En un conflicto como el de Las Bambas, se espera que los medios más importantes hagan un análisis integral del tema que incluya algunos elementos sobre su evolución, desarrollo, características, impactos, referencias a publicaciones previas no cuestionables, contexto y potencial. Lamentablemente, muchos de nuestros medios tienen la actitud que puede tener un turista que se encuentra con el conflicto. El turista solo va a comentar que puede ver o sobre sus prejuicios, sin capacidad de entender las raíces, contexto y otros. Se va ha centrar en los fenómenos que llamen su atención, como el ruido, los heridos, la violencia, el escándalo, etc. sin ningún compromiso con la situación, que le es ajena. Parece pues, que nuestros medios sufren del ‘síndrome del turista’. Veamos el caso de Las Bambas:

Fuente: buscamas.pe

El domingo 23 de Octubre, el programa de América Televisión, Cuarto Poder (CP), presentó otro de sus acostumbrados reportajes contrarios a la minería.  En Lampadia ya hemos analizado uno de sus reportajes anteriores que fue bastante hostil e insidioso con una empresa minera (ver Cuarto Poder o Poder de Cuarta), defendiendo el drama interpretado por Máxima Acuña Chaupe, y que sus asesores de la ONG anti-minera Grufides (ver ONG’s pos-extractivistas velan por sus donantes – Los mercaderes de la moralidad en el Perú). Al igual que el reportaje mencionado, el del pasado domingo sobre Las Bambas, fue intensamente compartido por Grufides en su cuenta de Twitter, con lo que muestra que dicho reportaje les es altamente funcional a su estrategia hostil a la minería.

Sin embargo, a diferencia del reportaje sobre la Chaupe, el de este fin de semana se caracteriza por transmitir los sesgos hostiles a la minería a través de afirmaciones ambiguas del   programa sobre el proyecto Las Bambas.  Veamos algunos ejemplos:

Minería y medioambiente

En una parte la reportera hace la siguiente afirmación “por la falta de servicios básicos y por los posibles efectos de la explotación minera, los niños padecen todo tipo de enfermedades a la piel”.  ¿Por qué afirma esto? ¿Tiene alguna prueba de que se la actividad minera de Las Bambas no esté cumpliendo algunos de los estándares ambientales? ¿Se refiere a efectos sobre el agua, sobre el aire, sobre qué con exactitud?  Deslizar una afirmación con semejante ambigüedad, encubierta de “posibles efectos,” solo sirve para dañar la legitimidad de la empresa ante la opinión pública, siembra una sospecha sobre potenciales impactos ambientales sobre los que no tiene más prueba que los prejuicios del reportero.

Se ha informado públicamente, en otros programas periodísticos, que existen 10 estaciones de control de calidad de aire, además de monitoreos participativos que arrojan que los niveles de polvo en los centros poblados se encuentran dentro del rango exigido por los estándares ambientales, y que las mediciones de vibraciones están dentro de los estándares alemanes para estructuras sensibles.  Esta información es muy relevante para evaluar la verosimilitud de las acusaciones vertidas en CP respecto a los impactos producto del traslado del mineral. Si Cuarto Poder hiciera uso de principios periodísticos básicos en este reportaje consideraría esta información sobre los estándares como parte de un tratamiento objetivo y balanceado del conflicto en Las Bambas. ¿Se ha preocupado CP por verificar con la empresa la información antes de difundir una versión parcializada de los hechos?

Efectos Económicos y Sociales

La reportera afirma que la población en el entorno del proyecto no se ha visto beneficiada, evidenciando su desconocimiento, o negándose a comunicar, información confiable que afirma lo contrario. Según los resultados del segundo trimestre del 2016 del Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) en los que según el gerente del IPE, Diego Macera, Apurímac habría crecido 266%, un resultado extraordinario nunca antes visto.  A pesar que Apurímac mostraba hace pocos años el PBI per cápita más bajo del Perú, Macera estimaba que cuando Las Bambas esté en plena operación a fin de año, pasaría a estar en el puesto 10 de PBI per cápita.

Según el informe, “la operación de las Bambas también ha impactado el empleo (13.0%) debido a la mayor demanda laboral en los sectores de transportes, almacenes y comunicaciones (30.4%) y servicios (14.4%)[i]”.  En el mismo informe, pero del primer trimestre del año, se mostraba un crecimiento de 31.6%.  Durante el 2015 Apurímac se ubicó como la segunda región con mayor crecimiento. Entre el 2011 y el 2015 la pobreza cayó de 57% a 39% en la región Apurímac. ¿Cree sinceramente la periodista de CP, que semejante reducción de la pobreza no beneficia la población? La tendencia de mejora en nivel de vida que está gozando la población de Apurímac es innegable. No hay antecedentes en la historia de Apurímac de un período en que la pobreza se haya reducido tan rápidamente.  ¿Por qué la reportera omitió esta información, muy relevante en este caso, y que es de acceso público? ¿Por qué obviar información significativa que evidencia el fuerte impacto positivo que tiene la minería en la economía local, una información que serviría al programa para presentar una visión más completa? ¿Qué razones tiene para ocultar esos hechos a la opinión pública?

Nueva Fuerabamba

Fuente: www.rumbominero.com

Durante la emisión, la reportera cuenta que la población de Fuerabamba fue reubicada en “esta ciudadela”.  A continuación, transmite menos de 1 segundo una imagen apenas perceptible.  Esta imagen es Nueva Fuerabamba, una “ciudadela” “conformada por 441 Viviendas en 7 modelos diferentes, así como equipamientos urbanos tales como un colegio para primaria y secundaria, un Centro Educativo Inicial, Cuna, Centro de Capacitación Comunal, Puesto de Auxilio Rápido, Centro de Salud (categoría I-4 con Internamiento) y Cementerio.   Cuenta, además, con un asilo para ancianos, un centro artesanal, mercado, centro de beneficio de animales (camal), estadio y un local de capacitación para talleres o charlas”[ii].  Además, cuenta con servicios básicos (agua, luz, alcantarillado).  Las casas son de 2 a 3 pisos, biohuerto, garaje, patio y un espacio para acondicionar un pequeño negocio.  El proceso de adaptación se realizó a través de un programa asesorado por la ONG Caritas.   La infraestructura brinda un salto significativo con respecto a las condiciones en las que antes vivía la población de Fuerabamba como se puede ver en este video: (https://www.youtube.com/watch?v=TA6-YQix3t4). La misma pregunta salta a la vista: ¿Qué razones han tenido la periodista y la conducción del programa para negarse a informar adecuadamente sobre Nueva Fuerabamba? 

Nadie espera que el reportaje de CP incluya los 12 minutos de un video en un reportaje de televisión.  Sin embargo, evidencia el desinterés del programa de informar a la población del salto cualitativo en infraestructura que ha gozado la población de Fuerabambas, y negando los hechos afirmando, sin pruebas, que la población no se ha beneficiado de la actividad minera en la zona.  En especial cuando sí tomó el suficiente tiempo para inferir que la minería no trae beneficios económicos, al mencionar la pobreza extrema en la que viven la población de Grau y Cotabambas y se permite sugerir, sin ningún análisis clínico, que los niños de la zona están siendo contaminados por la actividad minera. Creemos que es criticable que la empresa no haya sido capaz de prevenir que el flujo de camiones generara polvo en su trayecto, pero no nos parece ético utilizar imágenes fragmentadas y ocultar información relevante para hacer afirmaciones distorsionadas del impacto de la minería sobre la calidad de vida de la población local.

El metro cuadrado a 20 céntimos.

Se menciona en el reportaje que MMG compró a los comuneros tierras a 20 céntimos el metro cuadrado, a continuación, se brindan testimonios afirmando que los campesinos eran semi analfabetos y fáciles de engañar. Con esto se sugiere que la Empresa se aprovecho de la ignorancia de algunos campesinos para obtener tierras a un precio abusivamente bajo. ¿Se ha informado adecuadamente CP de los precios de la hectárea en la zona? ¿Por qué utiliza parámetros urbanos de precio del suelo (metro cuadrado) para referirse a terrenos en zonas rurales? 

Esta acusación a la empresa minera se hace sin ninguna prueba mas allá de los testimonios de algunos participantes en manifestaciones hostiles a la minera y no se hace ningún esfuerzo por corroborar su veracidad. La construcción de narrativas hostiles a la minería en base a información intencionalmente incompleta dista mucho de un periodismo serio.

Conclusiones

Las Bambas es uno de los proyectos mineros más grandes del mundo que está mejorando la vida de los peruanos, y en especial de la población de Apurímac.  Es lamentable que un programa con la relevancia que tiene para formar opinión pública como CP relaje sus estándares periodísticos exponiendo una clara hostilidad al sector minero.  La omisión de información disponible públicamente, la presencia parcial de la posición de la mina para presentar su versión, y la ligereza en realizar afirmaciones como la de niños enfermos por contaminación muestra una falta de estándares periodísticos que ya se están haciendo costumbre. Esto solo genera lo contrario del objetivo social del medio, desinformar en vez de informar.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Cuando se desatan los llamados conflictos sociales, especialmente cuando se debe lamentar la pérdida de una vida humana, se genera una avalancha de información y afirmaciones cruzadas que hace muy difícil separar la paja del trigo. A fin de contribuir a presentar los hechos de una manera objetiva, presentamos a continuación el siguiente análisis.

Es importante entender bien lo que llevó a cuatro comunidades a cavar zanjas para bloquear una carretera por la que la empresa Las Bambas sacaba el mineral. ¿Tiene fundamento su pedido? ¿En qué consistió? Su argumento principal es que la carretera fue construida por ellos, es comunal, y por lo tanto la empresa debe pagarles una compensación por su uso. Asesoradas por buscadores de rentas, una de las comunidades planteó peajes de 5 mil soles por camión y otra un pago 6 millones de dólares por daños y perjuicios y servidumbre.

Efectivamente la carretera fue originalmente construida por las comunidades. Pero era una trocha. Según la empresa, las propias comunidades le pidieron a la mina  la ampliación de la mencionada trocha el año 2010. Luego, el 2011 la empresa presenta el expediente técnico a la municipalidad de Chalhuahuacho. La trocha se amplía convirtiéndose en una carretera y el 2014 la municipalidad provincial de Cotabambas la incorpora como ruta vecinal, y solicita al Ministerio de Transportes (MTC) que se incluya en el  clasificador de rutas, es decir, en el sistema nacional de carreteras, cosa que ocurre el 27 de julio reciente mediante el Decreto Supremo 011-2016-MTC, que clasifica la Ruta Nº AP -954 como vecinal (pag. 594682).  

El hecho de que haya sido incorporada en el sistema nacional de carreteras, aunque fuera como vecinal (2014), la convierte en una vía pública. Por lo tanto, ningún particular tiene derecho a cobrar peajes o compensaciones por su uso. Pero su clasificación en ese sistema permite que esa vía sea gestionada desde el Estado (puede recibir recursos, aplicar obras x impuestos, etc.)

Por eso, lo que venía ocurriendo, según la vice ministra Transportes, Fiorella Molinelli, es que las cuatro comunidades en cuestión pedían que la carretera sea desclasificada, precisamente para poder exigir compensaciones. Habrían argumentado que la mina les estaba pagando compensaciones. Y eso es cierto, pero no por el uso, sino por las afectaciones ocasionadas durante la construcción. Al ampliarse la trocha, la empresa pagó efectivamente indemnizaciones por daños y perjuicios a las comunidades y a los campesinos cuyos terrenos o pircas se hubiesen visto afectados. Para ello celebró convenios con todos los que recibieron pagos. Según la empresa no hubo nunca un compromiso de pagar por el uso mismo de la vía una vez que estuviera terminada. Existen actas que señalarían que se hicieron los pagos y que estos se harían solo hasta la culminación de las obras.

Ahora bien, si estas cuatro comunidades piden la “desclasificación” de la vía, las demás comunidades, que participan en la mesa de diálogo ambiental,  piden, por el contrario, recategorizar la vía como “Nacional” para asegurar el compromiso del Estado de pavimentarla. De esa forma ya no se levantaría la polvareda que supuestamente afecta al ganado (pese a que las mediciones indican que el polvo no excede los estándares ambientales).

De hecho, en el acta de la mesa de diálogo sobre medio ambiente realizada el 6 de octubre se consigna, como pedido de parte, lo siguiente: “El Gobierno Regional de Apurímac y las organizaciones sociales, solicitan la reclasificación de la vía que sale del proyecto minero Las Bambas desde Huancuire hasta el puente Sayhua, como vía nacional”. Precisamente para que el MTC se encargue de pavimentarla. Algo que la empresa ha anunciado que va a hacer en 83 km., un kilómetro antes y después de cada centro poblado, para evitar la generación de polvo. 

Fiorella Molinelli nos indica que el MTC, por su parte, viene trabajando en el tema para resolverlo: ha presupuestado ya el costo de los estudios y el costo de pavimentar la ruta AP -954. Según Provías, todo costaría 456 millones de soles. “Hemos reunido a las empresas mineras, a los gobiernos regionales del Cusco y Apurímac y todos, incluyendo el MTC, estaríamos dispuestos a financiar cada uno una parte del asfaltado de la vía”

Refiere, en ese sentido, que la última reunión con las cuatro comunidades fue el miércoles 12 de octubre, dos días antes del enfrentamiento. Allí la constructora de la zona se comprometió a revisar el presupuesto y las cifras que el MTC había calculado. Luego había que definir los porcentajes que cada institución de las arriba mencionadas podría asumir. La minera Bambas había señalado que podía hacerse cargo de los costos del estudio de Ingeniería para ir avanzando sin pérdida de tiempo.

La idea era que estos acuerdos se materializaran en un Convenio. Pero todos estos avances quedaron suspendidos luego del sorpresivo ataque de los comuneros a la policía que terminó con la lamentable muerte del señor Cereceda.

Lampadia

PD: El lector podrá apreciar la distancia entre este análisis y buena parte de los reportajes radiales de las emisoras limeñas.

La lamentable  muerte de un comunero por una herida de bala en la cabeza disparada probablemente como una acción defensiva por un policía atacado por una turba en Las Bambas,  así como las heridas sufridas por 20 policías, uno de ellos con daños considerables, son una pésima noticia en todos los sentidos posibles, tanto por la tragedia familiar que involucra el deceso de Quintino Cereceda, que nos duele a todos, como por la exacerbación del enfrentamiento desatado que ya ha paralizado los envíos de cobre, que era sin duda lo que algunos buscaban.

Pero la tragedia hay que medirla también en términos de los recursos que el país dejaría de percibir si una operación como esta y muchos otros proyectos se vuelven inviables. Es decir, en términos de la cantidad de niños que no sacaremos de la desnutrición y la anemia, de la cantidad de jóvenes que no recibirán una buena educación, del número de personas que no serán atendidas en los servicios de salud.

Por eso, la tragedia más grave es la incapacidad del Estado, de la empresa y de la sociedad civil para desarrollar una conversación y una estrategia que permita el crecimiento de todos en un mínimo de armonía, la lenidad con la que se cede terreno a los interesados en anular la inversión minera o sencillamente en medrar con las oportunidades de extorsión creadas por una inversión minera gigantesca que tiene muchos impactos positivos y algunos negativos, que podrían remediarse, en medio de comunidades pobres y atrasadas.

La explicación del ministro del Interior Carlos Basombrío es que esto se originó en una decisión inconsulta del mando local que se tomó sin “orden de operaciones” y sin plan de inteligencia. Una acción precipitada, en suma, que no previó la reacción de las comunidades, e innecesaria en ese momento porque había un diálogo en marcha y la mina estaba sacando el mineral por una ruta alterna.

Falta de previsión y estrategia

Por supuesto, es inexcusable que una operación policial de este tipo se pueda dar de esa manera. Pero la pregunta entonces es cómo es posible que, conociendo la situación explosiva de la zona, el ministerio y el comando de la Policía Nacional no se hayan preocupado de poner al mando de la policía de Apurímac y del contingente mismo de Las Bambas, a oficiales de primer nivel y permanentemente comunicados con Lima, y no se haya montado un equipo especial de inteligencia y diálogo para manejar el tema. Esto configura, por lo menos, una responsabilidad, por omisión, del ministro. 

Hace tiempo que sabemos que Las Bambas es un polvorín por problemas  vinculados a la evolución del proyecto a pesar de los notorios esfuerzos de la empresa por acercarse a la población y por errores que no supieron evitar, mal previstos por la empresa y los que fueron bien aprovechados por terceros para montar una industria de extorsión, aprovechando los incumplimientos clamorosos del Estado y la falta de una estrategia clara de desarrollo rural, y por haberse convertido en un blanco para las fuerzas radicales de todo tipo, alimentadas por una ideología pos-extractivista que hemos denunciado en Lampadia innumerables veces.

El objetivo de esas fuerzas es paralizar Las Bambas, impedirla. Y, por lo menos desde el lunes 17, con la ayuda de la torpeza policial, lo han logrado. El primer aviso, mortal, fue el ataque a la mina que terminó en tres campesinos fallecidos el 15 de setiembre del año pasado. Y se sabía que, desde entonces, la situación era muy complicada. Las mesas de diálogo que se establecieron tuvieron dificultades para instalarse. Cuando lo hicieron se firmaron compromisos que el Estado no se han cumplido, que se suman a compromisos anteriores que tampoco se habían cumplido. Obviamente la gente se siente burlada. 

Circunstancias complejas aprovechas por terceros

Pero era complicada por otras dos circunstancias. La primera, el fin de la etapa de construcción de la mina, alrededor de noviembre del año pasado, que dejó de contratar a alrededor de 16 mil personas de la zona y de fuera de la zona. Lo que a su vez repercutió en los negocios de comida, alojamiento y otros servicios de Chalhuahuacho, cuya población se había multiplicado varias veces los últimos años y había invertido en establecimientos. Se produjo súbitamente un vacío, que sin duda ha sido aprovechado por los buscadores de rentas económicas y políticas.

Esa situación se vio potenciada por otra circunstancia: la mina tuvo que trasladar toda una población a Fuerabamba, una ciudad construida íntegramente desde cero con diseño urbanístico y casas modelo. Pero los campesinos trasladados no solo recibieron una casa como nunca la habían tenido (con ocho habitaciones), sino además una compensación cuantiosa. Pues ocurre que las comunidades que se movilizan ahora son las que no se beneficiaron con ese traslado, que encuentran en la decisión de sacar el mineral ya no por un minero-ducto sino por la carretera, sin previo estudio de impacto ambiental sino solo con un informe técnico, que cumple con la legislación pertinente, y con consecuencias como el polvo que se levanta y afectaría los campos, el motivo para exigir compensaciones elevadas. A lo que se suman demandas maximalistas tales como la recompra de tierras a precios mucho mayores, la participación en el 50% del accionariado de la empresa y en el 8% de las utilidades, que el 50% de los servicios que usa la empresa sean contratados con las comunidades, etc.

Los pedidos sobre la carretera

En el caso concreto de las cuatro comunidades que abrieron zanjas profundas para evitar el paso de los camiones, ellas exigían el pago de peajes de 5 mil soles por camión y 6 millones de dólares por daños y perjuicios y servidumbre (ver documentación líneas abajo).

El ministro argumenta que estaba en marcha un proceso de diálogo con esas comunidades, y que el despeje de la vía no era urgente porque la mina estaba sacando el mineral por una ruta alterna. Pasa por alto el hecho de que el bloqueo de una carretera y más aun por medio de la excavación de zanjas es un delito frente al cual debe actuarse, más aun cuando ese viernes 14 en que la Policía intervino ya habían pasado 6 días desde que las zanjas fueron cavadas. El ministro responde que se iba a actuar de todas maneras el día lunes 17, fecha para la cual se tenía previsto un diálogo.

El ministro sugirió implícitamente que las comunidades podían tener hasta cierto punto razón porque la mencionada carretera fue construida por ellos y luego ampliada por la mina, y por eso se sentirían con derecho a recibir una contraprestación. Es más, dijo que sorpresivamente el 27 de julio, último día del gobierno anterior, su publicó un decreto supremo clasificando esta vía cono “nacional”, dando a entender que esa sería una manera de descalificar el reclamo comunal. Pero esto no es cierto. El anexo del Decreto Supremo 011-2016-MTC clasifica la Ruta Nº AP -954 como vecinal (pag. 594682). De modo que no hay ninguna conspiración en ese sentido. Incluso en el acta de la mesa de diálogo sobre medio ambiente realizada el 6 de octubre se consigna, como pedido de parte, lo siguiente: “El Gobierno Regional de Apurímac y las organizaciones sociales, solicitan la reclasificación de la vía que sale del proyecto minero Las Bambas desde Huancuire hasta el puente Sayhua, como vía nacional”. Es decir, al revés de lo que dice el Ministro: la ruta es vecinal y quieren que sea nacional, precisamente para que el MTC se encargue de pavimentarla. Algo que la empresa va a hacer en 83 km., un kilómetro antes y después de cada centro poblado, para evitar la generación de polvo. 

Ahora bien, el hecho es que, aun siendo vecinal, se trata de una vía pública, y nadie que no sea el Estado tiene derecho a cobrar peaje y menos aun a interrumpirla. Según la empresa, la ampliación de la trocha original fue un pedido hecho por las propias comunidades el año 2010. Luego, el 2011 la empresa presenta el expediente técnico a la municipalidad de Chalhuahuacho. El 2014 la municipalidad provincial de Tambobamba incorpora la carretera como ruta vecinal, y solicita al Ministerio de Transportes que se incorpore al clasificador de rutas, cosa que ocurre el 27 de julio reciente. Como vecinal. 

Al ampliarse la trocha, la empresa pagó indemnizaciones por daños y perjuicios a los campesinos cuyos terrenos o pircas se hubiesen visto afectados. Para ello celebró convenios con las comunidades. Lo que tenemos ahora es una segunda ronda de demandas de indemnizaciones, por 6 millones de dólares como hemos visto, y establecimiento de peajes, asesorada por personajes externos como los que vemos en la foto. Pero es una ruta que transita a 4,100 metros sobre el nivel del mar. El polvo que pudiera levantarse, luego de que las propias comunidades riegan la carretera con camiones cisternas propios contratados por la mina, no afecta cultivos, que prácticamente no los hay. No sabemos si los pastizales quedan afectados.

El uso legítimo de las armas

Fue efectivamente una temeridad que la policía hubiera actuado sin “orden de operaciones”, sin un trabajo de inteligencia previo y sin consulta al nivel correspondiente. Pero el hecho de que no hubiese inteligencia habla del descuido general del gobierno respecto de lo que está ocurriendo en la zona. Por lo demás, una vez producido el ataque de los comuneros a los policías que estaban rellenando las zanjas con ayuda de las máquinas de la empresa, algo que pudo efectivamente preverse, no es de extrañar que algún policía haya hecho uso de su arma de fuego. Los comuneros atacaron con piedras y huaracas dejando 20 policías heridos y uno de ellos de gravedad. El decreto legislativo 1186,  que regula uso de la fuerza por parte de la PNP, define en su artículo 7 el uso de “fuerza letal” de la siguiente manera: “Es el uso de armas de fuego por el personal de la policía nacional, contra quién realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas. Y el decreto supremo Nº 012-2016-IN, que reglamentó el D. Leg. 1186, establece en su artículo 11, que se hace uso excepcional de la fuerza letal, “cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta. El uso de la fuerza letal en esta situación solo se justifica ante un acto evidente, manifiesto e inmediato, generado por quien empleando violencia con objetos o armas, puede causar lesiones graves o muerte”. Y este parece ser claramente el caso en cuestión, como implica el ministro. Por lo tanto, sería grave que se acusara al policía que disparó. No sería aceptable.

No hay desarrollo compartido

Pero jamás debió llegarse a esta situación. Puede haber responsabilidad de las jefaturas policiales de Abancay, como señalan el Ministro y el alto comando de la Policía. Pero hay responsabilidad mayor en el gobierno por haber descuidado la estrategia frente a las situaciones creadas y cantadas en un proyecto tan importante para el país. Y, más allá de esto, hay responsabilidad compartida entre el Estado y la empresa no solo por no haber cumplido compromisos (sobre todo en el caso del Estado) sino principalmente por no haber puesto en práctica un plan de desarrollo rural integral en toda la zona de influencia y más allá de ella, que convirtiera a los campesinos en verdaderos empresarios auto dependientes a tiempo completo de modo que no se conviertan en presa fácil de los traficantes de pedidos a la empresa. La única manera en que la mina no sea vista como un botín al que hay que pedirle compensaciones de todo tipo, es que ella ayude a introducir los cambios tecnológicos necesarios en las actividades agropecuarias a fin de incrementar la productividad y los ingresos autogenerados de los campesinos. Es lo que un programa como Sierra Productiva, que llenaría el espacio rural de micro reservorios y riego por aspersión, podría lograr. 

Lampadia

Acta de Quehuira demandando indemnización por 6 millones de dólares

Bloqueo de carretera – ruta N° AP-954

  Los señores Frank y Jorge Chávez Sotelo son dos hermanos de la ciudad de Abancay, que asesoran a la comunidad de Quehuira, siendo ambos abogados de profesión.

  Ambos hermanos han estado buscando intervenir en la zona, asesorando a distintas comunidades.

  Existe un acta de fecha 22 de marzo de 2016, a través de la cual, la comunidad de Quehuira, asesorada por los hermanos Chávez, solicita a Las Bambas 6 millones de dólares por concepto de uso de una vía pública.

  Debido a que la empresa no accedió a dicho pago por no corresponder, la comunidad decide bloquear la carretera. El bloqueo de la misma es considerado un delito.

Hoy día todos sabemos que la economía del Perú ha recuperado un mayor ritmo de crecimiento gracias a la contribución de la minería, que explica algo más de la mitad. Las Bambas es parte importante de ese positivo impacto.

Durante el desarrollo del proyecto generó un impacto muy positivo en la región en términos de reducción de la pobreza, creación de empleo e inversión pública. Entre el 2011 y 2015 la pobreza en Apurímac  bajó de 57% a 39%. Entre el 2005 y 2015 se invirtieron en proyectos y programas sociales más de US$ 300 millones, habiendo sido un proyecto icónico que pudo llevar en paralelo el desarrollo de la operación minera y el mejoramiento de la región del mismo. Mientras Cajamarca, acosado por los empobrecedores anti-mineros, colapsaba sus indicadores sociales y económicos, Apurímac los mejoró sustancialmente, por primera vez en su vida. Ver en Lampadia: Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

Fuente: Rumbominero

Ahora, en su fase operativa, Las Bambas inicia la expresión de su aporte a la región y al país. El MEF acaba de girar al Gobierno Regional de Apurímac y a las universidades nacionales de la región, la suma de 52 millones de soles (52’358,569) por concepto de regalías por sus ventas a la fecha. Las Bambas tiene el compromiso contractual de pagar el 3% de sus ventas como regalías, en adición al 32% de impuesto a la renta.

Sin embargo, los insensibles (ante la pobreza) anti-mineros siguen complotando para afectar este proyecto determinante de la futura calidad de vida de los apurimeños y del conjunto de la economía peruana. Ver: “Quieren cercar a Las Bambas”

Los peruanos y el nuevo gobierno, tenemos por delante retos de desarrollo y reformas muy importantes, para los cuales necesitamos recursos fiscales en proporciones difíciles de disponer sin el aporte de la minería. Esperamos que a diferencia del gobierno de Ollanta Humala, que estaba impregnado de un sentimiento anti inversión privada y que propició absurdas dicotomías contra la minería (agua sí, oro no),  que el gobierno de PPK pueda ayudar a crear un ambiente de inversión más sano, donde, sin extremismos ideológicos y/o pantallas sociales y ambientales, podamos hacer los balances que nos permitan recibir el aporte de la inversión minera moderna, empática con el medio ambiente y las comunidades, como es el caso de Las Bambas.

Líneas abajo compartimos con nuestros lectores la nota de Las Bambas, que resume las características del proyecto, describe su desarrollo, sus aportes pre y pos operativos, y los procesos de diálogo que se llevan adelante con la población.   

Las Bambas

Setiembre 2016

1. SOBRE LAS BAMBAS:

• Es una mina de cobre de gran envergadura. Se ubica a más de 4.000 m.s.n.m., entre las provincias de Cotabambas y Grau, Región Apurímac. Será una de las minas de cobre más grandes del mundo, una vez que alcance su nivel de producción plena.
• Posee reservas minerales[1] de 7,2 millones de toneladas de cobre y recursos minerales[2] de 12,6 millones de toneladas de cobre. Se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado en sus primeros cinco años.
• Se estima que su operación dure más de 20 años, su potencial de exploración es considerable.
• El cuarto trimestre de 2015 se inició la producción de cobre. El primer concentrado se obtuvo el 26 de noviembre de 2015.
• El primer envío despachado desde el Puerto de Matarani, se realizó el 15 de enero de 2016.
• La producción alcanzó las 118,612 toneladas de cobre en concentrado en el primer semestre de 2016.
• El inicio de la etapa de operación comercial se dio el 1 de julio de 2016, cuando Las Bambas alcanzó su capacidad plena al procesar 140,000 toneladas por día.

2. DESARROLLO SOSTENIBLE:

• Entre los años 2005 y 2015, Las Bambas desarrolló una intensa campaña de trabajo social -aún antes de iniciar la producción- que contribuye a la generación de recursos propios e incentiva el desarrollo social del área de influencia. En este periodo, la inversión directa en proyectos de desarrollo sostenible superó los UD 250 MM.

• Adicionalmente, el Fondo Social Las Bambas (FOSBAM), contó con un total de USD 64,5 MM asignados a por el Estado luego de otorgada la concesión. Se han implementado diferentes proyectos de desarrollo en beneficio de la población de las provincias de Cotabambas y Grau. Este fondo ha sido dirigido principalmente a los rubros de saneamiento básico, educación, salud y desarrollo agropecuario. Para más información, visitar: http://www.fosbam.com
• Durante la etapa de construcción, se empleó a más de 18,000 trabajadores y se priorizó el empleo local. En la etapa de operación, se cuenta con aproximadamente 3,500 colaboradores.
• El impacto de Las Bambas ha contribuido a que la pobreza en Apurímac, se reduzca de 57% a 39% entre el 2011 y 2015. Entre el 2012 y 2015, la inversión pública y privada en la Región creció 20% en promedio cada año y en 50% aumentó el empleo dependiente. (Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – INEI 2015. SIAF -MEF).
• Este mes de setiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió al Gobierno Regional de Apurímac y universidades nacionales de Apurímac la suma de 52 millones 358 mil 569 soles por concepto de regalías por ventas de Las Bambas, en lo que va del año. Como se sabe Las Bambas tiene el compromiso contractual de pagar el 3% de sus ventas como regalías, adicionalmente  al 32% de impuesto a la renta.

3. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y sus modificaciones:  

• El EIA de Las Bambas se aprobó en el 2011. Consideró tres áreas:

1. Área Las Bambas: mina, planta concentradora y componentes auxiliares.
2. Área Mineroducto.
3. Área Tintaya: planta menor de Molibdeno, planta de filtrado final y almacén de concentrados.

• El EIA fue aprobado luego de un riguroso Proceso de Participación Ciudadana (PPC) que incluyó, entre otros, monitoreos participativos, 18 talleres de participación ciudadana y una audiencia pública en donde participaron más de 5000 personas.
• Cuando el proyecto Las Bambas se independiza de la mina Antapaccay (Tintaya), surge la oportunidad de reducir la huella del proyecto (espacio geográfico autorizado donde se desarrollan las operaciones del proyecto) y optimizar el proceso, lo que dio origen a la reubicación de los siguientes dos componentes:

1. La planta de molibdeno y filtros, que inicialmente se ubicarían en el área de la antigua mina Tintaya (Cusco), y ahora se ubican dentro del área de Las Bambas, ganando con esto eficiencia en el manejo del recurso agua.
2. El mineroducto fue reemplazado por el transporte de minerales a través de sistema bimodal, transporte por carretera desde Las Bambas a la estación de Pillones y transporte en ferrocarril hasta el Puerto de Matarani (Arequipa), con el consiguiente beneficio del mejoramiento y mantenimiento de la carretera. La vía utilizada es de acceso público.

• Todas las modificaciones del EIA se llevaron a cabo con estricto respeto a los procedimientos regulatorios e involucró una comunicación con las municipalidades y otras entidades respetando los requerimientos legales aplicables.

4. ACONTECIMIENTOS SOCIALES:

• El 25 de setiembre de 2015, se inició una protesta liderada por Frentes de Defensa y grupos de personas que no pertenecían necesariamente a las comunidades del área de influencia directa.
• Los manifestantes pedían la cancelación de la aprobación de las modificaciones del EIA, expansión del área de influencia (entendiendo erróneamente que así más comunidades accederían a más recursos económicos), participación de los beneficios de Las Bambas, temas de empleo y proveeduría de servicios, tales como transporte, hospedaje, etc.
• El lunes 28 de setiembre de 2015, los actos de violencia ocasionaron tres muertes, heridos y daños materiales. Las Bambas se pronunció, inmediatamente, lamentando públicamente estas pérdidas e invocó al cese de la violencia y a encontrar en un clima de paz, el mejor camino hacia el desarrollo y el progreso.
• El 29 de setiembre de 2015, el Gobierno declaró Estado de Emergencia por 30 días calendarios, en las provincias de Cotabambas y Grau, de la Región de Apurímac, y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar, de la Región Cusco.
• El miércoles 28 de octubre se reunieron los dirigentes de las provincias de Grau y Cotabambas y acordaron levantar el paro indefinido y el 29 de octubre, cuatro Ministros de Estado viajaron a Cotabambas, desde donde anunciaron el levantamiento del Estado de Emergencia. Asimismo, acordaron con la población la instalación de una Mesa de Trabajo para el Desarrollo.

5. PROCESOS DE DIÁLOGO EN CURSO

Mesa de Trabajo para el Desarrollo de Challhuahuacho:

• Se inició el 28 de febrero de 2015, convocada por la Municipalidad de dicho distrito y el Ministerio de Agricultura. Cuenta con la participación de, altas autoridades del Poder Ejecutivo, 33 representantes de las comunidades campesinas y 7 asociaciones locales. Este espacio busca establecer los temas prioritarios para el desarrollo y crecimiento económico del distrito, con el propósito de canalizar la inversión en obras de infraestructura y proyectos sociales.
• Sub mesas de Trabajo: 1. Infraestructura Social y Productiva, 2. Minería y Ambiente, 3. Desarrollo Agropecuario, 4. Trabajo – Responsabilidad Social.
• En agosto del mismo año, se instaló el Comité de Seguimiento y Desarrollo Integral de Challhuahuacho. La tarea principal de este comité es monitorear los compromisos establecidos en las cuatro mesas, en las que se priorizó un paquete de proyectos de inversión de más de USD 200 MM.
• Actualmente, existen 29 acuerdos entre temas de gestión y obras de infraestructura, como el mejoramiento de carreteras a nivel de pavimento, la construcción de un hospital y la inversión en estudios de riego para la agricultura.
• El 1° de abril de 2016 se realizó una reunión del Comité de Seguimiento de Compromisos de la empresa, en donde se presentaron los avances. Esta mesa se viene desarrollando plenamente con la permanente presencia de los actores involucrados.
• El 6 de setiembre se llevó a cabo una reunión del Comité de Seguimiento en Challhuahuacho.

Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la provincia Cotabambas:

• En octubre 2015, se realizaron las primeras reuniones para la implementación de la Mesa de Trabajo con la participación de representantes de los ministerios de Ambiente; de Agricultura y Riego; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de Transportes y Comunicaciones; de Salud; de Desarrollo e Inclusión Social; de Educación; y de Trabajo y Promoción del Empleo. También participaron representantes de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, el Gobierno Regional de Apurímac, las municipalidades de Cotabambas, representantes de la sociedad civil a nivel provincial y cinco distritales, y Las Bambas.

• El 14 de noviembre 2015, la PCM crea formalmente la Mesa mediante Resolución Ministerial Nº 263-2015-PCM, la cual incluye cuatro sub mesas de trabajo: 1. Medio Ambiente y Modificaciones del EIA de Las Bambas; 2. Derechos Humanos (DDHH); 3. Desarrollo Sostenible; 4. Responsabilidad Social y Empresarial.
• En lo que va del año, se han realizado múltiples reuniones de trabajo en las que se han mostrado avances en los compromisos asumidos por el Estado y la empresa, y se han llegado a acuerdos para el desarrollo de la provincia.
• El 22 de agosto de 2016 se llevó a cabo una reunión plenaria en Tambobamba.

Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Grau:

• El 01 de diciembre de 2015, se instaló y aprobó el reglamento de funcionamiento de la Mesa de Diálogo, mediante RM N° 281-2015PCM.
• El 17 de diciembre de 2015, se llevó a cabo, en el distrito de Progreso, la segunda reunión, entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional. En esta reunión se  conformaron tres grupos de trabajo: 1. Servicios Básicos, Infraestructura y Construcción; 2. Desarrollo Productivo; y 3. Medio Ambiente y Responsabilidad Social.
• En el mes de marzo de 2016, se realizaron cuatro talleres informativos sobre las modificaciones del EIA.

• El 05 de mayo de 2016, en el distrito de Turpay, se llevó a cabo la Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Grau.

Lampadia

La siguiente entrevista forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

“No es necesario crear un Senado, y sí es bueno dividir Lima en distritos electorales mas pequeños”

Martín Tanaka, politicólogo

Entrevista de Jaime de Althaus

Para Lampadia

P. ¿Cuál es tu opinión acerca de las propuestas de reforma política formuladas por Lampadia? (Ver: Empecemos a debatir la Reforma Política).

R. Antes de empezar, quiero mencionar que fui parte del equipo que elaboró la propuesta de reforma institucional presentada por la Asociación Civil Transparencia, que puede verse en: http://www.transparencia.org.pe/documentos/propuestas_de_reforma_institucional.pdf.

Varias de las propuestas de Lampadia coinciden con la propuesta de Transparencia, que suscribo; otras no son parte de esa propuesta, con algunos estoy de acuerdo y con otras no. Pero más allá de esto, me parece importante contar con un diagnóstico claro de cuáles son los problemas más importantes y urgentes, cuáles serían los mejores caminos para enfrentarlos, y que al mismo tiempo puedan contar con el consenso necesario para ser implementadas. Sin una mirada integral, corremos el riesgo de tener nuevamente una falsa reforma política como la que tuvimos al final del Congreso anterior.

P. ¿Respecto de la propuesta de crear un  Senado con funciones solo revisoras, y elegido en distrito único nacional mientras no se integren regiones propiamente dichas?

R. No me es evidente cuál es el problema que se pretende resolver con el Senado, y deberíamos tenerlo claro antes de embarcarnos en su reinstauración: ¿Mejorar la representación con una lógica de elección diferente a la departamental? ¿Hacer más exigente el proceso legislativo, con otra instancia revisora? ¿Aumentar el número de legisladores? ¿Atribuir funciones específicas a una instancia electa con una lógica diferente a la departamental? El asunto es que estos problemas se pueden solucionar con medidas que no pasan por la creación de un Senado.

Si se quiere que los proyectos de ley tengan un mejor proceso de maduración, con lo que estoy de acuerdo, podríamos ser más exigentes con el proceso legislativo: más transparencia en comisiones, en la determinación de sus agendas y las del pleno, más consulta con la sociedad civil; doble votación en el pleno sin excepciones, etc. Si se quiere elegir representantes útiles que no tienen cabida en un esquema departamental, con lo que también estoy de acuerdo, podríamos elegir un grupo adicional de congresistas por lista, para acercar más la votación congresal a la proporcionalidad, como sucede en Alemania; o podríamos simplemente elegir un grupo adicional en lista única, independientemente del criterio de proporcionalidad, que también me parecería bien. El asunto es que ninguna de estas cosas requiere necesariamente de un Senado, como es evidente en la propuesta de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

En el fondo, tenemos que, sin hacer otras reformas, el Senado podría ser más de lo mismo que hemos visto en los últimos años. Preferiría por ello empezar por fortalecer los partidos, y terminar con el Senado.

P. La idea central de un Senado elegido en distrito único o en macroregiones sería limitar el poder de un congreso unicameral que, por ejemplo, tenga una mayoría absoluta y pudiera instaurar una suerte de “dictadura parlamentaria” populista (de izquierda o de derecha) por ejemplo. Y, a la vez, balancear el efecto distorsionador de la proporcionalidad de diputados elegidos en distritos pequeños…   

R. Si lo que se busca es evitar la “dictadura parlamentaria”, funciona mejor la propuesta que uds. formulan de elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo.  De acuerdo con buscar mejor proporcionalidad, y también abrir espacio para liderazgos no territoriales, pero para eso podría funcionar la idea de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

P. ¿Y sobre la propuesta de eliminar el voto preferencial y establecer distritos electorales más pequeños (uni o binominales) para elegir diputados o la parte mayoritaria de la cámara única?

R. Varios puntos diferentes en esta propuesta. De acuerdo con eliminar el voto preferencial, siempre y cuando se asegure la democracia interna en los partidos, y se asegure la alternancia de género. Respecto al tamaño de las circunscripciones, en realidad en nuestro país sólo Lima tiene un tamaño “excesivo”; estaría por ello de acuerdo con “achicar” su tamaño, partiéndola en varios: podría ser Lima norte, sur, este y oeste, y además la de peruanos en el extranjero. Las demás circunscripciones departamentales tienen tamaño chico o mediano, en realidad. No estoy de acuerdo con llegar a circunscripciones uni o binominales, porque se distorsiona en exceso la proporcionalidad del voto nacional, y porque se acentúa en demasía la “provincianización” del Congreso, ya de por sí excesiva en la actualidad.

P. No entiendo bien el argumento de la “provincianización”: no hay contradicción, un buen líder o representante, entenderá los temas nacionales. Con la ventaja de que  el distrito pequeño uni o bi nominal permite una clara relación entre representados y representantes, dándole sentido, contenido real, a la democracia, al Congreso. Y con un distrito electoral pequeño habrá muchos menos candidatos y el elector podrá elegir mejor. De modo que los representantes tenderían a ser mejores. Y en cuanto a la distorsión de la proporcionalidad, esta se corregiría precisamente con un Senado o una parte del Congreso elegida en distrito nacional o macroregional…

R. Yo sí tengo el temor de que circunscripciones uni o binominales acentúen el provincianismo, de que terminemos eligiendo “caciques” provinciales, por así decirlo. No me parece que tengamos distritos muy grandes en Perú, salvo Lima, cuyo tamaño es claramente excesivo. Madre de dios tiene un congresista; Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali, tienen dos; Ayacucho y Huánuco, tres; Callao, Ica, Lima provincias, Loreto y San Martín, cuatro; Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno, cinco; Arequipa, Cajamarca seis; La Libertad y Piura, siete. Viendo estos datos, no me preocupa tanto el tamaño, porque se trata de un número no tan grande, que permite cierta proporcionalidad. Lo que me preocupa más no es el número por región, sino la distribución demográfica de la misma, de modo que la representación se concentra en las ciudades o provincias más grandes en desmedro de otras: para solucionar ese problema aceptaría “achicar” algunas para dar cabida a otros, pero no me resulta claro que distritos más pequeños impliquen menos y mejores candidatos, o un mejor trabajo congresal.  

P. Bueno, si eliges entre un número mucho menor, puedes elegir mejor, y si tienen 4 o 5 o 6 representantes, ya no tienes ninguno… La siguiente propuesta es la de Transparencia: elegir el Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, o dos semanas después de ella, para favorecer que el gobierno tenga mayoría y acelerar el proceso de reducción de partidos que ya vendría impulsado por los distritos uni o binominales.

R. De acuerdo. Para mí, la principal fundamentación está en permitir que las preferencias de los ciudadanos se dé con la mayor información posible: después de conocer los resultados de la primera vuelta, los electores decidirán si concentran el voto en las fuerzas principales o no, pero es importante saber quiénes pasan a segunda vuelta. Y de acuerdo con que la votación se concentre en las fuerzas más importantes.

P. ¿Subir la valla a las alianzas? 

R. De acuerdo. Hasta el momento, la facilidad para integrar alianzas es el mecanismo que ha permitido la supervivencia de muchos partidos cascarón. En Transparencia propusimos una barrera general del 5% de votos válidos para contar con representación, y en el caso de alianzas 2.5% de votos válidos por cada partido adicional.

P. ¿Reducir significativamente el número de firmas para formar un partido pero obligarlo a participar con candidatos por lo menos en el 50% de las regiones, provincias y distritos?

R. De acuerdo, en tanto las firmas no son un mecanismo que permita identificar la representatividad de los partidos. Ella se define a través del desempeño electoral, así que estoy de acuerdo. En Transparencia hemos sugerido algo muy parecido.

P. ¿Aumentar los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Deben acreditar existencia y presentar candidatos por lo menos en tres regiones? 

R. De acuerdo con ser más exigentes con movimientos regionales, equiparables a las de los partidos nacionales: así deberían estar obligados a presentar candidatos a en las elecciones municipales provinciales y distritales; podría ser además estén obligados a presentar candidatos en más de una región; de otro lado, si no ganan representantes en consejos regionales o alcaldías provinciales, deberían perder el registro. Finalmente, deberían desaparecer las candidaturas de organizaciones políticas locales distritales. Cada vez pierden más terreno, y fomentan la fragmentación.

P. Aumentar el financiamiento público de los partidos y subir el tope de las aportaciones privadas (transparentadas)… 

R. De acuerdo, hacer efectivo el financiamiento público, pero con controles estrictos y sanciones drásticas al mal manejo del mismo. De otro lado, transparentar y hacer más realista la normatividad referida a los aportes privados. Urge hacer transparente los gastos en medios masivos de comunicación, los más costosos.

P. ¿Y respecto de la idea de permitir la candidatura al Congreso de los candidatos a la presidencia, a fin de que los líderes partidarios estén en el Congreso y este se convierta en un verdadero foro político? 

R. De acuerdo, pero debería ir junto con todas las medidas destinadas a reducir la fragmentación política. Atención que la eliminación de la postulación simultánea buscaba desincentivar que los aspirantes al Congreso lanzaran candidaturas presidenciales solo con fines propagandísticos.

P. Jorge Morelli ha propuesto elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en la mayor parte de democracias presidencialistas, a fin de contener los impulsos populistas. 

R. De acuerdo, el Perú aparece como una rareza de poder parlamentario, a pesar de que algunos señalaban, en especial durante los años noventa, que la Constitución de 1993 es “hiperpresidencialista”. Hoy, con mayoría congresal fujimorista, señalan que el presidente es muy débil. Sería prudente subir a los tres quintos los votos necesarios para la insistencia congresal en una ley observada por el ejecutivo, que igual nos pondría en una zona moderada en el contexto regional.

P. ¿Derogar cambios absurdos como que los partidos que no se presenten a una elección general pueden conservar su inscripción, la no reelección de autoridades regionales y locales, y la exclusión de los candidatos por repartir dádivas?

R. De acuerdo, estos cambios fueron resultado de oportunismos de última hora del Congreso anterior, que buscaban preservar el statu quo o aprobar medidas efectistas. Entonces, los partidos que no participan en elecciones (no solo nacionales) deben desaparecer; se debe permitir la reelección inmediata por un solo periodo adicional en regiones y municipios; y el reparto de dádivas debe ser sancionado, pero con castigos proporcionales a las faltas, y en donde la pérdida de registro puede ser la pena máxima aplicada solo en casos extremos, y no durante un proceso en curso.

Lampadia

Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro Wiñaq

Para Lampadia

Introducción

Ubicada en la provincia de Cotabambas en Apurímac y operada por MMG Limited, de China, “Las Bambas” es el mayor proyecto minero, actualmente, en operación en el Perú, representando una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. Tras los retrocesos de los proyectos Tía María y Conga, el futuro de “Las Bambas” representa la más crítica señal respecto a la viabilidad de la gran minería en el Perú en etapa de operación, siendo el sector minero, una de las principales fuerzas detrás de la recuperación del crecimiento económico de los últimos meses.

Como toda gran operación minera, “Las Bambas” se ha dado dentro de un complicado entorno social. La población en la provincia de Cotabambas llega a 46,000 habitantes, eminentemente rurales (81.6%[^1]). A esto se adiciona que el 90% de la población tiene como lengua materna el quechua,^[2] la tasa de pobreza llega al 88% y a 70% en el caso de la pobreza extrema.^[3] En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en esta provincia, el Frente Amplio obtuvo un 56%, Democracia Directa de Gregorio Santos obtuvo 16% (totalizando, las fuerza anti-mineras un 72%), y Fuerza Popular 17%.

Es de esperar que los profundos cambios económicos y sociales desencadenados por una inversión de esta magnitud en semejante entorno esté a asociada a fuertes dinámicas sociales. Estas dinámicas llegaron a un nivel dramático en setiembre del año 2015 cuando se dio un conflicto social en el que lamentablemente, se produjeron enfrentamientos que generaron un saldo de 6 fallecidos[⁴] y la posterior instalación de una Mesa de Diálogo.

Hasta hace poco “Las Bambas” se encontraba amenazada por otro conflicto social. Manifestantes de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo  y Pumamarca bloquearon uno de los accesos a la mina, aunque la empresa fue capaz de sacar su producción por una vía alterna. Y más aún, la empresa logró llegar a acuerdos con los dirigentes para desbloquear la vía.

Las fuerzas anti-mineras están desplegando líneas de acción que, de ser exitosas, llevarían a que el actual gobierno enfrente su primer conflicto social de gran dimensión, intentan que “Las Bambas” enfrente una conflictividad que implique un permanente riesgo para sus operaciones y que se constituya en un “cerco social” inviabilizando cualquier posible expansión u modificación futura de la operación. Además, estas líneas de acción son un riesgo potencial de seguridad para las personas, para vidas humanas y por último, podrían infringir costos a la Empresa que afecten los niveles de producción y por ende los impuestos que abona al Estado. 

Sin entrar en juicios de valor, en el presente artículo detallaremos algunas de las principales líneas de acción de los anti-mineros hacia las Bambas y describiremos algunas de las implicancias estratégicas de dichas líneas. Por anti-mineros no nos referimos a organizaciones o actores que se encuentren dedicadas en la plenitud de sus esfuerzos a la abolición de la minería, damos este apelativo a aquellos actores que de manera consistente –y con una agenda oculta- porque públicamente dicen una cosa y en privado hacen otra, promueven y financian  actividades que reducen la viabilidad social de la actividad minera formal.

La Nación Yanawara

La población del entorno de “Las Bambas” es masivamente quechua hablante, rural y con un bajo nivel de conectividad con el resto del país. Esto facilita la consolidación de una identidad local alrededor de la idea de la “Nación Yanawara”. Se está impulsando la idea de que las poblaciones en el entorno de “Las Bambas” deben luchar por su reconocimiento como pueblo indígena por parte de las instituciones del Estado.

Si el Estado reconociera a estas poblaciones como pueblos indígenas, esto tendría amplias consecuencias sobre la legitimidad de las Bambas, las resoluciones del Estado y los acuerdos con las comunidades que viabilizaron el proyecto. Aceptar a la población del Área de Influencia como pueblo indígena, permitiría el despliegue de un conjunto de “herramientas de lucha” que facilitaría enormemente el accionar hostil hacia “Las Bambas”.

En primer lugar se podría reclamar que los acuerdos con las comunidades cuyas tierras fueron adquiridas para poder realizar el proyecto no han cumplido con los requisitos de la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas^[5]. Ambos cuerpos jurídicos detallan un conjunto de principios y prácticas en el relacionamiento entre Estado, Empresa y Pueblos Indígenas. Estos principios y prácticas no fueron requeridos al momento en el que la Empresa llegaba a acuerdos con las comunidades campesinas de la zona, según la legislación aplicable.

Una vez dado el reconocimiento como pueblo indígena a la “Nación Yanawara”, los radicales podrían estar en mucho mejores condiciones para exigir, como ya lo vienen haciendo, la nulidad de TODOS los acuerdos entre la empresa minera y las comunidades. Los mecanismos de presión podrían ser tanto las acciones directas tales como marchas y tomas de carreteras, la incidencia mediática y el Litigio Estratégico.[⁶]

Un momento crítico para esta línea de acción es el próximo censo a ser realizado el año 2017 el cual incluiría una pregunta (¿sembrada?) de auto-identificación como pueblo indígena.  Es de esperar que en aquellas zonas en las que una mayoría se reclame como indígena, se genere una fuerte campaña política para que las mismas se añadan al Registro de Pueblos Indígenas que lleva el Ministerio de Cultura. A esto se agrega la interpretación de los radicales tienen respecto a al significado de “Derecho de Autodeterminación” mencionado en el Acuerdo 169.

Existen fuertes incentivos para que las poblaciones del entorno de los proyectos extractivos se proclamen indígenas, independientemente de cual sea su identidad cultural.  El ser declarado como indígena brinda a las comunidades una posición de mayor fuerza respecto a las empresas y al gobierno central. Facilita iniciar Litigios Estratégicos[⁷], tener acceso a recursos internacionales para las movilizaciones, genera una mayor empatía en la prensa, pone en duda la totalidad de acuerdos previamente negociados, y permite que se pretendan ubicar al margen del marco normativo y jurídico del país.

Hay una confluencia de actores interesados en fomentar la construcción de una fuerte identidad indígena en el entorno de las Bambas. ONGs ecologistas e indigenistas que podrían tener un mejor caso para justificar desembolsos de la cooperación, buscadores de rentas locales y políticos radicales ligadas al nacionalismo indígena^[8] verían facilitado el avance de sus objetivos políticos o “lentejeros”. Esta convergencia por el reconocimiento de la “Nación Yanawara” reúne las características necesarias para ser el mejor propiciador de conflictividad asociada a “Las Bambas”.

La Acumulación del Agravio

Juzgar los impactos ambientales de un proyecto enorme como “Las Bambas” requiere de un conocimiento técnico y de una disponibilidad de tiempo que muy pocos tienen como para revisar expedientes de mil 500 folios. Un Estudio de Impacto Ambiental tiene miles de páginas difíciles de evaluar por quienes no tienen una formación especializada. Por ello, la eventual decisión de una mayoría de personas respecto a la idoneidad de un proyecto extractivo no se da dentro de la esfera técnica. A pesar de que el discurso político menciona los impactos ambientales como elemento central no es ahí en donde se disputa la postura que asumirán los diversos públicos involucrados en un conflicto social.

En buena medida, el público y los líderes de opinión se decantarán por aquellos que tengan una aparente mejor caracterización ética. En simple, apoyarán a los “buenos” frente a los “malos”. Por ello, son tan importantes las denuncias de abusos hacia la población local que los anti-mineros realizan de manera sistemática y que difunden en tiempo real principalmente en las mismas redes sociales, en formato de mensajes mandados a través de las redes sociales, con baja llegada al gran público. Sin embargo, estos mensajes, sí son observados por periodistas y líderes de opinión y podrían afectar la actitud de los mismos hacia los proyectos y operaciones mineras.

El efecto de las denuncias sobre los conflictos emergen cuando la conflictividad incrementa y pasa a tener relevancia política nacional, ahí es que las consecuencias de este proceso de demolición de la caracterización ética se hacen visibles. La predisposición negativa de algunos periodistas y líderes de opinión llevan a una cobertura negativa por parte de la prensa, a entrevistas favorables a los anti-mineros, reportajes que sirven de propaganda para los radicales, entrevistas hostiles a los voceros de la empresa, etc. Esto lleva a una erosión del soporte de la opinión pública a una operación minera mientras el conflicto se mantenga[⁹].

En el caso de Las Bambas, frente a la opinión publica nacional, se están dando denuncias respecto a MMG Limited en múltiples aspectos. Se le ha acusado de haber comprado las tierras en las que opera a 20 céntimos el metro cuadrado, de haberse apropiado de las tierras de los campesinos abusando de su ingenuidad, de realizar audiencias públicas trayendo personas ajenas a las comunidades e impidiendo el ingresos de los lugareños, de tener a la Policía Nacional como “mercenaria” a sus órdenes, modificaciones inconsultas al proyecto, hacer firmar a niños y ancianos a favor del proyecto, hacer lobby con el Estado para aprobar cambios en su Estudio de Impacto Ambiental junto con un largo etc. No es la primera vez que se ve este “paquete” de acusaciones contra una empresa minera. Podemos ver los mismos argumentos y hasta los mismos adjetivos en el entorno de otros proyectos que estas mismas organizaciones han tratado o están tratando de obstaculizar en el Perú. Es que el conflicto como la probreza también sus fuentes de ingresos para aquellos que hablan en nombre de los peruanos más excluidos y necesitados.

Además, se están elaborando los contenidos “académicos” tales como estudios u conferencias, entrevistas a supuestos técnicos para intentar invalidar cambios en Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Estado, cuyos nombres no pueden revelar por razones de seguridad ¿de quién y por qué necesitan  protegerse?, reportajes escritos y audiovisuales que facilitan caracterizar a la MMG Limited como una empresa que abusa de manera sistemática de los campesinos y vulnera sus derechos. Una vez que la caracterización ética haya socavado la imagen de la empresa, las acusaciones respecto a ‘impactos’ medio ambientales aumentan en credibilidad.

La construcción de un historial de abusos por parte de MMG Limited facilita la coordinación de diversos actores sociales en su contra. Una vez que una empresa ha sido caracterizada como un abusador en serie de campesinos, se hace más fácil que diversos actores políticos se articulen en la realización de acciones en su contra.  Aquellos actores sociales a los que les resulta conveniente que se les vea como opositores al “monstruo” minero convergerán naturalmente en la realización de acciones hostiles al ente caracterizado como abusador.

No basta con tener una conducta socialmente responsable para evitar que se caracterice a una empresa como generadora de agravios contra la población de su entorno. El caso de Máxima Acuña nos muestra claramente que es posible generar artificialmente un agravio[¹⁰] y que buena parte de la prensa está dispuesta a participar activamente en la propagación de una mentira que de tanto repetirla se convierte en verdad.

En el caso de las Bambas dado su valor simbólico como mayor emprendimiento minero del país, ello no sólo genera grandes expectativas en una población de ha vivido por décadas sumida en la pobreza ante la poca presencia del Estado sino que provoca el natural alineamiento de quienes consideran que hay que golpear al “Modelo Primario Exportador” en su puntos más débiles.

Afectación Ambiental

El núcleo de la narrativa anti-minera consiste en la visión de la actividad minera a gran escala como antagónica a la actividad agrícola. Esa supuesta contradicción es repetida, aunque exista evidencia de que ambas pueden convivir de manera armónica no sólo en el Perú sino en otros países con presencia de gran minería. En especial como una amenaza a la cantidad y calidad de agua disponible para la población. En el caso de “Las Bambas” lo reciente de su puesta en operación reduce la credibilidad entre la prensa nacional de versiones respecto a que la explotación minera estaría acabando con el suministro agua en la cuenca en la que este proyecto se encuentra ubicado. La minería moderna usa tecnología de punta, la misma que permite reciclar el consumo de agua en el procesamiento del mineral.

Si bien todavía no se han acumulado los “estudios técnicos”[¹¹] que brinden credibilidad en el aparato mediático nacional respecto a la acusaciones de impactos medio ambientales en el suministro agua, ya se están realizando las primeras denuncias al respecto al impacto del polvo levantado por los camiones que trasladan mineral desde las Bambas.[¹²]

Sin embargo, en la zona rural de Cotabambas y su vecina provincia de Grau los ataques a las Bambas en el frente ambiental son sistemáticos y sostenidos. El discurso de los dirigentes de los Comités de Lucha y Frentes de Defensa hace hincapié permanentemente, en los supuestos efectos devastadores de las operaciones mineras sobre el ambiente local. Estos efectos imputados son los que legitiman los pedidos compensatorios tales como “una participación de 50% en las utilidades” y un “justi-precio” de 5,000 dólares por metro cuadrado en los territorios adquiridos por MMG.

Con el paso del tiempo la ideología de la “cabecera de cuenca” y las “fuentes naturales de agua” puede mutar de ser un mero recurso discursivo para presionar a MMG Limited hacia una creencia con la que la población se encuentra profundamente comprometida y que guiará su acción social y política a futuro. Los resultados de años de “concientización” anti-minera se pueden ver en Majaz, Quilish, Conga y Tía María donde los radicales han conseguido una masa movilizable local que ha logrado bloquear las inversiones.

Conclusión

En el corto plazo las actuales movilizaciones contra “Las Bambas” están asumiendo un carácter eminentemente distributivo en el que los movilizados tienen como principal motivante el acceso a una fracción de la renta generada por el proyecto. Sin embargo, ello va mudar.

En el mediano plazo existen un conjunto de dinámicas que pueden llevar a consecuencias aún más negativas, tanto para Las Bambas como al resto del sector minero y el país. En primer lugar la instrumentalización de la lucha por la identidad indígena como un mecanismo de pugna permanente con las empresas extractivas bajo una correlación de fuerzas claramente más favorable a las fuerzas radicales de la que se da actualmente. En segundo lugar, se puede generar una carga de agravios atribuibles a Las Bambas que deje el proyecto sumamente vulnerable a los conflictos sociales para convertirlo en una piñata mediática. Finalmente, la propagación de la ideología de la “cabecera de cuenca y las fuentes naturales de agua” entre las poblaciones rurales del entorno de un proyecto puede llevar a que el mismo termine enfrentando “un cerco social” que inviabilice cualquier expansión posterior de la operación.

Lampadia

En las siguientes líneas presentamos una comparación entre Cajamarca y Apurímac, a la luz del desarrollo de la frustración de los proyectos mineros de la primera y del éxito de Las Bambas en Apurímac. El proyecto, propiedad la empresa china MMG y dirigido por  gerentes australianos, cobra especial importancia por su envergadura, impacto en la región y en la economía peruana y, por ser, lamentablemente, el último proyecto minero nuevo que logró evitar los conflictos socio-políticos de los anti mineros, que paralizaron los proyectos que seguían en el ‘pipeline’.  

Hasta hace pocos años, Cajamarca era la región con mayor potencial de crecimiento del país y, de haber consolidado una vocación pro inversión y desarrollado, los cuatro grandes proyectos que estaban en marcha antes de la caída de los precios de los minerales, la pudieron haber convertir en la región más rica del Perú.

Lamentablemente, la penetración anti minera paralizó primero la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish y luego en el proyecto de Conga, que contaba con el favor de las comunidades de su área de influencia. Luego se cayeron los demás proyectos y se diluyó la posibilidad de construir el ferrocarril a la costa.

En ese ambiente se enseñorearon los activistas anti mineros, llegando a establecer el terror como arma de presión política. Ver en Lampadia: Stalinismo en Cajamarca (enero de 2013).  Este violento proceso pasó mayormente desapercibido en Lima, pues además de amedrentar a la prensa local, se amenazó a los corresponsales de la prensa nacional, que no pudo reportar la consolidación de las afrentas contra la inversión privada, que después se exportó a otras regiones del país. Para esto, el gobierno nacional había perdido autoridad moral con “el oro no se come” y las empresas mineras ni su gremio, fueron capaces de contrarrestar la ola que, sin el conocimiento de la ciudadanía, pretendía imponer las absurdas ideas del pos-extractivismo que Lampadia identificó más adelante. Ver: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento.

Mientras tanto, al sur del Perú se consolidaba la inversión minera más importante de la historia del país, el Proyecto de Las Bambas. Un proyecto que había dormido por 40 o más años y que en los 80s fue objeto de una oferta de inversión de un grupo minero internacional con operaciones en el Perú, por US$ 1,000 millones con un 20% libre para el Estado. Pero, al igual que una oferta similar por Antamina, hecha un año después, fue rechazada por el segundo gobierno de Belaunde.

Evidentemente, el desarrollo de Las Bambas, se benefició de las experiencias previas, se negoció un adelanto de canon, en línea con lo que el partido de PPK llama ahora ‘adelanto social’ y, los anti mineros llegaron cuando el proyecto ya estaba en las fases finales de desarrollo.

Aún así, pusieron en agenda su oposición al mineroducto que iba hasta la planta de molibdeno a construirse en Espinar (Cusco). Ver: Mineroducto Las Bambas.  

Lo curioso es que, aunque no debiera llamar la atención, el mismo Cooperaccion, que criticó el mineroducto, pretendió descalificar el proyecto, cuando se dejó de lado la planta en Espinar y el tubo para el mineral.

A pesar de todo, el proyecto pudo ir adelante iniciando sus embarques de exportación desde las nuevas facilidades de Tisur en Matarani en enero del presente. Medio año después, la producción de cobre de Las Bambas llegó a 86,000 TMF, alcanzó el 9.4% del total nacional y desplazó del cuarto puesto a Moquegua.

Este resultado se enmarca en una cierta recuperación de la economía, que se debe, fundamentalmente, al crecimiento de la producción minera. En 2015, Apurímac fue la región de mayor crecimiento, exceptuando a Madre de Dios, que está muy influido por la producción ilegal de oro. Ver el ICAE 2015 del IPE:

Pero lo más importante para el entendimiento de las relaciones causa-efecto por parte de los ciudadanos, es comparar los resultados de la reducción de la pobreza en Apurímac y Cajamarca, como lo hizo con destreza, hace unos días, José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría. Veamos el cuadro resumen que presentó en el SAE de mayo pasado y su artículo de El Comercio, bajo el título: La historia de dos regiones.  

La historia de dos regiones: Apurímac versus Cajamarca

José Carlos Saavedra

Director de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría

22 de mayo, 2016

El Comercio

Glosado por Lampadia

Entre el 2011 y el 2015 la pobreza en Apurímac disminuyó 18 puntos básicos, mientras que en Cajamarca se estancó.

¿Qué factores explican esta situación?

Hace unas semanas, el INEI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2015, la más valiosa y completa fuente de información pública para entender la evolución de los indicadores sociales en el Perú. Los resultados de este estudio muestran diferencias importantes en la reducción de la pobreza entre Apurímac y Cajamarca. La historia de estas dos regiones es útil para ilustrar la importancia del crecimiento económico en la mejora de las condiciones de vida de la población.

Apurímac ha sido una de las regiones del Perú con mayor reducción de la pobreza en los últimos cinco años. El porcentaje de pobres en esta región pasó de 57% de la población a 39% entre el 2011 y el 2015. En contraste, en Cajamarca la pobreza prácticamente se estancó durante el mismo periodo y se mantuvo por encima de 50%. Así, el año pasado, Cajamarca se consolidó como la región más pobre del país. Apurímac –que tiene un tercio de la población de Cajamarca– logró sacar a más personas de la pobreza que la región del norte.

¿Qué explica esta importante diferencia? Un primer candidato podría ser que el crecimiento de los programas sociales fue más fuerte en Apurímac. Sin embargo, en los últimos años, las transferencias de Juntos y Pensión 65 por habitante han crecido a tasas similares en ambas regiones. La explicación no viene por ahí.

En realidad, la principal explicación de las diferencias entre estas dos regiones es la dinámica de la inversión. En Apurímac, el flujo de inversión pública y privada creció 20% en promedio cada año entre el 2012 y el 2015, debido, principalmente, al inicio de construcción del megaproyecto minero Las Bambas. Este proyecto demandó una inversión total de US$ 7,000 millones, equivalente a nueve veces el PBI de Apurímac en el 2011. Además, producto de un acuerdo entre el gobierno nacional, regional y la empresa minera, se adelantaron las transferencias por canon minero, lo cual permitió financiar el crecimiento de las obras de infraestructura pública en la región. En contraste, en Cajamarca la inversión pública y privada cayó 20% en promedio cada año durante el mismo período, sobre todo por la paralización de grandes proyectos de inversión minera. Adicionalmente, la inversión pública se vio afectada por la caída del canon, producto de la menor producción de las minas existentes y del ajuste en los precios de los metales.

A su vez, el desempeño diferenciado de la inversión impactó en la creación de empleo y crecimiento de los ingresos en ambas regiones. El fuerte dinamismo de la inversión permitió que en Apurímac el empleo dependiente aumente en 50% y que los salarios crezcan 30% en términos reales entre el 2011 y el 2015. En Cajamarca, en cambio, el empleo dependiente se contrajo y los salarios reales se estancaron durante el mismo periodo.

La historia de estas dos regiones muestra claramente la importancia del crecimiento de la inversión y del empleo de calidad para mejorar las condiciones de vida de la población. Esta es una lección para quienes suelen “ningunear” la importancia del crecimiento económico.

Lampadia

Hace unos días se publicó el Informe de Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE), consolidado al 2015, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). Muestra que la región que más creció en el segundo trimestre del 2015 fue Madre de Dios, al reportar un incremento de 25.1%, muy por encima del promedio nacional. Le siguen Apurímac y Junín, regiones que reportaron un crecimiento de 12.2% y 12.0%, respectivamente. La primera, fundamentalmente por la minería ilegal y las dos siguientes, por la minería moderna y formal.

La actividad económica de Madre de Dios se vio fuertemente impulsada por el incremento de la producción de oro (58.3%) y la producción agrícola (16.3%). Según el IPE, “la mayor producción de oro responde al incremento de la actividad minera informal, pese al esfuerzo del gobierno por formalizarla y erradicar las actividades ilegales”. El informe detalla que el crecimiento reportado responde a las “menores interdicciones a la minería ilegal en la región, que permitió la recuperación de la producción de oro (160.6%)”. Por otro lado, la mayor producción agrícola se explica por mayores cultivos de maíz amarillo duro (35.3%) y papaya (89.5%).

Recordemos que Madre de Dios fue la región que más cayó durante el 2014, al reportar un decrecimiento de 13.5%. “Cuando hay una fuerte actividad de interdicción, la producción de oro ilegal cae y eso también afecta la producción de oro de Madre de Dios”, explica Víctor Fuentes, economista del IPE.

El segundo mayor crecimiento del ICAE es de la región Apurímac, la cual experimentó un crecimiento de 12.2%. Esto se debió principalmente al fuerte incremento de la producción minera, impulsado por el inicio de la producción del proyecto Las Bambas (en diciembre) y por el inicio de operaciones del proyecto Anama (en marzo). 

El proyecto Las Bambas cuenta con reservas minerales de 7,2 millones de toneladas de cobre. Se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado en sus primeros cinco años. Se estima que la vida de Las Bambas será mayor a 20 años, dado que su potencial de exploración es considerable, y que solo el 10% de la propiedad otorgada en concesión se ha explorado hasta el momento. Ver en Lampadia: La encrucijada de Las Bambas es también la del Perú.

La tercera región con el mayor crecimiento fue Junín, con 12.0%. Este resultado también es consecuencia de un fuerte incremento de la producción minera (59.9%), ya que Toromocho se encuentra en su etapa de consolidación y la producción de cobre creció 139.3%. También hubo un incremento en el sector agrícola (7.9%), gracias a un mayor cultivo de café (30.0%) y cacao (23.7%).

En general, en 2015, las regiones que más crecieron fueron las mineras (5.7%). Cusco, por ejemplo, obtuvo un buen resultado de 7.5% gracias a  la consolidación de las operaciones de la mina Constancia. En el caso de Arequipa, la región creció 2.9% por el inicio de operaciones de la ampliación de Cerro Verde. También  Tacna obtuvo un resultado de 7.1% por una mayor producción minera (10.5%). Además, es importante notar que Moquegua creció 1.7%, especialmente gracias a una mayor actividad manufacturera impulsada por la refinación y fundición de cobre que se incrementaron en 6.9% y 4.2%, respectivamente.

Por otro lado, las regiones que menos crecieron fueron Huancavelica (-3.1%), su primer crecimiento negativo luego de 7 años, San Martín (-1.2%) y La libertad (-0.8). En el primer caso, se debe a una disminución de la producción minera (-6.5%) por la caída en la producción de cobre (-4.2%) y plata (-6.8%). En San Martin fue por la desaceleración de la actividad agrícola (1.8) y en La Libertad por una caída del sector agrícola, específicamente por menores cultivos de espárragos (4.5%) y páprika (65.0%).

El principal componente del crecimiento de la economía es la inversión privada, especialmente en minería. El Perú es un reconocido productor mundial de cobre, oro, plata y zinc. La minería genera normalmente el 60% de los ingresos por exportación, con solo el 7%  del PBI. Para poder retomar nuestra competitividad y reanudar el alto crecimiento que nos consagró como ‘La estrella de América Latina’, se tienen que tomar medidas de inmediato.

Sin embargo, en los últimos años se ha fomentado una serie de mitos anti mineros (que contamina, que se gasta el agua, que exporta piedras, que no se puede hacer minería en las cabeceras de cuenca, etc.). Además, de facto y paulatinamente, se instaló un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales, que además del empoderamiento de las autoridades regionales y municipales con capacidades discrecionales absolutas (con el dinero del canon en sus manos, pensaron que no necesitaban al sector privado y actuaron como si los ciudadanos individuales y las empresas fueran sus enemigos). Todo esto, la parálisis de la inversión minera y sus efectos multiplicadores, terminaron desacelerando a una de las economías más dinámicas del mundo, nuestro Perú. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Lamentablemente, desde el 2011 hemos parado el principal motor de la economía peruana, ya sea alentando mitos como “Agua sí, Oro no”, permitiendo los desbordes de los grupos anti mineros y multiplicando la normatividad que se ha convertido en una trampa imposible de superar. Así hemos perdido inversiones de más de US$ 22,000 millones en lo que va de este régimen. Ver en el siguiente cuadro los datos que presentó Julio Velarde, el Presidente del Banco Central de Reserva en Perumín sobre la tramitología minera:

Contamos con un sector que aporta un gran valor agregado a la economía, generando miles de millones de dólares de exportaciones. Pongamos en valor los recursos mineros que tenemos el privilegio de tener y actuemos en pro del desarrollo integral, duradero y sostenible. Lampadia        

El análisis mediático lleva a concluir que los resultados de las elecciones regionales han sido más de lo mismo, que los ciudadanos han elegido a personajes inadecuados y nada idóneos para los cargos que ocuparán. Sin embargo, si se observa con cuidado se puede ver que existen algunas excepciones a la regla que son más bien una grata sorpresa. Nos referimos concretamente a la elección de Fernando Cillóniz en Ica y la derrota del favorito (radical) Aduviri en Puno.

La cara opuesta, la de siempre, es sin duda, el triunfo de Waldo Ríos en Ancash a pesar de estar inhabilitado judicialmente para ejercer cargos públicos. Ríos no ha pagado aún  la reparación civil de un millón de soles que le impuso el Poder Judicial al habérsele condenado a cuatro años de prisión suspendida por haber recibido dinero de Montesinos cuando era congresista de la República por el FIM.

Lo bueno

La elección de Cillóniz en Ica con el 53.74 % de los votos, es sumamente interesante. Una luz en medio de la mediocridad. Presidente de la Consultora Inform@ción, es un empresario exitoso y que representa a los ejecutivos modernos y comprometidos. De hecho, su presencia en la justa electoral demuestra su compromiso con el Perú y su región, algo que debiera ser imitado por más empresarios.

Lo interesantes es que el mensaje pro-inversión y desarrollo de Cillóniz ha sido aceptado por los iqueños, una de las regiones que más se ha desarrollado en las últimas décadas gracias al impulso de la agroexportación. Un sector que ha crecido permitiendo que el empleo, los ingresos y por ende las condiciones sociales del departamento tengan una mejora significativa. La elección del candidato de Fuerza Popular demostraría que se empieza a entender (porque lo han vivido) que la inversión privada y la empresa genera bienestar. Un triunfo, entonces para resaltar y que refleja el hambre de modernidad de los peruanos. Su gestión, que promete ser exitosa, le hará mucho bien a la política peruana.

Lo malo

La elección de Ríos es una prueba más de que no es la gente la que elige mal, sino el sistema. Son las leyes y las instituciones electorales las que colocan a la ciudadanía en la encrucijada de escoger entre lo malo y lo peor. No es que los peruanos “elijamos al que roba, pero hace obra”, sino que el sistema electoral permite que los menos indicados postulen y puedan ser elegidos. Sí Ríos debía esa cantidad de dinero debió ser prohibido de postular, pero el Jurado Nacional le permitió que lo hiciera. Ahora, con total desfachatez, ha señalado que organizará una Teletón para obtener el millón de soles que debe al Estado.

Esta situación es más dramática porque se da justamente en Áncash, una región próspera que cuenta con ingentes recursos provenientes del canon minero y que, por si fuera poco, cuenta con el puerto pesquero e industrial más importante del país: Chimbote. Pero especialmente, porque en este departamento se ha producido uno de los esquemas de corrupción más impactantes de los últimos tiempos, en el que la degradación de los políticos llegó al asesinato de sus opositores. Un sistema brutal y mafioso que se orquestó con la única finalidad de saquear las arcas públicas.

Es en Huaraz, la capital regional, en la que tres de los casos anticorrupción más emblemáticos del momento se entrecruzan. El expediente sobre la llamada Centralita, incluye como encausados nada menos que al hoy preso presidente regional, César Álvarez (apodado “la Bestia”), Rodolfo Orellana y Martín Belaúnde Lossio.

Dado los hechos de corrupción recientes en las regiones, los partidos políticos debieron tener el doble de cuidado y unir fuerzas para que este abusado pueblo tuviera las mejores opciones electorales. Incluso pudieron realizar un pacto para que la Ley y el Orden se reimpongan y los ancashinos tengan autoridades idóneas en el gobierno regional, presidente y consejeros.

Contrastes entre Ica y Ancash

Ambas regiones que se han visto favorecidas por el crecimiento, y tienen casi el mismo PBI, pero desde el 2001 Ica casi lo ha triplicado, mientras que Áncash lo incrementó en solo un 50% adicional. El PBI per cápita del Sur chico se duplicó en una década, mientras que el departamento norteño, solo creció en 50%, cómo puede apreciarse en los cuadros superiores. En empleabilidad si están parejos con 97% (ver más abajo).

Estas diferencias pueden explicar, parcialmente, porque los electores iqueños han sido más sensatos y hayan entendido mejor que su bienestar actual se debe a la inversión y a la producción. En Ica se ha tenido pleno empleo y los recursos para el desarrollo provinieron directamente del sector privado. En cambio, en Ancash, cómo en Cajamarca, el canon, originado en la actividad privada (minería) llegaba a las urnas públicas locales desde el gobierno central, que muchas veces se asumía como recurso propio, obtenido sin esfuerzo y de libre disposición.

Comentarios adicionales

Fuerza Popular, el único partido nacional que ha ganado en tres regiones muy importantes:  San Martín con Víctor Noriega; Cerro de Pasco con Teódulo Quispe, quien venció al encarcelado por corrupción, Kléver Meléndez; e Ica con el empresario progresista, en el buen sentido de la palabra, Fernando Cillóniz. Un reconocimiento al esfuerzo y silenciosa laboriosidad de Keiko Fujimori. Sin embargo, también, llama negativamente la atención, la selección de otros candidatos naranjas, como el de Cajamarca que perdió contra el presunto delincuente y seguidor de las violaciones de la escuela estalinista, Santos, ver en Lampadia: La libertad secuestrada por el miedo – Stalinismo en Cajamarca.

En ese mismo sentido, se puede rescatar la cordura de los puneños y apurimeños, que castigaron en las urnas a los radicales Walter Aduviri y Michel Martínez, respectivamente. Una buena señal, que demostraría que los peruanos se empiezan a alejar de este tipo de personajes.  

Paradigmático, además, que en Madre de Dios gane un minero ilegal como Luis Otsuka, y que ninguna de las  organizaciones ambientalistas que participan en la COP20, haya hecho algún pronunciamiento al respecto.

En Arequipa, ganó Yamila Osorio, una abogada de 28 años que sucede al fracasado caudillo local Guillén, quien se retira de la política con serias acusaciones de corrupción. La joven Osorio tendrá que desprenderse pronto de su sombra y es de esperarse que su frescura le aporte oídos bien grandes y una mente abierta para construir una carrera política exitosa y de largo plazo. 

Aunque el exasperado caos político actual impide que se debatan con seriedad las reformas de la Ley Electoral y del sistema de partidos, así como la conformación de las regiones, tenemos que insistir que los cambios son cada vez más urgentes, para que más peruanos como Cillóniz  asuman el reto del gobierno de la cosa pública. Lampadia