Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

A veces pareciera que no tenemos claro, que el rol principal del Estado es brindar: salud, educación, seguridad y justicia, ciertamente acompañado de su rol regulador. A estas actividades, se les llama, la redistribución del ingreso. Encuentro que, algunos no han leído bien la Constitución o al menos de manera integral y creen que, cuando en el capítulo económico se da al Estado un rol subsidiario, se refiere a toda actividad y no exclusivamente a la actividad empresarial.

Claro, para algunos ha sido muy conveniente no hacer su trabajo, al amparo de esta interpretación errónea. Por eso, el sector empresarial hizo su trabajo; en lo económico, social y ambiental, y por eso el Estado se enriqueció y acumuló muchos fondos. Pero ni el gobierno nacional, ni los regionales y municipales, resolvieron las necesidades básicas sanitarias (agua potable y desagüe con plantas de tratamiento de aguas residuales-PTAR), no se habilitaron postas médicas debidamente atendidas, ni escuelas decentes con servicios higiénicos adecuados, electricidad, conectividad y maestros debidamente calificados para una enseñanza de calidad.

Los casos que mayor malestar han generado, son en aquellas regiones con grandes inversiones en proyectos mineros, gran movimiento de equipos, tecnología y modernidad, pero en los que sus pobladores, la ven pasar y no han recibido el beneficio. Lamentablemente, el Estado no está organizado para cumplir su rol y peor aún, los gobernantes no han tenido clara visión de los problemas y soluciones, capacidad de organizar y menos de ejecutar. Varios presidentes han sido “felices” transfiriendo dinero a los gobiernos regionales y locales, sin ton, ni son y peor, sin controlar.

A propósito, el sector minero paga al fisco 29.5% de impuesto a la renta (IR), 5% de impuesto al dividendo, Impuesto Extraordinario al sector Minero (IEM) y regalías, en un rango que va entre 2% y 8.4% de la utilidad operativa (no considera depreciación, ni amortización de las inversiones) y si se suscribe un Contrato de Estabilidad Tributaria, se incrementa la tasa de IR en 2% y además, se destina una Participación de Trabajadores del 8% de la utilidad antes de impuestos. Consecuentemente, la carga para el inversionista minero se acerca al 50% de la renta generada.

Como bien ha dicho un recaudador de impuestos, existe en minería lo que se llama el “Canon Minero”, que se ha fijado, para facilidad de cálculo, en 50% del IR y que se creó con la finalidad de ser destinado a obras e inversión regionales, municipales y para fomentar la investigación universitaria. Lamentablemente, ya se dieron maña para perforar la ley y usar esos fondos para gastos corrientes en “planeamiento y consultorías” (otra forma de gasto corriente) por más del 30% de lo “ejecutado”. No obstante, en los últimos años no se ha gastado más del 60% a 70% del canon en las regiones mineras. La experiencia de las dos últimas décadas, es que estos fondos han sido muy mal manejados en manos de esas autoridades regionales y locales, se ha gastado en obras superfluas e innecesarias, obras sin adecuada ingeniería y finalmente, han sido la principal fuente de corrupción (veamos Junín, Moquegua, Ancash y Cajamarca). Por eso tenemos 20 exgobernadores regionales sentenciados (entre ellos Cerrón), además de los investigados y acusados a la fecha (incluyendo a Martín Vizcarra) y un número mucho mayor de alcaldes.

Entiendo que, a la luz de estas experiencias negativas, Fuerza Popular está proponiendo la entrega de hasta 40% (lo que en promedio no se ejecuta), a los miembros de la comunidad. Esta es una idea gruesa que, me parece, se debe trabajar. Veía el esquema de Noruega, país rico en recursos naturales, como el nuestro, pero donde se hace un uso inteligente de sus beneficios y, me parece, el nuevo gobierno debiera adecuar ese esquema a nuestra situación específica.

Desde el gobierno nacional se debe diseñar los proyectos orientados al cierre de brechas de agua potable, desagüe, primer nivel de salud, educación primaria y secundaria de calidad, electrificación y conectividad. El Estado no debe permitir que se desvirtúe y desvíe los presupuestos de inversión del Canon a monumentos, edificios o piscinas, tal como hemos mencionado, mientras no se cierren las brechas de necesidades básicas. Concuerdo con el hecho que, los pobladores de las zonas mineras, deben de sentir el beneficio de estar en una zona con operaciones mineras, pero, como el diablo está en los detalles, se debe definir primero lo siguiente:

• El radio de acción geográfico al que debe alcanzar las poblaciones beneficiadas por una entrega de beneficio directo.
• Sabiendo que es imposible desarrollar la infraestructura propuesta para cierre de brechas en pequeños grupos de vivienda aisladas en las alturas, se debe promover zonas de desarrollo urbano, en la que las comunidades deben permitir que los miembros de su comunidad reciban título de propiedad de su terreno para vivienda. Con eso estarán debidamente empadronados y podrán ser beneficiarios de lo que proponemos.
• Se debe entregar en efectivo hasta 20% del Canon, debidamente registrado en la banca y el otro 20% debe destinarse, en principio, a inversión en habilitación urbana, sanitaria, vial, eléctrica, de conexión a internet y de construcción de vivienda, mediante un crédito hipotecario respaldado por ese flujo permanente de canon futuro.
• A futuro y una vez satisfechas esas necesidades, se aplicarían en mejoras en educación y como capital semilla de nuevos emprendimientos, pues debemos fomentar que las poblaciones de esas regiones también desarrollen actividades industriales y se relacionen con los mercados nacionales y globales.
• Uno de los objetivos de este plan, es que desarrollemos ciudades urbanizadas en las diferentes regiones, ciudades que puedan brindar todas las facilidades de acceso, vivienda cómoda y condiciones sanitarias de primer nivel, que los niños puedan disponer de colegios de calidad, con maestros de calidad, conectividad a internet, que le permita educación global y competitividad, buenos servicios de salud y seguridad.

Está claro que, el resto del canon (60%), debe ser usado en infraestructura regional y provincial, como distribución de energía, hospitales, plantas de tratamiento de agua potable y residual, accesibilidad carretera o ferroviaria, consolidando así el desarrollo descentralizado.

Ciertamente, no podemos tener un país con cerca de 2,000 autoridades autónomas (New York tiene un tercio de la población del Perú y se maneja con 1 solo alcalde). Por su lado, Noruega tiene regiones con recursos naturales como el Perú, pero sus autoridades administran la política e inversiones del gobierno nacional, contando con un equipo de gerencia de alta calidad moral y profesional. Cuenta con un Estado muy fuerte, pero pequeño, cuyo objetivo central es proporcionar un estado de bienestar, reduciendo con servicios públicos de calidad las diferencias socio-económicas, garantizando una vida en absoluta libertad (ni la policía usa armas). Nadie busca “plurinacionalidades”, sino orgullo de pertenencia nacional, más aún, la sociedad trata de incorporar a los inmigrantes, que obviamente deben poner todo de su parte para ser incorporados y se consigue la ciudadanía, pagando impuestos e integrándose a la sociedad, trabajando para ella. Además, ha sido capaz de constituir un fondo de reserva, a partir del beneficio de sus recursos naturales, para asegurar la permanencia de ese estado de bienestar, pensiones y posibles contingencias.

Debiéramos aprender a construir una sociedad más homogénea, aprendiendo e incorporando las experiencias positivas. Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Keiko Fujimori ha propuesto distribuir el 40% del canon minero a los pobladores de las zonas de producción. Esta es una propuesta audaz que pretendería romper la inercia de los desencuentros de varias poblaciones regionales con la inversión minera.

Esta idea, aplicada en algunas zonas de Canadá y en Alaska de EEUU, nos parece muy interesante. Creemos que debe verse de forma integral, analizando con mucho cuidado los cuántos y los cómos.

I. Información sobre el canon minero

Actualmente, el canon minero se distribuye de la siguiente manera:

Fuente: MEF

Los volúmenes de dinero distribuidos a las regiones por canon minero y otros son muy importantes. Veamos:

Como podemos ver en el cuadro anterior, las transferencias por canon minero, entre el 2004 y 2019, han sido de 11,259 millones de soles para los gobiernos regionales y de 34,192 millones de soles para los gobiernos locales. El canon minero representa largamente las mayores transferencias a los departamentos, en comparación con las demás fuentes de recursos.

La distribución no es uniforme, depende del nivel de actividad minera en cada departamento. Veamos la distribución por departamento para el año 2020:

Se estima que en promedio, los departamentos devuelven entre el 30% y 40% de los montos recibidos por canon minero, por su incapacidad para ejecutar los proyectos correspondientes.

Además, está la mala utilización de estos recursos, que muchas veces se desperdicia en obras absurdas, como la piscina más grande del Perú en Echarati y los monumentos a la maca, el sombrero y las ojotas entre otros.

Además de ello, está el tema de corrupción, que ha marcado la vida de muchas regiones, desde la apurada y descontrolada descentralización del gobierno de Toledo.

Veamos la lista de Gobernadores de izquierda condenados por corrupción:

II. Sobre cómo aprovechar el canon minero de la mejor forma

En el plan de gobierno del partido PPK se propuso el concepto del ‘adelanto social’, que consistía en desarrollar en paralelo a la inversión productiva, un conjunto de inversiones sociales que adelantaran los beneficios de la inversión minera, sin esperar el proceso de inversión minera y la generación del respectivo canon.

Pero el propio gobierno de PPK distorsionó el concepto y malogró su aporte para acelerar las mejoras sociales junto con los proyectos mineros.

En Lampadia, le explicamos al gobierno como podía implantarse esta importante idea. Lamentablemente no hicieron caso. Ver: Una gran idea que no entienden – El gobierno destruye la potencia del ‘adelanto social’. (12 de junio, 2017).

Proceso de desarrollo del ‘adelanto social’

• Evaluar las necesidades de desarrollo socio-económico de la zona del proyecto minero, una vez que tome cuerpo la posibilidad de una inversión minera de cierta magnitud
• Mientras se hacen los estudios para la inversión minera, se deben desarrollar en paralelo los estudios de un eventual programa de ‘apoyo social’
• Una vez definida la viabilidad del proyecto minero, tanto económica, ambiental y socialmente, el Estado puede proyectar la generación de canon del proyecto para la región, y delimitar los componentes del programa de ‘adelanto social’ que puedan financiarse con, digamos, un 20 a 30% del valor presente del flujo esperado de canon del proyecto
• Fijada la inversión minera definitiva, el Estado debe crear un fideicomiso como el vehículo que canalice el financiamiento del ‘adelanto social’
• El fideicomiso puede financiarse de múltiples formas y no debería representar una dificultad mayor
• El inicio de la inversión minera debería darse en paralelo con el desarrollo del programa social que se expresaría a través del ‘adelanto social’

Pero, probablemente, lo más importante del ‘adelanto social’ es que permite viabilizar el desarrollo integral de la zona de influencia del proyecto minero, con el aporte de la inversión privada y sus impactos directos e indirectos, y con el aporte de la inversión social pública, vía el ‘adelanto social’.

El adelanto social debería financiar obras sanitarias, escuelas, postas médicas, caminos y comunicaciones; que mejorarían aceleradamente la calidad de vida de las poblaciones.

Estas inversiones conjuntas determinan un incentivo muy importante para la evaluación de los proyectos mineros. Permiten que esta se haga con la mayor objetividad posible, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de que inversiones positivas para la región y el país, puedan ser rechazadas sin un buen análisis de pros y contras, dificultado por la manipulación política.

La idea es que el proceso de aprobación de la inversión minera, incluyendo las instancias de participación de la población de la zona, se haga en paralelo a la definición del programa de ‘adelanto social’.

En otras palabras, si la población rechaza la inversión minera, estaría rechazando al mismo tiempo el ‘adelanto social’. La llamada ‘licencia social’ implicaría la aprobación conjunta de la inversión minera y de la inversión del programa de ‘adelanto social’, o salen ambas, o se frustran ambas.

El ‘adelanto social’ debe ayudar a que la población se integre con el desarrollo productivo, generando un ambiente positivo para la promoción de las inversiones.

III. Canon para el Pueblo

¿Como podríamos integrar la propuesta de Fuerza Popular de distribuir parte del canon minero a la población, con el ‘adelanto social’? En principio tenemos:

• 40% para beneficios directos a la población:
  • 20% para su distribución en efectivo para la población
  • 20% del canon para el fideicomiso del adelanto social

En nuestro concepto, distribuir en efectivo el 40% a la población, puede dificultar su aplicación, y quién sabe si hasta evitar que se pueda ir adelante con esta buena idea de Fuerza Popular.

Nuestra Propuesta

1. Defender la propuesta de Fuerza Popular de distribuir parte del canon minero a la población con 20% en efectivo

2. Usar hasta 20% del valor esperado por canon minero para constituir fideicomisos para el financiamiento del ‘adelanto social’

Dedicar un 40% del canos para su distribución directa, podría dejarnos con muchas limitaciones.

Por lo tanto, proponemos dedicar el 40% del canon para generar beneficios directos para la población de las zonas mineras, de la siguiente forma:

• 20% para su distribución directa a la población, y
• 20% para financiar el ‘adelanto social’.

Cuidados para viabilizar la distribución de parte del canon

Lamentablemente, no es nada sencilla la identificación de los eventuales beneficiarios de la distribución del canon a la población.

• Es difícil definir el alcance de las zonas de influencia de los proyectos mineros.
• También es complicado hacer el padrón de beneficiarios, evitando el desplazamiento de poblaciones y otros efectos secundarios

Se da el riesgo de que se generen nuevos conflictos sociales, mejores conflictos, sin embargo.

¿Cómo se pueden evitar?

Sugerimos el siguiente procedimiento:

Constituir un fideicomiso con el 20% del canon minero para su distribución en efectivo.

Establecer un plazo para definir el rol de beneficiarios.

Si vencido ese plazo, los conflictos sociales no se pueden superar, disminuir cada tres meses el porcentaje de canon del fideicomiso en 4%, de tal manera de establecer un incentivo para que los beneficiarios se pongan de acuerdo y viabilicen su distribución.

Rescatemos esta excelente idea. 40% del canon para la población, 20% a distribuirse en efectivo y 20% para inversiones sociales. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 21 de febrero de 2020
Para Lampadia

El famoso refrán es al revés: “Agua que no has de beber… déjala correr”. En realidad, es una metáfora. Y como tal, no se refiere al elemento “agua”. Se refiere – más bien – a que cuando un asunto no sea de incumbencia de uno, lo mejor es no involucrarse en él. Dejar correr el agua, significa no meterse líos ajenos.

El presente artículo – en cambio – sí se refiere al elemento “agua”. Al agua que baja de la Sierra – todos los años – entre los meses de diciembre y abril… como ahora.

Aquí, el planteamiento es – precisamente – retener las aguas de lluvias, antes de que se pierdan en el mar. No dejarlas correr. Construir reservorios… miles de reservorios. Grandes, medianos y pequeños. Plantar bosques… miles y miles de hectáreas de bosques. Infiltrar los acuíferos de la Costa. En general, hacer todo lo que sea necesario para retener las aguas de lluvias, y disponer de ellas en los estiajes.

Es que todos los años – en los veranos – pasa lo mismo. Lluvias torrenciales en la Sierra. Y mucha agua en nuestros ríos… pero perdiéndose en el mar. Incluso causando huaicos e inundaciones en su recorrido. Y a sabiendas de que – pasado el verano – no tendremos agua ni para beber. Y menos aún para regar nuestros cultivos.

Ahora bien. Esto que parece de sentido común y evidente… pues no es tan así. En todo caso ¡qué poco hemos hecho al respecto! Al contrario, cuántos billones de metros cúbicos de aguas de lluvias hemos perdido – todos los años en el mar – ante la vista y paciencia de autoridades, empresarios, técnicos y ciudadanos en general.

¿Por qué no hemos hecho más reservorios – y plantado más bosques – en las partes altas y medias de nuestras cuencas? ¿Cuánta más agua tendríamos en los estiajes? ¿Cuántos huaicos e inundaciones habríamos evitado? Es evidente. Nuestros políticos no la ven. El tema no les interesa.

La Siembra y Cosecha de Agua – así se llama la tecnología – está probada y comprobada en la Sierra que compartimos Ica, Huancavelica y Ayacucho. Efectivamente, durante la gestión regional 2015 – 2018 construimos cientos de reservorios en las partes altas de nuestras cuencas y plantamos millones de árboles. Y los resultados fueron excelentes.

El problema es que el actual Gobernador Regional de Ica ha paralizado casi todos los proyectos y programas heredados de la gestión anterior. Incluidos, los de Siembra y Cosecha de Agua. Y por esos personalismos ridículos, el hombre ha malogrado la buena relación que – con tanto esfuerzo – habíamos construido entre iqueños y huancavelicanos. ¡Ay politiquería envidiosa y mediocre, cuánto daño nos haces a los peruanos!

Pero sigamos. ¿De dónde saldrían los recursos para financiar la construcción de reservorios y plantaciones forestales? Pues de un Canon Hídrico… similar al Canon Minero. En este caso, de los impuestos de las empresas agroexportadoras de la Costa. Pero para no repetir el fracaso del mal utilizado Canon Minero, el Canon Hídrico debería ser administrado por instituciones especializadas en proyectos de Siembra y Cosecha de Agua.

Nada de darles dinero a Gobernadores Regionales y / o Alcaldes Locales. Los recursos del Canon Hídrico deben invertirse – únicamente – en reservorios y bosques. No queremos que terminen en bolsillos de burócratas, consultores, o autoridades corruptas. Lampadia

Semanario Minas y Petróleo
N° 1111- 1112, 23 de setiembre de 2019

El Instituto Peruano de Economía –IPE– publicó en junio de este año, el Índice de Competitividad Regional – INCORE 2019. De la comparación y análisis de las cifras podemos concluir que la actividad minera es un factor que contribuye poderosamente a mejorar la competitividad. Este es el mismo comportamiento que se observa con los indicadores de desarrollo social, conforme lo ha venido dando a conocer Minas y Petróleo, en diversos artículos periodísticos de información, desde hace casi dos décadas.

Como se puede observar en el Cuadro Nº 1, a continuación de Lima, las tres regiones con mayor INCORE son: Arequipa 2º, Tacna 3º y Moquegua 4º; que en el 2017 fueron la 5º, 4º y 2º región, respectivamente, en ingresos per cápita provenientes del canon y otras contribuciones derivadas de la actividad minera. Las tres regiones son importantes productores mineros desde hace varias décadas y limitan con el litoral. Las que le siguen en el INCORE son, Ica 5º y Lima provincias 6º, aunque con menor valor per cápita de la producción minera, son también regiones mineras desde hace décadas y que limitan con el litoral. Luego siguen Tumbes y Lambayeque, cuyas ventajas comparativas, para alcanzar un mayor INCORE son: limitar con el litoral, tener a la mayor parte de su superficie ubicada en la costa y asimismo a su población habitando en esa región geográfica.  El 9º lugar en el INCORE le corresponde a Madre de Dios, que aunque de manera informal e ilegal, es un gran productor aurífero.

La relativa baja competitividad de Ancash (puesto 13º), no obstante ser la 3º región con mayor ingreso per cápita proveniente del canon y otras cobranzas derivadas de la actividad minera y limitar con el litoral se explica, en parte, porque su elevada producción minera tiene recién 17 años. Adicionalmente es la última región, puesto 25º en el pilar “Instituciones”. Un factor, poco relacionado con el bienestar de la población y que al parecer no tiene relación directa y muy poco indirecta, con el desarrollo de la industria minera en una región, pero que baja el promedio al calcularse el INCORE.  

En la sierra la región mejor clasificada es Cusco (11º), cuya producción minera es de mediana importancia, pero que se beneficia de la producción de hidrocarburos y el Turismo, le sigue Junín (14º) de una antigua tradición minera y metalúrgica.

La mala competitividad de Cajamarca (puesto 24º) se explica por los malos gobiernos regionales que ha tenido, ya que a pesar de su rechazo a la minería todavía se ubicó, en el 2017 como la 8º región con mayor ingreso per cápita proveniente del canon y otras cobranzas derivadas de la actividad minera.

Ver análisis completo en: https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/225bb-regiones-mineras-las-mas-competitivas-y-de-mayor-desarrollo-social.pdf 

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 21 de junio de 2019
Para Lampadia

La semana pasada estuve por Abancaycito. ¡Maravilloso! Si el paisaje andino es – en general – precioso, el paisaje apurimeño es doblemente precioso. La tierra del gran Arguedas es paradisíaca. Y lo mejor es que tiene mucha agua. Y mucho cobre. Incluso, oro, plata y hierro. Está profundamente quebrada por ríos fabulosos. Cada cual más bello y profundo que el otro. Eso sí, con su majestad el río Apurímac a la cabeza.

El problema de Apurímac está en el ámbito social. ¡Cuándo no! Hay mucha pobreza en la región. ¿Cómo es posible que un pueblo rico en agua y minerales sea pobre? “La corrupción pues” contestan al unísono los apurimeños. Gobernadores y alcaldes corruptos. Hay varios presos y algunos no habidos. Congresistas y jueces también. Dirigentes chantajistas. Maestros sinvergüenzas que cobran a sus alumnos para aprobarlos. Y los infaltables médicos indolentes que abandonan los hospitales en horarios de trabajo. La cantidad de obras inconclusas es alucinante… hospitales, aulas universitarias, obras de alcantarillado. ¡Coimas, coimas y más coimas!

La historia de la corrupción apurimeña es la misma que se repite – cual disco rayado – en todo el resto del país. Con el agravante de la pobreza extrema de muchos pobladores locales.

¡Qué hacer! El centralismo no es solución. Las “mesas de trabajo” que se establecieron con bombos y platillos para implementar el “Plan Cotabambas” no han funcionado. Me refiero al problema social vinculado al proyecto minero Las Bambas. Los apurimeños están hartos de las mecidas de los ministros y hasta de presidentes de la República.

Es increíble. Apurímac tiene todo para ser una región próspera pero no lo es. La corrupción es la gran aguafiestas. Aparte de un potencial minero colosal, Apurímac podría ser una gran potencia forestal. Como mencioné anteriormente, hay mucha agua en la región.

Además, el acceso a Choquequirao – la otra Machu Picchu – es por Apurímac. ¡Qué pasa con el proyecto del teleférico! ¿Porqué tarda tanto el Estado en hacer realidad este gran proyecto, que en su recorrido volaría por encima del Cañón del Río Apurímac? Inoperancia, indolencia, codicia, corrupción… ¡qué será!

También está el proyecto ferroviario Cotabambas – Marcona. Una iniciativa que bien podría financiarse entre el Estado e inversionistas privados, para transportar carga de todo tipo – no sólo minerales – y personas. ¿Porqué tarda tanto el Estado en hacer realidad este proyecto? Saque usted sus conclusiones.

Ahora bien. No todo está perdido para Apurímac. El potencial minero está intacto. Lo de Las Bambas recién comienza. Y aparte de Las Bambas, hay muchos otros proyectos mineros tan ricos y rentables como la gran mina ubicada en las provincias de Cotabambas y Grau. Se habla de un Canon Minero futuro de US$ 10,000 millones o más para la región.

En mi opinión Apurímac debería crear una oficina de planificación, diseño y construcción de proyectos – altamente calificada – que se encargue de administrar los recursos del Canon Minero. Está más claro que el agua. Los alcaldes y gobernadores – no sólo de Apurímac, sino de casi todo el Perú – no están capacitados para administrar recursos públicos.

Cero coimas. Eso es lo que necesita Apurímac para salir de su agobiante pobreza. Apurímac minera, turística, forestal, próspera y bella como sus ríos profundos. He ahí la imagen del futuro deseado de Apurímac. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 31 de mayo de 2019
Para Lampadia

¡Cómo cambian los tiempos! Hoy – para muchos cajamarquinos – “Goyo Santos” es una mala palabra. Y “Marco Arana” también. Así están las cosas con los líderes más emblemáticos de la anti-minería cajamarquina.

Acabo de estar por Cajamarca y me ha impresionado el sentimiento de repudio ciudadano hacia ambos personajes. Y pensar que llegaron a ser recontra populares… en su momento.

¿Qué pasó? Pues la economía regional está “chihuán”. No hay trabajo en Cajamarca. El comercio está parado. Los jóvenes migran en gran número a la Costa. El otrora cuantioso Canon Minero se ha reducido significativamente. El Gobierno Regional y los Gobiernos Municipales no tienen plata. Hay mucho desánimo – hoy – en Cajamarca.

Para los que conocimos Cajamarca antes y durante la bonanza minera, la explicación es muy sencilla. Allá en el 2012, Yanacocha – la gran mina de oro de Cajamarca – produjo 3´000,000 de onzas. Para que tengan una idea, el precio del oro bordea actualmente los US$ 1,300 / onza. Eso quiere decir que la producción de Yanacocha raspaba los US$ 4,000 millones por año.

El año pasado la producción cayó a 500,000 onzas. Es decir ¡seis veces menos! Y tal como van las cosas, la producción de oro caerá a 300,000 onzas al año. O sea ¡diez veces menos!

En el 2012 – y años siguientes – Cajamarca vivió la gran bonanza minera. El Canon Minero alcanzó su máxima expresión. Es decir, hubo plata para inversión en infraestructura para el Gobierno Regional, Gobiernos Locales, y Universidades. Pero más importante aún. Hubo mucho trabajo para los cajamarquinos. Se crearon muchas empresas proveedoras de bienes y servicios. Los hoteles y restaurantes andaban boyantes. Se construyeron centros comerciales, urbanizaciones, recintos deportivos, escuelas, hospitales, carreteras, reservorios, plantas de tratamiento de agua, etc. En esos años Cajamarca vivió un auténtico boom inmobiliario.

Pero ahí no quedó todo. Se plantaron muchos bosques de pinos. La ganadería e industria lechera prosperaron mucho en aquel entonces. La agricultura y la piscicultura, igual. Se construyó el Centro de Innovación Tecnológico en Joyería de Oro y Plata. Realmente, Cajamarca progresó mucho de la mano de su minería aurífera.

Ahora – en cambio – se habla del “Legado de Yanacocha”. Lo cual me suena a “testamento”. Es decir, como si la minería cajamarquina estuviera agonizando. ¡Una lástima!

Pero ojo. No todo está perdido. El oro de Cajamarca sigue allí. El problema fue que Goyo Santos y Marco Arana engañaron a la población para impedir su explotación. Es cuestión de cambiar de actitud. En vez de chillar “agua sí, oro no”, habría que corear todos “agua sí, oro también”.

¡Qué daño tan grande causan los anti-mineros! Y no me refiero a los que se oponen a la contaminación ambiental, con quienes me identifico plenamente. Me refiero a los anti-mineros como Santos y Arana que se oponen a la minería… simplemente porque sí. Pareciera que su objetivo es perpetuar la pobreza de los cajamarquinos. Porque ¡vaya que lo han logrado!

Cajamarca ganadera, forestal, agrícola, piscícola, turística, industrial, artesanal, comercial… y minera. He ahí la imagen del futuro económico deseado para Cajamarca. ¡No a la anti-minería chantajista y politiquera! ¡Agua sí, oro también! Ese es el grito que deben corear los cajamarquinos. Todo lo demás vendrá por añadidura. Cajamarca merece recuperar su bienestar. Lampadia

E. Financiamiento de la inversión

El corredor minero cuenta con minas en explotación que tienen planes de minado aprobados a largo plazo. Esta información servirá de base para preparar un flujo de caja y determinar el valor presente de las utilidades que se generará por cada mina. Si se mantienen las condiciones actuales y sin considerar futuras inversiones, del valor resultante en el flujo de caja se podrá estimar las Regalías y el Impuesto a la Renta a recaudar (28%). Esto será contrastado con el presupuesto requerido para desarrollar la construcción de infraestructura básica. En base a nuestras experiencias pasadas, PROESMIN, desarrolló en el 2015 un modelo solicitado por el Banco Mundial en el que se estimó que para desarrollar la infraestructura se requerirá menos del 12% del valor presente del impuesto a la renta y las regalías del proyecto minero.

• Por lo tanto, la inversión estimada afectará muy poco al Canon Minero y las Regalías, ya que los montos se amortizan paulatinamente en 25 años.
• Con la garantía de las utilidades y regalías futuras, el gobierno puede salir al mercado internacional a conseguir los fondos a tasas de interés bajas para adelantar los recursos necesarios para financiar el plan.
• Esto haría posible adelantar parte del Canon Minero y las Regalías estableciendo un fondo autónomo que ejecute el plan de desarrollo evitando la burocracia que retrasa y entorpece los procesos. La viabilidad de los proyectos se puede lograr contratando a un organismo multisectorial que asocie a consultoras nacionales de forma que estructuren el modelo de manera inmediata respondiendo a los principales problemas del territorio

Conclusión

Las Bambas es un claro ejemplo de los conflictos socio ambientales que se presentan cuando la operación minera no forma parte de un plan de desarrollo integral. La población reclama mejoras en infraestructura, servicios básicos, calidad de vida, desarrollo sostenible, empleo digno, entre otras necesidades. Lamentablemente, algunos han aprovechado la situación actual para extorsionar, manipular y beneficiarse de una cantidad ingente de recursos mal manejados por los usuarios sin ninguna planificación adecuada. Por lo tanto, es necesario que el gobierno y las empresas consideren la visión de las comunidades para plantear soluciones integrales que defiendan tanto los intereses de las poblaciones afectadas como los de la empresa y el país, con la finalidad de asegurar el desarrollo de todos. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En una época de gran volatilidad de precios, debemos recordar las palabras de Larry Summers a inicios de año, cuando afirmó que “los mejores ejecutivos manejan sus compañías con un ojo en la rentabilidad de largo plazo, no en el precio diario de sus acciones. Y los hacedores de políticas públicas lo hacen mejor cuando se concentran en fortalecer sus fundamentales económicos, en vez de hacerlo en función de las fluctuaciones diarias de los mercados”.

El precio del cobre, el precio más importante para la economía peruana, cerró este lunes con un alza en la Bolsa de Metales de Londres, llegando a los US$ 2.22578 la libra. El último impulso al precio de este material se dio después de que los datos de las manufacturas chinas indicaran un ligero crecimiento, lo que ha incentivado las esperanzas de nuevos estímulos económicos, a pesar que se preveía que la fortaleza del dólar contendría el alza.

Uno de los principales motivos para esta alza es que la demanda de China por cobre ha subido un 14% en lo que va del año, una grata sorpresa tras la caída en los últimos años por la desaceleración del crecimiento y de su gasto de inversión. Las compras de China representan casi el 50% de del consumo global, equivalente a aproximadamente 22 millones de toneladas en 2016.

Más allá de la caída de un 50% del precio del cobre desde su pico en 2011, China mantiene una gran demanda del metal. Por ejemplo, sus fundiciones de cobre no han reducido su ritmo de expansión, más bien se espera que la industria de fundición del metal continúe creciendo durante los próximos cuatro años (más del 70% de la fundición mundial de cobre durante los próximos cuatro años se llevará a cabo en China). 

Según un reciente estudio de CRUGROUP, expertos en la minería mundial, dan el ejemplo de los cátodos de cobre: A pesar de que China ha sido el mayor productor de cátodos de cobre en el mundo durante varios años, todavía tiene que importar entre el 30-40% de su consumo total cada año (cuya demanda sigue en aumento), lo que significa que con el apoyo gubernamental (en forma de préstamos a bajo costo, la aprobación ambiental y el acceso a la tierra, entre otros), fácilmente hay un mercado disponible para el cobre.

Por otro lado, en el Perú el Ministerio de Energía y Minas (MEM) indicó recientemente que, durante el primer semestre del 2016, la producción nacional de cobre registró un crecimiento de 51% respecto al mismo periodo en 2015, alcanzando los 1.12 millones de toneladas métricas finas (TMF). El MEM precisó que, a nivel nacional, Arequipa lidera la producción cuprífera al obtener 23.19% del total, seguido por Áncash y Cuzco.

En cuanto a los otros commodities, el 2016 ha sido el año del zinc, el cual ha aumentado su precio en 51% en el primer semestre. Esto ha llevado a que la minera MMG de China, propietaria de Las Bambas, anunciara recientemente que buscará  nuevas minas de zinc en el Perú. “Estamos pensando en lugares como Perú, donde hay una gran cantidad de zinc”, afirmó el presidente ejecutivo Andrew Michelmore. Recordemos que el Perú tiene la tercera mayor reserva de zinc del mundo.

Además, según Bloomberg, “El zinc ha subido más de un 50% desde su mínimo de enero por recortes de producción en las minas y los cierres de Glencore PLC y Century de MMG y la disminución de las operaciones de Lisheen Vedanta Resources Plc. Goldman Sachs Group Inc. pronostica una escasez mundial cada vez mayor.”

En Lampadia estamos muy atentos a la evolución de los precios de los minerales básicos indicados, los del cobre y zinc, que configuran de manera muy importante el escenario económico global para el Perú. Además, la contribución del oro y de la plata, también ha tenido una evolución muy favorable al país. Todos estos metales forman parte de la minería peruana, la cual genera aproximadamente el 60% de las exportaciones y ha explicado una buena parte del crecimiento económico y de la inversión privada, muy importantes encadenamientos con otros sectores productivos al tiempo que ha beneficiado al fisco, incluyendo a los gobiernos locales y regionales con el canon minero.

Veamos la evolución de los precios más importantes para nuestra economía: 

Pero lo más importante es que este sector tiene un potencial para el crecimiento y la expansión muy importante. Nuestras oportunidades de inversión son amplias y variadas, pues aún no se ha explorado gran parte del territorio, dejando un inmenso potencial para el desarrollo futuro. Entre las exploraciones y operaciones mineras, se interviene menos del 2% del territorio nacional. Según un estudio de EY, se estima que sólo el 0.32% del territorio del país ha sido explorado al año 2013. Del mismo modo, sólo se ha explotado el 0.9% del territorio al mismo año.

Desde que empezaron a caer los precios de los commodities hace cuatro años, en Lampadia destacamos nuestra protección en mercados débiles dado nuestro nivel de costos competitivos, la oferta de diversos minerales y nuestro tamaño relativo al gran comprador de minerales, la China. Entonces afirmamos que los precios habían bajado, pero no la demanda por nuestros productos, máxime si el 7% de crecimiento de China equivale a 3.2 veces el PBI anual del Perú. Ver en Lampadia: China: Un Gigante cambia de Piel. 

En los últimos años hemos perdido magníficas oportunidades de inversión en importantes proyectos que ahora debieran estar en su fase productiva, generando los recursos que nos hacen tanta falta. Por ejemplo, según el IPE (ver el siguiente cuadro), el crecimiento de nuestra economía podría haberse mantenido en niveles del 6%, de no haberse suspendido los proyectos mineros.

Es momento de señalar y denunciar los daños originados por los anti mineros y aprovechar la autoridad moral del nuevo gobierno para, tal como ha planteado el Presidente Kuczynski en su primer mensaje a la nación, explicar a la población los beneficios de las industrias extractivas. 

Lampadia  

Esta cuarta publicación sobre nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, desarrollada en colaboración con Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, está referida a las condiciones políticas y sociales que hoy se hacen indispensables para el desarrollo de los numerosos proyectos  mineros que pueden contribuir al crecimiento de la economía en su conjunto y, también, contra lo que se ha predicado por parte de los grupos anti mineros, al bienestar de las poblaciones más vinculadas al sector.

Lamentablemente, ante la debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, los anti mineros han logrado convertir los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto. No solo el gobierno actual ha abdicado de sus responsabilidades y, ha permitido que sus otrora socios de la anterior campaña política paralicen buena parte del sector, el 100% de los candidatos a la Presidencia de la República, los 19 que arrancaron y los dos que quedan, han expresado distintas formas de desconocimiento, sometimiento a lo ‘políticamente correcto’ y han caído en propuestas de corte populistac.

Estamos a menos de un par de meses del cambio de mando y si el próximo gobierno quiere emprender las reformas pendientes y reactivar la economía, tendrá que desarrollar una estrategia para hacer viables los proyectos, debilitando los aprontes políticos de sus opositores y logrando el apoyo de la sociedad en su conjunto y de los pueblos  de las regiones y provincias mineras.

En las siguientes líneas presentamos algunos lineamientos para ilustrar este importante cometido. Ver los tres primeros capítulos de este desarrollo en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

Consenso para el Desarrollo Compartido

(Propuestas para Reducir la Conflictividad, 4 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

El inicio de un gobierno ofrece una oportunidad para hacer cambios en las políticas públicas y retomar el desarrollo perdido en la actividad minera durante los últimos años. En los próximos meses, el nuevo gobierno deberá diseñar una serie de iniciativas que desaten el nudo Gordiano de la conflictividad social ligada a la minería para destrabar la puesta en marcha de los proyectos mineros hoy paralizados. Si queremos que la actividad minera sea sostenible, es decir, que sea parte del presente y del futuro del país, su reactivación debe tener legitimidad social, es decir debe ser lograda en acuerdo con las poblaciones de las regiones mineras.

Este artículo busca dar algunas ideas en ese campo. Partimos del supuesto de que la minería tiene defensores y detractores y, que estos últimos han logrado paralizar decenas de miles de millones de dólares en proyectos, han bloqueado la generación de miles de puestos de trabajo, han quebrado a muchas empresas locales, y han sido exitosos en impedir que la población de la regiones mineras reciba algunos miles de millones de dólares en obras públicas producto de impuestos y canon. También asumimos que, si hacemos bien las cosas, la minería podría ser nuevamente uno de los principales motores del desarrollo nacional para los próximos 35 años.

Anti-mineros y polarización política

El reciente proceso electoral, en su 1ª vuelta, ha evidenciado una alta correlación entre la fuerza electoral de las organizaciones políticas anti-sistema y la conflictividad social. La conflictividad es alta justamente donde esos grupos tienen sus fuerzas políticas desarrolladas, y sus fuerzas se desarrollan mejor donde logran desencadenar procesos de conflictividad social. 

Es muy importante entender la dimensión política de la conflictividad social, porque la estrategia de los grupos anti-mineros es crecer en la conflictividad. Es decir, para ellos es más fácil lograr presencia mediática y la atención pública a través de los conflictos. Toda vez que se abre un conflicto ellos obtienen, gratuitamente, presencia mediática, presentándose como las voces autorizadas para hablar de conflictividad y de su resolución. 
No es coincidencia que los líderes anti-mineros más conocidos (candidatos en el reciente proceso electoral) han adquirido su notoriedad provocando y/o participando en grandes conflictos sociales hostiles a la minería: Gregorio Santos y Marco Arana en Cajamarca y Verónika Mendoza en el Cusco. Hablando en términos biológicos, la conflictividad social es el eco-sistema preferido de los anti-mineros. La efectividad de esa estrategia se evidencia en el mapa de los resultados del reciente proceso electoral. Ello se ha evidenciado a lo largo de toda la cordillera Andina.
Lo interesante es que los resultados electorales de los distritos y provincias mineras, han sido independientes de las opciones políticas de sus regiones. Por ejemplo: Cajamarca es una región anti-minera, entonces no sorprende la influencia electoral de los anti-mineros en las provincias y distritos Cajamarquinos. Piura es una región pro-desarrollo, donde ganó Fuerza Popular, pero en la provincia piurana de Majaz, los anti-mineros obtuvieron 59%; y en Lambayeque, en Cañaris, obtuvieron 47%. Todos distritos en que ocurrieron los conflictos mineros [1].  
Los anti-mineros aceptan una parte de la relación expresada en el gráfico superior: ellos tienen fuerza política donde hay conflictividad social (la conflictividad social favorece su expansión); pero buscan ocultar la otra parte de la relación: donde los anti-mineros tienen fuerza política la conflictividad social es más alta. Ellos buscan ocultar que su presencia genera y/o aumenta la conflictividad. 
Con las evidencias de las recientes elecciones (ver en Lampadia: Rebelión, de Richard Webb), colapsan los intentos de presentar la conflictividad minera como resultado exclusivo de la mala relación entre las comunidades locales y las empresas mineras. Ya no se puede  reducir el tema de la superación de la conflictividad a una cuestión de distribución de los beneficios de las actividades extractivas o del manejo de los impactos sociales y ambientales de la minería, o por la presencia del Estado, sin considerar el rol de todos los actores políticos que operan en la zonas mineras. En realidad, los actores políticos anti-mineros tienen un rol crítico en coordinar y escalar pequeños conflictos y para transformarlos en una  perturbación mediáticamente visible que les genere protagonismo a nivel nacional. 

Esos resultados confirman el marco interpretativo que hemos presentado en artículos previos de esta serie, donde explicábamos que los conflictos mineros están relacionados a la influencia política de organizaciones hostiles a la minería y a su accionar.[2] En esos artículos explicábamos que la posibilidad de un proceso de desarrollo compartido, dinamizado por la minería, depende del accionar de cuatros actores: las empresas mineras, la sociedad regional, las instituciones públicas y los grupos anti-mineros. El descuido del rol de cualquiera de esos actores genera propuestas inviables. Si queremos reducir la conflictividad necesitamos poder afectar la conductas de todos ellos, y no solo de las empresas o del estado.

¿Es suficiente la Inversión Pública?

La gran mayoría de la población peruana espera que el nuevo gobierno sea capaz de reabrir la ruta del desarrollo del Perú, y para ello se hará necesario reactivar la inversión en la minería. Pero si queremos aprovechar esa oportunidad y construir regionalmente un ambiente social y político favorable a un desarrollo compartido en que la minería cumple un rol dinamizador, necesitamos entender bien los factores que están detrás de la conflictividad.

Hay quienes creen que será suficiente que el nuevo gobierno se encargue de poner en marcha algunos grandes proyectos de infraestructura, con impacto en la economía local. Sería excelente que ello fuera así, pues hacer obras es más fácil que influenciar sociedades. Las obras serían suficientes si las poblaciones naturalmente se dieran cuenta que las obras son efectos positivos de la actividad minera sobre el desarrollo local. Pero, la experiencia reciente muestra el tema de la conflictividad es más complejo.

En los últimos 10 años han sido transferidos, mediante el canon, S/. 36,200 millones a las regiones mineras del Perú, equivalente a US$ 11,104 millones, por concepto de canon minero a las regiones (Una cantidad fabulosa de recursos!) y su reconocimiento por las poblaciones locales como contribución de la minería al desarrollo es muy discutible.[3] Si esa relación estuviera clara para la población, los anti-mineros no habrían obtenido tanto apoyo político en las zonas mineras en estas elecciones. Los votantes de los anti-mineros no entienden que los recursos que reciben vía canon proviene de la minería, no saben que el canon minero es el 50% de los impuestos pagados por las empresas mineras.

Sólo Minera Yanacocha ha realizado un aporte de US$ 1,711 millones por concepto de canon al desarrollo de Cajamarca. Además del canon de esa empresa en particular está el canon aportado por las otras empresas mineras (Gold Field, Tantahuatay, etc.), los aportes por cientos de millones de dólares en diversos proyectos locales, y las inversiones del gobierno nacional, financiadas con impuestos de la actividad minera. [4]

Sin embargo, en Cajamarca los grupos anti-mineros juntos (Democracia Directa y Frente Amplio) han obtenido más del 50% de los votos en las recientes elecciones generales, y sus campañas fueron enfocadas en oponerse a la minería, especialmente a Minera Yanacocha, pero también a Gold Field y a la minería como actividad productiva. Hay distritos en Cajamarca, en donde los anti-mineros han obtenido más del 80% de respaldo político, independiente de la existencia o no de alguna actividad minera en su área. Ello evidencia que hay un sistema de creencias y de alineamiento político de la población en Cajamarca que les impide imaginar su desarrollo en una relación sinérgica con la minería.

Podríamos considerar que las autoridades locales y regionales no han hecho un uso óptimo del canon minero, dados los montos gigantesco de las contribuciones fiscales de la minería y los índices actuales de pobreza de algunas regiones beneficiadas por el canon, pero independiente de las explicaciones de la ineficacia del canon, importantes segmentos de la población no relacionan minería, canon y desarrollo. En algunas regiones, la población cree que la paralización de la minería no tendría mayor impacto en sus actividades económicas, e incluso, podría ser bienvenida por algunos segmentos sociales significativos. Solo así se explica ese grito que decía: “Canon sí, minería no”.

Hacia un nuevo consenso social y político

Hay que tener claro que, haga lo que haga el nuevo gobierno para reactivar la minería, las organizaciones anti-mineras van buscar descalificar las iniciativas y van intentar crear un movimiento de oposición en las regiones, en los medios nacionales y en el Congreso de la República (junto con rebotes internacionales tácticos). El nuevo gobierno, por lo tanto, no deberá enfocar su estrategia de reducción de conflictos sociales en la realización de obras, sino con la creación de condiciones sociales y políticas que viabilicen la inversión y las actividades mineras. Las obras serán efectivas en la medida en que sirvan como instrumento para este objetivo.

La reactivación de la minería necesitará ser un proceso no solo económico sino principalmente social y político, tanto en el ámbito regional como nacional. Por ejemplo: los Cajamarquinos necesitarán evaluar su experiencia con la minería, tanto en período del auge minero (2003-2013) como en su actual período de reducciones y cierres. Los líderes regionales y la población necesitarán repensar sus aciertos y errores, e imaginar cómo pueden combinar la actividad minera con sus otras actividades económicas, para volver a ser una región atractiva para las inversiones mineras.

En ese proceso de creación de un nuevo consenso deben participar tanto los sectores rurales como urbanos. Este proceso no debe reducirse a una negociación entre las empresas mineras y las comunidades vecinas a sus operaciones, de espaldas a los demás actores. Esta clase de negociación estimula la conflictividad y la búsqueda de rentas económicas de parte de algunos dirigentes y sectores sociales, como sucedió recientemente en Arequipa y anteriormente en Espinar, y de rentas políticas por parte de aventureros locales y nacionales. El consenso social a crearse debe involucrar a todos los actores de la sociedad regional, y no solo a las fuerzas en conflicto.

El desarrollo regional compartido, y el rol de la minería en ese desarrollo, interesa a todos los segmentos de la población, y también a las empresas e instituciones de la región. Las actuales mesas de concertación, creadas para manejar conflictos, son insuficientes para canalizar las expectativas y hacer cumplir los compromisos de todos los sectores y actores institucionales y empresariales cuyo presente y futuro serán afectados por la paralización o desarrollo de la minería.

Los sectores medios de las sociedades regionales deben tener espacios en que puedan expresarse libremente, sin la hostilización de los grupos anti-mineros. La diversificación de las economías regionales dependerá críticamente del desarrollo de las empresas locales. Además, son esos sectores medios que pueden evitar la polarización social que tanto buscan los anti-mineros para generar una dinámica de conflicto en la cual su postura extremista pueda fortalecerse “pulverizando el centro”. Los sectores medios regionales deben ser empoderados para hacer posible que los intereses de los sectores menos conflictivos, que apuestan por la creación de riqueza y no por el conflicto rentista o ideológico, puedan expresarse en libertad.

Son los sectores medios quienes pueden generar una diversidad de oportunidades para que los sectores de menores ingresos saquen provecho de la minería sin tener que utilizar la conflictividad como mecanismo principal de disputa de las rentas mineras. Es importante que las empresas mineras fortalezcan las cadenas de valor locales, pero el desarrollo compartido requiere más que esto. Si queremos democratizar las oportunidades de desarrollo, necesitaremos que los sectores medios (rurales, urbanos y peri-urbanos) progresen económicamente y generen oportunidades de empleo, y demanda de productos y servicios a los demás sectores sociales.

La victoria electoral en esta 2ª vuelta, sea de quien sea, le va entregar al nuevo gobierno un gran capital político, un capital que no debe ser desaprovechado. El gobierno deberá enviar las señales políticas, definir las reglas del juego, ofrecer el marco institucional, y crear las condiciones para que el proceso de creación de ese nuevo consenso social y político avance en las regiones mineras. Las experiencias exitosas de desarrollo minero, como la de Botsuana, África, muestran que el uso efectivo de los recursos generados por la minería (canon, impuestos, regalías, etc.) ha sido un factor importante del éxito de esos países (Acemoglu et al, 2001, p. 19).[5] Estos últimos 10 años de canon y desarrollo regional muestran que el aprovechamiento de las rentas mineras en el Perú es muy deficiente, y esta ineficiencia contribuye al incremento de la conflictividad.

Todo el proceso debe realizarse estando consciente que se requiere fortalecer a una red de actores locales que visualizan en el desarrollo compartido dinamizado por la minería como su ruta de progreso. Esos actores locales, con un apoyo del Estado y de políticas públicas, serán quienes podrán encontrar las rutas de prevención y/o de solución a los conflictos que pueden darse en las zonas de actividad minera.

No es cuestión de reunir a los anti-mineros para ver si se logra convencerlos a abandonar su estratégica de promoción de conflictos, ni mucho menos ofrecerles protagonismos y beneficios con la ilusión de ganarlos o neutralizarlos. Ellos ya saben como obtener beneficios de la conflictividad, lo vienen haciendo por décadas, y tienen una ideología de polarización social (son, en un 90%, anti-sistema). Ellos solo van dejar de promover conflictos cuando sus métodos comiencen a fracasar, es decir, cuando la población comience a rechazar sus iniciativas y pongan sus esperanzas en otra dirección.

¿Por donde empezar?

Cada región del Perú va ser un caso específico, con su historia de conflictividad, con una institucionalidad local particular, con un clima social específico, y con una situación económica y política pero todas deberán ser parte de una propuesta de alcance nacional.

No hay que empezar por abordar los problemas más difíciles, sino por solucionar aquellos casos que, siendo viables en un plazo breve, pueden asumir un rol demostrativo del tipo de solución posible en los casos más difíciles. También se puede comenzar desde ahora operando en las regiones con los casos más conflictivas, pero debemos hacerlo abordando los temas en los cuales ya hay elementos de consenso social, como la reparación de los pasivos mineros.

Las iniciativas a poner en marcha deberán ser acciones simbólicas para que la población local pueda comenzar a imaginar como sería el desarrollo en su zona, y así puede comenzar a creer en la sinergia entre la minería y sus otras actividades económicas. El propósito de las primera acciones será crear confianza, en como podría ser un proceso de desarrollo compartido, y gradualmente generar entusiasmo en la población.

La población se va convencer por más los ojos que por los oídos, es decir, los avances logrados en algunas zonas van servir de referencia de lo que podría suceder en otras zonas. No hay que reinventar la rueda ni la pólvora. Hay que identificar las iniciativas de desarrollo compartido que ya están en proceso. Hay que generar espacios regionales y nacionales en que puedan ser visualizadas, compartidas y potenciadas. Hay que mapearlos a nivel nacional, visibilizarlos y extraer lecciones de cómo podrían se generalizados y/o ampliados. A nivel local, mucha gente creativa ya ha venido progresando en armonía con la minería, tipo ferias de innovación para el desarrollo compartido. Estos casos deben inspirar nuevas iniciativas e ilustrar lo que puede ser en la escala regional. Estos casos, además, van a servir como prueba de lo que se puede lograr con el apoyo de políticas nacionales adecuadas.

Naturalmente, se van a requerir reformas en las instituciones públicas nacionales ligadas a la actividad minera y al desarrollo regional. Será necesario además crear el marco institucional regional para que los sectores medios (empresas, universidades, instituciones privadas, etc.) tengan voz. Esos cambios en el marco institucional necesitarán ser bien pensados, para reducir la generación de espacios para la disputa social y para propiciar la difusión de una narrativa que legitime la actividad minera y la iniciativa empresarial regional.

Lampadia

[1] http://www.lampadia.com/analisis/mineria/conflictos-mineros-y-resultados-electorales

Los candidatos presidenciales opinan respecto a la conflictividad minera y repiten argumentos y opiniones que se han consolidado como consensos, pero que ya no reflejan la realidad presente. Es necesario que las opiniones se fundamenten en la mejor y más reciente información disponible. La falta de una correcta investigación previa puede llevar a los candidatos a asumir posturas que luego le hacen más difícil ejercer el poder una vez elegidos.

Este despacho es parte de nuestro repositorio sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, una de nuestras bibliotecas virtuales que consolidan información y análisis sobre temas seleccionados de especial interés para la formación de una opinión pública mejor informada y que pueda tener un criterio propio con mayor sustento.

¿Están los candidatos presidenciales informados de lo que la población piensa de la minería?

“En Cajamarca, a pesar de ser la segunda región minera del país, más del 70% rechaza esta inversión porque no siente sus beneficios”. Declaraciones de la candidata Keiko Fujimori, durante el último CADE.

Los candidatos presidenciales deben estar preparados a hablar sobre muchos temas, para responder a los intereses de los distintos segmentos de sus electores potenciales. Este tipo de abordaje hace que los candidatos tiendan a buscar un conocimiento apenas suficiente de los temas tratados, a fin de poder cubrir la mayor cantidad de ellos en sus discursos y entrevistas. El riesgo es, en el caso de que este conocimiento sea muy superficial, que se llegue a posiciones  poco claras como la de Julio Guzmán acerca de la consulta previa.  Más allá de cuál es la verdadera posición del candidato, lo que podemos rescatar es que él no estaba debidamente informado. Peor aún, afirmaba que conocía muy bien el tema. La falta de información de un candidato, puede llevar a que éste tome posiciones discursivas durante la campaña, de las cuales puede arrepentirse de llegar al poder.  El caso más lamentable fue el de las declaraciones del candidato Ollanta Humala en Bambamarca sobre la minería, que dañaron profundamente su reputación como presidente.

¿De dónde sacó Keiko Fujimori la afirmación con la que iniciamos este artículo?  Muy probablemente de un sondeo realizado por Ipsos-Apoyo, en la provincia de Cajamarca, durante el conflicto Conga y que fue publicado por El Comercio el 22 de agosto del 2012. En él, los resultados fueron arrolladores: el 78% de los cajamarquinos estaba en contra del proyecto Conga. Para empezar ella ha asumido en su discurso que el rechazo era porque “no siente los beneficios de la inversión”, sin embargo esa misma encuesta afirmaba que las razones del rechazo al proyecto estaban relacionadas al agua: “porque contamina y destruye el medio ambiente (34%), porque contamina el agua (23%), porque no habrá agua en el futuro (22%) y porque contaminará y destruirá las lagunas y los manantiales (8%)”. Estos resultados fueron portada del diario el Comercio a pesar de ser un sondeo sin valor estadístico, no una encuesta. Estos resultados hablan del excelente trabajo que habían logrado voceros anti-mineros para hacer percibir a la población que el agua que utilizaban estaba amenazada por el proyecto Conga, a pesar de no existir un sólo estudio  que pruebe que el agua vertida, tras ser tratada, por las operaciones de Yanacocha en el Río Grande (que alimenta a la ciudad de Cajamarca) haya afectado negativamente a la población o a la agricultura de la zona. O ignorando el monitoreo que se realizan con la firma del Gobierno Regional de Cajamarca desde el año 2004. 

Relación entre la minería y el desarrollo en la mente de los cajamarquinos

Si algo sí reconoce la mayoría de la población de la Provincia de Cajamarca es el efecto positivo que tiene la minería sobre la economía. En general, diversas encuestas establecen que los cajamarquinos reconocen la contribución que hace la minería a la  comunidad desde el punto de vista económico. En este caso, pese a la incompetencia en la ejecución y la corrupción de varias autoridades locales, los efectos dinamizadores de la economía son, en la actualidad, reconocidas por un sector mayoritario de la población. La minería representa el 27.4% del Valor Agregado Bruto de la región Cajamarca según el más reciente informe del Banco Central de Reserva.

Sin embargo, la mayor contribución de la minería es su propia presencia en la región, y la demanda de servicios, productos, puestos de trabajo que se genera por sus actividades. Hoy en Cajamarca se percibe una disminución en la demanda de servicios y se vive en el día a día: los taxistas tienen menos trabajo, las ventas disminuyen, cada año trabajadores son despedidos de las mismas empresas mineras y de sus contratistas. 

¿Realmente se tiene un rechazo de 70% a la actividad minera? 

Ver en Lampadia: Comuneros de Sorochuco y Huasmín: ¡CONGA VA!

¿Por qué pensar que la posición de la población no se ha alterado en los últimos 3 años? Hay diversos factores que se han alterado en el entorno: el canon recibido por la región está disminuyendo debido a la menor producción, el estancamiento económico de la región es más visible afectando a diversos sectores, la fatiga social de la población producto de varios años de conflictividad, etc. A propósito de esta pregunta, la empresa Datum publicó una encuesta el 3 diciembre del 2015 (un día antes de la presentación de Keiko Fujimori en el CADE) en la que el 64% de los encuestados estaría a favor del desarrollo del proyecto Conga bajo ciertas condiciones y que el 63.7% querría un diálogo entre el Gobierno Regional de Cajamarca y la empresa minera Yanacocha para reactivar Conga. Esta opinión sobre la necesidad del diálogo es mayoritaria a pesar de que el ex gobernador Gregorio Santos está detenido por acusaciones de corrupción y el actual gobernador es del partido de Santos. Esos resultados son muy diferentes a los afirmados por Keiko en el CADE. ¿De dónde se están informando los candidatos?

Existen varios elementos que pueden haber influido en este cambio en la posición de la población: la profunda recesión económica en la que se halla sumida Cajamarca, el trabajo de comunicación y relacionamiento de Yanacocha con la población, la percepción de la población de que Conga sería una ayuda para mejorar la economía local, considerada estancada (el 52.2% de los encuestados cree que está decayendo y el 43.9% cree que está estancada, según la misma encuesta), la disminución de la dedicación de los anti-mineros a generar oposición por las luchas internas en la izquierda de cara a las elecciones nacionales, etc.

Conclusiones

Los candidatos seguramente hacen sus declaraciones respecto a la minería en función a sus cálculos políticos. Sin embargo, es necesario que sus opiniones cuenten con la última información disponible y no se basen en información de más de tres años atrás, sin considerar los cambios sociales y políticos que pueden darse en tan prolongado periodo de tiempo.

Los candidatos deben entender que la conflictividad minera en el Perú no podrá ser resuelta únicamente con, necesarias pero insuficientes, medidas económicas. Este es un conflicto con una fuerte dimensión política y la solución no puede dejar de lado este aspecto para que sea efectiva. Aunque los candidatos no lo hagan evidente en campaña, es importante que el próximo Presidente del Perú sea consciente de las opiniones reales de la población como primer paso para destrabar los obstáculos que impiden la inversión. Lampadia

Según en el último INCORE (Índice de Competitividad Regional) elaborado por el IPE, Cajamarca ha retrocedido nuevamente ubicándose en el penúltimo lugar de competitividad a nivel nacional. La región viene retrocediendo consistentemente los últimos años, lo que significa una caída total de siete puestos desde el INCORE 2012. Este es un retroceso que Cajamarca nunca debió tener, pues tenía el potencial para ser el departamento más rico y próspero del Perú.

El Director de Lampadia refiere que hace algunos años en Cajamarca (antes de Conga), al final de un debate con un connotado representante de la izquierda nacional, una señora le preguntó: “Dígame señor, Cajamarca ¿es mágico?”. La respuesta a la señora fue: “Fíjese señora, las mejores cosas del mundo se clasifican con tres A (AAA), Cajamarca tiene cuatro, CA-JA-MAR-CA. Tiene que ser mágico”. La pena es que los ‘Santos’, convirtieron la magia en brujería. Su mayor riqueza, sus proyectos mineros, se fueron cayendo uno a uno.

Cajamarca está en recesión hace varios años debido a la combinación de ‘ideas muertas’, violencia y a la pésima gestión de sus autoridades, lideradas por su ex presidente Regional (Gregorio Santos), en un desafinado concierto radical junto con el ex cura Marco Arana, Wifredo Saavedra y otros que generaron los conflictos político-sociales promovidos por el discurso anti minero (ahora anti extractivista).

El IPE explica la ubicación de Cajamarca entre los últimos departamentos, por sus debilidades en cinco de los seis pilares. Entre el 2012 y 2015, el pilar Infraestructuras, retrocedió cinco puestos (de 14 a 19) por la menor cobertura y continuidad en el servicio de agua a pesar de haber recibido importantes recursos del canon minero. En el pilar Laboral retrocedió seis puestos (de 17 a 23) debido principalmente a un mayor desempleo juvenil y al empleo informal, así como un caída del empleo adecuado. En el pilar Salud cayó cinco posiciones (de 15 a 20) por el segundo mayor incremento de la mortalidad infantil, solo por detrás de Tacna. En el pilar Instituciones, como se puede ver en el cuadro anterior, también se deterioró hasta el 2014, sin embargo, para el último año se muestra una mejora sustancial que es difícil de entender a no ser que se refiera al encarcelamiento del gran culpable de todo lo demás.

Además, según el INEI, Cajamarca lidera las cifras de pobreza con 53.7% y de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Existen unas 155,000 personas de 15 o más años que no saben ni leer ni escribir.

Los mayores obstáculos al desarrollo de esta región son la alta conflictividad política (en la última década, del 2005 al 2014, se registraron 977 conflictos) y la ineptitud del sector público local. Es lamentable que los pilares en los que se muestra mayor retroceso, infraestructuras y laboral, podrían haber tenido una realidad muy distinta de no ser por los pregoneros violentistas del “Conga no va”. Lo que han logrado ahora es “Cajamarca no va”. Ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca.

La realidad es que la actividad minera es una de las principales fuentes de ingresos del país, aportando directamente al crecimiento económico y asegurando la estabilidad macroeconómica. Este sector representa más del 56 % del total de las exportaciones de todo el país y aporta casi 15 % del PBI. Conga habría invertido alrededor de US$ 5,500 millones. Además se suspendieron o debilitaron los proyectos de Quilish, Conga, Galeno, Michiquillay y Cerro Corona.

El canon minero aporta a la región donde opera el proyecto. El 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras solventa, en gran parte, el presupuesto de las regiones más pobres del país. Este debería usarse en la construcción de carreteras, colegios, centros de salud, y servicios sanitarios entre otros, mejorando así las condiciones de vida de sus pobladores. Estas mejoras generan efectos en cadena y vuelven a la región más atractiva para el turismo y el comercio, que también vitalizan su economía.

En el tema laboral, el proyecto Conga habría generado miles de puestos de trabajo. Según estudios del mismo IPE, por cada puesto minero se crean 9 en los demás sectores, entre directos, indirectos e inducidos. Sin embargo, actualmente en la región, la creación de empleo está de caída, -5.5% (puesto 23), el empleo informal en 90% (puesto 23) y la fuerza laboral capacitada en 16% (puesto 23).

Además, las empresas mineras construyen carreteras (una gran debilidad de Cajamarca), otras infraestructuras como acceso al agua, desagüe y electricidad, apoyo a colegios, hospitales y otros desarrollos sociales que son tan necesarios en regiones donde el Estado (gobiernos regionales y locales) muestran los máximos niveles de ineficiencia. Actualmente Cajamarca cuenta con una cobertura de electricidad de 75% (puesto 23), una cobertura de agua de 57.7% (puesto 22) y de desagüe de 43% (puesto 17). Peor aún, la cobertura del personal médico es de 4.8%, la peor del país.

Es por esto que no se debe permitir que sigan las protestas con violencia e impunidad como las de Tía María. Está sucediendo lo mismo que en Conga en el 2011. Nos quieren obligar a cancelar los proyectos mineros con mentiras, manipulaciones y piedras.

Hasta antes de la asonada del valle de Tambo en el sur, Cajamarca era el mal ejemplo de desarrollo, mientras Arequipa era uno de los mejores. Después de la penetración de los cajamarquinos como Arana en el sur, Arequipa parece encaminarse por la misma senda. El proyecto de Tía María representa una inversión de US$ 1,400 millones, pero en realidad es mucho más que eso, es una oportunidad para retomar la senda de crecimiento, promover la inversión, en armonía y con visión de futuro, pero tal vez, era la mejor ocasión, para demostrar que el Perú podía enmendar errores como la parálisis de Conga.

La creación de riqueza que aporta la minería, en la proporción y velocidad que no puede hacer ningún otro sector, le permitiría al Estado emprender la inmensa tarea de ponernos al nivel del resto del mundo y no seguir atrasados y ampliar las  brechas que mantenemos con los países más ricos, cuando termine de tomar cuerpo la ‘tercera revolución industrial’. Ver en Lampadia: La Tercera Revolución Industrial.

La situación ya está en un punto neurálgico: Como vamos, para el 2018 no habría inversión minera. Y sin Tía María, las cifras del 2017 se reducirían sustancialmente. Así habríamos perdido el motor más grande de nuestra economía. Ver en Lampadia: Hay que prender el motor de la inversión privada. 

No podemos consentir que unos pocos radicales ‘anti-inversión’, ´anti-progreso´ y ‘anti-extractivismo’, secuestren el desarrollo del país, ahuyenten miles de millones en inversiones y eviten la creación de empleo de calidad, en nombre de las ‘ideas muertas’ disfrazadas de un  falso ambientalismo. Lampadia