Hay quienes afirman que el Perú es una “Republica Empresarial” en la que las políticas públicas se dan en función de los intereses de los empresarios. Se han planteado edulcoradas teorías respecto de cómo los supuestos “Dueños del Perú”, son los grandes empresarios, que tendrían bajo su control las políticas públicas, que dirigirían según sus intereses. Esta hipótesis es utilizada para identificar a los grandes empresarios,como los culpables de los múltiples problemas del país, figurándolos alejados del mercado y de la democracia.

En realidad, este supuesto control empresarial es una influencia vaga, volátil, con muchas indefiniciones y niveles intermedios. En múltiples ocasiones los sectores hostiles a la inversión privada consiguen avanzar en políticas públicas sumamente nocivas para la actividad empresarial y para los supuestos “Dueños del Perú”. Estas políticas públicas no amenazan únicamente las fortunas personales de algunos individuos, sino también el dinamismo económico del que depende la reducción de la pobreza en el país. Por ello implican un riesgo para los intereses empresariales, y para el bienestar de la inmensa mayoría de peruanos.

Como ejemplo de la lejanía o incapacidad de la defensa de intereses empresariales, por parte de los supuestos dueños del país, podemos mencionar tres casos frente a los cuales los empresarios y sus gremios no han sido capaces de tomar medidas oportunas, relevantes y concertadas, acordes con los intereses del país ni con los suyos propios.Tres casos de prevalencia de las agendas de los anti-mineros, sobre las del país:

1. El mito de las cabeceras de cuenca
2. La “indigenización” de la población rural
3. La “Justicia Intercultural”

Veremos cómo en estos tres ámbitos los anti-mineros han mostrado un avance sostenido que no ha sido evitado, por quienes consideran que la minería puede ser un motor de desarrollo para el país. Esas tres líneas de incidencia van minando gradualmente el potencial minero del país y pueden hacer que el Perú sea, literalmente, “un mendigo sentado en banco de oro”.

El mito de las cabeceras de cuenca

El caso de las cabeceras de cuenca fue alertado desde Lampadia, una vez promulgada la ley de “Protección de las Cabeceras de Cuenca” que da a la ANA la potestad de declarar intangibles, áreas del territorio nacional. A esto se agrega que se brinda legitimidad pública a la anticientífica creencia, al mito de la existencia de “zonas generadoras de agua” que desconoce el ciclo del agua y los patrones de precipitación en los diversos pisos ecológicos del país. Esta falacia es uno de los pilares discursivos de los activistas anti-mineros. En Lampadia hemos tratado los múltiples aspectos negativos y tendenciosos de esta ley. Ver: Deroguemos norma sobre ‘cabeceras de cuenca’, Centrando el debate sobre las cabeceras de cuenca.

El debate público respecto a esta ley nos muestra que, al momento que la misma era materia de discusión en el Congreso, no hubo participación relevante del sector minero para contrapesar los esfuerzos de incidencia de los anti-mineros en los agentes decisores. Como se puede apreciar, las instituciones hostiles a la minería, tales como AIDESEP (Celebre promotor del “Baguazo”) fueron escuchados por los congresistas frente a la inacción del sector privado que no hizo llegar ningún parecer criticando los supuestos falsos de la ley, ni evidenciando a la opinión pública, los riesgos que su aprobación traería para la minería metálica en los pisos alto andinos. 

Finalmente, la ley fue aprobada por un Congreso con mayoría de Fuerza Popular y promulgada por un Ejecutivo de Peruanos Por el Kambio, firmada por Fernando Zavala y por el mismo Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de las opiniones previas, contrarias de la PCM y del Ministerio del Ambiente. Ambas fuerzas políticas (legislativo y ejecutivo) se asumen como defensoras del rol de la inversión privada, pero terminaron aprobando una ley concebida y promovida por instituciones y personas directamente involucradas en la promoción de conflictos sociales en contra de la minería.

Para nuestra sorpresa, hemos escuchado a algunas personas del sector público, defender una ley que ha sido considerada como un gran avance por los enemigos de la minería.  Esto nos señala los resultados del esfuerzo discursivo hegemónico de los anti-mineros frente a la inacción del empresariado y de sus gremios. ¿Cuántos eventos, estudios, apariciones en medios, o presentaciones frente al Congreso desplegó el sector privado para impedir que se promulgara semejante ley? La élite empresarial ha regalado a los anti-mineros un instrumento de política y de discurso de gran importancia para sus objetivos de impedir el desarrollo minero del Perú.

“Indigenización” de la población rural

Otra de las líneas de incidencia desplegadasha sido la “indigenización” de la población rural. ONGs y movimientos políticos hostiles a la minera han realizado esfuerzos sostenidos encaminados a que el mayor segmento posible de la población sea considerado por el Estado como parte de los “pueblos originarios”.

Por ello,diversas organizaciones hostiles a la minería, y del Ministerio de Cultura, realizaron un gran esfuerzo que para incluir una pregunta de auto-identificación étnica en el reciente Censo. Para los anti-mineros los “indígenas” constituyen un potencial “sujeto histórico” dado que, gracias a sus peculiaridades culturales, es menos sensible a los sentidos comunes del neoliberalismo.

Podemos estar seguros que los resultados de la pregunta de auto-identificación podrían desencadenar una dinámica política muy funcional a los grupos anti-mineros, pues en aquellas áreas en las cuales una mayoría de la población se haya identificado como indígena podría ser políticamente más viable el exigir que las mismas sean reconocidas oficialmente como territorios indígenas y jurídicamente especiales. Esto debería ser preocupante para el sector minero puesto que se puede deslegitimar los acuerdos entre las empresas y la población local. Se podría argüir, inclusive a posteriori, que dichos acuerdos no reúnen los estándares nacionales e internacionales de relacionamiento con pueblos indígenas, tales como la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT.

Tanto en el Censo como en el caso de la Ley de Cabeceras de Cuenca, los anti-mineros realizaron años de esfuerzos con el fin de impulsar en primer lugar la presencia de preguntas específicas en el formato y en segundo para que la formulación de la misma sea la más afín posible a sus intereses. Desde el año 2015, organizaciones como ONAMIAP -de clara vocación anti-minera- han participado en mesas de trabajo conjuntas con el INEI, y posteriormente desplegando una intensa campaña de promoción de la auto-identificación indígena. Por el lado del sector privado, se han empezado a visibilizar los graves defectos técnicos en el diseño de la pregunta; pero en menor medida los riesgos sociales que se derivan de la misma. Tampoco se dio incidencia directa con el INEI como la que fue realizada por las organizaciones anti-mineras.

Justicia Intercultural

La justicia intercultural es otra de las líneas de incidencia permanente por parte de los grupos anti-mineros. Este enfoque impulsa un separatismo jurídico en la población rural y urbana que tenga modalidades de organización paralelas al Estado. Considera que existe una justicia originaria que preexiste a aquella del Estado Peruano. Para quienes impulsan este enfoque las rondas campesinas, comunidades campesinas y pueblos nativos tienen derecho a administrar justicia en “sus territorios” sin interferencia del sistema judicial nacional excepto en caso de graves violaciones de derechos humanos.

Justicia ordinaria y justicia indígena, justicia alternativa, justicia comunal, justicia rondera
Fuente: SERVINDI – Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso

Este enfoque es defendido por una muy activa coalición en diversos estamentos. Por un lado, el presidente del Poder Judicial está plenamente comprometido con impulsar la justicia intercultural. Es especialmente relevante que se hayan creado múltiples cursos de “pluralismo jurídico” en las que se forma a los jueces. Desde la sociedad civil, el principal actor es el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad que se dedica a dar la batalla de ideas, brinda apoyo legal a movimientos anti-mineros y divulga sus ideas entre los movimientos sociales. La justicia intercultural tuvo entre sus aliados a la ex ministra de justicia Marisol Pérez Tello, quien hizo lo posible por fortalecer esta corriente.

La justicia intercultural significa un grave riesgo para el sector extractivo. Brindaría a organizaciones sociales,que pueden ser fácilmente capturadas ideológicamente por los anti-mineros -como lo son las rondas campesinas-, prerrogativas semejantes a las del Poder Judicial. Es difícil pensar que un inversionista considere que tiene seguridad jurídica si sus operaciones dependen de los “fallos” que brinden organizaciones rurales, atomizadas, inestables y potencialmente ideologizadas.

Quienes han estudiado la conflictividad social ligada a la minería saben que los grupos promotores de conflictos se aprovechan de las debilidades del Estado en las provincias alejadas para crear zonas de impunidad para el uso de la violencia. La fragmentación jurídica del Estado incrementaría notablemente las zonas en donde grupos locales podrían volverse autónomos para ejercer la justicia al margen del sistema jurídico nacional.

Quienes impulsan la justicia intercultural realizan eventos académicos, enseñan diplomados, dictan capacitaciones a jueces, inciden sobre funcionarios públicos y coordinan con organizaciones sociales. Mientras tanto, la mayoría del sector privado ni siquiera es consciente de esta amenaza. En un campo de juego abandonado por una de las partes solo se puede esperar un resultado, la victoria de quien está en la cancha.

Como podemos ver los anti-mineros tienen líneas de acción en las que han logrado avances sistemáticos mientras que el sector minero no toma las medidas correspondientes. Es posible que, en algunos años, ya con los hechos consumados, esta sea una decisión de la que se arrepientan los empresarios, con profundas consecuencias para el país en su conjunto.

Los grupos anti-mineros avanzan en su agenda política conuna militancia activapara hacerla realidad en Perú.

¿Cuándo es que las élites empresariales y sus gremios van reaccionar y asumir una postura más activa en la formulación de las políticas públicas? La realización o frustración del potencial minero y la reducción de la pobreza en el Perú dependerá de ello. Lampadia

 

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Decíamos en la entrega anterior que con la ayuda incluso de la propia Defensoría del Pueblo, los decretos legislativos promulgados el 2008 para adaptar la legislación nacional al TLC con Estados Unidos se convirtieron en un mito, en lo que hemos llamado el “mito expoliador”, que tuvo, a la postre, un efecto letal.

Fuente: plazatomada.co

Pues lo que movilizó a decenas de miles de nativos durante meses, hasta culminar en un enfrentamiento que produjo la muerte de 34 personas, fue el mito de que esos decretos se habían dado para despojar a las comunidades de sus tierras y bosques. Eso era, efectivamente, lo que declaraban los indígenas cuando, con las caras pintadas en son de guerra, eran entrevistados por las cámaras de televisión. Ese mito expoliador fue eficientemente infundido por los dirigentes de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana), por congresistas del Partido Nacionalista, por intelectuales y antropólogos vinculados a temas amazónicos y hasta Obispos[1] y sacerdotes [2], en algunos casos de buena fe, sin duda, pero en otros probablemente con el interés de procurar el escalamiento que culminara en la renuncia del presidente de la República y la convocatoria a una asamblea constituyente, el proyecto insurreccional que la izquierda peruana intentó impulsar esos años.   

Congresistas nacionalistas

El Informe que produjo la Comisión Especial de Investigación y Análisis de los sucesos de Bagua del Congreso contiene algunos ejemplos de esto. Refiere que el 5 de marzo del 2009 los congresistas del partido Nacionalista Janeth Cajahuanca, Marisol Espinoza, José Maslucán y Rafael Vásquez acudieron al poblado de Huampami, Cenepa, provincia de Condorcanqui, donde Cajahuanca dijo lo siguiente:

“el decreto 1089 le da facultad a COFOPRI para poder quitar sus tierras incluso a aquellos campesinos que tienen título de propiedad, incluso si lo tienen registrado en registros públicos. Si un campesino tiene 10 hectáreas y sólo tiene platita para producir tres hectáreas, el Estado mediante esta ley le da potestad para quitarle siete hectáreas, porque no tiene plata para producir. ¿Dónde se ha visto eso hermano? ¿Eso lo vamos a permitir?” Más adelante añade lo siguiente: “Y cuál es el interés del Presidente de la República? Su bolsillo, su bolsillo señores esa es la verdad…”. “El día de hoy tenemos una ley de agua. Resulta que no contentos con vender nuestras tierras y nuestros recursos forestales, ahora quieren privatizar nuestras aguas. Más adelante para consumir el agua hay que pagar a una empresa privada” (Manacés et al, 2009).

Está demás argumentar que en decreto legislativo 1089 no hay nada que tenga que ver con lo que señaló Cajahuanca, y menos aun en la ley de aguas, aprobada por el Congreso, se privatiza el agua.

Los Obispos de la Amazonía

El 5 de mayo de 2009, un mes antes del trágico enfrentamiento de Bagua, los Obispos de la Amazonía publicaron un pronunciamiento que en buena cuenta ponía a los decretos legislativos como parte de un modelo de desarrollo cruel que permite que las empresas transnacionales despojen a los pueblos indígenas de sus bosques y destruyan la Amazonía. Ante el conflicto suscitado, el comunicado pedía, en efecto, que “…no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida…”, pues, en ese sentido:

 “constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros”.

(…..)

 “Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la Amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos…”

(…..)

“Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional y al Congreso de la República la derogatoria de dichos dispositivos legales” (Mons. José Luis Astigarraga y otros, 2009)

     Por lo tanto, el comunicado de los Obispos de la Amazonía concluía en  la necesidad de:

     “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (Loc.Cit).

Fundaciones europeas y norteamericanas

El pensamiento de los Obispos de la Amazonía en relación a la inversión extractiva reflejaba esa ideología antiglobalizadora que se había ido difundiendo los últimos años en el área andina y en la Amazonía en particular, en este último caso alentada por fundaciones europeas y norteamericanas[3] que profesan un radicalismo indigenista, ambientalista y eventualmente anti capitalista que considera la inversión extractiva y la propiedad privada como destructoras de la Amazonía y que postula la defensa de los ‘derechos colectivos indígenas’ no sólo como un fin en sí mismo sino como un medio para preservar los bosques. [4]

Por supuesto, nadie puede estar en contra de defender los derechos indígenas y la preservación de los bosques. Pero, como sabemos, la causa principal de la deforestación amazónica y el despojo de los pueblos indígenas no ha sido la acción de las empresas sino, de lejos, la colonización protagonizada por los campesinos andinos –es decir, la pobreza- y las actividades informales o ilegales como el narcotráfico (los cocales y las pozas), la minería aurífera informal y la tala ilegal. Más bien la única manera de contener esos fenómenos sería precisamente por medio de una alianza con la empresa minera, hidrocarburífera o forestal formal y capitalizada, que, si bien en el pasado afectó seriamente el ambiente, en las últimas dos décadas suele trabajar con técnicas limpias y sostenibles y puede ordenar el espacio. Pero para los Obispos y muchas ONGs eran esas empresas la principal causa de los males amazónicos.

El hecho es que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, era claramente tributaria de aquella ideología. Muchas ONGs conseguían y consiguen fondos de las fundaciones arriba mencionadas desarrollando campañas de defensa de los referidos “derechos colectivos” de los pueblos indígenas y de preservación de la Amazonía (para la humanidad) de las actividades extractivas de las empresas capitalistas, y para esto último buscan como agentes a las comunidades nativas mismas.[5] Se planteó incluso

una estrategia orientada a que las comunidades nativas avancen hacia la declaración de sus tierras como territorios, y ya no sólo de cada comunidad por separado, sino de los grupos étnicos (son alrededor de 1.400 comunidades y solo 42 grupos étnico-lingüísticos) e incluso de conjuntos de grupos étnicos. Es decir, a la determinación de ‘territorios étnicos’ que podrían incluso extenderse a uno y otro lado de las fronteras con Ecuador (la nación jíbara-ashuares, quichuas y otros) y con Bolivia (la nación aimara), y en los cuales las regulaciones del Estado nacional sobre explotación de hidrocarburos y otros recursos no se aplicarían, pues se trataría de territorios autónomos. Con la consecuente afectación a la soberanía nacional.[6] En esa línea, por ejemplo, los Achuar y otros pueblos indígenas de la selva norte acordaron esos años no aceptar la entrada de empresas petroleras, mineras o madereras.

Pizango, AIDESEP y el Movimiento Cumbre de los Pueblos

Es obvio, pues, que la actitud maximalista de los dirigentes y nativos en el conflicto de Bagua –derogatoria total de los decretos o nada- estuvo determinada por esta ideología radicalmente indigenista y anticapitalista, de un lado, pero también por la adhesión de los líderes de AIDESEP al llamado Movimiento Cumbre de los Pueblos que por entonces se desarrollaba y cuyo objetivo era derrocar al presidente García y convocar a una asamblea Constituyente. El 15 de mayo del 2009, poco menos de tres semanas antes de los sucesos de Bagua, Alberto Pizango, presidente de AIDESEP,  divulgó un pronunciamiento de su Comité Nacional de Lucha, llamando a los pueblos a prepararse para declararse “en insurgencia contra el gobierno del Sr. Alan García”. Al día siguiente, sin embargo, a instancias de la Defensora del Pueblo y luego de una larga reunión con ella, acordó dejar sin efecto el llamado a la insurgencia (Lombardi, 2010). Sin embargo, 15 días después Pizango participa en la IV Cumbre de los Pueblos en Puno que acuerda impulsar un juicio internacional contra Alan García “por el auto golpe legislativo de los 102 decretos pro TLC para privatizar los territorios indígenas…, y un inmediato Levantamiento Nacional de los Pueblos del Perú en junio del 2009 por la derogatoria de los decretos anti indígenas generados por el TLC con Estados Unidos”. [7]

A esa Cumbre el presidente boliviano Evo Morales remite una carta en la que ataca al capitalismo neoliberal que pretende destruir la tierra, y llama abiertamente a una “revolución”:

“Durante miles y miles de años hemos convivido con la naturaleza en constante equilibrio con ella y dentro de ella. Hoy en día, sentimos los efectos devastadores del sistema capitalista transnacional neoliberal que destruye aceleradamente nuestro planeta.

(…..)

Este es el momento para que los indígenas, campesinos, los obreros, los jóvenes, los trabajadores, los hombres y las mujeres asumamos nuestro destino como pueblos; que desde el campo, desde las comunidades, desde las fábricas, desde los barrios, construyamos con nuestras propias manos el mundo que queremos para nuestros hijos. Este es el momento para que todos sepan que nuestra lucha no termina, que de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución. Este es el momento de la segunda y definitiva independencia (Morales, 2009).

El fracaso de los canales democráticos

Por eso, no sorprende tampoco que los intentos del presidente del Congreso, Javier Velasquez Quesquén, por encontrar una salida modificando los decretos legislativos, fracasaran. En efecto, el 22 de abril del 2009 Velásquez Quesquén se reunió con los dirigentes de AIDESEP encabezados por Alberto Pizango para intentar no la derogatoria sino la modificación de los decretos en todo lo que fuese solicitado. Es decir, la solución lógica, sensata, el justo medio. Si la consulta a los pueblos indígenas no se había hecho en su momento –porque no estaba normada, además-, pues ella se estaba realizando en ese acto. Según el congresista José Vargas, quien asistió a la reunión, los dirigentes acordaron que harían llegar en los próximos días, a la comisión técnica que se formaría, sus propuestas de modificación. Por su parte, Velásquez Quesquén dio su palabra de que dichas propuestas serían recogidas en su integridad y apoyadas incondicionalmente por la célula parlamentaria aprista. La reunión había sido auspiciosa. La comisión técnica se formó y empezó a trabajar, pero los insumos de AIDESEP nunca llegaron. Pese a ello, la comisión redactó un borrador de informe con propuestas de modificaciones. El 27 de abril convocó a los representantes de AIDESEP para discutirlas, pero los dirigentes que asistieron a la reunión se negaron a considerar cualquier modificación a los decretos legislativos y advirtieron que solo aceptarían su derogatoria. Alberto Pizango, que inicialmente había aceptado la propuesta de modificar los decretos, terminó desconociéndola. Se había regresado a fojas cero, nuevamente.

El Ejecutivo, por su parte, hizo también todo lo posible. Creó mediante Decreto Supremo una  Comisión Multisectorial para resolver el impasse. Esta  se instaló el 20 de mayo sin que acudieran los representantes de AIDESEP. Los llamados formulados por el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y su ofrecimiento de allanarse a cualquier modificación solicitada por los nativos, no fueron acogidos. Las pocas reuniones que hubo, no llegaron a nada.

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” (2011) de Jaime de Althaus

Jaime de Althaus

Para Lampadia

Decíamos en nuestra anterior entrega (ver en Lampadia: ¿Dónde están los autores mediatos de los crímenes de Bagua? (I)) que el Baguazo con su fatídico desenlace fue la consecuencia de un mito que se construyó en torno a los efectos supuestamente expoliatorios de los diez decretos legislativos que se dieron para adaptar la legislación nacional al tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es lo que hemos llamado el mito expoliatorio. El baguazo fue el punto culminante de una larga movilización de comunidades nativas que fueron convencidas por ONGs, Obispos, antropólogos, periodistas, políticos y por sus propios dirigentes, de que el gobierno, digitado por las transnacionales de las industrias extractivas, había promulgado diez decretos legislativos para despojarlos de sus tierras y bosques. Y, por supuesto, ante tal amenaza, era lógico que las comunidades se pintaran la cara de rojo y se lanzaran a la guerra para defender sus posesiones.

Fuente: Blog-puntodevistaypropuesta.wordpress.com

El único decreto legislativo que contenía una disposición que podía eventualmente ser aprovechada para adquirir tierras comunales, era el 1015, que permitía a las comunidades campesinas y nativas de la Sierra y Selva vender sus tierras sólo con la aprobación de la mitad más uno de los miembros de la comunidad presentes en la asamblea, lo que, en la práctica, significaba que la comunidad podía enajenar sus tierras por decisión de una fracción pequeña de sus miembros, que podían haber sido comprados por alguna empresa capitalista. Pero, como recordamos en el artículo anterior, este decreto legislativo ¡ya había sido ya derogado por el Congreso diez meses antes de Baguazo, en agosto del 2008!, y, por lo demás, tampoco era aplicable a los bosques de las comunidades porque éstos no son propiedad de las comunidades nativas sino de la nación, según la Carta Magna, de modo que las comunidades no podían venderlos así hubieran querido.

Veíamos también que otro decreto legislativo cuestionado, esta vez sin razón, fue el 1090, Ley Forestal y de Fauna, que establecía que “el cambio de uso debe ser autorizado por la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre basado en un expediente técnico que principalmente garantice la sostenibilidad del ecosistema” (art. 25), de modo que la interpretación era: quienes quieran apoderarse de tierras comunales pues buscarán el cambio de uso para declararlas agrícolas y de esa manera solicitar su adjudicación para proyectos de irrigación. Esa era la supuesta estrategia del despojo.

La suspicacia podía tener sentido en un país en el que, con alguna frecuencia, las normas se han dado para favorecer intereses particulares. Pero aquí estamos en el supuesto negado de que existen tierras comunales no tituladas en la selva en las que se pueda realizar proyectos de irrigación. ¿Proyectos de irrigación en la selva? Aun admitiendo lo imposible, dicha atingencia se podía resolver también muy fácilmente, con una frase o un artículo. De hecho, el Congreso, atendiendo a este y otros asuntos, dictó, el 13 de enero del 2009, cinco meses antes del baguazo, la ley 29317, que introducía modificaciones a la ley Forestal estableciendo garantías mucho más fuertes para el cambio de uso, que complicaban extremadamente la posibilidad de una arbitrariedad. Pero tampoco fue suficiente. La demanda maximalista de derogar todos los decretos legislativos se mantuvo.

El rol de la Defensoría del Pueblo

Lo increíble, y es lo que vamos a analizar ahora, es que la propia Defensoría del Pueblo se sumó a la construcción del mito cuestionando la constitucionalidad del mencionado decreto legislativo 1090 (y de otros), con argumentos discutibles y poco equilibrados,  ideológicamente sesgados, que legitimaron y dieron alas a las movilizaciones indígenas.

En efecto, la Defensoría argumenta, en su informe 027-2008, que, según la Constitución, el Estado tiene el deber de promover el uso sostenible de los recursos naturales, y de fijar las condiciones de su utilización y su otorgamiento a los particulares. Pero el 1090 –dice el informe- excluye de la condición de recursos forestales –es decir, naturales- a las plantaciones forestales y a las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal, con lo que estas categorías quedan fuera de la preocupación especial del Estado en lo relativo a asegurar su uso sostenible, de modo que las tierras correspondientes podrían verse afectadas por usos no sostenibles y peligrosos. Con lo que el decreto, pues, violaba el derecho fundamental a un ambiente sano. Además, el informe encuentra, en normas y proyectos anteriores, una tendencia a entregar en propiedad privada las plantaciones forestales, insinuando que el propósito de este decreto legislativo sería el de entregar en propiedad las tierras de uso forestal y de plantaciones, aunque, de otra parte, reconoce que “la entrega en propiedad de las tierras con capacidad mayor de uso forestal no resulta expresa en el decreto legislativo 1090”. Es decir, la Defensoría cree ver una intención en la ley que la propia ley no refrenda, y lo reconoce. Inaudito.   

El informe de la Defensoría lleva a concluir, entonces, que todas las tierras con capacidad de uso mayor forestal y las plantaciones van a dejar de ser protegidas por el Estado, y como consecuencia pueden ser depredadas y eventualmente entregadas en propiedad privada, aunque esto último no se establezca en la ley. Lo increíble es que en ninguna parte el informe cita literalmente el artículo 2.1 del Decreto Legislativo 1090, que dice así: “Son recursos forestales los bosques naturales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal y los demás componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional”. De la lectura de ese artículo queda meridianamente claro que los bosques –es decir, la gran mayor parte de la extensión amazónica- siguen siendo recursos naturales, de modo que, en la práctica, las únicas tierras que dejan de ser consideradas recursos forestales o naturales son las áreas depredadas, deforestadas, aptas en principio para plantaciones forestales. Es decir, las áreas en las que el derecho a un ambiente sano ya fue afectado, y lo fue precisamente por ausencia de un derecho de propiedad claro que las defendiera. Entonces, la solución en esas zonas, para recuperar un ecosistema sostenible, para cautelar el bien constitucional del derecho a un ambiente sano, es precisamente la plantación forestal, que se desarrollaría con mucha mayor rapidez y calidad si se pudiera entregar esas tierras destruidas en propiedad (lo que el decreto, como hemos visto, ni siquiera autoriza). Es decir, todo lo contrario de la argumentación de la Defensoría. 

No es de extrañar, entonces, que las comunidades nativas pensaran que ese decreto pretendía excluir a los bosques –incluidos los que están en sus territorios- de su condición de recursos naturales y entregarlos, sin ninguna protección ni condicionamiento, a la voracidad capitalista. Es lo que en última instancia se desprendía de la interpretación sibilina que hizo la Defensoría.

Informe en Minoría de la Comisión de Investigación de los sucesos de Bagua

De hecho, esa, y aún más dramática, fue la lectura que hizo el Informe en Minoría de la Comisión de Investigación de los sucesos de Bagua, que reza así:

“El informe (de la Defensoría) concluye que la norma presentaba un conjunto de deficiencias que hubieran favorecido la deforestación de los bosques primarios del país” (Gómez y Manacés: 22).

De hecho, el decreto legislativo 1090 se convirtió en el símbolo de las intenciones predatorias del gobierno y en el blanco principal de la lucha de los indígenas. ¿Cómo no movilizarse hasta la muerte si la propia Defensoría del Pueblo dice que el decreto legislativo 1090 favorece el despojo y la deforestación de los bosques? ¿Para qué sentarse a dialogar para modificar los decretos, si son inconstitucionales y deben simplemente ser derogados?

En realidad, no sólo los decretos legislativos rechazados, sino las leyes, las normas sobre información y participación de las comunidades y la institucionalidad que en materia de inversión petrolera se había venido dando en los últimos años, buscaban fomentar la inversión, sí, pero también proteger más los bosques, su explotación sostenible y los propios derechos indígenas que las normas anteriores, aunque sí es cierto que no promovían especialmente, por ejemplo, el acceso de los pueblos indígenas al reconocimiento de sus tierras tradicionales aún no tituladas, y que “la titulación de tierras indígenas no aparece como un mecanismo contemplado por el paquete y sí todas las otras formas de titulación” (Gómez y Manacés, p. 21).

Pero una cosa es que los decretos legislativos no pusieran énfasis en la titulación de las comunidades, y otra es que buscaran despojarlas. Si los decretos contenían artículos que podían ser interpretados de modo malicioso para afectar los derechos de las comunidades, se trataba de disposiciones fácilmente modificables o precisables, como hemos visto. Pero esto nunca se pudo realizar. No se quería realizar. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, como veremos, lo intentó, se reunió con Alberto Pizango, el líder indígena, se instaló una comisión técnica para el efecto, pero fracasó porque AIDESEP insistió en la derogatoria total, llevando a su gente al despeñadero. ¡Y ha sido exculpado! En el Ejecutivo también se conformó una comisión multisectorial con presencia de AIDESEP y en varias ocasiones el propio presidente del Consejo de Ministros –Yehude Simon- solicitó que se precisara qué artículos había que modificar y de qué forma, a fin de proceder a hacerlo y resolver el problema, pero siempre la respuesta fue la derogatoria total o nada.

Con la ayuda incluso de la propia Defensoría del Pueblo, los decretos legislativos se habían convertido ya en un mito, en lo que hemos llamado el “mito expoliador”, que tuvo, a la postre, el terrible efecto letal que todos lamentamos.

Nota: Este artículo toma elementos del capítulo 11 del libro “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus

Lampadia