Jaime de Althaus
Para Lampadia

Algo muy importante ocurrió el jueves pasado por la noche: fueron detenidos los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, los conocidos abogados que han inventado el lucrativo negocio de persuadir a las comunidades de bloquear carreteras con el canto de sirenas de que tienen derechos que han sido afectados por la empresa minera por los cuales pueden cobrar decenas de millones de soles como compensación, con un porcentaje apreciable para los honorarios de éxito, eso sí. Por supuesto, como sabemos, el bloqueo de carreteras es delito, y exigir un monto elevado por medio de la fuerza, es extorsión.

Esto lo han venido haciendo desde hace años impunemente, sin que el Estado de Derecho fuera capaz de reaccionar. Por fin lo ha hecho. Tuvieron que pasar 46 días de bloqueo, de delito continuado, para que la fiscalía y la policía actuaran, cuando habíamos perdido ya la esperanza de que lo hicieran. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía de Criminalidad Organizada de Abancay, la Digimin y la Dirincri, sindica a los hermanos Chávez de realizar acciones extorsivas contra Las Bambas con el fin de obtener el pago de 100 millones de soles, así como de ser los autores intelectuales del bloqueo de vías. También son investigados por diversos delitos como falsificación de documentos.

Esperemos que luego de la detención preliminar de 15 días, no haya fundamento para liberarlos. De consolidarse estos casos penales y levantarse el bloqueo, habremos dado un paso gigantesco hacia la implantación del imperio de la ley en las carreteras y en las zonas mineras, que son estratégicas para el desarrollo del Perú. La minería tiene el potencial de darnos los recursos suficientes para mejorar sustancialmente los servicios públicos y la infraestructura nacional. Por eso, debe ser defendida no solo con la aplicación de la ley sino con planes de desarrollo integral en las regiones mineras.

Parece que la investigación ha sido bien planificada. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas ordenó el allanamiento de 12 inmuebles en Abancay y Cusco, y resulta que, en uno de ellos, en la avenida coronel Gonzales en Abancay, se encontró más de 300 cartuchos de dinamita, cordón detonante, pólvora, cacerinas y casi 200 cartuchos de diverso tipo de munición, incluyendo para AKM y escopeta (ver foto).

Dialogar sin bloqueo

Todavía hace falta, sin embargo, el levantamiento del bloqueo. Hasta el momento de escribir estas líneas, la medida de fuerza –que es un delito- se mantenía. Es que la comunidad ha sido persuadida de tener un derecho que no tiene. Reclama que la empresa construyó la carretera que pasa por el fundo Yavi Yavi de su propiedad sin pedirle consentimiento. Pero la vía existía desde cuando menos el 2008 según fotos satelitales mostradas por el Ministerio de Transportes, y Fuerabamba recién es propietaria de dicho fundo a partir del 2011, cuando lo recibió en permuta -junto con otros 4 terrenos-, de la propia empresa, a cambio de ceder el lugar donde estaba ubicado el pueblo de Fuerabamba, situado encima del mineral. Es cierto que luego la empresa habría hecho mejoras en la vía, pero el terreno le fue entregado a la comunidad el 2011 manteniendo la empresa el derecho de vía registrado en registros públicos. Ver en Lampadia: Norma anti elusiva y Las Bambas – Prejuicios mediáticos anti empresa.

Lamentablemente ni la empresa ni el gobierno han explicado esto con claridad a la opinión pública. Es el momento de hacerlo y de persuadir a la comunidad que no tiene el derecho que reclama, por el que demanda nada menos que 100 millones de soles. Como fuere, lo que no debe hacerse es sentarse a dialogar con la comunidad sin que ella haya levantado el bloqueo. En eso no se puede ceder.

Romper el precedente

Y tampoco en entregar un monto excesivo por los infundados reclamos, porque es indispensable romper el costosísimo precedente que estableció el acuerdo del entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, con las comunidades de Choqueja-Antuyo, Pumamarca, Quehuira y Allahua que, impulsadas por estos mismos abogados, habían bloqueado con zanjas la carretera de salida del mineral reclamando un pago por el paso de dicha vía. Lo insólito fue que el entonces ministro aceptó darles 25 soles por el m2 de servidumbre, cuando en la sierra ese pago no pasa de 30 céntimos por m2. A ese exorbitante precio, una hectárea de cultivo valdría 250 mil soles, cuando las mejores tierras agrícolas del Perú no superan los 40 mil soles la hectárea.

Fueron decenas de millones de soles para las cuatro comunidades, de los cuales los hermanos abogados se embolsicaron algunos millones.

El actual conflicto con Fuerabamba no es sino una secuela de ese acuerdo, y por eso es crítico que no prospere, para anular y romper el mencionado precedente, que ha despertado ilusas expectativas en todas las comunidades que bordean la carretera del corredor minero, que tiene más de 200 km.

En cambio, de culminar este conflicto con una compensación proporcional a las afectaciones reales que haya recibido la comunidad, y con los hermanos Chávez procesados y en la cárcel, el nuevo precedente que este caso sentaría sería fundamental para poder aspirar al desarrollo nacional y regional. Es absurdo que la inversión minera –palanca del desarrollo nacional- esté siempre en jaque y eventualmente extorsionada por personajes como estos, y también por políticos y ONGs que aprovechan muy bien para beneficio propio la tremenda asimetría social y económica que hay entre las minas y las comunidades, e incluso los errores que eventualmente cometen las empresas mineras.

Desarrollo integral y compartido

El problema, ahora, será manejar la reacción de algunos frentes de defensa y de los núcleos anti-mineros, que ya intentan movilizarse contra la decisión de detener a los hermanos Chávez y al presidente de la Comunidad. La respuesta tiene que ser una estrategia política inteligente que pase por llevar una propuesta de desarrollo. El ministro de Energía y Minas y el Viceministro de Gobernanza territorial han viajado al Cusco y hoy estarán en Apurímac, pero hasta el momento solo han hecho planteamientos muy generales.

Pues no se trata solo de imponer la ley, aunque esto sea fundamental. Se trata de que el Estado y las empresas mineras sean capaces de llevar adelante un plan de desarrollo integral en el corredor minero que permita que las comunidades y los pueblos se integren al mercado de la manera más productiva y sostenible posible. Las familias campesinas tienen que percibir que la mina y el Estado les dan los instrumentos para aumentar su productividad, su producción y sus ingresos para emerger por sus propios medios, y no simplemente que la única manera de beneficiarse sea convirtiendo a la mina en un blanco de ataques y protestas para exigir compensaciones monetarias. Se trata de que cuando se vaya la mina, todo el paisaje económico, productivo y social se haya transformado radicalmente. Se trata de convertir el conflicto potencial en asociación para el desarrollo compartido.

Se trata, en suma, de generar una relación virtuosa y no viciosa con las comunidades. En ese sentido, la experiencia de la relación de Las Bambas con la comunidad de Fuerabamba es aleccionadora, pero en el sentido de lo que no debe hacerse, aunque quizá era casi inevitable, considerando la comunidad estaba asentada encima del mineral y entonces había que reubicarla. A cambio de reasentarla en otra zona, la empresa le construyó a la comunidad una ciudad hay llamada Nueva Fuerabamba, con una inversión de 750,000 dólares por casa. De modo que cada comunero recibió una casa de varios pisos en un centro urbano con todos sus servicios, algo de una calidad de vida muy superior a lo que tenían en el pueblo desaparecido. Pero no solo eso. Cada comunero recibió además en promedio más de un millón de soles contantes y sonantes como compensación por la mudanza. Es posible que muchos se hayan gastado el dinero o lo hayan invertido en emprendimientos infructuosos. El hecho que es ahora vieron la oportunidad de exigir más dinero aun. La empresa se convirtió en una adicción al dinero fácil, sin que la economía de las familias haya encontrado una manera de crecer de manera real y sostenible conectándose productivamente con el mercado.   

Alto funcionario de la PCM

Para que haya una relación virtuosa con las comunidades y pueda haber desarrollo rural y regional, dejando de paso sin oxígeno a los discursos anti extractivistas, es indispensable que la PCM designe a un alto funcionario que coordine a los sectores del Estado y a los gobiernos sub-nacionales en el corredor minero, y que sea capaz de dirigir la aplicación de un plan de desarrollo que mejore los servicios e integre las economías locales al mercado. Esa es en cierta medida la idea que está detrás de las 5 Agencias de Desarrollo Regional que está creando la PCM, pero las está instalando ¡en regiones que no son mineras! Increíble.

Reforma del canon

Y para que el desarrollo comunal, rural y regional sea posible, es indispensable emprender la reforma del canon, que no puede seguir manejado por alcaldes que carecen de capacidad de ejecución solo compensada con una gran capacidad de corrupción. El canon debe ser administrado por un organismo micro regional o un fideicomiso o un PMO en cuyo directorio puedan participar los alcaldes correspondientes, junto con la empresa y el gobierno central. Un modelo que fue exitoso fue el que se aplicó para ejecutar la llamada ‘contribución voluntaria’, en cuyo manejo participaban las autoridades locales, el gobierno central y las empresas mineras.   

Las empresas mineras de hoy ya no son las del pasado. Pueden no solo convivir con la actividad agropecuaria, porque sus procesos son limpios, sino ayudar a potenciarla y modernizarla, con políticas de desarrollo compartido.

La OEFA, por su parte, se está convirtiendo en un eficaz árbitro cuando, pese a todo, algunas minas cometen eventualmente agravios ambientales. Hoy existen muchas más garantías. Lo que no hay es un aprovechamiento de los recursos del canon para conseguir un desarrollo real.

Estrategia política y de desarrollo

En suma, la única manera de prevenir los conflictos es mediante una estrategia política y de desarrollo en las regiones mineras liderada por el gobierno, que tiene que tomar conciencia de que el recurso minero es demasiado importante para el país como para que quede al garete del abandono y la desidia. Lampadia

Alarmados por la nueva ola de conflictos vinculados al turismo, especialmente en el Cusco, hemos conversado con diversos representantes de la civilidad cusqueña, empresarial y mediática, y hemos podido juntar unas cuantas palabras para compartir con el país, la forma y estrategias con las que se va montando un proceso violentista destinado a desestabilizar la Región y el país, en manos de un gobierno que solo acaba de tomar la posta de la administración pública.

Los conflictos en el Perú, han sido históricamente muy rentables. Ver en Lampadia: El quid de los conflictos anti minería.

Quienes promueven la conflictividad (tradicionalmente contra la inversión) buscan una rentabilidad no productiva. Se posicionan como líderes locales, ganan elecciones, acceden a ejercer la autoridad, participan en las decisiones de gobierno, y también se nutren, muchas veces, de la corrupción.

El caso del turismo, una actividad muy sensible, ya tiene su primera “plataforma de lucha” a escasos días de la inauguración del nuevo gobierno.

Desde los tres temas que llevaron a un bloqueo de carreteras en Urubamba y Ollantaytambo, son, por decir lo menos,  solo pretextos:

• La rebaja de las tarifas eléctricas (que para el día de la convocatoria ya estaban rebajadas por mandato de la ley) y que fueron debidamente sustentadas por Osinergmin.
• Una pretendida “usurpación de terrenos por parte de un importante Hotel (que fue desvirtuada por las expresiones de su CEO, que probó que habían comprado terrenos saneados.

El tercer tema tiene otro trasfondo, no menos perverso.

• Los huelguistas reclaman contra la empresa de buses que opera en Machu Picchu,  (CONSETUR) que se inició como propietaria de los trabajadores de la ex ENTUR PERU, y lamentablemente, devino en  un monopolio  que no sólo tiene muy poca popularidad,  sino que  opera  con muchas deficiencias.  No programa toda su capacidad en momentos de alta demanda creando largas colas, y todo esto en una ruta pública ¡de las más caras del mundo!!!  S/. 80 soles por un recorrido de 8 kilómetros.  (Un billete de bus de casi 1,000 kilómetros de Cusco a Lima, cuesta en condiciones de libre mercado, desde S/.60). CONSETUR factura 50 millones de soles y tiene 24 buses autorizados (cada uno genera en promedio algo más de dos millones de soles por año).

Esta distorsión del mercado permite plantear la protesta con la disculpa del abuso de la empresa, de la cual pretenden obtener beneficios en una suerte de extorsión y, además, crear un clima político favorable a sus designios desestabilizadores del orden público y del desenvolvimiento de un sector vital para el conjunto de la economía.

Con ésta “plataforma de lucha”  se inaugura la gestión de un grupo de profesores de la provincia (naturalmente militantes del SUTEP), que promovieron un paro con bloqueo de vías, y conatos de violencia, los días 3 y 4 de agosto pasado. El objetivo era, a todas luces, impedir la visita a Machu Picchu en un momento de alta demanda. Se calcula que los días mencionados hubo una demanda  superior a los 6,000 visitantes diarios. Es decir, además de la minería, el turismo parece también estar en la agenda de los violentistas.

Para variar, las “fuerzas” que convergen en éste atentado, serían por un lado, autoridades que  no pueden mostrar neutralidad en este conflicto, algunos alcaldes electos con los colores de “Tierra y Libertad” y por otro, tendríamos, a dos personajes llamativos, sin vinculación aparente con la problemática del  conflicto, pero que intervienen activamente azuzando a la población:

• Un líder musulmán (militante confeso de HEZBOLLAH), llamado  Edwar Quiroga
• Un pintoresco y díscolo personaje, buscador de conflictos, abogado “ad honorem” de cuanto conflicto se gesta en la Región, Ricardo Noriega  Salaverry.

Estas presencias deberían deslegitimar cualquier reclamo, pero de alguna manera tienen éxito… Entre otras razones, por el apoyo mediático que logran.

Esta vez, el movimiento, no logró impedir el acceso a Machu Picchu, pues se usó una carretera alterna y se logró una operación precaria, evitando que unos 10,000 turistas se queden sin Machu Picchu, gracias a la efectiva acción de la policía y la coordinación con el sector empresarial.

La violencia que se está gestando es definitivamente un plan de largo aliento… Misteriosamente,  están convergiendo a estas acciones, otros colectivos y otros reclamos.

El Gasoducto sur peruano, tiene movilizados a los dirigentes de La Convención. Se reclama por la calidad de los trenes locales y tienen al llamado ‘Frente de Defensa de Machu Picchu’, en pie de lucha.

Todos los días se anuncian nuevos paros, algunos de ellos “indefinidos”. Y muchos de los potenciales conflictos se enfocan en contra empresas privadas, sin embargo, cuando se marcha, se lo hace contra el Estado. ¿Quién entiende?

Ante cualquier evento y con cualquier pretexto, se gesta un FRENTE UNICO DE LUCHA, del cual, la Federación Agraria, es parte.

¿Qué nos espera durante los próximos meses?

Creemos que la puntería está dirigida a ‘debilitar el nuevo gobierno democrático’. No es casualidad que a sólo 3 días de la instalación de un nuevo gobierno que goza de aprobación ciudadana, algunos grupos de dirigentes políticos, cual enemigos del país, que detentan,  impunemente, una de las facultades más importantes de cualquier gobierno, ‘el monopolio de la violencia’. Y sigan dañando a los ciudadanos, las empresas, el Estado y a nuestros visitantes. Todos debemos rechazar estas acciones. ¡El Perú debe defenderse!!!! Lampadia

En Lampadia estamos siguiendo el desarrollo de India desde la campaña política de su actual Primer Ministro, Narendra Modi. En esta ocasión hemos glosado el exigente artículo sobre India de Martin Wolf que reconoce lo que ha significado que un país tan grande y complejo, haya podido mantener una democracia (la más grande del mundo) en convivencia pacífica.

Por décadas, la India estuvo encerrada muy cerca de políticas comunistas que devinieron en un empobrecedor proteccionismo y reglamentarismo que según Wolf, adolece de un nivel de informalidad laboral que llega al 98% (no es un error, solo el 2% se considera formal). Su desarrollo antes de Modi, bajo la dirección de la dinastía de los Gandhi, solo logro crear una suerte de islas de excelencia, como el caso de Bangalore en manufactura y tecnología, Bollywood en la cinematografía y una élite de científicos y tecnólogos.

En cuanto a la economía de India, Wolf se presenta contradictorio: por un lado califica a su gobierno como continuista, si bien reconoce una oposición política inhibidora de las más importantes reformas, pero al mismo tiempo destaca como positivas sus perspectivas de corto y largo plazo.

En el Perú estamos muy lejos de India, debemos seguirla más de cerca, será un factor decisivo en la evolución de la economía global como indicamos en: Una mirada a los motores de la economía global (El mundo está mejor de lo que nos informan).

India: Una luz en la sombría economía mundial

Por Martin Wolf

Publicado en Financial Times

15 de marzo de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

El país ha pasado de un socialismo con entrada restringida a un capitalismo sin salida.

La capacidad de esta enorme y pobre nación de sostener una democracia viva ha sido una de las maravillas políticas del mundo. Sin embargo, su rendimiento económico no ha estado a la altura de lo que pudo haber sido. Sin embargo, la India es ahora la economía grande de mayor crecimiento en el mundo.

Es difícil juzgar lo que está sucediendo en términos de resultados y políticas. Cuatro conclusiones. En primer lugar, el partido nacionalista Bharatiya Janata del gobierno del Primer Ministro hindú, Narendra Modi, en el poder desde 2014, representa la continuidad en lugar de la transformación a favor del mercado que muchos partidarios ingenuamente esperaban. En segundo lugar, las perspectivas de corto plazo parecen favorables en relación tanto con el pasado inmediato y con lo que está ocurriendo en casi todas partes. En tercer lugar, la performance a medio plazo también parece estar avanzando decentemente, siempre que el gobierno ponga en práctica las reformas que se han esbozado. Sin embargo, en cuarto lugar, también se enfrenta a riesgos, externos e internos. El éxito no debe darse por sentado.

Consideremos el carácter del gobierno. Está centralizado en la oficina del primer ministro. Su orientación es más hacia la gestión de los mercados y proyectos que hacia políticas. No ha mostrado ninguna inclinación radical hacia la privatización o reestructuración de los ineficientes monopolios públicos. Se sigue gastando grandes sumas de dinero en subsidios ineficientes. Para ser justos, la cámara alta, que no controla el gobierno, hasta ahora ha bloqueado toda la legislación del gobierno orientada a hacer lo correcto.

Cuando el gobierno llegó al poder, la economía estaba sufriendo de una rápida inflación y de un déficit fiscal considerable. Gracias a la caída de los precios del petróleo, la inflación ha bajado a menos del 6 %. El déficit fiscal del gobierno central bajará a 3.5 % el próximo año. La economía sólo creció un 5.3 % en 2012-13. Se prevé que alcance el 7.5% en 2015-16.

Los resultados parecen satisfactorios. ¿Seguirá siendo así? Probablemente, porque el Banco Central debería ser capaz de recortar las tasas de interés por debajo de 6.75% en los próximos meses. Sin embargo, el optimismo a corto plazo debe ser calificado: en primer lugar, las exportaciones, estancadas desde hace años, ahora están cayendo; en segundo lugar, el crecimiento del crédito se ha desacelerado fuertemente; y, en tercer lugar, la inversión bruta se redujo de 39 % del PBI en 2011-12 a 34.2 % en 2014-15. Esto es de vital importancia y al menos se ha estabilizado. 

India puede sostener el crecimiento actual en el medio plazo. Según el FMI, su PBI per cápita (ppp), es sólo de 11 % con respecto al de EEUU (el de China es 25%). Esto indica un amplio margen para un rápido crecimiento que los ponga al día. Las mejoras están en camino. Ellas incluyen una acelerada inversión en infraestructuras; una mayor apertura a la inversión extranjera directa; una administración más eficaz; la consolidación y recapitalización de los bancos del sector público; un buen código de quiebras; libertad a los estados para competir en las políticas a favor del crecimiento; prestación de asistencia pública por medio del sistema de identificación por medio de un número único; y, no menos importante, mejoras en los impuestos sobre bienes y servicios.

Sin embargo, la India no debe ser complaciente. El país ha pasado de un socialismo con entrada restringida a un capitalismo sin salida: el cierre de empresas y el despido de los trabajadores es extremadamente difícil. Esta última es una razón por la que los puestos de trabajo en el sector privado suman el 2% de la población activa. Los mercados de tierra, trabajo y capital están muy distorsionados. La alta protección en las fronteras restringe la capacidad de participar en cadenas globales de valor. Importantes mercados de productos no son competitivos. Incluso el sector de tecnología de la información parece estar perdiendo dinamismo. La calidad general de la educación es deficiente. En general, todavía se necesita una enorme cantidad de cambios. Es probable que al final, la creciente presión de la clase media, impulse las muy necesarias reformas.

El último riesgo se deriva del “Tea Party” del BJP con sus elementos chauvinistas e intolerantes. Los musulmanes representan el 14 % de la población. Uno de los milagros de la post-independencia de India es la forma en que la gente, dividida por religiones, castas y opiniones, ha logrado vivir lado a lado, democráticamente y mayormente en paz. Este es un logro extraordinario. Para que esto dure, los s políticos deben recordar que gobiernan para todos los indios, incluyendo aquellos que no les gusta o con los que están en desacuerdo. La tolerancia de las diferencias es importante en todas las democracias. En una tan grande y compleja, como la India, esto es  verdaderamente vital. Lampadia

Este ensayo forma parte de nuestro repositorio Recursos Naturales y Desarrollo que pretende traer luces sobre la conflictividad anti-inversión que ha paralizado muchos proyectos y ralentizado nuestra economía y mejora social.

Los anti mineros pueden sostener conflictos sociales de manera prolongada y violenta porque manipulan el flujo de conocimientos accesibles a la población y el proceso de formación de la opinión pública local. Controlan sus fuentes de credibilidad, exponen a las poblaciones locales a un bombardeo sistemático de falacias, exageraciones, rumores y mentiras, inoculando una narrativa profundamente anti-minera. Los medios de información creíbles sostienen el mismo relato y la institucionalidad local se encuentra capturada, legitimando así las acciones de los anti-mineros que aplican la violencia contra los disidentes. Bajo estas condiciones, la población se encuentra aislada de visiones alternativas. En estas situaciones, las acciones y los esfuerzos de comunicación de las empresas mineras y del gobierno central difícilmente podrán ser efectivos. El Cerco Cognitivo de las poblaciones ha cumplido un rol fundamental en el crecimiento de la conflictividad minera de los últimos años.

La renuncia al progreso

La minería moderna, atendiendo los estándares ambientales, los requisitos legales y las prácticas de responsabilidad social, es una actividad altamente beneficiosa para el Perú. La minería es especialmente positiva para la gran mayoría de las poblaciones de  las localidades en que opera[1]. Si las empresas e instituciones locales desarrollan estrategias inteligentes, canalizan bien los recursos generados por la minería y establecen sinergias entre la economía local y la actividad minera, el beneficio puede ser aún mayor.

¿Cómo entender, entonces, que los conflictos mineros se hayan incrementado tanto en los últimos años? ¿Cómo puede ser que las poblaciones locales renuncien a posibilidades reales de progreso ofrecidas por la minería para dedicarse a un enfrentamiento en que todos pierden, con la sola excepción de los anti-mineros?

¿Será una consecuencia del bajo nivel educativo de las poblaciones rurales? ¿Será la existencia de una mentalidad localista y resentida de algunas regiones? ¿Es la existencia (supuesta) de remanentes de sociedades indígenas que rechazan la modernidad? ¡No!

No creemos que estos factores expliquen la conflictividad social respecto a la minería.

Pensamos que la existencia de creencias tradicionales sobre los cerros, el agua y la minería, los resentimientos sociales, las inclinaciones políticas y los sesgos cognitivos de las poblaciones rurales favorecen a los anti-mineros, pero esas condiciones siempre han existido y no explican satisfactoriamente la conflictividad social de los últimos años. Nuestra hipótesis es que las causas de la conflictividad son bastante modernas y tienen que ver más con el trabajo sistemático de las corrientes ideológicas anti-mineras que con las características culturales y sociales pre-existentes en el país. Ellos manipulan este sistema de creencias para construir sobre él una narrativa mucho más robusta. Veamos cómo funcionan esos mecanismos.

El cerco cognitivo

Para convencer a las poblaciones de renunciar a sus aspiraciones de progreso económico y social, los anti-mineros generan un cerco que son el objetivo de sus acciones. Lo llamamos cerco cognitivo porque se refiere al control de los conocimientos a los que la población puede acceder. Es con ese cerco cognitivo que los anti-mineros logran manipular a la población en función de sus objetivos políticos. ¿En qué consiste el cerco cognitivo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo construyen?

El cerco cognitivo consiste en la combinación de cuatro mecanismos: (a) una narrativa hostil a la minería, (b) la captura de los referentes creíbles de la población, (c) control del flujo de mensajes hacia la población, y (d) el bloqueo de las voces independientes.

1. Narrativa anti-minera: Con la narrativa hostil a la minería, ellos difunden en la población el temor a la actividad minera y la mistificación del conflicto como fuente de dignidad y como mecanismo de bloqueo a las aspiraciones de progreso de la población. La dignidad juega un papel clave en esta narrativa: al no poder ofrecer una alternativa real a los beneficios que la minería ofrece, la dignidad cumple una función como fuente de satisfacción al poblador que participa en el conflicto.[2] En esa narrativa las empresas mineras son los “Malos” y los anti-mineros son los “Buenos,” además los conflictos son presentados como necesarios para defender los recursos naturales y la dignidad de la población.[3]

2. Fuentes de credibilidad: Con la captura y adoctrinamiento de las fuentes de credibilidad de la población (profesores, líderes locales, religiosos, periodistas, etc.) los anti-mineros controlan la interpretación de los hechos y la formación de opiniones de la población local. Como ellos mismos lo explican: “El apoyo o involucramiento de líderes religiosos o incluso de la iglesia misma puede marcar toda la diferencia en la lucha” (Zorrilla, Buck, Palmer & Pellow). [4] Las creencias religiosas de las poblaciones rurales hacen que los líderes religiosos, como algunos curas, tengan condiciones favorables para manipular a la población.[5]

3. Flujo de mensajes: El control del flujo de mensajes tiene tres propósitos: la repetición de su versión de los hechos, la propagación de rumores y la descalificación de mensajes alternos. Los anti-mineros logran ese control sobre el flujo de mensajes de dos maneras: (a) la presencia de decenas de activistas anti-mineros en permanente contacto con la población local, y (b) la creación de programas radiales y medios de comunicación hostiles a la minería y orientados hacia la conflictividad.

4. Bloqueo a las voces independientes: Los anti-mineros reducen mucho las posibilidades alternativas de pensamiento con el bloqueo de las voces independientes. Las voces discrepantes son presentadas como vendidos a la minería, interesados en su beneficio personal o traidores a la comunidad y evitan así que los temas del progreso económico y social sean debatidos democráticamente en las zonas controladas por ellos. La intimidación y la violencia hacia periodistas y líderes locales son actividades estándares para lograr el silencio de los independientes. Normalmente se le camufla y legitima la aplicación de la violencia mediante eufemismos tales como “se aplicaron usos y costumbres” entiéndase castigos físicos a quienes “dividen la comunidad”, es decir a quienes disientan de ellos.[6] Para el control de la población es necesario generar la impresión que todos en la comunidad están de acuerdo con la posición de los anti-mineros. Es así que las personas que disienten con ellos, sienten una mayor presión social para mantener el silencio y no ser criticados por el resto de la comunidad.

El Funcionamiento del Cerco

¿Cómo puede la población rural establecer en qué grado una actividad compleja como la minería moderna afecta o no al subsuelo y a sus recursos naturales, y pone o no pone en riesgo sus actividades agrícolas? ¿Cómo saber si los EIA de las empresas mineras, aprobados por el Estado, están bien hechos y son realmente confiables? ¿Cómo saber si un rumor que anda corriendo sobre la contaminación del agua por la minería es falso o verdadero?

Para preguntas como esas, la población local recurre a las pocas fuentes de información con credibilidad que le son accesibles. Si esas fuentes están controladas por los anti-mineros y las voces independientes están intimidadas y acalladas, las conclusiones de la población son previsibles. Los anti-mineros trabajan años capturando las fuentes de credibilidad para introducir su narrativa en las conclusiones de la población.