ¿Quién invierte, si no va a lograr un retorno adecuado? Reniegan del crecimiento económico de las últimas décadas, aquel que permitió reducir los niveles de pobreza a casi un tercio de lo que teníamos en el 2000.

En fin, quienes no han sido capaces de conducir siquiera un gobierno regional o no han querido hacerlo, ¿hoy pretenden gobernar un Estado empresario? Hablan de los contratos-ley sin saber qué significan, ni cuantas veces estos han sido violados por parte del Estado, hablan de tributación minera y mienten abiertamente o no saben que el Estado es socio al cerca de 50% de la renta y nos comparan con Ecuador y Bolivia, sin comprender que, durante la última década, en Bolivia se invirtió en minería e hidrocarburos, menos del 10% de lo invertido en nuestro país y que, Ecuador, no es un país minero.

Tal como hemos mencionado, hoy pasados los años, culpan a la Constitución del 93, que hizo funcionar la economía del país, a pesar de las múltiples formas en que la izquierda dificultó su marcha y no hacen ninguna autocrítica.

En pleno siglo XXI, después de tres décadas de la caída del Muro de Berlín, nos dicen que son Marxistas, Leninistas, Mariateguistas, que tienen como metas esenciales; disolver el TC, cambiar la Constitución, estatizar empresas, eliminar la libertad de expresión, expropiar a su antojo y que, si el Congreso lo impide, lo disuelven. Advierten, que no desean ganar el gobierno, como en Ecuador, Argentina, Bolivia o Brasil, sino que quieren “tomar el poder” y que este se toma para siempre, como en Cuba, Venezuela o Corea del Norte.

Dicho esto, hay algún despistado o mal intencionado, que nos quiere hacer creer que ésta es una opción democrática al estilo Mujica o Bachelet… ¿Nos han visto la cara? Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El Perú tiene el gran desafío de retomar el paso, superando los problemas sanitarios y económicos, después del proceso de selección y contratación de vacunas contra el COVID 19. Debemos manejar eficientemente el proceso de vacunación, para lograr la inmunidad de rebaño que sólo por esa vía, alcanzaríamos pronto. El Estado peruano tiene pues, entre manos, una tarea para la que no está preparado y probablemente, nadie lo haya estado.

Para manejar un proyecto de estos, es indispensable; tener una clara identificación de la población a ser vacunada, una estricta cuantificación de los distintos grupos a ser atendidos, las prioridades para su atención y una muy clara razón para otorgar la prioridad, así como una nítida definición de los miembros que componen cada grupo.

El gobierno ha dispuesto tres fases y ha fijado los objetivos de cada fase:

Fase I.- Objetivo: Proteger la integridad del sistema de salud y continuidad de los servicios básicos.

• Personal del sector salud.
• Personal de las fuerzas armadas y policiales.
• Bomberos y miembros de la Cruz Roja.
• Personal de seguridad, serenazgo, brigadistas y personal de limpieza pública.
• Estudiantes de la salud.
• Miembros de mesas electorales.

Fase II.- Objetivo: Reducir la morbilidad severa y mortalidad en población de mayor riesgo.

• Adultos mayores de 60 años.
• Personal con comorbilidad.
• Población de comunidades nativas e indígenas.
• Personal del INPE y personas privadas de la libertad.

Fase III.- Objetivo: Reducción de la transmisión de la enfermedad en continuidad y alcanzar inmunidad de rebaño.

• Personas entre 18 y 59 años.

El primer paso es tener una clara definición de cada grupo, la posibilidad indubitable de identificarla y una clara razón para priorizarla, así que veamos:

• El personal de la Fase I, por su exposición directa, contacto con población infectada y contar con claros instrumentos de identificación, puede y debe ser vacunado de inmediato.
• El personal de la Fase II, tiene segmentos que cuentan con buenas razones para ser atendidos con prioridad; mayores de 60 claramente identificados con DNI. Personal con comorbilidad, tienen alto riesgo, pero si bien la mayoría puede demostrar historias clínicas que lo comprueben, hay un margen de población, que no lo podrá demostrar fehacientemente. Otro tanto ocurre con la población de comunidades nativas e indígenas, para quienes no hay una clara razón de su prioridad y menos una prueba indubitable de su pertenencia a determinada población indígena o nativa. Finalmente, en el grupo de funcionarios del INPE y personal privado de la libertad, no hay márgenes de duda ni de error.

Obviamente, en la Fase III, debemos de hacer nuestro máximo esfuerzo por inmunizarlo a la brevedad.

Si medimos la población de los distintos grupos y Fases, podremos ver de qué magnitud es el esfuerzo y así podremos diseñar la logística que tendremos que desplegar para cumplir metas de tiempo razonables, pues a diferencia de los mensajes políticos a los que nos tienen acostumbrados, esto se trata de gerencia para cumplir metas claramente cuantificadas y controlables.

En términos generales y de forma global, si quisiéramos llegar, a más tardar al 30 de setiembre 2021, con la meta del 100% de la población de mayores de 18 años vacunada, vale decir, 22 millones de personas, lo que significa 3.14 millones de vacunados al mes o 105 mil personas al día, si se atiende 24×7 (150 mil, si no vacunan sábados y domingos). Lo dicho es menos de la mitad del trabajo que hoy hace Chile (220 mil personas al día), teniendo sólo el 55% de nuestra población.

Sin entrar en la triste discusión de la disponibilidad de vacunas por ineficiencias en el proceso de adquisición, el sector privado se ha ofrecido a comprar, importar y aplicar vacunas a sus trabajadores, seguro habientes y a otros relacionados. La respuesta del gobierno viene siendo que “sólo el Estado está habilitado, por ahora” para comprar vacunas y que el sector privado lo podría hacer, siempre que las entregue “al mismo precio que el Estado”, esto es gratis y siempre que en la compra no interfiera (compita) con el Estado, lo curioso es que se amparan en la facultad de DIGEMID para autorizar o no, las vacunas de ciertos laboratorios.

Si el Estado estuviera vacunando a razón de 100 a 150 mil personas al día, nadie en el sector privado tendría argumentos para discutir su trabajo, pero no es así. El máximo atendido por el Estado hoy es de 12 mil al día, por lo que, a ese paso, tardaría más de 5 años para cumplir la meta y el Perú, más que ningún país del mundo, necesita volver a la normalidad y recuperar su economía. Preocupa que estén asumiendo la misma actitud que tuvieron cuando se les quiso apoyar, desde el sector privado, con donación de plantas de oxígeno y ahora después de casi un año, vemos las consecuencias.

El personal a ser vacunado en la Fase I asciende a 1.2 millones, incluyendo a los 518 mil miembros de mesa, titulares y suplentes. Esto significa que tenemos máximo 5 semanas para alcanzar esa meta, por lo que se debe estar vacunando, al menos 35 a 40 mil personas por día y el Estado está avanzando a sólo 12 mil.

En la Fase II, 3.8 millones son adultos de más de 60 años, cerca de 120 mil entre miembros de INPE y reos en cárcel, el número de ciudadanos con comorbilidad no es muy claro, pero más incierto aún es el correspondiente a los ciudadanos de comunidades nativas e indígenas, pues es un número indeterminado y dependiendo de los grados de libertad para su clasificación, pueden ser una población mucho mayor que la de los adultos mayores. Por ello, una tarea URGENTE, sería se defina esa clasificación y se haga constar en su DNI tal inscripción, no sea que nos llevemos una sorpresa, a menos que el Ministerio de Cultura haya completado la tarea de identificar certeramente y cuantificado a sus miembros. De ser así, sería muy importante lo den a conocer públicamente y nos confirme que RENIEC ya los inscribió como tales.

Una de las características de los políticos de ciertas ideologías, es la constante de juntar elementos tangibles y concretos, con elementos indefinidos y subjetivos, tal como encontramos en este caso específico. Ciertamente, por esa vía, no se puede lograr una respuesta taxativa y se elimina la posibilidad de establecer metas claras y cuantificables.

Comenzaba preguntando; ¿cómo te ayudo? Y se me ocurre, que la primera forma es dando ideas para lograr un enfoque objetivo y establecer un plan en base a elementos definidos de antemano, para luego ayudar en la gerencia del proceso y su ejecución.

Sorprende la alta susceptibilidad del sector público para dar a conocer los proveedores y los términos y condiciones de la compra de vacunas, pero más sorprende que no puedan compartir su Plan de Vacunación, con fechas y cantidades, con las que podamos evaluar su gestión.  Los invitamos a abrir sus mentes y convocar a los privados, a tiempo, para que ayuden a acelerar la distribución y aplicación de las vacunas, siguiendo el orden de prioridad definido por el Estado y de forma gratuita, pero agilizándolo, de manera que podamos normalizar nuestra situación entre junio y setiembre 2021.

¡Si se puede! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Es común encontrar en la prensa, entrevistas a personajes, que por mantenerse vigentes y en titulares de periódicos, hacen afirmaciones sin sustento o porque así lo suponen. Por ejemplo: “Estimación de Exjefe de la SUNAT: El 50% de evasión y elusión tributaria es por operaciones de grandes empresas”.

Me pregunto, ¿tiene esta persona bases suficientes para hacer tamaña afirmación? Sería conveniente que sustente sus afirmaciones o revise y explique los criterios que está siguiendo para decirlo. Los contribuyentes ya estamos cansados de ver la actitud prepotente de la SUNAT a ese respecto.

Es conveniente mostrar algunos ejemplos y luego sacar conclusiones.

1. Una compañía de telefonía emite mensualmente un sinnúmero (varios millones) de recibos de menor cuantía (entre 40 y 100 soles) por el servicio de comunicación fija o celular, incluyendo IGV. Cuando esos recibos no son pagados, en el siguiente recibo la compañía indica que hay una cuota impaga y que, de persistir la situación, se cortará el servicio.  Si esto se repite en el mes siguiente, el servicio es realmente interrumpido. La compañía tiene derecho a provisionar esa deuda y de persistir la situación, a “castigar dicha deuda”, con los efectos sobre IGV e Impuesto a la Renta. Pero no, para la SUNAT, el contribuyente debe demostrar que ha agotado sus esfuerzos de cobranza, aún en la vía judicial, para merecer tal derecho. ¿Ha pensado la autoridad tributaria que cada juicio cuesta más de 100 soles y que es un absurdo exigir tales juicios? Obviamente los juicios de cobranza no se han realizado, pues carece de sentido económico hacerlos, en consecuencia, la SUNAT no reconoce la reducción de los ingresos y la no cobranza del IGV, por lo que, acota los impuestos del IGV y a la Renta de un “ingreso” que nunca se dio y a partir de ahí, aplica multas e intereses draconianos. ¡Ahí si no cuenta la primacía de la realidad económica! Para la SUNAT y ante el público, la empresa es una “evasora”.
2. Una empresa minera, suscribe, de buena fe, un “contrato de estabilidad jurídica” con el Estado Peruano, que es válido por 15 años y que aplica a las operaciones de explotación sobre una “Unidad Económico Administrativa” (léase un área específica debidamente delimitada). El Estado peruano, en medio de la vigencia de tal contrato, crea las “Regalías Mineras”, que no son otra cosa que el derecho del Estado a recibir un pago sobre el material extraído del yacimiento. Obviamente NO LE SON APLICABLES, pero ante la consulta de un congresista al Viceministro de Minas de la época, sobre su opinión al respecto, éste contesta que “en su opinión” sí se le debiera aplicar y pretenden cobrar. No sólo eso, sino que, en el tiempo, el propio Estado crea el Impuesto Extraordinario al sector Minero (IEM), aplicable a las empresas sin contrato de estabilidad y el Gravamen Extraordinario al sector Minero (GEM), a ser acordado mediante contrato voluntario por las empresas con “Contrato de Estabilidad Jurídica” (el GEM tiene tasas más altas que el IEM, porque reconoce que estas empresas no pagan Regalías). Obviamente el Estado suscribió con la empresa “estabilizada”, los contratos requeridos para iniciar la cobranza. No obstante, el Estado persiste, a pesar de haber cobrado el GEM, en la cobranza de la Regalía, y no sólo eso, sino que NO reconoce la posibilidad de deducir como gasto la Regalía exigida, tal como permite la ley.  En consecuencia, el Estado está cobrando el doble de lo que debía, aplica multa, recargos e intereses draconianos. A esto se le llama exacción y un abuso que, ciertamente, espanta a la inversión.
3. Se ha convertido en una práctica común que la SUNAT gestione la emisión de normas tributarias, vía Ley, DL, DS o DU, o bien, emita normas internas, que luego interprete y aplique de manera retroactiva. Por ejemplo; las empresas y en particular las empresas mineras, tienen desde siempre (digo eso porque en los 60s y 70s del siglo pasado, ya se ejecutaban vía MINPECO), la posibilidad de utilizar instrumentos de mercado para, en momentos atractivos de mercado, fijar precios a futuro en mercados internacionales. Esta práctica, a la que se le llama “hedge”, se puede ejercer vendiendo el producto físico, a precio fijo a un comprador final o mediante instrumentos financieros derivados, vía la banca de inversión internacional. Un día la SUNAT gestionó un dispositivo, para que los resultados negativos de estas transacciones (entiéndase precio fijado vs precio obtenido por el producto vendido, según contrato de venta), sólo se puedan compensar contra utilidades de operaciones de fuente extranjera, sabiendo que las operaciones regulares generan renta de fuente nacional. Otro día, tomó indebidamente una norma de contabilidad internacional (NIIF), creada para fines de reporte, denominada “índice de eficacia” de un instrumento financiero derivado, y pretendió aplicarlo para reconocer o no los resultados negativos de una cobertura (ciertamente los resultados positivos sí los reconoce, los negativos los evita). Finalmente, más adelante dispuso que sólo reconocería los resultados de venta física con fijación anticipada de precio con el cliente, pero no los provenientes de la aplicación de Instrumentos Financieros Derivados. Obviamente, la persecución de recaudación tributaria, ha venido en cada oportunidad, dando efecto retroactivo a cada una de los dispositivos emitidos, cada cierto tiempo y en la secuencia comentada.

Todo lo anterior, es una clara muestra de la falta de institucionalidad en el Perú, que usa como criterio; “la caja gana”, sin importar la lógica tributaria y empresarial, ni aplicando debidamente la ley y los principios constitucionales en la materia.

Entiendo que la necesidad es mala consejera, pero en nuestro país, se cambian los criterios de aplicación de la ley, a renglón seguido generan el mensaje y la imagen de las “empresas evasoras y elusoras”, a base de sus interpretaciones de cosas, que no todos entienden y finalmente, entrevistan a esta gente que, por mantenerse vigente en la prensa, son capaces de atropellar la legalidad y las reglas, sin sustentar, ni explicar su afirmación.

Recordemos que la presión tributaria en el Perú, es de sólo 14%, pero que los impuestos se aplican sólo al 30% de la ciudadanía y empresas, en consecuencia, para quienes tributan, la presión tributaria es del orden del 40%, sin olvidar que, para los principales contribuyentes (PRICOS), la SUNAT es “omnipresente”, pues tiene oficina permanente en la mayoría de estas empresas. Ver en Lampadia: Datos y no prejuicios – Cuidado con el fiscalismo desorientado.

Por todo lo dicho, cuando uno evalúa la competitividad del Perú, no sólo debe leer las leyes, sino ser consciente de las prácticas de la SUNAT y de “los grados de libertad”, con los que ella interpreta las normas y ahí, salimos jalados. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ya estamos prontos a cumplir un año con la pandemia del COVID 19 y no hemos aprendido, ni mejorado nada. Para marzo 2020, cuando se declaró oficialmente la emergencia sanitaria en el Perú, nadie analizó ni evaluó debidamente la situación, nadie en el gobierno estableció una estrategia y peor aún, sin el menor dimensionamiento del problema, alcance e implicancias, decretaron una cuarentena de 15 días, que duró muchos meses. Una disposición efectista pero irracional ¡existo, porque doy órdenes!  Mientras se disponía el uso de mascarillas y del distanciamiento social, simultáneamente se enviaba a la gente de menores recursos, en transporte masivo, a hacer colas para recibir un bono que les llegó tarde, mal y en muchos casos, nunca. El monstruo de la corrupción se alimentó transfiriendo dinero a las municipalidades, etc.

En pocos días se dispuso la paralización de toda la economía, sin ningún criterio, sin análisis costo/beneficio. Dominados por la ideología, nadie estudió la tabla Insumo/Producto nacional, no definieron las actividades esenciales, ni aquellas que contribuyen a su funcionamiento. En suma, no había un ministro de economía que defina el funcionamiento adecuado de las actividades necesarias, para que nuestro sistema económico sufra lo menos posible, mientras controlábamos y combatíamos la pandemia.

El Perú demostró que, entre la regionalización y los gobiernos municipales, se había convertido en la versión actualizada de “La Torre de Babel”, pues mientras el gobierno general no sabía qué hacer y menos, mostrar alguna capacidad para disponer medidas racionales, paralelamente, los “reyezuelos sub-nacionales” dispusieron su control territorial, impedían el libre tránsito nacional, (no faltó un loquito, en La Molina, que quiso usar a las FFAA para que nadie entre al distrito sin su permiso).

Por otro lado, mientras contábamos con un Estado lleno de dinero, producto de la tributación del sector privado, pero no usado debidamente por los sucesivos gobiernos, el sector salud no contaba con una estructura adecuada que le permita un adecuado manejo de la atención primaria, menos con un equipo profesional honesto que defina y ejecute la estrategia sanitaria. En febrero de 2020, el MINSA determinó el uso de pruebas moleculares para definir un cerco sanitario, pero cambiaron a la ministra y el reemplazante optó por las pruebas rápidas y sin criterios adecuados.

El país contaba en ese momento con menos de 200 camas UCI y se fijaron el objetivo de contar con 5,000 camas UCI. No obstante, a la fecha, con menos de 1,700 pacientes, ya hemos saturado la capacidad instalada. Ha transcurrido casi un año y “hemos armado hospitales para las fotos de Vizcarra”, que hoy en la segunda ola, no existen. No tenemos respiradores, las empresas han donado plantas de oxígeno y el Estado ha llegado a declinar tales donaciones. Hay que resaltar, que mientras el 6 de mayo 2020, el presidente Piñera recibía en Santiago un avión de su Fuerza Aérea, con un primer lote de 117 respiradores, de un total de 500, en el Perú, Vizcarra y su ministro Zamora, andaban “como perro tras de su cola”, sin comprar pruebas moleculares, sin importar respiradores mecánicos, ni querer recibir oxígeno o plantas de oxígeno en donación de las empresas, al punto que a fines de julio 2020, la empresa privada entregó 30 respiradores fabricados por la Marina de Guerra del Perú.

Hoy tenemos las mismas debilidades y no hay lecciones aprendidas en aplicación.

Ahora, con las vacunas, somos el país que más tarde ha reaccionado a la necesidad de compra. Ni siquiera se toma decisiones de gobierno para traer el primer lote de un millón de estas en un avión de la Fuerza Aérea, tampoco de la empresa aérea privada que ofreció un avión y hasta para contratar los servicios logísticos de despacho de China al Perú, se requiere que el sector privado contrate el servicio y pague por éste.

La empresa privada, siempre ha estado en la primera línea para resolver los problemas del país, pero desde el aparato de gobierno, tal como decía mi abuelita, “ni se ponen ni se encluecan”, no toman decisiones, no ejecutan, no gestionan y al llenarse de “oenegeneros”, no tienen la menor idea de lo que es gerenciar. En conclusión, mientras todos los países del mundo están en plena vacunación, aquí pasan las semanas y nadie se ha planteado siquiera un plan comunicacional para invocar a la población a vacunarse, al punto que, hemos pasado de 22% en agosto 2020, a 48% a la fecha, que no quiere vacunarse.

Mención singular merece, que la ex-ministra de economía que le pagó a la ONG COVAX Facility US$50 millones para que nos ayude a conseguir vacunas, se haya ido a trabajar con ellos a Ginebra. (Ahí si no hay puertas giratorias, ni se trata de corrupción…). Debiéramos contar con una publicación detallada de los sucesivos ministros, que cierran contratos con ONGs, BID, Banco Mundial, entre otros y al término de su función, se van contratados por ellos.

¿Nadie le ha dicho a la “generación equivocada”, que fruto de sus marchitas de protesta, se ha triplicado el número de hospitalizados por COVID en sólo un mes de maduración de los contagios ahí generados y que producto de su gracia, ya no hay camas UCI disponibles en el Perú? ¿Que el gobierno no está trabajando un plan serio de pruebas moleculares y formación de cercos sanitarios, ni está agilizando la importación y aplicación masiva de vacunas? ¿Que no hemos aprovechado para progresar en la masificación de cuentas bancarias electrónicas, para posibles depósitos por bonos de forma bancarizada? Ojalá no se les ocurra volver a imponer las mismas medidas absurdas que no funcionaron en la primera ola, aunque por la prohibición de circular en vehículos privados los días domingo, ya me dan qué pensar.

Debiéramos dar a conocer estos hechos, a todos aquellos que reclaman más Estado. No nos confundamos, necesitamos un Estado pequeño, pero fuerte, ágil en la gestión y simple en su estructura, que use los recursos públicos en resolver las necesidades básicas de la población más necesitada y reduzca la burocracia que tenemos enquistada y que cada día destruye valor para la sociedad.

Bien decía Ronald Reagan, que; “El gobierno no es la solución a nuestros problemas, sino que, el gobierno es el problema.” Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En la primera quincena de diciembre 2020, escribí el artículo: “¿Estamos seguros en el Perú?”. En él me refería al atrevimiento de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, de solicitarle a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), un archivo “espejo” de toda la información que el sistema financiero le proporciona a ésta, así como de toda la comunicación sensible, manejada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El punto es que, el Estado está infiltrado de delincuentes, en todos los poderes, a nivel de gobierno nacional y gobiernos sub-nacionales.

Ahora, mediante nuevo reglamento del MEF, se ordena a los bancos, la entrega mensual de los movimientos bancarios; saldos, ingresos y egresos, de al menos 1.7 millones de ciudadanos, aquellos que son formales, manejan sus operaciones de forma bancarizada y, además, por eso, se les cobra el ITF, con el único objetivo que la SUNAT pueda contar con la información de ingresos y egresos que tanto requiere para contrastar con las declaraciones juradas de ingresos y rentas. Creo que, en primera instancia, el Estado debe explicar qué pasó con la información proporcionada por el ITF, y de otro lado, de insistir con este requerimiento de información a la banca, cuando menos derogar el ITF, pues ya no le sirve de nada.

Con este nuevo pedido de información, aunque redundante, si lo que buscan es conocer los volúmenes de ingresos y egresos de los contribuyentes, la SUNAT quiere conocer también, cuál es tu patrón de gastos, a quién le pagas, a quien le compras, si apoyas económicamente a tus hijos, familiares y allegados o si eres ese mes, el gestor de un pandero. En esencia, estos 1.7 millones de ciudadanos, somos los nuevos rehenes del fisco, estaremos “bajo la lupa” del “gran hermano” y tendremos que estar dando explicaciones, de manera detallada y mensual, de cualquier movimiento de dinero que pueda no ser renta, pero que a ojos de SUNAT, debemos explicar de forma documentada.

Ya se ha repetido que, en el Perú, más del 70% y hoy cerca del 80% de la actividad económica es informal, pero lo cierto es, que de los cerca de 18 millones de ciudadanos que conforman la PEA (población económicamente activa), alrededor del 10% está bancarizado (1.7 millones) y sujeto a este nuevo escrutinio. Estos ciudadanos, hemos pasado nuevamente, a ser un grupo discriminado y sujeto al espionaje del que la gran mayoría (alrededor de 90%) está libre. En este punto, si alguien había previsto bancarizar sus actividades económicas, de seguro reevaluará sus opciones y diferirá su decisión.

Aquí surgen varias preguntas, como, por ejemplo; ¿Por qué quiere saber el Estado a quién compro y, en consecuencia, mi patrón de consumo? Si lo que el fisco requiere verificar son todos mis ingresos, ¿Por qué requieren conocer todos mis gastos? ¿Por qué tiene que saber si gasto, invierto o regalo mi dinero? ¿Alguien quiere desarrollar nuestra biografía económica? ¿Por qué debemos confiar en funcionarios de la SUNAT, que en su momento fueron capaces de filtrar información financiera de personas que tenían “RUC sensible”? Seguro algunos recordarán que la Declaración Jurada de impuestos de Vladimiro Montesinos, en su momento de mayor control del SIN, fue publicada por la prensa, con lo que se demuestra, que no es un tema de seguridad de los sistemas de información, sino de confiabilidad de los funcionarios.

Al escribir el artículo antes mencionado, no imaginaba que el lumpen que ha infiltrado al Estado, iba a tener la dicha de contar, como los de “Piedras Gordas”, con una base de datos depurada y de primera mano, para identificar a sus potenciales víctimas de secuestro y/o extorsión. ¿Quién garantiza nuestra seguridad y la de nuestras familias, de ahora en adelante? ¿Con qué derecho, unos funcionarios del MEF, pueden ir contra la Constitución y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional?

Me temo que ahora sí se han excedido, puesto que esa información se debe abrir a la autoridad, sólo por mandato judicial (también por pedido del Fiscal de la Nación y Comisión Investigadora del Congreso), pero siempre que sea información relevante para un proceso de investigación de algún delito. No es correcto que, en un país como el Perú, con tantos casos comprobados de delincuencia infiltrada en los distintos estamentos del Estado, se permita disponer, como cosa de rutina, de información tan delicada y personal. Esa información, es parte de la intimidad financiera de los ciudadanos, que nadie debe violar, mucho menos, ser manejada y manipulada por “sabe Dios quién”, ni con qué potenciales intereses subordinados.

Siempre se repite, que el Perú es un país de discriminadores y muchos creen que es un tema étnico, socio-económico o de origen geográfico (de costa, sierra o selva), pero lo cierto es que el propio Estado es el que crea, a cada paso, condiciones que dividen y separan a los ciudadanos, que les trae obligaciones y derechos diferentes. Para unos cuantos de la Lima moderna, se imponen reglas de altos estándares, para los demás, hasta “toma de carreteras” sin consecuencia alguna. Si queremos incorporar más ciudadanos a la base de contribuyentes, desarrollemos legislación tributaria más sencilla y fácil de cumplir, eliminemos el vicio de las amnistías tributarias, nacionales y municipales. Dejemos de premiar por esa vía a los que incumplen sus obligaciones.

En esa línea, el gran cuento es que, esta disposición es una recomendación de los países de la OCDE, pero para los soñadores, los países miembros de la OCDE, no tienen el nivel de “economía subterránea” que tiene el Perú (80%), ni su Estado está infiltrado de delincuencia como el nuestro. Igualmente, el contribuyente de países OCDE, ve plasmado el pago de los impuestos que realiza en beneficios al ciudadano, vía; servicios de salud, justicia, educación, seguridad e infraestructura. En nuestro país, en cambio, se exige más recaudación a los mismos de siempre, el Estado gasta o invierte mucho menos de lo que debiera y lo que gasta lo gasta mal y con gran merma por corrupción. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En el Perú nos estamos mal acostumbrando a la protesta desbordada, que usa la fuerza extrema y viola los derechos de los demás ciudadanos. ¿En qué país del mundo, donde exista un gobierno democrático, regido por el imperio de la ley, es eso aceptado? Obviamente, en ninguno que se precie de ser una democracia y que cuente con un verdadero gobierno.

En el Perú, ciertos grupos políticos, nos han vendido la “narrativa” de que, impedir los desmanes y controlar que no se produzcan desbordes de la protesta que afecta los derechos de los demás ciudadanos, es un exceso, que se traduce en brutalidad policial. El gobierno actual no respalda a sus fuerzas del orden y se está generando en ellas un grave sentimiento y desmoralización, que impide poner límites a esas protestas.

No sólo eso, sino que se ha “santificado” a los dos lamentables fallecidos, durante la protesta que encumbró a Sagasti, acompañado de un terrible maltrato a la Policía Nacional y sus autoridades. Desde el lado de las autoridades políticas, no se ha acelerado el proceso de investigación que identifique a los responsables de esas pérdidas de vidas humanas y transcurrido más de un mes, no se ha identificado a los responsables, pero sí se ha hecho ofertas apresuradas de indemnizaciones. A la fiscalía “le han comido la lengua los ratones” y para estos efectos, no existe. La Defensoría del Pueblo se pronunció respecto al atropello legal contra los 17 generales defenestrados, pero sin efecto ni seguimiento alguno (sólo habló para las tribunas). Se tuvo que pedir la renuncia al Sr. Vargas en el MININTER por lo insostenible de su situación y se hizo una jugarreta con su reemplazo, únicamente para lograr la ratificación del gabinete, para luego designar a un ministro que dice que “no es el jefe de la policía” y que muy suelto de huesos informa, que los policías que han sido atacados por las turbas en la carretera Panamericana, que están con cabezas rotas, heridas punzo cortantes abiertas en la cara y cuerpo, “están bien, un poco golpeados, pero bien” y para él no pasó nada…

Se envía a la policía a los lugares de protesta, absolutamente inermes, a resistir a pie firme el ataque de las turbas, quienes no sólo superan ampliamente en número a los efectivos policiales enviados, sino que además están armados con hondas, piedras, bombas Molotov, entre otros elementos. ¿A eso es lo que le llaman “uso proporcional de la fuerza”? ¿La autoridad tiene que enfrentar de igual a igual, si no disminuido, a los delincuentes? ¿En qué mundo se han imaginado tamaña barbaridad? No señores, la autoridad debe ser respetada por su sola presencia y si alguien pretende atacarla, debe ser consciente que está poniendo en riesgo su integridad personal. Lo contrario es dar pase libre a la anomia y al desgobierno.

En esa misma línea, los ataques a las Fuerzas Armadas en el VRAEM continúan y la ministra de Defensa se permite hablar de “cambio de rumbo” para estas fuerzas. Esto enciende las alarmas, después de haber iniciado su gestión, induciendo al presidente a un desaire a las Fuerzas Armadas, al no haber asistido a las correspondientes ceremonias de graduación de sus oficiales.

Algo está pasando acá, ya que en política no hay coincidencias y, da la casualidad, que en el ministerio del interior se maltrata a la estructura jerárquica de la Policía Nacional, se designa a un Comandante General inexperto y no caracterizado, únicamente por ser obsecuente y dócil al poder político del momento. Se envía contingente policial debilitado, física y moralmente, al mando de jefes inexpertos, sin mandato claro y sin apoyo político. Por otro lado, se empieza a fustigar a las Fuerzas Armadas, aprovechando de su silencio y respeto al orden constitucional por no ser deliberante político.

¿Queremos celebrar el bicentenario maltratando y disminuyendo a las fuerzas que han protegido a la República durante estos dos siglos? ¿Qué propósitos ocultos hay tras este maltrato y manoseo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional?

Todo parece indicar, que la izquierda está buscando una escalada de mayor dimensión, con posiciones maximalistas en todo orden de cosas (políticas y económicas) y para eso requiere un Estado debilitado desde el punto de vista presupuestal, institucionalmente débil, con gobernantes, congresistas y miembros del sistema judicial, sometidos al escrutinio ciudadano bajo sospecha de corrupción (cosa que en muchísimos casos aflora) y en ese ambiente, ahora también atacado con múltiples mensajes repetidos desde la cátedra en muchas universidades, algunos miembros de la curia, con el eco de una prensa confundida o comprada (hay elementos para pensar en las dos opciones) y para completar el círculo, debilitando y sometiendo a las fuerzas del orden, poniéndolos a la par que los “protestantes”.

En esa línea, me avergonzó el increíble comentario hecho por el ministro del interior: “si la Policía y quienes están protestando no ejercen actos violentados, pues se generará un clima de paz”. Con esto deja claro que en el Perú no tenemos autoridad y que, ante las protestas, cuando se envía a la Policía, en realidad estamos enfrentando dos “bandos” contrapuestas, de igual categoría, moral y derechos para ejercer la fuerza. ¿Cuándo perdió el Estado peruano el derecho al monopolio de la fuerza? ¿Desde cuándo en el Perú la relación Policía-delincuencia, es una relación entre pares?

Sinceramente no puedo creer que el representante del gobierno, responsable del orden interno, afirme semejante cosa, después de afirmar que, “no es el jefe de la policía”.

¡No hay derecho que se deje vía libre al socialismo del siglo XXI! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En las elecciones del 2016, la población del Perú le dio una súper mayoría en el congreso al partido fujimorista, para en segunda vuelta, con mucho hígado y después de una campaña política muy ruda y agresiva, contra toda lógica, elegir presidente a PPK.

Cualquiera puede comprender, que para gobernar se necesita contar con el respaldo del congreso, o cuando menos, con la posibilidad de articular y hacer alianzas políticas que lo hagan viable. Por esa razón, los países con regímenes “parlamentaristas”, obligan a que el presidente de gobierno, constituya una mayoría en el parlamento, que respalde su posición y su gabinete para hacer gobierno y mientras tal cosa no ocurra, el jefe de gobierno no es ratificado. Pero aquí, mucha gente se esforzó por polarizar a la opinión pública y terminó eligiendo presidente a quien había quedado muy disminuido en el congreso.

Para nuestra desgracia, ni el ganador tuvo la sagacidad de acercarse y negociar políticamente la gobernabilidad con todos los partidos, ni la perdedora alcanzó la estatura política requerida en esas circunstancias, para juntar voluntades en beneficio de nuestro país.  Muy importante también, es el hecho que, desde hace algunas décadas hemos venido destruyendo el concepto y acción de los partidos políticos, al punto que hemos llegado a constituir únicamente “clubes con propósito electoral” y como consecuencia, se incorporan a las planchas presidenciales y listas de candidatos parlamentarios, gente sin ideario, sin conexión entre ellos ni calidades morales verificadas.  De esa manera, llega gente sin moral ni prestigio a esas listas y así fue cómo llegó Martín Vizcarra.

Durante su gobierno, PPK   fue sometido a dos procesos de vacancia, contando con la felonía de su primer vicepresidente y en esas circunstancias, nadie dijo que lo que pretendían hacer desde el congreso era un golpe de estado, a pesar que se contaba con acusaciones mucho más débiles y con mucho menos pruebas y colaboradores eficaces atestiguando, tal como las que hoy existen contra Vizcarra.  Finalmente, PPK renunció y se tuvo un proceso de sucesión ordenado y pacífico.

Cuando Vizcarra asumió la presidencia, acompañado de algunos delincuentes que hoy no están en prisión, sino con detención domiciliaria por el COVID, se generaron grandes expectativas anticorrupción, pero, por los silencios cómplices de cierta prensa y la “izquierda Gramsciana”, nadie cayó en cuenta que teníamos al “gato de despensero”.

Vizcarra se ocupó de completar el proceso de desprestigio del congreso, originado por el propio comportamiento de los parlamentarios y los usó de “piñata”, con apoyo y entusiasmo de la prensa que “comía de su mano”, de manipular la fiscalía para sacar del tablero a quienes podían acusarlo, hacer una “reforma política” que impidió la creación del senado, eliminó la reelección de congresistas, anulando así la posibilidad de hacer una carrera política y abriendo puertas a los aventureros de la política.  En ese momento disolvió el congreso, violando la constitución al punto que, hasta el día de hoy, el Perú no cuenta con el Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros que aprobó la medida.

El “argumento” para disolver el congreso, fue el pedido de confianza por una ley para cambiar el procedimiento de elección de los miembros de Tribunal Constitucional, labor exclusiva y excluyente del congreso y en la que el ejecutivo no tiene nada que hacer, pero se usó “al caballazo”. La población aplaudió, en apoyo del ejecutivo para evitar la “repartija”.  El pueblo hizo silencio, pero ahora, con nuevo congreso y “nuevo procedimiento”, también se oponen a la elección de los nuevos miembros, por falta de legitimidad de los congresistas para elegir. Todo esto, a pesar que los plazos de seis de sus actuales miembros, están largamente excedidos.

En esas circunstancias, nadie habló de ilegitimidad, de golpe de Estado, ni de defensa de la constitución.  Ahí, hasta el Tribunal Constitucional, con una actitud claramente prevaricadora de algunos de sus miembros, cohonestó ese clarísimo y real ataque a la democracia y violación de la Constitución, que le permitió gobernar sin el contrapeso del parlamento durante seis meses, pero que se prolongó con el desorden de la cuarentena impuesta en razón de la pandemia.

En el camino, se eligió de cualquier manera, a desgano y con profundo desprecio de Vizcarra, un nuevo congreso.  El desprecio llegó a tal punto, que Vizcarra no presentó siquiera candidatos, que, desde ese poder del estado, lo ayudaran a dar gobernabilidad al país. Consecuentemente, no rindió cuentas a nadie y mantuvo una actitud absolutamente autocrática y “pechadora” con los demás poderes.

El punto es que, entre esa manada de advenedizos de la política, le salió en el parlamento, “la criada respondona”. A cada quién más populista, sedientos de aprovechar sus pocos minutos de popularidad y deseosos de aparecer en el escenario político, para más tarde aspirar a alcaldías y gobiernos regionales.

No es del caso mencionar su pésimo gobierno, pero, aún arropado por gente de tercer nivel en los ministerios, salvo algunas honrosas excepciones, exudaba corrupción en cada decisión; compra de las pruebas rápidas para el COVID, repartija de fondos a gobiernos regionales y municipales encaminados a facilitar el robo, mala entrega de “bonos” de todo tipo, pero siempre en busca de apoyo en esos niveles de gobierno, acompañado de un rosario de manejos populistas. Hasta que empezó a aparecer la podredumbre, que no se puede ocultar para siempre; primero con lo de “Swing” y su personal deseo e intervención de torcer la verdad y obstruir a la justicia. Una vez rota esa “primera costra”, empezaron a salir también los colaboradores eficaces, que han venido testificando acerca de las coimas recibidas por Martin Vizcarra, por los proyectos de irrigación regionales y por el hospital de Moquegua, para empezar.

Reconociendo que el congreso, hechura de Vizcarra, es impresentable y no representa a ciudadanos con sentido de dignidad y honor, esa característica no es óbice para que no esté legalmente habilitado para aplicar la ley y declarar la incapacidad moral de este indigno gobernante.

Puede no gustarnos el señor Merino, pero es lo que el Perú, con el apoyo de Vizcarra, eligió y de acuerdo a la Constitución, es lo que corresponde por estar ocupando la posición de presidente del Congreso y, nuevamente, con el entusiasmo y apoyo de Vizcarra, por haber aceptado la renuncia de la Segunda Vicepresidente.

Tal como están las cosas, la izquierda Gramsciana, con el apoyo y disfrute de MOVADEF y del MRTA, está en campaña para desconocer la aplicación de la Constitución y no quiere aceptar al Sr. Merino, ¿qué quisieran, una “addenda express” a la Constitución?  No aceptaron que Vizcarra “inverne” hasta 28 de julio del 2021, con un Primer Ministro de oposición que conforme su propio gabinete, pero hoy quieren que cualquiera reemplace a Merino. Toda la población está actuando como esquizofrénica, al punto que, quien hasta hace pocos días era Primer Ministro y pontificaba sobre el distanciamiento social, hoy convoca a las marchas.  Se agotó la línea de sucesión constitucional, ¿quisieran acaso que las Fuerzas Armadas asuman un rol protagónico, ante la incapacidad civil para conducir la Nación? ¿Tanto dinero ha venido recibiendo la prensa y las ONGs por parte de Vizcarra, que no pueden controlar su luto y azuzan la protesta?

Es tan escandaloso el comportamiento de esta izquierda, que mientras que a PPK, Keiko, Yoshiyama, Humala, Nadine Heredia, por mencionar sólo a algunos pocos de las decenas de maltratados, a los que, con menos razones y pruebas los enmarrocaron, presentaron con chaleco de “Detenido” y les dieron prisiones preliminares y preventivas, para nuestro “angelito” Vizcarra, sólo piden 18 meses de impedimento de salida del país.

La situación a la que hemos llegado, no da para más. O se permite que este gobierno de transición administre el día a día, con miras a unas elecciones limpias en abril y entregar el cargo a un nuevo gobierno, espero mejor elegido, o tendremos que esperar que las “Instituciones Tutelares de la Patria” se hagan cargo, ante la absoluta incapacidad de la sociedad civil para conducirse. ¡Una vergüenza! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Relata el Ing. Fernando Noriega Calmet, quien fuera Decano de la Facultad de Petróleo en 1962, que en el norte del Perú, en 1823 y antes que en ningún país de Hispanoamérica, se hizo la primera perforación en búsqueda de petróleo. Se extrajo brea de distintos lugares del Perú; la Breita y La Brea en Piura, Lobos de Tierra en Lambayeque, así como en Junín y Puno, resultando La Brea el más importante de todos y donde afloraba las evaporaciones naturales de brea en estado líquido. Luego, con una perforación de 70 pies de profundidad, se encontró en Zorritos un petróleo muy ligero. Fue en 1888 que se concedió por Resolución Suprema, los derechos petroleros de La Brea y Pariñas al propietario de la hacienda del mismo nombre, don Genaro Helguero. Cabe mencionar que hubo varios traspasos de esa propiedad entre individuos y compañías inglesas, hasta que se formó la “Compagnie de Pétrole de l’Amérique du Sud”.

Menciono esta última compañía, porque en 1897 cometió el mismo error que Petroperú cometió el 2014, al lanzarse a montar una refinería, antes de contar con las reservas adecuadas que aseguren la producción. Fue en 1900 que “The Peruvian Petroleum Syndicate” impulsó un esfuerzo de exploración, hasta que la propiedad llegó a manos de la “International Petroleum Co.” (IPC), quien efectivamente desde 1920 reforzó una exploración que le permitió cuadruplicar su producción en sólo dos años y pasar de producir 164,808 toneladas en 1920 a 2.3 millones de toneladas en 1936.

La IPC heredó de su predecesora, la London & Pacific Petroleum Co, un diferendo tributario que tomó 50 años y que se resolvió con el llamado “Laudo de La Brea y Pariñas”, que se concretó el 12 de agosto de 1968. Ciertamente esta relación de tensión durante medio siglo y la denuncia del negociador peruano por la desaparición de “la pagina 11”, dieron la excusa perfecta para el golpe de Estado liderado por el General Velasco, definido como un gobierno nacionalista.

No pasó mucho tiempo para que el gobierno de Velasco, se diera cuenta de la necesidad de convocar a la inversión internacional para la exploración, desarrollo y explotación petrolera. Obviamente asumieron los elementos comunes de los contratos petroleros a nivel internacional, bajo el esquema de “profit sharing” y riesgos geológicos, tecnológicos, económicos y políticos, asumidos por la compañía inversionista y operadora. Bajo este esquema y tomando la experiencia de Indonesia, se creó el “Modelo Peruano”, que en esencia asignaba el 50% para disposición del operador y 50% para el Estado peruano, porcentaje éste, que incluía el 68.5% de Impuesto a la Renta del operador. Con este modelo contractual se atrajo a empresas como Occidental Petroleum, quien descubrió el lote 1-A en la selva norte y posteriormente encontraría petróleo pesado en el lote 1-B, los que posteriormente se juntarían en el lote 1-AB, hoy lote 192. Por su lado, Petroperú abrió el lote 8. Estos tres descubrimientos, muy seguidos uno de otro, hicieron suponer al gobierno del Perú (indican que mal asesorado), que “nadábamos en un mar de petróleo”, pasando a asumir una actitud soberbia y poco flexible con las empresas extranjeras, al punto que en diciembre de 1979, a seis meses de entregar el gobierno, se promulgaron dos Decretos Leyes que, unilateralmente y sin previo aviso a los contratistas petroleros, autorizaban a Petroperú a renegociar los contratos bajo nuevas normas. Tanto los contratos con Occidental Petroleum, como con Belco que operaba en el zócalo continental, fueron renegociados a la fuerza y estos tuvieron que aceptar, tras ya tener invertido más de US$1 mil millones. En ese nuevo contrato, se mantenía el 50% para el contratista y 50% para el Estado, pero además el contratista debía pagar de su parte el 68.5% de impuesto a la renta, independientemente que se agregó la obligación de entregar al fisco el 40% del volumen de cada exportación, como pago a cuenta del Impuesto a la Renta, lo que significó, en la mayoría de los casos, un pago a cuenta en exceso al que correspondía. Lo aquí descrito, eliminó a los contratistas la posibilidad de invertir en seguir explorando.

Entrado el segundo gobierno de Belaunde, se promulgó una ley que permitía reinvertir en exploración, con crédito tributario. Pero apenas asumió Alan García su primer gobierno, declaró en Tacna la nulidad de los contratos petroleros existentes.

Cómo podemos ver, hasta el año 1993, año en que la nueva constitución y posteriormente los Tratados de Libre Comercio dieron las seguridades, la actividad petrolera en el Perú había estado sujeta a grandes vaivenes y gran incertidumbre política.

Entre 1974 y 1977, cuando el Perú suponía contar con un potencial privilegiado de petróleo, el gobierno militar dispuso invertir US$800 millones, en la construcción del Oleoducto Nor Peruano (ONP), el que recorre 1,106 km desde Loreto hasta Bayovar; Tramo 1, de 306 km, tubería de 24” y que une las Estaciones de bombeo 1 y 5. Tramo 2, de 548 km, tubería de 36” y que une la Estación de bombeo 5 y Bayovar. Finalmente, el Ramal Norte de 252 km, tubería de 16” y que une el lote 1-AB (hoy 192) y la Estación 5. Su diseño e ingeniería cuenta con estándares de 1973, protegido con pintura epóxica y revestido con cinta de polietileno en zonas de selva y con alquitrán en zonas rocosas y salitrosas. En zonas de selva tiene tramos sumergidos y otros aéreos soportados por estructuras en H. Por su antigüedad, no cuenta con protección galvánica y por tal razón, el efecto de la corrosión a lo largo de sus 43 años, con débil mantenimiento, ha sido muy alta.

Más allá de la parte descriptiva, el ONP fue diseñado para transportar hasta 200 mil barriles diarios (mbpd), con posibilidad de ampliarse hasta 500 mbpd, aunque nunca transportó más de 100 mbpd. Lamentablemente, ahora se podría producir y transportar hasta cerca de 50 mbpd, si pusiéramos en operación los Lotes 95, 67, 8 y 192, que por estos días están paralizados.

Ahora el ONP requiere un plan de mantenimiento que, según Petroperú, podría alcanzar a montos que “fluctúan entre US$400 y US$ 1,600 millones”. Al margen de esto, tenemos permanentemente interrupciones del servicio del ONP por protestas sociales, tal como hoy, frente a un gobierno incapaz de imponer la ley y el principio de autoridad. El tema se agrava aún más, al haberse reducido dramáticamente las reservas probadas de petróleo y su producción, lo que nos ha llevado a que la máxima producción pueda alcanzar hasta 50 mbpd, si todos los lotes del área estuvieran listos para producir, lo que a la fecha es de cerca de 35 mbpd.

No es el tiempo de discutir la conveniencia o no de la construcción de la nueva refinería de Talara,  porque ya el asunto hoy día es, que después de 7 años de construcción, dentro de uno o dos años completaremos una refinería construida para refinar 95 mbpd y desulfurar petróleo, incluyendo petróleo pesado, como el que fuera parte de nuestras reservas del lote 1-B, lo que hizo que la inversión se eleve a US$7 mil millones.

El problema del Perú es que, no hemos tenido en las últimas décadas un solo gobierno capaz de generar una visión de largo plazo para el país. Ni siquiera alguien capaz de plantearse un “proyecto petrolífero nacional” y convocar en torno a ese proyecto. En cambio, el Estado se ha involucrado en inversiones desordenadas y con absoluto desconocimiento de la actividad.

Quienes conocen la industria extractiva, saben que lo primero que se debe hacer, es exploración y desarrollo, que pruebe reservas y permita asegurar la producción futura que genere un retorno económico, capaz de pagar la gran inversión inicial, incluyendo la refinería y no al revés, como el error de 1897.

Hoy el dilema del Perú es, si queremos o debemos insistir en la industria petrolífera, considerando que contamos con un formidable activismo y oposición social, que impide y dificulta al máximo las exploraciones, perturba las operaciones, sabotea el ONP, que requiere una inversión que podría llegar a US$1,600 millones, para seguir operando razonablemente. Es fundamental reconocer, que el ONP es indispensable si queremos convencer a cualquier compañía para que venga a explorar y luego explotar cualquier descubrimiento que pudiera darse. Sin garantizar la existencia del ONP, no hay posibilidad de atraer inversión en exploración a la zona nor oriental del Perú. De otro lado, si la decisión nacional fuera, que no queremos industria petrolífera, deberemos invertir cerca de US$800 millones en retirar el ONP y en remediar los pasivos ambientales generados en más de 40 años de operación.

Debemos considerar, que los precios del petróleo no están en sus mejores niveles, que el Perú no tiene una historia de éxito en la exploración petrolífera, que la historia política del Estado peruano relacionada a hidrocarburos ha sido demostradamente inadecuada (en lo tributario como lo muestra la reseña histórica y en lo ambiental, como se ve hoy en las imposiciones de OEFA a Pluspetrol respecto  de la remediación de pasivos ambientales anteriores a sus contratos), que estamos teniendo una tremenda propensión al populismo en todos los sectores políticos, que se está generando para los inversionistas una seria inestabilidad política, que si no corregimos, se irá acercando a lo que tuvimos entre los años 1968 y 1993, que la industria extractiva es “la presa preferida” para los políticos populistas y las ONGs ambientalistas y que en el Perú no se respeta la ley, ni el principio de autoridad.

¿Qué debemos hacer? En lugar de tontear, como lo han hecho políticos inútiles esta última década, debemos estudiar el problema, analizar nuestras opciones, definir lo que le conviene al Perú y ponernos a trabajar para lograr el objetivo. Pero, sobre todo, asegurarnos que el Perú se gane el respeto internacional, por su seriedad y se convierta nuevamente en un destino de inversiones atractivo para los capitales, que servirán para nuestra reactivación post COVID y que al venir acompañados de oportunidades de negocio y de tecnología muy útil para nuestro desarrollo, nos plantearían un mejor horizonte. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Han pasado 27 años desde que se capturó a la cúpula de Sendero Luminoso y 23 del rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón, con lo que se terminó de neutralizar a los grupos terroristas, que habían operado salvajemente por años en el Perú.

Igualmente, han transcurrido unos 15 años desde la payasada de los hermanitos Humala en Andahuaylas, que terminó con el asesinato de cuatro miembros de nuestra Policía Nacional.

Dentro de estos tres grupos, entre terroristas y levantiscos, hay individuos que han sido asesinos directos, puros y duros. Otros, miembros de “grupos de apoyo”, otros “adoctrinadores” de estudiantes y pobladores, otros abogados y médicos. Pero todos, delincuentes dispuestos a asesinar para imponer sus ideas en contra de la democracia, que aún después de capturados sus dirigentes, unos aún en cárcel y otros ya en libertad, por haber cumplido la breve sentencia que nuestra débil democracia les impuso, siguen efectuando actividad subversiva; en poblados, en colegios y en cualquier dependencia del Estado que se los haya permitido.

Hay quienes se han infiltrado como “asesores de congresistas”, otros están infiltrados en el sistema educativo, algunos enseñando en las escuelas, particularmente en las rurales. Otros están infiltrados en el ministerio de educación y en las UGELES. Del mismo modo, otros se han infiltrado en el sistema judicial y otras dependencias del Estado, con diferentes asesorías y consultorías; ambientales unas, culturales y sociales otras, etc.

Independientemente de donde estén, lo grave es que el Estado se está dejando infiltrar por gente que no debiera tener acceso a ninguna función pública. En esencia, no deberían tener ninguna oportunidad de trabajar y cobrar una remuneración en el sector público.

Por supuesto que, como si los estuviera escuchando, me dirán: “si ya cumplieron su pena, la sociedad los debe reivindicar”. Habrá otros que no quiero calificar, que propugnarán la “tesis del olvido”, reclamando se eliminen los registros de sus antecedentes penales. Lo que considero sería gravísimo.

Ciertamente, me reclamaran que explique el por qué de mi posición y para eso, recurriré al catecismo que se enseña a los niños, haciendo la analogía de la confesión.

Este sacramento contiene cinco elementos:
. Examen de conciencia.
. Dolor de corazón.
. Propósito de enmienda.
. Confesión de boca.
. Satisfacción de obra.

Lo importante es que, para que haya el perdón de los pecados, se debe cumplir con estos cinco elementos y basta que uno de ellos no se cumpla, para que tal confesión quede invalida.

Lo mismo ocurre con nuestros delincuentes terroristas, asesinos, sus cómplices y colaboradores. Muchos han sido capturados y sometidos a la justicia, muchos de ellos; directamente o porque tuvieron que aceptar la evidencia, reconocieron sus actos ante la justicia, confesaron sus acciones y finalmente, ante la sentencia judicial, estos cumplieron penitencia en la prisión.

Pero si revisamos lo ocurrido, la mayoría no tuvo el examen de conciencia, ni el dolor de corazón y, por supuesto, menos han tenido el propósito de enmienda. En esas condiciones, su liberación de la prisión, no significa que esté rehabilitado, “resocializado” y listo para reincorporarse a la sociedad, menos aún, para ocupar un puesto de trabajo en el aparato estatal.

En esa línea y con mucho mayor razón, estos individuos jamás debieran estar permitidos de ser candidatos a puesto público de elección alguno, porque ahí sí, le estamos entregando el arma al asesino.

No entiendo la lógica de aquellos congresistas que, haciendo con toda razón, campaña para impedir que ciudadanos con sentencia penal de más de cuatro años en primera instancia, puedan ser candidatos a cualquier cargo de elección en el Estado, estén sin embargo, “poniéndose de perfil”, ante el caso de asesinos y terroristas sentenciados, permitiendo que, luego de su liberación, puedan participar en las elecciones como candidatos a gobernantes o congresistas, cuando lo que buscan, es destruir la democracia. ¿Tenemos una democracia boba?

¡Exijo una explicación! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En febrero de este año planteaba la necesidad de desarrollar en el Perú un equipo de funcionarios de Estado, que tengan la posibilidad de ser formados con altas calificaciones, valores y tradiciones, a quienes se les dé la oportunidad de desarrollar una carrera pública.

En mi opinión, es muy importante contar con un cuerpo técnico, no político, estable en el tiempo y que perdure por varios gobiernos. En esa lógica, sólo los ministros y los viceministros serían figuras políticas, parte del gobierno de turno. La “planta estable” serían los Directores Generales y Directores que llegarían a estas posiciones por méritos a lo largo de tal carrera pública. Son los que conocen el aparato y sus normas reglamentarias, aquellos que trabajan permanentemente en la mejora continua de la cosa pública y que cuentan con el conocimiento que le permita advertir a ministros y viceministros de las normas y los márgenes dentro de los que el poder político se puede mover.

El Perú no ha hecho el más mínimo esfuerzo por desarrollar este esquema que, ciertamente, sí funciona en la cancillería, en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con muy buenos resultados. Valga resaltar que profesionales calificados y preparados por el BCRP han sido la cantera que ha nutrido al Estado de muchos técnicos y especialistas para cubrir posiciones relevantes en organismos públicos.

Como lo antes mencionado no ha sido una doctrina en el aparato público, nos hemos visto obligados a convocar a profesionales debidamente calificados para ser incorporados como asesores y altos ejecutivos de los distintos ministerios y organismos reguladores y supervisores. Resulta a estas alturas una mezquindad negar los grandes aportes de profesionales jóvenes al Estado, los que llevaron consigo no sólo su profesionalismo, sino toda la experiencia acumulada en el sector privado y comprensión de la actividad empresarial privada, para volcarla luego en favor del aparato público, tanto en lo normativo como en la actividad regulatoria y de supervisión. Cuanto quisiera que, también en lo concerniente a la gestión y gerencia de las actividades del Estado se hubiese hecho el mismo esfuerzo y aplicado la misma receta; si fuera así, no hubiéramos tenido los fracasos que venimos afrontando en el manejo de las actividades para controlar el COVID-19 y la conducción de los programas de bonos, distribución de alimentos, facilidades de agua a poblaciones vulnerables, compras centralizadas y eficientes, solución rápida de instalaciones y facilidades médicas, así como la logística integral de esta crisis y las anteriores. Hubiéramos sido capaces de aplicar soluciones de sistemas de información, geomática, aprovechamiento de bases de datos, conectividad a sistemas de banca telefónica, etc. Y por supuesto, no nos encontraríamos a cada paso con actitudes reactivas y de desconfianza de los funcionarios respecto a propuestas de; sistemas y procesos ya desarrollados en el sector privado, que, han recibido como respuesta, “vamos a desarrollar nuestro propio sistema”. Por Dios, ¿en pleno zafarrancho querer inventar la rueda que ya está disponible en el mercado?

En este marco y hasta que formemos con “Servir”, probablemente, a los gerentes requeridos para una gestión eficiente del aparato estatal, tenemos una legislación que impide a los funcionarios del Estado incorporarse a la actividad privada en empresas que actúan en el mismo sector por un lapso de 1 año y cuando estos vienen del sector privado,  deben abstenerse de participar en temas en los que pueda haber información privilegiada o conflicto de intereses. Lo dicho está normado en el artículo 97 del texto único ordenado de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, debidamente reglamentada. Obviamente, si incumplen la ley se debe aplicar las sanciones correspondientes.

Pero ahora resulta que un congresista ha planteado un proyecto de Ley para impedir que se produzcan las “puertas giratorias” entre el sector público y privado, impidiendo que se pueda incorporar a los niveles más altos de la gestión pública a quienes hayan actuado, en un plazo previo de menos de 10 años como gerentes, directores o accionistas de empresas relacionadas al sector, así como, impedir que, al cese de tales funciones públicas pueda retornar a la actividad privada por 10 o 5 años (a ser definido por reglamento del ejecutivo) según el caso.

Lo primero que quiero resaltar es que, para poder normar, regular y supervisar una actividad se requiere un profundo conocimiento de tal actividad y experiencia en ella. En segundo lugar, ya hemos mencionado que no hemos formado gerentes ni directores que hayan logrado la excelencia profesional requerida para estas funciones a nivel del Estado. En tercer lugar, es un hecho conocido que hay una gran diferencia económica entre las compensaciones del sector público y privado, por lo que si no hay una adecuada carrera pública (caso BCRP y SBS), será muy difícil atraer y retener profesionales jóvenes y de altas calificaciones en el Estado y si a eso queremos agregarle el impedimento de poder trabajar en el sector privado sino hasta pasados 10 años de haber ejercido función pública, estaremos haciendo más difícil aún la captación de profesionales del más alto conocimiento y experiencia.

Finalmente, pero no menos importante, quien promueve este proyecto es egresado de la universidad de su papi (no licenciada por cierto y altamente cuestionada), con altas sospechas de corrupción, muy ligado al escándalo de “Los cuellos blancos del puerto” (según la prensa 500 llamadas a los “personajes” involucrados directamente y 159 a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura). Debo agregar que su experiencia profesional ha sido siempre de Gerente General de las entidades educativas de su papi y con acusación de apropiación ilícita de dineros de sus trabajadores, pues retuvo el 10% de la remuneración de estos para aporte a las AFP, pero no las pagó.

Nunca mejor aplicada la expresión: El ladrón cree que todos son de su condición.

Ya es tiempo de dejar de fomentar esta, no sólo desconfianza sino animadversión del sector público por el sector privado. Creo que debemos aprender unos de otros y que, en beneficio del Perú juntemos esfuerzos y aprovechemos las fortalezas y capacidades de ambas partes. Aprendamos a ser equipo. Lampadia