1

Propuestas para reducir la conflictividad anti-minera (2 de 6)

| 15 de Marzo de 2016
Propuestas para reducir la conflictividad anti-minera (2 de 6)

Nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, que cuenta con la colaboración del Centro Wiñaq, se nutre de diversos artículos y ensayos para mostrar con rigurosidad la grave situación de parálisis de las inversiones mineras y otras, a la que nos ha llevado la práctica anti-minera.

La siguiente contribución de Sebastiao Mendonça Ferreira para Lampadia, corresponde a la segunda parte de los seis escritos que presentan nuestras propuestas para combatir la conflictividad anti-minera, desde la perspectiva de un enfoque estratégico y sistemático.

Para reducir la Conflictividad Minera (2)

Lo que deben hacer las Empresas Mineras (artículo 2 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

Como explicamos en el primer artículo de esta serie, la conflictividad que afecta la minería es resultado de la interacción directa de cuatro actores: (1) las empresas mineras, (2) la institucionalidad pública, (3) la sociedad local y regional, y (4) los grupos anti-mineros.[1] En este y en los próximos artículos vamos explicar qué deben hacer cada uno de esos actores, caso asuman una postura pro-desarrollo, para dar una perspectiva de futuro la una minería sostenible.

Comenzamos por la empresas pues creemos que ellas tienen responsabilidad en la presente situación de conflictividad, y que si corrigen su accionar, pueden obtener resultados altamente positivos para ellas mismas, para la población y para el país.

Consideraciones previas:

  1. La preocupación por el ambiente representa un avance social. Todos, ciudadanos, instituciones y empresas, tenemos responsabilidad ambiental. El compromiso con el ambiente no puede ser entendido como una estrategia de imagen, sino como un valor a ser practicado y un principio de gestión.[2]
  2. En los países con institucionalidad deficiente, como el Perú, las actividades ligadas a los recursos naturales, especialmente la minería, son blancos de conflictos políticos y sociales. En países con una institucionalidad aún mas precaria que la peruana, esos conflictos asumen la forma de guerra civil, golpes de estado o insurrecciones. En Perú esos conflictos son menos violentos, pero siguen siendo económicamente muy destructivos.
  3. Las condiciones sociales para la minería en el Perú son desventajosas: la desconfianza, los sentimientos de agravio y los resentimientos son comunes, especialmente en regiones con potencial minero. Propagar rumores y montar narrativas hostiles a la minería es fácil. Hay miles de aventureros y radicales dispuestos a promover conflictos como estrategia de ascenso económico y político, y muchos medios creíbles los propalan sin verificar su veracidad.
  4. La legitimidad social de las empresas es indispensable para su sostenibilidad. Si una empresa deja que su credibilidad sea destruida, ella se vuelve vulnerable a las campañas de rumores y mentiras de parte de actores hostiles y aventureros. Con ese flanco abierto los conflictos se multiplican. Las empresas que descuiden su legitimidad social se arriesgan a perder muchos miles de millones de dólares.
  5. Las capacidades distintivas de las empresas mineras, en los países emergentes, se han desplazado de lo tecnológico y financiero hacia la habilidad para prevenir y manejar la conflictividad social. Esta tendencia se va hacer más fuerte en el futuro. Las empresas mineras necesitan ampliar sus capacidades en ese campo.[3]
  6. La reducción de la conflictividad en la minería no será el resultado de una solución mágica, tampoco será una victoria de las empresas mineras, únicamente. Su logro va ser el resultado del accionar del conjunto de actores pró-desarrollo. Será la acción combinada de ellos lo que posibilitará revertir la situación problemática predominante hoy en el país.

Consideraciones Estratégicas

La sociedad local es crítica: La permanencia de las operaciones de las empresas mineras requiere responder a las expectativas, temores e intereses de muchos actores (stakeholders). Entre todos ellos, la sociedad local es el grupo de actores que puede afectar en forma más directa la viabilidad de las operaciones de una empresa minera. Descuidar a la sociedad local tiene costos de corto y largo plazos.[4]

Relación de largo plazo: Las empresas tienen que tener claro que la relación con las sociedades locales es de largo plazo (es como un matrimonio sin divorcio posible), y no se resuelven con campañas publicitarias ni con soluciones cortoplacistas. Además, no es posible comprar una imagen nueva en el mercado. Los antimineros realizan acciones durante años consecutivos buscando erosionar la reputación de las empresas. Esta relación se mantiene inclusive más allá del tiempo de vida de un proyecto, y afecta a toda la minería moderna. Los pasivos mineros afectan la minería por décadas.[5]

La polarización de los anti-mineros: La dinámica de la conflictividad depende del tipo de polarización social. A los grupos anti-mineros les interesa que las sociedades locales se polaricen en contra de la minería. Con esa polarización ellos obtienen aliados, consiguen establecer mecanismos de amedrentamiento, y neutralizan a los sectores medios y a todos los demás sectores interesados en el progreso económico. Con la polarización social anti-minera, las ideologías priman sobre las realidades.

El consenso social pró-desarrollo: Las empresas mineras deben promover un consenso social en torno a la minería como motor del progreso local. La población y sus líderes necesitan percibir los beneficios que la minería puede tener en las actividades económicas importantes para todos los sectores locales.[6]

Maximización de las sinergias: La clave no es distribuir recursos sino generar sinergias. Las empresas mineras deben ajustar sus estrategias y modelos de negocio para maximizar las sinergias con la economía de los diversos sectores sociales: empleo local, demanda local de servicios, compras locales, mejoramiento de infraestructura, e impacto en la economía de la población, tanto urbana y rural.[7]

La combinación sinérgica de los factores: Para mejorar la receptividad social a sus actividades las empresas mineras pueden recurrir a tres factores: (a) los impactos de la minería en la economía local,[8] (b) el canon generado por la minería (transformado en obras), y (c) los proyectos de desarrollo financiados por las empresas mineras. La combinación de esos tres factores en torno a una visión compartida del desarrollo regional lo que puede generar una nueva dinámica política que vaya gradualmente construyendo un consenso por el Desarrollo Compartido.

Ejemplos de Acciones prácticas

Esta lista de acciones es incompleta y tiene una función ilustrativa, para dar una idea del enfoque con el cual las empresas mineras puede efectivamente reducir la conflictividad. Su utilización va depender de la situación específica y del contexto de cada empresa.

(1) Prevenir los sentimientos de agravio:

  • Dar prioridad a los riesgos ambientales, similar a los riesgos de seguridad, con políticas definidas, medidas de control riguroso, y monitoreo preventivo diario, y mecanismos internos de incentivo. De ocurrir algún accidente, hay que priorizar la protección de la población local, su tranquilidad y la gradual recuperación de su confianza.[9]
  • Mejorar los modelos de compras de tierra, evitando las compras individuales, dando preferencias a las compras colectivas, y montando un sistema de cambio de tierra por tierra, tanto como sea posible.[10]
  • Evitar todos los gestos de arrogancia y actos deshonestos del personal de la empresa en todos los niveles, desde la gerencia general hasta el personal de línea. Sancionar ejemplarmente cuando hechos de este tipo ocurran, hacer los cambios que sean necesarios en las políticas de la Empresa. [11]
  • Implementar estándares ambientales con los proveedores y contratistas locales, similares a los que las empresas aplican internamente. Para la población local el comportamiento de esas empresas se transfiere a las empresas mineras
  • Establecer líneas de base sobre las condiciones ambientales en las zonas de operación, no solo en los aspectos reglamentados por el Estado sino en cualquier ámbito que pudiera generar inquietudes en la población, por más descabellado que parezcan.[12]
  • Comunicar y monitorear los acuerdos con las comunidades. Evitar las incertidumbres y las expectativas infladas que en el corto plazo ayudan a avanzar los proyectos pero que en el largo plazo generan una sensación de engaño en la población. Hay que ser explícitos sobre los límites de los acuerdos para evitar que la población alimente expectativas fuera de los acuerdos.
  • El objetivo principal de los Procesos de Participación Ciudadana, como las Audiencias Públicas, debe ser incrementar la compresión de la población local sobre a las consecuencias de un Proyecto. El cumplimiento burocrático de esos procesos, sin entendimiento de la población, es preludio de conflictos futuros.

(2) Dinamizar las cadenas locales de valor:

  • Medidas en esa dirección son: Maximizar la contratación de mano de obra local, contratación de servicios locales, compra de alimentos e insumos de producción local, etc. No basta con que existan contratistas locales, es necesario un esfuerzo constante de las empresas por elevar el porcentaje de compras y contratación local. Esos resultados deben ser visibles como porcentaje de los gastos totales.
  • Propiciar el encadenamiento económico de los sectores de la economía local con la minería. Especial atención debe ser dada a las actividades económicas más importantes para la población: agricultura, comercio, y servicios.

(3) Hacer un manejo preventivo de la conflictividad:

  • Monitoreo permanente de los factores generadores de conflictos: sentimientos de agravio por cualquier clase de afectación (ambiental, económico, social, etc.), temores de la población, compromisos incumplidos, expectativas insatisfechas, etc.; para resolverlos antes que se transformen en conflictos.
  • Monitoreo permanente de las líneas de acción de los antimineros: agendas políticas, discursos hostiles, campañas de rumores, organización de conflictos, ‘estudios técnicos,’ iniciativas legales, etc. Las implicaciones futuras de esas acciones deben estar claramente visualizadas.
  • Monitoreo permanente de la conflictividad, para resolver los conflictos antes que se activen o que se escalen, para que sean resueltos antes que ofrezcan oportunidades para los grupos anti-mineros y de aventureros políticos.
  • Formación de capacidades internas y sistemas de gestión en las empresas para identificar y manejar los riesgos y los conflictos sociales, con un enfoque preventivo, y dejen de trabajar como bomberos, apagando incendios.

(4) Proteger y Construir Legitimidad:

  • Evaluar las acciones y los gestos de la empresa en términos reputacionales. Todas las acciones y gestos que puedan afectar la confianza de la población local en la empresa deben ser corregidos en forma drástica.
  • Monitorear los rumores y mentiras propagados por los grupos anti-mineros y aclarar a la población lo antes posible, para evitar que esos grupos vayan corroyendo la confianza de la población en la empresa.
  • Hacer los cambios internos necesarios para que las decisiones en todas las áreas de la empresa sean tomadas considerando las repercusiones sobre la Legitimidad de la Empresa.

(5) Desarrollar mecanismos de comunicación

  • Conocer el sistema de creencias y valores de la población local, sus temores y expectativas respecto a la presencia de la minería, dando especial atención a aquellos elementos que son utilizados por los anti-mineros en su narrativa.
  • Desarrollar una narrativa de Desarrollo Compartido que sea compatible con ese sistema de creencias y valores, y con un lenguaje que asimile las idiosincrasias y expresiones culturales de la población local.
  • Monitorear el flujo de mensajes que recibe la población local, especialmente vía radios rurales y asambleas comunales, y clarificar a la población en relación a los rumores y campañas de temores generadas por los grupos anti-mineros y aventureros políticos.[13] Particular atención debe darse al rompimiento del Cerco Cognitivo[14] montado por los anti-mineros.
  • Establecer mecanismos periódicos de consulta, información con los actores más importantes de la sociedad local (empresarios, autoridades políticas, líderes religiosos, etc.) y con la población del entorno rural, respecto a temas claves: agua, impactos económicos, contaminación, infraestructura pública, etc.

 (6) Fortalecer la institucionalidad local

  • Conocer la situación de las instituciones locales: urbanas y rurales; y apoyar el desarrollo de capacidades para que sean efectivas en la canalización de las expectativas de sus asociados hacia opciones viables de Desarrollo Compartido.
  • Apoyar el desarrollo de una institucionalidad local: credibilidad, capacidad e independencia para monitorear e informar a la población sobre el estado de los recursos naturales y los posibles impactos ambientales y sociales de la minería.[15]
  • Hacer visible las deficiencias y incumplimientos de la institucionalidad pública (nacional, regional y local) para que la población pueda entender a quién corresponde las responsabilidades por los problemas que viven.
  • Contribuir a un diálogo público en que instituciones locales puedan darle forma al tipo de Desarrollo Compartido que mejor responde a las potencialidades regionales y a las aspiraciones de los agentes económicos y la población.

(7) Minimizar la búsqueda de rentas

  • Evaluar si las soluciones que se ofrece generan conflictos futuros, o algún sistema de incentivos que promueve la conflictividad. Los conflictos cuyo propósito es la obtención de provecho privado merecen análisis específicos.
  • Corregir los daños eventuales de las operaciones mineras. Corregirlos oportunamente, garantizando que la afectación sufrida por la población haya sido subsanada. Ahorros de corto plazo tienen altísimos costos de largo plazo.
  • Descartar la lógica del pragmatismo transaccional y de las soluciones de corto plazo. Desde los gerentes de operaciones hasta el personal que se relaciona con la población deben tener muy claro que las soluciones deben durar décadas, no años ni meses.
  • Tolerancia cero hacia la corrupción en cualquier nivel, no sólo porque es anti-ético, sino también porque ese tipo de acciones envía el mensaje de que la empresa es corrupta, y que la corrupción es una manera efectiva de sacar provecho de la empresa, alimentando chantajes futuros. La fiscalización ambiental de una empresa corrupta no tiene credibilidad en la población.
  • Los acuerdos con las comunidades deben ser con la participación de las bases. Los acuerdos solo con las dirigencias tienen escasa legitimidad, son inestables y son vulnerables a la acción política de los antimineros.

(8) Fortalecer las acciones de Responsabilidad Social.

  • Hacer un fuerte énfasis en el rol de obras por impuestos e iniciativas públicas cofinanciadas como mecanismo de apoyo a las poblaciones locales. Con ello se reduce el despilfarro de los impuestos, especialmente el Canon.
  • Focalizar los esfuerzos de Responsabilidad Social en áreas críticas para la población tales como incrementar el acceso al agua. La dispersión temática de los proyectos reduce la recordación de las acciones de responsabilidad social.
  • Evaluar los impactos reales de los proyectos de Responsabilidad Social sobre el bienestar de la población y su visibilidad. Los proyectos sociales poco efectivos y no valorados por las comunidades deben de ser descontinuados.

No existen soluciones mágicas. La conflictividad hacia las actividades ligadas a los recursos naturales, en países con instituciones débiles, es parte de las disputas sociales y política. Sin embargo, es posible reducirla drásticamente, si sabemos qué hacer. Lampadia

 
 
 

[1] Por razones de simplicidad nos referimos a los actores como si fueran una unidad, pero en realidad, ellos son grupos de actores.

[2] Dado que muchos conflictos por rentas se presentan como si fueran reclamos ambientales, algunas empresas creen que las preocupaciones ambientales de la población son estrategias, simplemente. Sin embargo, los lideres anti-mineros utilizan el discurso ambiental, justamente porque el ambiente es un valor apreciado por la población local.

[3] Los menores precios internacionales incrementan la importancia relativa de los yacimientos con alto potencial mineral, pero muchos de esos yacimientos están localizados en zonas vulnerables a la conflictividad social y política.

[4] La Sociedad Local está conformada por los grupos sociales que habitan las regiones mineras, y por las empresas e instituciones que operan en dichas regiones. Los sectores más importantes para la conflictividad son: las poblaciones rurales cercanas a las minas, las autoridades electas, los empresarios que prestan servicios a la minería, las organizaciones de la sociedad civil, y los actores y medios que juegan un rol directo en el sistema político local.

[5] Un cierre de minas que deje pasivos ambientales o rencores de la población, daña la legitimidad de la empresa que lo hace, pero también daña la reputación de todo el sector y las posibilidades de que se desarrollen futuros proyectos mineros en la zona.

[6] Sin voces autorizadas y relevantes de la sociedad local y nacional que apoyen el desarrollo, difícilmente la población se creerá en las propuestas de Desarrollo Compartido.

[7] Ello debe ir acompañado de una estrategia de visualización de estos efectos económicos positivos para que la población local entienda la relación entre su progreso y la minería.

[8] Una parte significativa de la dinamización de la economía local por la minería se debe al consumo local de los empleados de las empresas mineras y empresas de servicios.

[9] Para que se reduzcan los accidentes, es necesario que las remuneraciones de las áreas operativas sean afectados por accidentes con repercusiones reputaciones sobre la Empresa.

[10] Muchas familias campesinas, que venden sus tierras a las empresas mineras, no están en condiciones de dejar sus actividades agrícolas y montar otras fuentes de ingresos en las ciudades. Sin tierras ni ingresos, esas familias van sentirse agraviadas toda su vida.

[11] No hay que olvidar que muchas de las opiniones hostiles hacia la minería en poblaciones locales, se basan en su experiencia con el personal de contacto (gerentes de línea e intermedios) y en las exploración mediática que los anti-mineros hacen de esos hechos.

[12] Las creencias locales mandan. La población local tiene que estar involucrada, ello con el fin de reducir la propagación de rumores y la movilización de grupos confundidos por rumores.

[13] Los mensajes deben validarse con grupos focales para ver si el lenguaje y argumentos son adecuadamente entendibles por la población.

[14] El Cerco Cognitivo es el mecanismo mediante el cual los antimineros, en el entorno de un proyecto,  toman control de las fuentes y medios creíbles de información y bloquean, mediante la coerción y la descalificación, la llegada de mensajes que puedan disentir de sus posturas. Se puede encontrar el tema mas desarrollado en: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/cerco-cognitivo-y-conflictividad-minera/

[15] Las instituciones locales que hacen monitoreo deberán ser 100% independientes de las empresas mineras para que sus reportes sea autónomos y creíbles para la población.

 



Pasemos la brocha y ‘salvemos el pellejo’

| 15 de Marzo de 2016
Pasemos la brocha y ‘salvemos el pellejo’

Siguiendo con el análisis de la conflictividad vinculada a los proyectos extractivos, presentamos a continuación un ensayo que evalúa las propuestas de compartir las utilidades de los proyectos y/o empresas con las comunidades del área de influencia de los mismos. Este planteamiento parece ser un mecanismo irresponsable para enfrentar los conflictos en el corto plazo, con el riesgo de generar comportamientos disfuncionales en el mediano y largo plazos.

Este análisis forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, y ha sido preparado por nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, Camilo Ferreira y Franco Olcese.   

¿Utilidades versus Conflictos?

Por Camilo Ferreira y Franco Olcese, Centro Wiñaq

¿Se podrán reducir los conflictos con las Empresas Mineras mediante el reparto de utilidades?

En campaña electoral, los candidatos proponen lo que sea necesario para llamar la atención y capturar intenciones de votos. En los medios vemos una colección de soluciones mágicas, de ideas nuevas y geniales que pueden resolver los problemas que nos aquejan por largo tiempo. Uno de esos problemas es la paralización de proyectos mineros por la conflictividad social. El problema es que algunas de esas ideas no son nuevas, ni geniales ni menos mágicas. Veamos un ejemplo.

Durante la presente campaña electoral, los candidatos han propuesto diversas alternativas virtuales para afrontar la conflictividad social ligada a proyectos extractivos: Cambio en la Constitución para que los dueños de la tierra sean también dueños del sub-suelo[1], consulta previa con carácter vinculante[2], que las comunidades de los alrededores de los proyectos se beneficien con participación directa en las utilidades de las empresas, etc.  Al hacer estas propuestas, los candidatos buscan convencer a sus audiencias de que la solución propuesta por ellos será la bala de plata que destrabará los miles de millones de dólares paralizados en proyectos y que con ellos el país retornará a la senda del crecimiento. Algunos creen haber tenido la gran idea, la idea que nadie tuvo antes que ellos y que puede solucionar un problema que todos quisiéramos verlo ya solucionado. Uno de esos problemas es la conflictividad social ligada a los proyectos mineros. En nuestra opinión, estas propuestas son una forma de evadir las responsabilidades de los gobernantes, pues implican dejar las soluciones efectivas a procesos cuestionables y mayormente inviables.

En nuestro enfoque, los conflictos sociales relacionados a la minería son complejos y no tienen una solución mágica. Pensamos que la conflictividad social es un fenómeno que requiere un paquete de medidas que, si funcionan bien, reducirían la conflictividad paulatinamente.

Nuestra pregunta es: ¿La participación directa de la población, del entorno de los proyectos extractivos, en las utilidades de las Empresas Mineras llevaría a una reducción significativa en la conflictividad social?

El argumento detrás de esta idea es bastante simple y aparentemente sensato. Brindar a las comunidades una participación en las utilidades o en el accionariado de las empresas asociaría directamente el desarrollo de sus comunidades con el éxito minería (A).  Esta participación llevaría a un alineamiento de intereses entre las empresas mineras y las comunidades (B). Se esperaría entonces que este alineamiento de intereses generara una paz social que viabilizaría la realización de múltiples proyectos mineros paralizados (C),favoreciendo así la reactivación económica (D).La lógica es: “A” lleva a “B,” “B” lleva a “C” y “C” lleva a “D.” El argumento es simple, y todo argumento simple es atractivo, especialmente en períodos de elecciones. Solo falta ver si es verdadero o falso.

Esta expectativa respecto de las consecuencias de una participación en las utilidades surge de una interpretación sobre-simplificada de los conflictos sociales asociados a las industrias extractivas. La sobre-simplificación ocurre por olvidarse de uno de los actores clave, los anti-mineros, y de los efectos de su acción sostenida. Hace pocos meses, el gobierno se dejó llevar por una idea de este corte.

El fracaso de Espinar

Existe una experiencia previa respecto a la participación de las comunidades en las utilidades que sirve de experimento natural. Es decir, existe una experiencia que nos permite ver que ese razonamiento simple es erróneo, y no solo erróneo sino dañino. Esa experiencia previa es el caso de los intentos de reducir la conflictividad en Espinar, donde se aprobó repartir utilidades, y es posible observar los efectos del reparto de utilidades como mecanismo para reducir los niveles de conflictividad social y propiciar inversiones mineras.

Las relaciones entre la población rural de la Provincia de Espinar en el Cuzco y las operaciones mineras en su interior han tenido un carácter conflictivo, desde la instalación de la Mina Tintaya, en 1980, en el que efectivamente la población de la zona fue abusivamente desplazada de su territorio, por la Empresa, en ese entonces estatal. El conflicto del 2011, que tuvo por protagonista central al alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, y que dejó un saldo varios muertos, fue la última ola de un prolongado proceso conflictivo que tuvo sus picos en los años 1990, 2005 y finalmente 2011.

En 2006, la compañía Xstrata tomó control de la mina. Con el fin de reducir la conflictividad ligada a sus operaciones se inició un proceso de negociación fuertemente influenciado por las doctrinas de Responsabilidad Social Corporativa llegando al punto de enviar a gerentes de la Empresa a ser capacitados por OXFAM-Australia.[3] Se realizaron “mesas diálogo”, “fortalecimiento de capacidades”, y se aprobó un “Acuerdo Macro” que incluía una participación de 3% en las utilidades antes de impuestos de la Empresa para la Provincia de Espinar.

Los ejecutivos de Xstrata asumían que la participación en las utilidades era es una idea nueva que cambiaría las reglas del juego. Pero, en realidad ese 3% constituía solamente un aumento de un beneficio que las comunidades locales ya estaban recibiendo, bajo el concepto de canon.

Veamos que es el Canon y como se distribuye. El canon es un mecanismo de distribución de los impuestos que paga una empresa minera, es decir, la distribución del 30% de sus utilidades, de los cuales, el 50% constituyen el canon.

¿Cómo se distribuye el canon? El distrito donde opera un proyecto minero recibe el 10%, y la provincia donde está el distrito recibe un 25% adicional. Entonces el distrito y su provincia reciben el 35% del canon. Si los impuestos representan el 30% de las utilidades, y el distrito y su provincia reciben el 35% de los impuestos, entonces hoy ellos reciben el 10.5% de las utilidades de las empresas mineras.[4]

El caso Espinar, donde se adicionaba un 3% más de las utilidades, fue mostrado como un ejemplo internacional e inclusive propició que la Universidad de Harvard realizara un documental sobre el proceso de relacionamiento con las comunidades al considerarlo como un ejemplo a imitar por otras empresas para evitar la conflictividad. Con ese ejemplo se esperaba que la conflictividad en Tintaya se redujera o desapareciera, pero no fue así.

Después de todos esos acuerdos, en 2011 se reinició el conflicto con la quema del local de la Fundación Tintaya dedicada a realizar actividades de desarrollo en la zona, con víctimas fatales, con la detención del Alcalde de la provincia de Espinar, y una repercusión noticiosa a escala nacional. Una de las reivindicaciones de la ola conflictiva del 2011/12 fue subir el reparto de utilidades de 3% a 30%.

Pero Espinar no es el único caso de fracaso de la distribución de utilidades. Minera Yanacocha ha distribuido utilidades en Cajamarca (bajo la forma de canon) por un aproximado de mil millones de dólares, a lo largo 20 años, y ello no ha evitado que los proyectos Quilish y Conga fueran bloqueados, ni que los anti-mineros ganaran dos elecciones regionales y varias provinciales.

¿Por qué la distribución de utilidades no evitan los conflictos?

Lo primero que hay que entender es que los intereses de las comunidades locales y de los grupos anti-mineros no son idénticos.  Mientras las comunidades tienen intereses económicos y sociales, los anti-mineros y sus organizaciones tienen intereses políticos, y los intereses políticos de los anti-mineros requieren la permanencia de los conflictos.  Si se apoya el desarrollo de la población sin neutralizar a los anti-mineros, la conflictividad se mantiene. El desarrollo económico y social del entorno a un proyecto es una condición necesaria mas no suficiente para sostener la legitimidad de un proyecto frente a su entorno.

Hay que entender la lógica de los grupos anti-mineros porque donde hay conflictos sostenidos hay grupos anti-mineros trabajando en forma sistemática. ¿Y cual es esa lógica? ¿Cual es su ABC?

Las experiencias de Conga, Tía María y Quilish en Perú, de Esquel en Argentina, Pascua-Lama en Chile, Crucitas en Costa Rica, y varios otros casos en América Latina muestran un patrón recurrente. Los proyectos mineros colapsan cuando existe un movimiento social capaz de infligir costos políticos a los gobernantes. Si los costos políticos son muy altos los gobernantes claudican y ceden ante los anti-mineros. Los anti-mineros en todos los países trabajan en función de lograr sus objetivos generando costos políticos a los gobernantes.

Para generar costos políticos ellos necesitan activar un movimiento social hostil a la minería. Es decir, los anti-mineros necesitan que un componente significativo de la población local esté dispuesto a movilizarse en contra de las empresas mineras.  Para ello, los anti-mineros necesitan tres cosas:

  1. Un sector de la población local que se considere afectada negativamente por el proyecto minero y sienta urgencia de actuar al margen de la institucionalidad existente. Es necesario que haya una percepción de agravio, aun si no existen efectos nocivos reales, sean económicos o ambientales.
  2. Un grupo de organizaciones políticas y sociales que obtengan rentas económicas y/o políticas del conflicto, y con influencia sobre la población local; los grupos anti-mineros.[5]
  3. La cercanía física de la población a el proyecto minero, para que las noticias asocien las movilizaciones con un daño potencial del Proyecto hostilizado.

El problema es que el incremento en la participación en las utilidades no tiene efectos decisivos sobre ninguno de estos tres propiciadores de la conflictividad social. Si la narrativa anti-extractivista es hegemónica en la población el aumento en la distribución de las utilidades es interpretada como un reconocimiento explícito, por parte de la empresa minera, del daño que causa a la población, y un intento de comprarla compartiendo una fracción menor de sus utilidades.

Para complicar la figura del reparto de utilidades, en el caso de Tintaya parte de los recursos recibidos por la Provincia de Espinar se destinaban a la transmisión, por el canal de televisión provincial, de imágenes de pobladores culpando a la minera –sin ninguna evidencia que sustente las acusaciones– de contaminación del agua o de enfermedades de su ganado o de cualquier otro problema relacionado a la salud de la población de la localidad.  Es decir, las utilidades de la minería distribuidos a las autoridades locales fueron canalizados para fortalecer la hostilidad hacia la minería.[6]El aumento en la distribución de las utilidades tampoco impidió que Oscar Mollohuanca, militante de Tierra y Libertad, ganara la alcaldía de la Provincia de Espinar.

El incremento de la asignación de fondos a la población cercana al proyecto, como se vio en este caso, no afectó la emisión sistemática de propaganda anti-minera hacia la población. Dentro del discurso anti-minero, estos beneficios son “migajas” siempre insuficientes frente a los “graves impactos ambientales” generados por la minería. Es por esto que la exigencia del alcalde provincial fue pasar de 3% de las utilidades al 30%es acorde con la percepción extendida en la población de que la actividad minera estaba socavando su salud y su agricultura.

El efecto social de una medida como la participación en las utilidades o en el accionariado, depende de la interpretación que la población haga de ella. Si se considera que el reparto de utilidades es una compensación a los daños, antes que una expresión de altruismo, se frustra el efecto deseado en las comunidades, puesto que la intencionalidad atribuida a las acciones de la minera por parte de la sociedad local se ve afectada.

Hay además otro efecto negativo: La oferta de un incremento en la distribución de utilidades, además del Canon, envía un mensaje a la población de que existen muchos millones de dólares que pueden ser disputados, vía reparto de utilidades u otros medios. Esa percepción de la existencia de una piscina de recursos en disputa constituye un incentivo poderoso para que los anti-mineros y algunos grupos de la población radicalicen su postura conflictiva.

Por ello, sin un paquete de medidas que neutralicen la narrativa anti-minera en las poblaciones locales, la participación en las utilidades se verá neutralizada y puede incluso generar incentivos a promover la conflictividad social en búsqueda de una participación aún mayor de esas utilidades. Ello sucedió en Espinar-Cuzco, y muy probablemente sucedería en otras regiones del país. Lampadia

 

[1] La propiedad del suelo no la puede cambiar el gobernante, y su cambio requeriría de un largo proceso institucional. Además, en un país con propiedad colectiva del suelo, la disputa respecto a quienes serían los dueños implicaría un incremento notable de la conflictividad social.

[2] Además de manipulable, esta es una propuesta de los anti-mineros que busca incrementar la capacidad de veto sobre las inversiones mineras.
Ver: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/desvistiendo-el-pos-extractivismo

[3] La decisión de Xstrata de seguir las instrucciones de OXFAM es sorprendente pues dicha ONG tiene una postura hostil hacia la actividad minera.

[4] 30%x35%=0.30×0.35=0.105=10.5%. 

[5] En el Perú los principales grupos políticos de los anti-mineros son Tierra y Libertad y Patria Roja.

[6] Un ejemplo de esto se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=hSg3BUFokj4

 

 


A ponernos al día en infraestructuras

| 15 de Marzo de 2016
A ponernos al día en infraestructuras

Una de las grandes falencias del Perú es su pobre nivel de infraestructuras. Estas son de dos tipos: económicas y sociales. Las económicas permiten un mejor nivel de competitividad de las actividades productivas del país. Las sociales permiten el acceso de los pobres a un mejor nivel de vida y a la economía de mercado. Ver la posición relativa de las infraestructuras peruanas con respecto al resto del mundo, en los siguientes dos gráficos.

El gremio empresarial vinculado a las empresas privadas de servicios públicos (AFIN), donde se agrupan una buena parte de las operadores de las infraestructuras, acaba de recalcular la brecha de infraestructuras del país, presentada en un estudio de la Universidad del Pacífico. El nuevo cálculo, ha diferencia de los anteriores incluye las infraestructuras sociales en salud y educación. La nueva brecha se ha calculado en US$ 160,000 millones hasta el 2025, con US$ 69,000 millones al 2020. Ver sus componentes:

Además de la brecha de infraestructuras, tenemos grandes dificultades en el desarrollo de los proyectos de inversión. Primero en cuanto a la demora entre las adjudicaciones y los cierres financieros de los contratos de APPs, como puede verse en el siguiente cuadro comparativo con otros países. Además, una vez finalizados los convenios, se dan mil dificultades para el inicio de las obras, tanto por trámites con otras agencias del Estado, como los municipios y por inmensas dilaciones en los procesos de expropiación que son parte de los proyectos.  

En cuanto al impacto de las infraestructuras entre los más pobres, el siguiente gráfico, del libro de Richard Webb, ‘Conexión y Despegue Rural’, muestra como el aumento de la conectividad rural, incide en la mejora de los jornales. Ver gráfico:

En cuanto al financiamiento de las infraestructuras en el Perú, hay que plantear las relaciones entre necesidades (brechas), ahorro y deuda pública. El Perú tiene reservas fiscales del orden de 15% del PBI y un nivel de deuda pública casi inexistente, 3.6% de deuda neta. En verdad es absurdo demorar el desarrollo de las infraestructuras que tienen un impacto económico y social tan importante, contando con amplias capacidades de financiamiento. Esta situación es solo producto de la falta de visión, capacidad de gestión e imaginación de las autoridades económicas del país.

Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras ha quedado en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas, lamentablemente más en la teoría que en la práctica. Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes, con lo cual queda asegurada la calidad de los servicios en el tiempo y evitándose los desastres históricos en los que se rehacía las mismas obras varias veces por el típico abandono en su mantenimiento.

En su reciente presentación en el Congreso de Infraestructuras, el ex Ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, ha criticado que se haya cambiado la regla de déficit fiscal que limitaba el crecimiento del gasto corriente y dejaba espacio para la inversión en infraestructuras. Desde su cambio, por parte del actual gobierno, se ha disparado el gasto corriente y no se ha sabido promover la inversión pública. Ver el siguiente gráfico:  

Carranza planteó además, la posibilidad desarrollar estructuras financieras que permitan adelantar los futuros recursos del canon y regalías de determinados proyectos, lo que permitiría acelerar los beneficios de los proyectos fortaleciendo el apoyo social. Ver la presentación de Carranza en el siguiente enlace: Política de Financiamiento de Inversiones en Infraestructura de Uso Público.

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta de Lampadia pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

Lamentablemente, el gobierno de la inclusión ha dificultado las inversiones en infraestructuras, a veces por desconfianza en el sector privado (al que algunos consideran una suerte de fuerza de invasión extranjera) y otras por los absurdos procesos burocráticos que han crecido como frondosas hiedras. Probablemente, solo queda esperar que el próximo gobierno tenga la responsabilidad necesaria para priorizar adecuadamente y sin complejos, mejores acciones de gobierno. Lampadia  

 



La minería peruana tiene el potencial para llevarnos al desarrollo

| 15 de Marzo de 2016

La 32 Convención Minera dejó en claro que el sector es fundamental para la salud económica del país y para su crecimiento y desarrollo integral. A pesar de ello, muy lamentablemente, se pudo constatar que todavía subsiste la creencia de que el Perú puede prescindir de la minería para alcanzar el progreso. De una u otra manera, la poca atención que recibió este importante evento de las autoridades gubernamentales es una muestra de cómo esta errada concepción viene ganando adeptos. Es como si quisiera negarse todos los logros que se han obtenido en los últimos años, o como si se quisiera desconocer que el crecimiento económico es el que ha reducido la pobreza en el país.

No se entiende como los embajadores de casi todos nuestros socios comerciales asistieron al evento, que incluso la propia ministra de minas de Chile, Aurora Williams, haya estado presente, mientras que los ministros del gobierno de Ollanta Humala hayan brillando por su ausencia. Las severas críticas por la inasistencia de la ministra de energía y minas, Rosa María Ortiz, la obligó a tomar un avión a Arequipa para participar del evento casi a último minuto. Un desatino.

Semejante desinterés también fue compartido por la prensa nacional que le dio un despliegue muy pobre a una Convención que se producía en un momento en que la economía nacional se ha ralentizado. ¿No era el momento, justamente, de enfocar todos los reflectores en escuchar a un sector que ha contribuido al crecimiento del país? Realmente, llamativa la escasa cobertura de los llamados medios serios.

Lamentable, pero cierto. Como demostró durante su exposición el director de Lampadia, Pablo Bustamante, se viene desatando una campaña en contra de las actividades económicas del país. El Post extractivismo difundido por la izquierda peruana, quiere impedir que el Perú crezca, desea sumirlo en la pobreza impidiendo que se desarrollen sectores como la minería, la agroexportación y otros que son los que han generado el bienestar del que goza la gran mayoría de peruanos. Tal y como señaló en su ponencia estas ideas deben ser enfrentadas.

Importantes expositores como el ex ministro de Economía, Luis Carranza y el actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde coincidieron en destacar la importancia de la minería en el crecimiento del Perú. Sin la minería no se explica el llamado milagro peruano. Y, aunque en Lampadia se ha señalado reiteradamente, no solo debe a los precios internacionales. Sino a que se hicieron las cosas bien. Como indicó Velarde, el Perú no es el país que más se benefició con el ciclo de los súper precios, sin embargo es el que más creció y uno de los pocos que obtuvo superávits fiscales. Es decir, hizo ahorros. Por otra parte, en esta coyuntura se efectuaron una serie de encadenamientos productivos que nos han permitido diversificar nuestra cartera exportadora y por ejemplo desarrollar un importante sector metalmecánico.

Basta decir que en los últimos 10 años, el PBI minero ha contribuido en promedio 13.5%  al PBI nacional y las exportaciones mineras representaron el 58´5% del total. Es además el principal contribuyente en Impuesto a la Rente (IR) y uno de los principales en recaudación fiscal.

Por cada dólar invertido en capital inicial, se puede esperar 4 dólares adicionales invertidos durante toda la vida de la mina. Lo que demuestra que el factor multiplicar es de 4 a 1.

Ha quedado en evidencia, una vez más, que son las regiones en las que existe mayor actividad minera la que más desarrollo social e integral se ha producido. Las regiones del sur: Arequipa, Moquegua y Tacna, lideran los índices de desarrollo humano y los que mejor calidad educativa muestran, con lo que empiezan a diferenciarse del resto del país y ha crear una reserva productiva de primer nivel.

Además, los importes por canon han contribuido a cerrar una serie de brechas, en especial las de infraestructura. En los últimos diez años se transfirieron 34,828 millones de nuevos soles en concepto de canon minero.

Mención especial merece los efectos positivos que ha tenido en Apurímac el desarrollo de las Bambas. Si en el 2010 la pobreza extrema ascendía a 24%, el 2014, cayó a 9%. Una disminución del 61%. Algo similar ha ocurrido con la desnutrición que el 2010 rondaba el 39%, en cuatro años bajó a 29%, menos 25%. Los índices de habilidad lectora y en matemática, también se han incrementado.

Otra conclusión importante ha sido la demostración que el Perú sigue siendo sumamente atractivo par la actividad minera. La actividad minera sigue siendo vital. Primero por la inmensa capacidad productiva del país. Actualmente existe una cartera de 60 mil millones de dólares. Por si fuera poco, nuestros costos están muy por debajo de países competidores. El Perú está en condiciones de duplicar su producción y con eso compensaría la caída de los precios, que dicho sea de paso, no es que el superciclo de la minería haya terminado como se demostró.

Lo cierto es que si el Perú desarrolla todos los proyectos mineros, sigue explorando y potenciando su capacidad en este sector, pronto podríamos llegar al desarrollo. Como señaló Luis Carranza, si el Perú consigue establecer un cluster minero en el Sur (teniendo como eje a Arequipa) y otro en el Norte, nuestro potencial económico se incrementaría enormemente. Tenemos todas las capacidades para hacerlo. Energía, capacidad y sobre todo una demanda de servicios mineros, debido a que geográficamente existen muchos proyectos mineros en las cercanías de Arequipa.

No se resaltó tampoco que la convención se efectuó en una universidad pública: La Universidad Nacional de San Agustín. Una demostración que las entidades públicas y privadas pueden trabajar por objetivos comunes. Se tuvo que superar muchos obstáculos para que la UNAS se convirtiera en la casa de Perumin 32. Desde la desconfianza hasta los retos tecnológicos. Todos se superaron y la Convención se desarrolló en un ambiente adecuado. Una lección, sin duda.

Finalmente, habría que decir que los argumentos de los antimineros fueron puestos al descubierto. No existe una alternativa realista para que el Perú crezca. Solo demagogia y una oposición absurda repleta de prejuicios ideológicos. Es pues el momento de darle a la minería la oportunidad de llevarnos al desarrollo. Tenemos todo para hacerlo. No desperdiciemos la oportunidad. Lampadia



Perumin: Debate Arana – Carranza y panel

| 15 de Marzo de 2016
Perumin: Debate Arana – Carranza y panel

En el último día de Perumin Convención Minera 32, se promovió un debate entre el ex cura Marco Arana de Tierra y Libertad y el ex Ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza. Además se contó con un panel formado por Jorge Merino, ex Ministro de Energía y Minas del actual gobierno, Carlos Monge y José de Echave de Tierra y Libertad y Pablo Bustamante, Director de Lampadia. El moderador del debate fue José María Salcedo.

El programa estableció una presentación de 20 minutos por cada expositor y dos ruedas de 5 minutos para cada panelista.

A continuación presentamos el video del debate: 

 

Líneas abajo presentamos los videos y las transcripciones de las intervenciones del Director de Lampadia:

 

Primera Intervención:

 

Yo quiero recordarle al líder de Tierra Libertad que a los arequipeños nos gusta hablar claro y decimos lo mismo en todos los sitios que visitamos.

También nos gusta respetar a las personas, pero estamos acostumbrados de combatir ideas, especialmente las ideas equivocadas.

Usted está promoviendo en el Perú la ideología de la pobreza, y pretende imponerla a la fuerza, incluso, con su gente, con acciones de niveles de violencia inaceptables.

Yo le quiero pedir un poco de coherencia, el 25 de mayo, lo entrevistaron en el diario Gestión (página 25) y le preguntan:

“Pero en Madre de Dios usted no hace protesta”, y su respuesta fue, “yo vivo en Cajamarca, ¿cuál es nuestro principal problema?, la gran minería. Lo mío en el lugar donde vivo, los problemas más fuertes están relacionados con las pérdidas de fuentes de agua natural en mi región, ¿quién lo provoca?, la gran minería”.

“Es una cuestión geográfica entonces”, pregunta el periodista. Y dice, “si yo viviera en Madre de Dios, mi principal atención tendría que ser esa, no puedo estar en todos los problemas que hay en el país”.

Entonces, yo le quiero preguntar, ¿qué hacía usted y su gente en Tía María?, ¿qué hacían en Espinar?, ¿qué hacen en Apurímac?

En las encuestas usted figura con 1% del favor popular, eso de acuerdo al número de adultos que viven en el Perú, representa 170 mil personas, los peruanos le estamos diciendo que sus ideas no nos gustan.

Yo estuve hace poco tiempo, no, hace algunos años en Cajamarca, me invitaron unos periodistas a un debate, con Javier Diez Canseco, que en paz descanse y que de Dios goce, y tuve la suerte de que me hagan una pregunta muy extraña, una señora, al final del debate me dice: “oiga señor Bustamante, ¿usted cree que Cajamarca es mágico?”, y yo, gracias a Dios pude contestar, le dije, “fíjese, las mejores cosas de la tierra se clasifican con tres A, pero Cajamarca tiene 4, CA-JA-MAR-CA, tiene que ser mágico”. Y yo lamento mucho lo que ha pasado en Cajamarca, usted con su amigo, y enemigo, Santos, han destruido esa región maravillosa, y no queremos, por lo menos los arequipeños, que pase lo mismo en esta tierra.

Yo creo poder interpretar el sentir de los arequipeños, y quiero decirle, que mientras que usted no cambie de actitudes, hasta que usted no cambie de actitudes, no es grato en esta tierra. Ojalá que cambie de actitudes.

 

Segunda Intervención:

 

La política se combate con política, pero vayamos ahora a hablar del súper ciclo. Para el Perú no se ha acabado ningún súper ciclo, lo hemos acabado nosotros mismos. El crecimiento de 7% de China, el 7% de crecimiento de China, es lo mismo que 3.6 veces todo el PBI peruano, el 4% del crecimiento de China es igual a dos veces el PBI peruano. Desde la perspectiva peruana, que es la que tenemos que usar para analizar y proponer políticas, a mí, personalmente y creo que a los peruanos nos da lo mismo si China crece al 10, 7, 4 o 3%, porque el Perú siempre va a tener espacio para vender sus productos.

La caída de precios afecta indudablemente, pero los precios que tenemos siguen siendo adecuados, no son los mejores por supuesto, disminuyen los ingresos del Estado, disminuye el canon, hay una serie de costos, pero permite que nuestra minería que es competitiva continúe. Nuestras leyes [de minerales] son razonablemente buenas, tenemos contenidos adicionales al cobre, como plata y oro que ayudan a la rentabilidad, costo de energía bajo, una mano de obra magnífica en el Perú, gente muy trabajadora.

Y además hemos tenido pues un apagón productivo por 30 años, entre los 60, 70, y 80, estuvo prohibido invertir, que el sector privado pueda invertir en el campo, en la minería, en la pesca, hasta en el turismo. Entonces, hemos acumulado una serie de proyectos que teníamos a punto de caramelo cuando ha empezado este gobierno, y que los hemos parado 22 mil millones de dólares, que hubieran creado una situación muy diferente de la que hoy día tenemos.

Según el IPE, en un estudio reciente que han hecho, si no hubiéramos parado estos proyectos, el año 2013, hubiéramos crecido 6.6%, incluido el incremento del sector minero propiamente dicho y el resto de la economía. Y en el año 2014, 6.8%, entonces, está muy claro que nosotros hemos parado y no ha sido el súper ciclo que se acabó, y se está usando ese San Benito para que los peruanos nos sintamos perdidos y nos agarremos de cualquier maderita que flota en el mar. 

En verdad, el Perú tiene una potencialidad espectacular, hace poco tiempo, el HSBC sacó un estudio de todos los países del mundo, y dijo que si el Perú crecía a 5.5% promedio, el año 2030, tendríamos al 70% de nuestra población en clase media, ganado más de 3 mil dólares por personas por año y al 10% en clase alta, largamente superior a lo que tenemos hoy día. Y para el año 50 pronosticaban 90% de la población, 40% en clase media y 50% en clase alta. Para ello, teníamos que crecer 5.5% por año, y por supuesto mantener las políticas públicas que permitieron la recuperación de nuestra economía, y de nuestra sociedad.

Lamentablemente usted y sus amigos, y Pedro Francke, y Carlos Monge, que me cae tan bien, y de Echave que también hemos estado en varias ocasiones juntos, proponen el pos-extractivismo, o sea, producir lo mínimo posible de minería, petróleo, gas, pesca, madera, ¿exportar alimentos?… ni hablar, solo produzcamos los alimentos que podemos consumir nosotros y nuestros vecinos, a los que tenemos que convencer de hacer la misma barbaridad.

Acá está todo, en este documento que se llama transiciones, editado por Carlos y Echave y con el gran soporte de Pedrito Francke, que también hemos estado juntos en varias ocasiones, y por supuesto, eso inspiró este documento que ahora ha cambiado de amarillo a verde, que firmaron todos los partidos de la izquierda, y se lo entregaron al presidente Humala en agosto del 2012, proponiéndole el pos-extractivismo y estaba escondido en algún lugar que yo pude ver. 

En verdad, el problema que tenemos en el Perú es que en el sector privado hablamos el idioma del silo XXI, el gobierno nos escucha con los oídos del siglo XX, y los políticos nos presentan ideas del siglo XIX. Muchas gracias. Lampadia

 

 

 

 



El sistema electoral alienta regiones inefectivas, dispendiosas y corruptas

| 15 de Marzo de 2016
El sistema electoral alienta regiones inefectivas, dispendiosas y corruptas

Hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que la segunda vuelta para elegir a los presidentes regionales de 14 departamentos (dónde los candidatos no superaron el 30%) se realice el domingo 7 de diciembre. Así, de acuerdo al JNE, 7’635,475 electores deberán volver a las urnas para elegir a las máximas autoridades de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lima (provincias), Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

En el 2009, se estipuló que los presidentes regionales debían ser elegidos con más del 30% de los votos. Para efectuar esta modificación se determinó que ya no se votaba por listas (como ocurre para las alcandías en que los regidores son nombrados bajo el sistema de cifra repartidora, en la que el partido del alcalde obtiene siempre la mayoría), sino por representación provincial. Es decir, se elige por separado a los consejeros regionales por provincia. Un sistema parecido al de la elección del Presidente de la República que requiere, en su caso, 50% más uno de los votos en primera vuelta para no ir al “balotaje” de la segunda. Motivo por el cual se genera un cierto divorcio político entre el Ejecutivo y el Congreso. 

Los resultados de esta mala decisión están a la vista: En 14 de 25 departamentos se tendrá que volver a votarpara elegir solo a los presidentes regionales, sin que necesariamente cuenten luego con consejeros regionales afines a sus planteamientos de gobierno.

La mayoría de estos Consejos Regionales quedará conformado tan fraccionadamente que, por un lado no le otorgan mayoría al presidente regional, y por otro, no permiten la formación de equipos de gobierno orientados en la misma dirección, más bien contrapuestos entre sí. Esto se agrava por la multiplicidad de postulantes, que al final logran dejar algún representante en los consejos.

Por ejemplo, en Arequipa, el nuevo Consejo Regional (CR) (2015-2019) tendrá representantes de seis organizaciones políticas. Este nuevo CR estará conformado por cuatro miembros del Movimiento Arequipa Renace, dos de Juntos por el Desarrollo de Arequipa, uno de Arequipa Tradición y Futuro,  uno de Acción Popular, uno de Siempre Unidos y uno por Vamos Perú.

Arequipa no es la excepción. Ni siquiera en los once departamentos que superaron la valla del 30%, obtuvieron mayoría simple en los CR, salvo en Amazonas, Cajamarca, El Callao, La Libertad y Lambayeque. De los que compiten en segunda vuelta, tan solo en tres casos, una de las candidaturas en competencia podría alcanzar esa mayoría en el Consejo Regional, de ser elegido como presidente quién ya tiene la mayoría de consejeros. Ante esto, los presidentes regionales, prácticamente incapacitados para formar equipos de gobierno coherentes, optan por cooptar, presionar u ofrecer privilegios a los consejeros que no son de su partido, cuando no, recurren a un reparto populista del presupuesto regional, señala Fernando Tuesta.

Es pues evidente que el sistema electoral de los gobiernos regionales ha logrado fortalecer la legitimidad del presidente, al conseguir una mayor representación en la segunda vuelta, pero con consejos cada vez más fraccionados, por lo tanto, ingobernables o manejados con malas artes, como se señala líneas arriba.

Estas instituciones, en las que se entronizan presidentes con poderes individuales casi feudales y desconectados del gobierno central, que asumen sus funciones sin limitarse a lo estipulado por ley, están, además, debilitadas en su estructura interna.

Por otro lado tenemos un gobierno central que, en muchos casos, “ha abdicado de sus propias funciones”, como lo señala Roberto Abusada, abandonando su presencia y gestión en los temas que le establecen las leyes de la regionalización. Además, a los gobiernos de las regiones, se les transfieren ingentes recursos, que creen que les caen del cielo, canon, regalías, etc., que las autoridades regionales asumen como propios, sin entender su origen, por ejemplo: la relación entre la inversión minera y el canon, que es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas, o los libramientos del gobierno central. Recordemos que en algún momento, el grito de guerra en algunas regiones llegó a ser: “Canon Sí, Minería No”.

Sin equipos de gobierno adecuados y sin técnicos capacitados, como se ha demostrado una y otra vez, los recursos “administrados” por las regiones, son usados en obras intrascendentes pero efectistas, o se dejan sin usar y, lo que es peor, en otras ocasiones se canalizan a los amigotes y a la corrupción abierta y desmedida, que básicamente, no tiene control alguno. Muchas veces los pueblos no se benefician, por ejemplo, con sistemas sanitarios, o con carreteras, “sino” con piscinas gigantes como en Echarati, o monumentos absurdos y dispendiosos como en Huancayo, Tumbes y Cusco. 

Al fraccionamiento político del país, sin partidos políticos nacionales fuertes, se ha sumado la atomización regional. Un ridículo que lo único que hace es demostrar la necesidad de diseñar un sistema electoral nacional y regional que promueva una mejor GOBERNANZA.

Como todos los especialistas y hasta los “opinalistas” (gente que mezcla opinión y análisis) han reclamado, urge enfrentar una reforma de la regionalización que permita que el país se institucionalice, desaliente la corrupción, las actividades antidemocráticas y que genere los incentivos para una mayor coordinación política entre el gobierno central y las regiones, dentro de las propias regiones y, entre las autoridades y los ciudadanos y empresas, que son la fuente primigenia de los recursos fiscales de la nación. Lampadia



Presidentes regionales y el porqué de su comportamiento disfuncional

| 15 de Marzo de 2016
Presidentes regionales y el porqué de su comportamiento disfuncional

El haber llevado a cabo una regionalización apresurada, irresponsable y politiquera viene representando un enorme costo social, político-institucional y económico al país.  Como hemos señalado “el gran culpable de estas decisiones disfuncionales es el ex presidente Toledo y todo el Congreso que acompañó su gestión. Pero no puede dejar de reconocerse que el proceso fue agravado, por las mismas razones, durante el segundo gobierno de Alan García”. De alguna manera el actual gobierno se hace cómplice de este fenómeno básicamente por omisión (ver en Lampadia (L): La fragmentación política favorece ineficacia y corrupción). 

Anteriormente, hemos señalado que comportamientos disfuncionales como corrupción, gastos absurdos (piscinas, estadios, monumentos), autoritarismo (ver en L: Stalinismo en Cajamarca) se deben a un mal proceso de regionalización que, no contempló establecer los debidos “checks and balances”, en especial los referidos a rendición de cuentas y a la discrecionalidad absoluta de la que gozan. Tampoco consideró la elemental designación de segundas instancias para evitar que los (pésimamente denominados) presidentes regionales actúen como reyezuelos.

A eso se sumó el surgimiento de mafias dispuestas a capturar los gobiernos locales a sangre y fuego. Por eso los elevados atentados contra candidatos en las última elecciones. Como señala el estudioso costarricense, Kevin Casas Zamora, “la descentralización política, cualesquiera sean sus virtudes, crea un problema complicado… para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar a un alcalde que comprar a una autoridad nacional”.

Para colmo de males, con esta debilidad institucional se les asignó inmenso recursos fiscales del canon, regalías y “aportes extraordinarios”, justo en un momento en que luego del apagón de treinta años la inversión privada llegó a las provincias (Ver en L: Descentralización y Regionalización – Cara y Sello del nuevo Perú).

Esta situación, como lo señalan diversos estudios es indeseable para la democracia y, puede ser una de las causas del autoritarismo subnacional. Como asegura el politólogo argentino de la universidad de Notre Dame, Carlos Gervasoni, las transferencias fiscales serían una especie de rentismo  (“las rentas entendidas como ingresos (generalmente elevados) percibidos a cambio de un pequeño esfuerzo productivo”). Estos montos convierten a los gobiernos subnacionales en rentistas y al producirse esta relación, por lo general, genera un autoritarismo latente.

Mediante un análisis estadístico para el período 1983-2003 en la argentina Gervasoni estableció una correlación negativa entre renta fiscal y democracia en las provincias de esta nación. De esta forma este politólogo concluye que, las excesivas transferencias que se realizan a determinadas provincias “contribuyen decisivamente al establecimiento de  regímenes subnacionales poco democráticos”. Si bien reconoce que el establecimiento de una democracia saludable se debe a diversas causas, queda claro que el bajo nivel democrático de muchos municipios y provincias y regiones latinoamericanas se debería a este fenómeno que denomina rentista.

Pero en el Perú, no solo ha generado esta situación que explicaría bien lo ocurrido en Áncash y Cajamarca, sino que ha impedido que se entienda que esos ingresos provienen de la inversión privada. De allí el inentendible grito de “canon sí, minería no”.

Si una autoridad regional cree que tiene derecho a seguir recibiendo ingentes fondos sin relación con ningún esfuerzo de su parte, termina asumiendo que no debe: dar cuentas, entender el verdadero origen de los fondos (canon y regalías de los impuestos de las inversiones privadas), usarlos a su libre albedrío para acrecentar su poder o imagen, no necesita de nada más, como promover más inversión privada y, finalmente, comportarse con respeto por lo ajeno y más bien, muchas veces, caen en la corrupción más descarada.

Felices con los recursos, que prácticamente “les caían del cielo”, poco les importó e importa a las autoridades locales esforzarse por atraer y contribuir a que la inversión privada se instale en sus jurisdicciones, por el contrario se han dedicado a obstaculizarla, ponerles gravámenes, trabas e incluso como en Cajamarca, financiar (con dinero público) la oposición a proyectos mineros. Es hora de repensar la regionalización. Lampadia 



Estamos desperdiciando los recursos de investigación

| 15 de Marzo de 2016
Estamos desperdiciando los recursos de investigación

Entre el 2004 y 2012 las universidades públicas han recibido S/. 2,286 millones por concepto de canon minero, gasífero, pesquero, hidroenergético y forestal. No obstante, solo han ejecutado S/. 485 millones (21%), básicamente en equipamiento e infraestructura, y no en investigación científica y tecnológica que potencie el desarrollo regional.

La normativa actual establece que el 5% del canon total debe ser recibido por las universidades públicas de las regiones que reciben canon para financiar exclusivamente inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional.

Existe una buena justificación económica para destinar parte de los ingresos generados por la explotación de recursos naturales no renovables, como el canon, a la generación de ideas, tecnología e innovación para el desarrollo de nuevas ventajas competitivas que diversifiquen la matriz productiva regional, dado que se requiere hacer sostenible el crecimiento cuando las actividades extractivas se empiecen a agotar. Sin embargo, las universidades públicas no han estado en capacidad de enfrentar este enorme reto.

Desde hace un tiempo vienen apareciendo estudios que muestran que el bajo nivel de ejecución se debe a múltiples causas, que se conjugan en las pobres capacidades de investigación en las universidades públicas: estas no cuentan con una adecuada masa de investigadores de sólida formación y experiencia para realizar investigación a tiempo completo. El problema se agrava por la incapacidad de las autoridades universitarias para promover con éxito proyectos de investigación en su región. Los vicerrectorados de investigación no han podido establecer procesos eficientes de selección de proyectos y tampoco hay reglamentos para el seguimiento y evaluación de los mismos.

Es  evidente que  cuando el Congreso decidió, en septiembre del 2003, transferir parte del canon a las universidades públicas, no se consideraron las precarias capacidades de estas instituciones para realizar investigación. El statu quono va a permitir garantizar que los recursos del canon generen conocimiento científico y tecnológico -necesario para sostener el crecimiento regional- por lo que se hace indispensable una reforma que aborde este problema. Algunas alternativas son las siguientes:

  • Utilizar estos recursos para crear un fondo a nombre de cada región, de modo que los recursos se otorguen mediante concursos a los proyectos de inversión pública en investigación aplicada, tecnológica e innovación presentados por las universidades públicas de la región, las cuales estén habilitadas para participar en asociación con otras universidades o centros de investigación de cualquier parte del Perú, sean públicas o privados. Este mecanismo permitiría que las universidades públicas del interior del país puedan ir fortaleciendo sus capacidades a través de un trabajo en red. Asimismo, el fondo podría estar administrado por un fideicomiso integrado por miembros del CONCYTEC, Gobierno Regional y otras entidades competentes para garantizar imparcialidad y calidad de los proyectos presentados (este tipo de planteamientos han sido hechos anteriormente por el CIES y algunos funcionarios del MEF).
  • Utilizar estos recursos para el fortalecimiento de las capacidades de investigación, permitiendo el financiamiento de pasantías de investigadores extranjeros de alto nivel que sean capaces de desarrollar investigación aplicada de alto impacto, y con ello se facilite la transferencia de capacidades a las universidades públicas y el establecimiento de una agenda de investigación a futuro.
  • No inventar la pólvora e integrar los esfuerzos dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT). Para ello, la sugerencia es transferir los recursos a los Consejos Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCYTEC, órgano rector del SINACYT para el fortalecimiento de los proyectos establecidos en los planes de CTI llevados a cabo en el nivel regional.

En conclusión, el Perú debe priorizar la investigación aplicada orientada a la innovación adaptativa o tecnológica -con fines utilitarios e incremento de la competitividad- sobre la investigación básica (que es más costosa y responde a otras necesidades). Para ello, existen diversas fórmulas que permitirían capitalizar los recursos que tenemos disponibles para potenciar la investigación que redunde en desarrollo regional y bienestar. Impulsemos de una vez esta reforma, que no tiene porqué presentar mayores dificultades políticas.  Lampadia