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¿El fallido golpe de Maduro es comparable al 5 de abril?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Puestos contra la pared de tener que condenar la clausura del congreso en Venezuela, varios políticos de izquierda en el Perú encontraron la coartada prefecta: si estuve contra el autogolpe de Fujimori, no me queda más remedio que rechazar el golpe de Maduro. En realidad, aprovecharon el golpe venezolano no para condenarlo, sino para condenar el golpe fujimorista. “Si condenamos el 5 de abril de Fujimori, no podemos cerrar los ojos ante lo que acaba de ocurrir en Venezuela”, tuiteó Marisa Glave, del Frente Amplio. Ollanta Humala ni siquiera menciona a Venezuela, pero si recuerda a Fujimori: “En el Perú hubo una ruptura del orden constitucional a cargo del gobierno de Fujimori, y yo me enfrenté a esa dictadura”, escribió, tratando de mostrar una prueba de sus convicciones democráticas. Y Nadine Heredia mata dos pájaros de un tiro, solo que ninguno de ellos es Maduro: “Viendo este video (2011) me pregunto si PPK, quien apoyó a Fujimori, es coherente con posición sobre Venezuela”. ¿Condena  a Venezuela? Ninguna. Verónica Mendoza no se refiere a Fujimori, pero recién se percata de que el equilibrio democrático –no la democracia como tal- se ha roto en Venezuela. Escribió: “La resolución del Tribunal Supremo de Justicia rompe el equilibrio democrático en Venezuela”, como si no hubiese estado roto hace tiempo y como si lo que terminó de romperse no fue la democracia como tal. 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Foto: AP

Al final, presionado interna y externamente, Muduro ha tenido que dar marcha atrás y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la resolución por medio de la cual reemplazaba en sus funciones al Congreso. Pero, en realidad, todo podría haber sido parte de un libreto bien montado, porque basta una revisión de la relación entre la Asamblea Nacional de Venezuela y los demás Poderes para percatarse de que la Asamblea ya estaba completamente anulada en los hechos y siempre lo estuvo. Había perdido todos sus poderes y las leyes que aprobaba eran automáticamente declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional de TSJ. En ese sentido, la fallida resolución del TSJ anulando la Asamblea Nacional no venía sino a formalizar lo que siempre fue un hecho lamentable, y por lo tanto Maduro pudo darse el lujo de aparecer como el restaurador de la Asamblea porque ella era ya y es un poder inexistente en Venezuela.

La Asamblea Nacional nunca tuvo poder

Revisemos los hechos. En las elecciones de diciembre del 2015, la opositora MUD obtuvo 112 diputados, las dos terceras partes de la Asamblea. Con esa mayoría absoluta, la MUD tenía poderes muy amplios. Por esa razón, ya el 30 de diciembre del 2015, la Sala Electoral del TSJ  suspendió arbitrariamente  las proclamaciones de 3 diputados de la MUD, con lo cual perdía los dos tercios. El 5 de enero, no obstante, los tres diputados separados juramentaron como parte de la Asamblea. Esto llevó a la Sala Electoral del TSJ a denunciar por desacato a la Junta Directiva del Parlamento y ordenar la desincorporación inmediata de los tres diputados del estado Amazonas. Estos solicitaron entonces su desincorporación para “defenderse por vías externas legales y evitar involucrar al Parlamento”.

Luego, el 15 de enero, Maduro dicta el Decreto N° 2,184, por el cual declara el estado de excepción para enfrentar la emergencia económica, lo que le permite dictar leyes sin pasar por la Asamblea. Esta invita al equipo económico del Ejecutivo para que sustente la medida, pero el mencionado equipo decidió no acudir a la Comisión respectiva. Entonces la mayoría de la Asamblea Nacional decide desaprobar el Decreto de estado de excepción en virtud de las razones expuestas en el informe final de la Comisión correspondiente. Ante ello, la Sala Constitucional del TSJ interpretó que el control político de la Asamblea Nacional sobre el Decreto de estado de excepción no tiene efectos jurídicos.

Este sainete en torno al decreto de estado de excepción, el rechazo del Congreso, y la anulación de la decisión de la Asamblea por parte del TSJ, se repitió dos veces más a lo largo del 2016.

En realidad, todos los actos de la Asamblea fueron sistemáticamente anulados, desde el comienzo. El 17 de febrero, por ejemplo, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional decide investigar supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). La respuesta no se hizo esperar: el 1° de marzo La Sala Constitucional del TSJ interpretó las facultades de control político de la Asamblea Nacional en el sentido de que no se aplican a funcionarios de las empresas públicas.

El 23 de marzo la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Reforma del Decreto-Ley del Banco Central de Venezuela, que sencillamente dejaba sin efecto las reformas introducidas el 2015 que limitaban la autonomía del Banco Central. Pocos días después, el 31 de marzo, el TSJ  declara la nulidad de la Ley de Reforma del Decreto-Ley del Banco Central de Venezuela. Lo mismo pasó con la importante Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que fue declarada inconstitucional estableciendo, además, que la Asamblea Nacional no puede revocar designaciones de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

El 7 de abril se aprobó  la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que entre otros aspectos, aumentó el número de magistrados de la Sala Constitucional. Esta, por supuesto, también fue declarada inconstitucional.

Lo mismo ocurrió con cerca de 15 leyes más que se sancionaron el 2016. Hecha la ley, hecha su anulación. La impotencia y la sensación de irrelevancia  en la Asamblea eran absolutas.

El 20 de abril fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Enmienda N° 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de reducir el período presidencial a cuatro años, regulando la convocatoria de elecciones durante el 2016. EL TSJ interpretó que dicha reducción no se aplicaba al período 2014-2019. No solo eso, el TSJ contraatacó suspendiendo los efectos de varios artículos de Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional.

El 11 de octubre, la Sala Constitucional del TSJ concluye que el Presidente de la República no queda sujeto a los controles de la Asamblea para dictar el presupuesto 2017.

El 25 de octubre fue aprobado el inicio del procedimiento para la declaratoria de la responsabilidad política del Presidente de la República. Ese procedimiento fue anulado también por el TSJ. Y así sucesivamente. Lo que hemos mostrado no es ni el 30% de lo ocurrido.

El Congreso peruano dio facultades pero las recortó también

Ahora bien, ¿son comparables estas relaciones entre poderes en Venezuela que acabamos de reseñar, con las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en el Perú entre agosto de 1990 y el 5 de abril de 1992? Hay algunas semejanzas, por supuesto, pero también diferencias. Una de estas es lo que acabamos de ver: en Venezuela no necesitan un 5 de abril porque para todo efecto práctico la Asamblea está cerrada.

La semejanza principal es que ambos casos el gobierno carecía de mayoría parlamentaria. Fujimori había ganado en segunda vuelta con el 63 por ciento de los votos,  pero sólo contaba con el 18 por ciento de los diputados y el 23 por ciento de los senadores, pues en la primera vuelta solo había obtenido el 29% de los votos. En Venezuela, la opositora MUD tenía el 67% de los escaños y el oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar el 33%.

Y, por supuesto, en el Perú también hubo conflictos entre Ejecutivo y Legislativo. El mejor relato y análisis de esos conflictos es el del politólogo norteamericano Charles D. Kenney, publicado en el libro de Fernando Tuesta (editor) Los Enigmas del Poder.  En síntesis, luego de un serio enfrentamiento en torno a la ley de presupuesto para 1991, el Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para llevar a cabo reformas económicas y para enfrentar al terrorismo. Sin embargo, de 117 decretos legislativos, el Congreso derogó 27, la mayor parte en los temas de seguridad, cuestionando la estrategia que el gobierno planteaba, aunque en algunos casos con razón porque se otorgaba facultades excesivas al SIN, por ejemplo.[1] Este fue el pretexto que probablemente usó Montesinos para convencer a Fujimori de dar el golpe, pues Sendero Luminoso ya atacaba Lima y proclamaba que había alcanzado el equilibrio estratégico.

El Congreso también negó facultades legislativas en materia tributaria. Entonces vinieron las escaramuzas. Fujimori atacó al Parlamento y propuso un plebiscito para renovarlo por tercios. Javier Alva Orlandini respondió proponiendo incluir una pregunta sobre vacancia del Presidente. El Ministro de Agricultura fue censurado y  Fujimori demoró dos semanas en aceptar renuncia. Entonces el senador Rafael Belaunde advirtió que el Presidente puede ser destituido por incapacidad moral. Fujimori, por su parte, sugirió que había un lobby de narcodólares en el Congreso pues se había derogado un decreto contra el narcotráfico. El Senado aprobó una moción que “descalifica moralmente al Presidente”, y en Diputados casi se discute la vacancia presidencial pero se desistió por temor a un golpe militar.

Luego el Congreso aprobó la llamada “ley de control de actos del Presidente” que incluso permitía dejar sin efecto estados de emergencia, lo que sin duda era excesivo. Entonces, cuando Fujimori observa 41 artículos de ley de presupuesto de 1992 y el Congreso insistió, Fujimori replicó suspendiendo tres de los artículos invocando el artículo 211, inciso 20 de la Constitución (del 79) que le permitía dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo requiriese el interés nacional. Pero ese recurso ya no tenía efecto porque la ley de control de los actos del presidente lo anuló. 

En resumen, el Legislativo, aunque dio facultades, también impuso recortes, tanto a las políticas necesarias para enfrentar la grave emergencia nacional (algunas cuestionables, sin embargo) como a los poderes presidenciales (en temas críticos como el orden interno). A ello se sumó un Tribunal de Garantías Constitucionales controlado por el APRA que había comenzado a derogar reformas que ni siquiera eran inconstitucionales. Pero también es probable que Fujimori y particularmente Montesinos hubiesen estado anidando desde meses atrás una voluntad golpista que tomó estos hechos como pretexto. Recordemos que desde los últimos años de García los militares habían concebido un proyecto nacional de largo plazo, el “plan verde”, que pasaba, en realidad, por el control autoritario del poder.

Similitudes aparentes

Es interesante constatar que las similitudes con Venezuela son más aparentes que reales. Para comenzar, la Asamblea Nacional venezolana es un adorno. El Congreso peruano 90-92 sí ejercía poder. La Asamblea Nacional intenta poner límites a un presidente autoritario que necesita controles, pero esos límites son  anulados por el TSJ. En el caso peruano era al revés: el congreso recortaba facultades y poderes a un Presidente que los necesitaba para enfrentar la grave emergencia nacional (aunque algunos de los poderes pedidos fueran excesivos y si  recibiera facultades legislativas una de las dos veces que las pidió)

Fujimori buscaba poderes legislativos para reformar y liberalizar la economía –en esto contó con la ayuda del Congreso- y para enfrentar al terrorismo senderista que era una amenaza a la supervivencia del Perú como nación.  Maduro, en cambio, acumula poderes y anula la Asamblea no para liberalizar la economía sino para controlarla cada vez más, y en la medida en que eso no hace sino agravar la situación económica, no lo queda más remedio que radicalizar su autoritarismo concentrando más poder.

Fujimori da el golpe para enfrentar una grave amenaza nacional (por lo menos ese fue el pretexto). Maduro anula la Asamblea y controla todos los poderes sencillamente para sobrevivir en el poder. En la medida en que la situación se agrava, no le queda más remedio que suprimir libertades, en un círculo vicioso. No es la sobrevivencia del país, sino la suya propia.

Ahora bien, en parte forzado por la presión internacional, Fujimori a los pocos meses de 5 de abril convocó a un congreso constituyente que elaboró la Constitución de 1993, que instauró una economía de mercado libre y abierta que le permitió al país crecer de manera sostenida luego de 30 años de estancamiento y retroceso.[2]

En su segundo mandato, sin embargo, entre 1995 y el 2000, Fujimori, lejos de hacer el tránsito hacia una democracia liberal propiamente dicha, institucionalizando la propia Constitución de 1993, desarrolló una estrategia para controlar los Poderes constitucionales y la prensa, sobre todo televisiva, con el fin de conseguir su segunda reelección. Es quizá esa etapa, de un control político creciente para perpetuarse en el poder, la que más se parezca a la actuación de Maduro de hoy. Con la diferencia enorme de que Fujimori no necesitaba controlarlo todo para mantenerse en el gobierno. Podía sencillamente terminar su mandato el 2000 y tentar una nueva elección el 2005. Era Montesinos quien no podía dejar el poder. Lampadia

[1] El 733, ley de movilización nacional, establecía que los bienes de todas las personas naturales o jurídicas podían ser requisados y las personas movilizadas, que todos estaban obligados a otorgar la información que se les solicite y aquellos que se negaran serían considerados traidores a la patria. También el 746, ley del Sistema de Inteligencia Nacional, que otorgaba al SIN poderes amplísimos, incluyendo el recabar la información que deseara de los organismos públicos y privados, bajo responsabilidad penal, y creaba órganos de inteligencia en los ministerios y organismos públicos, que respondían al SIN. El 762 establecía  penas de cárcel para las personas que revelasen, reprodujeran, exhibieran, difundieran o hicieran accesible a través de cualquier medio, información referida a las actividades del Servicio de Inteligencia Nacional.

Sin embargo, el Congreso también modificó el 743, ley del sistema de defensa nacional, que creaba el Comando Unificado de Pacificación y el Comando Operativo del Frente Interno (COFI), que era necesario (ver “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus, Planeta 2011).

[2] El Congreso disuelto hubiese podido modificar el Título III de la Constitución de 1979, que consagraba el modelo económico estatista e intervencionista, pero la verdad es que ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores se formaron comisiones ni hubo propuestas de modificación de dicho Título, ni como un todo ni por artículos específicos. Según Luis Bustamante Belaunde, no las hubo porque se trataba de “un Congreso fraccionado, en el cual coexistían rezagos importantes de la izquierda, la representación aprista ufanada en no ‘retroceder’ de las ‘conquistas’ de la Constitución del 79, los mismos socios del Fredemo que compartían similar posición quietista, y donde la propia representación oficialista no estaba tan convencida al principio como al final de la conveniencia de estas iniciativas y medidas”. Se desprende, entonces, que el Congreso electo en 1990 no hubiese podido modificar el capítulo económico de la Constitución de 1979 (ver “La Promesa de la Democracia” de Jaime de Althaus, Planeta 2011).




La flexibilidad laboral no es una monserga ‘neoliberal’

Las consecuencias de las malas políticas laborales de Francia, llevaron al gobierno socialista a plantear una reforma laboral liberalizadora que permita retomar la competitividad de la economía y generar más demanda de empleo, especialmente para los jóvenes. Pues, luego de muchas protestas y a pesar de ellas, el gobierno usó un instrumento constitucional extremo para aprobar la reforma. 

Manuel Valls, este martes, en la Asamblea Nacional de Francia. Philippe Wojazer Reuters

Tras meses de violentas protestas en todo el país, la Asamblea Nacional de Francia se aprobaron las muy necesarias reformas laborales del presidente Francois Hollande que, según el gobierno, frenará las elevadas tasas de desempleo, haciendo que sea más fácil para los empleadores contratar y despedir trabajadores y establecer unilateralmente las horas de trabajo y los salarios.

Típicamente, las protestas fueron lideradas por los sindicatos y por grupos de jóvenes que serán los beneficiados por la reforma. Un caso parecido al de la marcha de los ‘pulpines’ en el Perú. Es curioso, se supone que los jóvenes, especialmente los millennials se caracterizan por su independencia de criterio, pero, en uno y otro caso, se ve que son manipulados en contra de sus propios intereses. Tendremos que reflexionar sobre esto en otra ocasión.

El Gobierno de Hollande invocó el artículo 49.3 de la Constitución (llamado coloquialmente la ‘bomba atómica’), que permite al Gobierno imponer un proyecto de ley de modo que se adopte sin necesidad de ser votado en la Asamblea Nacional. Los diputados tenían hasta este miércoles para presentar una moción para revocarlo, sin embargo, no consiguieron las 58 firmas necesarias para llevarlo a cabo.

Los estudiantes franceses queman contenedores de basura en la ciudad de Nantes durante una protesta contra las reformas laborales el 24 de marzo de 2016. Fuente: France24

Recordemos que en Francia, al igual que la mayoría de países europeos, el presidente es elegido mediante una elección indirecta. Esto significa que los ciudadanos eligen a los miembros de la Asamblea o Parlamento y es éste órgano el que elige entre ellos al jefe del poder ejecutivo. De igual manera ocurre en algunos sistemas republicanos democráticos en los que el Jefe del Estado no es elegido directamente por los ciudadanos, sino que estos eligen primero representantes que se constituyen como los electores finales. Este es el caso de la eleción del Presidente de los Estados Unidos.

En Francia, el Primer Ministro, Manuel Valls, invocó la cláusula de poderes especiales (artículo 49,3) porque los legisladores de izquierda habían amenazado con votar en contra del proyecto y era necesario imponer una flexibilización laboral que facilite la contratación y el despido de trabajadores y otros. 

Y es que existen muchas razones por las que se considera necesaria la reforma. En los últimos años, Francia ha quedado sistemáticamente detrás de sus pares de la zona euro en términos de creación de empleo y tasa de desempleo, que actualmente es de 10.2%. El mercado laboral está afectando la competitividad y el bienestar de la población. Ver en Lampadia: Reforma laboral francesa: flexibilidad o más desempleo.

Además, como muestra el gráfico inferior, una de las grandes razones por las que el mercado laboral de Francia ha fracasado es que muchas personas sin empleo no tienen un incentivo real para trabajar en un trabajo que consideran mal pagado. Las cargas fiscales sobre los trabajadores franceses son las más altas de cualquier país de la OCDE.

Con excepción de Lampadia, en el Perú, lamentablemente, la noticia no ha sido difundida por los medios nacionales. Se puede entender que, por miedo, haya sido obviada por los candidatos, pero no que luego se siga ignorando algo tan importante para la salud de largo plazo de nuestros trabajadores.

Los manifestantes en una manifestación contra la reforma de la legislación laboral en la capital francesa de París en marzo. Fuente: TheEpochTimes

La importancia de esta revolución es que nos debería hacer reaccionar sobre nuestras propias políticas laborales, para facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores. (Ver en Lampadia: El altar del laboralismo se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’ y Sin flexibilidad laboral perdemos empleo y productividad). Nuestras regulaciones laborales y sus impactos en el mercado de trabajo son muy similares a las de Francia antes de la reforma histórica que está entrando en vigor.

Así como seguimos a Francia cuando levantamos los muros que desincentivaron la creación de empleo, ahora nos toca acompañarlos en una reforma efectiva que corrija nuestra rigidez laboral, una de las más extremas del mundo. (Ver en Lampadia: Por décadas, nos equivocamos siguiendo a los franceses). 

Policías y estudiantes heridos, decenas detenidos tras tornarse violentas las protestas laborales francesas. Fuente: The Independent

En el Perú, el 73% de la Población Económicamente Activa (PEA) empleada es informal. Esto se debería en gran medida a la rigidez laboral del país, por lo que se deberían implementar reformas que permitan reducir los niveles de informalidad que además afectan la productividad de una buena parte de las empresas que operan en ese ambiente societario.  Este es uno de los principales problemas del mercado laboral peruano y será uno de los grandes retos para el próximo gobierno.

Como se puede observar en el gráfico inferior, en los últimos 5 años hemos retrocedido en casi todos los indicadores de eficiencia del mercado laboral con respecto al 2011. Además, en los últimos años, hubo un deterioro considerable en las prácticas de contratación y despido. Nos encontramos entre los países con peores prácticas de contratación y despido en el mundo (puesto 133 de 140 según el WEF).

Está comprobado que la sobre regulación afecta el normal desenvolviendo de los mercados y el laboral no es una excepción. Por tanto es urgente realizar cambios que no sólo nos hagan más competitivos. Para ello, el gobierno debe crear una formalidad más accesible, explicar a empleadores y a la población los beneficios de un sistema más flexible y establecer procesos de transición no punitivos.

Ayer hemos hecho una propuesta que plantea tratar la formalización del trabajo en vinculación al tema de las pensiones y el IGV.  Ver en Lampadia: Sobre formalización, pensiones e IGV. En el Perú no tenemos la ‘bomba atómica’ de Francia, pero el que se haya usado demuestra la extraordinaria importancia del tema laboral. En nuestro caso se impone un amplio debate nacional que es ideal que coincida con el inicio del nuevo gobierno. 

Lampadia

Valls acude de nuevo al decretazo para la definitiva aprobación de la reforma laboral

Los sindicatos amenazan con más protestas ante la “deriva autoritaria” del Gobierno

Carlos Yárnoz

El País de España

París, 6 de Julio 2016

Glosado por Lampadia

 

Por cuarta vez en esta legislatura, el Gobierno francés anula el voto parlamentario y echa mano del decretazo para sacar adelante una reforma.

Valls ha anunciado este martes en la Asamblea Nacional el recurso al extraordinario artículo 49.3 de la Constitución –permite suspender el trámite parlamentario de una ley y aprobarla por decreto– después de una tensa reunión con su dividido grupo parlamentario. “Basta de jugar. Yo no juego. Asumo mis responsabilidades en interés del país”, les espetó el jefe del Gobierno.

Para el jefe del Gobierno, el fracaso parlamentario del proyecto de ley es achacable a “una alianza de conservadores y de inmovilistas” -la derecha y sus diputados críticos-, pese a que el proyecto recoge “un texto de progreso” necesario para Francia. “El país debe avanzar”, ha afirmado.

Con este recurso al decreto, Hollande y Valls pretenden dar carpetazo a su proyecto más polémico y convertido desde marzo pasado en todo un símbolo de la pugna de los sindicatos mayoritarios y de la izquierda radical contra la política económica del Gobierno socialista.

LOS CAPÍTULOS MÁS CONTESTADOS

Prioridad a la empresa. Los acuerdos entre propietarios y empleados en cada empresa tendrán más fuerza legal que los pactados en el sector. Es un cambio radical en el principio de jerarquía legal.

Indemnizaciones. Baja general en caso de despido. Se reducen a 15 meses de salario –en lugar de 27- para empleados con más de 20 años de antigüedad. Son baremos “indicativos”, no obligatorios, como decía la primera versión de la ley.

Despidos. Se facilitan en caso de degradación de cifra de negocios durante cuatro trimestres o pérdidas durante un semestre. Y por cambios tecnológicos o reorganizaciones.

Horas extraordinarias. Su pago podrá ser de solo un 10% superior a las horas ordinarias, no 25% como hasta ahora, si así se pacta en cada empresa.

35 horas. El principio sagrado en el límite laboral semanal queda de hecho dinamitado por la ley porque se podrá ampliar más fácilmente que ahora por acuerdo interno en las empresas.

Los diputados rebeldes y la izquierda radical también intentaron entonces presentar esa moción. Les faltaron dos firmas de las 58 exigidas para conseguirlo. Ahora dicen tener suficientes apoyos para hacer frente a “la máquina infernal” del 49.3, en palabras de Christian Paul, líder de los rebeldes.

Los Republicanos (196 escaños) han dicho que no presentarán la censura. Dejarían así en evidencia la brecha interna en la izquierda y, de paso, se reservan la opción de apoyar la censura de la izquierda, si es que la presentan.

El paso dado por Valls ha coincidido con una nueva jornada de movilización contra la reforma dentro de la mayor movilización social registrada en Francia en las últimas décadas. La mayor manifestación se ha registrado en el centro de París -entre 7,500 y 45,000 asistentes, según la policía o los organizadores- a la misma hora en que Valls anunciaba su decisión. La CGT, el mayor sindicato del país, prepara nuevas protestas ante “la deriva autoritaria” y “una rentrée potente y ofensiva para impedir la aplicación de la ley” que es rechazada por cerca del 70% de los franceses, según los sondeos.

Junto con la reforma laboral, la otra hecha por François Hollande ha sido la de la liberalización de la economía. También por la rebelión de diputados socialistas, la ley fue aprobada en las dos lecturas por decretazo. En ambos casos, Valls superó con holgura las correspondientes mociones de censura de Los Republicanos.

La opción constitucional de aprobar una ley por decreto sin debate ni votación la ha utilizado el Gobierno francés en 84 ocasiones desde el arranque de la V República en 1958. La izquierda lo ha hecho en 52 ocasiones y la derecha, en 32.

La mayor crítica contra el uso de semejante arma nuclear la hizo en 2006 el hoy presidente Hollande: “El 49.3 es una brutalidad. El 49.3 es una negación de la democracia”.

Lampadia




La intolerable agonía de Venezuela

La intolerable agonía de Venezuela

Un artículo publicado en The Economist analiza la situación del país gobernado por el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de todo, advierte una luz: la reciente victoria de la oposición en las parlamentarias. “La victoria electoral de la oposición en diciembre mostró que la democracia está todavía viva”, concluye tras enumerar la cantidad de problemas que afectan a la población.

The Economist, al igual que Ricardo Hausmann en su artículo: Podría ser demasiado tarde para evitar la catástrofe en Venezuela, resaltó que el “auge” mundial del petróleo, que gozó Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez y a principios del de Nicolás Maduro terminó y que ha golpeado fuertemente al país que depende en un 95% de los ingresos petroleros. (Ese sí es un país primario exportador).

Como hemos publicado en varias ocasiones, la crisis humanitaria y política a la que se enfrenta Venezuela, ha sido labrada a pulso por los crímenes de ‘leso gobierno’ del chavismo. Además, de destrozar el país, Venezuela se dio el lujo de usar parte importante de sus recursos para mantener la caduca dictadura cubana, varios pequeños países de Centro América y el Caribe y, de financiar a partidos izquierdistas de la región con sus ínfulas del ‘socialismo del siglo xxi y el albismo.

Esta lastimosa experiencia, de un querido país sudamericano, es una dura lección sobre las consecuencias de sus políticas dirigidas a capturar todo el poder dizque ‘en pro de los pobres’ y, según los resultados, a entronizar un odioso nivel de corrupción. No podemos dejar de preguntarnos cómo es posible que la izquierda peruana, cegada por su obsoleta ideología, tenga cara para seguir apoyando uno de los peores, o el peor, gobierno de la historia latinoamericana. Veamos el reporte de The Economist. 

Venezuela se encuentra al borde de una crisis humanitaria (El Nuevo Herald)

Una guía política y económica (The Economist)

Publicado por The Economist

19 de enero de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

De todas las palabras críticas utilizadas para describir el estado del país que gobierna Nicolás Maduro, “desastre” es la que menos le gusta al presidente de Venezuela. Tal vez porque es muy acertada. Bajo su mandato, la nación ha entrado en una fuerte caída. Maduro ha restringido la publicación de cifras económicas oficiales. Aquellas que se han divulgado confirman que el 2015 fue un año muy malo. Y el 2016 será peor.

El boom del petróleo mundial, que le proporcionó a Hugo Chávez (el predecesor populista de Maduro), el dinero para solventar a los pobres de Venezuela, ha terminado. Maduro no ha logrado convencer a los votantes de que es un digno heredero. En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre 2015, la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó dos tercios de los asientos, la primera vez que la oposición ha ganado una elección nacional desde que Chávez llegó al poder en 1999. El índice de aprobación de Maduro está cerca del 20 %. La nueva Asamblea Nacional está enfrascada en una lucha de poder con el régimen. El Tribunal Supremo de Venezuela, que se puede considerar como gobiernista, ha dictaminado que tres diputados de la oposición no pueden juramentar, privando a la MUD de su “súper mayoría”, [necesaria para imponer sus decisiones más importantes].

El precio del petróleo, que proporciona el 95% de los ingresos de divisas de Venezuela, ha dictado durante mucho tiempo la popularidad de sus líderes. Los ingresos del gobierno provenientes del petróleo en el año a noviembre de 2015 representaban dos tercios menos que durante el mismo período del año anterior. El precio del petróleo ha caído aún más desde entonces. Con menos dinero entrante y una demanda de importaciones aún fuerte, el valor de las reservas de divisas de Venezuela se ha reducido de forma alarmante. En 2015, una caída en el precio del oro (con el que Venezuela mantiene una parte importante de sus reservas), ha contribuido a la disminución de estas. [Solo le quedan unos US$ 5,000 millones en divisa, prácticamente nada].

La caída actual de petróleo será dolorosa, sin importar quién esté en el poder. El régimen ha agravado el daño con políticas que, aunque diseñadas para favorecer a los pobres, terminaron empobreciéndolos a ellos y al Estado. El control de precios, junto con la escasez de divisas, ha dado lugar a una grave escasez de productos de primera necesidad, obligando a la gente a hacer largas colas, durante horas, para comprar artículos de primera necesidad. La inflación está oficialmente en un 141% a septiembre del año pasado (último dato disponible). Los analistas creen que la cifra real es de al menos 200% al año; algunos predicen hiperinflación en 2016. El masivo déficit presupuestario, que financia el Banco Central imprimiendo dinero, contribuye a ese riesgo

El gobierno ha tratado de mantener bajos los precios con un sistema de control de cambios de Rube Goldberg. Venezuela tiene tres tipos de cambio legales, incluyendo uno que valora el bolívar en 6.35/US$. Los venezolanos con conexiones en el gobierno pueden obtener dólares a este precio ridículamente barato, una importante fuente de corrupción. Pero en el mercado no oficial, el bolívar vale alrededor de 130 veces menos. El valor de mercado en dólares que maneja la mayoría de venezolanos es lamentablemente bajo. Aunque el precio oficial de las mercancías es correspondientemente barato, muchos sólo están disponibles a precios inflados en el mercado negro.

Hasta la fecha, Venezuela ha dado prioridad al pago de su deuda externa. Aparentemente, el gobierno ha decidido que un default, por más tentador que parezca, sería demasiado costoso. Muchos de los activos de Venezuela fuera del país (incluyendo refinerías y tanques petroleros) podrían ser embargados por los acreedores. El restringido acceso al crédito de Venezuela se vería disminuido aún más si hay un default. A pesar de que una serie de préstamos de varios millones de dólares de China, pagados en petróleo, están ayudando a evitar una crisis, un default podría ser inevitable si los precios del petróleo no se recuperan en 2016. El FMI estima que el PBI de Venezuela se redujo en aproximadamente un 10% en 2015, convirtiéndola en la economía con la peor performance del mundo. El gobierno admite que la contracción fue de 7.1% hasta el tercer trimestre de 2015. Sin importar cuál sea la cifra real, la fuerte recesión está socavando una de las reivindicaciones más orgullosas del régimen: que bajo su gobierno la pobreza ha caído en Venezuela. De hecho, la pobreza extrema sí ha disminuido bajo el chavismo (como lo ha hecho en todo el mundo), pero no tanto como el gobierno sostiene. El Perú ha avanzado más que Venezuela, donde la pobreza general (en lugar de extrema) se ha mantenido obstinadamente estática desde 2000. 

En enero de 2016, Maduro nombró un nuevo equipo económico, pero hay dudas sobre su voluntad de abordar los problemas de la nación. El ministro encargado de la economía, Luis Salas, es un sociólogo de izquierdas que, al igual que otros miembros del gobierno, atribuye los problemas del país a una “guerra económica”. Rechaza algunos principios básicos de la economía convencional, por ejemplo, que un exceso de impresión de dinero causa inflación. Se piensa que el nuevo ministro de Finanzas, Rodolfo Medina, es más pragmático. Estudios recientes han mostrado que, junto con la economía y la escasez, la seguridad es una preocupación importante. El gobierno dejó de publicar estadísticas completas del crimen en 2005, aunque admite que hay un problema. El fiscal general ha dicho que la tasa de homicidios de Venezuela el año pasado fue de 62 por cada 100,000 habitantes, diez veces el promedio mundial. El Observatorio Venezolano de Violencia, un instituto de investigación independiente, dice que la tasa es más alta. La tasa de homicidios en Caracas es la más alta en la región. El 90% de los homicidios quedan impunes en todo el país.

El gobierno trata de mantener a los venezolanos comunes ignorantes de tales desmoralizantes hechos a través de su dominio de los medios de comunicación. Chávez inició el proceso de cierre de la prensa libre; Maduro ha seguido en la misma línea. Sólo hay un periódico nacional que es relativamente independiente. La televisión estatal está llena de horas de propaganda pro-gobierno. Maduro, su esposa, Cilia Flores, y el ex jefe de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, todos tienen sus propios programas de televisión semanales. Los políticos de la oposición, varios de los cuales han sido encarcelados, dependen de los medios de comunicación social para difundir sus mensajes. A pesar de que el régimen hizo todo lo posible para hacerlo más difícil, la victoria electoral de la oposición en diciembre pasado muestra que la democracia aún está viva

El siguiente cuadro, del mismo The Economist, muestra el nivel de homicidios en varias ciudades del mundo:

Lampadia

 




Una sentencia inequívoca: No más socialismo del siglo XXI

Una sentencia inequívoca: No más socialismo del siglo XXI

En las elecciones del pasado domingo, los líderes de la oposición en Venezuela, la coalición de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ganaron más del doble de escaños que los socialistas en la Asamblea Nacional, castigando al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la profunda crisis económica, política y social del país.

El que el gobierno venezolano haya tenido que reconocer la derrota no lo hace democrático ni respetuoso de la voluntad popular. El proceso electoral ha estado plagado de eventos anti democráticos, no se permitieron observadores, se acosó a la oposición, se dieron amenazas desde la cúpula del poder, se alargó la hora de la votación, se manipularon votaciones en las cárceles, etc. Todo esto con el afán de evitar que la oposición tome la mayoría calificada, cosa que parece logró el gobierno.

Fue la primera vez en 16 años que el movimiento “chavista”, llamado así por el ex presidente del socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez, pierde la mayoría en la asamblea de 167 miembros y da a la oposición una plataforma para erosionar aún más el poder de Maduro. La oposición se ha comprometido a usar su nueva mayoría en la legislatura de Venezuela para liberar a los opositores encarcelados por el gobierno chavista, pero también dijeron que no desmantelarían las políticas de bienestar populares.

El presidente de la Asamblea, quien fue elegido a dedo por Chávez (pero carece de su carisma y astucia política) aceptó rápidamente la derrota en un discurso a la nación en las primeras horas del lunes, calmando los temores de una posible violencia. Consciente de que la victoria se debió más al descontento público con Maduro que al apoyo de la oposición, secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, instó a los venezolanos a enterrar sus diferencias.

“Comenzó el cambio Venezuela, hoy tenemos razones para celebrar, el país pedía un cambio, ese cambio comenzó hoy”, Torrealba, quien fue burlado por Maduro como un “mal Shrek” durante la campaña, dijo a sus seguidores en un discurso de victoria.

El secretario ejecutivo de la MUD añadió que los resultados le envían un mensaje claro al Gobierno de que el país está cansado de “vivir las consecuencias de un fracaso”. “Venezuela puede estar tranquila. La unidad sabrá administrar el triunfo y no llegará a atropellar a nadie. Hoy esto cambió y ahora la Asamblea tiene una dirigencia del pueblo. Esta victoria es real para aquellos que han sido perseguidos, encarcelados e inhabilitados”, subrayó.

El preso político más conocido en Venezuela es Leopoldo López, quien fue sentenciado a casi 14 años, acusado abusivamente en 2014 de promover la “violencia política”. Pero la oposición tiene una lista de lo que dicen ser más de 70 presos políticos.

¿Qué tan grande es la mayoría?

Según la información publicada por el CNE en su página de internet, la opositora Mesa de Unidad Democrática obtuvo 109 curules en el voto lista y nominal, a los que hay que sumar tres diputaciones por las circunscripciones indígenas. Esto significa que podrían, en teoría, despedir a ministros después de un voto de censura.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela se quedó en 55 de los 167 curules de la Asamblea Nacional. En porcentaje, el CNE informó que la oposición logró un 65.27% de los votos emitidos y el oficialismo un 32.93%.Con dos tercios, la oposición podría tratar de hacer modificaciones a las instituciones, como a los tribunales, ampliamente vistos como pro-gobierno. Incluso con sólo una mayoría simple, la oposición puede ejercer control sobre el presupuesto, dar marcha a investigaciones que podrían afectar al gobierno y aprobar la ley de amnistía.

Con 112 diputados de un total de 167 la oposición puede proceder a elaborar leyes orgánicas, aunque éstas todavía tienen que ser firmadas por el presidente. También puede designar a los poderes Judicial y Electoral, pero a través de un complejo procedimiento. Pero lo más crucial es la posibilidad de reformar la Constitución o convocar a una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, todavía tendrían que negociar con Maduro. Este es uno de los retos más importantes ya que el presidente venezolano no aceptará muchos de los cambios. Por lo pronto, ya anunció que rechazará la anunciada ley de amnistía, considerada una prioridad por la nueva mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional. “No aceptaré ninguna ley de amnistía. Me podrán enviar mil leyes pero los asesinos de este pueblo tienen que pagar”, declaró Maduro.

La caída de Maduro

Maduro, cuyo gobierno ha sustituido a Cuba como el adversario más vocal de América Latina contra los Estados Unidos, culpó el resultado de las elecciones a una “guerra económica” llevada a cabo por líderes empresariales y otros opositores en el extranjero con el fin de sabotear la economía y lo llevan hacia abajo. “En Venezuela, ganó la contrarrevolución, no la oposición”, agregó en su discurso el lunes.

Muchos venezolanos no han comprado este argumento, sin embargo, culpándolo por la inflación más alta del mundo, la escasez desde la leche hasta los medicamentos y una moneda devaluada que cotiza en el mercado negro a casi 150 veces su tasa oficial.

La persistencia de Maduro con los controles de divisas y de precios complejos han contribuido a distorsiones económicas de Venezuela, pero, a diferencia de Chávez, también ha tenido que lidiar con una caída en el precio de la única exportación significativa de Venezuela, más del 95% de ellas: el petróleo.

La derrota del gobierno fue otro gran golpe para el bloque latinoamericano de gobiernos de izquierda después, especialmente después de las elecciones presidenciales de Argentina el mes pasado. Esperemos que los gobiernos ideologizados de la región sigan esa tendencia centro-derechista hacia democracias más libres y economías más prósperas. Lampadia