Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La reciente disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra ha sido el suceso más dramático de la política peruana desde la caída del régimen de Alberto Fujimori y ha generado una profunda incertidumbre respecto al futuro del país. Más allá de la legalidad de la disolución todo parece indicar que Martín Vizcarra está consolidado en el poder, puesto que controla los instrumentos básicos del Estado, la Fuerza Armada, el presupuesto público, buena parte del aparato de justicia le es funcional y un segmento muy significativo de la prensa le apoya. Por ello, es casi seguro que se den elecciones congresales complementarias en enero del 2020 y nacionales en abril del 2021. Bajo estas condiciones es relevante analizar en qué medida se encuentra afectado el principal determinante del destino del Perú en el largo plazo: la sostenibilidad política y social del modelo de democracia representativa de economía de mercado. Este modelo político y económico ha sido el principal factor detrás de la sustancial mejora de la calidad de vida de los peruanos en las últimas tres décadas.

En los últimos años, en especial desde la segunda vuelta de las elecciones del 2016 se ha dado una durísima lucha política, al interior de los sectores que respaldan el actual modelo de desarrollo. Por un lado, está un sector socialmente liberal, con repulsión al fujimorismo y al Apra, que considera que la izquierda no es una amenaza significativa, que no da mucha prioridad al crecimiento económico y que prioriza una agenda de valores socialmente liberales. Este sector es muy fuerte entre líderes la prensa y redes sociales y en la práctica opera como un aliado al gobierno y la izquierda, en contra las fuerzas políticas mayoritarias en el disuelto congreso, este sector considera que el gran reto del país consiste en la lucha contra la corrupción la cual tiene al Apra y al Fujimorismo como sus representantes políticos y que el apoyo a los fiscales que llevan el caso Lava Jato peruano es decisivo. Por otro lado, se encuentra un sector más conservador en lo social, con mayor preocupación por el accionar de la izquierda y que tiene una postura hacia el gobierno de Martín Vizcarra que varía entre la desconfianza y la hostilidad. Este sector da una mayor prioridad al crecimiento económico y tiene una profunda aversión a las ideas y proyectos de la izquierda. Este sector pro-mercado es débil en términos mediáticos, y no logra superar su aislamiento en los medios. Además, con la decadencia política del APRA y de Fuerza Popular no posee actualmente referentes políticos fuertes a nivel nacional. La lucha de PPK y Vizcarra contra el Congreso en buena medida refleja este enfrentamiento que en buena medida se ha resuelto con la victoria del Ejecutivo.

Consideramos que la crisis política que ha desembocado en la disolución del congreso ha debilitado la sostenibilidad política del modelo económico, no tratamos de sostener que un retroceso en la gestión económica es inminente, pero sí que la probabilidad de un retroceso significativo en cuanto a libertades económicas se ha elevado significativamente. Vamos a mencionar los diversos mecanismos como mediante los cuales creemos que esto se ha dado.

El Giro de la Prensa

Durante los últimos años el principal foco de la prensa ha consistido en debilitar a Fuerza Popular en particular y al conservadurismo en general. Para la mayor parte de los medios el fujimorismo era y sigue siendo el mayor obstáculo, especialmente desde el congreso, para la lucha contra la corrupción por lo que debilitar al fujimorismo era un imperativo moral. La emisión de la “Ley Mulder”, que prohibía la publicidad pública a través de medios privados, llevó a que los intereses comerciales de los dueños de los medios y los ideológicos de los trabajadores (Periodistas y reporteros) de los mismos se alinearan en la necesidad del ejecutivo de reducir al máximo el poder parlamentario de Fuerza Popular y sus aliados. Figuras mediáticas que tenían posturas afines o inclusive neutrales ante Fuerza Popular han sido reemplazadas en los medios por figuras más hostiles al fujimorismo y al parlamento como representación de su fuerza política. Este proceso ha debilitado el grado de defensa del modelo de mercado en los medios, puesto que buena parte de los defensores más vocales del libre mercado no tenían el grado de hostilidad hacia el parlamento esperado por los dueños de los medios o acorde con el sentir de la audiencia.

Para visibilizar este proceso, de retroceso en el soporte mediático al libre mercado, generamos un indicador de postura de los medios frente al libre mercado en base a la Encuesta del Poder que publica anualmente Semana Económica. En esta encuesta se genera un ranking del poder de figuras mediáticas en las categorías radio, televisión y prensa escrita. El indicador fue construido clasificando a los diversos personajes listados en este ranking en una tabla de valores donde +2 implicaba un apoyo sistemático a las posturas de libre mercado, +1 un apoyo eventual al modelo, 0 la neutralidad -1 un rechazo eventual y -2 un rechazo sistemático. A su vez para generar el indicador se ha ponderado a los influyentes más elevados en el ranking con un mayor valor. Entonces, de ser la totalidad de los influyentes renqueados defensores activos del libre mercado este indicador mostrará un valor de +2 y de ser hostiles al libre mercado el indicador llegaría a -2. El índice se establece con el promedio ponderado al ranking del poder de cada vocero.

Como se puede observar a partir del año 2016, año de las victorias políticas de PPK y de FP, el grado de apoyo de los Influyentes en los diversos medios de comunicación ha venido reduciéndose de manera paulatina. Si bien se da todavía una ligera superioridad de la postura pro libre mercado entre los influyentes mediáticos, esta ha ido menguando con los años. En los medios radiales esta reducción ha sido más dramática que en la prensa escrita y en la televisión. Un análisis detallado de la encuesta del poder encuentra que más que el ascenso de personalidades anticapitalistas en los medios lo que se ha dado ha sido el desplazamiento de los defensores más activos del libre mercado por personalidades más moderadas en su apoyo o neutras respecto al sistema económico.

Los Opositores de Derecha del Presidente

El enfrentamiento entre los poderes del Estado terminó con la disolución del Congreso, esta acción del Ejecutivo, ha sido considerada por múltiples fuerzas políticas y analistas jurídicos como un Golpe de Estado y un delito. La aversión contra la Martín Vizcarra por parte de estas fuerzas políticas es hoy sumamente elevada. Mientras mayor sea el poder político de estas fuerzas “anti-golpistas” más amenazado se encontrará Vizcarra, tanto en términos políticos como judiciales. En buena medida el bloque político “anti-golpista” aglomera a fuerzas políticas a la derecha del centro político nacional. Para este sector Martín Vizcarra es un gobernante de facto que ha incurrido en un acto criminal que merece condena penal.

Ante semejante contexto Vizcarra enfrentará poderosos incentivos a utilizar recursos públicos con el fin de impedir el fortalecimiento político de sus enemigos declarados. Se podría considerar que estas fuerzas “anti-golpistas” no representan plenamente a los sectores pro modelo económico y que es necesario que surjan nuevos actores políticos pro mercado distintos a los que ha estado cumpliendo este papel. Ello puede ser cierto, pese a ello el proceso de renovación de los representantes políticos de un espacio político demora varios años y difícilmente se daría para enero de 2020 ni para abril del año 2021. Por lo que esta postura anti derechista de la Presidencia tendrá como consecuencia una correlación de fuerzas más hostil para las fuerzas pro-mercado durante las próximas dos elecciones.

Muchos dirán que los posicionamientos entre fuerzas políticas de izquierda y derecha son irrelevantes en términos de políticas públicas, en la medida que no ejerza el poder una fuerza antisistema. En esa medida, la destrucción de las fuerzas políticas de derecha se podría considerar como irrelevante en términos de libertad económica. En esta concepción el poder ejercido por el centro y la centro izquierda implica la continuidad plena del modelo económico.

Sin embargo, hay evidencia de que la posición ideológica, aun dentro del campo pro sistema, si es relevante para las políticas públicas del país, y que, si importa el centro de gravedad de la representación política del país, pues puede representar un deterioro de los índices de libertad económica y del ambiente de negocios del país.

La gráfica superior es la trayectoria del Índice de Libertad Económica, calculado por el Heritage Institute, para el Perú^[1]. Este índice se calcula mediante la agregación de diversos indicadores internacionales en múltiples aspectos y trata en la medida de lo posible de apoyarse en elementos cuantitativos. Se puede observar un claro patrón entre los vaivenes de la libertad económica y la política nacional. Los gobiernos más asociados con la derecha como los de Fujimori (Hasta el año 2000) y Alan García ( 2006-2011) estuvieron asociados a incrementos en la libertad económica mientras que aquellos con una mayor participación de la izquierda como los de Toledo (2001-2006) y Humala (2011-2016) mostraron un deterioro de dicha libertad. Aún si ninguno de estos gobernantes buscó cambiar radicalmente el modelo económico se dieron fluctuaciones en función a la conformación ideológica de las fuerzas en el poder.  Una presidencia poderosa como la actual, enfrentada a las actuales fuerzas políticas de derecha, mejora significativamente la correlación de fuerzas para la erosión de su marco legal y el debilitamiento de los pilares institucionales del modelo.

Como se puede observar se pueden dar cambios graduales en el modelo sin necesidad de que triunfe una posición política programáticamente radical que cambie el modelo de manera abrupta. Para tener una idea, el gobierno de Toledo estuvo asociado a una caída en 9.1 puntos en el Índice de Libertad Económica, muy similar a la caída de 9.7 puntos en los primeros 5 años del gobierno de Hugo Chávez. Los 20.1 puntos de caída en la Libertad Económica de Venezuela entre 1998 y 2018, cuyo costo social es hoy visible, fue producto de un proceso que ha tomado más de 20 años. Para dañar a un modelo, la erosión no necesita ser abrupta, es más, se hace socialmente más aceptable si es un largo proceso gradual.

Tener un Presidente enemigo de la derecha, aún cuando personalmente sea ideológicamente moderado, facilita una deriva sistemática en las políticas públicas, incrementando el intervencionismo estatal, consumiendo el ahorro nacional y endeudando a las nuevas generaciones. No por casualidad bajo los gobiernos apoyados por los sectores proclamados como “republicanos” en la visión de Alberto Vergara, se han dado importantes retrocesos en la libertad económica.

Empoderamiento de la Presidencia y cambios en la Constitución

El enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo ha llevado a cambios constitucionales y a precedentes judiciales que han decantado en un alto grado de empoderamiento del Presidente de la República, que expone el país al cambio del Capítulo Económico de la constitución.

Actualmente ha triunfado, en términos de legitimidad social y precedentes, una visión extensiva del uso de la Cuestión de Confianza por parte del ejecutivo que puede ser utilizada para modificar la Constitución, convocar a referendos, intervenir en el proceso de nombramiento del Tribunal Constitucional, modificar la constitución, reformar la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Muy posiblemente en un breve plazo el Tribunal Constitucional dará fallos que consoliden legalmente estos precedentes fácticos.

Esto ha socavado la división de poderes en el país, en especial considerando que el parlamento peruano tiene usualmente bajísimos niveles de aprobación. Recordemos que 6 de los 7 magistrados del actual tribunal constitucional han sido nombrados por un congreso que en esos momentos tenía apenas 10% de aprobación. Con los precedentes generados, un presidente podrá intervenir en el nombramiento de la Defensoría del Pueblo, Banco Central y Tribunal Constitucional amenazando con la disolución en caso el proceso no apruebe sus propuestas en los tiempos y en la modalidad propuesta por el Ejecutivo. Esta amenaza es especialmente efectiva considerando que ya no existe reelección congresal con lo que la represalia sobre los congresistas que no se plieguen al ejecutivo será aún mayor que antes.

Los ejemplos de los países como Bolivia o Venezuela nos señalan que para poder aplicar un giro severo en el modelo económico es necesario un alineamiento de diversas instituciones del Estado en un sentido “anti-neoliberal” no basta con la captura de un poder del Estado se requiere de una profunda cooptación institucional. Lo que ha ocurrido en Perú es el surgimiento de un poder intervencionista del Ejecutivo sobre los otros poderes del estado, con la anuencia de fuerzas que se consideran favorables al libre mercado y a la institucionalidad democrática.

Más allá del programa que Vizcarra desee aplicar, un potencial presidente hostil al modelo de democracia de mercado tiene ahora muchísimos menos contrapesos en caso quisiera aplicar un cambio radical. Sin estos precedentes un proyecto radical hubiera necesitado obtener la presidencia, una mayoría congresal, capturar la Fiscalía de la Nación, etc., para poder implementar su programa de transformaciones. Ahora, la figura de la Moción de Confianza se ha transformado en un mecanismo que concentra un poder extraordinario en el Presidente.

Ahora basta con que se gane la Presidencia de la República, la capacidad de las otras instituciones para implementar contrapesos se halla severamente reducida. El trabajo de demolición de instituciones que un gobernante radical hubiera tenido que realizar en un fuerte enfrentamiento con gran parte de la sociedad civil y medios de comunicación ha sido llevado a cabo por un Presidente moderado con el apoyo de gran parte de dichos actores sociales (sociedad civil y medios). En esta ocasión, en buena medida, ha sido una facción del sector pro modelo económico, la que ha estado generando condiciones para una más fácil consolidación en el poder de un potencial presidente antisistema.

Conclusión

La crisis política reciente y su culminación en la disolución del parlamento ha tenido un desenlace que ha sido celebrado por la mayoría de la población, líderes de opinión y medios de comunicación. Gran parte de estos líderes y medios se consideran a sí mismos, de manera sincera, defensores del modelo democrático de libre mercado. Sin embargo, este proceso ha debilitado los pilares de la sostenibilidad política del modelo a un nivel que pareciera no está visible para ellos.

En el corto plazo, se ha debilitado la coalición mediática en favor del libre mercado e impone al Ejecutivo la necesidad de impedir que triunfe una opción política de derecha. Esto implica que hacia los procesos electorales 2020 y 2021 una correlación de fuerzas más favorable hacia un corrimiento a la izquierda en el centro político del país. Las probabilidades de un deterioro, aunque no dramático, en el modelo económico se han elevado notablemente.

En el largo plazo se ha dado un empoderamiento presidencial, la reducción en los contrapesos entre poderes y se han elevado las posibilidades de modificar el marco constitucional del país. En especial se ha elevado el rol del Presidente como actor constituyente, siendo este un elemento común en todos los procesos de cambio radical regresivo en América Latina.

En el mejor de los casos, aún si Martín Vizcarra es un creyente en actual modelo de desarrollo, las condiciones para un deterioro en las libertades económicas están más avanzadas de lo que se vislumbraba en junio del 2016 cuando él ingresó como vice-presidente. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Durante los últimos días, el conflicto en las Bambas ha venido ocupando un importante espacio en la agenda nacional y en los medios de comunicación. Los periódicos y noticieros difícilmente dejan pasar un día sin cubrir en mayor o menor medida los eventos ligado a este conflicto.

La cobertura que realiza la prensa respecto a un conflicto social es un poderoso determinante para su desenlace. Ello es así porque los actores políticos partícipes en el conflicto actúan en función a un sistema de incentivos frente al que se condicionan sus acciones. Sistema que, en buena medida, se ve determinado por la conducta que adopten los medios de comunicación.

En el caso del conflicto en las Bambas es necesario entender qué hay detrás de la incapacidad del gobierno para desbloquear las vías de acceso a la mina. Desbloquear la carretera se encuentra dentro de las capacidades reales y operativas de las fuerzas del orden peruanas; sin embargo, la acción no se ejecuta a pesar de los claros costos económicos y políticos que el conflicto actualmente genera. Esto es así porque el acto de desalojar a los manifestantes y aplicar el imperio de la ley a quienes bloquean la carretera implica un costo político para el gobierno; costo que el gobierno estima le perjudicaría más que los efectos de la carretera bloqueada.

Es importante entonces considerar como se construye este costo político. Se origina en función a la interpretación que la opinión pública podría generarse respecto al desalojo de la vía a las Bambas. Si el publico en general interpreta como una acción legitima justa y proporcional el desalojo, entonces aquella no significará un costo político para el Gobierno Central. Sin embargo, si la acción se considera como injusta, ilegitima y desproporcionada, entonces la misma implicará un alto costo político para el gobierno. Conforme más justa considere la población la causa de las posiciones anti-mineras mayor será el costo político para el Gobierno de aplicar el imperio de la ley y mayores incentivos tendrá este de impulsar un acuerdo que sea costoso para las empresas mineras. La cobertura que haga la prensa de la conflictividad social es decisiva entonces puesto que esta cobertura será determinante sobre la opinión publica.

Con el fin de poder analizar con mayor detalle el conflicto en “Las Bambas” hicimos un conteo de las notas surgidas en la prensa nacional respecto al Proyecto Las Bambas a partir del 18 de marzo cuando ya el conflicto se encontraba posicionado en la agenda nacional. En la grafica se muestra del numero de menciones que daban una cobertura positiva al proyecto minero las Bambas y aquellas que daban una cobertura negativa.

Se puede observar que en un inicio la prensa dio una cobertura favorable a “Las Bambas” y que paulatinamente fue girando hacia una cobertura cada vez mas hostil. Entre las razones que damos para que esto se de se encuentra la superioridad académica discursiva de los anti-mineros y en especial de la ONG Cooperacción. Esta es una ONG con un claro perfil pos-extractivista que ha conseguido con éxito posicionarse como una voz experta respecto al conflicto en “Las Bambas”. Este posicionamiento les ha permitido a sus voceros ser presentados por la prensa como expertos respecto a las Bambas y la conflictividad social. Pero no solo eso, gran parte de los expertos y analistas en conflictividad con exposición en medios terminan difundiendo parte del mensaje anti-minero debido a que casi la totalidad de los materiales académicos respecto a Las Bambas han sido realizados por anti-mineros. Ello hace que este material se convierta en un insumo casi inevitable de cualquier esfuerzo por estudiar el tema.

El mensaje anti-minero respecto a las Bambas, en buena medida desarrollado por Cooperaccion, va penetrando el discurso social respecto a este conflicto de manera paulatina. Ello se da vía dos caminos, el primero es el espacio mediático ganado por sus voceros y el segundo por la forma como convierten a los lideres de opinión en estaciones repetidoras de sus mensajes respecto a Las Bambas.

El proceso que describimos es sumamente informativo respecto a cómo es la superioridad en desarrollo académico y de discurso de los anti-mineros, producto de un esfuerzo sostenido a lo largo de años de producción académica y posicionamiento de voceros. Aquello facilita que los mismos puedan ir imponiendo su versión del conflicto frente a las empresas mineras. El sector minero no debería sorprenderse de cómo una y otra vez la prensa da espacio a voceros y expertos que le son hostiles y no presentan una contraparte afín a la minería o al menos objetiva del conflicto. Si el gobierno y el sector minero en general no han realizado esfuerzos anticipados para la elaboración de un discurso permeable hacia la población, así como una narrativa comparable a la de sus adversarios, entonces tampoco les debería sorprender porqué es que conflictos como las Bambas degeneran rápidamente en situaciones críticas y en desenlaces poco favorecedores para todos. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 23 de febrero el ministro de Energía y Minas presentó, con la presencia del presidente de la República el documento “Visión de la Minería al 2030”. El mismo consiste en una visión genérica aceptada por los diversos actores económicos, políticos y sociales involucrados en el sector minero. La difusión del documento ha venido acompañada de un conjunto de declaraciones en las que varios involucrados en el proceso sostienen la alta utilidad del proceso. ¿Será que esa visión genérica va contribuir a un mayor grado de consistencia del Estado para generar un marco institucional favorable al desarrollo minero del país? ¿Representa esta visión un mayor nivel de alineamiento de los actores públicos y privados del sector para manejar los desafíos de viabilidad de la minería? ¿O, será que es sólo un recurso imagen para dar la idea que existe una estrategia de promoción del sector?

Un análisis del proceso de elaboración de esta Visión, su contenido y reacciones del mismo hacen creer que este documento, si bien permite posicionar a diversos actores públicos y privados como dialogantes, no contribuye al objetivo de mejorar la aceptabilidad social del sector minero.

Para la elaboración del documento se buscó la participación de diversos actores, por lo que convocó a un Grupo de Alto Nivel entre los cuales se encuentran:

• Vanessa Cueto de DAR, una ONG en muchos casos hostil al sector extractivo y opuesta a la Hidrovía del Amazonas, a la Nueva Ley de Hidrocarburos y al componente referente al sector extractivo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Su inclusión, sin embargo, podría justificarse dentro de la necesidad de contar con diversidad de opiniones para la Visión.
• Pero más difícil de justificar seria la inclusión de miembros de organizaciones abiertamente anti-mineras tales como Carlos Monge quien fuera miembro de Tierra y Libertad, el cual es un partido político radical pos-extractivista.
• Caso semejante es el de Epifanio Baca del Grupo Propuesta Ciudadana, organización que difunde la falaz idea que las empresas mineras tienen un aporte tributario neto negativo (la minería contribuye con 10% del PBI peruano y cerca de un tercio de los impuestos a la renta).
• A esto se le podría agregar la participación de Ana Leyva de CooperAcción, una ONG involucrada en azuzar múltiples conflictos sociales en especial en el sur andino.[i]
• El caso extremo de esta convocatoria a personajes anti-mineros es el de Javier Jahncke de la ONG Red Muqui la cual es la principal red de coordinación de organizaciones anti-mineras a nivel nacional.

Convocar a anti-mineros permite al MINEM presentar la Visión como resultado de un consenso en el que inclusive los anti-mineros han participado, por lo cual se esperaría un mayor grado de legitimidad social de la dicha misión, por haber considerado las opiniones de todos, incluso de los grupos hostiles a la minería. Sin embargo, ello implica un conjunto de consecuencias que terminan neutralizando la Visión como mecanismo de viabilización social del sector minero.

En primer lugar, la convocatoria de anti-mineros a este proceso significa una validación de estas organizaciones a la vista de sus potenciales donantes y de los medios de comunicación. Organizaciones como Red Muqui, Grupo Propuesta Ciudadana y CooperAccion pueden presentar a sus donantes la participación en este proceso como prueba de su capacidad de incidencia en políticas públicas con lo que se vuelven más atractivos a la llegada de recursos. Al haberlos convocados el MINEM ha facilitado que tengan mayores recursos para azuzar conflictos, deslegitimar la minería y desplegar campañas falaces contra el sector. Es llamativo que múltiples representantes del sector minero como gerentes y empresarios estuvieron dispuestos a participar bajo condiciones que afectan directamente la viabilidad de su sector.

Otro riesgo consiste en que los anti-mineros formen parte parcialmente del proceso, pero posteriormente lo critiquen abiertamente. Esto se dio en este caso. La Red Muqui fue convocada para la realización de esta Visión por insistencia de dicha organización, como lo afirman en el comunicado “Red Muqui no subscribe Visión Minera 2030”[ii]:

“RED MUQUI, que en principio no fue invitada a este proceso, planteó su inquietud al respecto al MINEM, pues en 15 años de existencia nuestra red ha sido referente nacional con sus propuestas sobre minería, ambiente y comunidades. Finalmente, fuimos integrados al proceso a fines del mes de setiembre del 2018.”

Una vez dentro del proceso se dedicaron a socavarlo desde el interior:

“Ya en el espacio, hemos sido críticos con su metodología y formalidad, fundamentalmente por la no participación de comunidades, poblaciones y organizaciones sociales que habitan en zonas con actividad minera o en riesgo de serlo”

Posteriormente afirman:

“Si bien se ha avanzado en la “memoria viva” con aportes importantes, el resumen ejecutivo que será el documento público, sólo incluye los temas de consenso, sin incluir temas centrales en la problemática minera.  Asimismo, la facilitación del proceso del GAN ha tenido un sesgo favorecedor de la actividad minera (con personas que impulsan proyectos mineros). Por todo ello, nos preocupa que la “Visión minera al 2030” sea utilizada para “fortalecer la aceptación social” de la minería, como lo señala al citar la Política Nacional de Competitividad y Productividad, por lo que el pasado 3 de enero dimos a conocer formalmente al MINEM que no continuaríamos en el GAN, ni suscribiríamos sus acuerdos.”

Con ello la imagen de construcción de consenso de convocar a anti-mineros desaparece puesto que estos actores utilizan la plataforma dada por su participación en el proceso para denostar del mismo.

El grado de desorden generado por la convocatoria a los anti-mineros se evidencia en la presencia de sus rostros y nombres en los primeros videos institucionales de la Visión Minera 2030 los cuales fueron posteriormente borrados del portal de YouTube del MINEM y reemplazados por un video en el que ya no se les presenta como miembros de GAN.

Otro efecto de convocar a anti-mineros consiste en su capacidad para introducir temas en agenda que tienen un significado distinto para ellos que para otros sectores. Posteriormente utilizaran discursivamente los términos introducidos en la “Visión” para afirmar que la misma no está siendo aplicada ni por el gobierno ni por las empresas mineras. También puede darse el caso de ideas que se sostienen en concepciones distorsionadas respecto al cual debería ser el rol de la minería en el desarrollo económico.

Hay múltiples ejemplos de esto a lo largo del texto[iii] de la “Visión”. En un primer caso se afirma que:

“Para ello, (la minería) participa en la planificación y ejecución de las acciones orientadas a cerrar brechas sociales, en el ordenamiento territorial consensuado…”

Para los anti-mineros, el ordenamiento territorial consiste en la generación de “zonas libres de minería” y “consensuado” implica la participación de activistas anti-mineros en el proceso. Un caso llamativo fue el Ordenamiento Territorial de la región Cajamarca conducido por anti-mineros el cual declaró como zona apta para las operaciones mineras tan sólo el 0.14% de la superficie de la región.

Se dice en la Visión respecto a la minería que:

“Impulsa el desarrollo de los territorios a través de la diversificación productiva”.

No es responsabilidad de la minería incrementar la diversificación productiva en los territorios en los que opera. Esto es responsabilidad de los gobernantes nacionales y regionales. Son ellos quienes tienen que elaborar los planes de desarrollo y de inversión del canon para promover las otras actividades económicas: comercio, servicio, agricultura, turismo, etc.

Además, en muchos casos el camino más rápido hacia el desarrollo en dichos territorios pasa por un mayor grado de especialización productiva y no por la diversificación. La diversificación puede ser un objetivo deseable a nivel nacional y en el largo plazo, puesto que reduce la vulnerabilidad a shocks externos, pero en espacios reducidos como distritos o provincias el atractivo de la idea de la diversificación se fundamenta más como discurso político que como motor económico real.

Otro caso de múltiples interpretaciones se da cuando en el texto se declara:

“Contribuye a fortalecer las capacidades de las instituciones y de los actores, superando las asimetrías de información y capacidad de representación”

Lo cual suena muy lógico y razonable si no fuera porque para los anti-mineros reducir las asimetrías de información consiste en tener al Estado o a las empresas mineras financiando la participación de ONGs anti-mineras dentro de procesos de diálogo promoviendo sus ideas hostiles a la minería.

El caso de la Visión de la Minería al 2030 nos señala los límites del consenso con grupos hostiles al sector. No resulta positivo incluir en un proceso de desarrollo de un sector a quienes tienen una concepción antagónica al mismo. Al hacerlo se le ha facilitado recursos y poder discursivo a quienes están en contra de la minería moderna. ¿Será que las ganancias políticas de corto plazo (imagen de capacidad de manejo político del gobierno) justifican los costos que el proceso puede representar para la viabilidad de la minería en el mediano y largo plazo?Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Sin duda el año 2018 ha sido un año sumamente agitado en lo político lo que ha generado altos niveles de incertidumbre. El sector minero no es ajeno a las implicancias sociales y políticas de estas incertidumbres.  Por ello se justifica analizar qué perspectivas se abren a la minería este año y qué impactos los diversos actores políticos podrían tener sobre el sector.

El Poder Ejecutivo:

El presidente de la República sale de los conflictos políticos del 2018 sumamente fortalecido. Un referéndum que legitimó su mandato, una prensa hegemónicamente favorable, un congreso en jaque frente a las acciones judiciales y amenazas de cierre, la principal líder opositora en la cárcel y un Poder Judicial que va a entrar en un proceso de reformas a ser digitado en función a las propuestas del Ejecutivo. Sin duda esto implica una fuerte acumulación de capital político e institucional en la figura del presidente. Ello implica que el presidente dispone de “profundidad estratégica” en caso él decida utilizar su fuerza política para impulsar proyectos mineros que enfrenten resistencia social. Un presidente con baja aprobación difícilmente estará dispuesto a arriesgar una parte del poco capital político del que dispone en apoyar un proyecto minero, lo opuesto ocurre en el caso de Vizcarra el cual puede arriesgar parte de su capital político con consecuencias que no le serán críticas.

Por otro lado, si bien el presidente ha construido una poderosa coalición que sostiene su alta popularidad esta coalición no se encuentra cohesionada de manera sólida con el presidente sino más bien por la existencia de enemigos comunes y el deseo de acceso a recursos públicos.

El presidente no se sostiene en un aparato partidario, un alineamiento ideológico o un liderazgo político carismático. Más bien, el presidente tiene como pilar de su capital político a un conjunto de actores (como la prensa, ONGs, gobernadores regionales, una izquierda no hostil, sectores de la judicatura) que no le responden jerárquicamente. Por ello un conflicto social prolongado implica para el presidente el incurrir en el riesgo de que parte su coalición actual, en especial la ideológicamente más a la izquierda, pase a la oposición en caso el presidente polarice contra una resistencia social sistemática.

En el caso del Ollanta Humala el conflicto Conga llevó a la pérdida de múltiples aliados, a la caída de dos Primeros Ministros y a una amplia caída en la aprobación presidencial. Para un presidente sin bancada y sin partido, como Vizcarra, participar en un conflicto a gran escala podría implicar correr un alto riesgo político.

En caso se de un escenario de nuevas elecciones congresales ello disminuiría la disposición del ejecutivo a asumir costos políticos por apoyar a la minería. Ello sería así por que el gobierno requeriría de salvaguardar al máximo su aprobación popular con el fin de obtener un parlamento con una composición favorable. Un conflicto social a larga escala implicaría posibles pérdidas de aprobación presidencial y alienarse regiones enteras contra el gobierno central, esto es un fuerte desincentivo a que un gobierno apoye un proyecto minero con alta resistencia social.

Los Gobiernos Regionales y las Alcaldías:

Las elecciones de octubre y diciembre del 2019 llevaron a la victoria de múltiples autoridades con discursos hostiles a la inversión privada y a la inversión minera en particular, lo cual es sin duda un factor de riesgo relevante para las empresas mineras. Los gobiernos regionales y los alcaldes disponen de recursos económicos, comunicacionales y de representatividad política que pueden ser desplegadas en acciones hostiles al sector extractivo. En algunas regiones mineras las nuevas autoridades electas afectan de manera clara la correlación de fuerzas en favor de los anti-mineros.

Las victorias electorales de Zenón Cueva en Moquegua, Walter Aduviri en Puno, Elmer Cáceres en Arequipa, y Vladimir Cerrón en Junín implican el ascenso de gobernadores regionales que han incorporado en mayor o menor grado el discurso anti-minero dentro de su proyecto político. El nivel de hostilidad que manifiesten hacia el sector minero se verá influenciado por el sistema de incentivos políticos y económicos que se deriven de su accionar. Las posturas del Gobierno Nacional respecto a la minería influenciarán en forma significativa ese sistema de incentivos.

Aquellos gobernadores regionales que tengan intenciones presidenciales se verán inclinados a asumir una actitud más hostil hacia la minería puesto que la confrontación anti-minera y frente al gobierno central resultan mecanismos útiles de posicionamiento político a escala nacional y facilitan la formación de un liderazgo de tipo “contestatario” lo que puede resultar crítico si se desea ser un candidato presidencial dentro del espacio político antisistema.

El tratamiento que reciba un gobernador por parte de la prensa nacional también resulta importante, mientras mayor y más afín la cobertura de un gobernador conflictivo, este considerara que su conducta le genera el posicionamiento deseado.

En este contexto la conducta del gobierno central hacia los gobernadores regionales resulta ser sumamente importante, puesto que, si el gobierno central prioriza su alianza política con los gobiernos regionales por encima del impulso a la inversión privada, no se daría ningún grado de condicionalidad del acceso de recursos de los gobiernos regionales independientemente de si los mismos se encuentran destinados a facilitar o a hostilizar a la inversión minera, bajo estas condiciones el gobierno central renunciaría a infringir costos al activismo anti-minero apoyado con fondos públicos.

Sin embargo, la posición radical por sí misma no es suficiente para darle relevancia nacional a un gobernador regional. Vladimir Cerrón ha sido Presidente Regional de Junín en el pasado, su postura de extrema izquierda filo-castrista no le brindó un resultado electoral favorable cuando fue candidato a la presidencia y tuvo que retirarse de las elecciones del 2016 puesto que se mostró inviable mantener la inscripción electoral. Diferente fue el caso de Gregorio Santos quien desde la prisión consiguió más de un 4% a pesar de estar en la cárcel y mínimos recursos de campaña. La diferencia entre ambos casos se encuentra en que el primero no operó en una región con un movimiento social contestatario fuerte mientras que el segundo si. Un gobernador regional radical puede fortalecer y apoyar un movimiento social conflictivo y capitalizar políticamente sobre el mismo. Pero por otro lado un gobernador regional inclusive, si es radical, no puede generar un movimiento social hostil a pesar de los claros retornos políticos que esto le tendría. El caso reciente de Cajamarca lo ilustra. Gregorio Santos no logró reactivar el movimiento anti-minero que lo llevó al poder y su candidato (Porfirio) se quedó en el tercer lugar en las elecciones regionales.

El Congreso de la República:

El congreso está pasando por un proceso de reconfiguración de las bancadas producto de la crisis de Fuerza Popular. Se está pasando de un patrón de bloque dominante a uno disperso en el que se tendrá un congreso con diversas facciones en alianzas coyunturales para la aprobación de legislación que sea de su interés. Esto representa un incremento en la capacidad de grupos congresales hostiles a la minería para avanzar su agenda ideológica. Ello sería así porque la necesidad de formar mayorías coyunturales implicaría llegar a acuerdos con los partidos anti-mineros (Como el Frente Amplio). Esos partidos podrán entonces negociar sus votos con otras fuerzas a cambio de la aprobación de leyes que forman parte de su proyecto de largo plazo.

El caso de la aprobación de la Ley de Cabeceras de Cuenca o el Acuerdo de Escazu nos señala la forma clara como, aún con una fracción del congreso, agrupaciones ideologizadas minoritarias pueden avanzar su agenda en un congreso en el que los sectores pro inversión son mayoría. Ello ocurre porque los sectores pro-inversión no dedican la misma importancia a esos temas y están dispuestos a facilitar el avance de la agenda anti-minera a cambio de votos útiles en las disputas de poder al interior del congreso. En un congreso atomizado como el que se viene las ocasiones para que se den negociaciones negativas se incrementan notablemente.

Por otro lado, la dinámica política actual implica un incremento notable en la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, por lo que posibles esfuerzos del Ejecutivo por impedir la emisión de esta clase de leyes podrían ser más efectivas.

La Judicatura:

El Poder Judicial afecta el desarrollo de la minería en la medida de que sea un garante de sus derechos de propiedad y castigue las acciones de violencia ligadas a la conflictividad social. En esa medida las acciones del Poder Judicial han mostrado severas deficiencias a lo largo de los años dándose una intensa impunidad para quienes han impulsado acciones violentas al interior de movilizaciones de protesta.

Además, los futuros cambios en el Poder Judicial posiblemente demorarán los procesos judiciales puesto que los magistrados necesitan tener más en claro las consecuencias de sus fallos sobre sus carreras en un Poder Judicial con una jerarquía renovada.

Conclusiones

El rol del Ejecutivo es crítico puesto que tiene capital político para invertir en el apoyo al sector minero tanto frente a conflictos sociales como frente al parlamento, también tiene mecanismos de influencia sobre los gobiernos regionales y sobre el poder judicial. Dependerá que la prioridad del Ejecutivo por el crecimiento económico sea considerada más importante que la popularidad que su postura pueda darle. 

Lamentablemente, hasta ahora no se ha dado ninguna instancia en que el presente gobierno demuestre estar dispuesto a poner en riesgo su capital político en favor del crecimiento económico, y menos en pro de la inversión minera. Observando su manejo en 2018, se puede afirmar que se tiene un gobierno con una baja propensión a poner en marcha proyectos mineros con conflictos sociales complejos.

Se enfrenta el riesgo de gobernadores regionales antisistema que tratan de posicionarse hacia el 2021 mediante la conflictividad. El éxito o fracaso de esos gobernadores antisistema dependerá de la condicionalidad presupuestal que el Ejecutivo presente a los gobiernos regionales y la presencia de movimientos sociales fuertes operando en la zona.

En el legislativo se puede esperar múltiples iniciativas de legislación que erosione el ambiente de negocios para la minería. En buena medida dependerá del Ejecutivo que dicha legislación pueda terminar siendo aprobada, o no. Mientras tanto, el Poder Judicial seguirá ofreciendo condiciones de impunidad a la violencia de los grupos anti-mineros, pero en plazos aún más dilatados que los actuales. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Las recientes elecciones regionales han dado como resultado la victoria de algunos candidatos que generan profundas incertidumbres para el sector privado. Este ha sido el caso con las victorias de Zenón Cuevas en Moquegua, Walter Aduviri en Puno y Vladimir Cerrón en Junín.

Hay quienes consideran que el preocuparse por estas victorias es un acto de desprecio colonial a los electores y que en verdad al ser estas (Moquegua, Junín y Puno) regiones con pujantes economías informales estas victorias no implican problemas para la inversión privada ni para la sostenibilidad política de un modelo de desarrollo sustentado en el mercado. Un ejemplo de esta postura es el articulo “¡Ay, los cholos antisistema!” de Juan Carlos Tafur[i].

Sin embargo, la victoria de lideres ideológicamente hostiles a la inversión tiene consecuencias políticas y sociales relevantes, mas allá del malestar que podría generar entre las elites limeñas. La victoria de presidentes regionales con ideologías antisistema implica un conjunto de riesgos para las actividades productivas en su región y también para la sostenibilidad del modelo de libre mercado.

Los efectos negativos de la presencia de esas autoridades en gobiernos regionales, provinciales y distritales son diversos. En forma breve podemos mencionar:

1. Uso de la representatividad del gobierno regional contra proyectos de inversión minera e hidro-energética. Los gobernadores regionales, al ser los representantes electos de la región, asumen un rol de representación política de la población regional. Esta representación les facilita presentarse a los medios e instituciones como canalizadores de la voluntad de la población de su región o provincia.
2. Soporte logístico con fondos del gobierno regional o provincial para realización de movilizaciones hostiles a los proyectos de inversión.
3. Contratación masiva de activistas políticos antisistema dentro del gobierno regional o provincial. Es común que incorporen como personal de confianza a activistas políticos radicales que podrán ahora dedicar una mayor parte de su tiempo al activismo político puesto que sus ingresos pasaran a ser cubiertos por la planilla del gobierno regional. Estos activistas, además de ser remunerados en muchas ocasiones, dispondrán del soporte logístico requerido para sus acciones políticas como transporte, hospedaje y locales a ser financiados por el gobierno regional. Esos activistas, al hablar a la población, lo hacen con el título de representantes elegidos y no como simples ciudadanos.
4. Instrumentalización ideologizada de las instituciones del gobierno regional hacia fines anti inversión. Los gobiernos regionales pueden realizar diversas acciones que brindan soporte discursivo al activismo anti-inversión aun si no tienen carácter mandatorio. Ejemplos de estas medidas son las ordenanzas regionales declarando inviables a proyectos de inversión o generando medidas de ordenamiento territorial que refuerzan sus narrativas y que, de aplicarse paralizarían los proyectos de inversión.
5. Envía una poderosa señal a los lideres locales. Puesto que esto señala a autoridades y activistas locales que el realizar acciones y asumir posturas radicales hacia las inversiones es una estrategia exitosa de posicionamiento político. Con ello múltiples lideres están incentivados a propiciar la conflictividad puesto que en la misma ven una oportunidad para impulsar sus carreras políticas.

Seria un error homogenizar a estos actores hostiles al mercado tanto Aduviri, como Cuevas o Cerrón, tienen diferencias ideológicas, de praxis y capacidades políticas. Es en función a esas características especificas que se puede hacer un análisis efectivo de las consecuencias de estas victorias electorales.

Para poder visualizar estas características hemos elaborado un cuadro en el que se puede ver la posición de estos tres lideres políticos en un conjunto de características clave.

 Estas son:

1. Pos-extractivismo: Medida en la cual se tiene una ideología hostil a la extracción de materias primas y se subscribe un ideario de “alternativas” al desarrollo.
2. Anticapitalismo: Esto es la oposición a un sistema de libre mercado con propiedad privada y apertura a los productos e inversiones extranjeras.
3. Identitario: Por ello nos referimos la medida en la cual el proyecto político hace uso de un discurso de identidad. El valor ser mayor conforme en mayor medida se posicione en actor político en función a una identidad especifica. En un continuo que va desde una posición internacionalista, a una nacionalista, pasando por un proponer un Estado Plurinacional y terminando con la exaltación a un grupo étnico especifico.
4. Articulación Nacional: Con ello los referimos al grado en el cual este gobernador electo tiene alianzas con otros actores políticos fuera de su región y dispone de recursos políticos para desplegar un proyecto nacional. La afiliación a un partido nacional o disponer de una inscripción electoral incrementan la Articulación Nacional.
5. Perturbación Institucional: Por esto no referimos a la medida en la cual este actor político canaliza la disputa política al interior de las instituciones del Estado o muestra una disposición a medias fuera de la misma tales como la movilización callejera o inclusive acciones violentas. El valor de esta variable será mayor conforme se haya visto una mayor disposición del actor a hacer uso de acciones extra institucionales.

Como se puede observar Walter Aduviri, de Puno, destaca por su énfasis en el discurso identitario. Ha pasado del nacionalismo aymara e impulsar la vigencia de un Estado Plurinacional, influenciado probablemente por la experiencia boliviana. También hace referencias frecuentes a la Pachamama lo que le hacer al Pos-extractivismo, pero sin ser un seguidor pleno de esta ideología. Zenón Cuevas, de Moquegua, es cercano al Partido Comunista del Perú “Patria Roja”, lo que trae elementos anti-capitalistas y le brinda cierta articulación nacional. Él ha impulsado movilizaciones en el caso del Moqueguazo, por otro lado, su discurso no apela a un componente identitario ni pos-extractivista. Vladimir Cerrón, de Junín, destaca por su aversión al modelo de desarrollo capitalista, en el que fue bien instruido tras 11 años en la Cuba castrista, posee una inscripción nacional para su partido “Perú Libre”, aunque no ha destacado por impulsar movilizaciones masivas o violentas.

Conocer las semejanzas y diferencias entre estas distintas fuerzas permite predecir su conducta ante tópicos políticos concretos (minería, regionalismo, constitución, uso de violencia, etc.) y facilita el esfuerzo por mitigar las consecuencias desestabilizadoras de su accionar en los próximos años. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Este 7 de octubre serán las elecciones a gubernaturas regionales y alcaldías en el Perú. Este proceso electoral tiene importantes implicancias sobre el sector minero y sobre las dinámicas de inversión del sector. Si bien de acuerdo a las leyes peruanas las autoridades sub-nacionales no tienen prerrogativas importantes a la hora de regular la gran inversión minera, si tienen una un rol importante en las dinámicas regionales de las que depende la resistencia social y política que puede enfrentar las inversiones mineras en el Perú.

Las autoridades locales son un factor importante en la conformación de la correlación de fuerzas afines u hostiles a la minería en un entorno de conflictividad social. La victoria de fuerzas políticas anti-mineras en este proceso electoral tiene un conjunto de consecuencias de corto y largo plazo en la medida en la cual instrumentalicen municipios o gubernaturas regionales hacia el activismo anti-minero. En el Perú ha sido visible el papel de figuras como Gregorio Santos desde la Presidencia Regional de Cajamarca o de Oscar Mollohuanca desde la Alcaldía de Espinar. Sus apariciones en medios y manifestaciones los llevaron a tener una figuración mediática nacional y el caso de Gregorio Santos le facilito el asumir un liderazgo relevante dentro del espectro político radical.

A continuación, listamos algunos de los efectos potenciales de la victoria de figuras políticas hostiles a la minería sobre la legitimidad y viabilidad del sector:

• Manutención de Activistas: La presencia de activistas a tiempo completo dedicados es un importante factor de éxito en los movimientos sociales anti-mineros. Con autoridades anti-mineras estos activistas pueden ser contratados como funcionarios o consultores para cumplir, en el papel, determinadas funciones cuando en realidad son activistas anti-mineros financiados con fondos públicos tanto en sus ingresos personales como en la logística de su activismo como lo es el transporte alimentación y locales de reunión.
• Soporte logístico a manifestaciones: Es posible que autoridades hostiles a la minería brinden transporte o alimentación a los manifestantes en contra de proyectos mineros. Se ha dado casos de uso de unidades de transporte contratadas o de propiedad por autoridades utilizadas para transportar a manifestantes hacia marchas o bloqueos. Esto se hace con recursos públicos que son utilizados con fines distintos a los presupuestados. Lamentablemente el grado de fiscalización por parte de la Contraloría o Gobierno Central es mínimo y estos actos de malversación de fondos públicos pueden ser realizados con mínimas consecuencias.
• Representación Social: Las autoridades locales tienen un importante rol de representación social puesto que han sido electas por la población. A diferencia de las ONGs o los Frentes de Defensa que se auto-asignan sus roles, estas autoridades han obtenido su puesto gracias a procesos electorales en las que ha participado la inmensa mayoría de la población. Una autoridad local anti-minera podrá presentar al resto del país su postura como representativa de su población. Ello facilita una polarización política contra el gobierno central y el acceso a medios de comunicación nacionales de la postura anti-minera.
• Aparato de Propaganda: En múltiples casos las autoridades sub-nacionales tienen importantes recursos comunicacionales bajo su control. Radios o canales de televisión locales son controlados por dichas autoridades. Estos recursos comunicacionales pueden resultar siendo canalizados dentro del aparato de propaganda anti-minero y dedicarse a socavar la legitimidad de la minería. En Espinar era común que el canal de televisión municipal transmitiera reportajes respecto a muerte de ganado a ser atribuidos a la actividad minera sin ninguna investigación científica que lo sustentara. En Cajamarca el Gobierno Regional durante el conflicto de Conga creo un programa radial “La Voz de La Región” que se dedicaba a la difusión militante del discurso anti-minero. La imagen superior proviene de la televisión municipal de Espinar mostrando un reportaje[i] en el que se acusaba a la Glencore-Xtrata de ser responsable de enfermedades en el ganado.

  

• Presión Institucional: Como mencionamos previamente el marco legal peruano no brinda a las autoridades locales muchos instrumentos para impedir legalmente las actividades mineras. Sin embargo, pueden realizar múltiples actividades que sirven para deslegitimar a los ojos de distintas audiencias las actividades del sector. En el caso de conflicto Conga fue visible el rol de la Ordenanza Regional 036 la cual prohibía el proyecto minero y que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. También se hace uso de declaraciones de reservas naturales en zonas de operaciones mineras o se declara a una determinada población como pueblo indígena. Estas acciones se realizan por fuera de las atribuciones legales de estas autoridades. Sin embargo, su rol no consiste en inviabilizar legalmente a un proyecto.  Estas acciones se dan con fines políticos y permiten presentar los proyectos como enfrentados a la voluntad local e impuestos por el gobierno central.
• Adoctrinamiento: Los anti-mineros son conscientes de la importancia de la formación discursiva y de la importancia de penetrar a la sociedad con su narrativa. Por ello es común que utilizando recursos públicos lleven a cabo acciones de adoctrinamiento anti-minero a los empleados de las instituciones bajo su control. Los empleados públicos forman una fracción importante de los formadores de opinión en las inmediaciones de los proyectos mineros al constituir gran parte de la población local con mayores niveles educativos y capacidad discursiva. La siguiente imagen muestra a Wilder Sánchez, autor de estudios hostiles al proyecto Conga, dando una conferencia[ii] en contra de dicho proyecto a los empleados del Gobierno Regional de Cajamarca. La posición de Sánchez respecto a Conga es bastante clara:

“Ni una catástrofe natural, llámese huracán, aluvión, Fenómeno de El Niño o terremoto de gran magnitud, causaría la destrucción descrita en las cinco cabeceras de cuenca.Incluso una bomba nuclear como la lanzada sobre Hiroshima, que destruyó totalmente el 69% de sus edificaciones en 12 Km2 de la ciudad (o sea 1,200 hectáreas) pero no dejó profundos cráteres, tampoco se asemejaría a la devastación del territorio que ocasionaría Minas Conga si prosigue adelante”.

Este domingo se está jugando su futuro una importante fracción de la inversión minera nacional durante los próximos 4 años. De darse triunfos anti-mineros en regiones o municipios envueltos en conflictos sociales se verá severamente dificultado el aprovechamiento del enorme potencial geológico del país. Sería bueno que las empresas mineras estén claras sobre las consecuencias de una victoria de los grupos anti-mineros en algunas regiones del país. Lampadia

Deja mucho que desear que autos proclamados intelectuales y politólogos planteen falsas dicotomías para generar argumentos efectistas y populistas.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“Desde que la democracia volvió al Perú en el 2000, solo hemos tenido dos proyectos políticos. Por proyecto político aludo a un horizonte programático claro para el país, abiertamente defendido desde el poder. Uno es el republicanismo que promovió Valentín Paniagua en su breve gobierno de transición; el otro, el hortelanismo modernizador que encontró en Alan García su articulador más fino. No hay más. […] Es decir, el hortelanismo, con el apoyo entusiasta de nuestros líderes políticos, tecnocráticos, empresariales y opinantes, ofreció riqueza sin ley. Y eso logramos. Estamos cosechando lo que sembramos.”
Alberto Vergara en “¿Hortelanos o republicanos?”.

La propagación de audios que visibilizan el profundo grado de corrupción y tráfico de influencias imperante en el poder judicial ha generado un clima político con sentido de urgencia en la sociedad respecto a la necesidad de reformar los poderes del Estado. Junto con ello, se ha producido un mayor interés entre líderes de opinión intelectuales y comunicadores respecto al porqué del precario desarrollo institucional del país.

En un sector de la intelectualidad y líderes de opinión se pretende vender la idea según la cual, en el Perú, las elites se han preocupado por mantener el libre mercado y la confianza de los inversionistas a consta del desarrollo institucional.

• Se afirma que las políticas públicas del Perú en buena medida han sido determinadas por una elite económica únicamente preocupada por la defensa del modelo de libre mercado y que ha desatendido profundamente el desarrollo institucional.
• Esta elite tendría como representación de su ideología el artículo “El Perro del Hortelano” de Alan García[1].
• Según esa corriente intelectual, sectores conservadores se opondrían a reformas institucionales claves para la sociedad por temor a que las perturbaciones que se derivaran de estas pudieran afectar la calidad del ambiente de negocios.
• Frente a estos sectores conservadores “hortelanistas” se encontraría un sector “Republicano” que si bien busca mantener los pilares básicos del modelo de mercado sí se encontraría dispuesto a llevar a cabo reformas institucionalistas y que es impulsado en mayor medida por valores que por sus intereses económicos.
• La tragedia del Perú actual consistiría en lo infructuoso de los triunfos electorales del sector “Republicano”.
• Estos triunfos se manifestarían en las dos derrotas en segunda vuelta de Keiko Fujimori en las que los sectores ciudadanos preocupados por la honestidad y vigencia de la democracia fueron decisivos.
• Un artículo representativo de esta visión es el artículo de Alberto Vergara “¿Hortelanos o republicanos?”[2].

Esta es, a primera vista, una narrativa atractiva, en especial si uno es un líder opinión o intelectual, de izquierda o centro izquierda. Encaja con las actitudes anti empresariales de dichos sectores en los que una supuesta clase dominante necesita de instituciones injustas para poder sostener su aprovechamiento sobre el resto de la sociedad. No obstante, pese a su atractivo emocional la evidencia no sostiene varias de las creencias en que se basa este relato.

En este texto, cuestionamos dos puntos de esta narrativa.

• Por un lado, la existencia de una disyuntiva entre profundización del modelo de mercado y desarrollo institucional.
• Por otro la existencia misma de un sector “Republicano” con el interés, el enfoque y la capacidad para generar mejoras sostenidas en la institucionalidad peruana.

Para ello hacemos uso de estadísticas[3] respecto a nivel de desarrollo institucional acopiadas por el Banco Mundial dentro del programa ‘World Governance Indicators’. En este programa se agregan diversos indicadores de calidad de institucional. Los aspectos a ser monitoreados son los siguientes:

• Expresión y Rendición de Cuentas (VA)
• Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo (PS)
• Efectividad del Gobierno (GE)
• Calidad Regulatoria (RQ)
• Imperio de la Ley (RL)
• Control de la Corrupción (CC).

Estos indicadores son mostrados mediante percentiles, así cuando un país se encuentra en el percentil 70% en Efectividad de Gobierno, ello significa que el 70% de los países están por debajo del país mencionado en este indicador. Ello significa que a mayor valor del percentil mayor desarrollo institucional tendrá el país. Se hace uso de percentiles para que así sea posible agregar diversos indicadores ubicados en múltiples escalas.

A esta información de institucionalidad le hemos agregado el indicador de Libertad Económica del Cato Institute (EF), ello con el fin de ver la relación existente entre libre mercado y desarrollo institucional. Para los últimos gobiernos hemos dado los valores para cada uno de estos aspectos al final de su mandato.

Se puede observar que la entrada de Paniagua generó un cambio claro hacia un régimen con mayor libertad de expresión y rendición de cuentas como lo manifiesta el incremento en el valor de VA (17.91), también se dio una mejora significativa, aunque no tan alta en el Imperio de la Ley (8.91). Es digno de mención lo elevado, relativamente, de los niveles de Efectividad de Gobierno durante la época de Fujimori, lo cual explicaría en parte la importancia política del fujimorismo después del año 2000. También es notable que el gobierno del “mal menor” de Ollanta Humala muestre indicadores de corrupción más elevados que aquellos de Fujimori al final de su régimen. Es llamativo, también, que la Libertad Económica no haya tenido fluctuaciones muy abruptas a lo largo del tiempo, aunque las opciones apoyadas por la derecha tienden a mostrar niveles más altos que aquellos apoyados por la izquierda, lo que muestra cierto nivel de coherencia ideológica entre las políticas públicas y el alineamiento de las fuerzas políticas. De ahí que, a pesar de lo que se diga en muchas ocasiones, la ideología del gobernante sí importa, en cierta medida, para las políticas económicas en el Perú.

Esta tabla nos señala los cambios en los indicadores de institucionalidad en comparación a los gobernantes previos. Alberto Fujimori ha sido retirado de la muestra puesto que no existen indicadores previos a su gobierno a los cuales referirse. También se ha generado un indicador de “Efecto Institucional Neto” que refleja la suma de los cambios en los diversos indicadores durante el periodo.

Los resultados entran en claro contraste con las teorías de Vergara y las impresiones de múltiples líderes de opinión de izquierda. El gobierno, “Hortelanista” por excelencia de Alan García resultó ser aquel en que más mejoro la Libertad Económica (EF), lo que es coincidente con su imagen de derechista. Sin embargo, resultó también ser aquel en la que los indicadores en gobernanza tuvieron una mayor mejora en promedio, es decir aquel del que hay mayor evidencia de un progreso institucional (Efecto Institucional Neto). En el campo de la corrupción, si bien con los niveles altos de corrupción históricos del Perú, el gobierno de García mostro avances anticorrupción muy cercanos a los de Paniagua. A su vez los gobiernos electos en coaliciones políticas de calificados de “Republicanos” como Toledo y Humala mostraron retrocesos en los niveles de CC. El caso de Humala es llamativo puesto que llevo los indicadores de Control de Corrupción a los niveles más bajos alguna vez medidos y se dio un deterioro mayor que todos los avances registrados desde la caída de Fujimori.

Un análisis de correlación entre el indicador de Libertad Económica y el Efecto Institucional Neto muestra que el caso peruano no existe una correlación significativa con Control de la Corrupción (CC), el Imperio de la Ley (RL) o la Estabilidad Política (PS). Estos aspectos de la calidad institucional de un país parecen ser independientes de que tan a favor del libre mercado sea el Perú.

Los únicos casos en los que se encuentran niveles de asociación relevantes positivos es en el caso de Rendición de Cuentas (VA), Efectividad de Gobierno (GE) y Calidad Regulatoria (RQ). Es decir, en el Perú, la libertad económica se encuentra asociada a mejoras a los indicadores de calidad institucional o no tiene relación respecto a ellos.

Se puede considerar que la data peruana no es suficiente para arribar a conclusiones definitivas. Sin embargo, es mejor fundamentar posiciones respecto a algún grado de evidencia que respecto a antipatías o simpatías políticas, por más populares que sean en un determinado sector social.

Queda bastante claro, por la información mostrada, que no existe un sector “Republicano” que haya sido capaz de ejecutar reformas anti corrupción efectivas. En todo caso creer que entregar el control de la reforma judicial a sectores que se proclaman abanderados de la anticorrupción llevaría a resultados positivos es algo que choca contra la experiencia.

La evidencia mostrada parece indicar que cuando los sectores asociados al término “caviar” detentan un mayor control sobre las instituciones lo que se da es un retroceso en la capacidad de la sociedad para controlar la corrupción. Además, la Efectividad del Gobierno, imprescindible para una redistribución social efectiva, también se ve socavada. Además, las mejoras dadas durante el gobierno de Paniagua no se deberían a la existencia de acciones de un sector “Republicano” con “horizonte programático” sino seria resultado natural de la reinstauración del equilibrio de poderes tras la salida de un régimen autoritario y con corrupción generalizada, algo que se hubiera dado bajo casi cualquier gobernante en transición.

Sin embargo, hay quienes han estudiado, mediante métodos estadísticos solidos, la relación entre corrupción, crecimiento económico y libre mercado. Y las conclusiones de sus estudios no concuerdan con las premisas que han encontrado una voz florida en Vergara.

En el artículo “¿Hortelanos o republicanos?” el autor afirma: “Entonces, ¿por qué en estas últimas dos décadas hemos crecido económicamente mientras la vida pública se pudre por los cuatro costados? Porque como mandaba el catecismo, la inversión era “lo único” que nos haría progresar. Por gracia divina modernizadora, ella se convertiría en mejores instituciones. O, como repetía Jaime de Althaus en su libro del 2011 (¡citando a un marxista!): Sin burguesía no hay democracia. Ese es el corazón del mito hortelano.”

Pero resulta que hay evidencia de que el crecimiento económico sí genera, por si mismo, un mejor control de la corrupción.

• En un estudio[4] titulado “El Crecimiento Económico Reduce la Corrupción?” se muestra como el crecimiento causa una reducción en el porcentaje que los sobornos representan de los ingresos las empresas.
• Así mismo, en “Las Reformas de Mercado Brindan a las Reformas Anticorrupción una Mayor Fuerza: La Evidencia China”[5], se señala que la liberalización económica genera un incremento en los sectores de la elite deseosos de reformas anticorrupción.

Los estudios citados concluyen que el liberalismo económico genera una correlación de fuerzas sociales y políticas más hostiles a la corrupción.

Esto no implica que no habría que luchar contra la corrupción y que la misma no sea una tara para el desarrollo social y económico del país. Pero lo que queremos afirmar es que no existe una disyuntiva entre desarrollo institucional y liberalismo económico y que inclusive la evidencia señala que de darse una asociación esta seria de signo contrario.
En los años 80s la inestabilidad macroeconómica y el fenómeno terrorista impulsaron por parte de la sociedad la generación de reformas y propuestas respecto a cómo responder a semejantes desafíos. De las reacciones de la sociedad a esos dos fenómenos, influenció la naturaleza de las respuestas en políticas públicas que posteriormente se implantaron y que dinamizaron la economía del Perú y la expansión de la clase media.

El reto que enfrenta el Perú actual es la construcción de instituciones políticas sólidas que no se dediquen a utilizar el poder el Estado para canalizar riqueza a actores privados y a grupos privilegiados de la burocracia. De las ideas predominantes en la sociedad al momento de realizar las reformas dependerá el tipo de instituciones que definirán por décadas el tipo de proceso de desarrollo que seguirá el país. Por ello es necesario que las ideas al respecto se fundamenten en evidencias y no en las antipatías y simpatías políticas. Lampadia

(Artículo 2 de una serie de 3)
Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La legitimidad de toda actividad económica se juega a lo largo del tiempo, en una lucha que se da todos los días del año y durante muchos años. Esta depende de las opiniones que se van construyendo por líderes de opinión, sociedad civil, medios de comunicación, y público en general. Los pos-extractivistas (grupos contrarios a la actividad minera y al crecimiento productivo en general) y sus aliados están en una lucha de largo plazo para inviabilizar o restringir la mayor parte de la inversión minera en grandes proyectos.

Muchas empresas confiadas en su poder económico y en sus contactos con el Estado y con las elites políticas, creen que estos activistas no serán capaces de afectar sus actividades. El efecto individual de las diversas iniciativas de las organizaciones anti-mineras en el corto plazo puede ser débil pero su dedicación y esfuerzo sostenido terminan teniendo un gran efecto en el largo plazo.

El efecto acumulado del activismo anti-minero termina afectándoles, ya sea por la paralización directa de proyectos mineros o por el incremento del riesgo social que enfrentan sus proyectos. Ese riesgo implica que dichos proyectos se posterguen por muchos años y que requieran de mayores tasas de rentabilidad para tener acceso para financiamiento. El resultado de esas postergaciones o paralizaciones es el freno al desarrollo del país.

Hemos identificado tres iniciativas que los anti-mineros están desplegando en estos momentos. Todas buscan erosionar la legitimidad del sector minero. Esas iniciativas son:

• “La vida no vale un cobre”
• “Criminalización de Defensores”
• “Devoluciones Mineras”

Cada una de estas iniciativas se articula alrededor de una herramienta central (estudio o documental), para posteriormente generar derivados comunicacionales que llegan a los líderes de opinión, canalizando sus ideas a la prensa, para terminar impactando sobre la opinión pública y sobre los políticos.

Con esas campañas los grupos hostiles a la minería van creando paulatinamente una opinión negativa respecto al sector minero en el periodismo, en el Estado, en la juventud y en la población en general. Esta opinión negativa termina afectando a la industria de diversas maneras: predispone a periodistas en contra la industria, fomenta que políticos hagan leyes hostiles y promueve que funcionarios públicos hagan regulaciones adversas a la minería. Esas campañas, además, sirven de estrategias para la captación de fondos y para capturar cuadros entre la juventud peruana.

En un artículo anterior hablamos de la campaña “La Vida no Vale un Cobre”. La segunda iniciativa identificada consiste en la campaña “Criminalización de Defensores” que tiene por efecto, de ser exitosa, generar condiciones de un mayor nivel de impunidad a los activistas anti-mineros frente a potenciales acciones violentas o de uso de fondos públicos.

“Criminalización de Defensores”:

Parte del accionar de los anti-mineros consiste en la realización de acciones ilegales, muchas veces violentas, como bloqueo de carreteras, uso de fondos públicos para financiar sus actividades, intimidación física de la población, destrucción de propiedad privada, usurpación de terrenos y detenciones arbitrarias. Los casos en los que se ha manifestado esta clase de acciones han sido numerosos.[1]

Las acciones ilegales descritas son útiles a los anti-mineros en múltiples aspectos. Les permiten obtener recursos, generar ocasiones de violencia que favorecen su victimización, generar imágenes de caos que derivan en costos políticos que doblegan la voluntad política del gobierno central y hacer uso de la fuerza para consolidar su hegemonía política local. Si los anti-mineros tuvieran que enfrentar el imperio de la ley, en el grado que se da en otras latitudes, su capacidad para ejercer presión política y obtener recursos se vería severamente disminuida. Por ello, la impunidad para sus actos ilegales es sumamente importante.

Por supuesto, los anti-mineros no lo ven así. Ellos se imaginan enfrentando un orden legal injusto y un aparato represivo del Estado, que se encuentra al servicio de las empresas mineras y contrarios a los derechos de la población. Por ello, las medidas del Estado contra dirigentes anti-mineros responsables de acciones violentas e ilegales son consideradas por ellos y sus aliados como la “criminalización de la protesta social”.

En el caso de esta campaña, el producto que aglomera sus argumentos discursivos es el documento: “Una receta para criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”[2]

La propuesta principal del texto, de acuerdo a la sumilla de presentación, es:

“Las personas defensoras de derechos humanos que ejercen su trabajo en relación con el acceso a la tierra y los derechos al territorio y al medio ambiente en Perú y Paraguay realizan sus actividades en contextos hostiles. En ambos países, los individuos y las comunidades que luchan por proteger el agua y acceder a la tierra son estigmatizados y su labor es desacreditada a través de declaraciones públicas y rumores. Sus comunidades son desalojadas a la fuerza de donde viven o enfrentan el riesgo de ser desalojadas sin las debidas garantías. Finalmente, las personas defensoras enfrentan procesos penales injustos e infundados. Son procesadas y juzgadas sin pruebas por delitos relacionados únicamente con su trabajo de defensa de los derechos humanos. Estos son los ingredientes de la receta para socavar su trabajo e impedirles seguir con la defensa de los derechos humanos.”

Es de resaltar que entre los supuestos abusos sufren estos defensores se encuentran la “estigmatización” que parecería ser la expresión pública de opiniones que entren en severa contradicción con la imagen que el activismo anti-minero plantea dar de estos personajes.

Un ejemplo de lo que se considera como estigmatización es el siguiente fragmento del texto de Amnistía.

A entender de Amnistía, caracterizar a Máxima Acuña de ser una ocupante ilegal, cuando ocupa terrenos que en Registros Públicos están a nombre de Minera Yanacocha, se trata de un acto de agresión a un defensor de los derechos humanos. Esta definición de “estigmatización” se encuentra muy extendida entre algunas organizaciones de derechos humanos para quienes ciertos personajes y actores sociales tienen un valor totémico, son intrínsecamente incapaces de acciones inmorales mas allá de las pruebas, y sus actos deben ser vistos más allá de la ley.

En su segmento de Recomendaciones se hacen un conjunto de peticiones a las autoridades para bridar un status especial a las personas consideradas por ellos y algunas organizaciones ideologizadas, como defensores ambientales. Bajo ese status especial, muchas de sus acciones ilegales en el marco legal de los países, como bloquear una carretera, paralizar actividades económicas de terceros y generar millonarias pérdidas a empresas mineras, serian considerados como parte del ejercicio legítimo de las funciones sociales de un defensor ambiental. Con ese status especial, esas personas son puestas por encima de las otras personas, de las leyes y de las instituciones del país.

Las personas consideradas como “defensores criminalizados” en esta campaña consisten en personajes difusores de la narrativa antiminera ya sea como activistas antimineros o como iconos funcionales para sus fines comunicacionales. Entre los “defensores” cuyos casos son visibilizados se encuentran Oscar Mollohuanca quien fuera protagonista principal de la conflictividad social antiminera en Espinar Cuzco, Cesar Estrada activista antiminero acusado por extorsión y secuestro, y Máxima Acuña, cuyo ícono es funcional a una estrategia de desprestigio generalizado del sector minero.

Esta campaña no se remite únicamente a un documento de Amnistía Internacional. El libro de Rocío Silva Santisteban, “Mujeres y Conflictos Eco-territoriales en América Latina”[3], ha sido presentado en múltiples ciudades del país con cobertura mediática de grupos hostiles a la minería, el libro hace hincapié en la victimización de las “defensoras” frente a supuestos abusos impulsados por empresas mineras, obviamente Máxima Acuña es una protagonista en el texto.

También la organización APRODEH toma acciones en su reporte ““La situación de los derechos humanos en el Perú. Balance y perspectivas desde el mecanismo del examen periódico universal 2017”[4] En dicho reporte se hace mención de la existencia de un proceso de persecución judicial contra los defensores de derechos humanos entre los cuales se encuentran activistas anti-mineros como Milton Sánchez, quien dirige la organización anti-minera Plataforma Interinstitucional Celendina en Cajamarca.

El Instituto de Defensa Legal también realiza acciones alineadas con esta campaña, en su programa radial “No hay Derecho” que es transmitido en las mañanas de lunes a viernes tanto en Lima como en múltiples ciudades del interior. En cada pausa de dicho programa se transmiten spots donde líderes anti-mineros tipificados como “criminalizados” denuncian que sufren persecución e instan a los oyentes a unirse a una campaña en su defensa.

En numerosas audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha llevado a activistas anti-mineros para que brinden sus versiones ante los magistrados de dicha corte.

Mientras los anti-mineros despliegan múltiples campañas, el Estado Peruano no es capaz de contar una historia alternativa que logre justificar su accionar como defensa de la ley y de los pilares de un orden social democrático.

La presentación de documentos no es el único resultado de esta campaña, con ella se entra en contacto con líderes de opinión, funcionarios del Estado, Congresistas e instancias internacionales (Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ejerciendo influencias en personas con roles críticos en todos esos niveles.

Esto tiene un conjunto de consecuencias potenciales y reales. Presiona a los jueces a dar fallos favorables a los anti-mineros, fomenta una cobertura hostil de la prensa hacia el sector minero y propicia cambios institucionales o regulatorios que dificultan el imperio de la ley en zonas mineras. El objetivo legal definitivo consiste en que se brinde a los “defensores ambientales” un estatus legal especial en el que el grado de impunidad para potenciales actos delictivos se eleve ostensiblemente.

Mientras esta iniciativa se despliega con múltiples líneas de incidencia simultanea el sector minero no realiza acciones efectivas destinadas a justificar legal y éticamente su accionar ni a visibilizar el alto grado de impunidad del accionar violento de muchos antimineros. Una vez más, el sector y sus organizaciones, da muestras su incapacidad para percibir la importancia del la “superioridad moral” en el conflicto político prolongado en el que, a pesar de no quererlo, se encuentra involucrado. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Editado por Lampadia

Contra lo que se reporta en los medios, los promotores del pos-extractivismo siguen muy activos. Por ejemplo, entre el 13 y 15 de junio pasado, la RedGE y CLAES de Uruguay, organizaron varios eventos sobre “Desarrollo y Nuevas Alternativas”, en San Marcos, la PUCP y en el local de San Isidro de la fundación alemana, Friedrich Ebert. Presentaron a académicos-activistas tales como el uruguayo Eduardo Gudynas, Francisco Rhon de Ecuador y Gladis Villa de Onamiap. El jueves15, José de Echave, Jefe de la ONG antiminera CooperAcción (Programa de Derechos Colectivos e Industrias Extractivas), explicó lo que a su entender son las “narrativas” con las que el “Modelo Extractivista” (que según ellos rige en el Perú), trata de legitimarse.

Además, participaron Javier Jahncke de la Red Muqui, Vladimir Pinto de Oxfam, Fabiola Yeckting de la UNMSM y Lucio Cuenca del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) de Chile.

Fuente: Twitter de RedGe[1]

Las tres “narrativas” que se atribuyen a los defensores del “extractivismo” son las siguientes:

1. El modelo neoliberal: con especial incidencia la inversión minera, explica el “boom” de crecimiento y reducción de pobreza.
2. La tramitología enfrentada por el sector minero es excesiva y retrae la inversión del  sector.
3. En el quinquenio anterior se perdieron ingentes inversiones mineras.

Para combatir estas “narrativas” vertieron los siguientes tres argumentos:

1. Lo que explica el reciente ciclo de crecimiento económico en el Perú ha sido la mejora en los términos de intercambio comercial[1]. El cambio del modelo económico de los años noventa, no explica el cambio en el patrón de crecimiento.
2. La tramitología no afecta de manera negativa a la inversión minera.
3. El anterior quinquenio fue de apogeo de las inversiones mineras.

Para fundamentar estos argumentos se mostró como evidencia la siguiente información:

1. Para el primer argumento, la línea de tiempo de crecimiento económico del país de manera paralela a la de los términos de intercambio con lo que se puede percibir claramente como las épocas de crecimiento económico se encuentran asociadas a mejoras en términos de intercambio y el caso inverso en caso de deterioro de dichos términos.
2. Para el segundo argumento, se mostró que la retracción en la inversión minera había sido un fenómeno global ocurrido en múltiples países con regímenes regulatorios diversos.
3. Para el tercer argumento, se brindó las cifras de inversión del quinquenio de Ollanta Humala y se evidencio que las mismas eran mayores a las de las presidencias anteriores.

Estos argumentos aparentan solidez, sin embargo, no resisten una revisión más profunda tanto por su coherencia lógica, como por la evidencia que aporta la información disponible.

En este artículo veremos laprimera narrativa de los pos-extractivistas (1 de 3), con la cual pretenden “Desmentir el Milagro Peruano”[2].

Términos de intercambio y crecimiento

(Lo que explica el reciente ciclo de crecimiento económico en el Perú ha sido la mejora en los términos de intercambio comercial^[3]. El cambio del modelo económico de los años noventa, no explica el cambio en el patrón de crecimiento).

Es indudable la existencia de una asociación entre los términos de intercambio y las fluctuaciones económicas. En el caso del Perú esta asociación es tan clara que se puede percibir gráficamente al poner en paralelo las tasas de crecimiento y la tasa de cambio en los términos de intercambio en las últimas décadas. Esto es un poderoso indicador del efecto de los precios internacionales sobre el crecimiento en un periodo dado.

Sin embargo, De Echave salta a dos conclusiones de manera aventurera:(1) los términos de intercambio son el principal determinante de las diferencias en crecimiento económico de largo plazo en una economía primario exportadora como la nuestra, y (2) el modelo económico de libre mercado no ha generado una mejora relevante en el desempeño económico de largo plazo del Perú.

Veamos la pobreza de los argumentos de De Echave.

• Entre 1980 y 1990 los términos de intercambio tanto de Perú como de Chile decayeron ambos en cerca de 54%, sin embargo, durante ese periodo el ratio entre ingreso per cápita de Chile sobre el de Perú paso de1.1 a 1.72. En el caso peruano, la exportación de minerales representaba el 47% del total, y en Chile, lo era de 54%. La gran diferencia entre ambas economías estriba en la diferencia entre los regímenes económicos de ambos países, mientras Chile mostraba un indicador de 6.85 en el Índice de Libertad Económica del FraserInstitute[4] hacia 1990, y el Perú mostraba uno de 3.87.
• En Chile había inversión privada, en el Perú brillaba por su ausencia. Los principios plasmados en el famoso “Consenso de Washington” fueron decisivos para explicar semejante diferencia en desempeño a favor de Chile. Las diferencias en las trayectorias seguidas tanto por Chile como por el Perú, dos economías primario exportadoras, se sostienen en sus respectivos modelos económicos y no en el entorno internacional, como afirma De Echave.
• En los años 80, el Perú dejó de invertir y crecer, perdiendo oportunidades que sí aprovecharon países como Chile, Australia y Canadá, que crecieron más que el Perú (que creció menos que el promedio del mundo).
• Una vez que el Perú abrió las puertas a la inversión minera, cuyos proyectos son de larga maduración, el país estuvo listo para cosechar los beneficios del súper-ciclo de los commodities. Si el Perú hubiera seguido entonces, los consejos que ahora pretenden imponer los pos-extrativistas, no hubiéramos recibido nada del boom de precios. Se habrían perdido ingresos superiores a US$ 200,000 millones. ¿Cómo habría evolucionado la pobreza?
• Entre 1998 y el 2013 los términos de intercambio de Perú y Venezuela mejoraron 62% y 399% respectivamente^[5]. Sin embargo, entre 1998 y el 2016, el PBI per cápita peruano creció 158% y el venezolano solo 15%.
• Lejos de las décadas perdidas hasta los 80’s, el modelo peruano se mostró muy superior a los modelos estatistas como el venezolano, a pesar de que se dieron  mucho mejores términos de intercambio, que desperdiciaron miserablemente.

Como se puede observar en el cuadro[6]relativo a “Precios de commodities y desempeño económico”, el Perú tuvo un crecimiento económico, bastante mayor al de otros países sudamericanos que enfrentaron mayores mejoras en los precios de materias primas Argentina y Brasil, con modelos económicos claramente más estatistas que el peruano tuvieron un crecimiento económico inferior al nuestro. El modelo económico sí importa y Perú ha mostrado un crecimiento muy superior al que se deduciría tan solo por su mejora en términos de intercambio, pues además del crecimiento mismo, logró una reducción notoria de la pobreza y de la desigualdad.

Un estudio[7] de Liliana Rojas Suarez analiza la capacidad de las economías emergentes para resistir los shocks externos, encuentra que la economía peruana tiene una mayor “resiliencia” que muchas otras. El modelo económico y las reformas estructurales claramente resultaron tener efecto positivo en la capacidad de la economía para resistir las perturbaciones económicas en el exterior. Para esta investigación se generó un indicador compuesto que agrega la vulnerabilidad de la economía a shocks externos en múltiples dimensiones financieras, fiscales, balanza de pagos y sistema financiero. Perú destaca sobre países tales como Argentina o Brasil que siguieron la ruta “progresista”.

En conclusión, hay evidencia bastante sólida de que la destacada trayectoria de la economía peruana, frente a la de otros países latinoamericanos se sostiene en un modelo de desarrollo que logra mejores indicadores de crecimiento, pobreza y desigualdad. Además, éste modelo ha permitido aprovechar mejor el entorno económico favorable y asimismo, resistir de mejor manera el embate de condiciones externas adversas. Lampadia

Contra viento y marea, el Lampadia seguimos denunciando las acciones políticas de los grupos anti-mineros que también llevan su prédica manipuladora y mentirosa fuera del Perú. Así   siembran sus mensajes en los organismos internacionales, que luego les sirven para validar sus planteamientos en los medios locales y con las ONGs extranjeras que los financian.

Estos activistas, con la careta de los derechos humanos, se despachan con falacias como:

• El Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden
• En el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras
• “Después de 23 años seguimos siendo el departamento [Cajamarca], más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia”

Fuente:  muqui.org

Se desprestigia al Estado; no se explica que la policía debe proteger la producción del país, en espacios donde los anti-mineros, atacan constante y violentamente las instalaciones productivas; y se oculta el origen del empobrecimiento de Cajamarca, que con el potencial de ser uno de los departamentos más ricos del Perú, ha transitado hacia la pobreza por las acciones políticas de los anti-mineros, con todo tipo de violencia: extorciones, amenazas, ataques, asesinatos, coerción y por supuesto campañas de medios para falsear la realidad. (Ver en Lampadia: Tía María, un paso hacia un ‘Estado Fallido’). Tampoco explican que otro departamento (Apurímac), que sí permitió el desarrollo de la mineria moderna, ha reducido la pobreza aceleradamente, desde el período de construción de una de las inversiones más importantes del país, como Las Bambas.

Pero, peor aún que las mentiras de los agentes del empobrecimiento del país, es la débil representación del Estado, con presentaciones débiles y reactivas, así como la ausencia en estos foros, del gremio minero, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), que está obligado a ejercer una representación proactiva y asertiva de la industria minera, una actividad fundamental para el futuro de los peruanos.

Veamos la nota de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq:

Camilo Ferreira y Rómulo Villegas
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 25 de Mayo en Buenos Aires se dio la 162 sesión de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tema tratado fue “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en el Perú”.  En él se presentaron exposiciones de representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CCNNDDHH), Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) e Instituto de Defensa Legal.

Fuente:  muqui.org

Exposiciones de las ONG’s

1. Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Para ella el Estado aplica un conjunto de medidas que propician la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Entre los hechos denunciados se encuentran la aludida  existencia de Estados de Emergencia preventivos, el decreto 1095 que facilita el despliegue de Fuerzas Armadas fuera del Estado de Emergencia e impunidad de las fuerzas del orden frente a potenciales violaciones de derechos humanos (habiéndose dado tan solo una sentencia |por excesos policiales en conflictos sociales).

2. Maritza Quispe del Instituto de Defensa Legal.

Para ella, en el Perú se ha privatizado la función policial a través de convenios de cooperación entre la Policía Nacional y las Empresas Mineras. Afirmó que en dichos convenios se establece la forma de proceder frente a los conflictos sociales. En estos convenios se establecen pagos a los policías y la misma institución. Se proclamó la existencia de 112 convenios entre empresas mineras y la PNP. Para Quispe estos acuerdos fomentan un accionar violador de los derechos humanos por parte de la policía en el contexto de los conflictos ligados al sector extractivo.

3. Milton Sánchez de la PIC

El último en declarar por parte de las ONGs fue Milton Sánchez que representa a una organización protagónica de las movilizaciones contra el proyecto de Conga. Sánchez afirmo:

“Ellos plantean construir reservorios como alternativa, pero esta tecnología no ha funcionado. Hemos recibido a cambio difamación en los medios de comunicación como Perú21. Han planteado construir centrales hidroeléctricas por la energía. Nosotros estamos en una situación muy vulnerable y hemos sido víctimas de la entrada del ejército y la policía. Los casos han sido archivados, pero a nosotros los procesos judiciales avanzan. Tenemos 23 años de extracción minera, y no hay desarrollo. Después de 23 años seguimos siendo el departamento más pobre, ese desarrollo nunca llegó, contaminación, enfermedades, nosotros venimos a advertir de lo que pueda ocurrir en nuestra provincia.”

Estas son las tecnologías que Sánchez afirman “no han funcionado”. (Foto: Yanacocha.com)

En síntesis, la CIDH recibió por parte de los expositores peruanos elementos de la narrativa antiminera plenamente identificables, muchos de ellos con poca conexión con la realidad. Las afirmaciones de Milton Sánchez han sido bastante llamativas al respecto. ¿En base a qué pruebas Milton Sánchez afirma que lo reservorios son una tecnología que no ha funcionado? En Cajamarca, los reservorios Chailhuagón y San José son claras muestras de como la minería tiene el potencial de incrementar la disponibilidad de agua para la población. Por otro lado los efectos reductores de la pobreza de la minería han sido identificados en múltiples estudios estadísticos.[1]

Sánchez invisibiliza los temas de corrupción como obstáculo al desarrollo y asigna la responsabilidad exclusivamente al sector extractivo. Los gobiernos locales y regionales perciben un canon minero como parte de las rentas e ingresos para el Estado. Según CPI (2017) la población asigna a los Gobiernos Regionales un 7.4 entre 10 en temas de corrupción, siendo 10 lo más corrupto. Cabe resaltar que la corrupción implica un serio obstáculo para el desarrollo (en ámbito económico y social) y que no solo compete de las “actividades extractivas”. Además, debilita estructuras institucionales (incluyendo la policía), la gobernanza y los Derechos Humanos que a su vez debilitan las instituciones públicas. No se trata entonces de desligar responsabilidades en temas de corrupción, sino ver lo que realmente está fallando.

Se ha retratado al sector extractivo como propiciador de la violación de derechos humanos de la población local y degradadora del medio ambiente. Según estas versiones, se coopta a los organismos de seguridad del Estado mediante los Convenios de Cooperación poniendo a la policía a las órdenes de las mineras y dirigiéndolas hacia la represión violenta de la población.

Esta narrativa de la “Policía Mercenaria al Servicio de la Empresas Mineras”[2] tiene un conjunto de condiciones de las que depende su veracidad. Se asume que, al brindar las mineras soporte logístico y económico a la policía que protege sus instalaciones, los efectivos policiales se supeditarán a las órdenes de la Empresa. Parece obvio asumir que quien paga a alguien lo controla. Sin embargo lo que genera el control no es pagarle a alguien, es la capacidad de disponer del pago a libre voluntad. La Policía Nacional depende del Ministerio del Interior, y actúa en el marco de la ley. Empresa minera no puede amenazar a la policía con no renovar el contrato si no obedece sus órdenes puesto que no estaría dispuesta a amenazar sus propias condiciones de seguridad; ni puede decidir quién será el beneficiario de los pagos.

Se asume que este “control” de la policía por parte de la Empresa propiciaría la realización de abusos de derechos humanos. Según IDL, CNDH y la PIC las Empresas mineras usarían este control para fomentar que conductas abusivas hacia la población por parte de la población. Para que esta versión fuera cierta, las empresas mineras deberían considerar que la represión violenta de los manifestantes les es beneficiosa. La verdad es que si algo preocupa a las grandes trasnacionales mineras es verse involucradas en conflictos mineros con violaciones de derechos humanos y fatalidades. Las fatalidades en muchos casos anteceden a la paralización de proyectos, escalan los conflictos a mayores niveles de movilización, producen demandas judiciales o a la emisión de regulaciones más estrictas.  Es decir según los antimineros las empresas extractivas ejercerían el control -que no tienen- sobre la policía hacia un mayor abuso de la población –que les perjudica financieramente. Esta acusación tiene poco fundamento, pero forma parte del credo de gran parte de los antimineros y de múltiples líderes de opinión.

Exposición del Estado Peruano

El primero en exponer por el Estado Peruano fue Iván Bazán, Procurador Adjunto Supranacional. Él se dedicó a describir la institucionalidad ligada al mantenimiento del orden público y al cumplimiento formal de un conjunto de procedimientos legales. Afirmó que al Estado le preocupa la conflictividad social, que mantiene espacios de diálogo, y que toma medidas –que no fueron descritas–  para prevenir los abusos de derechos humanos. Afirmó que no existen 112 sino 10 convenios vigentes entre la policía y las empresas mineras.

También expuso la Fiscal Superior Luz del Carmen Ibáñez ella describió el Estado actual de varios de los casos judicializados que fueron mencionados en las exposiciones de las ONGs y afirmó que el Estado persigue los ilícitos vengan de donde vengan.

Las intervenciones del Estado Peruano tuvieron como componente principal el negar las acusaciones realizadas por las ONGs con baja solidez argumentativa, en ningún momento se denunció que la seguridad brindada a las empresas mineras obedece a los reiterados saqueos y acciones vandálicas que han sufrido las operaciones mineras, afectando gravemente la producción nacional. Los casos de Tambo Grande, Hudbay y Conga nos muestran claramente que gran parte de las manifestaciones antimineras distan de ser manifestaciones pacíficas por lo que cierto grado de control policiaco es necesaria para evitar que la violencia se desborde.

Implicancias

¿Cuál es el interés de las ONG´s frente a la Comisión? En primer lugar la participación de estas organizaciones en estas audiencias deviene en un “entregable” frente a sus donantes, estas presentaciones facilitan la obtención de fondos por parte de estas organizaciones, fondos que en parte serán dedicados a debilitar la legitimidad del sector extractivo.

Por otro lado las declaraciones, medidas cautelares, peticiones y fallos de la CIDH terminan ejerciendo presión sobre el Estado, por un lado golpeando su reputación y en el caso más extremo mediante litigios estratégicos. Recordemos que la visita la ministra Marisol Pérez Tello a Máxima Acuña se justificó en medidas cautelares solicitadas por la CIDH.

Las acciones de la CIDH terminan sirviendo de recurso discursivo a los antimineros, para darle mayor credibilidad a sus argumentos.  Luego pueden argüir que las acciones de las Empresas y del Estado Peruano están desafiando la institucionalidad internacional de derechos humanos.

Las acciones de incidencia de antimineros e indigenistas radicales frente a la CIDH no son gestos vacios, sirven para ir construyendo activos estratégicos de largo plazo en la disputa por la legitimidad del sector extractivo en el Perú. Lampadia

Cada día va quedando más claro que detrás de los conflictos, como quiera que se les llame, hay varias agendas y jugadores que están muy lejos de expresar protestas y propuestas de buena voluntad.

Los recientes eventos de Puente Piedra, no dejan dudas de la presencia de elementos anti sociales que deben responderse firme e ingeniosamente. El ejecutivo debe plantear un compromiso público anti impunidad por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo y crear los mecanismos que nos permitan superar situaciones como las de la primera marcha en Puente Piedra, donde, mientras el Ministro del Interior denunciaba la presencia de senderistas, el Sistema Judicial liberaba a todos los detenidos.

En la segunda marcha el Ejecutivo se puso las pilas, uso ‘drones’, aseguró elementos probatorios y tras la liberación de la mayoría de los intervenidos hasta ahora quedan algunos detenidos. Pero no sabemos por qué no se aplican los procesos de flagrancia. Esperemos que este esfuerzo del Mininter rindan frutos subiendo el costo del delito.

Estimados lectores, especialmente los que se sienten lejos del tema minero, lo de Puente Piedra permite entender algunos aspectos de todo tipo de conflictividad. Empecemos a seguir las noticias de la parálisis de la inversión minera, pues solo la opinión pública puede legitimar las necesarias y difíciles acciones que requiere tomar el Estado para superarla.

Gregorio Santos y la izquierda se suman a protesta por peaje. Fuente: Correo

Minería y Conflictividad Social 2017

Camilo Ferreira y Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El primer semestre del gobierno de PPK nos ha permitido ver algunos elementos de la manera cómo el presente gobierno enfrenta y enfrentará la conflictividad social ligada a la gran minería. El Adelanto Social es el más visible de sus instrumentos. El Adelanto consiste en una intervención pro desarrollo realizada por Estado en el entorno de los proyectos mineros de manera previa a que entre en operación.

La premisa del gobierno es que ese Adelanto permitirá que el entorno social perciba los beneficios de tener un proyecto minero de manera previa al pago de Canon por parte de las empresas. Supuestamente, esto facilitaría un mayor grado de confianza de la población local en el gobierno nacional y permitiría articular intereses locales con el porvenir del proyecto en las fases iniciales del proyecto. El Adelanto social es útil, pero sólo impacta sobre las expectativas de los sectores moderados, y no reduce las dinámicas locales de extracción de rentas o réditos políticos, así como la propagación de la narrativa anti-minera entre la población. Por ello podemos esperar que el Adelanto sea, como máximo, una herramienta de efectividad parcial sobre la conflictividad. Sin los otros elementos, el Adelanto puede dar una idea de seguridad al gobierno, pero puede fracasar en prevenir los conflictos.

Los casos de Saramurillo, Las Bambas y Chumbivilcas han sido bastante informativos respecto a las políticas de facto de este gobierno frente a acciones de fuerza existente o potenciales. En todos estos casos la reacción del gobierno ha sido la instalación de una Mesa de Dialogo con participación ministerial, a veces con la participación de varios ministros. Estas mesas han sido efectivas en la desmovilización temporal de protestas y bloqueos, pero también han servido para legitimar y empoderar a los líderes de las posturas radicales.

En aquellos casos en los que las agendas de los movilizados y los objetivos del Estado no se encuentran muy distanciados, las mesas de diálogo pueden ser útiles para facilitar una convergencia entre las partes. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales las agendas de los movilizados están sumamente enfrentada a los objetivos del Estado, difícilmente estas mesas llevaran a una mayor viabilidad de los grandes proyectos de inversión.

Por el contrario, la Mesa puede transformarse en un mecanismo mediante el cual se le da representatividad legítima a actores sociales y políticos claramente anti-mineros. Adicionalmente las Mesas facilitan asociar -frente a la opinión pública-  a los ministros a los resultados del dialogo. Lo que los hace políticamente responsables de lo que ocurra y ello genera vulnerabilidades al gobierno e incrementa la capacidad de los anti-mineros para infligir costos políticos a los miembros del gabinete. 

Estas Mesas, hasta ahora, se realizan mientras el Estado no realiza ningún esfuerzo efectivo por implementar el imperio de la ley en las zonas de conflictos o contrarrestar la influencia de la narrativa anti-minera. En los últimos meses se ha visto el archivamiento de las denuncias a todos los dirigentes de las violentas protestas en el caso Conga, la liberaciones sistemáticas tras los desmanes en Puente Piedra, la continuidad del bloqueo del acceso principal a “Las Bambas” sin ninguna respuesta del Estado, la falta de castigo a quienes bloquearon el Marañon en Saramurillo, etc. La impunidad frente a los actos de violencia en la protesta social es prácticamente total y no se percibe una estrategia efectiva para abordar este problema.

Lo que Podemos Esperar

En el caso de Las Bambas hay una clara brecha entre la propuesta del Gobierno y las demandadas de la Plataforma de Lucha firmada por múltiples autoridades, frentes de defensa y organizaciones sociales de las provincias de Grau y Cotabambas. En el caso del Gobierno, el mismo propone financiar un plan de desarrollo con un valor estimado de 2,000 millones de soles y el asfaltado de la ruta de los camiones que llevan el mineral de Las Bambas. En el caso de la Plataforma de Lucha se solicita una participación de 50% del valor de la producción de Las Bambas (un imposible económico), una repetición de los trámites ya aprobados y la renegociación de los acuerdos que la Empresa ha tenido con las comunidades en su entorno.

Lo que hace más complejo el caso, es que la participación en la producción de la empresa ha sido una parte integral discurso de los líderes del movimiento social en Cotabambas. Ahora, dicho liderazgo no puede renunciar fácilmente a semejante pedido sin socavar su propia imagen frente a sus bases. Por ello es esperable que en algún momento se reinicien las acciones de fuerza mientras se sostenga la amplitud de la brecha entre la propuesta gubernamental y las demandas de las organizaciones sociales, y el Estado deje la sensación de que el uso de la violencia no tiene costos para quienes la aplican.

En el caso de Tía María el Gobierno apuesta por la represa de Paltiture (que incrementaría el acceso de agua para la población del valle del Tambo) como eje de una solución al rechazo de la población hacia el proyecto Tía maría. El problema es que la presa por si sola no alteraría las actitudes de la población hacia el proyecto de Tía María, ni sus temores hacia el impacto ecológico del proyecto en el valle del Tambo. Si la preocupación por una potencial disputa por el agua entre la mina y los pobladores fuera la única causa del rechazo, el aviso que hizo la empresa de que utilizaría agua desalinizada hubiera tranquilizado a la población, sin embargo, esa tranquilidad no se dio.

A estas alturas, las condiciones sobre el terreno manifiestan una correlación social adversa hacia el proyecto y muestran la efectividad del trabajo de “agitación y propaganda” por parte los anti-mineros en Islay y en Cocachacra en particular.  Un estudio de la Asociación Civil Labor[1] muestra que un 72% de la población es partidaria de la suspensión del proyecto y un 87% desea la revisión de EIA del Proyecto por un tercero. En el distrito de Cocachacra, el epicentro del conflicto, la suma de los votos de Gregorio Santos y Verónica Mendoza llega a 59%, mientras que el resto de Arequipa llega al 29% esto nos señala que el conflicto por Tía María ha afectado claramente las dinámicas políticas en su entorno cercano. Esto es un poderoso indicador del grado en el que la narrativa anti-minera ha calado. En esta narrativa la actividad minera afectaría gravemente a la agricultura y la salud de la población, y acabaría o contaminaría las fuentes de agua, además de exponer al agro y la población a polvos tóxicos originados en el tajo minero. Por otro lado, dentro de esta narrativa, el Gobierno Central se haya supeditado a las Empresas Mineras por lo que su rol de fiscalización y control no es confiable.

Para quienes consideren que la minería les traerá semejantes afectaciones, la construcción de importantes obras de infraestructura es un factor desmovilizador poco efectivo frente a los temores a lo que se percibe como una amenaza devastadora a la agricultura y a la salud de las personas. Tampoco en las medidas del gobierno se ven acciones contra el aparato de represión a disidentes instaurado por los anti-mineros en la zona, ni tampoco a la instrumentalización de las instituciones locales (Ej. Junta de Regantes) como aparatos de movilización en acciones violentas.

Como los temores de la población están estructurados en un discurso multi dimensional, los cambios en su actitud serán lentos y tendrán que responder a las diversas dimensiones de la narrativa anti-minera. Por todo ello, es poco probable que la visita de PPK, sin la debida preparación, resulte efectiva para desactivar las resistencias al proyecto. Lo que puede pasar con su visita es que los grupos anti-mineros aprovechen la presencia del Presidente para generar un evento político negativo para el gobierno.

Conclusiones

La política de las Mesas de Dialogo conseguirá desmovilizar momentáneamente algunos conflictos. Sin embargo, es una estrategia desbordable por la magnitud de la conflictividad.  Existe un número limitado de ministros para participar en las Mesas, hay una importante brecha entre las demandas de los movilizados y las posibilidades de cumplimiento por parte del gobierno. La impunidad implica que “patear la mesa” con acciones violentas no implica ningún costo para los dirigentes. Ese desequilibrio se da en una situación en que al gobierno no se le ocurre ninguna iniciativa para modificar la correlación de fuerzas políticas en las áreas en conflicto.

Esto lleva a considerar que las medidas a ser aplicadas por el gobierno no podrán reducir de manera decisiva la conflictividad ni en los casos de Tía María ni en Las Bambas por lo que podríamos esperar que estos conflictos cumplan roles protagónicos a lo largo del 2017.

Podemos esperar entonces la dinámica en la que se da una acción de fuerza, se manifiesta la pérdida de autoridad del Estado, se plantea una Mesa de Dialogo, y tras un periodo se da el reinicio de las acciones de fuerza como mecanismo de negociación. Si el gobierno no modifica sus políticas de gestión de conflictos, es muy probable que el año 2017 sea aquel en el que se haga evidente las limitaciones de la actual doctrina estratégica para conflictos sociales seguida por el gobierno. Veamos si van a darse cuenta antes que sea demasiado tarde, o si vamos asistir de nuevo el desperdicio de una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del Perú.

Se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado.

En Superemos los conflictos políticos prolongados – Propuestas para reducir la conflictividad (6 de 6), aquí en Lampadia, se ha sugerido estrategias y acciones para construir las condiciones institucionales y políticas para la reducción de la conflictividad, y en El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad – Propuestas para reducir la conflictividad (5 de 6), se explicó el rol que el Estado debe cumplir para ser efectivo en el corto y en largo plazo. Nos hemos preocupado en indicar medidas viables en las situaciones actuales. Sabemos que las propuestas indicadas no son perfectas, pero pueden ser un buen punto de partida para cambiar las actuales tendencias al aumento de la conflictividad y retomar la ruta del desarrollo nacional.

En todo caso, se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado. Lampadia

Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro Wiñaq

Para Lampadia

Introducción

Ubicada en la provincia de Cotabambas en Apurímac y operada por MMG Limited, de China, “Las Bambas” es el mayor proyecto minero, actualmente, en operación en el Perú, representando una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. Tras los retrocesos de los proyectos Tía María y Conga, el futuro de “Las Bambas” representa la más crítica señal respecto a la viabilidad de la gran minería en el Perú en etapa de operación, siendo el sector minero, una de las principales fuerzas detrás de la recuperación del crecimiento económico de los últimos meses.

Como toda gran operación minera, “Las Bambas” se ha dado dentro de un complicado entorno social. La población en la provincia de Cotabambas llega a 46,000 habitantes, eminentemente rurales (81.6%[^1]). A esto se adiciona que el 90% de la población tiene como lengua materna el quechua,^[2] la tasa de pobreza llega al 88% y a 70% en el caso de la pobreza extrema.^[3] En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en esta provincia, el Frente Amplio obtuvo un 56%, Democracia Directa de Gregorio Santos obtuvo 16% (totalizando, las fuerza anti-mineras un 72%), y Fuerza Popular 17%.

Es de esperar que los profundos cambios económicos y sociales desencadenados por una inversión de esta magnitud en semejante entorno esté a asociada a fuertes dinámicas sociales. Estas dinámicas llegaron a un nivel dramático en setiembre del año 2015 cuando se dio un conflicto social en el que lamentablemente, se produjeron enfrentamientos que generaron un saldo de 6 fallecidos[⁴] y la posterior instalación de una Mesa de Diálogo.

Hasta hace poco “Las Bambas” se encontraba amenazada por otro conflicto social. Manifestantes de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo  y Pumamarca bloquearon uno de los accesos a la mina, aunque la empresa fue capaz de sacar su producción por una vía alterna. Y más aún, la empresa logró llegar a acuerdos con los dirigentes para desbloquear la vía.

Las fuerzas anti-mineras están desplegando líneas de acción que, de ser exitosas, llevarían a que el actual gobierno enfrente su primer conflicto social de gran dimensión, intentan que “Las Bambas” enfrente una conflictividad que implique un permanente riesgo para sus operaciones y que se constituya en un “cerco social” inviabilizando cualquier posible expansión u modificación futura de la operación. Además, estas líneas de acción son un riesgo potencial de seguridad para las personas, para vidas humanas y por último, podrían infringir costos a la Empresa que afecten los niveles de producción y por ende los impuestos que abona al Estado. 

Sin entrar en juicios de valor, en el presente artículo detallaremos algunas de las principales líneas de acción de los anti-mineros hacia las Bambas y describiremos algunas de las implicancias estratégicas de dichas líneas. Por anti-mineros no nos referimos a organizaciones o actores que se encuentren dedicadas en la plenitud de sus esfuerzos a la abolición de la minería, damos este apelativo a aquellos actores que de manera consistente –y con una agenda oculta- porque públicamente dicen una cosa y en privado hacen otra, promueven y financian  actividades que reducen la viabilidad social de la actividad minera formal.

La Nación Yanawara

La población del entorno de “Las Bambas” es masivamente quechua hablante, rural y con un bajo nivel de conectividad con el resto del país. Esto facilita la consolidación de una identidad local alrededor de la idea de la “Nación Yanawara”. Se está impulsando la idea de que las poblaciones en el entorno de “Las Bambas” deben luchar por su reconocimiento como pueblo indígena por parte de las instituciones del Estado.

Si el Estado reconociera a estas poblaciones como pueblos indígenas, esto tendría amplias consecuencias sobre la legitimidad de las Bambas, las resoluciones del Estado y los acuerdos con las comunidades que viabilizaron el proyecto. Aceptar a la población del Área de Influencia como pueblo indígena, permitiría el despliegue de un conjunto de “herramientas de lucha” que facilitaría enormemente el accionar hostil hacia “Las Bambas”.

En primer lugar se podría reclamar que los acuerdos con las comunidades cuyas tierras fueron adquiridas para poder realizar el proyecto no han cumplido con los requisitos de la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas^[5]. Ambos cuerpos jurídicos detallan un conjunto de principios y prácticas en el relacionamiento entre Estado, Empresa y Pueblos Indígenas. Estos principios y prácticas no fueron requeridos al momento en el que la Empresa llegaba a acuerdos con las comunidades campesinas de la zona, según la legislación aplicable.

Una vez dado el reconocimiento como pueblo indígena a la “Nación Yanawara”, los radicales podrían estar en mucho mejores condiciones para exigir, como ya lo vienen haciendo, la nulidad de TODOS los acuerdos entre la empresa minera y las comunidades. Los mecanismos de presión podrían ser tanto las acciones directas tales como marchas y tomas de carreteras, la incidencia mediática y el Litigio Estratégico.[⁶]

Un momento crítico para esta línea de acción es el próximo censo a ser realizado el año 2017 el cual incluiría una pregunta (¿sembrada?) de auto-identificación como pueblo indígena.  Es de esperar que en aquellas zonas en las que una mayoría se reclame como indígena, se genere una fuerte campaña política para que las mismas se añadan al Registro de Pueblos Indígenas que lleva el Ministerio de Cultura. A esto se agrega la interpretación de los radicales tienen respecto a al significado de “Derecho de Autodeterminación” mencionado en el Acuerdo 169.

Existen fuertes incentivos para que las poblaciones del entorno de los proyectos extractivos se proclamen indígenas, independientemente de cual sea su identidad cultural.  El ser declarado como indígena brinda a las comunidades una posición de mayor fuerza respecto a las empresas y al gobierno central. Facilita iniciar Litigios Estratégicos[⁷], tener acceso a recursos internacionales para las movilizaciones, genera una mayor empatía en la prensa, pone en duda la totalidad de acuerdos previamente negociados, y permite que se pretendan ubicar al margen del marco normativo y jurídico del país.

Hay una confluencia de actores interesados en fomentar la construcción de una fuerte identidad indígena en el entorno de las Bambas. ONGs ecologistas e indigenistas que podrían tener un mejor caso para justificar desembolsos de la cooperación, buscadores de rentas locales y políticos radicales ligadas al nacionalismo indígena^[8] verían facilitado el avance de sus objetivos políticos o “lentejeros”. Esta convergencia por el reconocimiento de la “Nación Yanawara” reúne las características necesarias para ser el mejor propiciador de conflictividad asociada a “Las Bambas”.

La Acumulación del Agravio

Juzgar los impactos ambientales de un proyecto enorme como “Las Bambas” requiere de un conocimiento técnico y de una disponibilidad de tiempo que muy pocos tienen como para revisar expedientes de mil 500 folios. Un Estudio de Impacto Ambiental tiene miles de páginas difíciles de evaluar por quienes no tienen una formación especializada. Por ello, la eventual decisión de una mayoría de personas respecto a la idoneidad de un proyecto extractivo no se da dentro de la esfera técnica. A pesar de que el discurso político menciona los impactos ambientales como elemento central no es ahí en donde se disputa la postura que asumirán los diversos públicos involucrados en un conflicto social.

En buena medida, el público y los líderes de opinión se decantarán por aquellos que tengan una aparente mejor caracterización ética. En simple, apoyarán a los “buenos” frente a los “malos”. Por ello, son tan importantes las denuncias de abusos hacia la población local que los anti-mineros realizan de manera sistemática y que difunden en tiempo real principalmente en las mismas redes sociales, en formato de mensajes mandados a través de las redes sociales, con baja llegada al gran público. Sin embargo, estos mensajes, sí son observados por periodistas y líderes de opinión y podrían afectar la actitud de los mismos hacia los proyectos y operaciones mineras.

El efecto de las denuncias sobre los conflictos emergen cuando la conflictividad incrementa y pasa a tener relevancia política nacional, ahí es que las consecuencias de este proceso de demolición de la caracterización ética se hacen visibles. La predisposición negativa de algunos periodistas y líderes de opinión llevan a una cobertura negativa por parte de la prensa, a entrevistas favorables a los anti-mineros, reportajes que sirven de propaganda para los radicales, entrevistas hostiles a los voceros de la empresa, etc. Esto lleva a una erosión del soporte de la opinión pública a una operación minera mientras el conflicto se mantenga[⁹].

En el caso de Las Bambas, frente a la opinión publica nacional, se están dando denuncias respecto a MMG Limited en múltiples aspectos. Se le ha acusado de haber comprado las tierras en las que opera a 20 céntimos el metro cuadrado, de haberse apropiado de las tierras de los campesinos abusando de su ingenuidad, de realizar audiencias públicas trayendo personas ajenas a las comunidades e impidiendo el ingresos de los lugareños, de tener a la Policía Nacional como “mercenaria” a sus órdenes, modificaciones inconsultas al proyecto, hacer firmar a niños y ancianos a favor del proyecto, hacer lobby con el Estado para aprobar cambios en su Estudio de Impacto Ambiental junto con un largo etc. No es la primera vez que se ve este “paquete” de acusaciones contra una empresa minera. Podemos ver los mismos argumentos y hasta los mismos adjetivos en el entorno de otros proyectos que estas mismas organizaciones han tratado o están tratando de obstaculizar en el Perú. Es que el conflicto como la probreza también sus fuentes de ingresos para aquellos que hablan en nombre de los peruanos más excluidos y necesitados.

Además, se están elaborando los contenidos “académicos” tales como estudios u conferencias, entrevistas a supuestos técnicos para intentar invalidar cambios en Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Estado, cuyos nombres no pueden revelar por razones de seguridad ¿de quién y por qué necesitan  protegerse?, reportajes escritos y audiovisuales que facilitan caracterizar a la MMG Limited como una empresa que abusa de manera sistemática de los campesinos y vulnera sus derechos. Una vez que la caracterización ética haya socavado la imagen de la empresa, las acusaciones respecto a ‘impactos’ medio ambientales aumentan en credibilidad.

La construcción de un historial de abusos por parte de MMG Limited facilita la coordinación de diversos actores sociales en su contra. Una vez que una empresa ha sido caracterizada como un abusador en serie de campesinos, se hace más fácil que diversos actores políticos se articulen en la realización de acciones en su contra.  Aquellos actores sociales a los que les resulta conveniente que se les vea como opositores al “monstruo” minero convergerán naturalmente en la realización de acciones hostiles al ente caracterizado como abusador.

No basta con tener una conducta socialmente responsable para evitar que se caracterice a una empresa como generadora de agravios contra la población de su entorno. El caso de Máxima Acuña nos muestra claramente que es posible generar artificialmente un agravio[¹⁰] y que buena parte de la prensa está dispuesta a participar activamente en la propagación de una mentira que de tanto repetirla se convierte en verdad.

En el caso de las Bambas dado su valor simbólico como mayor emprendimiento minero del país, ello no sólo genera grandes expectativas en una población de ha vivido por décadas sumida en la pobreza ante la poca presencia del Estado sino que provoca el natural alineamiento de quienes consideran que hay que golpear al “Modelo Primario Exportador” en su puntos más débiles.

Afectación Ambiental

El núcleo de la narrativa anti-minera consiste en la visión de la actividad minera a gran escala como antagónica a la actividad agrícola. Esa supuesta contradicción es repetida, aunque exista evidencia de que ambas pueden convivir de manera armónica no sólo en el Perú sino en otros países con presencia de gran minería. En especial como una amenaza a la cantidad y calidad de agua disponible para la población. En el caso de “Las Bambas” lo reciente de su puesta en operación reduce la credibilidad entre la prensa nacional de versiones respecto a que la explotación minera estaría acabando con el suministro agua en la cuenca en la que este proyecto se encuentra ubicado. La minería moderna usa tecnología de punta, la misma que permite reciclar el consumo de agua en el procesamiento del mineral.

Si bien todavía no se han acumulado los “estudios técnicos”[¹¹] que brinden credibilidad en el aparato mediático nacional respecto a la acusaciones de impactos medio ambientales en el suministro agua, ya se están realizando las primeras denuncias al respecto al impacto del polvo levantado por los camiones que trasladan mineral desde las Bambas.[¹²]

Sin embargo, en la zona rural de Cotabambas y su vecina provincia de Grau los ataques a las Bambas en el frente ambiental son sistemáticos y sostenidos. El discurso de los dirigentes de los Comités de Lucha y Frentes de Defensa hace hincapié permanentemente, en los supuestos efectos devastadores de las operaciones mineras sobre el ambiente local. Estos efectos imputados son los que legitiman los pedidos compensatorios tales como “una participación de 50% en las utilidades” y un “justi-precio” de 5,000 dólares por metro cuadrado en los territorios adquiridos por MMG.

Con el paso del tiempo la ideología de la “cabecera de cuenca” y las “fuentes naturales de agua” puede mutar de ser un mero recurso discursivo para presionar a MMG Limited hacia una creencia con la que la población se encuentra profundamente comprometida y que guiará su acción social y política a futuro. Los resultados de años de “concientización” anti-minera se pueden ver en Majaz, Quilish, Conga y Tía María donde los radicales han conseguido una masa movilizable local que ha logrado bloquear las inversiones.

Conclusión

En el corto plazo las actuales movilizaciones contra “Las Bambas” están asumiendo un carácter eminentemente distributivo en el que los movilizados tienen como principal motivante el acceso a una fracción de la renta generada por el proyecto. Sin embargo, ello va mudar.

En el mediano plazo existen un conjunto de dinámicas que pueden llevar a consecuencias aún más negativas, tanto para Las Bambas como al resto del sector minero y el país. En primer lugar la instrumentalización de la lucha por la identidad indígena como un mecanismo de pugna permanente con las empresas extractivas bajo una correlación de fuerzas claramente más favorable a las fuerzas radicales de la que se da actualmente. En segundo lugar, se puede generar una carga de agravios atribuibles a Las Bambas que deje el proyecto sumamente vulnerable a los conflictos sociales para convertirlo en una piñata mediática. Finalmente, la propagación de la ideología de la “cabecera de cuenca y las fuentes naturales de agua” entre las poblaciones rurales del entorno de un proyecto puede llevar a que el mismo termine enfrentando “un cerco social” que inviabilice cualquier expansión posterior de la operación.

Lampadia