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APP entrega apoyo a cambio de nada

APP entrega apoyo a cambio de nada

Eliminar la incertidumbre generaría mucho más empleo que los bonos, a costo cero

Jaime de Althaus
Para Lampadia

¿Cuál fue el propósito del breve mensaje a la nación del Presidente de la República del día lunes? Fueron dos.

  • El primero, tratar de llenar el vacío de liderazgo que le caracteriza, recordándole al país que él existe y gobierna. Por eso, comenzó su alocución asegurando que tiene un rumbo: “tenemos los objetivos y las metas claras… En los próximos días cada sector del gobierno presentará el detalle calendarizado de sus prioridades… Con ello se confirmará que tenemos un rumbo definido…”.
  • El segundo propósito, el más importante, fue aparecer como el gran dador, el padre providente, evidentemente para contener la caída en su popularidad. Anunció que el 13 de setiembre se inicia la distribución de 350 soles a 14 millones de personas a un costo de 5 mil millones de soles. En las circunstancias actuales, esta es una medida populista o clientelista. Como bien señaló el ex ministro de Economía Waldo Mendoza el 30 de abril, ya no se necesita repartir bonos porque “ya no tenemos cuarentena completa”, y porque no tienen efecto duradero.

Quizá por eso el presidente Castillo justificó la medida con otra razón: como un medio para reactivar la economía. Dijo que la distribución de los bonos generará 40 mil empleos, algo que solo sería acaso posible si se repitiera ese reparto cada mes o cada dos semanas. De lo contrario el efecto desaparece.

En realidad, bastaría con que el Presidente suprima las causas de la incertidumbre política reinante para que se reanude la inversión privada y se genere, por esa vía mucho más que 40 mil empleos, y sin que le cueste un centavo al erario público. Para ello, basta con que anuncie que no apoya el proyecto de una asamblea constituyente y conforme un gabinete más calificado y menos radical, sacando a todos los ministros filo senderistas y a los incompetentes. Eso, como decimos, cuesta cero soles. 

Sobre esa base el Presidente podría establecer acuerdos de gobernabilidad con las bancadas de centro y centro izquierda, neutralizando así la amenaza de vacancia a la que se sumaría Perú Libre si se sintiera traicionado por el eventual giro político de Castillo hacia una posición más moderada y menos confrontacional.

El problema es que César Acuña y Eduardo Salhuana de APP se reunieron ayer con Castillo para prácticamente regalar su apoyo. Es cierto que pidieron el cambio de los ministros intolerables y, según Eduardo Salhuana, le advirtieron al Presidente que la iniciativa de la asamblea constituyente afecta a su gobierno y lo desestabiliza, pero no condicionaron el apoyo a una reconsideración sustancial en esos temas. No tiene sentido ofrecer apoyo si no es a cambio de que abandone esos proyectos y juntas. Lo que está haciendo APP es apoyar un gobierno que quiere instalar una asamblea constituyente -que ya sabemos para qué sirve- y que tiene dentro elementos derivados del senderismo. APP no está defendiendo a la sociedad con esa conducta. Nos está entregando.

Se trata de suprimir la incertidumbre para retomar la tranquilidad y el crecimiento. Pues la verdadera razón del gobierno para repartir bonos es paliar el alza de precios o la falta de empleo generados por esa misma incertidumbre y generar así una base social clientelista y agradecida al gobierno. Como hemos señalado, es el mismo perverso mecanismo que usaron Chávez y Maduro: empobrecer el país para generar una masa dependiente de las dádivas del gobierno.

El Congreso no puede entregarse tan fácilmente. Porque entrega a la sociedad toda. Lampadia




¿Cómo reformar el Sistema de Control?

¿Cómo reformar el Sistema de Control?

 

Milagros Maraví
Para Lampadia

Existen muchas tareas pendientes para mejorar la gestión pública en Perú. Sus carencias impiden contar con un aparato gubernamental eficiente que la población reclama, tanto a nivel nacional, como regional o local.

Un tema que incide profundamente en la mala gestión pública es el actual sistema de control gubernamental, que paraliza a los funcionarios ante acciones de control que cuestionan su actuación más allá de lo legal y razonable.

Sólo a manera ilustrativa de lo que viene ocurriendo, como han difundido recientemente VIDENZA[1], el 89% de las opiniones de la Contraloría General de la República (CGR) sobre proyectos de APP son sobre aspectos técnicos o costos de los proyectos.

Aunque la Constitución Política de 1993 ha limitado el control gubernamental a uno de legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control lo amplía a un control de gestión.

La Ley del Sistema Nacional de Control prohíbe cuestionar el ejercicio de facultades discrecionales “por el solo hecho de tener una opinión distinta” y precisa que “Tales decisiones solo pueden observarse si fueron tomadas sin una consideración adecuada de los hechos o riesgos en el momento oportuno, o por los resultados logrados según los objetivos y metas planteados, o cuando, en los casos que la normativa permita varias interpretaciones, la decisión se aparte de la interpretación adoptada por el órgano rector competente en la materia”[2]. Sin embargo, la injerencia en temas discrecionales es frecuente y sin parámetros predecibles.

Además, a pesar de que la Constitución de 1993 no le otorga competencia sancionadora a la CGR sino básicamente supervisora, en la actualidad cuenta con dicha facultad habilitada por una Ley[3] que, ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional el año 2018 en una sentencia que declaró infundada en parte la demanda contra diversos artículos de la norma que otorga competencia sancionadora a la CGR[4]. A partir de entonces, la CGR reclama la tipificación legal de las infracciones que le tocaría sancionar con una urgencia extrema, como si fuera parte vital de la lucha anticorrupción.

A este respecto, es conveniente reflexionar sobre esta competencia de la CGR que, como hemos explicado, no proviene del texto Constitucional y, de hecho, como expone el Magistrado Blume Fortini “(…) es evidente que una interpretación como la mencionada, que atribuye potestades sancionatorias a la CGR, no puede ser considerada válida en tanto no contribuye a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí, sino todo lo contrario, genera tensiones entre órganos del Estado, pues afecta sus competencias y su autonomía”.

En ese sentido, sería coherente, en lugar de proceder a esa tipificación, retirar la facultad sancionadora de la CGR que opera solo respecto de responsabilidad administrativa y su eliminación deja perfectamente subsistente la responsabilidad disciplinaria, civil y penal de los funcionarios públicos. 

El Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú[5] constata que “El régimen disciplinario administrativo aplicable a la mayoría de los servidores civiles y empleados públicos peruanos consiste en dos sistemas que coexisten: el régimen administrativo disciplinario regulado por la Ley de SERVIR y el régimen administrativo funcional instituido por la CGR. Esto plantea varios riesgos para la eficacia y la equidad procesal del mecanismo de aplicación general para irregularidades y corrupción, ya que una sola falta cometida pro un servidor público, puede ser atendida por ambos regímenes”.

La OCDE recomienda “avanzar hacia un régimen disciplinario con un único inventario de infracciones y sanciones”, lo cual nos debe llevar a reforzar el régimen disciplinario a cargo de SERVIR.

Por otro lado, en materia sancionadora es recomendable no tipificar como infracción administrativa lo que es un ilícito penal y eso no se cumple en Perú. De hecho, la exposición de motivos del proyecto de la CGR para tipificar sus infracciones se refiere a la urgencia de su aprobación para evitar impunidad. Sin embargo, los casos a los que alude tienen todos carácter penal y ya están en investigación.

La lucha contra la corrupción e impunidad no depende de la facultad sancionadora de la CGR, sino del sistema de justicia. No es admisible que las investigaciones penales del Ministerio Público duren tantos años. Eso no solo genera impunidad, sino que mancha la gestión pública al mantener investigados y alejar de la gestión pública a funcionarios públicos inocentes y no deslindando responsabilidad y sancionando a quien corresponde. No solo afecta a estos, sino a los actuales que se ven en ese espejo. Del mismo modo, al no definir la situación jurídica de las personas naturales o jurídicas privadas involucradas en las investigaciones, mantienen una desconfianza general sobre el sector privado, en lugar de sancionar a los corruptos y reivindicar a las empresas que pueden seguir contratando con el Estado. La explicación de esta situación puede estar en lo recientemente afirmado en “The Economist” con respecto a la suerte de la investigación de Lava jato en Perú cuando expresa que “En Perú, los fiscales avanzaron más, pero todavía no han culminado ninguna investigación. Al dirigir su investigación a ciertas personas, parecen tener motivaciones políticas”[6].

En conclusión, corresponde que el Congreso de la República precise claramente los límites del control de legalidad a cargo de la CGR y el Sistema Nacional de Control. El control de gestión es responsabilidad de los entes rectores de cada sistema administrativo y funcional y no de la CGR. Asimismo, debería retirar la competencia sancionadora de esta entidad. Finalmente, se debe exigir objetividad y resultados de las investigaciones penales anti corrupción. Lampadia

[2] Disp. Comp. Final de la Ley 29622, Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR

[3] Subcapítulo incorporado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29622, publicada el 07 diciembre 2010

[4] Expediente 0020-2015-PITC.

[5] https://www.oecd.org/gov/ethics/peru-estudio-integridad-folleto.pdf

[6] DIARIO GESTIÓN Martes 2 de marzo de 2021 p. 10.




Lecciones para impulsar la inversión pública

Lecciones para impulsar la inversión pública

La inversión pública se ha tornado un componente importante en los planes de reactivación de los gobiernos para paliar los efectos de la pandemia.  Sin embargo, a diferencia de otros componentes del gasto como el consumo o la inversión privada, la inversión pública cuenta con varias particularidades que hacen que su impulso a veces no logre los cometidos deseados, redundando por ejemplo en infraestructuras de uso público no necesaria dadas las brechas y potencialidades del país, ineficiencia reflejada en excesivos sobrecostos o corrupción. Todo ello, sin considerar la lenta ejecución en todos los niveles de gobierno que en nuestro país supone un problema histórico y estructural que atrasa su cierre de brechas sociales y de infraestructura.

En un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo, el popular medio británico recomienda, a la luz de las buenas prácticas internacionales, un par de políticas que permitirían reducir estos errores en la implementación de la inversión pública.

SI bien recientemente, el Perú ha cumplido nominalmente con una de ellas, que es la selección de una cartera de inversiones de alto impacto en la productividad y competitividad en el corto plazo, que además toma en cuenta las externalidades positivas y potencialidades en las regiones que interviene – el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad – la ejecución de esta cartera ha sido mínima – sería del 3.3%, desde que se estipuló en el 2019, según el Consejo Privado de Competitividad. Si bien la pandemia ralentizó sobremanera los procesos de adjudicación de por lo menos 21 obras (de un total de 52), sí hay razones para pensar que el gobierno no está poniendo el suficiente impulso al respecto pues varios megaproyectos en ejecución de esta cartera se encuentran paralizados.  Tal es el caso de Chavimochic III y Majes Siguas II, por ejemplo, ambas APP que se encuentran trabadas desde hace más de 4 años y cuya contribución sobrepasa los S/. 3,000 millones, para no mencionar los múltiples casos de retrasos mayúsculos y sobrecostos de la mayoría de obras previas al anuncio del último plan.

Y ello está atado a la segunda recomendación de The Economist, que creemos que el Estado peruano no logra entender todavía, que es la de aprovechar la participación del sector empresarial e impulsar las APP y otro modelos de cofinanciamiento privado, que al ser mejor administrados y de mayor envergadura, tienen mejores prospectos en el logro de los objetivos de cierre de brechas y generación de empleo.

Saludamos que en esta coyuntura económica tan difícil en nuestro país la inversión pública pareciera que por fin ha cambiado su tendencia y ha empezado a reportar tasas de crecimiento positivas interanuales en los meses de octubre (6.6%), noviembre (28.4%) y diciembre (36.8%), después de estar en rojo casi todo el año. Sin embargo, si el gobierno de transición quiere realmente generar el mayor crecimiento en el menor tiempo posible, debe concentrar sus esfuerzos en destrabar los grandes megaproyectos de infraestructuras como los anteriormente mencionados y también los mineros como Tía María y Conga, pues su mismo alcance y articulación con otros sectores productivos podrían generar un quiebre positivo en la economía peruana que es lo que necesitamos a gritos este año, tras todo lo perdido en el 2020. Lampadia

Inversión pública
Cómo conseguir la infraestructura adecuada

Todos los países quieren construir más puentes, carreteras y redes de energía renovable. No será fácil

The Economist
2 de enero, 2021
Traducida y comentada por Lampadia

En 1916, Cincinnati decidió construir un nuevo y magnífico sistema de metro. Después de décadas de errores, fue abandonado en 1948, y hoy hay dos millas de túneles debajo de la ciudad que nunca se han utilizado. Ese cuento con moraleja sigue siendo relevante. Los políticos de todo el mundo están pidiendo más gasto en infraestructura. Sin embargo, pocas industrias tienen un historial peor de llegar a tiempo y dentro del presupuesto. Para que el auge incipiente produzca mejores resultados, los gobiernos y las empresas deben aprender a adoptar las mejores prácticas de todo el mundo.

La mayoría de los países han promulgado planes de estímulo a corto plazo para hacer frente a la pandemia. El 27 de diciembre, el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley de gastos de 900,000 millones de dólares. Pero también hay ganas de darse un atracón de infraestructura. Joe Biden quiere gastar US$ 2 trillones en carreteras, redes eléctricas y ferrocarriles, y espera obtener el apoyo de ambos partidos para sus planes. La Unión Europea acaba de aprobar un presupuesto de 1.8 trillones de euros (2.2 trillones de dólares), una parte del cual es para inversiones digitales y energéticas.

El enamoramiento de la nueva infraestructura es comprensible. La inversión pública y privada se han estancado en un 3-4% del PBI en todo el mundo. Eso es muy poco para mantener activos viejos en los países desarrollados (un tercio de los puentes estadounidenses están chirriantes) o para proporcionar suficiente agua limpia y electricidad en el mundo emergente. Las bajas tasas de interés significan que el financiamiento es barato y muchos economistas piensan que la recuperación de la inversión en infraestructura es atractiva. Mientras tanto, el cambio climático y la digitalización de la economía están creando una gran demanda de conectividad y sistemas de energía renovable, incluidas las redes 5G.

En la práctica, sin embargo, el historial de la infraestructura está tan lleno de baches como una autopista de Mumbai. Los sobrecostos a menudo superan el 25%. Dos tercios de los casos de soborno extranjero involucran acuerdos de infraestructura. China gasta más que nadie, pero quizás la mitad de sus inversiones han destruido el valor económico. India tuvo un auge en la década de 2000 que terminó en un fango de deudas. Incluso Alemania lucha por hacerlo bien. Todo esto refleja algunos problemas subyacentes profundos. La mayoría de los proyectos tienen un horizonte temporal más allá del de los políticos y los votantes. A menudo son únicos en su clase: China solo tiene Tres Gargantas para represar, no seis. Y los beneficios económicos completos creados por una carretera, por ejemplo, no son capturados por la organización que la paga.

Sin embargo, la amarga experiencia sugiere al menos dos lecciones universales. En primer lugar, los gobiernos deben seleccionar proyectos de manera sistemática creando una lista única y eligiendo aquellos con mayor rentabilidad. Esta evaluación debe tener en cuenta las externalidades, incluido el impacto en las emisiones de carbono, y los retrasos, que son una gran fuente de sobrecostos. Y debe ser realizado por organismos que sean independientes de aquellos que construyen y administran activos. A menudo, los proyectos seleccionados no serán los nuevos y relucientes templos en los que a los políticos les gustan sus nombres, sino humildes reparaciones y mantenimiento.

La segunda lección es aprovechar el sector privado. No solo es una fuente de capital —los fondos de infraestructura global tienen más de US$ 200,000 millones esperando ser desplegados— sino que los proyectos con inversionistas privados también tienden a administrarse mejor. Eso significa desarrollar contratos estandarizados y reguladores independientes que protejan a los contribuyentes, pero también brinden a los inversionistas una certeza razonable de un rendimiento adecuado.

Ambas lecciones pueden parecer obvias. Algunos lugares, como Chile y Noruega, tienen la infraestructura adecuada. Pero más de la mitad de los países encuestados por el FMI no mantienen una cartera nacional de proyectos. Y en la mayoría de los casos, el registro es asombrosamente errático. EEUU está derrochando 5G pero tiene aeropuertos miserables y muy poca energía renovable. Europa tiene aeropuertos y parques eólicos brillantes, pero está en la edad de piedra con el 5G. La infraestructura es una de las últimas industrias locales que quedan donde todavía se pueden obtener ganancias fáciles copiando a otras en todo el mundo. Si compara la inversión pública en más de 100 países, la adopción de las mejores prácticas podría hacer que el gasto sea un 33% más eficiente. El premio es enorme. No espere un metro en Cincinnati. Lampadia




Concesionar logística en el MINSA para que pacientes se lleven sus medicamentos gratis

Concesionar logística en el MINSA para que pacientes se lleven sus medicamentos gratis

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Un indicador clave para establecer la eficiencia de un sistema de salud pública y la medida en que proporciona bienestar, es el porcentaje de pacientes que se lleva todos sus medicamentos gratis.

  • Según la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2014, el 52% de los pacientes del SIS no encontraron los medicamentos recetados, sea porque no había en farmacia pese a que el SIS sí los cubre (35,1%), sea porque el SIS no los cubre (16,8%).
  • Según la encuesta de Susalud del 2016, solo un 60% de los pacientes recibió sus medicamentos completos en los establecimientos del MINSA.

La consecuencia es el elevado gasto de bolsillo de los peruanos en la compra de medicinas, que llega al 40% del mercado.

Pero esa elevada brecha de entrega de medicamentos contrasta con los números de Essalud en Lima, donde un 95% de los asegurados se lleva de manera gratuita todos los medicamentos que les recetan.[1]

¿Cuál fue el secreto de Essalud en Lima? Pues haber contratado con una Asociación Público Privada (APP), SALOG, que desde hace 10 años se encarga de la distribución de medicamentos en virtud de un contrato que establece 12 indicadores de funcionamiento y 166 puntos de penalidad. Es decir, si no cumple con las metas e indicadores establecidos, la empresa recibe penalidades económicas. Por ello alcanza altos niveles de satisfacción. Eso, por supuesto, no ocurre con CENARES, la unidad logística del Ministerio de salud encargada de adquirir y distribuir medicamentos. CENARES no recibe ninguna penalidad por incumplimiento de metas e indicadores, que tampoco existen.

Una evaluación externa[2] realizada por Videnza Consultores encontró altos niveles de abastecimiento en los almacenes y farmacias de los hospitales de tres redes de Essalud (ver siguiente cuadro). No se llega al 100% por falta de stock en el almacén central de Essalud, que es la que compra los medicamentos según la demanda señalada por la APP.

¿Alguna evaluación similar se ha hecho a CENARES? Por supuesto que no. La pregunta cae de madura: ¿por qué Essalud no aprovechó la reciente renovación del contrato con SALOG por 10 años más para extender el servicio a provincias? ¿Y por qué el MINSA se propone ahora potenciar CENARES en lugar de optar por una APP que garantice una logística de medicamentos óptima?

Fiorella Molinelli, presidenta de Essalud, me explicó que no se pudo extender el contrato para cubrir provincias “porque se requiere nuevo concurso, pues la concesión es por área geográfica. Mi meta es tener operador logístico para todo el país y allí nada impide que SALOG se presente. El problema es que ProInversión no avanza nada. Estamos viendo cómo podemos hacerlo directamente sin pasar por ellos”.

Hicimos la misma pregunta al ministro de salud, Víctor Zamora, y al viceministro Víctor Bocángel, pero no obtuvimos respuesta.

Las ventajas de una APP no estriban solo en la exigibilidad del servicio bajo pena de multas o rescisión del contrato. Sino en su capacidad tecnológica. Rogerio Marcondes, gerente de SALOG, nos explica que su APP maneja, por ejemplo, una plataforma digital para calzar la demanda con la oferta en tiempo real (“just in time” en lugar de “just in case”), conectando las prescripciones médicas con el consumo efectivo y el stock existente. Es un sistema que optimiza los recursos. A partir de un estudio hecho por la Universidad de Berkeley e Innovations for Poverty Action (IPA) para tres redes de Essalud en Lima,[3] se puede estimar un ahorro de 100 millones de soles de ahorro en medicamentos por año en Lima.

Marcondes nos informa que, además, en la pandemia SALOG ha tenido la capacidad de ampliar la cobertura de algunos servicios. Por ejemplo, darle impulso al programa de atención domiciliaria (PADOMI) llevándoles medicamentos a los asegurados a sus casas, pasando de 22 mil pacientes a 40 mil. Antes esas personas tenían que ir a una farmacia de Essalud, y en ocasiones no podían siquiera desplazarse. Y dado que, con la pandemia, muchos establecimientos de Essalud se cerraron, tuvieron que potenciar el programa Farmacias Vecinas, por el cual los pacientes con enfermedades crónicas que reciben su receta llaman a una central operada por SALOG, que les indica en qué farmacia privada cercana a su casa pueden recoger sus medicinas. SALOG lleva los medicamentos a la farmacia. En un año han pasado de 4 mil a 30 mil pacientes. Tienen 200 puntos de entrega (farmacias) en Lima.

Además “hemos enviado 400 toneladas de medicamentos a provincias, entregándolas debidamente certificadas y embaladas, en el Grupo 8, pese a que esas localidades están fuera de nuestra área de concesión”, indica Marcondes.  

Tenemos que adoptar lo que funciona bien y descartar lo que no funciona. En el tema de la logística de medicamentos, vital para la salud y el bienestar de los peruanos, no se puede improvisar ni insistir en esquemas que han probado su ineficiencia y su alta vulnerabilidad a la corrupción. El Ministerio de salud tiene que concesionar –no la compra de medicamentos- pero si la logística de distribución y entrega a los pacientes. Para que todos se salgan del establecimiento con la receta completa de medicamentos gratis. Lampadia

[1] Esto según la plataforma integrada de SALOG, la empresa encargada de la logística de medicamentos.
[2] Estimación del costo beneficio de la Asociación Pública privada de Salog con Essalud. Encargado por Salog, realizado por Videnza Consultores
[3] Intervención en la Gestión de Recursos en Salud: Evidencia en Políticas de la Cadena de Suministros en EsSalud, Marzo 2018, Perú Autores: UC Berkeley: Paul Gertler, Kevin Feeney1 e IPA: Juan Hernández-Agramonte, Jorge Tipisman




El Perú con la App incorrecta

El Perú con la App incorrecta

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La empresa privada es la célula económica de toda sociedad. Allí se desarrolla y fructifica la otra gran fuerza motriz que es el trabajo. Ambas generan la riqueza, los tributos y la innovación. El ánimo de lucro y el trabajo, ensamblados en esta unidad nos proveen de bienes, servicios e innovación que a lo largo de siglos ni reyes, emperadores o burócratas del Estado contemporáneo hubieran podido proveer. La competencia entre ellas genera a su vez el bienestar social.

OCCIDENTE y la CHINA

Desde el siglo XVIII en adelante, occidente, siguiendo la terminología de Niall Ferguson, descargó la App correcta y liberó estas fuerzas de la economía desatando las ataduras de la sociedad de gremios, corporaciones, estamentos y privilegios que existía anteriormente, permitiendo que, en un escenario de libertad económica, respeto a la propiedad y al orden jurídico, occidente tome el liderazgo del mundo, dejando atrás a la China, que hasta entonces tenía el mayor PBI mundial.  Más de dos siglos después, a partir de los años 70 del siglo pasado, Deng Xiao Pin, entendió que la China tenía también que descargar la App correcta y liberó esas mismas fuerzas, permitiendo en lo económico (aunque no en lo político) que las empresas pasen a ser la célula económica de esa sociedad. Casi 50 años después, coronavirus al margen, la China ha recuperado la hegemonía económica mundial y sus empresas ya no solamente han permitido superar la miseria y hambruna de la revolución cultural de Mao, sino que hoy cotizan en las bolsas del mundo, le prestan al mundo y están en los cinco continentes en todos los sectores de la economía.

Las sociedades que en contra de la evidencia de la historia creen que el Estado es la célula económica de la sociedad, no cuentan en la economía global.

EL PERU y la App correcta

En el Perú, en los años 90, se liberaron las fuerzas empresariales avanzando en la reducción de las barreras mercantilistas que impedían la competencia en muchos sectores de la economía: telecomunicaciones, transporte, industria, banca, educación, entre otros. Se permitió el desarrollo de actividades que habían sido absorbidas por el Estado y en las cuales no existía inversión privada: minería, hidrocarburos, electricidad, etc. Se redujo el Estado limitando su intervención con reglas tan sencillas como la simplificación administrativa, la reducción de registros y licencias, la presunción de veracidad y el silencio administrativo que corrige el ocio de la burocracia. Todo esto mostraba a un país que aplicó la App correcta y que comenzó a borrar de su lenguaje económico a la hiperinflación, el déficit fiscal y que, a lo largo de 30 años fue reduciendo la pobreza y el subdesarrollo. Sólo los inmunes a la data podrían negar tal evidencia.

El Perú había decidido convertir a la empresa en su célula económica esencial y gozaba de los beneficios de esta decisión.

LA App SE COLGO

Sin embargo, al igual que sucede con las Apps que descargamos en los computadores o los teléfonos celulares, las Apps para que nos sirvan deben usarse y necesitan actualizaciones.

Con el pretexto de las actualizaciones de una App que el propio Toledo reconocía como valiosa, se fue abriendo paso al retorno del Estado durante su gobierno, aunque se avanzó también en la libertad económica con los tratados de libre comercio. La arcaica noción de justicia social de Alan García pudo más que su tardío convencimiento en los beneficios del libre mercado y sus compañeros comenzaron a tejer las ataduras en lo laboral, en lo ambiental y en lo cultural durante su administración, resurgiendo también el mercantilismo de los 80s con las empresas favorecidas por la “llamadita presidencial”.  Humala, aunque no descartó la App como le aconsejaban sus financistas de Caracas y Sao Paulo, la terminó de colgar porque en su procesador el Estado es la célula económica de la sociedad y no la empresa.

EL PERU QUERIA SU APP 2.0

En las elecciones del 2016 los peruanos le dijeron a su clase política que querían una App actualizada, una versión 2.0, qué de más prestaciones, más beneficios, que sea más amigable con el usuario. Y así votaron. Para el Congreso y para el Ejecutivo.

Sin embargo, ni PPK ni KF entendieron el mensaje y dejaron de lado la App y también el poder, curiosa paradoja, haciendo que quienes no creen en esta App y quieren al Estado como protagonista de nuestra economía tomen el mando. No hacía falta llamarlos, están allí, minando el Estado desde inicios de este siglo como asesores, directores generales, consultores, vice ministros, presidentes regionales, directores departamentales, directores de empresas estatales y ahora ministros.

El Perú nunca tuvo la App 2.0 por la que votó.

La PANDEMIA con la App incorrecta.

En los tiempos de PANDEMIA, no solamente hemos dejado de tener la App conectada y el Estado mediante Decretos de Urgencia, Estados de Emergencia, Cuarentenas, Aislamientos y Emergencias Sanitarias controla la vida política, social y económica del país, convirtiéndose en su célula metastásica omnipresente, sino que el tejido empresarial que queda, de todo tamaño, se halla bajo fuego abierto, ataque y amenaza constante de parte del propio Estado, sus aliados de turno y los enemigos de siempre.

  • Primero fueron los enemigos grandes, con los cuales funciona la falacia del enemigo, como las AFPs o los bancos, a quienes se puede atacar con la tasa de interés, las comisiones, la poca rentabilidad o mil razones en las cuales, dicha sea de paso, también ellas contribuyen.
  • Luego fueron las Grupos Económicos y su riqueza, siempre apetecida por el Estado y aquellos que lo fagocitan.
  • Siguió su gremio más representativo, al cual las inclinaciones reverenciales de su presidenta no le sirvieron para impedir el ataque sostenido de los agentes libres del gobierno o de los enemigos de siempre.
  • Siguieron las empresas mineras a quienes se satanizó por trabajar y traernos divisas en medio de la cuarentena o las telcos por mantenernos comunicados a través de call centers.
  • Luego fueron las farmacias (cuya concentración las hace vulnerables) por el precio de los genéricos incrementado por la excesiva demanda de los ciudadanos ansiosos. El show sobre esto ha sido velasquista, de los tiempos de Sinamos y la tarjeta de racionamiento de la leche, el azúcar y el arroz.
  • Después han sido los centros educativos privados cuya estructura de costos ha sido manoseada y a los que se les imponen precios y con lo cual se destruye la inversión privada en educación.
  • También lo han sido las empresas que en la parálisis tuvieron que ir a la suspensión perfecta de sus labores, a las cuales el Ministerio de Trabajo con sus marchas y contramarchas en la regulación de esta materia ha dejado sin piso.
  • Luego han sido los chifas, los restaurantes de menú y hasta las bodegas de la esquina, a las cuales, la dictadura de los protocolos impuesta por este gobierno y las autoridades sanitarias no les han permitido funcionar y que los gobiernos locales, sin App, ni sentido común, persiguen y cierran para conseguir un titular o un comentario elogioso de la presentadora televisiva de la noche.
  • El ataque no cesa. Luego han sido los peluqueros que no pueden abrir sus puertas o las farmacias, ferreterías o consultorios profesionales que no podían atender.
  • En este fuego abierto contra la empresa, el Congreso también tiene su papel. Ataca los interese con lo cual nos dejará un sistema financiero concentrad y sin microfinanzas. Ataca a las clínicas, con lo cual no habrá salud privada. Ataca a la vivienda al congelar los arrendamientos.
  • Finalmente somos todos los que hacemos empresa, micro, pequeña, mediana o grande, ya que si quienes gobiernan o legislan no creen que la economía la hacemos las empresas, solo es cuestión de tiempo que el ataque llegue a nuestras puertas.

Lo cierto es que el Perú desactivó la App que le trajo prosperidad y que le dio al Estado los recursos que el BCR ha prestado para la reactivación, ya que la idea de los créditos reactivadores viene de esta Institución y no del gabinete.

El Perú será entonces una sociedad que no cuente en la economía global si permite que las empresas dejen de ser su célula económica básica.

No lo permitamos. Exijamos seguir contando con nuestra App correcta. Lampadia




MINEDU debe aliarse con el sector privado

MINEDU debe aliarse con el sector privado

Para mejorar los aprendizajes
Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, apenas se dejó de dar incentivos monetarios a los profesores de los colegios que mejoraban en las evaluaciones censales de 2do grado, pues los rendimientos cayeron fuertemente. Eso ocurrió el 2018, haciendo sospechar que las mejoras que hubo en años anteriores fueron artificiales. Pero, si lo fueron, el problema es grave: ¿qué piensa hacer el ministerio para mejorar de verdad los aprendizajes, en el contexto de una realidad educativa en la que un porcentaje pequeño tiene rendimientos satisfactorios y pocos saben leer, escribir y realizar operaciones matemáticas correspondientes a su edad?

La pregunta es doblemente pertinente considerando que el presupuesto de Educación se triplicó entre 2007 y 2019 (pasó de 9,680’ de soles a 30,628’), sin que los rendimientos escolares hayan mejorado de manera apreciable en ese periodo, considerando los resultados de la evaluación del 2018. Se necesita nuevas ideas. Introducir cambios que hagan posible un salto.

La ministra Flor Pablo nos explicó su plan:

  1. Eliminar los incentivos monetarios mencionados[1] y destinar ese dinero a un Fondo para la Innovación y Buenas Prácticas, para fomentar e irradiar innovaciones que desarrollan los propios profesores (en TICS, convivencia en el aula, la cultura e historia local, participación estudiantil, etc.).[2]
     
  2. Acompañamiento pedagógico para la capa más baja, pero con buenos acompañantes. Este programa existía, pero fue suprimido porque los acompañantes no eran buenos profesores, lo que generó resistencia. El acompañante tiene que ser buen maestro y saber trabajar con otro adulto. No es fácil reclutarlos porque los mejores docentes están trabajando precisamente como decentes. La idea entonces es crear un diplomado de acompañamiento pedagógico e institucionalizar el cargo de acompañante dentro de la carrera magisterial. El próximo año se llevará a cabo el primer concurso incluyendo acompañantes dentro de a la carrera.
    Sería bueno que el Ministerio considere tomar y escalar el programa “¡Qué Maestro!” de Enseña Perú, que consiste en un retiro-taller que lleva a una transformación personal del docente hasta que es capaz de cambiar su método pedagógico vertical e impositivo hacia uno horizontal, participativo y basado en proyectos. Hay que tener en cuenta que, según cifras del ex ministro Daniel Alfaro, Sólo el 7% de los docentes fomenta el pensamiento crítico en las aulas. Ese es el problema.
     
  3. Fortalecer los equipos directivos en los colegios más grandes, a fin de que esos equipos realicen el monitoreo y acompañamiento a los profesores. En este momento hay 13,000 directores seleccionados que recibieron un curso de monitoreo a profesores. Este año habrá 3 mil más.
     
  4. Reformar la propia formación inicial de los maestros en los institutos pedagógicos y universidades. Para ello este mes se está terminando la elaboración de una nueva currícula para profesores de inicial y primaria. Luego se hará secundaria. Y se inicia ya el proceso de licenciamiento de los institutos pedagógicos en el marco de la ley de institutos promulgada el año pasado.
     
  5. Generalizar la educación secundaria técnico productiva en alianza con los CETPROS, Institutos Tecnológicos o empresas privadas que existan cerca a los colegios, porque no hay en el sector profesores para los temas técnico – productivos. Esto en la medida en que el gobernador regional tenga la voluntad política de promover esas alianzas. Al respecto, una alternativa muy interesante sería adoptar el esquema de escuelas productoras que fomenta Sierra Productiva en el medio rural, donde los propios yachachik de la localidad introducen las tecnologías en el colegio y los profesores desarrollan sus materias aplicándolas a los cultivos.
     
  6. Impulsar un proceso de reordenamiento del servicio educativo que consiste en identificar la demanda real de servicios a fin de gestionar mejor la provisión de los mismos en el territorio.[3] Por ejemplo, ante el problema de que en las escuelas rurales el docente es a la vez director, por lo que abandona las tareas educativas, se ha creado el cargo de Director de Red Educativa Rural (RER): un solo director para varias instituciones educativas. Actualmente hay 110 RER que operan en siete regiones (Áncash, Loreto, Ucayali, Apurímac, Huánuco, Cusco y Puno) con la participación de 27 UGEL, 1,341 instituciones educativas, 4,109 docentes y 54,920 estudiantes. Se advierte, de otro lado, que con frecuencia las UGELES son muy grandes para hacer gestión integral: tendrían que subdividirse.

¿APPs para la gestión?

Recordemos que Jorge Yzusqui nos decía, en artículo anterior, que los 55 colegios de Innova Schools, trabajando con profesores del mismo medio, han conseguido resultados muy superiores al promedio nacional debido, según él, a la gestión, lo que incluye “capacitar, introducir innovaciones educativas, brindar autonomía, gestionar los servicios de apoyo a la escuela, mantenimiento, reparaciones, seguridad, limpieza, internet, etc., etc.”., aunque también selección y desvinculación de profesores. En ese sentido, avanzar hacia la autonomía de los colegios públicos sería fundamental.

Otro modelo exitoso de gestión es Fe y Alegría, Asociación Público Privada que maneja 70 colegios, trabaja con profesores del Estado y consigue asimismo rendimientos superiores. No obstante, Fe y Alegría también pone recursos financieros, que provienen de donaciones, para la gestión precisamente. ¿Ese modelo es replicable? Lo que definitivamente sí lo sería es tercerizar la gestión de redes de colegios públicos, pero esto ni se plantea.

Lejos de tener escuelas digitales

Ahora bien, debe notarse que no hay en el ministerio un plan claro para masificar las tecnologías de la información y comunicación (TICS). Las tablets, por ejemplo, podrían complementar y eventualmente sustituir a profesores en algunas materias. Según la ministra, no tienen bien identificada la brecha de fibra óptica y energía que se requiere para eso. El próximo año se realizará un censo de infraestructura. Según el ex ministro Daniel Alfaro, en este momento de 55 mil escuelas, solo 1,000 podían llegar a ser escuelas digitales. Además, “necesitamos el kit, capacitar maestros”, nos dice la ministra.

Evaluaciones de desempeño retrasadas

Otro tema que resultaría vital para mejorar la calidad de los docentes, es avanzar en las evaluaciones de desempeño de modo tal de ir introduciendo a los maestros en la nueva pedagogía al mismo tiempo que se retira de la docencia a los que desaprueben la tercera evaluación consecutiva. Hay muchos profesores que no tienen las condiciones ni capacidades ni vocación para serlo.

El problema es que la evaluación de desempeño ha avanzado lentamente por la resistencia del Sutep y de los propios docentes, que temen el resultado. Pero esto se debería en parte, según la ministra, a que no se ha difundido o explicado suficientemente cómo es esta prueba, que es lo que se está haciendo este año para empezar a evaluar el próximo a los de primaria. Y también a que no es fácil evaluar y se requiere certificar a los docentes evaluadores, para que el proceso no sea objetable. Los avances y el cronograma son los siguientes.

Inicial

  • 2017: se evaluó a 5,500 docentes. Desaprobaron 38 que fueron capacitados durante 5 meses. De ellos desaprobaron 10, por salud mental. Esto da una idea de lo benevolente que debe haber sido la evaluación.
  • 2018: se evaluó a 15,831 docentes. Desaprobaron 432.

Primaria

  • 2019: familiarización.
  • 2020: 13,000 de las escalas 4 y 5, las más altas, con profesores más capaces. Esto para generar la menor resistencia y generar confianza.
  • 2021: 25,000 de escala 3
  • 2022: 27,000 de escala 2
  • 2023: 35,000 de escala 1. Esto significa que los efectos finales de la primera evaluación de desempeño recién se darían el 2025.

Secundaria: Empieza 2021 (más complejo, por especialidad)

Según la ministra, para que la evaluación de desempeño se haga bien y no sea objetada, se requiere lo siguiente:

  • Familiarizar al docente con la manera cómo va a ser evaluado
  • Recertificar a directores observadores y certificar a docentes que van a evaluar. Esto explica en parte la lentitud del proceso.
  • Resolver con el Ministerio de Trabajo el tema de la reconversión laboral de los despedidos, pues una de las demandas es que no pierdan su trabajo en Sector o en el Estado. Ya no podrían ser profesores, pero podrían desempeñar otras labores siempre y cuando fueran necesarias.

La ministra agrega que una medida que ayudaría a renovar el magisterio sería incentivar retiro voluntario, creando un Fondo de retiro voluntario para subir la jubilación, porque hay muchos profesores de cierta edad que no tienen vocación y quisieran retirarse, pero no lo hacen porque la jubilación hoy equivale a solo el 60% de la última remuneración. Habría que subirla a por lo menos el sueldo de la primera escala. Eso supone presupuesto, naturalmente.

Conclusión

En conclusión, los planes del ministerio para levantar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes, son todavía relativamente débiles. La idea de implantar el acompañamiento pedagógico es correcta y sería bueno escalar experiencias como la de Enseña Perú. Pero la evaluación de desempeño, vital para mejorar y renovar el ministerio, avanza a paso muy lento, no se financia un fondo de retiro, no se explota el potencial de asociaciones público privadas para la gestión ni hay un camino hacia la autonomía de los colegios, y no hay un plan claro para el uso de herramientas digitales. El Ministerio podría convocar al sector privado educativo y no educativo para forjar una gran alianza público privada que ayude a encontrar soluciones y formular planes para resolver estas falencias. Lampadia

[1] Los incentivos los recibían los docentes y directores de las IE que subían su desempeño en la ECE. Iban desde 1000 a 3000 soles según se tratara del docente del grado que subió en resultados, de los docentes de la institución educativa que mejoró y el director de la IE que subió en resultados.

[2] El Fondo se destinaría a financiar tres grupos de maestros:

  1. A aquellos que han desarrollado innovaciones, para desarrollarlas e irradiarlas, y ayuden a otros a incentivar sus buenas prácticas. Se financiaría 24 prácticas o experiencias docentes.
  2. A aquellos que vienen haciendo bien las cosas, pero necesitan asistencia técnica. Para consolidarlos. Se financiaría 120 practicas
  3. Proyectos semilla, de innovación.

[3] Este proceso incluye las siguientes acciones principales:

  1. Elaboración física del registro de Instituciones Educativas – IIEE (RIE).
  2. Elaboración de un diagnóstico que considere el análisis de servicio educativo, características culturales, sociales, económicas y  validación del registro de IIEE (RIE).
  3. Implementación del plan de ordenamiento de servicios educativos, éste supone, entre otras acciones:
    • Ordenamiento físico de las IIEE
    • Diversificación curricular de acuerdo a las características y demandas de desarrollo del territorio
    • Mejora de la asignación o reasignación de personal docente, directivo y administrativo, con énfasis en aquellos lugares donde la demanda educativa es reducida.
    • Optimización en la provisión de recursos financieros, materiales e infraestructura educativa.



Cambiar la cultura de la sospecha para dinamizar el Estado y la obra pública

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Hay una enfermedad muy seria en el Estado peruano y en la sociedad peruana en general, que se manifiesta de manera particular en la relación entre el Estado y el sector privado, afectando seriamente la obra y los servicios públicos. Estamos hablando de la cultura de la sospecha, de la desconfianza, de la presunción de dolo o de engaño que, a su vez, engendra un exceso de regulaciones y controles que demora las decisiones o simplemente las inhiben. Se genera, entonces, un efecto doble sobre la parálisis pública: se establecen cada vez más controles y requisitos para prevenir conductas ilícitas, que llaman a una injerencia cada vez mayor de la Contraloría en el control del cumplimiento de esas normas excesivas. Por eso, los funcionarios se escudan en informes interminables antes de tomar una decisión. Y si no hay normas, las inventan, para protegerse. Esto fomenta una cultura del control formalista, de la letra de la norma, por parte de la Contraloría, agravando el problema. Es un círculo vicioso que hay que romper de alguna manera, antes que nuestro desarrollo muera de inanición.

 

El nefasto papel de la Contraloría

Dos artículos han llamado recientemente la atención sobre este síndrome. Gianfranco Castagnola (El Comercio 10/05/19) refiere como el otorgamiento de la buena pro para el sistema de tratamiento de las aguas residuales en la cuenca del lago Titicaca, que debió tomar un máximo de 2 años desde que se presentó la iniciativa de APP, demoró ¡5 años! Y si todos los permisos, licencias y autorizaciones se dieran en los tiempos previstos, las obras se podrían iniciar en el primer semestre del 2020 y culminarían en el 2023. Es decir, ¡9 años en total!

Juan Stoessel, por su parte, llama la atención en Perú 21 sobre el caso del Centro de Convenciones de Lima, inaugurado en el 2015 y en el que se invirtió S/535 millones, pero que aún no cuenta con conformidad de obra ni tiene autorización de Defensa Civil, con lo que el Perú desaprovecha su ventaja competitiva para convertirse en un hub internacional de Convenciones. Alberto Ñecco, director ejecutivo de Proinversión, revela que la Contraloría formuló nada menos que 4,000 observaciones al mencionado Centro de Convenciones. La mayor parte, por supuesto, eran del estilo de ¿por qué esta la pared, que debía ser pintada de blanco, lo fue de blanco humo?

Castagnola explica que “en proyectos complejos… los papeles van y vienen entre una entidad y otra, con memos e informes legales que se intercambian durante meses, sin ningún sentido de urgencia ni practicidad. Detrás de ello se esconde un inmenso temor a tomar decisiones. Sucede que el sistema de control gubernamental no se concentra en aquello que es su principal función, que es velar por la…debida diligencia del funcionario público en su proceso de toma de decisión. Más bien, además de practicar un excesivo celo por el puro formalismo, invade los espacios discrecionales del funcionario público y cuestiona sus decisiones, sin ser expertos en la materia. Y funcionarios probos y diligentes terminan sancionados e inhabilitados injustamente. Obviamente, la señal al resto de funcionarios es muy mala”.

Por su parte, el economista Carlos Paredes escribió lo siguiente (Gestión 9/5/19): “La mayor parte de los funcionarios públicos ganan poco al tomar decisiones, pero pueden perder mucho, generándose así el “pánico a firmar”. En efecto, si la CGR, mediante una acción de control ex post, determina que el funcionario cometió una falta al tomar una decisión, puede sancionarlo de manera significativa. Esta estructura de incentivos es perversa, pues conlleva a la parálisis del sector público y a la ralentización de la economía”.

Y agrega: “La Contraloría parece no entender que los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones bajo incertidumbre y con información incompleta y que, a veces, se equivocan. En la práctica, la Contraloría ha prohibido equivocarse por acción (no por omisión), bajo amenaza de denuncia penal. Y lo que ha logrado es trabar al Estado, nada más”.

Paredes escribe esto preocupado porque al haber asumido la presidencia de PetroPerú, debe sacar adelante el cuestionado proyecto de la modernización de la refinería de Talara que ya ha sufrido –cuando no- una demora significativa y, por lo tanto, ha incurrido en una serie de sobrecostos, de modo que, “para detener la sangría hay que tomar decisiones”. Pero –se pregunta dramáticamente-, ¿cómo tomar decisiones sin exponernos a ser acusados sin razón, en un futuro incierto, por algún funcionario que lejos de buscar la verdad, solo persiga su cuarto de hora de fama? ¿No firmando? ¿Dejando todo a un arbitraje que proteja a los funcionarios, pero que también encarezca el proyecto de manera inaudita? Cada mes de retraso nos cuesta varias decenas de millones de dólares, solo por lo que dejamos de ganar”. Sin duda Paredes es valiente.

Cambiar el paradigma de control

Pero para que no se convierta en un héroe inútil y vaya a parar con sus huesos a la cárcel, es urgente reformar la Contraloría y cambiar el paradigma de control, dedicado obsesiva y patológicamente a detectar cualquier incumplimiento normativo por más formal o menudo que sea. Y dado que la normatividad es compleja, farragosa y con frecuencia contradictoria, pues es casi imposible no cometer alguna clase de incumplimiento, con lo cual los funcionarios terminan denunciados penalmente por razones absurdas y formalismos ridículos. Las consecuencias son varias:

  • La primera es la penalización de la innovación y la creatividad. El Estado se convierte en una tumba híper-burocrática.
  • La segunda consecuencia es que todo se demora y cuesta mucho más, porque nadie está seguro de lo que está haciendo y por lo tanto no toma decisiones, por temor a las consecuencias. Ante el pedido de un contratista, en lugar de decidir, los funcionarios recurren al arbitraje pese a que saben que el contratista tiene razón, simplemente por temor a que aceptar el pedido del contratista sea motivo de cuestionamiento con consecuencias eventualmente penales. El resultado es tiempo y dinero que se pierden. La Contraloría ocasiona al Estado peruano muchas más pérdidas económicas que beneficios.
  • Y la tercera consecuencia es que mientras la Contraloría se centra en perseguir nimiedades de los funcionarios honestos, deja pasar los robos de los corruptos. Al final, la Contraloría no sirve para detectar la corrupción sino para acusar a los honestos.

¿Cómo cambiar esta situación? Lo increíble es que el propio Contralor, Nelson Shack, tenía la respuesta antes de asumir el cargo. Él escribió un documento reseñando las conclusiones de un taller regional sobre auditorías de desempeño realizado en Lima el 13 y 14 de agosto del 2015, donde la recomendación principal fue pasar de la auditoría de cumplimiento de normas –que es lo que tenemos- a la auditoría de desempeño, como es en los países avanzados, que no busca identificar desviaciones ni responsables a los que sancionar o acusar, sino ver si la entidad está alcanzando resultados y dar recomendaciones para mejorar la eficiencia de los procesos. No es “policía” sino “asesora”. Iría de la mano con el presupuesto por resultados. Por lo demás, si hubiese verdadera gestión de desempeño en las entidades públicas (funcionarios trabajando con arreglo a metas individuales derivadas de las metas institucionales), habría, de por sí, mucha menos corrupción.

Es evidente que Shack no ha logrado cambiar el “chip” de la Contraloría, sino que más bien la Contraloría lo ha cambiado a él. Ha sido secuestrado. Por lo tanto, mientras se produce ese cambio cultural en la Contraloría –si se produce-, es indispensable simplificar radicalmente la normatividad a la que está sujeta la acción del Estado, para que los funcionarios no caigan en las trampas de la telaraña legal. Quizá lo principal acá es la ley de contrataciones y los procedimientos de presupuesto público.

Cambiar el paradigma de la ley de contrataciones

La ley de contrataciones ha sido modificada tres veces en los últimos años, pero no para mejor. Es muy formalista y engorrosa. Según el abogado especialista Juan Carlos Morón, a esa ley “cada vez le agregan más requisitos y trámites. En lugar de ser una ley principista, es muy reglamentarista. Muchas autoridades deben aprobar u opinar. En lugar de exigir simplemente precio y calidad de servicio o de obra, se pide muchos papeles y requisitos: acreditar contratos anteriores, conformidad de obra de esos contratos, constancia de los pagos realizados, etc., etc. Entonces si falta un papel o no fue legalizado o hay un error en una cifra, la propuesta es descalificada. Se descalifica por cualquier defecto formal. Y se establece plazos para todo: para firmar contrato tienes 7 días desde adjudicación. Si no, pierdes el contrato, porque te faltó tiempo para traer la fianza, por ejemplo. Y una vez que firmaste y comenzaste a ejecutar, el equipo de profesionales que pusiste en la oferta no puede variar. Si uno renuncia o lo cambias, debes pagar una penalidad absurda. De eso se valen, por supuesto, los que trabajan en el proyecto para exigir mayor remuneración a cambio de no renunciar…”

Andrés Calderón, quien participó en la elaboración de una guía de Indecopi para la ley de contrataciones, nos dije algo parecido: “la ley es engorrosa, formalista, de papeleo. Carece de flexibilidad para encontrar la mejor relación calidad-precio. Estás obligado a contratar a la empresa que ofreció menor precio o el menor subsidio estatal o el menor peaje, aunque sospeches que no va a cumplir o no habrá calidad. La calidad es un requisito técnico, no un factor de competencia. Si quieres introducir un espacio adicional para dejarle cierta discrecionalidad al funcionario, te cae la Contraloría. No se puede negociar con los proveedores”.

Morón lo ratifica: está prohibido sentarse con los potenciales proveedores para diseñar mejor las bases y el mismo proyecto. Es decir, no está permitido el “diálogo competitivo”, que sí ha sido autorizado por el decreto legislativo 1362, de julio del 2018, para que Proinversión lo aplique en la estructuración de las APP. Esto a fin de diseñar una formulación que se asemeje más a lo que el mercado puede ofrecer. Pero hasta ahora Proinversión no lo ha usado. Y no vale para la obra pública.

Cultura de sospecha y confrontación genera más corrupción

Lo que prima, como dice Morón, “es la desconfianza en el privado y en el propio funcionario, la cultura de la sospecha en lugar de cultura de colaboración. Lo que hay es un ambiente de confrontación en lugar de uno de cooperación”.

También lo decía Castagnola en el artículo arriba mencionado: “La agudización de la desconfianza en nuestra sociedad ha ocasionado que se instaure una cultura de la sospecha y el gran temor a ser objeto de investigaciones y acusaciones. En asociaciones público-privadas, donde la interacción entre Estado y concesionario es indispensable, el temor afecta la fluidez del diálogo entre las partes”.

Esta es una cultura que, además, en lugar de prevenir la corrupción, crea el ambiente para que se produzca. Como la idea es que haya la menor discrecionalidad posible y que todo se decida sobre la base de cifras y elementos muy precisos y objetivos, donde no quepa la menor duda de quién debió ganar, pues ello lleva fácilmente a que establezcan requisitos tan específicos o tan exigentes que solo una o dos empresas califican. Es decir, se facilita el direccionamiento de las licitaciones, eliminando a la mayor parte de competidores. Si para construir un hospital, por ejemplo, pido que la empresa tenga 20 años de experiencia en construcción de hospitales y que el ingeniero jefe haya construido 5 hospitales en últimos cinco años, o estoy direccionando o, como señala Morón, estoy favoreciendo la cartelización para poder atender el requerimiento.

No se puede denunciar carteles

Y, por supuesto, lo que no hay es un mecanismo efectivo para denunciar carteles, pues, explica Morón, la ley señala que para impugnar se debe presentar una fianza del 3% del valor del contrato. Es un monto muy alto, que disuade a los competidores. Se dio para acelerar las contrataciones y evitar las dilaciones, en lugar de dar libertad para impugnar con un plazo corto para resolver, de 10 días digamos, aunque eso demande que el tribunal de la OSCE tenga más salas. En una ley llena de plazos, no hay ninguno para resolver impugnaciones.

Andrés Calderón señala que el SEACE no es todavía un sistema de registro electrónico inteligente de ofertas de los postores que con inteligencia artificial o algún algoritmo detecte tendencias agregadas que permitan emitir alertas cuando se presenten situaciones de aparente direccionamiento, cartelización, rotación de ganadores, simulación de competencia, precios muy altos o muy bajos, etc. En la actualidad, la OSCE sólo supervisa una contratación cuando alguien denuncia, y lo que ve es el procedimiento. Es un sistema anacrónico. La nueva ley dispone pasar a un sistema electrónico, pero no sabemos si este estará organizado de manera inteligente para detectar hechos sospechosos.

Según Calderón, Perú Compras, que está avanzando en la adquisición de commodities (computadoras, papel, etc.), sí está haciendo data mining para identificar compras riesgosas.

Una consecuencia de todo esto es que las empresas extranjeras no suelen participar en las licitaciones, debido a que perciben un mercado muy cerrado debido a los direccionamientos o a costos de entrada elevados como el registro de proveedores, que se demora mucho en ser otorgado y que se puede perder fácilmente porque hay que actualizar permanentemente la información. Además, en cada proceso la empresa debe volver a presentar toda la información de sus representantes, de los contratos anteriores, etc., información que el Estado ya tiene.

Los comités de adquisiciones favorecen la corrupción

Otro problema, señalado tanto por Morón como por Calderón, es la manera de contratar en los Ministerios. Estos encargan esa función a comités especiales formados por funcionarios que no tienen ningún incentivo para participar en ellos porque deben dedicarse a esa labor sin dejar su función principal, de modo que deben hacerlo fuera de horas de trabajo sin que le den a cambio un bono ni reconocimiento alguno en su carrera, pero sí corren el riesgo de afrontar luego denuncias hasta penales. Por supuesto, los funcionarios honestos no quieren participar en estos comités. Lo menos que puede ocurrir en estas condiciones es que el funcionario, al no tener tiempo para este trabajo, acepte el modelo de bases que le alcance un postor, por ejemplo. En general, son condiciones que favorecen situaciones de colusión o cohecho. O de demora, porque para curarse en salud, los miembros del comité le dan vueltas a las decisiones una y otra vez.

Es evidente que debe abandonarse la práctica de los comités y crear sea oficinas especializadas a tiempo completo en las compras y licitaciones, sea grupos o comités ad hoc a tiempo completo. ¿Por qué no se hace? Es incomprensible.

Proinversión detenida por condicionamientos inútiles

Proinversión tiene este problema resuelto porque tiene comités especializados y equipos de soporte permanentes encargados de cada proceso. En realidad, Proinversión es en sí mismo un mecanismo de licitación de APPs. Su problema es otro: depende de los ministerios para la formulación de los proyectos de APP, que pueden tomar mucho tiempo entre otras cosas porque ni los ministerios ni el MEF entienden que la formulación no tiene que ser al detalle, que si se pone objetivos claros de nivel de servicio que se quiere brindar, son los propios postores los que pueden proponer la mejor solución técnica para alcanzar esos objetivos. No sólo eso, según la norma, luego del contrato los estudios definitivos de ingeniería en una APP deben ser aprobados por el sector, y eso se puede demorar varios años con informes que van y vienen de todas partes, precisamente por temor a la Contraloría. Cuando se ha querido eliminar ese requisito, la Contraloría, cuando no, se ha opuesto. La alternativa sería el silencio administrativo positivo, pero nuevamente los ministerios y la Contraloría rechazaron la posibilidad. Esto sin considerar que el ministerio concedente, el MEF y el regulador opinan además sobre los hitos principales (contrato y bases).

Contratos NEC para cambiar la cultura de la sospecha

Las obras para los Panamericanos han puesto en evidencia un modelo de contrato y operaciones que podría inspirar una ley de contrataciones mucho más simple, flexible y menos formalista, basada en los contratos NEC que el gobierno británico aplica con sus proveedores.

Dichos contratos NEC se basan en una filosofía exactamente opuesta a la cultura de la sospecha, el papeleo y la rigidez formalista que funciona en el Perú. Sus características fundamentes son la flexibilidad, la colaboración mutua entre las partes, claridad en el lenguaje y adecuada asignación y manejo del riesgo. Son pocas cláusulas y una de ellas establece que las partes del contrato y quienes participan en éste “deberán desarrollar sus funciones según espíritu de confianza y cooperación mutuas”.[1] Eso implica comunicación constante y abierta entre el Estado y el contratista. Se establece, por ejemplo, que será esencial compartir la información de manera oportuna para evitar contingencias. ¿Cómo? Pues discutiendo y acordando verbalmente, y luego resumiendo los acuerdos por escrito y registrarlos.

Para ello, se establece en el contrato la necesidad de crear el ambiente para comunicación verbal informal y un sistema de reuniones regulares de reducción de riesgos y compensación. Exactamente lo contrario a la cultura de la distancia, la incomunicación y la sospecha que rige en el Perú. Por supuesto, esa nueva cultura no se basa solo en la buena fe. Morón nos explica que si el contratista advierte que si hay algún problema que no fue previsto, tiene que advertirlo en determinado plazo, de lo contrario el riesgo se le traslada a él. Y si lo hace antes de tiempo, recibe más bien un pago algo mayor. Se trata de contratos flexibles ante eventos no previstos, basados en incentivos a la colaboración entre las partes. No son inmodificables como acá.

Morón nos informa que a nivel internacional hay dos leyes modelo de contrataciones, aproximadamente en esa línea, que el Perú podría tomar: 

Por lo demás, pasar a una ley de contrataciones basada en la colaboración y no en la cultura de la sospecha, llevaría a reorientar a la Contraloría a revisar que se cumplan los esquemas cooperación para resolver las contingencias en lugar y diseñar mejor los proyectos en lugar de hurgar en qué papeles o requisitos formales faltan.

Recomendaciones

  1. Cambiar el paradigma de control. Pasar de la auditoría de cumplimiento de normas a la auditoría de desempeño, de la mano con la gestión de desempeño y el presupuesto por resultados.
  2. Eliminar el elevado pago por impugnar en las licitaciones estableciendo un plazo corto para resolver, de 10 días, aunque eso demande que el tribunal de la OSCE tenga más salas. A fin de denunciar las cartelizaciones.
  3. El SEACE debe implantar un sistema de registro electrónico inteligente de ofertas de los postores con inteligencia artificial para emitir alertas cuando se presenten situaciones de aparente direccionamiento, cartelización, rotación de ganadores, simulación de competencia, precios muy altos o muy bajos, etc.
  4. Abandonar la práctica de los comités de adquisiciones en las entidades públicas reemplazándolos por oficinas especializadas a tiempo completo o por grupos o comités ad hoc temporales a tiempo completo.
  5. Simplificar la formulación de proyectos para las APPs en los ministerios estableciendo la meta y calidad de servicio que se quiere dejando a los postores proponer la mejor solución técnica. Eliminar el requisito de que los estudios definitivos de ingeniería en una APP deban ser aprobados por el sector, o establecer silencio administrativo positivo para ese fin.
  6. Cambiar el paradigma de la ley de contrataciones: pasar a una ley inspirada en los principios de los Contratos NEC y en los modelos de las Naciones Unidas o de la OMC, desterrando la cultura de la sospecha y la enemistad como principio organizador. Lampadia

[1] Ver presentación “Módulo de Capacitación: Implementación de Modelos de Contrato NEC 3 en el Perú”, del estudio NPG (Navarro Sologuren, Paredes, Gray)




Destrabemos nuestro crecimiento

Destrabemos nuestro crecimiento

El Perú sigue cayendo en el ranking del ‘Doing Business’ desde su pico en el puesto 34 hasta su el puesto 58 de este año. En el último año, Perú ha caído 2 puestos más en el ranking, lo que indica, como todos sabemos, que cada vez es más difícil hacer negocios en el país.

El Banco Mundial publica anualmente su informe sobre el clima de negocios. El informe ‘Doing Business 2017’ evalúa la facilidad para hacer negocios en 190 países considerando 11 factores: obtener electricidad (en términos de fiabilidad, precios y transparencia), manejo de permisos de construcción, comercio transfronterizo, pago de impuestos, protección de los inversionistas minoritarios, registro de propiedades, obtención de crédito, resolución de insolvencia, cumplimiento de contratos, regulación del mercado laboral y requisitos para comenzar un negocio.

La importancia de este indicador es que brinda luces sobre la economía informal, la importancia de los negocios y los derechos de propiedad; mostrando una realidad de nuestro país que también puede verse en el mundo como un obstáculo: el alto costo de montar un negocio, que implica perjudicar a los más pobres y que genera informalidad en la economía.

En el ranking total, Nueva Zelanda aparece en la primera posición, seguida por Singapur, Dinamarca, Corea del Sur, Hong Kong, EEUU, Reino Unido y Noruega. Completan el Top 10, Georgia y Suecia. Además, el informe alaba que economías en todas las regiones estén implementando reformas que facilitan hacer negocios. Europa y Asia Central continúan siendo las regiones con la mayor proporción de países donde se ha implementado al menos una reforma – el 79% de ellos ha implementado al menos una reforma regulatoria, seguido de Asia del Sur y el África Subsahariana.

A nivel de América Latina, el Perú se ubica en la tercera posición, por debajo de México y Chile, que se ubican el puesto 49 y 55, respectivamente, desplazando a Colombia (59) al cuarto lugar. México mantuvo el primer lugar en América Latina y subió cinco puestos (del 44 al 49).

Nota: Chile no está incluido en el cuadro (2ndo a nivel America Latina) porque será recalculado por el Banco Mundial tras escándalo por metodología.

Por lo tanto, el Perú todavía permanece en el tercio superior de las economías más atractivas para hacer negocios, a pesar de haber recibido choques severos, como el Fenómeno El Niño Costero, y el escándalo de corrupción originado desde Brasil.

Asimismo, respecto del 2017, Perú bajó dos posiciones en el ranking global. Esto se debe a que el Banco Mundial realizó un ajuste al ranking del 2017, de manera de hacerlo comparable con el del 2018.

Por subíndices, se observa que el Perú cayó sólo en uno: “obtención de crédito”. Además, mejoró en el resto de indicadores: “protección de los inversionistas minoritarios”, “registro de propiedades”, “cumplimiento de contratos”, “manejo de permisos de construcción”, “obtención de electricidad”, “resolución de la insolvencia”, “comercio fronterizo”, “apertura de un negocio” y “pago de impuestos”.

¿Qué se necesita para iniciar un negocio en el Perú? A nivel mundial, el Perú se sitúa en el puesto 58 en el ranking de 190 economías. Según los datos recogidos por Doing Business, iniciar un negocio requiere de 7 procedimientos, toma 26.5 días y cuesta 10% del ingreso per cápita.

Críticas al Indicador Doing Business

El mes pasado, el economista en jefe del Banco Mundial, Paul Romer, cuestionó la metodología detrás de la clasificación y acusó de motivos políticos. La controversia se centró en Chile, cuya clasificación cayó de 34 en 2014 a 57 en 2018, pero Romer sugirió que la caída se acentuó por los cambios en la metodología.

Romer dijo que sospechaba de manipulación política. La clasificación general de Chile ha oscilado entre 25 y 57 desde 2006, bajando en los períodos en que la presidenta del Partido Socialista, Michelle Bachelet, era presidenta, y ascendiendo cuando el líder conservador Sebastián Piñera estaba al mando. Posteriormente, sin embargo, Romer se retractó de sus comentarios y dijo que no tenía la intención de atribuir motivos políticos o sugerir que hubo manipulación.

El Banco Mundial recalculará los rankings de los últimos cuatro años para “ver cuáles habrían sido las clasificaciones sin los cambios en la metodología”. Esto también podría influir en las clasificaciones de otros países. Sin embargo, otros funcionarios del Banco Mundial han defendido los cambios en la metodología como fundamentalmente sólidos. En un comunicado oficial, el Banco dijo que solo revisaría el ranking de Chile.

¿Qué debemos hacer para mejorar?

En un comunicado, el MEF aseguró que su estrategia de crecimiento está orientada hacia una mayor formalización empresarial, a través de una reducción significativa de sobre costos y barreras a la entrada a la formalidad en el ámbito:

“(i) Financiero: reducción de costos de financiamiento y mayor oferta de fondos prestables para pequeñas empresas (FORPRO, factoring, entre otros);

(ii) Permisos y procedimientos para invertir; y,

(iii) Tributario: menor costo de cumplimiento, uso de factura electrónica, registro de transacciones y rentas no declaradas anteriormente, entre otros”.

“Justamente, éstas son las áreas en las que el Doing Business plantea los desafíos para la economía peruana, y se espera una mejora en estos indicadores, en la medida que se despliegue la estrategia de crecimiento”, agregó.

Lamentablemente, el gobierno de PPK, perdió la oportunidad de recuperar y marcar la línea de un gobierno pro inversión y crecimiento; de hacer y comunicar el balance negativo de los cinco años del gobierno anterior; de renovar los cuadros de gobierno (mantuvo hasta un 39% de los viceministros del régimen anterior); y, tal vez lo más importante, perdió la oportunidad de comunicar a la población las relaciones causa-efecto de las políticas públicas que nos empobrecieron, que frenaron la inversión, y que ideologizaron la gestión del Estado, versus aquellas que nos ofrecen mayor crecimiento, menor pobreza, menor desigualdad, mejores servicios públicos y mayor cohesión social.

El gobierno está teniendo tremendas dificultades para poder destrabar proyectos, las APP (Asociaciones Público Privadas) están prácticamente paralizadas así como Iniciativas Privadas. Ni el gobierno anterior, ni este, aprovecharon la sugerencia de Lampadia para armar equipos ad hoc que destrabaran los proyectos. Ver: Destrabemos megaproyectos para recuperar el crecimiento.

Esperamos que estas reflexiones sirvan para lograr el éxito de nuestra economía, destrabar la inversión y los proyectos y tomar medidas correctivas para lograr el impostergable crecimiento económico. Lampadia




Lecciones de Ricardo Lagos para las izquierdas peruanas

Lecciones de Ricardo Lagos para las izquierdas peruanas
Fuente: La Tercera

Ricardo Lagos, el líder de la izquierda chilena, ex presidente por la Concertación, acaba de declinar su candidatura para las próximas elecciones presidenciales. Su experiencia  política y el perfilamiento de su pensamiento, son extraordinarios en comparación de prácticamente todos los líderes de las izquierdas latinoamericanas.

Ricardo Lagos Escobar fue presidente de Chile desde marzo del 2000 al 2006. Fundó el Partido por la Democracia, fue opositor de Augusto Pinochet y ministro de Educación y de Obras Públicas con Patricio Aylwin y Eduardo Frei. Durante su mandato, fue pionero en la negociación y firma de los TLCs con EEUU y la Unión Europea y promovió un agresivo programa de desarrollo de infraestructuras mediante Asociaciones Público Privadas (APPs).

Con motivo de su retiro de la contienda electoral, Sergio Muñoz de La Tercera de Chile, en su artículo ‘Lagos’, del 13 de marzo pasado dice:

“Cuando Ricardo Lagos asumió la Presidencia en marzo del 2000, la prensa extranjera destacó que él era el primer socialista que llegaba a La Moneda después de Allende. En rigor, representaba a la izquierda que había asimilado las lecciones de la tragedia de 1973 y entendía que la primera exigencia era gobernar de un modo fructífero e impedir que el país se deslizara hacia una nueva crisis. Ello implicaba comprender que los empresarios no eran “el enemigo de clase”, sino un sector de la sociedad con el cual el Estado debía establecer relaciones de cooperación para que Chile avanzara en todos los ámbitos. Lagos ensanchó la vía abierta por los gobiernos de Aylwin y Frei, y demostró que era posible potenciar la modernización capitalista y, simultáneamente, apostar fuerte por la inclusión social. Haberlo entendido así permitió que, más allá de cualquier insuficiencia, Chile progresara como nunca antes en los 20 años de la Concertación”.

Este párrafo resume lecciones muy importantes para el pensamiento de una izquierda moderna, que hasta ahora no ‘hace carne’ en ninguno de los representantes de la izquierda tradicional peruana y que es muy importante analizar. Veamos:

  • Asimiló las lecciones de la tragedia de 1973 [Salvador Allende]
  • Entendió que la primera exigencia era gobernar de un modo fructífero
  • Procuró impedir que Chile se deslizara hacia una nueva crisis
  • Comprendió que los empresarios no eran “el enemigo de clase”
  • Aceptó que los empresarios eran un sector de la sociedad con el cual el Estado debía establecer relaciones de cooperación
  • Demostró que era posible potenciar la modernización capitalista y apostar,  simultáneamente, por la inclusión social

Lagos, el izquierdista moderno de Chile fue uno de los principales artífices del milagro chileno, que más allá de cualquier insuficiencia, progresó como nunca antes en los 20 años de la Concertación.

La izquierda chilena, comandada por Lagos, guardó en un cajón la ideología y permitió que gobiernos orientados a resultados, acercaran a Chile a los países más desarrollados.

Increíblemente, ni el ejemplo de Lagos ni el indiscutible éxito económico ni social de Chile, vacunaron al país de los riesgos del populismo y facilismo de las izquierdas tradicionales. Así es cómo Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, logró imponer políticas regresionistas que han destrozado la economía chilena y han dividido al país. Esperamos, por ellos, que esta vez, estén debidamente vacunados, para no volver a desandas los caminos de la prosperidad.

Lamentablemente, en el Perú todas las izquierdas siguen profesando ‘las ideas muertas’, como lo califica el pensador latinoamericano más integrado al mundo desarrollado, el venezolano Moisés Naím. La nueva religión de nuestras izquierdas es el ‘pos-extractivismo’, una derivación ideológica arcaísta que en esencia, como hemos demostrado en Lampadia, de ser llevada a cabo, condenaría a los pobres a la pobreza eterna.

Lo que es más, el gobierno de Ollanta Humala, que llegó al poder de la mano de Chávez, Lula y las izquierdas locales, a pesar haberse deshecho luego, de buena parte de dichos socios locales, mantuvo como praxis de gobierno una ominosa separación entre el Estado y el empresariado, con muchos funcionarios públicos que, lamentablemente, PPK ha mantenido en sus puestos, presumiblemente, por falta de equipos de recambio.

Fuente: 24Horas

Ricardo Lagos es pues uno de los mejores modelos de la izquierda moderna latinoamericana, que ojalá sepamos apreciar e imitar. Lampadia   




Mercado, corrupción y reformas institucionales

Mercado, corrupción y reformas institucionales

Jaime de Althaus

Para Lampadia

¿Qué reformas institucionales y económicas debemos hacer para prevenir  casos de mega corrupción como los que hemos tenido y reducir la corrupción masiva y generalizada que sufre el país?

Lo primero, por supuesto, es hacer caso omiso del ardid ideológico oportunista de la izquierda, que responsabiliza a la economía de mercado y a la tecnocracia de la corrupción y señala que  las Asociaciones Público Privadas (APP) están diseñadas para robarle al Estado.

Alberto Adrianzén, por ejemplo, acusa en La República a “un modelo económico que mantuvo las desigualdades, que alentó la corrupción y las prácticas lobistas, y que permitió la captura del Estado grandes grupos económicos, como hoy lo podemos constatar…”.

Por supuesto, nadie se toma el trabajo de explicar cuál sería ese modelo económico alternativo sin mercado libre, sin tecnocracia y sin APP, intrínsecamente refractario a la corrupción. Obviamente no existe. Mejor dicho, sí existe y lo hemos tenido y lo tiene ahora Venezuela, por ejemplo, con la diferencia de que ese modelo sí es una fábrica de corrupción, o funciona gracias a la corrupción.

Ese modelo (Venezuela) consistiría en intervenir el mercado fijando precios y subsidios, dirigiendo las inversiones y estatizando sectores estratégicos. El resultado es la corrupción generalizada, porque se benefician los que tienen acceso a los que deciden qué empresas son prioritarias y quiénes reciben entonces ventajas y concesiones de todo tipo, y porque en una economía llena de peajes, permisos, subsidios, beneficios rentistas y castigos, la única manera de funcionar es pagando a los funcionarios responsables de las autorizaciones o de dispensar los beneficios o los maleficios.

En un esquema en el que la libre competencia en el mercado es sustituida por las decisiones de la burocracia o del Ministro o del Presidente, ganan quienes más llegada tienen u ofrecen compartir con el funcionario una parte mayor de la renta regalada. Es decir: yo te garantizo un mercado seguro, un subsidio o un dólar barato o lo que fuera, pero tú me devuelves una parte de la renta que te obsequio. La competencia entre las empresas no se da en el mercado para ver cuál obtiene más utilidades o mayor proporción de ese mercado mejorando su productividad, sino cuál ofrece un soborno más alto para obtener una ventaja rentista. 

Eso era lo que teníamos durante el primer gobierno de Alan García, por ejemplo. Más bien la liberación de la economía de todos los controles y subsidios intervencionistas a partir de los 90 produjo el resultado de eliminar toda esa corrupción derivada del poder discrecional del funcionario. Este poder fue reemplazado por reglas de juego iguales para todos. Claro que esa corrupción fue sustituida luego por otro tipo de corrupción, mucho más focalizada y perversa, derivada no del modelo económico sino de la concentración del poder político, pero esa es otra historia.

Repotenciar el modelo

Entonces ya vemos cuál es el modelo más proclive a la corrupción y cuál es el que tenemos más bien que profundizar para tratar de minimizarla. El problema que hemos tenido a partir de los 2000, es que gradualmente se ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad expresado en la sobre regulación de los sectores económicos, que no solo ha frenado el crecimiento sino que ha restablecido en alguna medida los pagos para obtener o acelerar permisos, licencias y autorizaciones.

Por eso, la primera medida para luchar contra la corrupción no es menos mercado libre, sino más. No es cambiar el modelo económico, sino repotenciarlo. Es también terminar de instalar lo que no se hizo, una reforma institucional que acompañe y de sustento a la economía de mercado.

El modelo económico como tal necesita más bien un over haul, un mantenimiento profundo que libere nuevamente todos los circuitos de la economía trabados por regulaciones y trámites absurdos, eliminando así peajes que sólo se superan pagando para que trámite salga o se acelere. Las municipalidades –aunque no solo ellas- se han convertido en un bastión casi inexpugnable de esta forma de extorsión.

Esa limpieza es lo que está haciendo el gobierno con el conjunto de decretos legislativos orientados a la simplificación administrativa y la eliminación de trámites, desde la estandarización de los Tupas municipales hasta el empoderamiento de Indecopi para derogar barreras burocráticas pasando por la obligación de demostrar la utilidad de toda norma a los tres años de dada y la revisión, con ese criterio, de todas las normas actuales que contienen procedimientos. Todavía hace falta, sin embargo, desregular algunos sectores específicos, en los que regulaciones excesivamente rígidas o limitativas terminan escogiendo ganadores, normalmente grandes empresas que sí pueden pagar el costo de tales regulaciones, condenando a las pequeñas y medianas a la informalidad o a la desaparición.

La obra pública y público privada

Por supuesto, hay un aspecto de la gestión económica en el que inevitablemente es el Estado quien debe escoger a los ganadores: la obra pública y público-privada. Es por eso que es allí donde se aloja el mayor volumen de corrupción y donde se han producido los escandalosos casos protagonizados por las empresas brasileñas.

Pero hay que señalar que en los casos más notorios lo que ha ocurrido es que el poder político, el presidente de la República o la Primera Dama, según el caso, es el que ha desplazado las decisiones técnicas para imponer proyectos casi al caballazo. No falló la tecnocracia, que en esos casos fue avasallada, sino el poder político, que se corrompió.

¿Cómo dificultar la injerencia política cuando esta no responde a criterios técnicos? En cuanto a las Asociaciones Público Privadas (APPs), El decreto legislativo 1251, recientemente aprobado, establece para Proinversión un Directorio integrado por tres directores independientes, además de tres ministros, que, al decir de Álvaro Quijandría, Director Ejecutivo de esta entidad, “debiera blindar a Proinversión de presiones políticas por sacar proyectos que no estén suficientemente maduros o que no respondan a las prioridades del Plan Nacional de Infraestructura que se elaborará en los siguientes meses”.

Una constante en los casos de mega corrupción ha sido el grado insuficiente, muy preliminar, de estudios con los que fueron convocados esos procesos. Por eso, según Álvaro Quijandría, una vez aprobado el reglamento se establecerá un lineamiento en el sentido de “iniciar los concursos sólo una vez que se tengan estudios definitivos y con un porcentaje significativo de los terrenos necesarios saneados con expropiaciones avanzadas, lo que podrá manejarse adecuadamente con la creación del Proyecto de Acceso a Predios para Inversiones Priorizadas APIP creado en el DL 1333”. 

El lanzamiento de convocatorias con estudios avanzados es indispensable  para evitar la mala práctica de las ofertas temerarias que ganan ofreciendo un bajo cofinanciamiento del Estado, para luego aumentar considerablemente la parte estatal vía una sucesión de adendas. En relación a esto último, Quijandría nos informa que en el reglamento se establecerá un porcentaje máximo del valor del proyecto para adendas, a partir del cual se debería rescindir los contratos.  “Esto es usual en muchos países y el porcentaje es usualmente 15-20%”, precisa. Y añade: “a fin de eliminar ofertas temerarias y/o colusión de postores en los concursos, en la mayoría de países con sistemas de APP avanzados, se establecen reglas para los concursos que permiten eliminar las ofertas muy bajas o muy altas, así como mecanismos para la presentación de ofertas y su evaluación que reducen al mínimo la posibilidad de ¨comportamientos estratégicos¨ o franca colusión entre los postores.  Por ejemplo, en Colombia se sortea en el momento de presentación de los sobres cuál será la fórmula de calificación de los factores de competencia, entre varias alternativas”.

Quijandría refiere otras medidas que se está adoptando: “Estamos creando una Dirección de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.  Ya está trabajando en Proinversión una experta en este tema.   Adoptaremos estándares internacionales y prácticas que suelen seguir las agencias de APPs de primer nivel internacional”. Además, añade, “desde el primer día de mi gestión he dado la directiva que todos los contratos deben incluir cláusulas anti-corrupción.  Además, de hecho, se han introducido en la Ley de Contrataciones del Estado dos artículos que eliminan la posibilidad que empresas que hayan tenido cargos de corrupción o que se hayan autoinculpado puedan participar en nuevos procesos.  El reglamento está en camino”.

Hay otros aspectos igualmente importantes: Quijandría explica que a lo largo de los años, “los esquemas de contratación utilizados por Proinversión han hecho menos atractivo, o incluso han limitado severamente, la posibilidad de contratar asesores de transacción de primer nivel internacional, que pueden evitar el tener proyectos con diseños que abren la puerta a la corrupción.  Desarrollaremos lineamientos para la contratación de asesores de transacción que hagan posible que nuevamente tengamos en estos procesos la participación de los mejores asesores globales en estos procesos”.

Gobiernos subnacionales y reforma de la descentralización

Queda por enfrentar, sin embargo, la enorme corrupción que existe en torno a la obra pública en los gobiernos subnacionales, por la cual varios ex gobernadores regionales y ex alcaldes vienen pagando penas de cárcel. En realidad, el monto total de los sobornos pagados en este tipo de corrupción mediana y pequeña es mayor que el pagado en los casos de mega corrupción. Si calculamos un 10% de unos 18 mil millones de soles, que es aproximadamente el monto de la inversión pública sub nacional, estamos hablando de 1,800 millones en coimas cada año. Por supuesto, este número es hipotético.

José Escaffi señala que el nuevo “Invierte PERU”, que sustituye al SNIP, establece que en la etapa de planeamiento, no recibirá presupuesto ninguna inversión que no haya sido aprobada por el sistema de prioridades en base a brechas. Además, durante la ejecución de los proyectos habrá un mejor sistema de seguimiento y monitoreo, que antes no había, que estará desconcentrado en los ministerios y no sólo centralizado en el MEF, y, una vez terminado el proyecto, se evaluará resultados e impactos.  

No obstante, la crítica que se ha hecho es que si bien la priorización en base a brechas es correcta, el nuevo sistema relaja los controles técnicos que antes tenía el SNIP. Al respecto, Claudia Cooper, vice ministra de Economía, responde que en la práctica tales controles ya no existían, el MEF no rechazaba nada. Lo que había en cada localidad era un gran negocio de estudios de pre-factibilidad que consultores locales vendían a los gobiernos subnacionales para que estos les dieran viabilidad y llenar así el presupuesto asignado. La viabilidad la daba el propio gobierno sub-nacional y luego era supuestamente revisada por el sector y el MEF, pero esto último ya no ocurría.

Cooper explica que el fenecido SNIP estaba centrado exclusivamente en la  formulación y la adjudicación. Luego de eso no se sabía qué pasaba. Ahora el MEF va a evaluar el proyecto una vez terminado: cuánto costó en relación a lo planeado, cuánto tiene para mantenimiento, etc. Se va a poder hacer un seguimiento actualizado del estado en que está. Lo que el nuevo sistema va a generar es información que antes no existía, disponible para todos, en la web, de modo que la fiscalización será mucho más fácil para cualquiera. “Reduces corrupción generando mucho masInformación en todas las etapas”, sentencia Cooper.

Además, según la vice ministra, la nueva ley de contrataciones introduce tres cambios fundamentales que ayudarán a disminuir la corrupción en la adjudicación misma: primero, habrá mucha más información acerca del ‘track récord’ de proveedor (ratio del costo de ejecución versus el costo propuesto, por ejemplo, en los últimos diez años). Segundo, la empresa que hace el estudio adquiere responsabilidad por el tipo de estudio que haga, con sanción hasta de inhabilitación si se manipularon o falsearon datos. Y, tercero: se ha elevado considerablemente el costo de las impugnaciones y los arbitrajes.

Escaffi, por su parte, agrega que debe mejorarse el tipo de intervenciones de la Contraloría y de los procuradores con sistemas de auditoría forense (capaz de detectar fraudes), mejores controles internos y reglas de gobierno corporativo en las entidades públicas, adoptando las reglas de compliance (cumplimiento) del sector privado internacional. La Comisión Anti Corrupción (CAN), por su parte, ha anunciado el acuerdo de que todas las instituciones adquieran el ISO 37001 anti soborno.

Ahora bien, el problema no se resuelve solo con cambios en el sistema de inversión pública que faciliten más racionalidad y monitoreo. Estamos ante un problema gestado por una descentralización apresurada que transfirió muchos recursos y decisiones a los gobiernos subnacionales sin el contrapeso de sistemas de control, sanción, planificación  y monitoreo adecuados, sin acreditar sus capacidades para asumir esas funciones,  sin una adecuada delimitación de funciones entre los tres niveles de gobierno, y todo esto en el contexto de la descomposición del sistema de partidos políticos, de modo tal que la proporción de alcaldes y gobernadores regionales que pertenecen a partidos nacionales es cada vez menor y por lo tanto no están sujetos tampoco a ninguna clase de control partidario nacional.

Lo que ha ocurrido es que muchos gobiernos subnacionales se han convertido en botines presupuestales asaltados por políticos oportunistas eventualmente vinculados a mafias de proveedores, de usurpadores de terrenos y de extorsionadores de obras públicas, y que imprimen una gestión patrimonialista a sus mandatos.

La solución a este problema complejo es también compleja: pasa por restablecer la autoridad central en los procesos de inversión pública y de gestión de servicios públicos básicos (educación y Salud), donde también hay corrupción, es decir, por una reforma de la descentralización que restablezca mecanismos de control (mejorando el tipo de intervenciones de la Contraloría), sanción e intervención central ante deficiencias serias de gestión en los servicios descentralizados; que recertifique las capacidades de los gobiernos sub nacionales y delimite bien funciones y competencias entre los tres niveles, cuando menos por líneas de servicios.

Reforma del servicio civil

Algo fundamental es llevar adelante la reforma del servicio civil en los gobiernos subnacionales, sustituyendo el patrimonialismo por la meritocracia y la gestión profesional, así como profundizar los presupuestos por resultados. Estas reformas deben aplicarse, por supuesto, también en el gobierno central. Es indispensable que los cargos medios y altos estén ocupados por buenos profesionales bastante mejor remunerados que en la actualidad, pero elegidos por concurso y sujetos a evaluaciones de desempeño con la posibilidad de ser retirados en el caso de desaprobación,  tal como establece la ley del Servicio Civil, que debería merecer mayor prioridad y empuje de parte del gobierno.

En realidad, habría que empezar a instalar la idea de que no debería haber contratos indefinidos en el Estado, sino a plazo fijo. Es la única manera de garantizar eficiencia, rendimiento, honestidad y buen servicio al ciudadano, que es lo que importa. Esto, por supuesto, mientras se mantenga la rigidez laboral que cobija no solo al buen trabajador, sino también el incapaz y al corrupto.

Recientemente se ha legislado la muerte civil y la creación de un registro de sanciones a funcionarios públicos. Debería lanzarse una gran campaña de denuncias ciudadanas de actos de corrupción, una verdadera movilización. Algo de eso ha sido anunciado por el Presidente.

Reforma política

Pero se requiere además del complemento indispensable de una reforma política que permita la reconstrucción del sistema de partidos de modo que los gobiernos subnacionales vuelvan a ser dirigidos por políticos pertenecientes a organizaciones políticas nacionales, para que haya alguna clase de control político nacional. En Lampadia hemos formulado una propuesta al respecto. El Congreso está avanzando en esta reforma, pero todavía no sabemos qué forma tendrá. Un aspecto de esto es, por supuesto, el control del financiamiento de las campañas. No se debe prohibir el financiamiento privado -salvo el de las empresas extranjeras- pero éste debe ser transparente. 

Reforma del sistema judicial

Por supuesto, tampoco estará esto completo si no se emprende una reforma profunda del sistema judicial que comience por limpiar el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía de sus elementos vinculados a las mafias existentes en el territorio. En Interior se ha puesto en marcha una profunda reforma de la Policía que contiene diversas medidas anticorrupción, que ya hemos comentado en Lampadia. También está en marcha el Acuerdo por la Justicia, pero este tiene el límite de estar dirigido por los líderes de las instituciones a ser reformadas. Allí un instrumento fundamental será el expediente digital único en el tema penal, que garantiza celeridad y transparencia en los procesos, algo que todavía no ha sido proyectado. El MEF debería dar todo el apoyo a ese proyecto.

Se trata de una acción  múltiple y compleja, que toque todos los aspectos del problema. De lo contrario, no funcionará. Lampadia




La clamorosa situación de la salud en el Perú

La clamorosa situación de la salud en el Perú

En el último CADE, la Ministro de Salud, Patricia García (MPH, PhD) hizo una vibrante presentación del sector salud que queremos destacar porque  a diferencia de las presentaciones de otros ministros, no hubo auto-bombo, fue transparente y descarnada, y mostró el desastre que hemos acumulado en un sector fundamental para la calidad de vida de los peruanos, del que conocíamos poco y se nos habían vendido muchas mentiras. No nos olvidemos cómo, hasta hace poco, se enseñoreaban los funcionarios del sector en los medios, blandiendo datos falsos (tanto del sector como de ESSALUD).

Pues bien, nuestros indicadores son de horror, veamos algunos datos:  

Lo peor es que esto se da en medio de la ‘cuarta revolución industrial’ un espacio de la historia en que la tecnología está permitiendo un salto cualitativo en las condiciones de salud de los seres humanos. Pero, para que los peruanos podamos beneficiarnos de estos desarrollos, necesitamos tener una mejor base de salud, tanto en cobertura como en nivel de servicios. Pues bien, en los últimos lustros, en que hemos tenido importantes recursos económicos, no solo hemos perdido la posibilidad de hacer mejoras, inclusive hemos retrocedido y hemos permitido que buena parte de esos recursos se los lleve la corrupción.

Se vienen nuevos tiempos para los que tenemos que estar a la altura por una exigencia moral con nuestra población. Este será un mundo donde la prevención será muy importante y la mejora en la calidad de vida marcará un antes y un después de la tecnologización de la salud, y los peruanos debemos ser parte de este gran salto.

Fuente:  dexon.org

Por otro lado, como mostró la ministro, el cambio de perfil etario de nuestra población, con el aumento de poblaciones mayores, nos pone más exigencias. Veamos:

La ministro García, propone una agenda de transformación del sector en las siguientes líneas:

Ver la presentación de Patricia García: PDF Salud para Todos, en nuestra sección Documentos de Lampadia.

Ver su presentación en el CADE:

Desde un punto de vista de estrategia de desarrollo y de responsabilidad moral, deberíamos declarar en emergencia todo el sector de salud, incluyendo ESSALUD.

No es admisible, por ejemplo, que la Federación Médica se de el lujo de hacer huelgas inhumanas. O que las mafias de médicos se opongan a las APP de ‘bata blanca’, para mantener sus privilegios. O que las enfermeras y técnicos sigan usufructuando medias jornadas de labores. O que los horarios de atención de la salud se acomoden a los trabajadores y  o a los pacientes. O que los peruanos tengan que esperar largos meses para atenciones médicas urgentes e importantes. O que la corrupción se pasee en uno de los servicios públicos más importantes.

Apoyemos a Patricia García, la flamante Ministro de Salud, a emprender una revolución en el sector de salud pública. En otra ocasión revisaremos la salud privada, donde se están produciendo algunos procesos delicados con los aumento de costos de la atención en clínicas, el consiguiente aumento de las primas de seguros médicos y la eventual pérdida de protección de los ciudadanos mayores. Lampadia

 




Macri renueva las esperanzas

El nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, se ha movido a un ritmo acelerado para recuperar al país de los doce años de políticas económicas y sociales equivocadas que implantaron los gobiernos de los Kirchner, los acólitos del socialismo del siglo XXI y amigos del ALBA, del nefasto Hugo Chávez. Al instituir rápidamente las que se han percibido como reformas “radicales” y políticas prudentes, Macri está recuperado el equilibrio de la economía argentina y el reposicionamiento del país a nivel internacional y sentando las bases para una  prosperidad sostenible. 

En Argentina, Macri es visto como la antítesis del kirchnerismo, que era el partido populista de la izquierda peronista y chacra de los corruptos Kirchner, que cerraron la economía, estatizaron empresas, establecieron controles de precios, subsidios indiscriminados, etc. Lo que lograron, como era de esperarse, fue la debacle de la economía, la fuga de capitales, alta inflación y escasez de divisas. Destrozaron el campo argentino y Uruguay pasó a exportar más carne que Argentina. Otro doloroso ejemplo de las fallidas políticas del socialismo del siglo XXI. 

La elección de Macri fue toda una sorpresa. Ver en Lampadia: Mauricio Macri gana una elección histórica. En su administración ha rescatado un enfoque más cercano al libre mercado, ha demostrado coraje político, desafiando al populismo del kirchnerismo y peronismo, movimientos cuyos candidatos han dominado la política argentina durante los últimos setenta años. Hacia el final de sus primeras semanas en el cargo, el presidente Macri ya había abandonado las restricciones monetarias, alentado las exportaciones mediante la eliminación de las restricciones de capital e impuestos, y comenzó a abordar los subsidios de los servicios públicos.

Los esfuerzos iniciales de Macri fueron acompañados además por la solución del conflicto de la deuda soberana con los ‘buitres de los Kirchner’, y el retorno de Argentina a los mercados internacionales de crédito en febrero, después de quince años de conflictos. Ver en LampadiaArgentina: La dura y larga salida del abismo populista

En lo político, y tal vez lo más importante, el presidente Macri ha comenzado a marcar las líneas primigenias del Mercosur, a cuestionar el régimen chavista en Venezuela, acercándose a líderes mundiales que se habían apartado del país. Todos los esfuerzos de Macri, desde la flotación de la moneda a la apertura de las relaciones internacionales, han servido para reducir drásticamente el riesgo político asociado a los negocios y la inversión en Argentina. Una apuesta por el mediano y largo plazo que beneficiará a todos los argentinos.

El pasado martes (20 de setiembre), el presidente argentino dio un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, pregonando un cambio de tendencia que, según él, le devolverá la prosperidad a Argentina: “En la Argentina nos hemos planteado tres grandes objetivos. Avanzar hacia ‘pobreza cero’, esto es lograr un país con igualdad de oportunidades donde nuestros hijos puedan ser protagonistas de su futuro. Un país como el nuestro, que es una potencia productora de alimentos, no puede aceptar que hayan personas pasando hambre”.

Macri continuó con énfasis en los ejes de gestión que se planteó desde la campaña electoral, además del objetivo de pobreza cero: “El segundo es derrotar el narcotráfico, una agenda integral basada en derechos humanos y concentrada tanto en la oferta como en la demanda. Y el tercero es unir a los argentinos a través del diálogo, el respeto a la ley y la democracia”. Ver video completo acá:

Tras casi 10 meses en el cargo, en lo económico ya se están viendo algunas mejoras. Macri se ha asegurado “que la caja del Estado esté relativamente más equilibrada”. Aunque la cifra prometida de 3.3% de déficit fiscal respecto al PBI en 2016 no se podrá lograr, el 4.2% que el gobierno proyectó esta semana para fin de año es menor que el 7% con que terminó el año pasado. Y eso puede significar que baje la inflación, la cual el gobierno espera reducir a 17% para fines de 2017 (la mayor preocupación de los argentinos, que según cifras oficiales supera el 40% anual).

Pero quizás la señal más importante es la mayor confianza que existe en Argentina a nivel internacional. Según Macri, en el Foro de Inversión y Negocios de Argentina de la semana pasada, al cual convocó a 2,000 líderes empresariales de todo el mundo para fomentar mas inversiones, es la principal apuesta del gobierno para reactivar la economía y parar la inflación. “Fue la primera vez que se realizó en la Argentina un evento de estas características. Y fue una nueva ocasión para mostrar que en nuestras provincias tenemos todo lo que necesitamos para ser protagonistas del siglo XXI“, afirmó Macri. En el foro se plantearon inversiones por US$40,000 millones (la mitad ya estaría en ejecución). El gobierno atribuye esta oleada de inversiones a la confianza que genera este nuevo proceso en el ámbito internacional. El gobierno espera invertir en infraestructuras, salud y educación.

Uno de los puntos más interesantes es que el pasado miércoles el Senado aprobó el proyecto de fomento a la asociación del Estado con empresas privadas para la realización de obras de infraestructuras, iniciativa que recibió fuertes cuestionamientos de la oposición por considerar que relajará los controles públicos en beneficio del sector privado. Mediante este proyecto, denominado de Participación Público Privada (PPP), el Gobierno espera atraer inversiones, conseguir financiamiento para grandes emprendimientos de infraestructuras y generar fuentes de trabajo. Las PPP en la Argentina son como las APP en el Perú.

Si Mauricio Macri continúa promoviendo el crecimiento económico a largo plazo, fomentando la estabilidad, la inversión extranjera y la competencia, podrá aspirar encaminar al país al progreso social y económico que un país tan rico como Argentina puede ambicionar. Lampadia