Jorge Baca Campodónico
Para Lampadia

El colapso del sector informal, el cierre de empresas y la desaparición de más de 7 millones de empleos, generados por la prolongada cuarentena, configuran un escenario que más se asemeja a la depresión económica de 1929 que a las recesiones de 1998 o de 2008.  El gobierno se equivoca al pensar que las políticas monetarias y fiscales anticíclicas, por más significativas que sean, serán suficientes para salir de la recesión en la que nos encontramos. Hemos entrado a un “agujero negro” que nos viene arrastrando a una depresión económica de imprevisibles consecuencias.

La reducción del empleo reduce el menor nivel de ingresos y, por ende, la demanda de los consumidores, lo que se traduce en menores ventas para las empresas. Tanto consumidores como empresas encuentran crecientes dificultades para pagar sus préstamos, obligando a los bancos a reducir su intermediación. La caída de la demanda agregada generará una nueva ola de cierre de empresas o despidos de trabajadores formales, iniciándose de esta manera un círculo vicioso, que como un agujero negro nos podría arrastrar a una depresión económica si no se toman las medidas correctivas a tiempo.

A diferencia de países desarrollados, el Perú no cuenta con un seguro de desempleo. Los programas Reactiva, los bonos distribuidos a raíz de esta crisis por el gobierno, juntamente con la liberación parcial de CTS y fondos individuales en las AFPs, son esquemas temporales y no cubren, ni por asomo, el ingreso mensual que percibían estos trabajadores antes de quedar desempleados. Este menor ingreso, juntamente con los menores ingresos por exportaciones y menor nivel de inversión del sector privado generará una caída en la demanda agregada que será similar a la caída inicial de la producción generada por la cuarentena.

¿Qué hacer en estas circunstancias? Lo que se necesita es una solución similar al “New Deal” de Franklin D. Roosevelt aplicada en EUA, no para cambiar el modelo económico sino para perfeccionarlo eliminando la falla de mercado que se viene dando en el área laboral. De otra manera corremos el riesgo de que la ola de populismo arrase con el modelo económico consagrado en la Constitución de 1993.

El 31 de diciembre de 1933 el economista John Maynard Keynes dirigió una carta abierta a Franklin Roosevelt poco tiempo antes de su primera investidura presidencial y en plena depresión económica, desatada por el desplome de la bolsa americana en 1929. En esa extensa carta de 2,600 palabras, el reconocido economista hizo una lista de recomendaciones de política monetaria, fiscal y cambiaria que reflejan el pensamiento del creador de la escuela “keynesiana” de economía y que años más tarde, en 1936, sería volcado en su libro “Teoría General del Empleo, Interés y el Dinero”.

¿Qué le recomendó Keynes a Roosevelt? “… Usted se enfrenta a una doble tarea, Recuperación y Reforma; recuperación de la depresión y la aprobación de las reformas económicas y sociales que debieron haber sido introducidas hace mucho tiempo. Para la primera, la velocidad y los resultados rápidos son esenciales. Para la segunda, que también puede ser urgente, la prisa será perjudicial. Una solución sabia de largo plazo es más necesaria que el logro inmediato. Será a través de elevar el prestigio de su administración por el éxito en la recuperación de corto plazo, que tendrá la fuerza motriz necesaria para lograr la reforma de largo alcance. Por otro lado, incluso una reforma sabia y necesaria puede, en algunos aspectos, obstaculizar y complicar la recuperación. Porque alterará la confianza del mundo de los negocios y debilitará su motivación, antes de que haya tenido tiempo para la recuperación…”.

Refiriéndose a cómo lograr la recuperación, Keynes escribe: “El objetivo de la recuperación es aumentar la producción nacional y poner a más hombres a trabajar …  el volumen de producción depende de la cantidad de poder adquisitivo…  Por lo tanto, un aumento de la producción no puede ocurrir a menos que se den uno u otro de tres factores. Que las personas sean inducidas a gastar más de sus ingresos existentes; que los empresarios sean inducidos, ya sea por una mayor confianza en las perspectivas o por una tasa de interés más baja, a crear ingresos adicionales en manos de sus empleados, que es lo que sucede cuando se aumenta el capital fijo de un país o se contratan más trabajadores; o que el gobierno cree ingresos corrientes adicionales a través del gasto de dinero prestado o impreso. En los malos momentos no se puede esperar que el primer factor funcione a una escala suficiente. El segundo factor llegará cuando la segunda ola de ataque a la depresión se dé, una vez que la marea haya sido cambiada por los gastos del gobierno. Por lo tanto, sólo a partir del tercer factor podemos esperar el impulso mayor inicial. …  en una depresión económica el gasto gubernamental proveniente de préstamos es el único medio seguro de asegurar rápidamente un aumento de la producción… Es por eso que una guerra siempre ha causado una intensa actividad industrial. En el pasado, la teoría económica ortodoxa ha considerado una guerra como la única excusa legítima para crear empleo a través de gastos gubernamentales. Usted, señor presidente, después de desechar tales grilletes, será libre de utilizar, por el interés en la paz y la prosperidad, la técnica que hasta ahora sólo se ha permitido utilizar para los propósitos de la guerra…”.

¿Siguió Roosevelt los consejos de Keynes? Existe controversia sobre si Roosevelt siguió la receta keynesiana. Lo cierto es que Keynes y Roosevelt se reunieron en mayo de 1934. Roosevelt le dijo a su ministra de trabajo Frances Perkins, “Vi a tu amigo Keynes. Dejó un rollo entero de cuadros y gráficos. Debe ser un matemático más que un economista político”. Por su parte, Keynes repitió su admiración por las acciones que Roosevelt había tomado, pero dijo con cautela que había “supuesto que el presidente era más instruido, económicamente hablando”.

Keynes exageró su posición con afirmaciones como: “Sin dinero no hay economía”, “Se puede enterrar dinero y dejar que los trabajadores suden para encontrarlo”, “Lo importante es que el dinero debe estar disponible sin importar el cómo, o se tendrá disturbios y caos.”

Keynes no entendió las preocupaciones de Roosevelt. Para el presidente, si el dinero no se ganaba como producto del trabajo, no tenía valor. No generaba autoestima, y por lo tanto no podía ayudar a la economía. El presidente decidió que, en lugar de regalar dinero, como lo proponía Keynes, el gobierno directamente crearía puestos de trabajo productivo. Durante su periodo como gobernador de New York (1929 – 1932), previo a su elección como presidente de los EUA, como respuesta al aumento del desempleo, Roosevelt había iniciado el programa “Temporary Emergency Relief Administration” (TERA) para reforestar grandes áreas del estado de New York. Luego, como presidente, basado en su experiencia con el TERA, propuso al Congreso un programa a escala nacional al que denominó Civilian Conservation Corps (CCC).

El CCC fue un programa voluntario de empleo que operó entre 1933 y 1942 y dio trabajo a hombres desempleados y solteros de 17 a 25 años. A lo largo de sus nueve años de funcionamiento, 3 millones de jóvenes participaron en el CCC, obteniendo alojamiento, ropa y alimentos, además de un salario de US$ 30.00 (equivalente a US$ 590.00 a precios de 2019) por mes. El CCC fue el más popular de todos los programas de New Deal. Una encuesta de Gallup del 18 de abril de 1936 preguntó: ¿Estás a favor de los campamentos del CCC?; el 82% de los encuestados dijo que sí, incluyendo el 92% de los demócratas y el 67% de los republicanos.  Un objetivo implícito del CCC fue restaurar la moral de la población en una época en la que el desempleo superaba el 25% y con tasas mucho más altas para los adolescentes con poca educación.

La organización y administración de la CCC fue responsabilidad conjunta de cuatro ministerios: Trabajo, que reclutó a los jóvenes, Ejército, que operaba los campamentos, y Agricultura e Interior, que proponían, organizaban y supervisaban los proyectos de trabajo. Un Consejo Asesor del CCC estaba compuesto por un representante de cada uno de los departamentos supervisores. El general Douglas MacArthur fue puesto a cargo del programa para operar los campamentos y oficiales retirados del ejército estuvieron al mando de los campamentos.

La implementación del programa se produjo con bastante rapidez. Roosevelt presentó la legislación al Congreso el 21 de marzo de 1933 y el Congreso la aprobó, por unanimidad, el 31 de marzo. Roosevelt promulgó la ley el mismo día y emitió una orden ejecutiva el 5 de abril creando la agencia, nombrando a su director y asignando comandantes del Ejército para comenzar la inscripción. El primer trabajador inscrito en el CCC fue seleccionado el 8 de abril y las listas subsiguientes de hombres desempleados fueron suministradas por los organismos estatales y locales de bienestar y socorro, para su inscripción inmediata. El 17 de abril, se estableció el primer campamento, en el Parque Nacional George Washington en Virginia. El 18 de junio se inauguraron los primeros 161 campamentos de control de la erosión del suelo, en Alabama. Para el 1 de julio de 1933 había 1,463 campamentos de trabajo con 250,000 inscritos. 

¿Puede hacerse algo similar en el Perú en las actuales circunstancias? Por lo que se sabe, el gobierno ha propuesto el programa Arranca Perú, pero este programa es una simple reasignación de los presupuestos de mantenimiento de otros programas que se ha ensamblado a la ligera sin ningún tipo de planificación. Las responsabilidades estarán compartidas por una serie de autoridades de todo nivel (gobierno central, mi vivienda, alcaldes, gobernadores, ministerios, etc.) lo que implica una carencia de liderazgo y estructuración del programa.  Por su falta de planificación y estructuración, el programa Arranca Perú va en camino a ser un desastre como lo ha sido la Reconstrucción con Cambios.

Arranca Perú será un botadero de plata que será utilizado por los gobiernos locales para crear trabajo temporal en actividades poco productivas con fines electorales. Y lo peor es que este tipo de programas, por su naturaleza temporal, no nos sacará de la depresión económica a la que vamos encaminados por las continuas medidas populistas del Congreso y el Ejecutivo.

La clave para aplicar un programa similar al propuesto por Roosevelt consiste en reconocer que el principal problema de nuestra economía es la falta de empleo adecuado y su baja productividad. La informalidad es nada menos que desempleo camuflado, un desempleo oculto. Este problema viene antes de la pandemia. El COVID solo ha desnudado un problema estructural, agravado por la falta de flexibilidad laboral, adecuada legislación laboral y la falta de un adecuado sistema de salud y pensiones. El bajo nivel de la deuda pública y el elevado nivel de reservas internacionales está logrando encubrir el problema estructural temporalmente, pero eso será insostenible en el largo plazo.

La solución al problema entonces pasa por la generación de empleo formal productivo en forma masiva e inmediata. La población quiere trabajar, no recibir bonos o subsidios. Esto debe hacerse rápidamente. Los niveles de desempleo son tan elevados que un estallido social puede ocurrir en cualquier momento. Se ha producido una falla de mercado en el área laboral y, para restablecer el equilibrio, se requieren medidas no convencionales.

¿Existe una alternativa al programa Arranca Perú? Si existe. Basta hurgar en el pasado para saber que se hizo en circunstancias similares cuando países tuvieron que enfrentar una depresión económica y elevados niveles de desempleo. Lo que se tiene que hacer es lo que hizo Roosevelt con su programa Civil Conservation Corps durante el New Deal y adaptarlo a las circunstancias peruanas. Un programa estructurado con participación de toda la sociedad.  Por la urgencia de su puesta en marcha se requiere la ayuda de las fuerzas armadas y el apoyo de las universidades, Defensa Civil, iglesias y el sector privado.  Hay que reconocer que una gran parte de las constructoras se encuentran impedidas de contratar con el Estado y por lo tanto no están en condiciones de movilizar la capacidad necesaria para una obra de gran envergadura. En este momento las fuerzas armadas son las únicas que tienen la capacidad organizacional para movilizar un ejército de empleados de 2 millones de personas en el corto plazo.

Un aspecto clave en la implementación de este tipo de propuestas es la adecuada y oportuna planificación de cada una de las reformas para que la propuesta de la agencia de empleo voluntario funcione. El gobierno, desde ya, debería plantear una agenda legislativa para la aprobación de las reformas requeridas para la formación de la agencia de empleo mencionada. Lo importante es poder contar con una infraestructura legal y administrativa consensuada con todos los sectores de la población para que las elecciones que se avecinan sean el sello aprobatorio de la propuesta. De esta manera el nuevo gobierno podría dedicarse de lleno a su implementación.

El marco legal deberá ser acompañado de una reforma tributaria que priorice la generación de empleo formal. Los sectores de mayor absorción de empleo son el sector agrícola y el sector construcción. Para movilizar la creación de empleo formal, el gobierno, al igual que en el New Deal, debe crear una agencia gubernamental que fomente la creación de empleo formal en el ámbito rural y en el ámbito urbano.

Para el caso presente, se propone la creación de La Agencia Civil de Empleo para la Reactivación (ACER), se plantea que se organice tipo servicio militar voluntario por 4 años como se hizo en el New Deal. Las personas en forma voluntaria (de preferencia jóvenes entre 18 y 25) se presentan en su distrito en el que viven y las fuerzas armadas los organiza como si fuera un servicio militar voluntario. Los ubica en un campamento habilitado especialmente para este fin. Si no hay cuartel en el distrito, se hace un campamento provisional al mando de oficiales retirados de las fuerzas armadas.

Los empleados voluntarios vivirían en los campamentos para asegurar su sanidad y contagio contra el COVID. Tendrían salidas programas de visita a sus casas cada 3 meses. Su estadía en los campamentos serviría para entrenarlos en diferentes profesiones y para educarlos e inculcarles disciplina para asegurar su incorporación al mercado laboral formal al término de su contrato.

Los distintos cuerpos de las fuerzas armadas cubrirían la logística necesaria proporcionando uniformes, comida y lugar donde pernoctar. Los movilizados reciben un salario mínimo mensual con sus beneficios sociales (Esalud y previsión social ONP), es decir son empleos formales con un régimen laboral especial. Si son universitarios se paga dos salarios mínimos. La duración del contrato de trabajo sería 2 años renovables. Los campamentos serían además centros de formación profesional. Después de sus jornadas laborales, los jóvenes tendrían oportunidad en los campamentos de recibir entrenamiento en múltiples oficios que le permitirían al término de sus contratos ejercer sus habilidades adquiridas.

Los dos millones de personas que llegaría a tener el programa ACER serían incorporadas progresivamente, la idea sería tener un campamento en cada distrito, (dos mil cuarteles de mil personas cada uno) tomando en cuenta la capacidad logística de las fuerzas armadas.

ACER se estructuraría como una corporación independiente con directorio formado por miembros de las Fuerzas Armadas, Sector Privado, Gremios, Universidades, Defensa Civil, y Gobiernos Locales. Tendría dos áreas de actuación: (i) ámbito rural; y (ii) ámbito urbano.

En el ámbito rural las actividades a desarrollarse serían labores de forestación, construcción de reservorios, canales, riego tecnificado, siembra y cosecha de agua. Para su implementación se utilizaría la experiencia ganada con el esquema de Sierra Productiva, que es un programa privado pero que ha sido recogido parcialmente en el programa Haku Wiñay de Foncodes. Consiste en construir micro reservorios familiares para con ellos instalar riego por aspersión o tecnificado en las chacras incluso de minifundistas muy pequeños. En 400 o 500 m2 de pastos que sólo crecen 1 cm y están verdes sólo tres meses al año, se puede pasar a tener pastos cultivados que crecen 1 m y admiten cinco cortes al año. Es decir, se podría lograr incrementos de la productividad superiores al 500%. Esto permitiría que los beneficiados puedan pasar de tener una vaquita famélica que apenas produce unos litros de leche a tener dos o tres de mejor calidad que le permitan tener un mejor nivel de vida, demandar productos manufacturados que reactivarán la economía y estar en condiciones de formalizar sus actividades teniendo acceso al seguro de salud y al sistema de pensiones.

Lo más interesante de este tipo de programas en el ámbito rural, es su potencial de masificación que permitirían transformar la agricultura serrana, a través de un salto de productividad extraordinario que se podría concretar en muy poco tiempo. La ubicación de los campamentos de ACER en cada distrito de la sierra permitiría que el contingente de jóvenes de la misma zona realice las mejoras y de esta forma asegurar que los cambios tecnológicos sean permanentes.

La agencia ACER utilizaría la fuerza laboral de cada campamento para hacer contratos con comunidades, gobiernos locales o propietarios para realizar las obras de reforestación, construcción de reservorios y canales, siembra y cosecha de agua, riego tecnificado más adecuadas a la zona.

En el ámbito urbano, las actividades a desarrollarse serían labores asociadas a la reconstrucción de millones de viviendas precarias en el ámbito urbano, especialmente ciudades grandes, obras de agua y desagüe, postas de salud, escuelas y parques zonales.  Al igual que el ámbito rural, los campamentos se instalarían en los distritos donde se realizarían las obras asegurando de esta manera que el contingente de jóvenes movilizados pertenezca a la misma zona. La participación de Defensa Civil en el directorio de ACER permitiría asegurar que las obras de reconstrucción de las viviendas precarias se hagan de acuerdo con las normas técnicas necesarias para evitar una catástrofe en caso de un terremoto.  

Con una estructura organizacional como la de ACER, se evitarían los interminables procesos de licitación, contratación y ejecución de los proyectos y la corrupción asociada a ellos. Las obras se realizarían con contratos tipo Mi Vivienda para reconstrucción de viviendas precarias con los propietarios de los lotes a ser beneficiados. Las obras de agua y desagüe, postas de salud, escuelas y parques zonales se harían con contratos tipo Mi Vivienda con las autoridades locales de los distritos donde se realizan las obras.

¿Como se financiaría?, con un fondo tipo “Mi Vivienda” que daría préstamos a largo plazo, con bajas tasas de interés, a los agricultores beneficiados con los reservorios o forestación y a los moradores de las viviendas precarias. Con la participación de las fuerzas armadas se tendría no solo fuentes de trabajo sino una fuerza laboral disciplinada, apolítica y que aprendería oficios en los campamentos.

¿Qué se requiere para poner en marcha ACER? Una ley del Congreso que autorice la creación de la agencia civil ACER con su régimen laboral especial. Una reasignación presupuestal de diferentes ministerios encargados de programas similares para financiar las actividades logísticas de las fuerzas armadas para el mantenimiento de los campamentos, maquinaria necesaria para el desempeño de sus funciones y de la fuerza laboral de voluntarios. Los salarios de los jóvenes incorporados saldrían del financiamiento de las obras a ejecutar que serían otorgados como préstamos a los beneficiarios (propietarios de las tierras beneficiadas y lotes precarios a ser reconstruidos). Estos préstamos se otorgarían siguiendo esquemas similares a los de Mi Vivienda, con plazos de 30 años y con tasas de interés muy bajas.

En ambos casos, las agencias gubernamentales generarían puestos de trabajo productivo bajo esquemas similares a “Mi Vivienda” respaldado por los derechos de propiedad de las tierras en el caso de los proyectos rurales y de los lotes de vivienda en el caso de los proyectos urbanos. Lampadia

Recuperando las heridas económicas de la Pandemia

Ing. Raúl Delgado Sayán
Para Lampadia

Los efectos dañinos de la Pandemia desde el punto de vista sanitario y económico han sido muy severos no solo en el Perú sino en todo el mundo. En el caso de nuestro país que adoptó una cuarentena prácticamente total desde un inicio, se paralizó inicialmente cerca del 60% del aparato productivo nacional durante los primeros 45 días para luego progresivamente iniciar, por fases, un reinicio lento de actividades, luego de cumplir exigentes y complejos protocolos de seguridad. El BCR estimó durante la fase inicial de la cuarentena, en su etapa más severa, que los costos por semana de producción y servicios paralizados eran del orden de $2,500 millones. Proyecciones del efecto final en el PBI para el año 2020, tanto de organismos multilaterales como instituciones locales, varían entre -14% a -19%-

Durante todo este lapso de tiempo se han perdido también alrededor de 2 millones de puestos de trabajo formales que es imprescindible revertir. Aun cuando persiste la declaración del Estado de Emergencia y confinamiento obligatorio para la población vulnerable estimada en cerca de 3 millones de la PEA; sin embargo a partir del 1 de julio de 2020 la mayoría de actividades han sido autorizadas a reiniciarse transfiriendo el deber de auto cuidarse a los individuos y a las empresas, no obstantes que la informalidad y la densidad poblacional de servicios en: mercados, transportes, atención masiva al público mantienen sus elevadas condiciones de riesgo de contagio.

El Estado asumió la compleja tarea de implementar un auxilio a la población más afectada mediante entrega de bonos; créditos para proteger de alguna manera el empleo y evitar romper la cadena de pagos; subsidio a los menores sueldos en planilla y otras medidas de apoyo y subsidio temporal. Lo prolongado de este confinamiento por 3 ½ meses ha hecho que se empleen en ello una buena cantidad de nuestro fondo de contingencia adquirido con mucho esfuerzo a través de los años, así como incrementado nuestro endeudamiento. La cuantificación total de estos efectos no es materia del presente artículo sino antes bien las medidas que permiten la pronta recuperación de la marcha económica productiva y de servicios del País para recuperar nuestra economía.

Conscientes que durante todo este lapso de tiempo el sector privado, que representa el 80% de la actividad económica del país, se ha encontrado ante un escenario totalmente perjudicial e imprevisto, con mucha angustia e incertidumbre y sin conocer a ciencia cierta cuando el país superará efectivamente a la Pandemia con la vacunación muy mayoritaria,  enfrenta un reinicio con comprensible cautela deteniendo y postergando sus inversiones hasta verificar el control de la Pandemia y analizar los efectos de cambios de hábitos de consumo y un menor gasto de la población que ha consumido sus propios ahorros. Ante dicho escenario lo correcto es que el Estado lance un programa agresivo de inversiones y promueva la recuperación del empleo para mejorar el consumo, ya que solo a través de sus inversiones, es el Estado quien asume tanto oferta como demanda que activa el proceso económico ya que asume el rol de inversionista y consumidor.

Con mucho acierto y para dar actividad y empleo en las diversas regiones y gobiernos locales del país, se ha lanzado el programa Arranca Perú, que con una inversión prevista en un periodo de 12 meses empleará en operaciones y mantenimiento un total de S/. 6,436MM (millones de soles), de los cuales en lo que queda de este año gastará alrededor de S/.3,897MM en mantenimiento periódico y rutinario de 58,000Kms de la red vecinal y nacional a un costo promedio estimado de S/.11,198 Km/mes. Este programa involucrará mantenimiento de transitabilidad con niveles de servicio para faenas de: parchado de baches; limpieza de cunetas; desbroce y visibilidad y donde se requiera un perfilado de la subrasante, ya que una gran cantidad de estos caminos vecinales son sin afirmar y otros afirmados. Este programa es para contratación principalmente de Mypes y se llevará a cabo en 190 municipios; generará alrededor de 500,000 puestos de trabajo y estará bajo la supervisión de Pro Vías Descentralizado del MTC para el control de ejecución física y económica. También se ha previsto invertir en el sector Vivienda S/.535MM en construcción de 20,000 viviendas que generarán 80,000 empleos y S/. 937MM para construcción y mantenimiento de pistas y veredas que a su vez generaran 57,000 empleos.

ACELERA PERU

El Sector de la construcción es sin lugar a dudas uno de los más grandes dinamizadores de la Economía, no solo por la importancia en si del mismo, sino porque da trabajo, cruza otras inversiones y construye eficiencias en todos los otros sectores de la Economía. El COVID 19 lo convirtió en uno de los más afectados, estimándose que al fin del año cerrará con una caída de -30.3% que es la más fuerte en los últimos 40 años. A la fecha se encuentran paralizados un 40% de las obras en infraestructura como en vivienda. Han paralizado 1,750 proyectos de vivienda de los cuales un 49% es vivienda social.

Si bien es cierto el programa Arranca Perú se orienta a promover el empleo en población necesitada de un ingreso; sin embargo el impacto y los beneficios más importantes del Sector Construcción  para el desarrollo y crecimiento eficiente de la Economía, se encuentran indiscutiblemente en el destrabe y reactivación efectiva de los grandes proyectos, muchos de ellos ya contratados y en proceso de ejecución, incluso bajo la modalidad de APPs, con financiamiento otorgado pero que; por motivos de terrenos; interferencias de servicios públicos, discrepancias en interpretaciones contractuales entre Concedente Estado y Concesionario; arbitrajes y cambio de Contratista por diversas razones; entre otros , se encuentran trabados generando perjuicios indudables al País. Si bien esta es una situación negativa bajo cualquier circunstancia, en situaciones como la actual de Emergencia ya se convierten en intolerables.  

La Emergencia y la necesidad de levantar la economía del país amerita implementar decisiones urgentes e importantes. Se debe priorizar sobre cualquier discrepancia el no detener el avance de la obra puesto que el costo/beneficio de paralizar las obras es tremendamente negativo. Se debe avanzar por encima de la discrepancia y esta se resolverá posteriormente por el mecanismo de solución previsto, el cuál determinará finalmente a que parte corresponderá el resarcimiento económico, si lo hubiera.  Así por ejemplo si la discrepancia es por terrenos se debe priorizar la inmediata posesión del mismo para avanzar. La compensación justa se decidirá después. Si se tratara de discrepancias técnicas, se optará por aquella que de las mayores garantías de seguridad y durabilidad. En toda circunstancia se deberá respetar la experiencia y criterio profesional de quien deba tomar la decisión, siempre que no sea una decisión que pone en riesgo la integridad de la obra y en los casos de APPs, ambas partes, pero de manera especial el Concesionario, deben comportarse como socios de manera proactiva más que como simplemente contratistas.

La mayoría de estos grandes proyectos se encuentran dentro de la lista de 52 proyectos priorizados por el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad (PNIC) para una inversión de S/.100,000 millones, de los cuales un 50% se encuentran en Lima y el otro 50% en el resto del País. El Sector transporte concentra el 83% de las obras y un 65% son APPs. 50% están contratados y en fase de ejecución, pero trabados lamentablemente. Mencionaremos algunos ejemplos de estos proyectos para que visualicemos su importancia:

1. Chavimochic III su componente principal es la Presa Palo Redondo. Es una parte del mayor proyecto de agro exportación del Perú. Mejorará el riego de 48,000 Ha y agregará 63,000 Ha nuevas. Con una inversión de apenas $700 millones, de los cuales ya se invirtió $200 millones, se obtendrá cuando esté terminado y operando un ingreso por exportaciones de $1,200 millones anuales; generará inversiones adicionales del sector privado por $1,000 millones para el desarrollo de tierras agrícolas y generará 150,000 empleos formales. La obra está detenida desde hace 3 ½ años y prácticamente en abandono.
2. Majes Sihuas II irrigará 38,500 Ha y generará $ 360 millones en exportaciones anuales y hará crecer el PBI agrícola en $ 850 millones anuales.
3. La Línea 2 del Metro de Lima y Callao y el ramal de la Línea 4 con una extensión total de 35Kms de metro subterráneo que va desde ATE hasta el puerto y el aeropuerto del Callao. Es la obra más importante del país, que una vez culminada transportará 1 millón de pasajeros/día de este a oeste y conectará con la Línea 1 actualmente en operación y con capacidad de transporte de hasta 750 mil pasajeros/día. Conectará también con los otros sistemas de transporte del Metropolitano y corredores complementarios. El Contrato se firmó a finales de abril hace 6 años y de haberse cumplido el programa inicial debió estar terminado a la fecha y en pruebas de operación. Urge tomar decisiones para imprimir un ritmo vigoroso de avance.
4. Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez que consta de la segunda pista de aterrizaje; obras del lado aire, incluyendo la torre de control y un nuevo terminal que concentrará todas las operaciones nacionales e internacionales de pasajeros y que podrá crecer modularmente hasta una capacidad de 35 millones de pasajeros anuales con una inversión estimada de S/. 4,950 millones.
5. Ampliaciones del Muelle Norte del Callao (S/. 3,000 millones) y el Muelle Sur (S/.2,100 millones).

Lo anterior es tan solo una muestra de las inversiones que deben ser activadas en un Programa Acelera Perú, que solo requieren destrabe y decisiones, para así cambiar la imagen del País y con ello activar todas las industrias y demás actividades de proveedores de estas obras e innumerables puestos de trabajo.

No quisiera terminar este artículo sin dejar de mencionar la importancia que tiene para el Perú el destrabe de los proyectos mineros que nuestra economía requiere con urgencia, porque representan la manera más rápida de equilibrar las cuentas fiscales que han sido deterioradas fuertemente en esta Pandemia que ha obligado en todo el país a consumir un gran porcentaje de nuestros ahorros del fondo de contingencia y a recurrir a endeudamiento que aumentará nuestro coeficiente deuda con relación al PBI que constituía el gran soporte y fortaleza de nuestra macroeconomía.

Siendo que estos proyectos pertenecen como patrimonio nacional al Perú y no a las regiones donde ellos se encuentran y producidos los grandes efectos negativos de la Pandemia que probablemente continúen hasta el fin del año, es patriótico reflexionar y apelar a la solidaridad con el País de las autoridades locales y las comunidades, para que de manera responsable y concertada, destrabar proyectos de grandes inversiones y empleo como: Tía María ( $ 1,400 millones); Pampa de Pongo ($2,200millones); Zafranal ($ 1,157 millones); Yanacocha Sulfuros ($ 2,100millones); Conga ($4,800 millones); Rio Blanco ($2,500 millones); Cañarico ($ 1,437 millones). El Perú los necesita con suma urgencia.

Estimados lectores si la Pandemia nos da una oportunidad para repensar nuestro futuro y llevar adelante todos los Proyectos antes nombrados al unísono, nos daremos cuenta a la vuelta de los próximos 5 años que esta Pandemia -que esperamos pronto pase a ser historia- nos enseñó que juntos podremos desarrollar  un Perú grande, solidario y próspero que genere progreso y bienestar ; que ofrezca oportunidades de trabajo a nuestra población ; ingresos para dejar atrás los índices de pobreza y obtener los recursos necesarios para inversiones en servicios básicos: salud; educación; seguridad; vivienda y saneamiento para nuestras clases más necesitadas. El labrar un futuro próspero está ahora en nuestras manos. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Finalmente se anunció la cifra oficial de variación del PBI para abril 2020 y, como no podía ser de otra forma, el resultado fue una caída de 40.49%, lo que nos ha llevado en los primeros cuatro meses del año a caer 13.1%. Lo más lamentable, es que estos números han venido acompañados de una pérdida de 2.3 millones de puestos de trabajo, sólo para Lima metropolitana en el mes de mayo.

Lo más triste es que todo este sacrificio, hecho en nombre del control de la pandemia, no ha servido de nada, pues estamos “rankeados” entre los países del mundo con mayor número de infectados y número de fallecidos, entre otros indicadores. Más impactante aún, cuando lo medimos en índice por cada 100,000 habitantes. Es decepcionante este resultado, después de haber aplicado una de las cuarentenas más extensas y rígidas del planeta.

Entonces es legítimo preguntarse, ¿qué pasó? ¿Hemos sometido a la población a un encierro de más de 90 días, orden de inamovilidad y toque de queda, con apoyo de las Fuerzas Armadas, uso de toda la Policía Nacional con suspensión de garantías constitucionales y declaratoria de emergencia, para no tener ningún obstáculo en esta “Operación COVID-19” desde el 16 de marzo 2020, para nada?

Creo que la respuesta es sencilla, hemos querido manejar este problema con un equipo de “Aprendices de brujo”, con no poco aire de corrupción. A la cabeza de la operación, un presidente y un primer ministro que seguro pensaron estaban atendiendo un problema del tamaño de la municipalidad de Moquegua, que no convocaron a un equipo de expertos en todos los campos y experiencia suficiente para hacer un planeamiento adecuado (¿o no deseaban observadores extraños?). Aún sin un planeamiento integral, desecharon el esfuerzo hecho por la exministra Hinostroza, quien mal que bien, aprobó con Resolución Ministerial N. 039-2020/MINSA del 31 de enero de este año, el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV”, con apego a las recomendaciones de la OMS y considerando el uso de pruebas moleculares.

No pretendo que este haya sido “el plan a ejecutar”, lo que podemos notar es que, si para enero ya se tenia una Resolución Ministerial al respecto, al menos dos semanas antes ya era un tema de discutido en el sector salud y compartido a nivel del gabinete, pero nadie (presidente, ni PCM) lo acogió debidamente, hasta que el 15 de marzo optaron por lo más efectista y sin mayor análisis; la cuarentena total por quince días. ¿Quién en su sano juicio, después de observar lo que venía ocurriendo en los países afectados más tempranamente, incluyendo a China, hubieran pensado en ese plazo?

Por otro lado, la cuarentena, en la historia, se concibe como el confinamiento de un enfermo para evitar que este transmita sin control la enfermedad contagiosa. Eso obligaba a ser muy estricto en la identificación de los portadores del virus, desde el momento más temprano posible e identificar a sus contactos, hacerles pruebas moleculares y si estaban contaminados, ponerlos también en cuarentena. Cerrar fronteras desde el primer día y hacer pruebas moleculares a quienes retornaron al país, en lugar de pagarles dos semanas en un hotel a ver cómo evolucionaban (más efectivo y económico).

Como hemos dicho, no se convocó a un equipo para el planeamiento integral y se cambió de ministro en el sector salud. Supongo habrán tenido muy buenas razones para el cambio (la ministra Hinostroza no aceptó cambiar las pruebas moleculares a rápidas, como en efecto se hizo), pero ¿nombrar a un médico que nunca ejerció como tal, sin experiencia en gestión y gerencia de ninguna institución, sino que se ha pasado la vida de asesor de organismos regionales, MIDIS u otros, que no tiene que ver con el sector?

La primera disposición de este ministro fue no comprar pruebas moleculares (mintió desde el primer día diciendo que Trump las había acaparado todas, mientras la representación diplomática de Corea del Sur ofrecía, sin limitación y con disponibilidad inmediata, las de empresas de su país) y dispuso “usar pruebas rápidas aplicadas sólo a quienes tengan síntomas”. Como sabe cualquier ciudadano, alguien puede estar infectado, no tener síntomas y estar contagiando a todos los que interactúan con él, aunque la prueba serológica reportará negativo durante los primeros 6 a 7 días de infectado.

Sobre ese “error” se optó por la cuarentena masiva. Un grave error, porque no se contempló las condiciones de vida de la población, de las casas habitación, ni las condiciones sanitarias de las mismas. Y como respuesta al encierro sumamente restrictivo (semana Santa y “pico y placa” por sexo incluidos), se desbordó la población, en particular los de menores recursos.

Para darles dinero crearon el bono, del cual hasta hoy, hay cerca de un millón de ciudadanos que no lo reciben, pero con eso destruyeron el principio básico de “la distancia social”. El MIDIS a cargo de una persona sin ninguna capacidad, el ministerio de la mujer igual. Ciertamente con gente incapaz de concebir y menos de manejar un proyecto logístico de entrega de alimentos o de alimentación con cocinas populares o distribución de dinero, como soluciones alternativas a ser aplicadas según el caso. Búsqueda de soluciones de agua potable que les permita lavado de manos frecuente, tampoco se plantearon y hasta hoy no se dan.

Mención especial merece el MEF, pues, por su gran inexperiencia, no sólo no fue capaz de darle velocidad al plan de rescate financiero concebido por el BCRP, sino que lo burocratizó demorando su aplicación. Tampoco fue capaz de analizar qué sectores de la actividad económica debían seguir operando. Verificar con países de estructura productiva similar a la nuestra qué harían. Tomar el liderazgo del aparato productivo para convocar a los gremios y ministerios sectoriales a un trabajo de equipo. Pedir a los gremios que establezcan protocolos de operación en lo inmediato para ponerlos a trabajar y que no se nos caiga la economía del país. El MEF no sólo tiene que manejar la caja y los presupuestos, es responsable fundamental de la marcha de la economía del país, por lo que, ante lo evidente, ha debido tomar medidas correctivas. Pero les faltó entender su rol…

Cuando designaron a la ministra, algún periodista me preguntó qué pensaba de su designación y comenté: “Entiendo que es una profesional con muy buena formación, grandes valores, pero su falta de experiencia podría ser una debilidad”. No me equivoqué, pues esto no hubiera ocurrido con alguien de más experiencia y peso personal.

Lo preocupante es que, hasta el día de hoy, insisten en tratar de solventar la salida de esta catástrofe económica amparados en la inversión pública. No dudo que es una oportunidad que trabajen por fin la reconstrucción con cambios que, el señor Vizcarra no trabajó como es debido durante su tiempo de ministro y menos como presidente, pero deben tener en cuenta que la inversión pública es sólo la quinta parte de la inversión total.

Otra preocupación es la reiteración de este gobierno en  pretender hacer inversión pública entregando dinero a los gobiernos locales y regionales, quienes no tienen capacidades técnicas,  les falta control y claro reporte de cumplimiento de metas, además de su altísimo nivel de corrupción.

Hasta aquí ya tenemos mucho material de trabajo para la Contraloría General de la República y para la Fiscalía de la Nación. Sería importante que lo vean ahora que el tema está fresco.

Finalmente, el Perú cuenta con un enorme portafolio de proyectos en el sector privado (varias veces mayor al de “Arranca Perú”), es tiempo de convocar y promover esa inversión privada y diseñar un plan de recuperación muy potente para salir de este caos. ¡El Perú lo necesita! Lampadia