Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Un estudio del MIT, que reseñamos líneas abajo, muestra como muchas campañas anticorrupción, especialmente cuando se hacen visibles mediante castigos públicos, tienen un importante impacto en la imagen de los líderes que las desarrollan.

Evidentemente, esta técnica de manipulación social no es nueva ni desconocida a lo largo del planeta. Muchas veces es aprovechada por gobiernos autoritarios y corruptos.

En el caso del Perú, hemos visto como Vizcarra, asesorado por su consultor argentino, desarrolló una campaña anticorrupción muy visible, con persecuciones judiciales y mediáticas, dirigidas en muchos casos, a sus enemigos políticos, más que a funcionarios corruptos.

Con esta campaña, Vizcarra, uno de los políticos más corruptos de nuestra historia reciente, enlistó como socios a gran parte de los medios de comunicación y endulzó a la población, logrando una popularidad largamente mayor a la de sus merecimientos.

En los gobiernos sub-nacionales, gran parte de la popularidad de los sistemas de justicia paralela, como la que se arrogan los ronderos, se basa precisamente en la visibilidad de los castigos a los supuestos funcionarios públicos, que sin el debido proceso son hasta flagelados y apaleados.

Pero ahí no termina la justicia paralela de los ronderos. También se aplica a los ciudadanos comunes, ya sea por la denuncia de una supuesta víctima por una disputa familiar, una acreencia o por cualquier otro supuesto delito, o simplemente, por venganzas o abusos.

Además del afán justiciero, los castigos que ejecutan los ronderos o las amenazas de castigos, se dan muchas veces como parte de acciones de manipulación políticas.

Los modelos de justicia paralela han sido promovidos, muchas veces, desde las cúpulas de nuestro sistema judicial, como hicieron Duberlí Rodríguez, en su rol de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Pablo Sánchez, como Fiscal de la Nación.

Hoy tenemos que ponernos al frente y rechazar el desarrollo de las fuerzas urbanas paralelas de los ronderos, según nos ha amenazado el gobierno de Castillo-Cerrón.

La seguridad ciudadana es responsabilidad fundamental de la Policía Nacional, y la justicia tiene que seguir procesos claramente estipulados, que solo deben descansar en el Sistema de Justicia tradicional. Siendo esta, la única manera de cautelar los derechos de todos los ciudadanos y agentes económicos.

¡No a las rondas urbanas! Y revisemos las rondas rurales.

Cómo mantienen el apoyo los líderes autoritarios

Un estudio encuentra que las campañas públicas anticorrupción refuerzan a los líderes, incluso cuando tales medidas carecen de resultados tangibles.

Los gestos públicos anticorrupción son una forma eficaz para que los gobiernos autoritarios mantengan el apoyo público, según un estudio en coautoría de la politóloga del MIT Lily Tsai.

Peter Dizikes
MIT News
5 de agosto de 2021

Imagen: Christine Daniloff, MIT, imágenes de stock

¿Cómo mantienen su popularidad los regímenes autoritarios? Un estudio novedoso en China dirigido por académicos del MIT muestra que los castigos anticorrupción impuestos por las autoridades gubernamentales reciben un apoyo significativo entre los ciudadanos, quienes creen que tales acciones demuestran tanto competencia como liderazgo moralmente recto.

Los hallazgos ayudan a explicar cómo perduran los gobiernos autoritarios, no solo basados ​​en la dominación y el miedo, sino como regímenes que generan un apoyo público positivo a lo largo del tiempo.

“Lo que encontramos es que el castigo de los funcionarios corruptos no solo aumenta la percepción entre los ciudadanos de que existe un gobierno capaz y competente, sino que también aumenta la creencia de que las autoridades gubernamentales tienen compromisos morales que preocupan a los ciudadanos”, dice Lily Tsai, una Politólogo del MIT y coautor de un artículo recientemente publicado que detalla los hallazgos del estudio.

En el caso de China, estas acciones anticorrupción tienden a consistir en castigos públicos a funcionarios locales de menor nivel que han violado la ley. No está claro que tales medidas realmente reduzcan la corrupción en general, pero las personas todavía están influenciadas por gestos públicos que involucran medidas enérgicas contra las malas prácticas.

“Indica que hay alguien con autoridad que está dispuesto a crear orden y estabilidad para el público”, señala Tsai.

El periódico, “¿Qué hace que la lucha contra la corrupción sea popular? Evidencia a nivel individual de China”, se ha publicado de forma anticipada en línea en el Journal of Politics. Los autores son Tsai, que es el profesor Ford de Ciencias Políticas y presidente de la facultad del MIT; y Minh D. Trinh y Shiyao Liu, candidatos a doctorado en ciencias políticas en el MIT.

¿Soporte a prueba de recesión?

El estudio consiste en un sofisticado experimento de opinión pública realizado en China utilizando un “análisis conjunto”, un método que identifica cuánta influencia relativa tienen diferentes factores en las opiniones de las personas.

Los investigadores básicamente llevaron a cabo tres iteraciones de una detallada encuesta de opinión pública. A casi 2,400 participantes en total, tanto en entornos rurales como urbanos, se les presentaron perfiles hipotéticos de pares de líderes gubernamentales y se les pidió que evaluaran su desempeño en función de una serie de supuestos atributos y logros, incluidas sus actividades anticorrupción. En estos escenarios, los atributos y actividades exactos de los líderes hipotéticos variaron aleatoriamente, lo que permitió a los investigadores distinguir la importancia de las medidas anticorrupción en la mente de los ciudadanos.

En igualdad de condiciones, en estos escenarios hipotéticos, los participantes de la encuesta prefirieron a los funcionarios que realizan esfuerzos anticorrupción de alto perfil, hasta un 25 por ciento más a menudo que otros funcionarios. Los encuestados dieron más importancia a la administración económica proporcionada por los funcionarios del gobierno, pero calificaron las actividades anticorrupción como de igual importancia que la provisión de asistencia social y la administración justa de las elecciones.

Más significativamente, dice Tsai, el experimento encuentra que el interés público en los gestos anticorrupción existe independientemente de cualquier otra cosa en el currículum de un funcionario del gobierno.

“Independientemente del desempeño de los funcionarios en el desarrollo económico, o en la prestación de asistencia social o en la implementación de elecciones, el castigo anticorrupción puede ser una táctica muy útil para las autoridades que buscan reforzar su apoyo público”, observa Tsai.

De hecho, agrega Tsai, los resultados tienen una implicación algo ominosa en ese sentido: “Estos hallazgos podrían indicar que el castigo anticorrupción es una forma útil de respaldar el apoyo público a prueba de recesión”.

Hacer visible el castigo

Los autores también introdujeron varias modificaciones a la estructura del análisis conjunto para saber por qué la gente apoya las medidas anticorrupción visibles. Su estudio encuentra dos razones distintas detrás de este apoyo. En primer lugar, esas medidas señalan que los funcionarios que actúan tienen la capacidad de emprender acciones decisivas. En segundo lugar, las acciones anticorrupción también indican que los valores de los funcionarios están alineados con los de los ciudadanos comunes, incluso cuando los mismos funcionarios, digamos, no administran las elecciones locales lo suficientemente bien como para dar a los votantes una voz fuerte en la selección de líderes.

“Al menos en el contexto chino, tanto en las poblaciones urbanas como en las rurales de China, los ciudadanos ven a los funcionarios que castigan a otros funcionarios de menor nivel por corrupción como algo más moral”, dice Tsai. “Ellos [piensan que los funcionarios anticorrupción] tienen las “‘intenciones correctas’”.

Además, agrega Tsai, los gestos anticorrupción parecen efectivos incluso en lugar de evidencia de que la corrupción podría reducirse en consecuencia. Al menos en términos políticos, lo que importa es organizar una campaña anticorrupción de alto perfil, más que sofocar la corrupción.

“A los gobernantes les interesa invertir en castigos anticorrupción, incluso si ese castigo no disminuye la corrupción”, dice Tsai. “La gente no tiene datos sobre cuánta corrupción hay en el gobierno. Lo que pueden ver con mayor claridad son los incidentes de castigo por corrupción”.

En términos históricos, agrega Tsai, los resultados se ajustan a “una larga tradición en China donde los gobernantes se posicionan como aliados de la gente común”, a pesar de restringir las libertades individuales de muchas maneras. Dicho esto, Tsai cree que los resultados describen una dinámica política que podría encontrarse en muchos estados-nación, en muchas variedades: la gente respaldará a los líderes que apoyan los castigos públicos simbólicos, transmitiendo un mensaje de que el orden social tradicional permanecerá intacto.

“La gente a menudo está dispuesta a sacrificar mucho por una sensación de certeza”, dice Tsai. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las elecciones congresales del 26 de enero han producido algunos resultados que no han sido suficientemente analizados, y revelan una tendencia que habría que preguntarse si se manifestará en las elecciones presidenciales del 2021.

El siguiente cuadro, que compara los porcentajes de votación congresal del 2016 con los del 2020 por partidos, nos sirve para darnos una idea de hacia dónde fueron los votos que perdió Fuerza Popular y los que obtuvo PPK que esta vez no participó.

Fuerza Popular perdió 29.1 puntos porcentuales entre ambas elecciones. Suponemos que los votos del FREPAP y de Podemos vinieron principalmente de allí, pero vemos que ambos sumados alcanzan 16.76 puntos, bastante menos. De modo que hay casi 13 puntos que se han ido a otros grupos, la mayor parte quizá de izquierda, como veremos.

Y ¿dónde fueron a parar el 16.46% de los votos que obtuvo PPK el 2016?   Si sumamos los porcentajes del Partido Morado, Somos Perú y ese adicional de 3.06 que obtuvo Acción Popular en esta elección en relación al 2016, llegamos a un 16.51%, proporción casi idéntica a la que tuvo PPK el 2016.

Por su parte, el Frente Amplio obtuvo un 13.84% de los votos el 2016 y bajó a 6.16% en esta elección. Pero si le sumamos el porcentaje obtenido por UPP, llegamos a un 12,93, similar al 13.84 del 2016.

Sin embargo, esto último no se puede calcular así, porque la verdad es que si sumamos el porcentaje obtenido por todas las agrupaciones de izquierda, incluyendo las que no pasaron la valla (Juntos por el Perú, Democracia Directa, Perú Libre, RUNA), vemos que las izquierdas sumaron en total 26.6% de los votos el 2020, 8.33 más que el 2016.

De modo que si clasificamos los partidos que participaron en ambas elecciones congresales -hubieran o no pasado la valla- en las categorías clásicas de derecha, centro e izquierda, constatamos que la tendencia más clara ha sido la del crecimiento de la izquierda entre ambas elecciones.

También parece haber crecido el centro en detrimento de la derecha, pero puede ser un tanto subjetivo tipificar un partido en la derecha o en el centro. Lo que es indubitable es cuando el partido es de izquierda.

Ahora bien, la pregunta es si esta es una tendencia que pueda manifestarse en las elecciones del 2021, en el sentido de que una candidatura de izquierda pueda pasar a la segunda vuelta.

Puede ocurrir, si la izquierda se une. Y se daría una cuasi unión de facto, en la medida en que la mayor parte de los candidatos presidenciales potenciales de la izquierda están en la cárcel o prófugos. Antauro Humala recién recobra su libertad el 2024. Eso deja a Verónika Mendoza sola junto con Marco Arana, quien tendría poco arrastre.

En general, sin embargo, una elección solo congresal carece de poder predictivo porque en ella no participan candidatos presidenciales. Lo que se ve hasta ahora es que hay tres grandes corrientes o demandas.

• Una, que podemos llamar anticorrupción, tendría como candidato principal a Salvador del Solar, si se presenta.
• La segunda, que responde a la demanda por seguridad y orden, se encarnaría en Daniel Urresti.
• Y la tercera, que reflejaría una demanda por mayor igualdad (de izquierda), sería encabezada por Verónika Mendoza.

Veremos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente Martín Vizcarra ha sorprendido positivamente yendo más allá de lo que se esperaba. Es claro que ha decidido asumir un liderazgo fuerte para sacar adelante la reforma del sistema judicial e incluso la reforma política, y hacerlo de la mano de la ciudadanía. Por eso ha propuesto llevar a referéndum varios temas vinculados a esas reformas. Ello está muy bien para el caso de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura –por concurso público de méritos-, pero en los temas de reforma política planteados, si no es posible llevar a cabo un debate público realmente esclarecedor que involucre a la mayor parte de la ciudadanía y una masiva campaña de medios –ahora prohibida por la ley Mulder- que explique las reformas propuestas, la convocatoria a referéndum terminará siendo un alarde de populismo político con consecuencias que pueden ser negativas para la consolidación de la institucionalidad política en el país.  

Consejo Nacional de la Magistratura, Control y lo que falta

Es muy bueno el planteamiento de consultar por referéndum la reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo. Y muy bueno también que “se autorice la revisión de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura cuyos integrantes fueron removidos por el Congreso”, como demandó Fausto Salinas en Lampadia.

Este cambio es clave, pero debe ir de la mano con la reforma de la Corte Suprema, que no ha sido detallada, y con la reforma del control interno, porque no basta nombrar fiscales y jueces supuestamente idóneos, sino que es necesario depurar la magistratura tantos años infectada, detectar las redes internas de corrupción vinculadas a organizaciones criminales de usurpadores, nacotraficantes, extorsionadores y otras, y prevenir que esas cosas no ocurran a futuro. Se necesita para eso una oficina de control con capacidad de investigación de inteligencia en las Cortes Superiores, muchas de ellas cooptadas, como decimos, por redes ilícitas externas de diverso tipo.

Al respecto, el Presidente anunció un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en reemplazo de la OCMA y de la Fiscalía de Control Interno. Se trataría de “un verdadero sistema especializado interno de anticorrupción donde sus titulares sean elegidos por concurso público”. Agregó que “el Poder Ejecutivo se comprometerá a asignar una policía especializada para el apoyo de su labor; promoviendo un control preventivo identificando las áreas posibles de riesgo”. El propio Poder Judicial, en el Plan de reformas que acaba de publicar, propone crear una “Oficina de Investigaciones especiales” integrada por investigadores especializados para indagar sobre redes de corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y fortalecer el sistema de protección del denunciante.

Muy bien. Parece que vamos por buen camino en el tema de la reforma del sistema judicial. Faltó, sin embargo, anunciar un proyecto de ley para modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. También faltó incluir propuestas para la reforma y depuración de la Policía Nacional, algo que requiere acuerdo político y una ley  a fin de que los policías cesados no sean repuestos por el Poder Judicial precisamente.  

La no reelección de congresistas sería un grave error: populismo político

El problema está en la reforma política. El Presidente anunció que sometería referéndum la reelección de los Congresistas. Su explicación fue: “Actualmente la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del Presidente de la República. Siendo todas estas autoridades elegidas por el pueblo, deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuados”.

Se desprende que para el Presidente la reelección de los congresistas sería mala, y lo que se buscaría es que la población la desapruebe. Sería un grave error. Para comenzar, fue una mala decisión prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, y existía ya un consenso para dar marcha atrás en esa enmienda constitucional.  Es el pueblo quien tiene que decidir si reelige o no a una autoridad. No se le puede quitar el derecho a reelegir a quien lo hizo bien. En el caso de los congresistas, este principio democrático se aplicaría nítidamente si tuviéramos un sistema de distritos electorales más pequeños, uni o binominales, en los que pudiese haber una relación directa entre el ciudadano y su representante de modo que si el ciudadano estuviese disconforme con la gestión de su congresista, pues no lo reelige, y punto. Pero si hubiese desempeñado bien su función de representación o como legislador, pues pudiera reelegirlo. Eso es lo democrático.

Distritos pequeños

En ese sentido, en lugar de llevar a referéndum la pregunta por la reelección de los congresistas que, por lo demás, no estaba en cuestión ni había sido planteada por nadie, lo que debería consultarse a la población es si está de acuerdo con el voto preferencial o si, más bien, no preferiría tener su propio representante elegido en un distrito electoral más pequeño. Esa reforma sí sería fundamental, porque llevaría no solo a elegir mejor a los representantes –porque se escoge entre un número menor de candidatos de distintos partidos- y a mejorar los canales de representación de modo que el ciudadano sienta que tiene voz y voto, sino porque un sistema de distritos electorales pequeños lleva a la larga a reducir el número de partidos porque fomenta la agregación de éstos.

Clase política y partidos

Pero hay otra razón de fondo por la que sería de grave perjuicio para la institucionalidad política del país que se aprobara la no reelección de los congresistas: que perderíamos toda esperanza de consolidar una clase política que conozca los problemas del Estado y el sistema constitucional y legal. Ya es un problema la baja tasa de reelección de nuestros congresos (27% en la última elección). En cada congreso nuevo muchos tienen que comenzar de cero y el país avanza poco. Lo que deberíamos analizar y remediar, más bien, son las razones por las que dicha tasa de reelección es tan baja. Y lo es por la fragmentación y volatilidad partidaria. Tenemos que consolidar un sistema de partidos, y para eso lo funcional es ir a un sistema de distritos electorales pequeños, como decíamos arriba, y disponer que la elección del congreso se haga junto con o después de la segunda vuelta presidencial.

Ese hubiese sido un tema de consulta mucho más relevante: que la población se pronuncie si los congresistas debieran ser elegidos luego de la segunda vuelta.

Financiamiento privado

El segundo tema de reforma política que el Presidente anunció llevaría a referéndum, es el del financiamiento Privado de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales. Es probable, si no se explica bien, que la población se prenuncie en contra de esa posibilidad. Pero si no se establece simultáneamente que será el Estado quien financie cuando menos la publicidad en televisión de las campañas electorales, pues el único resultado de esto es que serán las organizaciones mafiosas –narcotráfico, minería ilegal, usurpadores de tierras, extorsionadores, etc.- las que financiarán a los postulantes o pondrán sus propios candidatos. Eso es algo que se manifestará clamorosamente en estas elecciones municipales y regionales que se vienen.

Bicameralidad

Y el tercer tema de la reforma política que se someterá a referéndum, es el del restablecimiento de la bicameralidad, “sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores”. Este es quizá el tema más apropiado para llevar a consulta popular. Si bien será difícil ganar, una buena campaña podría lograrlo y serviría para educar en el principio de la democracia como limitación del poder y en la necesidad de meditar bien las leyes antes de promulgarlas.

Fuera de estos temas relacionados a reformas constitucionales, el Presidente anunció cinco proyectos de ley interesantes. Ya hemos reseñado uno de ellos, pero uno muy importante es el que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Este consejo será presidido por el propio Presidente de la República e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Está bien, porque, en la medida en que este Consejo está liderado por el un Presidente de la República que está realmente comprometido con la reforma, este mecanismo permitirá mantener el impulso y realizar el seguimiento necesario para asegurar que los cambios se ejecuten y que podamos, al cabo de uno años, contar con un sistema judicial moderno, eficiente y probo.

Conclusión

A nuestro juicio, el Presidente debería anunciar que para pensar mejor qué temas relativos a la reforma política se someterían a referéndum, se conformará una comisión que le formule una propuesta. La nuestra la acabamos de formular. Los temas que podrían someterse a referéndum, en cuanto a reforma política, son:

1. Bicameralidad
2. Eliminación del voto preferencial y su sustitución por distritos electorales pequeños
3. Elección del Congreso luego de la segunda vuelta presidencial

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 20 de abril de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El compromiso político que propició nuestro triunfo en las elecciones regionales pasadas fue “gobernar en el nombre del agua, la salud, la educación, y la justicia”. Algo parecido a la Santísima Trinidad del Cristianismo: Padre, Hijo, y Espíritu Santo.

En el caso del Gobierno Regional de Ica – como si se tratara de una religión – nuestra “señal de la cruz” tiene 4 grandes prioridades: agua, salud, educación, y justicia. Inclusive, nos persignamos cuando la pronunciamos en voz alta.

En artículos anteriores me he referido – ampliamente – al agua, la salud, y la educación. Y aunque se les pudra el hígado a nuestros detractores, no pueden negar que hemos tenido logros importantes en esos tres ámbitos. Obviamente, queda un largo camino por recorrer, pero es un hecho incuestionable que tenemos más agua, gracias a los reservorios que hemos construido en la Sierra. Es – también – incuestionable que tenemos más agua potable en los hogares; que la atención en nuestros hospitales ha mejorado; que hemos reducido los casos de Dengue; y que la educación ha mejorado mucho. Incluso, nuestros logros en deporte, cultura y ciencia están claramente cuantificados en nuestro medallero olímpico escolar.

¡Pobres criticones! A regañadientes han tenido que tragarse varios sapos. Tantos que hasta tufo a batracio les ha salido. En fin… ¡allá ellos con sus rabias e indigestiones!

Ahora – más bien – quisiera referirme a la 4ta. gran prioridad de nuestro compromiso de gobierno: la JUSTICIA… rubro en el cual también tenemos logros importantes. Si no, que lo digan los 30 funcionarios corruptos que hemos destituido del Gobierno Regional. Y otros tantos que hemos suspendidos temporalmente… sin goce de haberes.

A ese respecto se podría decir que el “Sistema de Justicia” no funciona como debiera. Me refiero a instituciones como la Policía, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario. Incluso, el Congreso de la República y los Consejos Regionales. A los que habría que agregar otras instituciones como los Colegios Profesionales, la Prensa, y toda una gama de Asociaciones y ONG’s que – supuestamente – ejercen JUSTICIA en nuestro país.

Pues bien – repito – ese “Sistema de Justicia” no funciona como debiera. Prueba de ello… la corrupción. Y su prima hermana… la impunidad. Peor aún, todas las instituciones antes mencionadas están infiltradas por gente corrupta. CORRUPCIÓN… “ese virus social que lo infecta todo”. (Palabras del Papa Francisco).

La única JUSTICIA que funciona – al menos en el Gobierno Regional de Ica – es la “Justicia Administrativa”. O sea, la que nos ha permitido sancionar – rápidamente, y con todas las de la ley – a decenas de servidores corruptos que se juraban intocables. Médicos que abandonaban sus guardias y cobraban como si nada. Funcionarios que cobraban viáticos con facturas falsas. Trabajadores que “vendían” todo tipo de licencias o permisos. Enfermeras que lucraban con medicamentos robados. Jefes que cobraban cupos a sus subalternos. Coimeros que sobrevaloraban todo tipo de compras y contrataciones inútiles. Y muchos etcéteras más.

Ninguno de los delitos antes mencionados fue detectado – y menos sancionado – por ninguna de las instituciones del “Sistema de Justicia”. Al contrario… ¡algunos congresistas y consejeros regionales se pusieron del lado de los corruptos! ¡Cuántos policías y fiscales forman parte de las mafias de la corrupción! Y ¿Qué me dicen de los dirigentes del Colegio Médico de Ica y los periodistas chantajistas? ¡Son unos pandilleros!

Las cosas claras y el chocolate espeso. El problema No. 1 de nuestro país es la corrupción. Y el No. 2 la impunidad. El “Sistema de Justicia” no funciona. Lo único que funciona – cuando existe la voluntad y las agallas para aplicarla – es la Justicia Administrativa. En ese sentido, vamos a seguir sancionando la corrupción con el máximo rigor. ¡Así ejercemos JUSTICIA en favor de la ciudadanía!

En el nombre del agua, la salud, la educación… y la JUSTICIA. ¡Amén! Lampadia

Comentario de Lampadia:

El Perú y OCDE firmaron ayer el acuerdo “Programa País”, detallando los requerimientos de los cinco ejes que perfilarán el camino para formar parte de este organismo hacia el 2021.

Los cinco ejes trazados son:

1.       Identificación de las barreras al crecimiento y desarrollo nacional

2.       Gobernanza pública y mejora de la institucionalidad

3.       Anticorrupción y transparencia del Estado

4.       Mejoras del capital humano y productividad

5.       Avances en el medio ambiente

El cumplir con estas medidas fomentará una mayor inversión privada, un fortalecimiento de las instituciones y eliminará trabas burocráticas. El ser miembro de la OCDE es el mejor certificado de buena conducta económica que cualquier país puede ostentar, sobre todo para atraer inversiones y ser un país más predecible con un buen nivel institucional. Este organismo es un socio estratégico para promover reformas estructurales y es además, un foro donde los gobiernos pueden comparar y compartir experiencias de políticas públicas, identificar las mejores prácticas y promover  recomendaciones. (Ver en L: Un Grupo al que el Perú debe entrar)

El Perú y la OCDE, mejores políticas para un crecimiento incluyente

Por Ángel Gurría. Secretario General de la OCDE

(Gestión, 09 de Diciembre del 2014)

En el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana, con el presidente Ollanta Humala como testigo de honor, el canciller Gonzalo Gutiérrez y un servidor, se firmó y dio inicio formal al Programa País del Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto constituye un hito tanto para el Perú como para nuestra organización.

La vocación de la OCDE es analizar, compartir y difundir las mejores prácticas de políticas públicas. Dentro de sus más de 200 comités y grupos de trabajo, los países de la OCDE y un número creciente de economías emergentes y en vías de desarrollo, comparten y debaten sus experiencias de gobierno para mejorar los servicios que les brindan a sus ciudadanos.

En el 2014, la OCDE estableció los Programas País como un nuevo instrumento para apoyar economías emergentes y dinámicas, como la del Perú, en la consolidación de sus reformas y en el mejoramiento de sus políticas públicas. Esta colaboración reforzada también permitirá que los países miembros y socios clave de la OCDE aprendan de la experiencia, de historia y buenas prácticas de países como el Perú, que tienen mucho que aportar al trabajo de nuestra organización.

Perú es sin duda un país líder en América Latina, el dinámico crecimiento que ha tenido en las últimas dos décadas, le ha permitido duplicar su PIB per cápita, ampliar su clase media y reducir sus índices de pobreza a la mitad. Este crecimiento no hubiera sido posible sin un compromiso con la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y la inversión. Su red de tratados comerciales con 50 países y su participación y liderazgo en foros como APEC y la Alianza del Pacífico son una muestra más de ello.

Sin embargo, el Gobierno del Perú y la OCDE estamos conscientes de que las altas tasas de crecimiento económico registradas entre el 2000 y el 2008, tuvieron lugar en un entorno internacional coyuntural, marcado por los altos precios de las materias primas. Ahora los vientos están cambiando, por ello el Perú debe redoblar sus esfuerzos para promover reformas que impulsen un crecimiento más fuerte, más incluyente y más sustentable. El Perú requiere transformaciones profundas para diversificar su economía, mejorar su competitividad y aumentar su productividad. Estos cambios permitirán hacer frente a importantes desafíos en materia de bienestar social, inclusión y calidad de los servicios públicos.

Ahí es donde entra el Programa País con la OCDE. Este comprende la realización de diversos estudios sobre políticas educativas, salud o gobernabilidad, así como talleres y acompañamiento de expertos internacionales en materia tributaria y regulación, entre otros. El Programa País también permitirá que Perú participe en diversos Comités de la OCDE, donde podrá nutrirse de las experiencias de otros países en temas de política ambiental, inversiones, mercados financieros, gobernabilidad pública, agricultura, comercio y desarrollo territorial, y por supuesto contribuir con su experiencia en estos temas.

Estos insumos ayudarán a Perú a seguir avanzando con su agenda de reformas, para continuar mejorando la eficacia del sector público, la coordinación entre niveles de gobierno y la integridad en sus procesos de compras públicas. También contribuirán a diseñar una Estrategia de Competencia, similar a la que países como Noruega, Portugal y España han preparado con el apoyo de la OCDE, para convertir el bono demográfico peruano en palanca para elevar la productividad de la economía.

Finalmente, el Programa País del Perú, que involucrará al conjunto de las direcciones de nuestra organización en diversas áreas de política pública, podría ayudar a Perú a encauzar voluntades y generar consensos entre los diversos actores económicos y sociales para seguir construyendo una visión de país incluyente y exitoso. La OCDE está lista para apoyar este esfuerzo y ayudar al Perú a alcanzar las importantes metas que se ha propuesto con miras al bicentenario de su independencia en 2021. Cuenten con el apoyo de la OCDE para seguir diseñando, desarrollando e implementando mejores políticas para una vida mejor.