1

Algunos anuncios positivos, pero falta lo fundamental

Algunos anuncios positivos, pero falta lo fundamental

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La lucha contra lo corrupción es, por supuesto, positiva si es algo más que justicia plebiscitaria e instrumento político, y está en duda si lo es. Por lo pronto, fue usada por el presidente Vizcarra en el CADE para centrar su discurso en torno a ella y evadir los temas que requieren acción del gobierno si queremos recuperar crecimiento para reducir la pobreza y la desigualdad. Temas que eran ineludibles en una cita de empresarios que hubieran podido ser persuadidos de que algo consistente se está haciendo para animarlos a volver a invertir. 

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, lo intentó en alguna medida, dejando ver que sin duda le dará un carácter propio y diferente a su gestión. Desde el título de su presentación en CADE: “Más competitividad para el cierre de brechas sociales”, expresó un nivel de compromiso con los problemas sociales e institucionales del país que no es común en los jefes de esa cartera. El programa económico debería tener, efectivamente, como fin último, eliminar la pobreza y reducir las brechas sociales, y está muy bien que la ministra lo tenga como objetivo final porque eso debería llevarla a realizar las reformas que se requieren para ese fin y a buscar la reactivación de la inversión privada, porque al final el crecimiento económico acelerado es el gran reductor de la pobreza y de las brechas sociales.

Institucionalidad

La ministra comienza su presentación, en ese sentido, con el apoyo a las reformas institucionales, que sin duda son indispensables para mejorar la competitividad y productividad del país. Anunció la prioridad dada a la “función justicia” en el presupuesto del próximo año, tal como podemos ver en el siguiente gráfico.

Son casi 1,000 millones de soles más para la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Contraloría. No conocemos el detalle que, sin embargo, es muy importante. Casi la mitad de esos recursos van, por ejemplo, a la Fiscalía: ¿para incrementar el equipo que promueve prisiones preventivas abusivas que luego deben ser revocadas por el Tribunal Constitucional? ¿Para continuar con la justicia plebiscitaria?

La corrupción, como sabemos, está íntimamente imbricada en el sistema judicial mismo. Para limpiar y transformar ese sistema tenemos que ir a la implantación de los expedientes digitales a todo nivel, a la oralización de los procesos civiles, a la creación de una carrera judicial meritocrática basada en evaluaciones. ¿Se está poniendo recursos para eso?

Pobreza y brechas sociales

En cuanto a la reducción de las brechas sociales, la ministra menciona la pobreza, la anemia y el acceso a agua potable, y anuncia la incorporación de 4 millones de peruanos al SIS. Pero solo menciona incrementos presupuestales para combatir el friaje y la violencia contra la mujer. ¿Cómo vamos a hacer para que un SIS desbordado, desfinanciado e ineficiente incorpore a 4 millones de personas más? La ministra mencionó el Decreto de Urgencia respectivo, que contiene, efectivamente, algunos lineamientos para mejorar la gestión, pero entre esos lineamientos no aparece lo fundamental: pagar por resultados (que se haya resuelto el problema de salud del paciente y que este se lleve todos sus medicamentos gratis), y no por número de atenciones como es ahora, que fomenta el sobregasto y la corrupción. 

Tampoco anunció nada respecto a reconvertir Juntos en Juntos Productivo o expandir programas como Sierra Productiva, única manera de reducir radicalmente la pobreza rural de manera sostenible y no asistencialista.

Reformas de la inversión pública

¿Anunció la ministra reformas propiamente económicas? Sí, pero solo algunas vinculadas a la inversión pública que, dicho sea de paso, ¡cayó 15% en noviembre! Explicó el DU publicado el mismo viernes 29 que establece medidas para asegurar la ejecución de los 52 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura. Dichas medidas son, entre otras, su priorización, la exoneración de habilitación urbana y licencia de construcción para dichos proyectos, prioridad en atender trámites, permisos y licencias de obras, y la simplificación de liberación de interferencias.

Sin duda es bueno que se haya dado ese DU para que el Plan Nacional de Infraestructura, un avance importante, se ejecute y no se quede en el papel, aunque algunas de las soluciones propuestas ya existen desde años y no han dado mayor resultado según Gonzalo Prialé, ex presidente de AFIN. Veremos.

La ministra también hizo mención al DU orientado a la reactivación de 867 obras paralizadas en el Gobierno Nacional y Regional por más de S/ 16 mil millones (2,2% del PBI), y anunció el relanzamiento del bono por cumplimiento de metas para gobiernos sub-nacionales. Lo más interesante fue el anuncio de la reforma del marco legal de la contratación pública, incorporando el know how de los juegos Panamericanos. No entró en detalles, pero es claro que eso debería llevar a modificar completamente la ley de contrataciones, pasando a un modelo de confianza y comunicación que destierre la cultura de la sospecha y la presunción de corrupción. Habría que adaptar la ley de contrataciones del Reino Unido.

También anunció la conversión de Proinversión en una agencia especializada para la estructuración y adjudicación de proyectos, sin entrar en pormenores.

Simplificación regulatoria  

En cuanto a “mejorar el ambiente de negocios para impulsar la inversión privada”, mencionó un “proceso permanente de mejora de la calidad regulatoria” y anunció la simplificación de 30 procedimientos. Debe haber habido un error. Quizá se refería al 30% de los procedimientos, porque 30 son nada. Según Zarella Sierra de la Secretaría de Gestión Pública, el proceso de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) ha llevado a eliminar más de 700 procedimientos administrativos o trámites y a ratificar o validar algo más de 1,400, de los cuales los 100 más complejos volverán a pasar un ACR. Sin embargo, en la DIGEMID, por ejemplo, no se ha logrado hasta la fecha reducir procedimientos o trámites importantes -algo vital para que la población acceda a medicamentos de calidad y baratos-, debido a la resistencia burocrática.

El gobierno como tal no parece muy consciente de estos avances, ni los publicita. La ministra tampoco anunció nada respecto de la aplicación al conjunto de normas del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), un instrumento más poderoso aun que los ACR para facilitar la inversión y reducir la corrupción, porque elimina no trámites sino las normas mismas que regulan la actividad económica.  

Sí se refirió a incluir los TUPA estandarizados en el Plan de Incentivos Municipales. Eso está bien, pero a la fecha sólo se ha estandarizado el TUPA para la licencia de funcionamiento. Aún falta el relativo a la licencia de Construcción. Ya lleva casi un año de retraso, pero se dice que saldría el primer trimestre del 2020.

Nada sobre reformas económicas y laborales

En cuanto a la producción misma, reiteró que se impulsará el proceso de diversificación productiva a través de las mesas ejecutivas en los sectores priorizados que son el forestal, el acuícola y el turismo. Estas mesas ya vienen funcionando, y sin duda son una buena idea.

Pero no hubo anuncio alguno para sacar por DU diversas reformas que propone el propio Plan Nacional de Competitividad aprobado por el gobierno el 28 de julio. Por ejemplo, la ley para crear régimen único tributario, eliminando el RUS, el RER y el Mype Tributario para crear una sola escala gradual y progresiva que elimine el incentivo al enanismo y a la evasión y permita, junto con la masificación de comprobantes electrónicos, incorporar a la base informal a la formalidad.

Menos aún las reformas laborales, ni siquiera las inocuas que fueron incorporadas en dicho plan como la ley del teletrabajo y la de modalidades formativas.

El presidente, una vez más, desperdicia su capital político a costa del país. Lampadia




La reforma laboral del ministro de economía

A pesar de las lecciones del CADE

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, dio algunos alcances acerca de lo que sería la tan ansiada y, a la vez, controversial, reforma laboral que propondría el Ejecutivo. Ello en un contexto en el que el Presidente Vizcarra cae en serias contradicciones entre su reciente discurso en el CADE –que motivó la salida del Ministro de Trabajo- y sus posteriores declaraciones en su mensaje a la Nación de la semana pasada, en el que afirmó: “Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral”. [Ver Lampadia: El Presidente cierra la puerta a reformas que generarían mucho empleo].

Abstrayéndonos del muro puesto por delante por el presidente Vizcarra, queremos referirnos a las ideas del ministro.

La propuesta del Ministro es insuficiente y no tendría efecto alguno en una mayor generación de empleo formal y por ende en el aumento de los salarios de los trabajadores. Pero más importante aún, no se constituye como un verdadero derrotero para superar la informalidad laboral, puesto que no ataca la alta rigidez que caracteriza nuestra legislación laboral, proveniente en su mayor parte de lo onerosa que es la práctica del despido en los contratos a plazo permanente en nuestro país.

Veamos:

En primer lugar, el Ministro de Economía propone que como alternativa a la reposición a los trabajadores por despido arbitrario, se pueda concretar una indemnización. O sea, de darse la indemnización, ya no debería caber la reposición.

Pero el ministro lo plantea como una alternativa, en vez de eliminar la reposición. La que por supuesto, solo debiera mantenerse para casos de despidos irregulares.

¿Por qué es perniciosa la reposición al trabajador?

La reposición del trabajador se generalizó como producto de un fallo del Tribunal Constitucional en el 2001 en el que se perseguía el objetivo de “reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un [supuesto] derecho constitucional”, es decir, devolver al trabajador -en este caso, contratado permanentemente- a su puesto de trabajo en caso haya sido despedido arbitrariamente.

El impacto generado por este fallo ha sido gravísimo en términos de generación de empleo formal y crecimiento de la informalidad y precarización del empleo. Por ejemplo, un riguroso estudio presentado por GRADE en el 2017, demuestra un cambio de la estructura del tipo de empleo:

Fuente: Los efectos desprotectores de la protección del empleo: el impacto de la reforma del
contrato laboral – Almonacid,  De la Flor & Jaramillo (2017)

Tal como evidencia dicho estudio, desde que entró en vigencia esta medida hasta el 2015, se han perdido 900,000 empleos que hubieran sido a plazo indefinido, pero que, debido a esta reforma, han tomado la forma de contratos temporales. Esto se traduce en una pérdida de ingresos de los trabajadores en el orden de los 6,100 millones de soles.  Peor aún, 36,000 trabajadores que hubieran sido sindicalizados ya no lo son debido a esta misma medida. En otras palabras, una política que tenía como objetivo “proteger” a los trabajadores terminó “desprotegiéndolos”.

Pero eso no es todo. Actualmente, el costo del despido en el Perú no solo conlleva al pago de una indemnización y la eventual reposición del trabajador, sino que a esto, por el ingenio de la Corte Suprema de Justicia, se suma también un pago por supuestos “daños y perjuicios”, que, como señaló Jorge Toyama en el reciente CADE, es una compensación hecha por un “estrés post-despido”, monto que puede ascender entre 4 a 5 sueldos. Dadas estas condiciones, no es de sorprender que el Perú ocupe el puesto 128 de 140 en lo que refiere a prácticas de despido y contratación, según el último Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial.

En segundo término, la propuesta del ministro plantea un cambio de las vacaciones que pasarían de 30 días calendario a 22 días laborables, con la posibilidad de que las personas pudiesen tomarlos a su elección durante el año. Consideramos que esta medida tendrá un impacto ínfimo sobre los llamados “sobrecostos laborales”, que vale la pena decir, no representan ni el 1% de la problemática de la rigidez en la legislación laboral, la cual está básicamente explicada por el alto costo del despido.

Los llamados “sobrecostos laborales”, entiéndanse, CTS, gratificaciones, asignación familiar, entre otros, son conceptos de gasto que si bien están internalizados por los empresarios en sus costos de empleo anuales, y no deberían resultar relevantes para ser reputados como sobre costos, si determinan una importante brecha de costos con el empleo informal, y por lo tanto, terminan constituyéndose como inhibidores del empleo formal.

En esta línea, consideramos que el Gobierno podría verse limitado a poder variar cualquiera de estos conceptos de gasto, pero de ninguna manera es aceptable, que se mantengan los abultados costos de despido, especialmente, la reposición del trabajador en su empleo. Urge acabar con esta medida populista que no ha hecho más que incrementar la valla de la formalidad imposibilitando el crecimiento de las clases medias que hoy en día quisieran disfrutar del sistema. Los 300 mil jóvenes que entran cada año a la fuerza laboral agradecerán tal decisión. Lampadia

Ver video de sesión: Informalidad, límite para el crecimiento del CADE 2018 con presentaciones de Jorge Lazarte, Jorge Toyama, José Carlos Saavedra, y Sandro Fuentes:

 




El Presidente cierra la puerta a reformas que generarían mucho empleo

El Presidente cierra la puerta a reformas que generarían mucho empleo

Un paso adelante y dos atrás 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, luego de que el Presidente Vizcarra explicara en el CADE la necesidad de hacer reformas para resolver los problemas de rigidez y elevados costos no salariales del mercado laboral, lo que incluso provocó la renuncia del ministro de Trabajo despejando aparentemente el camino para avanzar hacia un “mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal”, sorprendió a propios y extraños dando marcha atrás y descartando incluso la posibilidad de reforma para los nuevos trabajadores:

“Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave de diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser en bene­ficio de todos, y no de unos pocos”.

Evidentemente las propuestas que se venían haciendo, y que figuran implícitamente en la propia política de competitividad que el gobierno está circulando, no se aplican a quienes están en este momento en una relación contractual, pero sí a los nuevos contratados. Esa puerta es la que el Presidente ha cerrado, sin tomar en cuenta que los llamados derechos laborales, reconocidos en la Constitución y la ley, pueden ser modificados precisamente en la Constitución y en la ley –en aras de una mayor inclusión y un mayor dinamismo de la economía que eleve los propios salarios-, aunque esas modificaciones sólo valgan para los nuevos contratos, y no, en principio, salvo acuerdo en contrario, para los existentes.

Los derechos laborales reconocidos por la Constitución son los siguientes:

  • Art 25: “…derecho a una remuneración equitativa y suficiente” y a “descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio”
  • Art. 27: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 
  • Art. 28: “Derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga”
  • Art. 29: “…derecho a participar en las utilidades de la empresa”

Además, el art. 26 señala lo siguiente: 

  • “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 
      2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

Aquí hay que precisar dos cosas. La primera es que ese carácter irrenunciable se refiere precisamente a quienes están en una relación laboral, a quienes tienen un contrato laboral. Por eso dice: “En la relación laboral…”. Es decir, no se refiere a que dichos derechos son inmutables por siempre y que no puedan ser modificados. Pueden serlo, para bien de todos, por reforma constitucional o mediante ley, según el caso.

Por ejemplo, las gratificaciones, la Compensación por tiempo de Servicios (CTS), o el número de 30 días de vacaciones, no están en la Constitución, pero sí en la ley. La ley puede cambiar, pero el cambio valdría solo para los nuevos contratos de trabajo.

No obstante, no solo el Presidente, sino el propio ministro de Economía, han negado esta alternativa. El ministro ha dicho: “no se pretende recortar derecho de los trabajadores en términos de gratificaciones, CTS o vacaciones“.

Esa es una postura extrema, que no permitiría al país salir de la trampa de los ingresos medios ni crecer a tasas necesarias para reducir la pobreza y proporcionar empleo con derechos y con mejores salarios.

Se contradice, por lo demás, con los objetivos de política Nº5 de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, que ha sido publicada para recibir aportes de modo que en tres meses se pueda publicar el Plan de Competitividad propiamente dicho.

El objetivo de política Nº 5 se titula:

OP N° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo formal.

Explica claramente que el mercado laboral peruano no es dinámico ni competitivo por:

  • Una excesiva rigidez laboral:
    • “Según el reporte de competitividad global del WEF (2018), el Perú es uno de los países con mayor rigidez para contratar y despedir trabajadores…

Yamada (2014) indica que en economías en desarrollo –como la peruana- la mayor rigidez laboral genera efectos negativos como: i) menor crecimiento de la productividad (Besley & Burgess, 2004), ii) menor crecimiento en el empleo y salarios (Ahsan & Pages, 2009), iii) mayor afectación a jóvenes y mujeres (Heckman & Pages, 2004) y iv) mayor informalidad laboral (Lehmann & Muravyev, 2012)”. (P.83)

  • “La rigidez laboral también se muestra en las limitaciones de resolución de contrato por causas objetivas como la situación económica, motivos tecnológicos…” (p. 86)
  • Costo de la indemnizacion por despido muy alto
  • “Otro factor relacionado a la falta de dinamismo en el mercado laboral es el costo de la indemnización por despido. En el Perú, la indemnización por concepto de despido injustificado asciende a una remuneración y media mensual por año (que equivale a cuarenta y cinco remuneraciones diarias por año aproximadamente) hasta un máximo de doce remuneraciones, la cual es alta si se compara con nuestros pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), los cuáles registran en promedio indemnizaciones de veinte remuneraciones diarias por año” (P. 86)
  • Costos no salariales muy altos
  • “El Perú registra mayores costos laborales no salariales respecto a sus pares de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México), como se ve en la tabla Nº 11, con un costo laboral no salarial de de 50,3% respecto al salario mensual neto que recibe el trabajador, mientras que Colombia registra el 30,4%, Chile el 15,8% y México el 21,1%”. (P.88)

Se desprende claramente, entonces, de la Política de Competitividad aprobada por el gobierno, que para resolver los problemas que ella misma identifica se necesitaría no solo que el Tribunal Constitucional modifique su interpretación acerca del art. 27, que restablece la estabilidad laboral absoluta, algo que el ministro Oliva sí reclama, sino, además, reducir los costos de la indemnización por despido y reducir costos no salariales, tales como CTS, gratificaciones u otros, algo que el ministro descarta. Es el ministro contra su propia política.

No solo eso. Aparentemente una buena decisión del gobierno habría sido incorporar al director del Consejo Privado de Competitividad (CPC), que presentó sus propuestas en el CADE, al Consejo Nacional de Competitividad. En el terreno del mercado laboral, el CPC plantea, entre otras cosas:

  • Crear un nuevo régimen laboral para los nuevos contratos laborales en la pequeña empresa (sin CTS ni gratificaciones, como en la microempresa), a fin de dinamizar ese sector y generar mucho más trabajo formal con derechos
  • Implementar la remuneración integral anual (RIA) para los trabajadores que ganen salarios menores a 2 UIT (ahora solo es posible para los que ganan por encima de 2 UIT)
  • Pasar 825 mil Informales de pequeña empresa al régimen semi-contributivo del SIS

Evidentemente la posición del presidente y del ministro de Economía vetan estas medidas, que tendrían un impacto muy positivo en todo sentido.

También quedaría vetada una propuesta que surgió en un Taller de Lampadia, que consiste en establecer un tope de 6 sueldos para la CTS en cuenta de trabajador, sin que los puede retirar (es decir, una suerte de seguro de desempleo).

A nuestro juicio, la marcha atrás tan penosa del gobierno en estos temas se debe a que cuando el presidente lanzó estas ideas en el CADE, los sectores sindicales y de izquierda –desconociendo sus verdaderos intereses, pues les convendría una base sindical mucho más amplia- reaccionaron inmediatamente en los medios y las redes expresando su rechazo, mientras no hubo casi manifestación alguna a favor de los amplios sectores favorecidos.

Es necesario organizar una coalición social y política integrada por los gremios de micro y pequeños empresarios, academia y congresistas, que se manifiesta claramente a favor de estas medidas, a fin de darle respaldo político a las decisiones que en ese sentido se pudiera tomar.

También sería conveniente que el presidente de la República presida el Consejo Nacional de la Competitividad, para que impulse decididamente la agenda que nos saque del empantanamiento económica y nos ponga nuevamente en la senda del crecimiento acelerado pero esta vez con empleo formal y con derechos. Lampadia




Ejemplo de Gobernanza

Tal como en sus inicios, los CADE se realizan todos los años en Paracas, en la región Ica. Desde hace cuatro años el gobernador de Ica, Fernando Cillóniz Benavides ha acogido la reunión de ejecutivos y dado toques especiales a cada reunión.

Estando el mandato de Cillóniz próximo a terminar, el CADE decidió hacer un homenaje a Cillóniz, no solo por su hospitalidad, sino, sobre todo, por su gestión en Ica. Una gestión que se ha distinguido por su lucha contra la corrupción en distintos estamentos de la estructura de la región, y más allá de ella, evitando injerencias externas para aprovechamientos particulares.

Pero Cillóniz también se distinguió por lograr realizaciones como la Hermandad del Agua con Huancavelica, que permitirá a ambas regiones beneficiarse con recursos económicos y disponibilidad de agua durante todo el año.

La gestión de Cillóniz ha sido un verdadero ejemplo de GOBERNANZA en todo el sentido de la palabra. Veamos la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:

Arte o manera de gobernar que se propone como
objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un
sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil
y el mercado de la economía.

Sin más, queremos compartir la ceremonia de reconocimiento organizada por CADE:

 




Hitos históricos en el último CADE

Hitos históricos en el último CADE

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En este último CADE hubo cuatro hechos de la mayor importancia que no han sido suficientemente advertidos por la prensa.

Cero Soborno

Los dos primeros corrieron a cargo del empresariado. El primero fue el anuncio de la creación de la Asociación Civil Empresarios por la Integridad, integrada, en un inicio, por 50 empresarios fundadores, a los que se espera ir sumando un número cada vez mayor. La primera acción concreta de esa Asociación es la iniciativa “Cero Soborno”, que no es una declaración de buenas intenciones, sino un conjunto de procedimientos, protocolos, prácticas y capacitaciones que deberá completar cada empresa participante para asegurar que ninguno de sus gerentes ni colaboradores soborne jamás a un funcionario público o a un juez ni tampoco a empleados de otras empresas. Este es un proceso que viene con certificaciones otorgados por empresas reconocidas.

A nadie se le puede escapar el impacto que puede tener una iniciativa como esta en la reducción significativa de la corrupción en el país, en la medida en que es adoptada por los principales grupos empresariales del país y por cada vez por un número mayor de empresas, incluso medianas y pequeñas, que se irá sumando. Llega, además, en el momento preciso, cuando el gran tema de agenda nacional es la lucha contra la corrupción.    

Un efecto secundario de esa decisión es que le permitirá al empresariado recuperar valor y autoridad moral en el país, que es un paso decisivo en la ruta de avanzar hacia alcanzar la condición de dirigencia nacional auténtica.

Las propuestas del Consejo Privado de Competitividad

En esa línea, el segundo hecho de la máxima importancia y también sin precedentes, fue que en el CADE se presentó el resultado de otra decisión histórica del empresariado: la creación del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compromiso de IPAE en el CADE del año pasado, que, encabezado por Fernando Zavala, entregó a los participantes un libro conteniendo 77 propuestas de reformas para levantar la competitividad y productividad del país, indispensable para recuperar tasas de crecimiento altas que nos permitan sacudirnos del marasmo en el que hemos caído y alcanzar el desarrollo.  Esto también llega en el momento preciso, cuando nuestra economía crece a menos del 4% al año, un ritmo inaceptable que no nos lleva a ninguna parte porque no sirve ni para generar suficiente empleo ni para bajar la pobreza.

¿Think Tank?

La creación del CPC, por medio del cual el empresariado empieza a sumir su rol dirigente, alcanzando propuestas claras y estudiadas para mejorar la competitividad del país, puede ser el detonador de algo que también se planteó en una de las sesiones del CADE, pero que no fuera recogido al final como un nuevo compromiso de IPAE: la conformación de un think tank más amplio y potente que prepare propuestas de política en todos los ámbitos de la realidad nacional. Eso es lo que han hecho los empresarios en Chile, Colombia y otros países, para participar proactivamente y no reactivamente en la construcción de la agenda nacional, a fin de acelerar el camino al desarrollo integral del país. En el Perú es una asignatura pendiente, y esperamos que este año, aunque no haya habido compromiso de IPAE, pueda concretarse.

Consensuar propuestas del Consejo Privado de Competitividad con las del Consejo Nacional

Los otros dos hechos de la máxima importancia estuvieron a cargo del presidente Martín Vizcarra. El primero fue que no solo presentó nueve líneas del proyecto de política nacional de competitividad, sino que saludó el aporte del Consejo Privado de Competitividad y propuso “al empresariado iniciar una agenda conjunta para consensuar el Plan de Competitividad”. Esto es muy importante. Establecer una mesa para ese fin puede instalar una dinámica de relación entre sector privado y Estado que permita empezar a crecer mucho más rápidamente. Nunca lo hemos tenido. Sería una innovación histórica en el país.

Y quizá ayudaría a resolver las posibles contradicciones internas que hay en el Ejecutivo, que han impedido que hasta ahora el Consejo de Ministros apruebe los lineamientos definitivos de la “Política Nacional de Competitividad y Productividad”. Muy bien que ahora se apruebe con participación del sector privado y el CPC.

Como se sabe, el tema que divide al Consejo de Ministros, es el relativo a la reforma laboral, indispensable para formalizar el escandaloso nivel de trabajo informal que tenemos y para facilitar un incremento sustantivo de la inversión privada de todo tamaño, frenada por las rigideces de la normatividad laboral. 

La reforma laboral

Pues bien, el cuarto hecho de la máxima importancia en este CADE fue que el presidente se refirió a esta reforma en términos que despiertan alguna esperanza de que el tema será abordado. Identificó claramente el problema: “una economía competitiva requiere que el mercado laboral funcione de manera eficiente, generando los canales para que el trabajador encuentre un espacio óptimo donde pueda desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, necesitamos de un marco dinámico que permita conectar la fuerza laboral con empleadores que aprovechen su máximo potencial y talento. Más del 50% de las microempresas del país son informales y el 70% de los trabajadores se encuentra ocupado en el sector informal, con una mayor concentración en las microempresas. Este es un reto que juntos, tanto sector privado y público tenemos que afrontar”.

Fue más allá: identificó una de las causas del problema: “Uno de los factores que eleva los índices de informalidad es el alto costo laboral no salarial, que duplica y hasta triplica el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico…”. Y preció el objetivo: “Tenemos que pasar del trabajo informal de baja productividad y sin protección social, a un esquema que promueva el trabajo formal que corrija esta situación”.

Luego se refirió al procedimiento: “…lo haremos por la vía institucional…, construyendo los consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia”.

Aquí viene, por supuesto, la dificultad, que se manifiesta incluso al interior del gobierno. La dirigencia sindical tendría que pensar en cuál es su mejor interés en el mediano y largo plazo, para percatarse que más le conviene una amplia base sindical en un mercado dinámico en el que los salarios suben aceleradamente gracias a que una cantidad mucha mayor de empresas demanda cada vez más trabajadores, como ocurrió en el sudeste asiático, que quedarse aferrada a una legalidad que no lo permite.

El Presidente debe encabezar el Plan de Competitividad

Para ello sería fundamental que el presidente Vizcarra encabece personalmente el liderazgo del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Pues el tema es de la mas alta prioridad nacional. El mismo lo reconoció, al notar que “en cuanto a competitividad hemos caído 32 puestos en 7 años, bajando del puesto 36 al 68, en cuanto a la Facilidad para hacer Negocios. Y esto es inaceptable. Nuestro desafío es mejorar el desempeño. Y eso requiere del esfuerzo de todos”.

Comenzando por el suyo, presidente, liderando la ejecución del plan, y concertándolo también, como anunció, con las diversas fuerzas políticas que, al tenor de las declaraciones que ha formulado la mayoría, está dispuesta a aprobar las reformas necesarias. Este es el momento. Lampadia




La frontera de las estrategias de aprendizaje educativo

Líneas abajo compartimos una descripción del Modelo de Kolb, basado en la filosofía del ‘aprender haciendo’.

En Lampadia hemos combatido por una verdadera revolución educativa, que terminó de plantearse con el análisis de nuestro director en el CADE 2017: Reflexiones sobre la educación para el futuro. Lamentablemente, días después del evento, el país entró en un período de descomposición política, desorden institucional, acompañados de la proverbial debilidad de nuestra clase dirigente, que nos ha llevado a relegar el tema de la educación a un plano de desentendimiento lamentable.

Hoy queremos regresar a tratar el tema educativo y volver a aguijonear a nuestra sociedad, para asumir los retos que demanda nuestro futuro. Entre ellos, el que IPAE se anime a convocar a un diálogo que nos lleve a impulsar la transformación de la educación en el Perú.

Veamos el Modelo de Kolb:  

KOLB Y LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS

Del blog de JBlasGarcia

26 de febrero, 2017 
Metodologías Activas
Referido por Gonzalo Galdos, de Futura Schools

En una serie nueva de post  me gustaría compartir varios esquemas que hace ya algunos años se han convertido en mis imágenes de cabecera para poder manejar esto de enseñar y aprender, dándole una vuelta, desde la disrupción justa y necesaria, y andar el camino de Transformar la escuela: producir aprendizajes.

Se trata de tres gráficos muy directos, que arman, de manera especial, mi forma general de ver cómo facilitar, desarrollar y organizar aprendizajes, el porqué de las metodologías activas y, principalmente, el porqué de una filosofía educativa que comparto plenamente: “aprender haciendo” o, dicho en inglés para que todos lo entiendan, “learning by doing”. Hoy mi post va dedicado al Modelo de Kolb.

EL MODELO DE KOLB

David A. Kolb es un teórico de la educación americano, que tiene 78 años de edad en la actualidad, muy reconocido por su trabajo en el desarrollo de la teoría del Aprendizaje Experiencial -aunque también es creador del Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (LSI) y el Inventario del Estilo Adaptativo (ASI).

A principios de la década de 1970, Kolb, junto a su colega Ron Fry, ambos en la Weatherhead School of Management, de la Universidad Case Western Reserve, desarrollaron el Modelo de Aprendizaje Experiencial (ELM). que tiene por diferencia sustancial, destacar como eje vehiculador del aprendizaje, la experiencia del aprendiz.

APRENDIZAJE BASADO EN LA EXPERIENCIA

El aprendizaje basado en la experiencia implica que cada vez que deseamos diseñar un aprendizaje cualquiera, es preciso partir de una información. Es decir, nuestros alumnos no pueden aprender nada si no tienen información (datos, procesos o hechos) que reciben  esencialmente de dos formas: a través de una experiencia directa y concreta, o de una experiencia abstracta (es decir obtenida a través de una lectura, una charla, una imagen o un audiovisual). Estas experiencias concretas o abstractas, se transforman en conocimiento si las procesamos reflexionando y pensando sobre ellas o investigando y experimentando de manera activa  la información recibida.

Como vemos, Kolb diseñó el proceso dando la posibilidad de comenzar desde cualquiera de las dos fases que componen el eje de la percepción (directa o abstracta), confiado en ajustar el estilo de aprendizaje de cada aprendiz al tipo de experiencia que cada una de las acciones promueve.

  • Divergentes: Combinan la experiencia concreta y la observación reflexiva. 
  • Asimilador: Combinan la conceptualización abstracta y la observación reflexiva.
  • Convergentes: Combinan la conceptualización abstracta y la experiencia activa.
  • Adaptadores: Combinan la experiencia concreta y la experiencia activa.

Durante mucho tiempo y desde una metodología tradicional, de corte fuertemente asimiladora e inductiva, hemos estado combinando el proceso partiendo de una conceptualización abstracta. Así, toda la reflexión o utilización de la misma tenía como objetivo comprobar la validez de la aplicación práctica de esas ideas. En ella los  intereses emocionales no eran tenidos en cuenta.

Desde paradigmas más actuales, creadores de retos y promotores de divergencias cognitiva como estimulo del aprendizajes activos, estamos siendo conscientes que la experiencia debe ser la base de la observación y la reflexión posterior que de ella se deduce, y no al revés.

EL CÍRCULO DE KOLB. UNA REVISIÓN EDUCATIVA DEL MODELO.

Desde que lo estudié y analicé vi un potencial en este modelo como  esquema de diseño de secuencias didácticas que tenía para mi una utilidad práctica potente, pues me servía de “esquema” para diseñar  actividades que, desde planteamientos activos, cubrieran las denominadas Tareas en los procesos de creación y diseño de ABP. El modelo resolvía, desde mi punto de vista, ciclos completos de aprendizaje, que siempre me gustó denominar, auténtico.

En una revisión para la aplicación educativa del modelo, muchos docentes hemos visto su potencia como esquema de diseño “activo”, al modificar esa idea de pivote entre los dos ejes (el de la percepción y el del procesamiento) para pasar a ser considerado, como un ciclo. Mejor dicho, como una espiral. 

¿Qué conseguimos con ello? A través de este esquema a modo de círculo, sobrepasamos el reduccionismo de apoyarnos en los estilos de aprendizaje para ser generadores de nuevos estilos y potenciadores de nuevos procesos: un desarrollo armónico de las capacidades cognitivas del aprendiz.

DESARROLLO DEL CICLO 

1

Si  comenzamos a obtener información desde las experiencias directas y concretas, es decir, aquellas que pueden ser percibidas por los sentidos, comenzamos a dotar al  aprendizaje de un valor real y vinculado al aprendiz. Es más. esta  experiencia concreta, novedosa o sorprendente, se constituye en detectora y conectora de ideas previas relacionadas con el aprendizaje que se ha puesto a rodar.

Para convertirse en un  desarrollo de alto valor cognitivo, es  importante que el alumando disponga de guías, esquemas, modelos o rutinas de observación que le dirijan hacia una observación inteligente. También es preciso que el alumno sea sistemático en la recogida de evidencias de esa observación, de manera individual y/o colectiva, con las que poder posteriormente continuar con el trabajo reflexivo o investigador.
Con esta acción, comenzamos también generando un desequilibrio, un conflicto cognitivo que  precisa iniciar un ciclo para poder llegar a ser acomodado.

Autora de este esquema: @raquelMECD 

2

La reflexión sobre esa experiencia proporciona (porque exige) niveles activos de trabajo. Nada es casual en la enseñanza. La metodología es intencionada: comparamos, evaluamos, sopesamos, investigamos …desde múltiples perspectivas. 

Es cierto que Kolb no diseñó el modelo pensando en un modelo de trabajo en equipo, pero, al considerar el trabajo en equipo (como un axioma irrenunciable de la nueva forma de aprender), potenciamos la metodología con otro elemento sobradamente probado para el  aprendizaje: la interacción.

Así, el individuo reflexiona con sus compañeros de equipo y con dinámicas cooperativas establecidas y sistematizadas. Estas interacciones comienzan a construir una teoría general, propia y co-construida colectivamente, de lo que puede significar la información percibida en las fases anteriores.

Todo el proceso de desequilibrio cognitivo producido en el trabajo previo, comienza a asimilarse dentro del esquema de conocimientos de cada uno de los individuos que participan en el proceso.

CICLO DE KOLB. Grupo de Investigación Stellae. Universidad Santiago de Compostela

3

La formación de conceptos abstractos desde la reflexión interactiva y colectiva se realiza mediante procesos de análisis, síntesis, comparación y contraste. Llegamos de esta manera a extraer y generar conclusiones generales y construir observaciones ancladas en teorías próximas, conocidas, lógicas y sólidas.

Así, y tras la construcción de sus propios esquemas, bases o teorías o constructos, los aprendices son capaces de imaginar conceptos abstractos, hacer generalizaciones basabas en sus hipótesis o construcciones de objetos o diseño de acciones, que estén en consonancia con el reto planteado al principio del ciclo.

Los conceptos, en un proceso convergente previo a la construcción eficaz de cualquier aprendizaje significativo, inician el camino de la acomodación que se produce en la fase posterior.

4

El proceso diseñado por Kolb y Fry finaliza con que el estudiante prueba y evalúa las implicaciones de los conceptos construidos en situaciones nuevas, esencialmente fuera del contexto aula, las expone y las comparte con otros.

Esta secuencia de trabajo une perfectamente con la teorías sobre aprendizaje competencial que me interesan. Aprendizaje competencial entendido como aquel que se desarrolla para que una persona sea capaz de resolver problemas reales en contextos diversos, integrando conocimientos, habilidades prácticas, actitudes y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para desarrollar una acción eficaz y satisfactoria.

Ser compentente implica saber aplicar conceptos y teorías en la toma de decisiones y la resolución de problemas en nuevos escenarios.

Esta es la comprobación de que hemos cerrado el ciclo e integrado el nuevo aprendizaje en nuestro esquema de conocimientos anteriores.

PLUSES DEL MODELO DE KOLB

1. Es un modelo que para los docentes que desarrollamos aprendizaje basado en la resolución de problemas, retos o proyectos dentro del contexto escolar, se nos ajusta perfectamente, porque la idea básica de este método es la integración del aprendizaje abstracto y la solución de problemas concretos en un mismo ciclo de aprendizaje.

2. Aunque el modelo era un modelo analítico y descriptivo en el que Kolb identificó diferentes estilos de aprendizaje, así como dos dimensiones principales del aprendizaje, la percepción y el procesamiento, nosotros lo llevamos al terreno de lo práctico. De esta manera cuando lo aplicamos también nos aseguramos que desarrollamos competencias ricas y variadas que transitan entre modelos activos y reflexivos, entre lo sistemático  y lo analítico; entre el desarrollo de rutinas y hábitos de percepción y el procesamiento inteligente…;  elementos muy cercanos a las nuevas teorías neuroeducativas que están revolucionando nuestra forma de comprender el aprendizaje.

3. Su diseño, en forma de  círculo, debe entenderse la progresión cognitiva como una espiral que va pasando sucesivamente por cada uno de los cuatro tipos de actividades, también describió dos tipos opuestos (y complementarios) de percepción (concreta y abstracta) y procesamiento (activo y reflexivo) por las que podemos entender que el aprendizaje se produce como resultado yuxtapuesto de ambas formas. Es decir,  de la forma como las personas perciben y de la manera como las personas luego procesan lo que han percibido.

No han sido pocas las teorías que han argumentado que el modelo de Kolb se fundamenta sólo por una débil evidencia empírica y que el proceso de aprendizaje es en realidad mucho más complejo que la teoría que él sugiere. 

He intentado describir un  modelo esquematizado y organizado de cuatro cuadrantes de experiencias, dos ejes de ejercicio cognitivo y cuatro procesos que permitirán al alumnando involucrarse, enteramente y sin prejuicios, en:

  • situaciones que se le presenten
  • lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde
               varias aproximaciones;
  • generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías
               lógicamente sólidas
  • ser capaz de utilizar y transferir eses teorías para tomar decisiones y
               solucionar problemas. 

Entre todos construimos 

Dejo aquí un esquema propio que diseñe para un artículo en ined21 y que le llamé : secuencia para un aprendizaje auténtico.

Lampadia




Es el momento de lanzar un gran programa anticorrupción

Es el momento de lanzar un gran programa anticorrupción

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los escándalos de corrupción vinculados a la nefasta penetración económica y política brasilera amenazan con deslegitimar por completo la clase política, derribar el establishment y eventualmente vacar al propio presidente de la República, peligro que aún no ha cesado del todo. Es el momento de dar un giro de tuerca en las políticas y las acciones anti corrupción para mostrar que el sistema en su conjunto es capaz de reaccionar para que estas cosas no vuelvan a suceder y establecer mecanismos que permitan prevenir, disuadir y restar espacio para la corrupción en general en el país.  

 

ISO Antisoborno en las empresas privadas

En esa línea, Julio Luque, presidente de IPAE, recogió la propuesta de Oscar Espinoza Bedoya en el último CADE, y anunció una iniciativa que podría terminar siendo histórica: que uno de los cinco compromisos de esa institución, sobre el que se rendirá cuentas en el próximo CADE, será “conseguir que el mayor número posible de empresas en el Perú se comprometan con un Programa de Tolerancia Cero a la Corrupción”. Esto podría incluir que las empresas adopten el ISO Antisoborno (37001) que, dicho sea de paso, podría ser establecido como condición para contratar con el Estado.

Se ha formado un comité integrado por Oscar Espinoza, Ricardo Briceño y el propio Julio Luque. Dicho comité ha contratado una consultoría para que identifique los procesos anti soborno que las empresas que se comprometan deban implementar. Esto es lo que hace la diferencia y hace pensar que esta vez sí vamos en serio, porque de esa manera la adhesión o inscripción de las empresas no será solo declarativa, sino que se podrá “auditar” su comportamiento. La inscripción de las empresas se hará posiblemente a partir de marzo, cuando se tenga todos los procesos definidos.   

Un movimiento claro de las empresas grandes, medianas y pequeñas en esa dirección, sin duda ayudaría a cambiar la tendencia y crear un clima de integridad en el país que no tiene precedentes.

Sistemas de integridad y de denuncias en las entidades públicas

Ahora, para que ese impulso que viene del sector privado pueda tener máximo impacto en la creación de un ambiente nacional de honestidad, se requiere un decidido movimiento en la misma dirección de parte del sector público. Lo primero sería el establecimiento de la función de integridad en las entidades estatales. Es algo que se está trabajando en la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 que elabora la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).[1] La idea es que en cada entidad pública haya una oficina o una persona que se encargue de monitorear todo lo relativo a transparencia, conflicto de intereses, política de regalos y atenciones, control interno, análisis de riesgos de corrupción, régimen disciplinario y sanciones.

Esto supone, además, como parte de dicha política de integridad, que cada entidad pública implemente un efectivo sistema de denuncias. Para ello se dio el Decreto Legislativo N° 1327, reglamentado incluso mediante el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que establece procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe, y define medidas de protección a denunciantes. El Ministerio de Justicia no ha terminado de dar los pasos necesarios para hacer lo que le corresponde como rector de este sistema. Este sistema, bien implementado, debería servir de base operativa para lanzar una campaña nacional de denuncias en todos los ámbitos.

[1] Esta propuesta se presentó en un taller en la GIZ a representantes de varias bancadas del Congreso. Para hacerla,toma como base en “Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente” (2017), y el “Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo”, que presentó una propuesta de 100 acciones contra la corrupción en el Perú.

Obra pública

También se requeriría reformar la obra pública, haciéndola más predecible y transparente. La mencionada propuesta del Plan Nacional de Integridad contiene un conjunto amplio de medidas para prevenir la corrupción en la obra pública, tales como fortalecer con el más alto nivel profesional la Central de Compras Públicas (Perú Compras), aprobar un Plan Nacional de Infraestructura que transparente, y haga predecibles las decisiones públicas en los próximos veinte años, políticas de transparencia, entre otras. 

El congresista Javier Velásquez Quesquén ha propuesto la excelente idea de reducir el espacio para que municipalidades hagan obras por administración directa, donde hay mucha corrupción. Y sería bueno estandarizar las obras menores.

Recientemente el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, ha anunciado la contratación internacional de un PMO (Project Manager Office) para estandarizar los procesos de licitación y contratación en Provías, sede de los presuntos arreglos denunciados al llamado “club de la construcción”, y para supervisar de manera permanente dichos procesos. También ha presentado al MEF una nueva estructura de personal y remuneraciones, en aplicación de la ley de servicio civil.

Simplificación administrativa

La adopción de sistemas Antisoborno por parte de las empresas privadas, sobre todo si esto llega también a empresas medianas y chicas, se potenciaría además si el Estado avanza de veras con la simplificación administrativa y la eliminación de trámites y regulaciones inútiles, que debe ir de la mano con la digitalización del Estado y con su profesionalización a través de la aplicación del régimen del servicio civil meritocrático en toda la administración estatal. Todo eso es fundamental para reducir las ocasiones de corrupción.

La PCM está trabajando en la simplificación administrativa. Mayen Ugarte, Secretaria de Gestión Pública, nos informó que, al 8 de noviembre, su oficina había revisado ya los trámites y Tupas de 9 Sectores. Como resultado, había emitido 59 Resoluciones Ministeriales simplificadoras, eliminando 127 trámites y simplificando 62. El próximo año avanzará con los demás sectores.

Al mismo tiempo, está en ejecución el difícil y resistido “Análisis de Calidad Regulatoria” (ACR) de las normas. Comenzó, de acuerdo al cronograma, en tres Sectores: PCM, Ambiente y Comercio Exterior y Turismo. Se revisaron 350 procedimientos. La tarea es dura: según Ugarte, de los primeros 11 que entraron, solo sobrevivió uno, lo que sin duda es una buena noticia, pero da una idea de la resistencia que el proceso puede engendrar en la burocracia, que se aferra a sus normas. En todo caso, se enviaron las observaciones del ACR a esas tres entidades para las subsanaciones correspondientes, ya las subsanaron y ahora han ingresado al proceso de validación por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, por lo que el proceso no ha culminado aún. Luego el 30 de noviembre se presentó a la PCM el ACR del segundo grupo de entidades (los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, Agricultura y Riego, y Cultura), relativo a 500 procedimientos, que está siendo revisado por la Secretaría de Gestión Pública para formular las observaciones a que haya lugar. 

También ha llegado el ACR de cerca de 1,000 procedimientos del tercer grupo de ministerios, que aún no ha empezado a revisarse. Todavía se está dentro del cronograma, aunque las observaciones y subsanaciones demoran más que los tres meses asignados. Es un proceso de varias vueltas. Según Mayén Ugarte, es un proceso de aprendizaje. El primer lote fue más difícil porque todo era nuevo.  “En un momento hicimos un alto para analizar y trabajamos la estandarización de observaciones y hemos podido trabajar con equipos de consultores externos con apoyo de la GIZ. Lo interesante es que, para la segunda vuelta, después de las observaciones las propias entidades están proponiendo eliminaciones y se lo toman en serio porque ven que el programa va en serio, y entonces vienen mejor las sustentaciones”, explica.

Fuera de esto, es interesante ver que en adelante solo por decreto supremo se puede ahora crear un procedimiento nuevo, que deberá pasar por el ACR y también por el análisis de impacto regulatorio (RIA): el ministerio de justicia analiza el impacto de la norma propuesta en la legalidad, el MEF el impacto en los mercados y la PCM en la organización del Estado (duplicidad, simplificación). Lamentablemente en diciembre la carga de los ACR fue tal que se decidió hacer RIA solo para las normas multisectoriales, y en las sectoriales la PCM revisa si requieren pasar por ACR o no. Da la impresión que la PCM debería reforzar el equipo encargado de todos estos temas clave.

Indecopi y las barreras burocráticas

El Indecopi, que tiene una tarea también clave de eliminación de barreras burocráticas, parece estar avanzado. Su Director Ejecutivo, Ivo Gagliufi, nos informaba que a fines de diciembre existían 106 casos de inaplicación de barreras burocráticas con efectos generales. Además –añade- se han eliminado voluntariamente entre enero y octubre un total de 2,224 barreras burocráticas que representan un ahorro de 82.5 millones de soles, y “hemos creado el programa Comando Antibarreras para identificar barreras de oficio pidiendo la información a los gremios y luego vamos a las entidades para pedirles que las eliminen voluntariamente. Es decir, lo estamos haciendo proactivamente”. Bien.

No obstante, el abogado Alejandro Falla escribió hace poco en El Comercio lo siguiente: “el MEF parece trabajar para el enemigo al haber aprobado metas que incentivan a las municipalidades a aprobar trámites absurdos cuestionados por el Indecopi”. En efecto, el MEF administra el programa de fortalecimiento a la gestión municipal que aprueba transferencias adicionales de dinero a las municipalidades que cumplen ciertas metas que se aprueban año a año.  Pues bien, ocurrió que el MEF estableció una meta que incentivaba a las municipalidades a aprobar un reglamento (para obtener ingresos propios) que contenía requisitos y exigencias que Indecopi ya había declarado como barrera burocrática (exigencia del carnet de sanidad). Es decir, la mano derecha no conversa con la mano izquierda.  Como sugiere Falla, “sería mejor que dentro de las metas a ser priorizadas el próximo año se incluya el destrabe o la simplificación administrativa. Si lo hacen, podrían tener a todas las municipalidades alineadas con el objetivo. En Australia han aplicado un sistema similar y les ha dado resultados”.

Digitalización del Estado

La digitalización del Estado, que es también fundamental para transparentar, facilitar y disminuir peajes corruptores, ha empezado a moverse desde que en noviembre del 2016 se nombró a Lieneke Scholl en la Oficina de gobierno Electrónico. Ella es ahora ministra de la Producción. En la actualidad hay 85 servicios WEB del Estado en la plataforma de interoperabilidad y 238 entidades públicas usándolas, y 61 tasas se pueden pagar por Internet (pagalo.pe)  en lugar de tener que ir al Banco de la Nación. Además, en agosto se publicaron los lineamientos de Gestión Documental para que las entidades del Ejecutivo puedan conectar electrónicamente sus aplicaciones de trámite documentario camino a CERO PAPEL. En ese terreno las cosas están avanzando.

Ley de Servicio Civil sin prioridad

Las empresas privadas honestas necesitarían interactuar con un Estado profesional y meritocrático. Para ello se dio la ley de Servicio Civil, cuya aplicación lamentablemente carece de prioridad política en esta administración pese a que es fundamental para pasar de entidades estatales neo patrimonialistas basadas en redes personales y eventualmente ilícitas (como en el caso de muchos gobiernos sub-nacionales, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial), a organizaciones profesionales basadas en el mérito. 

Dicho sea de paso, una de las instituciones que presentó y logró que se aprobara un proyecto de ley para exceptuarse de dicha ley, es nada menos que el Poder Judicial (para sus trabajadores administrativos), cuyo presidente preside, paradójicamente, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Se aprobó en ese mismo acto, hace un par de semanas, una ley de Carrera del Trabajador Judicial, en la que la meritocracia se limita –y con excepciones, además- al ingreso a la carrera, que será mediante concurso público, pero de allí en adelante se instaura la estabilidad absoluta: no se dispone evaluaciones para ascender ni menos aún para permanecer en la carrera. Esto es una burla al país, más aún en la institución encargada de castigar la corrupción.  

El único efecto práctico de esa ley será una nueva escala con remuneraciones más altas que las actuales, pero a cambio de nada. 

Reformar la Corte Suprema

El lanzamiento de un movimiento anti soborno en las empresas privadas debe ir de la mano con una reforma profunda del sistema judicial. Por supuesto, la adopción por parte de los estudios de abogados del mencionado ISO Antisoborno y la firma de un pacto anti soborno como el que Beatriz Boza intentó hace unos años sin éxito, ayudarían muchísimo. Pero se requiere reformar y modernizar el sistema judicial mismo. Se ha planteado la reforma del CNM, la reducción de la provisionalidad de magistrados anticorrupción (jueces y fiscales), y la Interoperabilidad del sistema de administración de justicia, que incluye el estratégico expediente digital, para el que se está solicitando un préstamo de $200 millones de dólares al Banco Mundial.

Pero hace falta, además, y primero que todo, reformar la Corte Suprema, en la línea de lo que hace años planteó la Ceriajus: pasar a una Corte Suprema de muy alto nivel conformada por solo 11 miembros (no los ¡45! que son ahora entre titulares y provisionales) dedicada solo a casos emblemáticos que permitan sentar jurisprudencia. Y fortalecer la gerencia general para descargar en ella la parte administrativa. Si reformamos la cabeza, reformamos el cuerpo. No solo habrá predictibilidad, reduciendo el espacio para la compra de sentencias, sino que muchos buenos egresados de las facultades de derecho querrán ingresar a la carrera judicial si ven que la Corte Suprema está integrada por los mejores juristas del país. Mejoraríamos así la calidad de los jueces.

Financiación ilegal de campañas y reforma política

Por supuesto, de nada sirve que muchas empresas privadas adquieran prácticas de integridad si los poderes ilegales pueden infiltrarse en el Congreso y el Ejecutivo a través del financiamiento de las campañas electorales. La mencionada propuesta de Plan Nacional de Integridad establece la penalización de aportes no autorizados, la rendición periódica de cuentas y no al final de campaña, y la transparencia en la publicidad. Al respecto, Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén proponen que, en la medida en que el costo de la publicidad electoral en la televisión representa alrededor del 80% o 90% del gasto de los partidos en las campañas, que sea el Estado quien pague dicho costo. Esto en lugar del financiamiento público a los partidos, que lleva a controles e injerencias en las organizaciones políticas.

Por supuesto, el problema es mucho más complejo. Se necesita una reforma política y una reforma de la descentralización que permitan recuperar autoridad central sobre gobiernos sub-nacionales que se han convertido en botines presupuestales de aventureros políticos no pertenecientes a partidos políticos sino eventualmente a mafias de todo tipo. Se necesita revertir la feudalización del país, que es la madre del cordero de la corrupción en el interior del país.

Sería bueno que se empodere a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a fin de que pueda movilizar la ejecución del Plan Nacional de Integridad cuando se apruebe, y que coordine con el sector privado, con IPAE en este caso, para llevarlo adelante. Lampadia

 

 

 




Aumentemos la productividad para ser más ricos

La economía sigue debajo de su ritmo de crecimiento natural. Poco a poco hemos transitado a un plateau de estancamiento relativo. Luego de cinco años de una creciente caída de la inversión privada y pública, en vez de corregir el clima de inversión y apostar a ganador activando los proyectos paralizados, tanto en minería como en infraestructuras, el nuevo gobierno parece contentarse con plantear un crecimiento de 4 a 5% hacia al 2021.

El 2016 cerró mal, con un tercer año de caída de la inversión privada (-5.5%) y de la pública de 0.1% (la inversión privada tuvo una caída acumulada de 11.8% en tres años y la pública de 9.3%), el crecimiento no llegó al 4% y la demanda interna se desbarrancó a menos de 1%. Según el Reporte de Inflación del BCRP, la inversión del sector privado se ha revisado a la baja para este 2017, pasando de 2.5 % a -1.8 %, principalmente por la paralización de obras de infraestructuras y por una caída de la inversión minera.

El Perú necesita un mayor crecimiento para cerrar nuestras brechas sociales y económicas, y para nivelar al paísantes de que el tren de la revolución tecnológica nos deje en una estación del pasado. Hace pocos  días, en el CADE 2017, Liliana Rojas-Suárez, reputada economista peruana, presentó un análisis muy oportuno sobre el ritmo de crecimiento necesario para que el Perú pueda cerrar las brechas de ingresos con respecto a los países más avanzados. Como puede verse en el siguiente cuadro resumen de los escenarios analizados por Rojas-Suárez, al ritmo actual de crecimiento de la economía, de alrededor de 4% anual, necesitaríamos entre 78 y 25 años para nivelarnos con los más avanzados o con los que recién lo lograron, respectivamente. Si crecemos a un 7% anual, necesitaríamos entre 28 y 13 años para nivelarnos.  Ver en Lampadia: ¿Cómo acortamos el tiempo para nivelarnos?

¿Qué tenemos que hacer para crecer sostenidamente?

El crecimiento económico del Perú en la primera década del siglo, es innegable. Nuestro desarrollo se llevó a cabo principalmente por un aumento sostenido en la productividad total de los factores (PTF), la cual contribuyó alrededor de un tercio del crecimiento. Esto se debe principalmente a la adopción de medidas de estabilización macroeconómica (por medio de un régimen cambiario más flexible, disciplina fiscal y baja deuda pública), además de reformas estructurales como la liberalización financiera, del comercio y regulaciones del mercado. Todo esto mejoró la eficiencia en la asignación de recursos y dio lugar a un notorio crecimiento de la productividad. Lo que contradice muchas críticas infundadas sobre el desarrollo de la economía peruana durante los primeros años del nuevo siglo. Ver el siguiente cuadro:

En el CADE, Luis Carranza también afirmó la necesidad de que el gobierno tenga la capacidad técnica de diseñar reformas que aumenten la productividad, afirmando “Todas las experiencias de rápido crecimiento, ya sea en Asia o en la Europa de la posguerra, están basadas en fuertes aumentos de productividad. Eso solo es posible si implementamos reformas estructurales y políticas públicas que faciliten la inversión y promuevan la competencia. Estas medidas no son fáciles de implementar porque afectan intereses creados, de allí que el siguiente gobierno deberá tener la capacidad técnica de diseñar las reformas y la capacidad política de aplicarlas, pero además es indispensable el respaldo político para sostenerlas en el tiempo. Nuestro país no se merece otro gobierno mediocre.”

Diversos reconocidos expertos como Julio Velarde, Liliana Rojas Suarez y Elmer Cuba, entre otros, también concuerdan en la necesidad de aumentar nuestra productividad para poder retomar nuestra senda de crecimiento sostenido.

Pero… ¿qué es la productividad?

La productividad se refiere a qué tan bien las personas combinan recursos para producir bienes y servicios. En términos generales, cuanto mayor es la productividad de un país, mayores son los niveles de vida que puede pagar y más opciones tienen para mejorar el bienestar. El bienestar se puede aumentar con cosas como atención médica de calidad y educación; transporte e infraestructuras; comunidades más seguras; etc.

La productividad es una medida de la eficiencia en el uso de recursos para la producción de un bien o servicio. De esta forma se mide cada factor empleado, por ejemplo, el trabajo de la fuerza laboral o la capacidad de la maquinaria u otros bienes de capital, y los mide en unidades de tiempo. Podemos querer ver la productividad mensual o anual de una economía de esta forma.

Una economía con un aumento en productividad es capaz de producir la misma cantidad de bienes o servicios en una menor cantidad de tiempo. De esta forma se convertirá en más competitiva ya que por lo general mejoras en productividad vienen acompañadas en reducciones de costos. Si una fábrica es capaz de producir el doble de productos en la misma cantidad de tiempo, muchos de sus gastos (supervisores, electricidad, gerencia general, etc.) serán diluidos en una mayor producción. Es fácil entender que una economía con mejoras en productividad es también una economía más competitiva, con mayor crecimiento y mayor bienestar.

¿Cómo se mide?

En simple, la productividad mide la relación entre la producción de cualquier bien o servicio y el esfuerzo requerido para lograr esa producción. La forma de medición de la productividad en el Perú se realiza de por lo menos dos formas, la productividad total de factores y la productividad por trabajador.

La primera se calcula restando la producción de la mano de obra y la del capital (fábricas, maquinaria, etc.) al total producido en el país, es decir, el PBI.

Consideremos la producción total (Y) como una función de los factores capital (K) y trabajo (L), por lo que podemos escribir, en forma (cuasi) lineal:

Donde:

F (.,.) es la función de producción total.

Kappa (.,.), es la participación del capital en la producción total, expresada en tanto por uno.

Lamda(.,.), es la participación del trabajo en la producción total, expresada en tanto por uno.

El segundo método divide el total del producto bruto interno por la fuerza laboral, llegando a una medición de la productividad del trabajo. Su fórmula es:

Donde:

K y L, son las cantidades totales de capital y trabajo usadas en la economía.

Alpha, es la proporción de capital usada en el trabajo.

A, es una función del resto de factores productivos como la tecnología, la cualidad de la mano de obra, etc.

¿Cómo se mejora la productividad?

No hay una fórmula simple. Mejorar la productividad es, en última instancia, el producto de muchas decisiones sobre cómo generar valor. Existen algunas bases generales para mejorar la productividad, como desarrollar un gobierno efectivo y un entorno empresarial atractivo, que incluye un entorno normativo de bajo costo y alta calidad. Estas bases requieren atención y mejora continua. Un gran número de otros factores también importan, como:

  • El grado de apertura y competencia en los mercados, que es importante para incentivar la innovación, mejorar la asignación de recursos y lograr un desempeño más dinámico;
  • Promoción de la Inversión, que dependen de la calidad del gobierno y la gestión;
  • La calidad de la educación y la actitud de los estudiantes hacia el valor del aprendizaje;
  • La calidad de las decisiones del gobierno (en todos los niveles), al establecer políticas y dar forma a los ambientes regulatorios, y al decidir dónde se gasta el dinero público

¿Qué ha pasado últimamente con la productividad en el Perú?

Lamentablemente, como hemos señalado en Lampadia, el 2011 se produjo un punto de inflexión en el crecimiento de la inversión, la anemia infantil y el aumento de la Productividad Total de Factores. (Ver: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo). 

La situación en el Perú viene desmejorando en los últimos años, y ya nos estamos acostumbrado a que los índices muestren un retroceso.

El Perú está creciendo menos. Las proyecciones siguen bajando, al igual que la inversión pública y privada. Así jamás recuperaremos el desarrollo del que tanto nos enorgullecíamos y con el que ganamos el nombre de “la estrella de Latinoamérica”.

De acuerdo a TheConferenceBoard, la Productividad Total de Factores (PTF) del Perú disminuyó en 7.8% entre 2011 y 2014, registrándose su peor caída en el último año (-4.5%), así lo reveló el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

¿Qué debe hacer el Perú para mejorar su productividad?

El Gobierno debe enfocar sus esfuerzos para concretar las reformas que den un mayor impulso al crecimiento de la productividad. Debiéramos crecer a tasas similares a las de los tigres asiáticos en su larga fase de despegue. En el caso del Perú, para lograr un crecimiento más pronunciado de la productividad, es preciso avanzar en las siguientes reformas:

Estado eficiente: contar con un poder judicial eficaz e independiente, derechos de propiedad bien delimitados, agilidad en los trámites burocráticos.

Infraestructuras: reducir la brecha de en infraestructuras, vía concesiones y Asociaciones Público Privadas (APP). Existe una importante oportunidad de financiamiento externo para este tipo de proyectos.

Educación: mejorar la calidad de la educación. Además, alentar la formación de carreras tecnológicas.

Tecnología: incrementar la colaboración de las empresas y las universidades. Alentar las carreras de ingeniería y ciencias. Generar incentivos para que las empresas incrementen su presupuesto en innovación.

Instituciones: mejorar las reglas de juego para facilitar una mejor convivencia de los ciudadanos, su protección contra el abuso del Estado, el clima de inversión y una mejor gobernanza.

En resumen, tenemos que elevar la productividad, la competitividad y multiplicar nuestros desarrollos productivos. Entre las propuestas de cómo lograrlo se encuentra la promoción de la competencia, la reducción de costos que genera el cumplir con regulación burocráticas anti-propósito, una mayor integración comercial con el resto del mundo, y la creación de un ambiente de inversión que permita transformar nuestras ingentes reservas de recursos en riqueza.

En Lampadia creemos que nada se puede hacer sin explicar y convocar a todos los ciudadanos a la gesta del desarrollo. Para ayudar al entendimiento de la productividad, líneas abajo presentamos tres ejemplos de la vida productiva que conllevan impactos en la productividad:

1. Agricultura

Las tecnologías del Programa Sierra Productiva permiten a los campesinos de los minifundios alto-andinos, dar un tremendo salto productivo instalando riego por aspersión. Por ejemplo, se construyen pequeños reservorios uni-familiares de agua, tubos de PVC y botellas agujereadas. Con ello se pueden retirar los pastos naturales que crecen 5 centímetros al año con el agua de lluvia, y sembrar pastos cultivados que con el riego permanente pueden dar hasta 5 cortes de un metro por año, desatando un salto de producción, que transforma la vida de sus familias.

2. Educación

Los beneficios económicos de la educación para la sociedad en general dependen en gran medida del impacto de la educación en las habilidades y la productividad de los trabajadores. Muchos investigadores han establecido la conexión entre el conocimiento, las habilidades y los hábitos de trabajo adquiridos por los estudiantes en la escuela y el crecimiento económico. Con escuelas sólidas en cada comunidad, podemos proporcionar a todos los niños la educación necesaria para tener éxito en sus vidas y participar activamente en la vida cívica del país. En general, los países con una fuerza laboral mejor educada tienen economías más fuertes y niveles de vida más altos.

3. Tecnología

La introducción de nuevos procesos de producción puede tener efectos dramáticos en la productividad. La mayoría de los aumentos en los niveles de vida humana no provienen de trabajar más horas o de usar más capital u otros recursos, sino que una mejor productividad proviene de la aplicación de nuevas tecnologías y nuevas técnicas de producción. Por ejemplo, el uso de un buen sistema de refrigeración en un restaurante, permite disminuir los desperdicios y aumentar la productividad.

Una de las reformas que más influencia tiene en términos de productividad es la reforma laboral, que tiene efectos contrarios a los nominales, reduciendo la productividad y la generación de riqueza.

Lampadia




¿Cómo acortamos el tiempo para nivelarnos?

Una de las presentaciones más asertivas de CADE 2017 fue la de Liliana Rojas-Suárez, PhD, brillante economista peruana, Investigadora Principal y Directora de la Iniciativa Latinoamericana del Center for Global Development, quien habló de un Perú dual,viendo sus fortalezas y debilidades en una presentación titulada “Crecimiento y Desarrollo en Perú”.

Fuente; Ipae

Según Liliana, “Si en el 2007 (antes de la crisis financiera internacional) veíamos dónde estaba Perú pues ocupaba el sexto lugar dentro de los países emergentes, como el más fuerte macroeconómicamente, y el número uno era Chile. Hemos pasado diez años y si vemos la fortaleza macroeconómica, el Perú continúa en el sexto lugar y Chile ha bajado del primer lugar.”

Sin embargo, mencionó que,si se combina lo macro con aspectos estructurales, Perú queda entre los últimos lugares; mejor que Colombia, Brasil y Argentina, pero muy inferior a Chile. “Esto es como una dualidad macroeconómica muy fuerte, pero desde el punto de vista de políticas estructurales pro-crecimiento falta mucho por hacer”, advirtió.

Estas fuertes debilidades del Perú en políticas estructurales pro-crecimiento limitan el crecimiento, limitan significativamente la inversión en momentos de bajas entradas de fondeo y capital extranjero y producen una baja productividad total de los factores. “Para un país que está tan sujeto a la volatilidad de flujo de capitales, de precios de commodities, el hecho que no tenga una fuente suficientemente fuerte de recursos internos que fondeen la falta de recursos externos en momentos malos, pues debilita las probabilidades de crecimiento”, tó.

Por eso, son necesarias las reformas estructurales pro-crecimiento. Lamentablemente, de 1980 a la fecha, el Perú ha avanzado muy poco en acortar la brecha del ingreso per cápita con respecto a los países avanzados.

Por lo tanto, el Estado debe participar de la diversificación de exportaciones. “Pero el Estado no puede hacerlo solo, el Estado solamente permite poner las reglas de juego, los que lo hacen es el sector privado, es el empresario. El empresario y el Estado tienen que ir juntos en este proceso”, afirmó.

Su análisis sobre el ritmo de crecimiento muestra que es necesario que el Perú cierre las brechas de ingresos con respecto a los países más avanzados (que compartimos líneas abajo). En un primer caso, con respecto al conjunto de los países más avanzados y en un segundo, con respecto a aquellos países que alcanzaron el status de avanzados recientemente.

Como puede verse en el siguiente cuadro resumen de los escenarios analizados por Rojas-Suárez, al ritmo actual de crecimiento de la economía, de alrededor de 4% anual, necesitaríamos entre 78 y 25 años para nivelarnos con los más avanzados o con los que recién lo lograron, respectivamente. Si crecemos a un 7% anual, necesitaríamos entre 28 y 13 años para nivelarnos.  

Esto nos muestra que nos espera un esfuerzo descomunal para llevar a nuestra población a los estándares de calidad de vida que ofrecen los países más avanzados. Algo que no puede dejar de ser nuestra más importante aspiración. Y sin un crecimiento acelerado entonces no se llegará a cerrar la brecha con los países desarrollados, la famosa y difícil convergencia.

Como afirmó Liliana, “El Perú, en estos momentos, está solamente al 27% de la brecha del ingreso per cápita con los países desarrollados, no llega a ser ni un tercio del ingreso per cápita ajustado por poder de compra de los países desarrollados. Si Perú crece al 4%, entonces demoraría entre 60 y 70 años, ni sus hijos ni sus nietos lo verían. Perú necesita altas tasas de crecimiento y si crece al 7% puede cerrar la brecha en 26 años, por supuesto considerando un montón de factores analíticos”, dijo.

La economista señaló que si Chile logra crecer 4% al año entonces demoraría 25 años alcanzar el nivel de ingreso per cápita de los países desarrollados y si logra crecer en 7% entonces cerraría la brecha en siete años. “El crecimiento y el desarrollo van juntos, y al hablar de desarrollo me refiero al desarrollo social, los niveles de acceso a servicios, los niveles de educación, los niveles de salud”, afirmó.

Hoy estamos muy lejos del ritmo de crecimiento que necesitamos. Después de la parálisis del gobierno de Humala, el nuevo gobierno de PPK intenta poner una meta de crecimiento insuficiente para cubrir nuestras brechas y que no parece basarse en el aprovechamiento de nuestros potenciales productivos. Lampadia




Transformemos nuestros ecosistemas educativos

En Lampadia hemos insistido en la necesidad de emprender una verdadera revolución educativa si queremos nivelarnos con los estándares educativos de los países más avanzados y enfrentar los retos que traerá la cuarta revolución industrial a nuestros pobres. Hemos hablado de un ‘shock educativo’, un ‘big bang’, un ‘pacto social por la educación’. Este reto se da en un contexto en el que el mundo está todavía tratando de acomodarse a la necesidad de cambio, lo que lo dificulta y hace más urgente.

Como afirma el Foro Económico Mundial (en un reciente artículo que compartimos líneas abajo), “Es el camino más difícil de seguir, no hay duda al respecto. La transformación de los ecosistemas educativos, la creación de una economía asistencial y la gestión de la transición hacia un nuevo mundo del trabajo requieren voluntad política, políticas innovadoras, nuevos modelos de financiación y, lo que es más importante, una nueva mentalidad.”

Y es que el mundo está cambiando a gran velocidad pero, como afirmó la ex Secretaria de Estado estadounidense, Madeleine Albright (en: “Fuera de control en términos de las fuerzas desplegadas”): “la gente está hablando con sus gobiernos con tecnología del siglo 21; los gobiernos escuchan en la tecnología del siglo 20 y proporcionan respuestas del siglo 19”. Esta frase puede aplicarse en muchos escenarios, como por ejemplo el sector educación en el Perú. En nuestro país hemos terminado de debatir el tema educativo con la censura al ministro Saavedra, sin que si quiera se hablara sobre los temas de fondo: de la revolución que se viene y de la revolución que no emprendemos.

A pesar de los grandes miedos sobre la disrupción en los empleos por la era de la Cuarta Revolución Industrial, el Foro Económico Mundial tiene una perspectiva proactiva y optimista, afirmando que “Si los líderes actúan ahora, utilizando este momento de transformación como un ímpetu para abordar la reestructuración tan esperada, tienen la capacidad no sólo de frenar el flujo de tendencias negativas, sino de acelerar las positivas y crear un entorno en el que más de 7 mil millones de personas en el mundo pueden alcanzar su máximo potencial.”

Esta visión va muy ligada a  nuestra propuesta de que los jóvenes requieren un “salto cuántico”, como se propuso en CADE 2014 en la presentación de la “Visión del Perú para el tercio de siglo” y en los consejos de Lant Pritchett, Presidente de la Maestría en Políticas Públicas del programa de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard para el Desarrollo, en el mismo evento, respectivamente y como aconseja Sir Ken Robinson. Ver en Lampadia: Educación y Habilidades para el Futuro y Líneas de acción y compromisos para la educación del siglo XXI y ¿Las escuelas matan la creatividad?

El futuro del Perú depende de cómo formemos a nuestros jóvenes. Esperamos que el gobierno  pueda tomar conciencia de las reformas que necesitamos asumir para iniciar la inmensa tarea de dar a las nuevas generaciones los beneficios y capacidades que nos ofrece el mundo del siglo XXI. Lampadia

Puede que tengamos menos de 5 años para cambiar la manera en que aprendemos, ganamos y nos cuidamos

Estamos en medio de una revolución laboral. ¿Cómo nos preparamos? Fuente: Cel Lisboa

Saadia Zahidi, Jefe de Educación, Género y Trabajo y Miembro del Comité Ejecutivo
Foro Económico Mundial, Ginebra
4 de enero de 2017
Traducido y glosado por Lampadia

Durante el último año, en el Foro Económico Mundial y en otros lugares, he hecho dos preguntas a los participantes. En primer lugar, pido que alcen las manos quienes se sienten seguros de sus habilidades actuales para el resto de sus carreras – alrededor de uno de cada cinco levanta la mano. Entonces les pregunto si se sienten seguros de aconsejar a sus hijos sobre su educación para que preparen su propio futuro: ninguno levanta la mano. Estas personas son algunas de las figuras más destacadas del mundo y, sin embargo, como muchos de nosotros, no estan seguros de cómo será el futuro de los mercados laborales.

Esto no es sorprendente.

La globalización y la tecnología están acelerando tanto la creación de empleo como su destrucción. Algunas estimaciones ven que el riesgo de la automatización de los empleos alcance a casi la mitad de los trabajos actuales, mientras que otros pronostican un valor considerablemente más bajo de 9%. Sin embargo, todas las ocupaciones pasarán por un cambio: encontramos que, en promedio, un tercio de las habilidades necesarias para realizar los trabajos de hoy serán completamente nuevas para 2020.

Al mismo tiempo, los sistemas de educación y formación no están siguiendo el ritmo de estos cambios. Algunos estudios sugieren que el 65% de los niños que actualmente ingresan a la escuela primaria tendrán empleos que aún no existen y, por lo tanto, su educación no los preparará, exacerbando las carencias de habilidades y el desempleo en el futuro. Incluso muchos de los sistemas de formación y calificación de los adultos no pueden apoyar el aprendizaje de los actualmente activos de casi 3,000 millones de personas.

Además, las anticuadas normas culturales y la inercia institucional están creando obstáculos para la mitad del talento del mundo y empeoran en el nuevo contexto. A pesar del salto de las mujeres en la educación, su participación en la fuerza de trabajo remunerada sigue siendo baja; y el progreso se está estancando, estimando previsiones actuales de paridad económica en 170 años.

Los resultados a corto plazo de estas dinámicas, combinados con otros factores demográficos, geopolíticos y económicos, son profundamente desafiantes. Incluyen brechas en las habilidades y capacidades que son difíciles de cubrir, para los empleadores y los trabajadores por igual, el desempleo y el desplazamiento de puestos de trabajo, en particular en el trabajo de los obreros y los servicios, el creciente temor de un mayor desempleo tecnológico. En conjunto, estos factores están exacerbando la desigualdad de ingresos y creando una crisis de identidad.

Sin embargo, la mayoría de estas terribles predicciones no tienen por qué dejarse de lado. Si los líderes actúan ahora, utilizando este momento de transformación como un ímpetu para abordar la reestructuración tan esperada, tienen la capacidad no sólo de frenar el flujo de tendencias negativas, sino de acelerar las positivas y crear un entorno en el que más de 7 mil millones de personas en el mundo puedan alcanzar su máximo potencial.

En cambio, en varias economías avanzadas, estamos viendo las consecuencias políticas y sociales de un pensamiento a corto plazo, emotivo -y en ocasiones insincero-. Para aquellos que se están perdiendo de los cambios en curso, el miedo es una respuesta comprensible. Pero alejar a los inmigrantes, el comercio o la tecnología en sí, y desvincularse del mundo, es una distracción, en el mejor de los casos. En el peor, creará aún más consecuencias negativas para aquellos que ya están perdiendo – y para muchos más. Corresponde a líderes y ciudadanos valientes, responsables y comprometidos el tomar una visión a largo plazo y emprender caminos hacia reformas más fundamentales y relevantes y un futuro inspirador.

¿Cómo? Invirtiendo en capital humano y preparando a la gente para las nuevas oportunidades de la cuarta revolución industrial. El Foro Económico Mundial ha trabajado con líderes, expertos y profesionales para crear una visión común y un programa de cambio compartido centrado en cómo aprendemos, trabajamos y nos cuidamos.

  1. Transformar los ecosistemas educativos. La mayoría de los sistemas educativos están tan atrasados ​​versus el ritmo de cambio de hoy y tan desconectados de los mercados de trabajo, que nada menos que una revisión fundamental será suficiente en muchas economías. Las ocho áreas clave de acción son la educación para la primera infancia, los planes de estudios preparados para el futuro, la mano de obra docente profesionalizada, la exposición temprana al lugar de trabajo, la fluidez digital, la sólida y respetada educación técnica y profesional, la apertura a la innovación educativa y, el aprendizaje permanente.
     
  2. Facilitar la transición a un nuevo mundo del trabajo. Si bien hay opiniones profundamente polarizadas sobre cómo la tecnología afectará al empleo, hay un acuerdo en que estamos en un período de transición. La política necesita ponerse al día y facilitar esta transición. Proponemos cuatro ámbitos de actuación: reconocimiento de todos los modelos de trabajo y aplicación ágil de nuevas normas, protección social actualizada, aprendizaje de adultos y re-capacitación continua, y servicios proactivos de empleo.
     
  3. Avanzar en la economía de la atención. A menudo es un sector subvalorado y no regulado, pero en realidad es una de las necesidades fundamentales entre las poblaciones jóvenes y viejas. Tiene un fuerte impacto en la educación, y tiene potencial de crecimiento. Proponemos seis áreas de acción: reconocer y valorar ‘el cuidado’ como un sector vital de la economía, profesionalizar la fuerza de trabajo, reequilibrar las responsabilidades laborales pagadas y no remuneradas, ampliar la infraestructura de atención de alta calidad, crear nuevas disposiciones financieras para facilitar la atención y utilizar la tecnología como una herramienta para equilibrar el cuidado y el trabajo.

Para hacer esto -y para que sea rentable- es fundamental que el diseño de políticas incluya una  gobernabilidad ágil de múltiples partes interesadas, el empoderamiento del individuo, la medición objetiva, el acceso universal y la planificación a largo plazo como principios fundamentales.

El rápido ritmo del cambio significa que necesitamos actuar con urgencia. Según algunas estimaciones, la oportunidad actual de acción es de tres a cinco años. Esto puede sonar desalentador, pero hay una gran variedad de historias de éxito de las que se puede aprender y emular. También hay nuevas oportunidades comerciales sustanciales -como la educación de adultos, los servicios de ‘cuidados’, los servicios de empleo- que hacen que este espacio esté listo para la colaboración público-privada.

Es el camino más difícil de seguir, no hay duda al respecto. La transformación de los ecosistemas educativos, la creación de una economía asistencial y la gestión de la transición hacia un nuevo mundo del trabajo requieren voluntad política, políticas innovadoras, nuevos modelos de financiación y, lo que es más importante, una nueva mentalidad.

Pero este es también el único camino viable si queremos salir adelante de la transición en curso y convertir este momento de flujo en una oportunidad para revitalizar el crecimiento y la realización del potencial humano en la era de la cuarta revolución industrial.

El ‘libro blanco’ de “Logrando el Potencial Humano en la Cuarta Revolución Industrial”: Una Agenda para que los Líderes puedan desarrollar el Futuro de la Educación, Género y Trabajo puede encontrarse aquí. Saadia Zahidi es Jefa de Educación, Género y Trabajo y Miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial. Lampadia

 




Entre el ‘golpe’ y el ‘goce’

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Hace unos meses, en el Encuentro Económico – Región Arequipa 2016, organizado por el Banco Central de Reserva, luego de mi presentación, un arequipeño me preguntó por el hecho de que los empresarios locales se habían mudado a Lima después de vender sus negocios.

Mi comentario fue algo así como lo siguiente: Mire, a mi me parece que es producto de haber enfrentado las consecuencias del ‘Golpe’ y del ‘Goce’.

El ‘Golpe’, porque por varias décadas, entre los años 60 y 80s, fueron las generaciones sacrificadas de un país estancado, donde la iniciativa individual estaba limitada por una dictadura de izquierda castrante y, empobrecidos, en esencia, ya habían perdido hasta la esperanza de tiempos mejores.

Sin embargo, sorprendentemente, cuando el Perú renació de sus cenizas en los años 90, no solo se recuperó la ilusión de tiempos mejores. Todo se recuperó, los ingresos, las ventas de sus empresas y el valor de sus activos. Y así es como pasaron a sentir el ‘Goce’. La sensación de ser ciudadanos del mundo, con capacidades de consumo e inversión no imaginadas.

Esas generaciones de empresarios arequipeños, del mismo modo que los del resto del país, tienen hoy más de 60 años y de alguna manera están obnubilados por su tardía riqueza. Están alejados de la cosa pública y han olvidado que tienen hijos y nietos. Nos guste o no, es difícil llamarlos al orden para que se comprometan con una vida cívica activa.

Pero el Perú necesita el aporte de su clase empresarial, como necesita la de los otros estamentos de la clase dirigente, académicos e intelectuales, para terciar en la vida pública y terminar la construcción de nuestro país.

En el mediano plazo, solo queda esperar que la tarea grande,  la tarea pendiente de hacer país, sea recogida por nuestro líderes más jóvenes, y se dé durante nuestra tercera centuria.

Pero en las actuales circunstancias, en medio de una suerte de tormenta perfecta, insuficiente crecimiento económico, acentuada pérdida de popularidad del gobierno, desastres naturales, crisis de corrupción, falta de inversiones, desentendimientos políticos y debilitamiento del espacio global con los exabruptos de Trump, ‘las siete plagas de Egipto’, necesitamos el aporte de todos, especialmente de los más viejos, aquellos que estén por encima del bien y del mal, para llamar a la reflexión por la convergencia de nuestras fuerzas, y a la acción que nos impulse a construir patria desde la perspectiva del vaso medio lleno.

Hoy sucede todo lo contrario. La cacería de brujas a escalado a la descalificación de estamentos de la sociedad, como se quiere hacer con la tecnocracia, y de estructuras económicas, como se quiere hacer con nuestro limitado modelo de economía de mercado.

Por supuesto, no sorprende que los activistas de izquierda, fragmentados, sin padrinos extranjeros y atrapados en las ‘ideas muertas’, quieran tirar barro con metralleta y tratar de cosechar un espacio de poder en medio de la devaluación de todos los demás. Lo pobres han perdido financiamiento, la vela de Venezuela se tornó ancla, Lula, el ‘padrino’ de las izquierdas latinoamericanas está camino a la cárcel. Sin nada en que apoyarse, solo les queda el pretender dar un salto adelante y matar todo lo que sustente lo alternativo a su fracaso.

Lo que no se entiende tanto, es que algunos intelectuales y académicos menos comprometidos con una militancia política de izquierda, caigan en lo mismo. No se puede decir que un par de libritos escritos en la oscuridad del vaso medio vacío para ganar notoriedad (‘¿Qué se puede hacer con el Perú?’ Y ‘El Perú está calato’), representaron un solitario llamado a la reflexión sobre las debilidades y carencias de nuestro modelo de desarrollo.

Una sola prueba al canto de que lo mejor de la sociedad civil siempre estuvo presente, que la reserva intelectual y moral siempre reclamó emprender reformas institucionales profundas y una verdadera revolución educativa, entre otras gestas importantes, con propuestas concretas, es el conjunto de los temas tratados durante más de 50 años en los CADE de IPAE.

En Lampadia ya hemos tenido que contrastar el tipo de descalificaciones que nos quieren vender  estos días, ver: ¡Qué “calato”… ni que ocho cuartos!

Este no es el momento para tirar barro, sino para converger y eso solo puede hacerse con propuestas. Solo puede hacerse desde la base de lo ya avanzado y desde la perspectiva del vaso medio lleno.

Por otro lado, a pesar del ‘Goce’, también es el momento de fajarse por equilibrar la situación del país, recuperar el crecimiento y el progreso social, y emprender las reformas institucionales y educativas que reclama la población. Lampadia




Bien por los decretos, ¿Eppur si muove?

Con la dación del paquete de decretos emitidos sobre la base del otorgamiento de facultades, el gobierno ya tiene su plataforma básica de gobernabilidad. Ahora los ciudadanos, analistas y políticos tendremos que abocarnos a analizar cada uno de ellos y colaborar en lo que se pueda para que despegue la acción de gobierno.

Pero una pregunta que todos, incluido el gobierno, debemos hacernos es ¿Eppur si muove? ¿Será esto suficiente para impulsar la inversión pública y privada, que nos permitan recuperar una base sólida de crecimiento de la economía que se proyecte hacia la meta del bicentenario, por encima del 5% del PBI?

Cinco porciento del PBI es el nivel mínimo de crecimiento que necesitamos para emprender el acelerado cierre de las brechas sociales y económicas en educación, salud, infraestructuras y tecnología que nos distancian del bienestar general. Con mayores dificultades hoy, en un entorno externo negativo para el comercio internacional, base del espacio  de transferencia de riqueza desde el resto del mundo al Perú. Además, un crecimiento satisfactorio es indispensable para lograr un ambiente interno suficientemente tranquilo, que nos ayude a emprender las reformas institucionales sin las cuales, no es posible aspirar al desarrollo integral, así como, la difícil lucha contra la corrupción.

En Lampadia hemos explicado in extenso la potencia de nuestras  capacidades productivas, ver: El enorme Potencial Productivo del Perú. Dichas capacidades y potenciales nos permiten aumentar sustancialmente el nivel de inversión, generar empleo adecuado, reducir significativamente la pobreza y la desigualdad y generar los recursos fiscales necesarios para afrontar las brechas indicadas líneas arriba.

Como es de conocimiento general, hasta ahora, en lo que va del nuevo gobierno, no hemos podido dinamizar la inversión. Para hacerlo falta superar dos aspectos fundamentales:

  • La toma de conciencia de la población y los medios, de la necesidad de invertir y crecer. Algo que solo puede desenvolverse mediante un programa claro de comunicación que cree un ecosistema propicio a la inversión. Este programa solo puede ser desarrollado desde el gobierno, que debe llamarnos a ‘una gesta nacional por la inversión y el crecimiento’.
  • Diseñar y ejecutar una estrategia efectiva para superar el nivel de conflictividad social y política que nos aqueja. Conflictividad que afecta a las inversiones mineras y energéticas, al turismo, y en general a muchas iniciativas de inversión, así como a las operaciones vigentes en distintos sectores de la economía.

Como se dijo en el último CADE, es: ¡Ahora o nunca!

No podemos perder otros cinco años en nuestro proceso de desarrollo. Ver en Lampadia: La política traiciona el sentir popular. (Este artículo, publicado el 26 de diciembre pasado, fue visto por 255,000 personas, fue compartido 502 veces y comentado 564 veces, mayormente en sentido favorable).

En Lampadia estamos convencidos que los peruanos sabemos distinguir entre las contiendas políticas de corto plazo y los intereses nacionales de largo plazo. Todos, incluida nuestra población rural, como lo ha mostrado Richard Webb, hemos sido testigos del gran cambio que se produjo en el Perú, desde el regreso de la inversión privada a liderar el crecimiento desde la promulgación de la Constitución de 1993. (Ver nuestra nota de ayer, que recoge la apreciación al respecto de la BBC). Es evidente que nuestra nueva clase media emergente, nuestros emprendedores y nuestros agricultores no pueden estar de acuerdo en que la conflictividad (política) social siga paralizando las inversiones y  el crecimiento del país.

Como ha explicado Carlos Gálvez, el presidente de la SNMPE, si las cosas siguen como van, el impulso de la minería en el crecimiento económico, irá disminuyendo hasta prácticamente desaparecer hacia el 2018, dejándonos ante la posibilidad de que colapse el crecimiento a niveles de 2 o 3% anual.

Por ejemplo, a pesar de las ofertas concretas del gobierno para superar las dificultadas generadas alrededor del proyecto de Las Bambas, y del compromiso de los anti mineros de levantar sus ilegales acciones, las zanjas que cortan de acceso vial al proyecto se siguen manteniendo con absoluta impunidad.

Esta situación debe ser superada cuanto antes. Ya sabemos como: toma de conciencia y comunicación, como hemos explicado líneas arriba. Para cualquier gobierno es muy incómodo tener que afrontar este tipo de situaciones, pero si se ha pedido el mandato popular para gobernar, no queda otra alternativa que más que ‘gobernar’. Lampadia