Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Keiko Fujimori ha propuesto distribuir el 40% del canon minero a los pobladores de las zonas de producción. Esta es una propuesta audaz que pretendería romper la inercia de los desencuentros de varias poblaciones regionales con la inversión minera.

Esta idea, aplicada en algunas zonas de Canadá y en Alaska de EEUU, nos parece muy interesante. Creemos que debe verse de forma integral, analizando con mucho cuidado los cuántos y los cómos.

I. Información sobre el canon minero

Actualmente, el canon minero se distribuye de la siguiente manera:

Fuente: MEF

Los volúmenes de dinero distribuidos a las regiones por canon minero y otros son muy importantes. Veamos:

Como podemos ver en el cuadro anterior, las transferencias por canon minero, entre el 2004 y 2019, han sido de 11,259 millones de soles para los gobiernos regionales y de 34,192 millones de soles para los gobiernos locales. El canon minero representa largamente las mayores transferencias a los departamentos, en comparación con las demás fuentes de recursos.

La distribución no es uniforme, depende del nivel de actividad minera en cada departamento. Veamos la distribución por departamento para el año 2020:

Se estima que en promedio, los departamentos devuelven entre el 30% y 40% de los montos recibidos por canon minero, por su incapacidad para ejecutar los proyectos correspondientes.

Además, está la mala utilización de estos recursos, que muchas veces se desperdicia en obras absurdas, como la piscina más grande del Perú en Echarati y los monumentos a la maca, el sombrero y las ojotas entre otros.

Además de ello, está el tema de corrupción, que ha marcado la vida de muchas regiones, desde la apurada y descontrolada descentralización del gobierno de Toledo.

Veamos la lista de Gobernadores de izquierda condenados por corrupción:

II. Sobre cómo aprovechar el canon minero de la mejor forma

En el plan de gobierno del partido PPK se propuso el concepto del ‘adelanto social’, que consistía en desarrollar en paralelo a la inversión productiva, un conjunto de inversiones sociales que adelantaran los beneficios de la inversión minera, sin esperar el proceso de inversión minera y la generación del respectivo canon.

Pero el propio gobierno de PPK distorsionó el concepto y malogró su aporte para acelerar las mejoras sociales junto con los proyectos mineros.

En Lampadia, le explicamos al gobierno como podía implantarse esta importante idea. Lamentablemente no hicieron caso. Ver: Una gran idea que no entienden – El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’. (12 de junio, 2017).

Proceso de desarrollo del ‘adelanto social’

• Evaluar las necesidades de desarrollo socio-económico de la zona del proyecto minero, una vez que tome cuerpo la posibilidad de una inversión minera de cierta magnitud
• Mientras se hacen los estudios para la inversión minera, se deben desarrollar en paralelo los estudios de un eventual programa de ‘apoyo social’
• Una vez definida la viabilidad del proyecto minero, tanto económica, ambiental y socialmente, el Estado puede proyectar la generación de canon del proyecto para la región, y delimitar los componentes del programa de ‘adelanto social’ que puedan financiarse con, digamos, un 20 a 30% del valor presente del flujo esperado de canon del proyecto
• Fijada la inversión minera definitiva, el Estado debe crear un fideicomiso como el vehículo que canalice el financiamiento del ‘adelanto social’
• El fideicomiso puede financiarse de múltiples formas y no debería representar una dificultad mayor
• El inicio de la inversión minera debería darse en paralelo con el desarrollo del programa social que se expresaría a través del ‘adelanto social’

Pero, probablemente, lo más importante del ‘adelanto social’ es que permite viabilizar el desarrollo integral de la zona de influencia del proyecto minero, con el aporte de la inversión privada y sus impactos directos e indirectos, y con el aporte de la inversión social pública, vía el ‘adelanto social’.

El adelanto social debería financiar obras sanitarias, escuelas, postas médicas, caminos y comunicaciones; que mejorarían aceleradamente la calidad de vida de las poblaciones.

Estas inversiones conjuntas determinan un incentivo muy importante para la evaluación de los proyectos mineros. Permiten que esta se haga con la mayor objetividad posible, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de que inversiones positivas para la región y el país, puedan ser rechazadas sin un buen análisis de pros y contras, dificultado por la manipulación política.

La idea es que el proceso de aprobación de la inversión minera, incluyendo las instancias de participación de la población de la zona, se haga en paralelo a la definición del programa de ‘adelanto social’.

En otras palabras, si la población rechaza la inversión minera, estaría rechazando al mismo tiempo el ‘adelanto social’. La llamada ‘licencia social’ implicaría la aprobación conjunta de la inversión minera y de la inversión del programa de ‘adelanto social’, o salen ambas, o se frustran ambas.

El ‘adelanto social’ debe ayudar a que la población se integre con el desarrollo productivo, generando un ambiente positivo para la promoción de las inversiones.

III. Canon para el Pueblo

¿Como podríamos integrar la propuesta de Fuerza Popular de distribuir parte del canon minero a la población, con el ‘adelanto social’? En principio tenemos:

• 40% para beneficios directos a la población:
  • 20% para su distribución en efectivo para la población
  • 20% del canon para el fideicomiso del adelanto social

En nuestro concepto, distribuir en efectivo el 40% a la población, puede dificultar su aplicación, y quién sabe si hasta evitar que se pueda ir adelante con esta buena idea de Fuerza Popular.

Nuestra Propuesta

1. Defender la propuesta de Fuerza Popular de distribuir parte del canon minero a la población con 20% en efectivo

2. Usar hasta 20% del valor esperado por canon minero para constituir fideicomisos para el financiamiento del ‘adelanto social’

Dedicar un 40% del canos para su distribución directa, podría dejarnos con muchas limitaciones.

Por lo tanto, proponemos dedicar el 40% del canon para generar beneficios directos para la población de las zonas mineras, de la siguiente forma:

• 20% para su distribución directa a la población, y
• 20% para financiar el ‘adelanto social’.

Cuidados para viabilizar la distribución de parte del canon

Lamentablemente, no es nada sencilla la identificación de los eventuales beneficiarios de la distribución del canon a la población.

• Es difícil definir el alcance de las zonas de influencia de los proyectos mineros.
• También es complicado hacer el padrón de beneficiarios, evitando el desplazamiento de poblaciones y otros efectos secundarios

Se da el riesgo de que se generen nuevos conflictos sociales, mejores conflictos, sin embargo.

¿Cómo se pueden evitar?

Sugerimos el siguiente procedimiento:

Constituir un fideicomiso con el 20% del canon minero para su distribución en efectivo.

Establecer un plazo para definir el rol de beneficiarios.

Si vencido ese plazo, los conflictos sociales no se pueden superar, disminuir cada tres meses el porcentaje de canon del fideicomiso en 4%, de tal manera de establecer un incentivo para que los beneficiarios se pongan de acuerdo y viabilicen su distribución.

Rescatemos esta excelente idea. 40% del canon para la población, 20% a distribuirse en efectivo y 20% para inversiones sociales. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El debate presidencial del sábado en Chota tuvo dos notas saltantes. La primera fue la gesta de Keiko Fujimori que comenzó el miércoles con el desafío a Pedro Castillo a debatir, a lo que él respondió desafiándola a su vez a hacerlo en su tierra, algo que ella aceptó de inmediato señalando el día domingo, recibiendo la contrapropuesta de hacerlo el sábado en que se reuniría con las rondas campesinas, acaso buscando que la candidata declinara.  Pero ella aceptó esa condición también y aceptó las reglas que la otra parte estableció. Y luego la travesía de diez horas por carretera circunvalando un huayco que se interpuso en el camino.

Sin duda fueron actos de audacia y valentía, que podrían significar un punto de quiebre en la campaña.

La segunda nota especial de este debate fue la buena organización por parte de la municipalidad y el comportamiento disciplinado de la población y de las rondas campesinas, pese a las pifias, algo natural. En cierto sentido Chota y el pueblo peruano dieron una lección de civilización democrática. Algo muy positivo.

En cuanto a las propuestas de los candidatos, el debate sirvió para confirmar que Pedro Castillo, lejos de moderar su discurso, insiste en los planteamientos contenidos en el plan de gobierno de Perú Libre: nacionalización del gas, del cobre, oro, plata, litio, del mar y de los recursos naturales en general, que lleva inevitablemente a la estatización o a la desinversión, como vimos en el artículo anterior. Además, segunda reforma agraria, prohibición de importar lo que se produce en el Perú, entre otras medidas. Es el retorno a los 70, con las consecuencias que ya conocemos.

Keiko Fujimori expuso nuevas propuestas que se añaden a las ya conocidas. La más novedosa fue la de distribuir el 40% del canon a la población. Esta es una propuesta polémica. De un lado, tiene sentido distribuir el dinero directamente considerando que aproximadamente un 30% de él no se ejecuta por incapacidad de gestión y que la parte que sí se gasta se ejecuta mal o con corrupción. Hay muchos alcaldes en la cárcel. Además, si las personas reciben directamente esas utilidades, en teoría se interesarán en proteger la inversión. Aunque muchas poblaciones cercanas al área de influencia directa de las minas pugnarán por ser beneficiarias, y será difícil trazar el límite.

En todo caso una medida como esa debería venir acompañada de una reforma del canon de modo que el 60% no distribuido directamente sea ejecutado no por los alcaldes sino por un fideicomiso o una unidad ejecutora gerencial que aplique un plan de desarrollo, con participación de los alcaldes en el directorio.

De lo contrario podríamos terminar multiplicando las intervenciones asistencialistas que no contribuyen al desarrollo productivo. Porque anunció además doblar pensión 65 y fortalecer otros programas redistributivos que en última instancia fomentan la dependencia de las dádivas del Estado en lugar de fomentar el autodesarrollo.

Debería enfocar su plan más bien en otros programas productivos, que también mencionó, y que fueron los que ejecutó su padre en los 90: Pronamach, Foncodes, núcleos ejecutores, Sierra Verde. Podría ofrecer apoyar a todas las familias campesinas a instalar micro reservorios familiares y riego tecnificado, para multiplicar la productividad. Eso es mucho más digno y constructivo de distribuir dinero.

Como fuere, queda claro que ha empezado a focalizar la campaña en los sectores menos integrados a una economía de mercado moderna. Pues está pendiente la gran tarea de la incorporación las mayorías a una formalidad reformada, que supone plantear un cambio radical del Estado y de las normas excluyentes. Lampadia

Como se ha publicado anteriormente en Minas y Petróleo, un análisis fino, por distrito y no por región, permite ver que la minería ha sido responsable de que los distritos mineros tengan menos pobreza que sus vecinos que adolecen de minería. Esto lo sustenta el PNUD en las publicaciones del Índice de Pobreza Humana. Lampadia

Semanario Minas y Petróleo N° 1131
24 de Febrero 2020

La presidenta de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y exministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, dictó el 6 de febrero en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) la conferencia “La Minería y su Importancia en la Economía Peruana”.

La exministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper durante su exposición en el IIMP

La conferencia de la exministra habría sido impecable a no ser por el siguiente párrafo:

“En números macroeconómicos, muy bien, veinte. ¿Cuál es nuestro problema? Uno empieza a ver y es lo que hemos dicho, en realidad la minería genera los recursos para las regiones donde están las minas, pero no tienen ninguna relación con la pobreza de esos segmentos. Lo que uno ve es que las regiones mineras básicamente mientras más importante sea la minería en la región, más pobres hay. Entonces uno no entiende esos recursos a dónde se están yendo. La relación debería ser inversa. Resulta que las regiones mineras, lo que empezamos a ver es que mientras más importante sea la minería en el PBI de la región más pobreza básicamente hay”.

A continuación, de ese párrafo, Claudia Cooper pasa a describir los problemas que existen para que el canon y otros tributos que el gobierno central debe transferir a las regiones se hagan con la celeridad requerida, se administren bien y se destinen a las necesidades prioritarias de la región y sugiere que a estas incompetencias se debería una mayor pobreza en las regiones mineras.

Estando plenamente de acuerdo sobre la gravedad de las deficiencias, a las que se refirió Claudia Cooper, afortunadamente existe más de un error conceptual en su análisis, para llegar a la conclusión de que las regiones donde existe minería es donde “hay más pobres”. Todo lo contrario, a pesar de las deficiencias a las que se refirió Claudia Cooper, la contribución de la minería al desarrollo social de las circunscripciones geográficas donde opera es incuestionable, aunque desde luego esta contribución sería mayor sin los problemas descritos por la presidenta de la BVL.

Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura; Claudia Cooper, presidenta de la BVL y Luis Rivera, presidente del IIMP

A nuestro juicio los errores conceptuales en el análisis de Claudia Cooper, provienen de no haber tomado en cuenta las siguientes premisas:

• La minería no es el único factor que contribuye a la reducción de la pobreza en las regiones, un factor tal vez más importante es si la región limita o no con el Océano Pacífico. En consecuencia, como ejemplo, no se podría comparar la pobreza de Lambayeque, cuya mayor parte de su superficie está en la costa, con la de Pasco que no tiene costa.  
• La antigüedad de una región, como una gran productora minera o metalúrgica, también es determinante para que la minería haya podido contribuir significativamente a reducir la pobreza en esa región. También a modo de ejemplo, no se puede comparar la contribución de la minería a reducir la pobreza en Apurímac, con la que ha tenido en reducirla en Junín, ya que si bien la primera tiene una producción de cobre muy importante, ésta recién se inicia a fines del 2015, mientras que en la segunda operó la más importante refinería de metales de América Latina por casi 90 años.
• Cuando cierra una gran empresa minera o metalúrgica o reduce sus operaciones, el nivel del IDH de la provincia donde ella tuvo sus instalaciones no se reduce. Aunque a un menor ritmo sigue creciendo. Los mejores ejemplos son la provincia de Yauli, en Junín, donde operó el Complejo Metalúrgico de La Oroya y Nazca donde operó la Marcona Mining Company. Si el IDH sigue creciendo es de suponer que la pobreza se siga reduciendo, especialmente la multidimensional.
• La producción de hidrocarburos, el turismo y la agroindustria también son factores que contribuyen a reducir la pobreza.  
• La población de la región, es un factor a considerar. No se podría comparar el efecto de la minería en la reducción de la pobreza en Cajamarca, que tiene 1’387,809 habitantes según el último censo, con la que tiene sobre Moquegua que tiene 161,533 habitantes.
• Las grandes empresas mineras tienen una gran influencia en el desarrollo de las circunscripciones geográficas de su entorno: distritos y provincias, pero en menor grado en el ámbito regional, especialmente si se trata de regiones con una gran superficie territorial y deficientes vías de comunicación.
• Una gran mina de cobre tiene proporcionalmente un efecto mayor en el desarrollo social de su entorno, que el que tendrían una mina mediana polimetálica o de oro. La explicación está en que por economía de escala puede desarrollar más infraestructura y por usar tecnologías más sofisticadas, pagar mayores salarios, lo que también contribuye a la generación de empleos indirectos mejor remunerados, que los que existían antes de que se iniciara la construcción de las instalaciones de la operación minera o metalúrgica.

REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN ZONAS MINERAS EN COMPARACIÓN CON LAS NO MINERAS

En su disertación del 6 de febrero, en el IIMP, Claudia Cooper mostró un gráfico que señala la reducción de la pobreza monetaria, a nivel regional, entre los años 2007 y 2018, que incluimos en este artículo como Gráfico Nº 1 y por su parte el 17 de febrero el Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó en el diario “El Comercio” un gráfico con cifras para la pobreza multidimensional (1), también a nivel regional y que incluimos en este artículo como Gráfico Nº 2. Cabe señalar que según la información del IPE, el método multidimensional para medir la pobreza, es un mejor índice que el que sirve para calcularla en base al ingreso personal.

En el Gráfico Nº 1 de reducción de la pobreza, Claudia Cooper le asignó el color rojo para diferenciarlas, al clasificarlas como mineras, a las siguientes regiones: Apurímac (46% de reducción de pobreza), Cusco (31%), Pasco (25%), Junín (23%), Ancash (21%), Moquegua (21%), Arequipa (14%), Tacna (13%) y Madre de Dios (11%).

Por su parte en el Cuadro Nº 2, que corresponde a la pobreza multidimensional, se puede observar que los porcentajes de pobreza dados a conocer por el IPE, para las regiones antes señaladas (a partir de información del INEI), son los siguientes: Apurímac (46%), Pasco (32%), Ancash (30%), Cusco (29%), Junín (27%), Madre de Dios (15%), Moquegua (13%), Tacna (12%) y Arequipa (10%).

REGIONES MINERAS DE LA COSTA SON LAS DE MENOR POBREZA

Del análisis de ambos gráficos y del Cuadro Nº 1, en que se muestra el ingreso per cápita de las regiones provenientes de las transferencias por canon minero, regalía minera y derecho de vigencia y penalidad, podemos sacar la siguiente conclusión:

Las regiones que poseen costa y una elevada producción minera per cápita de varias décadas, son las que han reducido en un mayor grado la pobreza o dicho de una manera más precisa, son las que en la actualidad tienen menor pobreza. Para probar esta afirmación estamos asumiendo, como es lógico suponer, que las regiones que tienen mayores transferencias per cápita, por canon y los otros conceptos antes señalados y que se muestran en el Cuadro Nº 1 , son también los que tienen mayor producción minera per cápita.

En efecto, las regiones con menor pobreza en el Perú, conforme se puede ver en el Cuadro Nº 2 son Ica, Lima, Arequipa, Tacna y Moquegua, en ese orden. Aunque Ica no es incluida en el Cuadro Nº 1 de Claudia Cooper, como una región minera, sí lo es ya que actualmente ocupa el 8º lugar entre todas las regiones, en cuanto a mayores transferencias per cápita por canon minero, y los otros conceptos antes señalados.

Pero lo más importante es la antigüedad de Ica como región minera, por cuanto se inició, con la explotación del yacimiento de hierro de Marcona, como la única empresa productora de ese metal en el Perú en 1953 y por una gran empresa, líder en tecnología, como fue la Marcona Mining Company.

La producción de hierro de Ica fue muy importante, en la época de dicha empresa, especialmente a partir del año 1960 y hasta julio de 1975, en que fue estatizada, cuando ya tenía aprobada una ampliación. Para ser competitiva en el mercado esta empresa desarrolló el sistema patentado como Marcona Flow, que permitía el transporte de hierro en lodos. Esa tecnología se perdió con la estatización de la mina y la producción se redujo, a la tercera parte y tardó muchos años en recuperarse, a tal punto que recién en el 2018 se ha podido superar y por un escaso margen, el récord de producción de hierro del Perú (todo producido en Ica) de 9,525,116 toneladas, establecido en 1974.

Este pasado explica la ubicación de la provincia de Nazca, donde se ubica la mina Marcona, en el año 2019 en el puesto 21º en cuanto a mayor índice de desarrollo humano (IDH) entre las 196 provincias del Perú y la segunda entre las de la región Ica, según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Asimismo Nazca ocupa, también según cifras del PNUD, el puesto 29º a nivel nacional en ingreso familiar per cápita entre todas las provincias del Perú y también la segunda entre la de Ica en este índice.

Arequipa, Tacna y Moquegua, que poseen costa y una importante producción minera tienen después de Ica y Lima, según se puede observar en el Gráfico Nº 2, la menor pobreza multidimensional, en ese orden; y también tuvieron en el 2018, en ese mismo orden la 5º, 4º y 2º ubicación, respectivamente, en transferencias por canon y los otros conceptos incluidos en el Cuadro Nº 1. En el 2015 el orden había sido el 5º, 2º y 1º respectivamente. 

No cabe, en consecuencia, duda que la minería contribuyó a reducir la pobreza en Arequipa, Tacna y Moquegua y también en Ica y lo que no se percibió, en el análisis de Claudia Cooper, es que cuando el porcentaje de pobres se ha reducido significativamente, entonces continuar con la reducción de esos porcentajes es mucho más difícil.

Esta verdad, de Perogrullo a nivel de países, a la que siempre se refieren los economistas, no tendría por qué ser diferente a nivel de regiones y en consecuencia es la razón por la cual en el Gráfico Nº 1 Tacna 4º, Arequipa 5º, Ica 8º y Moquegua 9º, están entre las regiones que menos han reducido en puntos porcentuales la pobreza entre el 2007 y el 2018.

ANCASH, UN CASO COMPLEJO

El caso de Ancash es más difícil de analizar, pero cabe señalar que su gran producción minera, que le permitió ubicarse en el año 2018 como la región con mayor ingreso por transferencias de canon y los otros conceptos ya señalados (ver Cuadro Nº 1), se inicia recién en el año 2001, con el inicio de la producción de la mina Antamina. Anteriormente una producción de oro de relativa importancia se había iniciado en 1998, con la entrada en operación de la mina Pierina. La relativamente poca antigüedad, de la minería en Ancash, es en consecuencia la primera causa para que esta región comparta con Piura el último lugar en cuanto a pobreza multidimensional, entre las regiones que tienen parte de su territorio en la costa.

Una segunda causa parece ser la alta proporción de población rural que tiene Ancash. Comparativamente, es por un amplio margen la región que tiene la mayor proporción de población rural, entre todas las regiones de la costa peruana, 36.6% contra 21.1% que tiene La Libertad, que es la que le sigue en mayor proporción de población rural en la costa peruana. 

Cabe señalar que Ancash ha avanzado más, proporcionalmente, en el crecimiento del IDH, que las demás regiones de la costa peruana, lo que se podría explicar por un mayor crecimiento del ingreso de la población en promedio, pero sin necesidad de que se reduzca en la misma proporción el porcentaje de pobres.

LA ANTIGÜEDAD EN LA INDUSTRIA MINERA PESA EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN LA SIERRA

En la sierra las tres regiones con menor pobreza multidimensional son Junín con 27%, Cusco con 29% y Pasco con 32% (ver Gráfico Nº 2). Como hemos señalado, Junín tiene un gran pasado minero que convirtió a la provincia de Yauli, donde se construyó el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en la 25º en IDH del Perú en el 2003 y una de las cinco con mayor IDH de la sierra peruana. En el 2019 a pesar del cierre de la refinería pasó al 13º en IDH y al 4º en la sierra peruana, pero lo que más llama la atención es que es la 10° provincia a nivel nacional en ingreso familiar per cápita y la 2º de la sierra peruana.

Cusco es la segunda región con menor pobreza multidimensional de la sierra peruana, evidentemente esto se debe en alguna proporción a su producción minera, como lo prueba el hecho de que ocupe el 7º lugar en lo relativo a transferencias por canon y los otros conceptos que se indican en el Cuadro Nº 1; pero no se puede negar que el Turismo y la explotación del gas han contribuido a que, según se muestra en el Gráfico Nº 1, tomado de la exposición de Claudia Cooper, haya sido después de Apurímac la región de la sierra que más ha reducido la pobreza monetaria entre el 2007 y el 2018. 

Pasco es la tercera región con menor pobreza multidimensional de la sierra peruana, posición que guarda concordancia con su segundo lugar, entre las regiones de la sierra,  en cuanto a mayores transferencias por canon y los otros conceptos que se incluyen en el Cuadro Nº 1.

Cabe señalar que la región Pasco tiene 3 provincias: La de Pasco, que es aquella en la que se han desarrollado varias minas polimetálicas, la gran mayoría por encima de los 3,500 metros de altura; la de Daniel A. Carrión que tiene poca minería y la de Oxapampa que no tiene minería y destaca por la variedad de sus paisajes naturales y por sus grandes cantidades de tierra fértil.

Si bien no existe información sobre la pobreza a nivel provincial, resulta evidente que la provincia de Pasco es la que tiene menos pobreza en esta región, por cuanto ocupa el puesto 48º en el IDH y el 67º en el ingreso familiar per cápita, entre las 196 provincias del Perú, mientras que Daniel Carrión ocupa la posición 135º en IDH y 87º en ingreso familiar per cápita y Oxapampa la 93º y 87º respectivamente.

La última región de la sierra peruana que se muestra en el Gráfico Nº 1 como minera es Apurímac. Es interesante notar que esta región ya supera, como se puede apreciar en el Gráfico Nº 2, a Huánuco, Cajamarca y Huancavelica en menor pobreza multidimensional. Cabe agregar que Apurímac ha sido después de Huancavelica la región que más ha reducido la pobreza monetaria entre el 2007 y el 2018 (ver Gráfico Nº 1). Sin embargo, todavía requiere de tiempo para poder superar a regiones que, aunque con menor riqueza minera, la han tenido por décadas y en el caso de Pasco por más de un siglo.

MADRE DE DIOS INFORMAL PERO CON POCOS POBRES

Madre de Dios es la única región de la selva con producción minera, la mayor parte informal o ilegal, coincidentemente es la región con menor pobreza multidimensional de la selva peruana y por un amplio margen sobre las demás regiones de la selva. No obstante, como esa actividad está ampliamente combatida por el Gobierno es la que menos ha reducido la pobreza entre el 2007 y el 2018.

Destacados líderes del sector minero se dieron cita en el IIMP para escuchar a Claudia Cooper

(1) El índice de pobreza multidimensional (IPM) fue desarrollado por Sabina Alkire y James Foster en el 2008. Refleja las múltiples carencias de los hogares y las personas en tres dimensiones: salud, educación y condiciones de vida. Actualmente es considerado por los especialistas como un mejor índice para medir la pobreza y planificar su reducción, que el índice de pobreza monetaria.

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Con la decisión de suspender la licencia de construcción de Tía María, el gobierno ha prácticamente anulado la posibilidad de que el proyecto sea ejecutado en el corto plazo (1 a 3 años) y ha hecho muy difícil que pueda hacerse en los próximos 5 años. Las pérdidas económicas para la población, para la economía del país, para los ingresos del estado (impuestos, canon y regalía) y para la empresa son muy grandes y el costo social de esa paralización en términos de pobreza no debe ser subestimado.

El propósito de este escrito es la visibilizar algunas lecciones que puedan ser útiles en los tiempos que se vienen, pero antes de entrar en el tema central quisiera hacer explícita una idea: las empresas mineras no son organizaciones políticas, ellas son entes económicos. Sin embargo, sus actividades son objeto de disputas sociales, políticas y hasta ideológicas. Mientras las empresas no entiendan esos conflictos en su integralidad, tendrán muchas dificultades para concebir formas efectivas de evitarlos o, por lo menos, reducirlos.

Esta es una historia que se repite. El proyecto Tía María ya fue bloqueado antes en el 2009, 2011 y 2015. Además, éste no es el primer proyecto minero a ser bloqueado en Perú. Antes fueron bloqueados Tambo Grande el 2003, Quilish el 2004, Río Blanco el 2009, Santa Ana el 2011, Conga el 2012 y Cañariaco el 2013. Para citar algunos. Y ahora, Tía María ha sido bloqueado por cuarta vez.

Existe un paquete de metodologías de conflicto que se aplica en Perú y América Latina hace dos décadas por lo menos. Los grupos y ONG hostiles a la minería las tienen documentadas y sistematizadas en un sinnúmero de talleres, encuentros internacionales, libros, videos y artículos académicos. Es lamentable, pero las empresas mineras con sus enfoques de gestión social no logran asimilarlas ni menos neutralizarlas. Las empresas tienen parte de la responsabilidad en los desenlaces negativos, pero sería injusto responsabilizar exclusivamente a ellas, pues hay varios otros actores en ese juego que no cumplen con las responsabilidades que les corresponden. Sin embargo, las empresas mineras que estén interesadas en poner en marcha nuevos proyectos deberían evaluar sus teorías sobre la conflictividad social, y la experiencia Tía María debería servir de elemento de reflexión.

Como lo explicaba Sun Tzu 15 siglos atrás: el ejército victorioso gana la batalla antes de entrar en combate, mientras el ejército derrotado entra en combate con la esperanza de ganar la batalla. Es decir, una vez que se desencadenan los conflictos, las partes despliegan sus factores. En esos momentos se evidencia quienes han entendido bien la naturaleza del conflicto y han sabido prepararse para la nueva situación. Si las empresas no han construido las condiciones y los instrumentos necesarios para manejar las dinámicas del conflicto, lo que los analistas van a escribir después es una suerte de “crónica de una muerte anunciada”.

No es una cuestión de recursos económicos, pues las empresas mineras son solventes. Es una cuestión de entendimiento, de conceptos y de marcos interpretativos. Es una deficiencia de carácter cognitivo. Lamentablemente, las teorías que muchas empresas mineras utilizan en su gestión social no responden a la realidad social y política de los conflictos en países de desarrollo medio como el Perú. Lo que predomina en muchas empresas mineras son simplificaciones o enfoques parciales que no iluminan algunas de las dinámicas críticas para evitar que los conflictos se transformen en una tragedia económica y social.

Un primer principio, que no deberían subestimar, es que los gobernantes valoran mucho su popularidad. Ello significa que su decisión a defender el desarrollo minero no es infinita. Si creen que un conflicto está afectando su popularidad o está poniendo en riesgo alguno de sus intereses políticos, ellos optan por relegar o por abandonar el proyecto y proteger sus intereses. El presidente Humala lo hizo con Conga el 2012 y ahora la historia se repite con Tía María. Claro que hay grandes diferencias entre los gobernantes, en sus niveles de compromiso con el desarrollo minero de su país. Algunos están dispuestos a defender el desarrollo minero y fracasan porque no saben como hacerlo, pero hay gobernantes que solo se preocupan por los números de las últimas encuestas. Sería bueno que las empresas mineras, cuando diseñen sus estrategias, tengan claridad sobre esta realidad política y aprendan como manejarla.

Hasta donde hemos logrado conocer, creemos que Southern hizo un buen trabajo de esclarecimiento en la población de Islay, pero las organizaciones sociales y las representaciones políticas locales han quedado bajo la influencia de grupos y políticos hostiles a la minería. Ello es importante porque los conflictos mineros no son solo sociales, son también políticos e ideológicos. Southern tampoco ha puesto suficiente preparación en la formación de voceros nacionales y locales que pudieran ofrecer a la opinión pública una narrativa clara sobre el proyecto y el desarrollo local, permitiendo que las narrativas hostiles a la minería ganaran espacio en el pensamiento de las personas.

A partir del momento en que el gobierno emitió la autorización de construcción, en julio, se desencadenó un conflicto político, liderado por los alcaldes distritales y provinciales, el gobernador, los congresistas y los grupos anti-sistema, contando para ello con el soporte de las organizaciones sociales que ellos controlaban. Los voceros favorables al proyecto fueron acallados (local y nacionalmente) mediante la coacción o la presión moral, posibilitando que la población fuera bombardeada por mensajes orientados a promover el temor al proyecto y a justificar el conflicto.

El gobierno ha retrocedido utilizando la figura del Consejo de Minería, un órgano técnico, dependiente del Ministro de Energía y Minas, encargándolo de resolver un conflicto eminentemente político. Es poco creíble que la decisión de dicho Consejo no sea parte de las decisiones políticas que el gobierno ya tomó previamente, especialmente después de los audios en que el presidente de la República comunica a los líderes del conflicto que ya tiene la decisión de bloquear el proyecto y pide que ellos le ayuden a generar los argumentos para justificarla.

En esta fase final del conflicto ya es posible visualizar algunas de sus consecuencias.

1. El proyecto Tía María está prácticamente bloqueado por meses o tal vez por años.
2. La imagen de la minería ha sido dañada en la opinión pública, especialmente en el sur del país, confundiendo a la población acerca de su rol como motor del crecimiento económico y del progreso social.
3. Los grupos radicales y líderes populistas se han fortalecido y legitimado.
4. La confianza de los grandes inversionistas en del Perú como país minero se ha deteriorado, perdiendo prioridad frente a otros destinos de inversión.
5. La credibilidad del presidente de la república ha sido muy perjudicada por su involucramiento en negociaciones anormales en contra del proyecto, además de proyectar una imagen de incapacidad para resolver bien el conflicto social.

Es preocupante que el propio presidente de la República, atendiendo un pedido del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres y de los otros gobernadores de la Macro Región Sur haya puesto el tema de la Nueva Ley de Minería en la agenda nacional, y lo haya hecho en un período prelectoral, poniendo en riesgo el marco normativo de la minería y creando condiciones favorables para que los discursos populistas se propaguen e influencien el debate sobre las futuras políticas públicas hacia dicho sector. Los grupos anti-mineros, y los populistas en general, tienen motivos para celebrar y agradecer esta decisión del presidente de la República.

Aunque el conflicto no ha terminado, es posible sacar algunas conclusiones:

1. Los conflictos ligados a la minería involucran intereses y actores políticos, más allá de las comunidades cercanas a las operaciones. Ellos son: alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales, ministros y hasta presidentes de la república. Todos esos actores son parte del conflicto y las empresas mineras tienen que saber que cada uno de ellos tiene sus intereses y puede influenciar para bien o para mal el futuro de sus proyectos y operaciones.
2. Una vez iniciado el conflicto los grupos contrarios a los proyectos despliegan una intensa campaña propagandística generando desconcierto y temor en la población local y silenciando a quienes no estén de acuerdo con ellos. Las empresas mineras tienen que tener estrategias y mecanismos para lograr que sus mensajes lleguen al público en esos momentos y así tranquilizar a la población, y sostenerlo a lo largo de un proceso de tensión social y política.
3. En vez de aclarar a la población sobre la confiabilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los roles de fiscalización que el Estado ejerce sobre la minería, algunos gobernantes se dedican a negociar sus intereses políticos y económicos en reuniones cerradas sin preocuparse por los costos que sus acuerdos tienen para la actividad minera, para la economía nacional, para el bienestar de la población y para los ingresos públicos (impuestos, canon, regalías, etc.). Cuando ello ocurre, como en el reciente caso de Tía María, la viabilidad de los proyectos mineros colapsa.
4. El gobierno tiene la obligación de garantizar a la ciudadanía, y en especial a la población local, la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental aprobados y el rigor de la fiscalización que ejercitará sobre la actividad minera, para evitar que ocurran daños a la población, al ambiente y a la economía local y nacional. Esta garantía del Estado es indispensable para que la población se sienta tranquila y no sea presa de los discursos manipuladores de los grupos ideologizados. Si el gobierno no brinda esas garantías, estará induciendo a la población a razonar con el discurso de esos grupos. El gobierno tiene que luchar por la legitimidad de estas instituciones de control de la actividad minera ante los ojos de la población.
5. El gobierno también tiene la obligación de garantizar a todos los sectores de la población, y a los inversionistas, que hará valer el Estado de Derecho ante cualquier intento de uso de violencia y de intimidación por parte de quienes promueven los conflictos sociales. Los medios de comunicación deberían contribuir a un mayor equilibrio en el flujo de opiniones y evitar la parcialización y distorsión de la información que la población recibe.
6. Southern necesita entender que sus antecedentes no ayudan a que la población pueda confiar en sus compromisos. Si quiere recuperar la confianza que su antecesor desgastó a lo largo de décadas de descuido ambiental, ella tendrá que explicar a la población local y nacional cómo va evitar ahora que los anteriores problemas ambientales se repitan en el Valle de Tambo.
7. La población, de todos los sectores sociales, razona en base a sus creencias, y esas creencias cargan muchos mitos que carecen de cualquier sustento real. Por ejemplo: Una fracción importante de la población local, e incluso nacional, aún cree que Tía María va amenazar la disponibilidad de agua de los agricultores del Valle de Tambo, a pesar de que la mina va utilizar agua del mar, desalinizada. Sin entender los temores y razonamientos tácitos de la población en relación a la minería, es muy difícil que una empresa logre el clima de tranquilidad que un proyecto necesita para ser implementado.
8. Sin confianza no hay proyecto. La tranquilidad de la población local, su confianza en que el proyecto no va destruir sus recursos naturales y que la empresa va respetar sus compromisos, es crítica. La Empresa debe hacer todo lo que esté a su alcance para informar a la población y responder a sus temores y creencias. Ello requiere ir más allá de los requisitos legales de aprobación de los EIA, se necesita crear mecanismos de información y transparencia con la población y con los líderes de opinión local para que la población vea que la empresa realmente se preocupa con el ambiente y con los compromisos que asume ante la población. 
9. Si bien los gobernantes tienen que actuar como garantes, las empresas mineras no pueden confiar que ellos siempre van a defender las autorizaciones que emiten ni los proyectos que aprueban. Tía María es un ejemplo claro de cómo los gobernantes pueden dedicarse a la especulación política mientras un proyecto minero, legalmente aprobado, está siendo bloqueado. A estas alturas ya debería estar claro que el crecimiento económico no es una prioridad del actual gobierno. Así que la única garantía para que una empresa minera logre el ambiente necesario para implementar un proyecto es el buen manejo del entorno social, político y mediático.
10. Las empresas mineras necesitan saber que ellas no son suficientes para lograr la confianza de la población en el entorno de sus proyectos. A pesar de su gran escala financiera y su alta calidad tecnológica, las empresas mineras tienen vulnerabilidades. Ellas necesitan tener aliados (instituciones, profesionales, organizaciones, líderes, etc.), que sean confiables para la población, y que puedan dar fe de la seriedad de los compromisos de la empresa y de las instituciones públicas, y clarificar el beneficio social que la minería puede traer. Solo una coalición de actores sociales de escala regional, por lo menos, puede legitimar a la minería como factor de progreso sostenible. Las empresas mineras necesitan aprender a construir coaliciones sociales que apuestan su futuro con la minería.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 31 de julio –dentro de 9 semanas- se vence el plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María, y aun el proyecto no recibe luz verde de parte del gobierno. En febrero, poco antes del foro mundial de minería PDAC en Canadá, ocasión en que las grandes empresas y los fondos de inversión están viendo el Perú, hubo declaraciones del ministro Francisco Ísmodes y del propio presidente de la República que sugerían la posibilidad que se diera por fin la licencia de construcción, pero ello no ha ocurrido hasta ahora.

Los que aquí se enfrentan son, por un lado, el Perú entero que necesita activar su enorme potencial minero para dar un salto de crecimiento y bienestar para convertirnos en país desarrollado, y un pequeño grupo de opositores ideologizados que no atiende razones sino solo pequeñas posiciones de poder. Que se oponen, en suma, al desarrollo del país.

Porque, como se ha demostrado mil veces, no hay acá afectación ambiental. Pero ese pequeño grupo, que logró infundir temor en la población del valle del Tambo, es cada vez más pequeño y la población le hace cada vez menos caso. Ello ha sido consecuencia del cambio de conducta de la empresa Southern, que desde hace más de dos años estableció en el valle una serie de programas sociales y de apoyo productivo que han ido sembrando confianza en la población. Uno de ellos, por ejemplo, consistió en un convenio con el Gobierno Regional para que las postas médicas del valle, que solo atendían de 8 am a 4 pm, lo hicieran las 24 horas del día. La empresa asumió el costo adicional. Fuera de eso, ha entregado los estudios definitivos para dos hospitales y para agua potable en todo el valle, programas de capacitación en ganadería y en algunos cultivos, matemáticas para todos digital, etc.

El proyecto tiene más aceptación

Esta nueva política de la empresa ha tenido resultados tangibles. Los 6 alcaldes distritales anteriores de la provincia de Islay eran anti-mineros, pero en las elecciones de noviembre pasado, salvo uno, no se oponen al proyecto si se resuelve el problema hídrico, como veremos. Eso cambia radicalmente la correlación política porque parte de la financiación y el apoyo logístico a las movilizaciones anti Tía María en el pasado provino de las municipalidades.

En noviembre y diciembre el Ministerio de Energía y Minas realizó 7 talleres informativos sobre el proyecto sin resistencia alguna y con participación ciudadana. Las oficinas informativas de la empresa en los pueblos del valle no son hostilizadas.

Opositores están disminuidos

Ante los anuncios algo ambiguos arriba mencionados de que se podría dar licencia de construcción al proyecto, en marzo, 130 personas se reunieron para formar el Frente Amplio Defensa del Valle del Tambo. Este Frente ha venido organizando marchas semanales, pero con un número reducido de participantes que, al decir de informantes, ha venido cayendo semana a semana. En la última marcha realizada el jueves pasado, desfilaron unas 250 personas en lugar de las 1,200 o más que marchaban dos o tres años atrás.

El principal líder anti Tía María del valle, Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de Riego, ha sufrido un duro golpe: su Junta se ha partido y se ha formado una nueva, valle arriba, que lo ha desconocido. Esta nueva Junta está a favor del proyecto minero. Además, Cornejo está sometido a “reglas de conducta” dictadas por el Poder Judicial, de modo que no puede participar en manifestaciones. Por lo demás, de acuerdo a nuestras informaciones, los anti-mineros en Islay están divididos.

La represa de Yanapuquio

Los alcaldes de Islay emitieron el 27 de marzo un comunicado señalando que “no puede haber un proyecto minero sin haber solucionado el problema hídrico”, y solicitaban buscar los mecanismos para concretar la represa de Paltuture. Era, en buena cuenta, un visto bueno a Tía María condicionado a la construcción de la obra hidráulica.

El problema es que parte del espejo de agua de esa eventual represa estaría en la región Puno, cuyo pasado gobernador, como si se tratara de otro país, presentó una medida cautelar contra la obra en el Poder Judicial. No se puede realizar. Ante ello, sin embargo, el ministerio de Agricultura ha identificado otra represa cuyo espejo de agua se encontraría íntegramente dentro de la región Moquegua. Se trata de la represa de Yanapuquio. Sus aguas habría que dividirlas entre Moquegua y el valle del Tambo, que queda en Arequipa, pero eso no sería problema.

De modo que la condicionalidad puesta por los alcaldes estaría resuelta. Pese a ello, el viernes, luego de una reunión con el Primer Ministro, han expresado reservas, pero puede ser una posición negociadora. Sólo hace falta, en realidad, la decisión política del gobierno, y solo quedaría planificar bien una estrategia policial para prevenir actos de violencia que eventualmente pudieran ocurrir, pese a que el grupo contrario es cada vez menor y que la oposición al proyecto se ha reducido.

Beneficios

Por lo demás, sería conveniente ir difundiendo los beneficios que traería el proyecto a la zona. Para comenzar, la regalía y el canon se multiplicarían por 10. El canon para la municipalidad distrital de Cocachacra pasaría de 3.4 millones de soles al año a 33 millones de soles.

Esto sin contar el empleo que generaría esta inversión de $1,400 millones de dólares: 9,000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y 4,800 empleos permanentes entre directos e indirectos.

Por supuesto, la señal nacional e internacional para el clima de inversión sería extraordinaria. Los fondos de inversión globales están mirando lo que ocurra con Tía María, que se ha convertido en un proyecto icónico. Su lanzamiento sin duda significaría un punto de inflexión, sobre todo si a ello se suma la creación de condiciones institucionales para la inversión minera en otras zonas del país.

La llave

Por lo demás, Tía María es la llave para un paquete de nuevas inversiones de la propia Southern que, de salir, aprobaría invertir en otros proyectos tales como una nueva fundición y refinería en el sur ($1,350 millones de dólares), además de proyectos de otros operadores, como los de Zafranal, la expansión de Toromocho, La Granja, Cañaris, y Apurímac Ferrum, entre otros.

Además, el Perú tiene que aprovechar la incertidumbre que existe en México para la inversión, que podría llevar a la Southern a poner casi todas sus fichas en nuestro país.

Tía María tiene una importancia estratégica para el relanzamiento de la inversión minera en el Perú y para la consolidación del clima de inversión en general. El gobierno tiene la obligación de autorizarla. Y no podría sino beneficiarse de ello. Lampadia

La economía sigue bajando su ritmo de crecimiento. Las expectativas de crecimiento bajan constantemente, pasando de un 4% a un 2%. Esto se debe a que, desde el inicio de la gestión del nuevo gobierno, se evitó poner la necesidad de recuperar la inversión minera en la primera fila. El gobierno nos ofreció un crecimiento que se daría como producto de la simplificación de trámites y de la inversión en infraestructuras. 

Pero el problema no radica solamente en destrabar proyectos, sino en un cambio de mentalidad de los peruanos y de los medios de comunicación e instituciones. En el Perú se desarrolló una campaña para llevarnos a rechazar el desarrollo del sector minero, afirmando que la minería “exporta piedras”; comparando el desarrollo de la minería con el del guano y el caucho (en el libro “¿Qué se puede hacer con el Perú?” de Piero Ghezzi y José Gallardo y en el de Carlos Ganoza y Andrea Stiglich, “El Perú está calato”).

Fuente: semanaeconomica.com

Estas expresiones son erróneas y parte de agendas subalternas que pretendieron desmerecer nuestro crecimiento y sostener, falazmente, que somos primario-exportadores, que estaríamos sufriendo la ‘enfermedad holandesa’, que somos víctimas de la maldición de los recursos naturales y que las exportaciones mineras no tienen valor agregado. Ver en Lampadia: El sorprendente valor agregado de la minería

Pero parece que la aguja está cambiando de dirección, ya que durante la edición 33 de la convención minera Perumin, se ha publicado la última encuesta de El Comercio-Ipsos, que analiza las percepciones sobre la actividad minera en el Perú urbano. Las tres preguntas principales analizan la importancia del sector minero, su contribución a la economía del país y si las personas consideran conveniente desarrollar estos proyectos. La respuesta es innegable: ¡Sí, queremos! Entre el 79% y 87% (cifra varía dependiendo de la pregunta) de las personas encuestadas están de acuerdo.

Este consenso por el aporte de la minería no se ha visto ni en época electoral. Parece que por fin las personas han decidido que no quieren tirar por la borda una riqueza que ha producido muchos beneficios económicos y sociales y que puede crear mucha riqueza adicional por largos años. Dicha riqueza es esencial para generar los recursos que nos permitan superar nuestras brechas sociales y económicas y, sobre todo, para que ante la revolución tecnológica en ciernes podamos nivelarnos con los países más desarrollados en el más corto plazo posible.

Mejor aún, las personas encuestadas son conscientes de los grandes aportes de la minería al país. Reconocen los aportes de la minería en generación de empleo de calidad, en transferencia de tecnología, en generación de producción industrial peruana, en los múltiples encadenamientos que tiene con otros sectores, en generación de divisas y en aportar importantes recursos fiscales; mediando por supuesto, los mejores estándares ambientales y sociales. La minería debería recibir el apoyo abierto de la población, a lo que puede ser una de sus palancas más efectivas de desarrollo.

La minería tiene una gran capacidad de dinamizar el empleo en toda la economía. Por cada puesto generado de forma directa en el sector minero extractivo se generan adicionalmente 6.25 empleos en el resto de la economía. De estos 6.25 empleos adicionales, 1 se genera a consecuencia del efecto indirecto, 3.25 por el efecto inducido en el consumo y 2 por el efecto inducido en la inversión.

Recordemos que, según un estudio del IPE, titulado El Valor Agregado de la Minería en el Perú, “Se puede apreciar más claramente la importancia del sector en los últimos años si se analiza la contribución minera al crecimiento mensual del PBI. Por ejemplo, con el inicio de los últimos proyectos mineros grandes, Toromocho y Las Bambas, en diciembre del 2015 la minería contribuyó con 2.5 p.p. a un crecimiento mensual de 6.5%. Durante el 2016, el aporte continuó aumentando y, durante los meses de abril y mayo alcanzó a contribuir 2.5 p.p. y 3.7 p.p. a crecimientos de 2.7% y 4.8% respectivamente. Es decir, en esos meses el mayor crecimiento mensual nacional se debió directamente a la actividad del sector minero”.

Como afirma El Comercio (en su artículo compartido líneas abajo), “las expectativas de crecimiento de los próximos años podrían multiplicarse si, gracias a la recuperación de los precios de los principales metales que produce el Perú en el último año, se avanza con la exploración y ejecución de nuevos proyectos de mediana y gran dimensión. Quellaveco, de AngloAmerican, con una inversión estimada de entre US$4.000 millones y US$5.000 millones, ha vuelto a acaparar los reflectores.”

Dado que ya sabemos qué necesitamos hacer para lograr el bienestar general, debemos sindicar a los responsables de atentar contra proyectos positivos contra el Perú y actúa en consecuencia. Contamos con un sector que aporta un gran valor agregado a la economía, generando miles de millones de dólares de exportaciones. Pongamos en valor los recursos mineros que tenemos el privilegio de tener y actuemos en pro del desarrollo integral, duradero y sostenible, sin que los mitos y las mentiras nos aparten del camino de la reducción de la pobreza. Lampadia

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas.

Además, hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región, mientras Cajamarca hizo lo contrario,dió un salto atrás, un descalabro que le quitó a sus ciudadanos la posibilidad de ser la región más rica del Perú. Por arte y magia, aunque más por una suerte de brujería, Cajamarca, al ritmo de los anti-mineros Arana, Santos, et al, tiró por la borda cinco proyectos mineros que le hubieran cambiado la vida.

Ver en Lampadia:

• Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

• El Perú se la juega en Cajamarca

• Necesitamos más minería para una mayor competitividad 

• En busca del tiempo perdido – ¡Ahora!

En esta ocasión presentamos un importante análisis de Ciudadanos al Día (CAD), sobre: Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo – Caso Apurímac. (Ver la publicación en Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo: Caso Apurimac).

El trabajo de CAD, muestra que, tanto a nivel del gobierno Regional, como de los gobiernos locales, la ejecución o uso de los recursos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para el período 2013-2016, ha sido muy baja, desperdiciando recursos valiosísimos para el desarrollo de la región.

“Algunos departamentos como el Cusco y Callao fueron los más destacados por la alta ejecución de su presupuesto, 88.5% y 86.9% respectivamente. Sin embargo, se observa que existen departamentos cuyo nivel de ejecución se encuentra muy por debajo del promedio nacional (68%): tal es el caso de Ancash (52.6%), Apurímac (47.9%) y Madre de Dios (45.4%) quienes presentaron los menores niveles ejecución presupuestal en dicho periodo”.

A pesar de ello, por la fuerza de la inversión privada en Las Bambas, que incluyó inversiones sociales del orden de US$ 300 millones, Apurímac dio su salto adelante. ¿Qué hubiera logrado Apurímac si sus autoridades hubieran tenido una efectividad parecida a la del sector privado, que terminó su inversión a tiempo y que logró alcanzar su capacidad de producción con gran rapidez?

Afortunadamente, en Apurímac, además de la ineficiencia de sus autoridades, no se habría presentado escándalos de corrupción, como se ha visto en otras regiones. Bien por ello. Pero no podemos dejar de insistir que la organización política del Perú, con su apurada descentralización, ‘coja y manca’ pero con delegación de ‘poderes absolutos’, debe ser corregida.

Esto es producto, fundamentalmente del gobierno de Toledo que empujó la descentralización a una piscina vacía, y de García II, que en vez de poner una escalera para salvar la situación, tiró arena y creó un pantano que tiene atrapados a muchos gobiernos regionales entre la ineficiencia y la corrupción. En Lampadia hemos analizado los defecto del arreglo institucional de las regiones, pero el país, parece no tener cabeza para entender la importancia y urgencia de hacer algunas reformas. Ver: ¿No quieren evitar la corrupción? y Patente de corso para la corrupción.

Lo más escandaloso de la ineficiencia (falta de ejecución presupuestal y usos inadecuados) y la corrupción en el manejo de los presupuestos públicos en los departamentos, es que se trata de regiones pobres, que nunca tuvieron los volúmenes de recursos que generó el Perú para sus pueblos desde el regreso de la inversión privada con la Constitución de 1993. No se debió desperdiciar ni un sol. Lo hecho es una suerte de crimen social que algún día tendrá que ser debidamente señalado.

Veamos algunos de los cuadros y tablas del trabajo de CAD:

Es increíble que el Perú no haya sabido aprovechar sus recursos y que ahora, encima de todo, sin que importe debilitar el reto de seguir creciendo y reduciendo la pobreza, se haya parado las inversiones mineras, la mayor fuente de recursos para los peruanos más pobres de las regiones. Peor aún, es escandaloso que nuestra clase dirigente, especialmente la política, no tenga claras estas cosas y no se aboque a su corrección. Lampadia  

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

En las siguientes líneas presentamos una comparación entre Cajamarca y Apurímac, a la luz del desarrollo de la frustración de los proyectos mineros de la primera y del éxito de Las Bambas en Apurímac. El proyecto, propiedad la empresa china MMG y dirigido por  gerentes australianos, cobra especial importancia por su envergadura, impacto en la región y en la economía peruana y, por ser, lamentablemente, el último proyecto minero nuevo que logró evitar los conflictos socio-políticos de los anti mineros, que paralizaron los proyectos que seguían en el ‘pipeline’.  

Hasta hace pocos años, Cajamarca era la región con mayor potencial de crecimiento del país y, de haber consolidado una vocación pro inversión y desarrollado, los cuatro grandes proyectos que estaban en marcha antes de la caída de los precios de los minerales, la pudieron haber convertir en la región más rica del Perú.

Lamentablemente, la penetración anti minera paralizó primero la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish y luego en el proyecto de Conga, que contaba con el favor de las comunidades de su área de influencia. Luego se cayeron los demás proyectos y se diluyó la posibilidad de construir el ferrocarril a la costa.

En ese ambiente se enseñorearon los activistas anti mineros, llegando a establecer el terror como arma de presión política. Ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca (enero de 2013).  Este violento proceso pasó mayormente desapercibido en Lima, pues además de amedrentar a la prensa local, se amenazó a los corresponsales de la prensa nacional, que no pudo reportar la consolidación de las afrentas contra la inversión privada, que después se exportó a otras regiones del país. Para esto, el gobierno nacional había perdido autoridad moral con “el oro no se come” y las empresas mineras ni su gremio, fueron capaces de contrarrestar la ola que, sin el conocimiento de la ciudadanía, pretendía imponer las absurdas ideas del pos-extractivismo que Lampadia identificó más adelante. Ver: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento.

Mientras tanto, al sur del Perú se consolidaba la inversión minera más importante de la historia del país, el Proyecto de Las Bambas. Un proyecto que había dormido por 40 o más años y que en los 80s fue objeto de una oferta de inversión de un grupo minero internacional con operaciones en el Perú, por US$ 1,000 millones con un 20% libre para el Estado. Pero, al igual que una oferta similar por Antamina, hecha un año después, fue rechazada por el segundo gobierno de Belaunde.

Evidentemente, el desarrollo de Las Bambas, se benefició de las experiencias previas, se negoció un adelanto de canon, en línea con lo que el partido de PPK llama ahora ‘adelanto social’ y, los anti mineros llegaron cuando el proyecto ya estaba en las fases finales de desarrollo.

Aún así, pusieron en agenda su oposición al mineroducto que iba hasta la planta de molibdeno a construirse en Espinar (Cusco). Ver: Mineroducto Las Bambas.  

Lo curioso es que, aunque no debiera llamar la atención, el mismo Cooperaccion, que criticó el mineroducto, pretendió descalificar el proyecto, cuando se dejó de lado la planta en Espinar y el tubo para el mineral.

A pesar de todo, el proyecto pudo ir adelante iniciando sus embarques de exportación desde las nuevas facilidades de Tisur en Matarani en enero del presente. Medio año después, la producción de cobre de Las Bambas llegó a 86,000 TMF, alcanzó el 9.4% del total nacional y desplazó del cuarto puesto a Moquegua.

Este resultado se enmarca en una cierta recuperación de la economía, que se debe, fundamentalmente, al crecimiento de la producción minera. En 2015, Apurímac fue la región de mayor crecimiento, exceptuando a Madre de Dios, que está muy influido por la producción ilegal de oro. Ver el ICAE 2015 del IPE:

Pero lo más importante para el entendimiento de las relaciones causa-efecto por parte de los ciudadanos, es comparar los resultados de la reducción de la pobreza en Apurímac y Cajamarca, como lo hizo con destreza, hace unos días, José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría. Veamos el cuadro resumen que presentó en el SAE de mayo pasado y su artículo de El Comercio, bajo el título: La historia de dos regiones.  

La historia de dos regiones: Apurímac versus Cajamarca

José Carlos Saavedra

Director de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría

22 de mayo, 2016

El Comercio

Glosado por Lampadia

Entre el 2011 y el 2015 la pobreza en Apurímac disminuyó 18 puntos básicos, mientras que en Cajamarca se estancó.

¿Qué factores explican esta situación?

Hace unas semanas, el INEI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2015, la más valiosa y completa fuente de información pública para entender la evolución de los indicadores sociales en el Perú. Los resultados de este estudio muestran diferencias importantes en la reducción de la pobreza entre Apurímac y Cajamarca. La historia de estas dos regiones es útil para ilustrar la importancia del crecimiento económico en la mejora de las condiciones de vida de la población.

Apurímac ha sido una de las regiones del Perú con mayor reducción de la pobreza en los últimos cinco años. El porcentaje de pobres en esta región pasó de 57% de la población a 39% entre el 2011 y el 2015. En contraste, en Cajamarca la pobreza prácticamente se estancó durante el mismo periodo y se mantuvo por encima de 50%. Así, el año pasado, Cajamarca se consolidó como la región más pobre del país. Apurímac –que tiene un tercio de la población de Cajamarca– logró sacar a más personas de la pobreza que la región del norte.

¿Qué explica esta importante diferencia? Un primer candidato podría ser que el crecimiento de los programas sociales fue más fuerte en Apurímac. Sin embargo, en los últimos años, las transferencias de Juntos y Pensión 65 por habitante han crecido a tasas similares en ambas regiones. La explicación no viene por ahí.

En realidad, la principal explicación de las diferencias entre estas dos regiones es la dinámica de la inversión. En Apurímac, el flujo de inversión pública y privada creció 20% en promedio cada año entre el 2012 y el 2015, debido, principalmente, al inicio de construcción del megaproyecto minero Las Bambas. Este proyecto demandó una inversión total de US$ 7,000 millones, equivalente a nueve veces el PBI de Apurímac en el 2011. Además, producto de un acuerdo entre el gobierno nacional, regional y la empresa minera, se adelantaron las transferencias por canon minero, lo cual permitió financiar el crecimiento de las obras de infraestructura pública en la región. En contraste, en Cajamarca la inversión pública y privada cayó 20% en promedio cada año durante el mismo período, sobre todo por la paralización de grandes proyectos de inversión minera. Adicionalmente, la inversión pública se vio afectada por la caída del canon, producto de la menor producción de las minas existentes y del ajuste en los precios de los metales.

A su vez, el desempeño diferenciado de la inversión impactó en la creación de empleo y crecimiento de los ingresos en ambas regiones. El fuerte dinamismo de la inversión permitió que en Apurímac el empleo dependiente aumente en 50% y que los salarios crezcan 30% en términos reales entre el 2011 y el 2015. En Cajamarca, en cambio, el empleo dependiente se contrajo y los salarios reales se estancaron durante el mismo periodo.

La historia de estas dos regiones muestra claramente la importancia del crecimiento de la inversión y del empleo de calidad para mejorar las condiciones de vida de la población. Esta es una lección para quienes suelen “ningunear” la importancia del crecimiento económico.

Lampadia

Como todos sabemos la actividad minera y las empresas extractivas vienen siendo sujeto de un proceso de cuestionamiento que ha descarrilado las políticas públicas que permitieron su desarrollo y su consiguiente aporte (múltiple) a la mejora de nuestros indicadores económicos y sociales durante los últimos 25 años. Por ejemplo, las regulaciones con las que se impulsó el crecimiento del sector minero en los años 90 han sido multiplicadas, literalmente, por 100. Otro ejemplo, ningún gobierno estableció, en la conciencia de la opinión pública, las relaciones causa-efecto entre las operaciones extractivas y el canon con que se multiplicaron los recursos de las regiones. Tan es así, que en algún momento, poblaciones vinculadas al sector minero marcharon coreando: “Canon sí, minería no”.

Las empresas extractivas, en todo el mundo y en el Perú, se han caracterizado por enfoques de gestión de un corte ingenieril. Esto no ha impedido que hagan los mayores esfuerzos por desarrollar operaciones que respeten el ambiente y las relaciones con los pueblos y comunidades de sus áreas de influencia. Estas empresas gastan cientos de millones de dólares durante décadas para evaluar y entender los aspectos geológicos y técnicos del desarrollo de sus proyectos y también en temas ambientales y sociales, pero no han sido capaces de desarrollar una visión igualmente sofisticada sobre los factores políticos, sociales y económicos que dan forma a los países en los que operan.

Esto tiene que cambiar. Obtener y conservar el acceso a los recursos naturales a largo plazo es uno de los aspectos más críticos para las empresas extractivas. Por esta razón, en Lampadia recogemos en este análisis las medidas más importantes sugeridas en el informe de McKinsey Global Institute (MGI) titulado “Invirtiendo la maldición: Maximizando el potencial de las economías impulsadas por los recursos“. Medidas que debieran tomar las empresas extractivas para lograr una mejor inserción en el imaginario social de los países donde operan. (La semana pasada hicimos un primer análisis más general de dicho informe, ver: Aprovechando la bendición de los recursos naturales).

Desarrollar un entendimiento detallado del contexto del país

Según McKinsey, los ejecutivos de las empresas extractivas necesitan entender completamente las diez dimensiones más importantes que determinan la naturaleza de los países en que operan. Éstas varían de país en país y el entendimiento de cada caso es esencial para que adapten sus enfoques empresariales. Ver el detalle en el siguiente cuadro:

Una dimensión importante es el tamaño del país. En los países con poblaciones relativamente pequeñas, la industria extractiva puede ser mucho más importante para el desarrollo económico que en los países más grandes que son propensos a tener una economía más diversa y mercados internos más grandes. Como resultado, es probable que en los gobiernos de los países más pequeños, la industria extractiva sea objeto de un escrutinio mucho más detallado.

Otro aspecto importante es el grado de desarrollo económico de un país. Los gobiernos de los países con economías menos desarrolladas tienen más probabilidades de depender de los ingresos procedentes de la extracción de recursos. Probablemente también dependan de las empresas privadas desempeñen funciones más amplias dentro de la economía, como prestar servicios sociales a la comunidad o desarrollar las infraestructuras. Las empresas también pueden enfrentarse a un imperativo más fuerte para contribuir a un mayor desarrollo económico.

Evaluar rigurosamente las contribuciones actuales de la empresa y compararlas con las expectativas

Las empresas necesitan mejorar su comprensión del impacto de sus actividades y cómo podrían responder más eficazmente a las expectativas de los países anfitriones. La mayoría de las empresas extractivas hacen contribuciones sustanciales a los países en los que operan, ya sea una importante contribución fiscal, dividendos y obligaciones patrimoniales.

Pero no solo contribuyen de esta manera. También lo hacen mediante la creación de empleo y el desarrollo de habilidades de los empleados a través del desarrollo de sus propias fuerzas de trabajo y las cadenas de suministro, así como a través del desarrollo industrial, producto de encadenamientos sectoriales muy importantes, como ha sido en el Perú. Invierten en infraestructuras y en la creación de beneficios sociales más amplios. Sus actividades pueden beneficiar a las comunidades locales a través de contribuciones en las áreas de salud, educación, seguridad, rehabilitación ambiental y la sostenibilidad económica. Y, por último, pueden desempeñar un papel importante para minimizar la contaminación del aire, la tierra y el agua, así como en la conservación de la biodiversidad.

En contra de lo afirmado por los grupos anti extractivistas, la mayoría de las empresas consideran todas estas áreas. Sin embargo, una encuesta que realizó McKinsey a 22 líderes de algunas de las compañías mineras más grandes del mundo muestra algo interesante: “Cuando se le preguntó cómo pensaban que los representantes del gobierno enumerarían en orden de importancia las diferentes áreas de desarrollo social y económico, la inversión en infraestructuras fue vista como una de las áreas más importantes. Sin embargo, las infraestructuras también fueron consideradas por estos mismos ejecutivos como una de sus áreas de peor desempeño. Por el contrario, el impacto ambiental se considera un área en la que sus empresas se desempeñaron relativamente bien, pero fue visto por los ejecutivos mineros como una prioridad muy baja para los gobiernos.”

Para entender mejor este tema, McKinsey desarrolló una herramienta que le permite a las empresas evaluar su performance en las distintas áreas de interés y comparar sus expectativas con las de los otros interesados (gobiernos, países, instituciones, etc.). Ver diagrama inferior:

En el diagrama, se evalúa el potencial de las actividades de desarrollo económico a nivel de activos y proyectos. McKinsey identificó 90 medidas en cinco dimensiones: (1) contribución fiscal; (2) creación de empleo y desarrollo de habilidades; (3) inversión en infraestructuras; (4) beneficios sociales y comunitarios; y (5) preservación del medio ambiente. A estas se les suma un conjunto de medidas de rendimiento de la empresa en la gestión de accionistas/inversionistas y los esfuerzos de comunicación interna, lo cual es importante si las contribuciones de la empresa han de tener el impacto deseado.

Esta herramienta clarifica la contribución de una empresa al desarrollo económico mediante la evaluación de qué tan bien coinciden las prioridades de la empresa con las de las ‘partes interesadas’; compara el rendimiento de las mejores prácticas con las expectativas de los interesados e identifica las áreas en las que se puede mejorar, ya sea mediante el fortalecimiento del desempeño en áreas específicas o reasignación de gastos.

Las principales conclusiones de McKinsey después de utilizar esta herramienta fueron:

• Las prioridades de las empresas extractivas normalmente no coinciden con las de los stakeholders locales.
• Las prioridades y sus performances pueden variar significativamente dentro de la misma empresa.
• La performance no es valorada adecuadamente por los stakeholders locales.

A medida que el mundo en desarrollo capta una participación cada vez mayor de la exploración y producción de recursos naturales, es cada vez más importante para las empresas adoptar un enfoque más cuantitativo y basado en el rol que desempeñan en el desarrollo económico de los países receptores.

En países como el Perú, en donde el aventurerismo político asume, en muchas ocasiones, la forma de movimientos anti-mineros, estos temas no pueden dejarse a la improvisación o al ensayo y error. Mientras las empresas no tomen los cuidados necesarios, los anti-mineros tendrán amplias facilidades para desarrollar sus acciones hostiles. La responsabilidad sobre la recuperación de la legitimidad y buena imagen del sector, está en manos de los gobiernos (nacionales y regionales), de las mismas empresas extractivas, de los gremios empresariales y el periodismo.

Para lograr este cometido es imperioso organizar una gesta nacional para asociar, en la mente de nuestros ciudadanos, las relaciones causa-efecto entre la operaciones extractivas y el crecimiento, empleo, ingresos fiscales, infraestructuras, encadenamientos sectoriales, mejoras sociales, valor agregado y mejoras del medio ambiente. Algo muy difícil, pero no por el esfuerzo requerido, sino por la esquiva decisión política por parte de los actores vinculados al sector, para emprender la gesta por transformar los recursos naturales en una bendición para sus pueblos.  

Lampadia

Jaime de Althaus

Lampadia

La última encuesta de Ipsos indaga acerca de qué es lo que la gente quiere decir cuando pide cambios al modelo económico, y las respuestas son muy reveladoras. En primer lugar constata que el el 56% quiere cambios moderados y el 33% cambios radicales. Pero, ¿qué cambios? 59% desea que mejoren los servicios de educación, 55% que se combata la delincuencia con más efectividad, 48% que haya más eficacia en combatir la corrupción, 38% que mejore la salud… Sólo el 11% quiere que se estaticen empresas que ahora son privadas, 16% que se nacionalicen empresas extranjeras y 30% que se controlen los precios de los productos básicos.  

Es decir, que los cambios que los peruanos quieren en el modelo económico no se refieren al modelo económico en realidad, sino al Estado, a la ineficiencia de los servicios públicos y a la corrupción. La gente está pidiendo un Estado más eficiente y menos corrupto. Mejores servicios públicos. Esa deberá ser la gran tarea del próximo gobierno: la reforma del Estado y de la descentralización, porque la mayor parte de esos servicios son brindados directamente por los gobiernos regionales.

Quizá eso explique en parte la paradoja que advierte Richard Webb en El Comercio (25-4-16), cuando observa que los distritos en los que nació y combatió Túpac Amaru (Túpac Amaru y Sangarara), las opciones radicales de Verónika Mendoza y Gregorio Santos sumaron 86% y 71% de los votos emitidos respectivamente, pese a que esos distritos han mejorado notablemente su nivel económico en los últimos 20 años: los agricultores que usan tractor aumentaron de 4% a 33% entre 1994 y el 2012 en Túpac Amaru, y de 23% a 87% en Sangarará y la proporción con riego tecnificado pasó de 2% a 63% en Túpac Amaru y de 23% a 87% en Sangarará.

Se pensaría entonces que lo que está fallando es el Estado, siguiendo con lo que señala la encuesta de Ipsos. Es decir, hay desarrollo económico pero los servicios estatales son ineficientes y corruptos. Algo de esto argumenta también Luis Carranza (El Comercio 26-04-16), cuando recuerda que la presión de los Incas y de los españoles se concentró en el sur depredando el capital social y engendrando, así, una muy alta desconfianza que solo se resolvería con “una verdadera integración: infraestructura, generación de oportunidades de ingresos y un Estado que sea eficiente en entregar bienes y servicios públicos de calidad en educación, salud y seguridad”. 

Pero, según Webb, los hogares con agua en la vivienda en esos dos distritos aumentaron de 15% a 73% entre 1993 y el 2007, y los que cuentan con desagüe de 1% a 30%. Ambos pueblos tienen hoy posta médica, el de Túpac Amaru con dos médicos, enfermera, obstetra, técnico y una ambulancia. Además, la nueva carretera asfaltada facilita la llegada rápida a otros centros y los caminos mejorados e inversiones en riego han favorecido el negocio de los cuyes, que se exportan diariamente a las ciudades cercanas.

Tampoco funcionaría, entonces, la tesis de Carranza. Agrega Webb: “Túpac Amaru y Sangarará están lejos de ser los distritos más olvidados. El más pobre en el 2012 fue Curgos, en La Libertad, donde 68% de la población votó a favor de Keiko. En un ránking anterior el más pobre fue Quillo en Áncash, donde también se favoreció a Keiko con 66%. Todo indica que el radicalismo electoral no tiene una explicación simple.

Habría que ver, sin embargo, cómo funcionan la policía y el Poder Judicial en la zona, y verificar los niveles de corrupción en los gobiernos locales de esos dos distritos cuzqueños. De hecho, en la región Cusco fueron escandalosos, al punto que casi todos los ex presidentes regionales terminaron presos. La enorme mayor cantidad de recursos derivados del canon del gas y las transferencias de Lima, convirtieron al gobierno regional del Cusco y a varias municipalidades en botines presupuestales.

Por último, una hipótesis que habría que explorar es la de una mayor prédica política e ideológica radical en esas zonas desde los años 60, mezclada con el sentimiento cusqueño de gran civilización conquistada y aplastada por los españoles y luego por Lima. 

Lampadia junto con el Centro Wiñaq, está formando una biblioteca virtual especializada sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, que se nutre de diversos artículos y ensayos para mostrar con rigurosidad la grave situación de parálisis de las inversiones mineras y otras, a la que nos ha llevado las prácticas anti-mineras.

La siguiente contribución de Sebastiao Mendonça Ferreira para Lampadia, la tercera sobre las propuestas para combatir la conflictividad anti-minera, siempre desde la perspectiva de un enfoque estratégico y sistemático, se refiere al importante rol que debieran desarrollar los gremios mineros.

El Rol de los Gremios

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

El gremio minero fue creado para representar los intereses colectivos de su sector, es decir, los de las empresas mineras, petroleras y de energía que operan en el Perú. Sin embargo, los anti-mineros han logrado paralizar proyectos mineros importantes y bloquear cerca de USD 21 mil de inversiones en los últimos años. Ello significa que los gremios empresariales, y el minero en particular, necesitan adaptar su accionar a las nuevas condiciones de la conflictividad que enfrentan. Algunas ideas en ese sentido.

El desafío de la Opinión Pública

A pesar de la importancia extraordinaria de la minería para la economía peruana, (exportaciones, participación en el PIB, generación de empleo en zonas alejadas de Lima, encadenamientos multisectoriales y contribución determinante a la recaudación fiscal),[1] una parte significativa de la opinión pública nacional es contraria a sus actividades. Ello es verdad a nivel nacional, y aún más verdad en las regiones mineras.

La opinión pública depende de las prácticas empresariales pasadas y presentes, del manejo adecuado de los impactos positivos y negativos de la minería, a nivel local, y nacional, y del accionar sistemático de los grupos que, por intereses políticos, difunden una narrativa contraria a la minería, así como por los silencios de los gremios, empresas y personas vinculadas a los sectores atacados.

La opinión pública es vital para la sostenibilidad de la minería. Si la opinión pública es favorable, los gobiernos tienen mayor convicción para tomar las medidas necesarias para al desarrollo de las actividades mineras. Si la opinión pública es negativa, los aventureros políticos encuentran condiciones favorables para especular con los temores de la población y para presionar a los gobiernos, y los gobiernos dudarán en cumplir sus obligaciones legales.

Iniciativas prioritarias:

1. Conocer las creencias de la población y la narrativa anti-minera: Promover estudios en profundidad sobre las razones por las cuales los diversos sectores de la población temen o no desean la minería, y hacer visible el sistema de creencias valores y estereotipos en que se sustentan esas ideas. Una vez entendido esto, analizar la narrativa de los grupos anti-mineros, entender la lógica con la cual ellos influencian a las poblaciones locales y a la opinión pública nacional, y desarrollar una narrativa en la cual la minería y el desarrollo sostenible sean entendidos y valorados por la población.[2]
2. Frenar el daño producido por ideas falsas y rumores: Promover la realización de estudios e investigaciones serias sobre los impactos de la minería sobre la economía local y sobre el ambiente.  Los resultados de esos estudios deberían ser difundidos para evitar que los líderes de opinión y la misma población sea confundida con falsedades y rumores.
3. Capacitar a los formadores de opinión: Realizar eventos periódicos con formadores de opinión y estudiosos interesados en minería, para que entiendan mejor los aportes y los riesgos reales de la actividad minera, descifren la narrativa anti-minera, mejoren el nivel de rigor en la descripción e interpretación de los eventos, y contribuyan a mejorar la actividad minera y su legitimidad en la sociedad peruana.[3]
4. Promover actividades de comunicación permanentes que vayan formando un sentido común cercano a la inversión privada, el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y los circuitos de valor compartido generado por los grandes proyectos para la sociedad en su conjunto.

Desarrollo Compartido

La minería puede ser un poderoso motor del desarrollo regional y nacional. Pero, ello requiere que los líderes, empresas e instituciones locales tengan una visión compartida de progreso regional y del rol que la minería puede tener para contribuir a ese progreso. La creación de consensos sociales favorables a la minería dependen mucho de que los actores locales tengan esa visión compartida.

Para adquirir esa visión los actores locales necesitarán conocer experiencias prácticas en sus mismas regiones, que funcionen como laboratorios para explorar diversas modalidades de generación de sinergias entre la minería y las demás actividades, que permitan apreciar las mejores maneras para lograr que la minería contribuya a dinamizar las otras actividades.

Estas experiencias podrían aprovechar el enfoque ”Shared Value” desarrollado por Michael Porter[4] y experiencias exitosas de desarrollo rural ya validadas por programas como “Sierra Productiva,”[5] moldeándolas en propuestas de desarrollo local que combinen las potencialidades económicas locales, y las capacidades de las empresas, de la sociedad civil (Cámaras de Comercio, organizaciones de desarrollo, colegios profesionales, universidades, etc.) y de autoridades locales como los Gobiernos locales, Gobierno Regional, oficinas del Gobierno Central, etc.

Iniciativas prioritarias:

1. Promoción de iniciativas de Desarrollo Compartido: Los gremios empresariales podrían apoyar (coordinación, diagnóstico, diseño y soporte técnico) a la puesta en marcha de experiencias piloto de Desarrollo Compartido. Esas experiencias piloto pueden ser pequeñas, en una escala viable para los recursos financieros posibles de canalizar en el corto plazo y manejable para los actores locales listados arriba. 
2. Uso del Canon: Esos proyectos de Desarrollo Compartido deberían orientar el uso de Canon y de parte de las actividades de Responsabilidad Social de las empresas mineras,[6]  y podrían, además, canalizar recursos del gobierno central para la creación de la infraestructura y condiciones que fueran necesarias.
3. Intercambio de experiencias: Tal como hace el equipo de Shared Value en Harvard, los  gremios peruanos podrían organizar eventos regulares de intercambio de experiencias de Desarrollo Compartido, y visitas in situ, para acortar la curva de aprendizaje, avanzar en la escala y propagar más rápido los buenos resultados.

Prácticas empresariales

En los últimos años (básicamente por exigencia de sus matrices) las empresas mineras han mejorado los estándares de sus prácticas operativas, ambientales y sociales, así como la transparencia de sus reportes en Responsabilidad Social Corporativa,[7] en Gestión Ambiental (ISO 14.000),[8] y en Derechos Humanos.[9] Los resultados fueron positivos en sus países de origen: En la medida en que la opinión pública se ha ido informando de esos nuevos estándares, la legitimidad de las empresas ha mejorado.

Sin embargo, en el Perú estos estándares y reportes son poco conocidos y menos entendidos. Además, los periodistas y la opinión pública nacional no tienen como chequear si estos estándares son efectivamente cumplidos en Perú. La población no sabe si las empresas mineras con certificación ambiental internacional están o no están contaminando en el Perú. Ese desconocimiento deja espacios para la propagación del temor y para que grupos contrarios a la minería lancen campañas de rumores contra las empresas, y haciendo difícil a las empresas corregir esos rumores.[10]

Acciones constructivas:

1. Referencia creíble: Los gremios podrían establecer revisiones periódicas de las prácticas de las empresas, para verificar el cumplimiento en el Perú de los estándares globales en los temas operacionales, ambientales y sociales. Los indicadores considerados en esos estándares deberían ser adaptados localmente de modo a responder a la geografía local y a las preocupaciones de la población peruana, especialmente en las zonas mineras. Esas revisiones periódicas deberían identificar los aspectos en los que las empresas necesitan mejorar, y verificar si los problemas anteriores están siendo corregidos.
   La calidad técnica de esas revisiones es un prerrequisito, pero no es suficiente. Tampoco es suficiente la publicación de algún boletín técnico con los reportes.
2. Conocimiento Público: El conocimiento y credibilidad ante la opinión púbica peruana es un factor crítico. Para lograr ese conocimiento y credibilidad en la opinión pública, la organización responsable de dicha auditoria deberá publicar los resultados estableciendo un sistema de categorías del grado de cumplimiento de las diversas empresas, y realizar reuniones periódicas con los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Esos informes deben constituirse gradualmente en la referencia de la sociedad peruana sobre la calidad de las prácticas de las empresas mineras. Sus pareceres deben tener alta respetabilidad en todo sentido.
3. Reconocimiento a los mejores: Podría generarse un premio, tipo diploma en Responsabilidad Social, a las empresas que alcancen excelencia en sus prácticas operacionales, sociales y ambientales. Las ceremonias de premiación podrían constituirse en una plataforma para explicar a la población los avances que la minería está alcanzando en el país en esas tres áreas. 
4. Experiencia de Australia: En Australia ya se ha creado un sistema local de revisión de las prácticas de las empresas mineras, realizado por una organización independiente, como él que sugerimos aquí, y las conclusiones de un estudio de 2006 afirman que han sido muy positivas para el mejoramiento de sus prácticas operativas, ambientales y sociales de las empresas mineras, y para la legitimidad de la minería. [11]