“Fuera de la ideología todo es ilusión” (I)

| 26 de Enero de 2016

Es paradójico que en el Perú, un país en el cual se están dando pasos efectivos para sacar a su población de la pobreza, surjan corrientes de pensamiento que proponen, en diversos aspectos, el regreso al pasado pre-industrial e incluso pre-Colombino.

¿Cómo puede ser que surjan corrientes de pensamiento contrarias al desarrollo y que defiendan como alternativa la permanencia de la pobreza?

¿Cómo puede ser que, con el eufemismo de alternativas al desarrollo, le propongan a la población rural renunciar a sus aspiraciones de progreso en función a una idea de buen vivir en la pobreza? Esas corrientes evidencian una indiferencia chocante con las aspiraciones de progreso de las poblaciones rurales del país. Desde su condición de clase media y alta financiada con donaciones y/o con fondos públicos, ellos buscan venderle al país un discurso hostil en contra del progreso, de la minería y del aprovechamiento de los recursos naturales en general, e indiferente frente al sufrimiento que genera la pobreza rural.

Fuente: http://ambiental.net/2015/11/transiciones-al-pos-extractivismo-conferencia-en-cajamarca/

Las ideas de los pos-extractivistas peruanos no son ni latinoamericanas ni peruanas.[1] Son copiadas de pensadores radicales europeos y americanos, marginales en sus propias sociedades. En realidad, los pos-extractivistas locales o regionales son básicamente reproductores de un discurso creado en Europa y Estados Unidos. Ellos mismos fueron adoctrinados en universidades del norte (Edinburgh, Yale, Madrid, etc.), y buscan hacer lo mismo con los líderes de la población local.[2] Aunque no visten camisas blancas ni usan corbatas cortas, no son muy distintos de algunos promotores religiosos-americanos que encontramos en los barrios de Lima.

El origen de los Anti-Mineros

El primer gran movimiento en contra del uso de tecnología moderna surgió en Inglaterra a inicios de la revolución industrial. Fue Ned Ludd (un personaje que no se sabe si es ficticio o real), quien en 1811 se le atribuyó la iniciativa de convocar a los trabajadores ingleses para destruir las máquinas que posibilitaban la emergencia de la industria textil.

La rebelión Ludita fue duramente reprimida por el Estado Británico. Sus líderes fueron encarcelados o asesinados, y el movimiento salió de la historia por más de un siglo. En su lugar, surgió el Marxismo, la cual en vez de oponerse a la industrialización, hablaba de una utopía autoritaria basada en la industria y dirigida por un partido formado por intelectuales de clase media que decían representar a los trabajadores industriales.

Más allá de su intento insensato de bloquear la revolución industrial, el movimiento Ludita, como se le conocía, tenía una justificación social. Los cambios en la economía inglesa estaban generando serias dificultades a los diversos sectores de esa sociedad, ya que el uso de los telares industriales estaba literalmente llevando a la quiebra a miles de artesanos y trabajadores textiles. Además, los artesanos estaban siendo desplazados por los telares industriales en dónde los obreros trabajaban 16 horas diarias viviendo una existencia corta y miserable.

Los anti-mineros modernos son tan o más retrógrados que los Luditas del siglo 19, no solo porque repiten los mismos errores dos siglos después, sino porque al bloquear la minería moderna, sacrifican las aspiraciones de progreso de las poblaciones rurales del Perú y lo hacen para defender los intereses ideológicos de las corrientes radicales europeas y americanas que los adoctrinan y financian.[3]

Surge el Neo-Ludismo

A pesar de la derrota de los Luditas en Inglaterra, el rechazo a los avances técnicos (basado en las actividades industriales) siguió teniendo adeptos, especialmente en los Estados Unidos. En 1975, Edward Abbey escribió una novela de gran éxito e influencia, The Monkey Wrench Gang [La Pandilla del Sabotaje], en la que cuatro personajes luchan contra la construcción de represas hidroeléctricas y del desarrollo industrial en el oeste americano. Los personajes de la novela se dedicaban a destruir las instalaciones que, según ellos, afectaban las costumbres locales y la belleza del paisaje natural. La novela se transformó en una referencia para el naciente movimiento Neo-Ludita, un movimiento hostil en contra del uso la tecnología moderna y las actividades extractivas. Una comparación entre los discursos de los pos-extractivistas peruanos y las ideas de los personajes de la novela de Edward Abbey permite ver que el pensamiento Neo-Ludita los ha influenciado, aunque ellos se resistan a reconocerlo.[4]

Con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, se desprestigió el Marxismo. La utopía comunista resultó ser una dictadura muy semejante a la fascista, y su economía centralmente planificada se derrumbó ante el avance de la innovación en los países capitalistas. El giro de China hacia el capitalismo, con fuerte rol del Estado, y su extraordinario éxito económico reforzó el desprestigio de la ideología marxista. Hoy, el Marxismo es un símbolo de dictaduras y de atraso económico con dos íconos claros: Corea del Norte y Cuba.

Ante el fracaso del Marxismo, los grupos anti-capitalistas, marxistas y no marxistas, los grupos anti-modernidad, y los diversos rebeldes confusos, volvieron sus ojos hacia una nueva versión del Ludismo: una versión que combina elementos del marxismo con ideas de un ecologismo radical y un histórico resentimiento social. Esas corrientes están activas en Perú, influenciando fuertemente al movimiento anti-minero, canalizando marxistas frustrados, aventureros políticos locales, izquierdistas desocupados e intelectuales de menor rango. Ellos se auto-titulan pos-extractivistas.

El Terrorismo Anti-Tecnología

En 1995, el matemático americano Theodore Kaczynski, autor de una serie de atentados terroristas con cartas bombas, le exigió al New York Times y al Washington Post que publicaran su “Manifesto” en contra de la sociedad industrial, en donde planteaba la necesidad de destruir la tecnología moderna y regresar a la vida pre-industrial.[5]

El texto de Kaczynski, claro y consistente, es uno de los pronunciamientos Neo-Luditas más completos e influyentes.[6]La lectura de sus textos y la comparación con las ideas de los anti-mineros peruanos evidencia cierta convergencia evolutiva entre ambos grupos de ideas.

Para Kaczynski, las sociedades primitivas posibilitaban una experiencia de vida más acorde con la naturaleza humana (similar al Buen Vivir de los pos-extractivistas). En la párrafo 115 de su Manifesto, dice: “Entre los pueblos primitivos las cosas en que los niños son entrenados tienden a ser razonablemente en armonía con los impulsos humanos naturales. Entre los indios americanos, por ejemplo, los niños eran entrenados en actividades en el campo. Pero, en nuestra sociedad los niños son empujados a estudiar temas técnicos, lo que la mayoría hace en forma reluctante.”

En un artículo sobre el post-extractivista uruguayo Eduardo Gudynas de The Guardian (periódico inglés que influencia la izquierda latinoamericana), se ilustra el concepto del Buen Vivir con una foto de dos niños amazónicos desnudos jugando con papagayos, dejando claro a qué tipo de pasado los post-extractivistas nos quieren llevar en el futuro.[7]

La utopía de los post-extractivistas peruanos y de los Neo-Luditas es la misma: una sociedad sin tecnología industrial. En esto coinciden Gudynas, Abbey y Kaczynski. Aún con diversos niveles de radicalidad, los tres sienten aversión ante el progreso técnico y a la manera cómo éste ha modificado la forma en que estructuran sus sociedades y sus métodos de producción en masa.

El costo humano que se genera como consecuencia de sus absurdas ideas en términos de permanencia de la pobreza y deterioro de la calidad de vida de la población rural no les interesa mucho. Son de clase media y alta, y sus ingresos no dependen de cómo le va a la población rural.

La contradicción más evidente del pensamiento de los post-extractivistas es que, sin el desarrollo industrial moderno, Gudynas no estaría publicando sus opiniones en The Guardian, ni viajando en avión (con turbinas de alta tecnología) para dar charlas en reuniones de anti-mineros en Cajamarca y Lima y no tendría celular con procesadores de última generación.

Algunos anti-mineros pueden considerar injusta la comparación de sus ideas con las de conocidos anarquistas y terroristas de los países del norte, sin embargo, una lectura cuidadosa y objetiva de los materiales producidos por ambos grupos pone en evidencia muchas coincidencias entre sus ideas. Quienes todavía tengan dudas, pueden leer todos los textos citados.

Una diferencia importante con los pos-extractivistas peruanos es que Kaczynski es revolucionario y propicia el terrorismo como método de propaganda, mientras los pos-extractivistas son, por lo general, reformistas radicales. Aunque promueven la violencia en las marchas anti-mineras, no promueven el terrorismo como estrategia política. Su actuación política combina una diversidad de métodos: la promoción de conflictos locales, la intimidación y represión de la población local vía rondas campesinas u otros elementos de poder local (ver: El cerco cognitivo de las comunidades donde operan), la realización de los actos de sabotaje a instalaciones mineras, la incidencia política en el Estado, la destrucción de la legitimidad de las empresas mineras y el adoctrinamiento de la juventud y líderes locales. Algunos ex-terroristas han encontrado en el movimiento anti-minero el lugar perfecto para canalizar su radicalismo ideológico, sus inclinaciones hacia la violencia y sus habilidades en organizar conflictos, pero ello no justifica llamarlos de terroristas.

La narrativa pos-extractivista tiene una deficiencia fundamental.

Los pos-extractivistas no pueden ofrecer una respuesta efectiva a las aspiraciones de progreso de las poblaciones rurales. Para ocultar esa deficiencia, hablan del Buen Vivir o de la Dignidad. Esas dos opciones le sugieren a la pobreza rural que su sufrimiento es un problema de actitud y no una cuestión de ingresos económicos, acceso a servicios de salud, electricidad, productividad agrícola, costos de transporte, etc.

En una reciente conferencia en Cajamarca (2015), la región más pobre del Perú, el ícono pos-extractivista Eduardo Gudynas (ver foto del evento con líderes de Patria Roja) no pudo decir nada claro ni efectivo sobre cómo abrir una ruta de progreso para la población Cajamarquina. En una conferencia que tenía por temática la transición de la sociedad actual con minería industrial hacia el pos-extractivismo (sin minería moderna), no propuso ninguna medida específica con la cual se pudiera realizar dicha esta transición. Lo único concreto que dijo fue la necesidad de oponerse a los grandes proyectos mineros, a la agro-exportación y a las hidroeléctricas.

Ese desinterés e incapacidad de los pos-extractivistas de ampliar las rutas de progreso de la población rural incrementa la responsabilidad de las corrientes pro-desarrollo, pero también ofrece una oportunidad para aislarlos socialmente.

Los pos-extractivistas solo pueden ofrecer la permanencia de la pobreza y una cultura de victimización y resentimiento.

Las corrientes pro-desarrollo pueden promover el debate público mostrando cómo la minería responsable puede generar recursos y oportunidades que dinamicen el desarrollo regional y les permitan a los niños de esas regiones tener el futuro que se merecen.

La condición para que las corrientes pro-desarrollo sean capaces de responder a las expectativas de las poblaciones de las regiones mineras del Perú es superar los enfoques asistencialistas y el pragmatismo transaccional aún presentes en las estrategias de las empresas mineras para que la minería contribuya efectivamente a dinamizar las economías locales y brindarle la posibilidad a la población rural y los sectores urbanos que visualicen un futuro mejor en relación sinérgica con la minería. Lampadia

[1] El pedagogo brasileño Paulo Freire, un pensador del sur, desarrolló un enfoque de alfabetización que hasta hoy influencia las universidades del norte, pero ese no es el caso de los post-extractivistas, pero este no es el caso de los post-extractivistas peruanos.

[2] Una estrategia mediática de los post-extractivistas es el adoctrinamiento de voceros locales para dar la ilusión de que sus ideas son originarias de los países en donde operan.

[3] Los luditas no entendieron que la industrialización no era solo consecuencia de las condiciones en Inglaterra sino de la naciente demanda global de telas, máquinas, insumos industriales, etc. La industrialización de China e India, y después de África, va incrementar la necesidad de la minería hacia niveles nunca antes conocidos en la historia de la humanidad. El bienestar futuro de la humanidad va requerir más minería y no menos minería como se imaginan los post-extractivistas.

[4]Otras corrientes Neo-Luditas buscan bloquear la tecnología digital y la ingeniera genética: computadores, robots, modificaciones genéticas, etc., pero ese no es el caso en Perú en donde la minería, el petróleo y las represas hidroeléctricas son los blancos preferidos de los pos-extractivistas.

[5] Kaczynski, un matemático con un IQ de genio, entre 150 y 170, redactó su Manifesto en forma muy lógica e completa. Más allá de sus ideas absurdas, es un documento de lectura entretenida.

[6] En el final del Manifesto (del §213 al §232), Kaczynski realiza una crítica aguda a la izquierda y a su ambición de poder por el poder. Por ello, sería más adecuado caracterizarlo políticamente como más próximo a los anarquistas que a la izquierda tradicional de Latino América o de los países del norte.

[7] http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas

¿Quién se beneficia con los muertos?

| 26 de Enero de 2016

Continuando con nuestra investigación sobre los conflictos socio-políticos que asecha las inversiones importantes en el Perú, presentamos a continuación un nuevo despacho, esta vez sobre un tema verdaderamente espeluznante, la utilización política de las víctimas de la violencia. Ver los análisis anteriores en Recursos Naturales y Desarrollo.

Si revisamos los conflictos mineros de los últimos 5 años, Tía María, Conga, Majaz, Las Bambas, y otros, encontramos que la violencia ha sido un componente saltante en los noticieros. Presenciamos lamentables pérdidas de vida (activistas, pobladores o policías) y deterioro del Estado de Derecho en las zonas de los conflictos. Los muertos y heridos de los conflictos mineros son de los tres lados, sin embargo, solo un lado busca beneficiarse políticamente de estas tragedias humanas.

El problema para el Perú es que una de las partes gana con la violencia y ha hecho de ella un componente fundamental de sus métodos de lucha.

La violencia utilizada por los anti-mineros en los conflictos puede ser calificada como Violencia Política, es decir violencia utilizada para fines políticos: “Entendemos por Violencia Política a ‘un repertorio de acciones colectivas que involucra gran fuerza física y causa daño a un adversario con la intención de imponer objetivos políticos’” (Della Porta, 1995, p. 2)[1].

¿Como se benefician los anti-mineros con la violencia política?

Asumiendo que los anti-mineros son actores racionales, con objetivos estratégicos de largo plazo, y que la violencia para ellos es un instrumento político, surge la pregunta: ¿Por qué usan la violencia en los conflictos?

Algunos creen que es un problema de nivel educativo o de tradiciones culturales de la población local, pero de acuerdo con las teorías políticas modernas (Besley & Persson, 2011)[2] el uso de la violencia es parte de la racionalidad del conflicto, es decir, la violencia es usada por los anti-mineros porque es útil, y efectiva, y muchas veces, es el método menos ‘costoso’ para lograr sus objetivos políticos.[3]

La observación de los conflictos mineros de los últimos años nos permite constatar que los anti-mineros se ‘benefician’ con la violencia de seis maneras:

1. Empoderar e intimidar: La violencia sirve para empoderar a los manifestantes y para intimidar a la población local. Con la violencia, los manifestantes muestran su fuerza, su capacidad de hacer daño, especialmente a la población local. Con la amenaza implícita de los actos de violencia, los demás pobladores, por temor a represalias, se inhiben de expresar sus opiniones. Con el monopolio de la voz del ‘pueblo’, los manifestantes lanzan sus consignas, y el silencio de la población, de las mayorías silenciosas, da la sensación de unanimidad en la protesta. Ejemplo de esto se dio el 31 de Marzo del 2015 cuando el profesor Robert Vásquez Roncal fue golpeado por las rondas de Celendin por brindar un curso sobre emprendimiento empresarial financiado parcialmente por Minera Yanacocha. El curso no trataba el tema minero, pero su realización enviaba el mensaje tácito de que la minería podría traer beneficios para la población.

2. Control cognitivo: La violencia es utilizada por los anti-mineros para reprimir las voces discrepantes, para evitar que los periodistas locales cuestionen las falacias de sus narrativas, para evitar que ellos u otros pobladores puedan emitir explicaciones alternativas para la población. Ello ocurre especialmente en ciudades pequeñas y zonas rurales del país. Acalladas las voces discrepantes, los anti-mineros consolidan la hegemonía de su narrativa en la mente de la población local.[4] El artículo de Lampadia “Stalinismo en Cajamarca”[5] nos explica como la intimidación y agresión a medios de prensa discordante con la predica anti-minera es una práctica recurrente y efectiva en la generación un espacio mediático monocorde en las inmediaciones de un proyecto minero.[6]

3. Extorsión a empresas: Bloqueos de carreteras junto con secuestros y agresiones a algunas personas, permiten que grupos pequeños de anti-mineros paralicen una operación minera gigante, causando pérdidas de millones de dólares por día. Para desbloquear la pista, los anti-mineros cobran un cupo en contratos, en obras, en financiamiento de sus organizaciones, o en “lentejas” como en el caso de Tía María. Las empresas, que por interés económico de corto plazo ceden a esos chantajes, sin quererlo, estimulan a los grupos aventureros a replicar la práctica de la extorsión. Con el tiempo, se da un proceso de aprendizaje social y la extorción se generaliza.[7]

4. Escalar conflictos: Un grupo pequeño de personas, realizando manifestaciones con diversos niveles de violencia, puede controlar espacios públicos y vías de comunicación, y apropiarse de recursos ajenos. Con esos medios ampliados los anti-mineros pueden realizar acciones más impactantes de lo que serían capaces de hacer utilizando sólo medios pacíficos. La violencia además genera oportunidades de impunidad para que otros se sumen a la violencia. Si un grupo violento está actuando, otros activistas violentos pueden plegarse pues nadie va interferir. La violencia permite escalar el conflicto para que tenga atención nacional y victimizar la causa que buscan mediante la caracterización negativa de las fuerzas del orden.

5. Fabricar noticias: La violencia puede ser un recurso mediático muy económico, una forma poco costosa de hacer que una manifestación local se transforme en una noticia nacional. Con una 4X4, un tractor o un local incendiado se hace noticia y se genera una plataforma mediática instantánea y casi gratis para los manifestantes. Con actos de violencia llamativos, los anti-mineros manipulan a los periodistas, haciendo que ellos los entrevisten, permitiéndoles dar su versión de los hechos y lanzar su mensaje hostil a la minería. Cuando los anti-mineros logran que los medios hagan resonar sus versiones a nivel nacional un conflicto local adquiere significado nacional incrementando su potencial de daño a las empresas mineras y autoridades de gobierno.[8] Tras actos de violencia las figuras anti-mineras nacionales son entrevistadas en diversos medios nacionales para que brinden explicaciones respecto al conflicto desde la posición de “expertos” en el tema. Los minutos ganados por los anti-mineros en los medios de difusión nacional les hubieran costado muchos miles de soles. Con la realización de actos de violencia ellos se ahorran grandes gastos de publicidad, y se victimizan.

6. Colapso del gobierno y/o de la empresa: Introduciendo violencia en los conflictos, los anti-mineros logran que los intentos del gobierno por hacer cumplir la ley sean vistos como actos abusivos de la Policía y de las autoridades. Cada muerto en un conflicto minero es una victoria para los anti-mineros, especialmente para sus alas más radicales. Es con las imágenes que generan los muertos y con la visualización de las respuestas policiales que los anti-mineros se victimizan.[9] Es por esto que estas imágenes son usadas sistemáticamente en los productos multimedia que realizan y difunden en las redes sociales a nivel nacional y global. Una escena de violencia policial o el entierro de algún poblador muerto, mostrados en los medios de comunicación, activa los estereotipos de “gobierno represivo” y ello tiene un costo político alto para el gobierno. Si el costo político es demasiado alto, los gobernantes renuncian a su responsabilidad de hacer cumplir la ley y los tratados internacionales, y brindan importantes victorias a los anti-mineros. Si el costo reputacional es muy alto para las empresas, ellas prefieren renunciar a las inversiones ya realizadas e irse a otros países.[10] La lista de los proyectos mineros paralizados ilustra la efectividad de la violencia para los fines políticos de los anti-mineros.

La violencia ocurre entonces por su utilidad en los conflictos y por sus bajos costos. Mientras la violencia genere resultados positivos para los anti-mineros y tenga bajos costos para sus promotores, ellos no dejarán de utilizarla en sus acciones.

El discurso de la Impunidad

Los grupos anti-mineros son todos ‘formalmente’ contrarios al uso de la violencia. Los pos-extractivistas incluso lo dicen en sus talleres de capacitación. Sucede que después de la experiencia trágica del terrorismo de Sendero Luminoso, nadie puede proponer públicamente el uso de la violencia. Además, los financiadores internacionales no pueden financiar actos de violencia.[11]

Leyendo sus documentos jamás vamos encontrar un manual de cómo incendiar una instalación minera, como masacrar a un periodista independiente, o como secuestrar a un trabajador minero. Además, sus manifestaciones, con claros contenidos de violencia, son todas nombradas ante la prensa como “manifestaciones pacíficas.” En su narrativa, los actos de violencia no existen, lo que ocurren son formas legítimas de defensa ante las acciones represivas de la Policía Nacional, o son provocaciones de “infiltrados.”[12] En realidad, la violencia es algo que los anti-mineros aplican en forma sistemática, pero que se oculta o se justifica.

La importancia que los anti-mineros asigna a la violencia no se observa en sus textos sino en la defensa que hacen de las condiciones para su aplicación. La defensa de la violencia asume la forma de defensa de la impunidad.[13] Observando las campañas jurídicas promovidas por los anti-mineros encontramos que uno de sus temas recurrentes es la defensa de la impunidad.

El uso de la violencia, en las modalidades que aplican los anti-mineros, está penado en Perú. Nadie puede legalmente golpear a un vecino que discrepa sobre el potencial económico de la minería, no se puede agredir físicamente, ni menos secuestrar o masacrar, a periodistas, ingenieros, Policías, etc. Ante esta realidad jurídica, los anti-mineros organizan campañas frecuentes a favor de la impunidad de quienes han cometido esos delitos. Sin dudas, ellos han sido exitosos en esas campañas, la lista de autores de actos de violencia que no son sancionados se incrementa todos los meses. Es más, esas personas violentas son presentados como héroes, como personas cuya conducta merece ser imitada.

Todas las organizaciones anti-mineras, aún aquellas que en sus talleres de capacitación hablan en contra del uso de la violencia, se alían cuando el tema es la lucha por la impunidad. Ellos apoyan el uso de la violencia bloqueando que la justicia sancione a quienes han cometido crímenes en contra de sus vecinos, de la Policía o de las empresas mineras. Si revisamos la Web vamos encontrar múltiples declaraciones de los principales líderes anti-mineros del país promoviendo la impunidad bajo las consignas de luchar contra la “criminalización de la protesta social” y por la generalización de la justicia Intercultural. Sus argumentos pueden ser bastante enredados, hablan de indigenismo, colonialismo, Euro centrismo e interculturalidad, pero cuando exploramos las consecuencias prácticas de lo que proponen, encontramos que la quiebra de la unidad jurídica del país y la creación de áreas de impunidad para aplicar la violencia están en el centro de lo que buscan con sus propuestas.[14] Además, el Estado no ha sido capaz de desarraigar a los acusados de actos criminales a circunscripciones judiciales alejadas de la presión ‘popular’ manipulada por los anti-mineros.

El Aprendizaje

Los pequeños conflictos para extorsionar a las empresas resultan como escuelas en el uso de violencia: bloqueos de pista, cobro de “peaje,” ocupación de instalaciones, etc. Lamentablemente, muchas empresas contribuyen a un proceso de aprendizaje social en el cual esos pequeños grupos se ejercitan en esas formas de acción colectiva violenta. Ese entrenamiento facilita mucho el pasar a formas más destructivas en una situación en que el conflicto se escala.

Las rondas campesinas constituyen otra escuela de violencia para los anti-mineros. En las rondas grupos de campesinos se entrenan en hacer uso de la violencia en contra de individuos y pequeños grupos. Las rondas en la práctica hacen un manejo grupal de funciones públicas: policial y juez de paz. Las rondas se legitiman por la incapacidad del Estado para brindar esos servicios a las poblaciones rurales de Cajamarca. El problema es que, la capacidad de hacer uso de la violencia adquirida por las Rondas Campesinas puede ser utilizada más allá de los motivos que la originaron, la lucha contra el abigeato y solución de conflictos entre vecinos. La Rondas pueden ser usadas con propósitos de intolerancia, abusos, coerción, impunidad, conflictos, etc. La existencia de Rondas Campesinas organizadas contribuye en forma significativa al uso de la violencia en los conflictos mineros. Donde sea posible, los anti-mineros buscan crear rondas campesinas, existan o no su necesidad.[15] Ver en Lampadia: Las rondas se pasaron al ‘lado oscuro de la fuerza’.

Los anti-mineros llegaron a desarrollar un portafolio de usos de la violencia como resultado de un proceso gradual de aprendizaje. A lo largo de décadas, los grupos anti-sistema en el Perú ha ido acumulando conocimientos en el uso de la violencia en los conflictos sociales. El resultado es que hoy, en cualquier región del país, existen decenas de activistas anti-sistema que manejan un portafolio amplio de modalidades de violencia política.[16] Ellos están organizados en partidos políticos (Patria Roja, Tierra y Libertad, etc.), en ONG’s (Grufides, Cooperación, etc), en otras organizaciones, y en redes sociales globales. Ellos han escrito artículos, manuales y libros sobre conflictividad. Muchos de ellos están publicados y disponibles en la Web. Además, realizan seminarios y talleres de intercambio de experiencias con bastante frecuencia y documentan las lecciones aprendidas. En realidad, en materia de aprendizaje e intercambio de experiencias, los anti-mineros están mejor organizados que las empresas mineras y sus gremios.

Cómo Avanzar

Los temas sobre la minería, sus riesgos, responsabilidades y aportes al desarrollo, serán discutidos y resueltos en forma no-violenta cuando los costos de usar la violencia excedan sus beneficios. Para ello, la libertad de opinión y expresión en las zonas rurales, las manifestaciones realmente pacíficas y los espacios públicos de diálogo para tratar el desarrollo regional deben ser protegidos. Simultáneamente, la impunidad de las acciones de violencia política debe disminuir cualitativamente. Lampadia

[1] Della Porta, D. (1995). Social movements, political violence, and the state: A comparative analysis of Italy and Germany. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

[2] Besley,T & Persson, T. (2011). The logic of political violence, The Quarterly Journal of Economics, 126(6), http://qje.oxfordjournals.org/content/126/3/1411

[3] En este artículo trataremos sobre los beneficios que los anti-mineros obtienen usando la violencia. En un artículo posterior, explicaremos porqué la violencia política es viable en Perú.

[4] Los anti-mineros (marxistas y post-extractivistas) son seguidores del teórico marxista Gramsci que planteaba la necesidad de la hegemonía política y cultural. Para ello es necesaria la represión sistemática a las voces discordantes.

[5] Disponible en: http://www.lampadia.com/analisis/politica/stalinismo-en-cajamarca

[6] Más información en: http://peru.com/actualidad/nacionales/cajamarca-ronderos-golpean-maestro-ir-curso-yanacocha-noticia-341325

[7] La extorsión a empresas es una forma de violencia que es utilizada no solo para fines políticos. En las ciudades de la costa norte del Perú la extorción se ha vuelto una verdadera plaga, ejecutada por delincuentes comunes. En algunas zonas mineras la situación no es tan diferente de la costa.

[8] Para los grupos anti-mineros, la fabricación de noticias es una de las principales formas de acción, pues les permite utilizar los medios de comunicación para sus objetivos.

[9] Todos los grupos violentos desarrollan una narrativa de victimización. Según ellos el Estado, las empresas mineras y los sectores independientes los están agrediendo, y sus actos de violencia son solo para defenderse. Ellos siempre pintan la figura de que están bajo la acción represiva de un Estado opresor al servicio del poder económico prepotente y destructivo, y esto venden a sus financiadores.

[10] Los anti-mineros combinan la generación de conflictos violentos en las zonas de los proyectos con campañas jurídicas y de victimización en Europa y EEUU.

[11] El Partido Comunista Patria Roja, una de las principales organizaciones anti-mineras del país, en los últimos años ha retirado el lema central de su periódico: “El Poder Nace del Fusil.” Pero sus líderes y militantes, como Gregorio Santos, Breña Pantoja y Alberto Moreno fueron todos educados en la línea de la violencia. Ahora, ya no pregonan la lucha armada ni hablan de fusiles, pero nunca renunciaron a los usos menos intensos de la violencia.

[12] No por coincidencia, algunos líderes anti-mineros son ex-militantes de organizaciones terroristas.

[13] Los temas de la “criminalización de la protesta social” y de la generalización de la “Justicia Intercultural” merecen, cada uno de ellos, ser tratados en artículos aparte.

[14] Los anti-mineros, hablan de derechos humanos, pero son muy selectivos en los humanos que merecen los derechos. Por exclusión, ellos deshumanizan a los vecinos que están de acuerdo con la minería, a los trabajadores de las empresas mineras, y obviamente a los miembros de la Policía Nacional.

[15] La violencia aplicada por las rondas campesinas es referida con el eufemismo de “usos y costumbres,” y según los anti-mineros los abusos cometidos por ellos deben estar al margen de la legislación nacional.

[16] Algunos de esos líderes son ex-miembros de grupos de izquierda radical, hoy semi-desocupados. Para ese ejército de semi-desocupados los conflictos mineros constituyen la mejor ruta de ascenso social.

Cerco Cognitivo y Conflictividad Minera

| 26 de Enero de 2016

Este ensayo forma parte de nuestro repositorio Recursos Naturales y Desarrollo que pretende traer luces sobre la conflictividad anti-inversión que ha paralizado muchos proyectos y ralentizado nuestra economía y mejora social.

Los anti mineros pueden sostener conflictos sociales de manera prolongada y violenta porque manipulan el flujo de conocimientos accesibles a la población y el proceso de formación de la opinión pública local. Controlan sus fuentes de credibilidad, exponen a las poblaciones locales a un bombardeo sistemático de falacias, exageraciones, rumores y mentiras, inoculando una narrativa profundamente anti-minera. Los medios de información creíbles sostienen el mismo relato y la institucionalidad local se encuentra capturada, legitimando así las acciones de los anti-mineros que aplican la violencia contra los disidentes. Bajo estas condiciones, la población se encuentra aislada de visiones alternativas. En estas situaciones, las acciones y los esfuerzos de comunicación de las empresas mineras y del gobierno central difícilmente podrán ser efectivos. El Cerco Cognitivo de las poblaciones ha cumplido un rol fundamental en el crecimiento de la conflictividad minera de los últimos años.

La renuncia al progreso

La minería moderna, atendiendo los estándares ambientales, los requisitos legales y las prácticas de responsabilidad social, es una actividad altamente beneficiosa para el Perú. La minería es especialmente positiva para la gran mayoría de las poblaciones de las localidades en que opera[1]. Si las empresas e instituciones locales desarrollan estrategias inteligentes, canalizan bien los recursos generados por la minería y establecen sinergias entre la economía local y la actividad minera, el beneficio puede ser aún mayor.

¿Cómo entender, entonces, que los conflictos mineros se hayan incrementado tanto en los últimos años? ¿Cómo puede ser que las poblaciones locales renuncien a posibilidades reales de progreso ofrecidas por la minería para dedicarse a un enfrentamiento en que todos pierden, con la sola excepción de los anti-mineros?

¿Será una consecuencia del bajo nivel educativo de las poblaciones rurales? ¿Será la existencia de una mentalidad localista y resentida de algunas regiones? ¿Es la existencia (supuesta) de remanentes de sociedades indígenas que rechazan la modernidad? ¡No!

No creemos que estos factores expliquen la conflictividad social respecto a la minería.

Pensamos que la existencia de creencias tradicionales sobre los cerros, el agua y la minería, los resentimientos sociales, las inclinaciones políticas y los sesgos cognitivos de las poblaciones rurales favorecen a los anti-mineros, pero esas condiciones siempre han existido y no explican satisfactoriamente la conflictividad social de los últimos años. Nuestra hipótesis es que las causas de la conflictividad son bastante modernas y tienen que ver más con el trabajo sistemático de las corrientes ideológicas anti-mineras que con las características culturales y sociales pre-existentes en el país. Ellos manipulan este sistema de creencias para construir sobre él una narrativa mucho más robusta. Veamos cómo funcionan esos mecanismos.

El cerco cognitivo

Para convencer a las poblaciones de renunciar a sus aspiraciones de progreso económico y social, los anti-mineros generan un cerco que son el objetivo de sus acciones. Lo llamamos cerco cognitivo porque se refiere al control de los conocimientos a los que la población puede acceder. Es con ese cerco cognitivo que los anti-mineros logran manipular a la población en función de sus objetivos políticos. ¿En qué consiste el cerco cognitivo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo construyen?

El cerco cognitivo consiste en la combinación de cuatro mecanismos: (a) una narrativa hostil a la minería, (b) la captura de los referentes creíbles de la población, (c) control del flujo de mensajes hacia la población, y (d) el bloqueo de las voces independientes.

1. Narrativa anti-minera: Con la narrativa hostil a la minería, ellos difunden en la población el temor a la actividad minera y la mistificación del conflicto como fuente de dignidad y como mecanismo de bloqueo a las aspiraciones de progreso de la población. La dignidad juega un papel clave en esta narrativa: al no poder ofrecer una alternativa real a los beneficios que la minería ofrece, la dignidad cumple una función como fuente de satisfacción al poblador que participa en el conflicto.[2] En esa narrativa las empresas mineras son los “Malos” y los anti-mineros son los “Buenos,” además los conflictos son presentados como necesarios para defender los recursos naturales y la dignidad de la población.[3]

2. Fuentes de credibilidad: Con la captura y adoctrinamiento de las fuentes de credibilidad de la población (profesores, líderes locales, religiosos, periodistas, etc.) los anti-mineros controlan la interpretación de los hechos y la formación de opiniones de la población local. Como ellos mismos lo explican: “El apoyo o involucramiento de líderes religiosos o incluso de la iglesia misma puede marcar toda la diferencia en la lucha” (Zorrilla, Buck, Palmer & Pellow). [4] Las creencias religiosas de las poblaciones rurales hacen que los líderes religiosos, como algunos curas, tengan condiciones favorables para manipular a la población.[5]

3. Flujo de mensajes: El control del flujo de mensajes tiene tres propósitos: la repetición de su versión de los hechos, la propagación de rumores y la descalificación de mensajes alternos. Los anti-mineros logran ese control sobre el flujo de mensajes de dos maneras: (a) la presencia de decenas de activistas anti-mineros en permanente contacto con la población local, y (b) la creación de programas radiales y medios de comunicación hostiles a la minería y orientados hacia la conflictividad.

4. Bloqueo a las voces independientes: Los anti-mineros reducen mucho las posibilidades alternativas de pensamiento con el bloqueo de las voces independientes. Las voces discrepantes son presentadas como vendidos a la minería, interesados en su beneficio personal o traidores a la comunidad y evitan así que los temas del progreso económico y social sean debatidos democráticamente en las zonas controladas por ellos. La intimidación y la violencia hacia periodistas y líderes locales son actividades estándares para lograr el silencio de los independientes. Normalmente se le camufla y legitima la aplicación de la violencia mediante eufemismos tales como “se aplicaron usos y costumbres” entiéndase castigos físicos a quienes “dividen la comunidad”, es decir a quienes disientan de ellos.[6] Para el control de la población es necesario generar la impresión que todos en la comunidad están de acuerdo con la posición de los anti-mineros. Es así que las personas que disienten con ellos, sienten una mayor presión social para mantener el silencio y no ser criticados por el resto de la comunidad.

El Funcionamiento del Cerco

¿Cómo puede la población rural establecer en qué grado una actividad compleja como la minería moderna afecta o no al subsuelo y a sus recursos naturales, y pone o no pone en riesgo sus actividades agrícolas? ¿Cómo saber si los EIA de las empresas mineras, aprobados por el Estado, están bien hechos y son realmente confiables? ¿Cómo saber si un rumor que anda corriendo sobre la contaminación del agua por la minería es falso o verdadero?

Para preguntas como esas, la población local recurre a las pocas fuentes de información con credibilidad que le son accesibles. Si esas fuentes están controladas por los anti-mineros y las voces independientes están intimidadas y acalladas, las conclusiones de la población son previsibles. Los anti-mineros trabajan años capturando las fuentes de credibilidad para introducir su narrativa en las conclusiones de la población.

Control de la institucionalidad local

Mientras trabajan para controlar las fuentes de credibilidad, los anti-mineros buscan crear o asumir el control de la institucionalidad rural: comunidades y rondas campesinas, instituciones religiosas, alcaldías provinciales y distritales, frentes de defensa, organizaciones locales, ONG’s, centros de salud, unidades educativas, frentes de defensa, etc.

Cuando se controlan las fuentes creíbles de información, los anti-mineros pueden inocular su narrativa. Esto genera las condiciones necesarias en la opinión pública para la captura de la institucionalidad local.

Esa institucionalidad local y sus representantes pasan a ser las fuentes de legitimidad para su accionar conflictivo y para la descalificación de las opiniones favorables al progreso económico y social. La opinión de los representantes de la institucionalidad local influencia fuertemente a la población para definir si algo es legítimo o ilegítimo, correcto o incorrecto.

Esta captura viabiliza la aplicación ‘legitima’ (a los ojos de la población) de la violencia contra quienes se opongan a sus intereses, con ello se impermeabiliza a la población ante fuentes alternativas de información que disientan de la narrativa anti-minera.

Cuando los anti-mineros tienen esas condiciones instaladas localmente, ellos están en la capacidad interpretar las acciones de las empresas mineras y de cualquier otro actor externo según sus intereses. Por ejemplo: Todo lo que una empresa haga a favor de la población (proyectos, servicios de salud, etc.) es visto, en esa narrativa, como un intento de la empresa de resarcir parcialmente un daño que sus actividades estarían generando en la población local (contaminación, etc.), o es parte de un engaño en el que el poblador no debe caer. En vez de reconocerlas como algo positivo, ellos presentan las acciones de las empresas mineras como un intento de manipular a la población local aprovechándose de sus necesidades materiales y de su pobreza. Según ellos los proyectos de desarrollo de las empresas son “migajas” cuyo propósito es adormecer la conciencia de la población, para seguir contaminando las aguas y destruyendo el futuro de todos, especialmente de los niños.

Una de las consecuencias del cerco cognitivo es que las acciones de responsabilidad social de las empresas pierden mucho de su eficacia para ganarse la confianza de la población. Los estudios de opinión pública de las diversas encuestadoras muestran que, en las zonas de operación de las empresas mineras, donde se han realizado mayor cantidad de acciones de responsabilidad social, la población es más hostil a la minería que en otras zonas donde las empresas no han hecho obras ni proyectos. La explicación a esta supuesta paradoja es el control de los anti-mineros sobre la manera cómo se forma la opinión pública. Ellos afectan la manera como la población interpreta las acciones de responsabilidad social de las empresas y reducen en gran medida las ganancias en reputación que éstas esperaran conseguir.

Con la narrativa anti-minera instalada en la mente de las personas y la institucionalidad local controlada por los anti-mineros, pueden luego manipular a la población y crear así la base de operaciones para un conflicto político de larga duración.[7]

Cuando los anti-mineros logran instalar su narrativa y estructurar su cerco cognitivo sucede una tragedia social. Poblaciones pobres con altos índices de mortalidad materna e infantil ponen sus aspiraciones de progreso a un lado y dedican una parte importante de su tiempo y energía a bloquear la actividad económica que les posibilitaría salir de la pobreza y ofrecer a sus hijos un futuro mejor. Los procesos de aprendizaje social sobre cómo progresar son interrumpidos y muchos de sus líderes se especializan en el oficio nefasto del conflicto y la manipulación.

¿Cómo romper el cerco cognitivo?

Quienes más necesitan romper el cerco cognitivo de los anti-mineros son las poblaciones y empresas de las regiones mineras. Ellas son quienes necesitan aprovechar la demanda global de materias primas para construir sus rutas de progreso. Sin embargo, la superación de las barreras construidas por los anti-mineros no es algo que ellas puedan hacer solas, aisladas de otros actores sociales. Esta es una tarea que requiere una alianza social que necesariamente debe incluir a los sectores y medios mejor informados.

Las empresas mineras solas también tienen grandes limitaciones para romper los cercos cognitivos de los anti-mineros. Los estereotipos sobre las empresas mineras que ya están instalados en la mente de la población constituyen condiciones desventajosas. Además, todo lo que una empresa diga en sus comunicados puede fácilmente ser interpretado como un mensaje de parte que sirve a sus propios intereses de lucro. Como ya hemos visto, si los anti-mineros controlan las fuentes de credibilidad de la población, los mensajes de las empresas son interpretados negativamente y no cumplen los objetivos de contrarrestar la narrativa anti-minera. La promoción de otras fuentes de credibilidad para la población se vuelve fundamental.

Se requiere una coalición social pro-desarrollo, conformada por los actores favorables a la minería, para que se pueda romper el cerco cognitivo de los anti-mineros. En realidad, en todas las regiones existen importantes sectores de la clase media urbana y rural que pueden beneficiarse de la presencia de la minería, pueden montar negocios, prestar servicios y abrir una ruta de progreso para ellos y para la mayoría de la población. No es coincidencia que los anti-mineros realicen una actividad sistemática para descalificar, amedrentar y neutralizar a los actores de los sectores medios de las sociedades regionales.

Son esos actores de los sectores medios quienes pueden asumir una narrativa pro-desarrollo y pueden constituirse en nuevos referentes de credibilidad para la población urbana y rural. Si las empresas mineras quieren neutralizar a los anti-mineros y crear bases para una minería sostenible, necesitan ofrecer a esos sectores medios dos cosas:

(a) Una ruta de progreso económico dinamizada por la minería (ver las propuestas de Michael Porter sobre Valor Compartido), y

(b) Desarrollar en diálogo con los sectores medios, una narrativa de progreso culturalmente adecuada a la idiosincrasia regional.

Cuando los actores de los sectores medios comiencen a liderar la agenda pública local en función una propuesta de minería y desarrollo, el cerco cognitivo de los anti-mineros se derrumba. Gradualmente sus mentiras y falacias se harán visibles, y las poblaciones locales podrán imaginar su futuro con un mayor nivel de confianza y libertad. Lampadia

[1] Zambrano, Omar; Robles, Marcos; Laos, Denisse (2014) Global boom, local impacts: Mining revenues and subnational outcomes in Peru 2007-2011 Banco Interamericano de Desarrollo.

[2] Cuando una organización, como los anti-mineros, enfatiza la dignidad en su narrativa, es porque no puede ofrecer opciones de progreso, y quiere que la población renuncie a sus aspiraciones para servir a los intereses de la organización.

[3] La elaboración de una narrativa es una actividad de alta complejidad. Los grupos anti-mineros locales no tienen la capacidad intelectual para hacerlo. Son los centros internacionales, financiadores de los anti-mineros locales, quienes desarrollan dichas narrativas. Los anti-mineros locales y sus ONG’s repiten, adaptan esas narrativas, y generan imágenes que las ilustran. Por las características, funcionalidad y falacias de la narrativa anti-minera, escribiremos un artículo próximamente.

[4] Zorrila, C., Buck A., Palmer, P., & Pellow, D. (2009). Protegiendo a su Comunidad Contra las Empresas Mineras y Otras Industrias Extractivas. (p. 15). Bolder, OH, USA: Global Response.

[5] Los anti-mineros hacen un mapeo cuidadoso de quienes son las personas que la población rural tiene como referencia para formar una opinión sobre los diversos temas. Aunque se presentan como parte de la población pobre, esas personas son en realidad parte de la élite local.

[6] Ellos copian en una escala micro, local, lo que Stalin ha logrado implantar en la Unión Soviética.

[7] Cuando la idea de progreso es sustituida por la falacia de que el conflicto es la fuente de dignidad de la población, el futuro de la población está en riesgo de postergarse por décadas y generaciones.

Minería y Desarrollo

| 26 de Enero de 2016

Hoy día lanzamos nuestra Biblioteca Virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo. Qué mejor manera que hacerlo con el ensayo de Sebastiao Mendonça sobre la legitimidad social de la minería.

Como todos sabemos la actividad minera ha sido pasiva de un proceso de cuestionamiento que ha descarrilado las políticas públicas que permitieron su desarrollo y aporte múltiple a la mejora de nuestros indicadores económicos y sociales durante los últimos 25 años.

Las siguientes líneas de Mendonça, inician un proceso de difusión y debate sobre los verdaderos impactos de la minería en el Perú.

La Legitimidad Social de la Minera

Un drama con elementos de tragedia

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

No hay nada más práctico que una buena teoría.

Kurt Lewin, MIT.

Los conflictos mineros parecen rayos en cielo abierto. Aparentemente todo está tranquilo en una región, y de repente un conflicto, que parecía ser un problema menor, adquiere una escala masiva y se hace noticia nacional o internacional.

¿Por qué los conflictos mineros pueden escalar tan fácilmente? ¿Cómo puede ser que empresas muy grandes y tecnológicamente sofisticadas puedan ver sus proyectos de miles de millones de dólares paralizados en forma tan sorprendente? ¿Cómo puede ser que esas empresas sean blancos de campañas de rumores y de acciones violentas generando grandes pérdidas a ellas y al país? ¿Qué es lo que posibilita que los conflictos mineros escalen localmente y ganen el apoyo de segmentos importantes de la opinión pública nacional en cuestión de días o semanas?

La respuesta breve es que ello depende de la legitimidad social de las empresas mineras y de la actividad minera en la sociedad peruana. La facilidad con que los conflictos escalan e impactan sobre la opinión pública nacional está directamente ligada al deterioro de la legitimidad de la minería. Es el descuido sistemático de la construcción y protección de dicha legitimidad lo que ha generado todo un conjunto de debilidades críticas que hoy son bien aprovechas por quienes ven en la promoción del conflicto la ruta de su ascenso político y económico.

Cuando una empresa o un sector como la minería dejan que su legitimidad ante la sociedad local sea dañada, la empresa y todo el sector se vuelven vulnerables a múltiples tipos de ataques y hace económica y políticamente rentable el aventurerismo político, estimulando así la expansión de esa actividad en el país.

¿Qué es legitimidad social?

Una de las definiciones más ampliamente aceptadas es de Suchman (1995):

“La legitimidad es una percepción o creencia generalizada [de la sociedad local] de que las acciones de una entidad son deseadas, apropiadas y adecuadas, dentro de un sistema construido de normas, valores, creencias y definiciones.” [1]

Lo desafiante de la legitimidad social es que es una batalla que se gana o se pierde en la mente y en los corazones de la población local, en el marco de sus creencias, estereotipos, inclinaciones sociales e instituciones. Sin un conocimiento profundo de esos elementos locales, las empresas mineras no tienen muchas chances de construir y proteger su legitimidad. Sin entender la cuestión de la legitimidad, los millones de dólares aplicados en proyectos de desarrollo y en campañas de imagen tienen resultados inciertos, para decir lo menos.

A diferencia de las empresas mineras, los grupos anti-mineros conocen muy bien el sistema de creencias de la población local y han desarrollado narrativas que apuntan a destruir la legitimidad de la minería y a justificar sus acciones en contra del sector. En realidad, el desarrollo de narrativas hostiles a la minería es una especialidad de esos grupos, sea en su versión marxista o post-extractivista.

Los pilares de la legitimidad de la minería

Para el caso de la actividad minera y las empresas que la realizan, son cuatro las grandes áreas o temas de preocupación de la población en torno a los cuales se construye o se deteriora la legitimidad. Ellos son los pilares de la legitimidad social de la minería:

1. Contribución al desarrollo económico y social.

2. Responsabilidad hacia el ambiente/recursos naturales

3. Actitud ética hacia la comunidad/sociedad local.

4. Confiabilidad de la institucionalidad ligada a la minería.

1. Contribución al desarrollo económico y social

La presencia de empresas en una región genera una gran cantidad de temores y de expectativas de progreso en las poblaciones próximas y no tan próximas a sus operaciones. Si las instituciones públicas son incompetentes y/o corruptas, las expectativas hacia las empresas mineras se vuelven aún más grandes.

No sirve de mucho discutir si, además de cumplir con estándares globales, con las leyes del país y con el pago de los impuestos, las empresas mineras tienen o no la responsabilidad de dinamizar el desarrollo económico en las zonas próximas a sus operaciones. Independiente de la respuesta a estos temas, las empresas necesitan responder de algún modo a esos temores y expectativas sociales, porque si no lo hacen su legitimidad peligra.

Si la opinión de la población local es favorable, no será difícil para las empresas mineras constituir coaliciones de actores sociales que defiendan un modelo de desarrollo en donde la minería cumpla un rol de locomotora de la economía local. Si esa opinión es desfavorable, los grupos anti-mineros tendrán muchas oportunidades de generación de conflictos.

Este es un campo en que los grupos anti-mineros tienen una gran ventaja, pues las narrativas de las empresas mineras son poco efectivas en permitir a la población visualizar los impactos positivos de la minería en su economía, y sin una narrativa convincente, es muy difícil avanzar en la construcción de este pilar de legitimidad.

2. Responsabilidad hacia el ambiente/recursos naturales

Los impactos ambientales de la minería son visibles, especialmente si la operación es de tajo abierto. La expectativa de la población es que esos impactos estén previstos en el diseño de la operación, que las tecnologías y procedimientos utilizados los minimice, y que la empresa corrija los accidentes que pudieran darse. La población local espera, además, que la información brindada a ella y a las instituciones públicas sea confiable. [2]

Esta es un área en que los temores abundan, los reportes técnicos resultan discutibles, las incertidumbres de la población son altas, y las acusaciones pueden ser creíbles aún sin soporte de evidencias. Este es un tema en que los temores son tan importantes cuanto el control de los riesgos en si mismos. No es suficiente que las medidas de control de riesgo ambiental estén bien diseñadas, es necesario que la población tenga confianza en que la empresa las aplica en forma consistente y responsable.

Si la cuestión ambiental asume la forma de disputa por los recursos naturales, la preocupación de la población se incrementa notablemente. Lo que la población, especialmente de los ámbitos rurales, no quiere es que la minería les prive o afecte la calidad del agua poniendo en riesgo sus actividades económicas y su bienestar. Sin que la población esté tranquila sobre este tema, es poco sensato creer que los conflictos no van ocurrir.

3. Actitud ética hacia la comunidad y/o sociedad local:

Sin ganar la confianza de la población acerca de sus intenciones, es imposible que las operaciones de una empresa minera puedan ser sostenibles.

Si una empresa genera resentimientos en la población y/o deja que su imagen sea asociada a los enemigos y rivales con los cuales la población ha enfrentado a lo largo de su historia –invasores, traidores, dictadores, colonialistas, saqueadores, etc.– se incrementa notablemente la propensión de la población a entablar conflicto con esa empresa.

Una vez que las empresas son encasilladas en la mente de la población local como entidades hostiles, todo lo que digan en defensa de su accionar y todo lo que hagan, aún siendo positivo para la población, deja de ser creíble. Sin credibilidad, las empresas pierden voz ante la sociedad local. En el Perú hay muchas empresas mineras que han perdido su credibilidad ante importantes segmentos de la población de las regiones donde operan.

4. Confiabilidad de la institucionalidad ligada a la minería

La actividad minera se da en un marco institucional: el registro de las áreas, el derecho de exploración, la aprobación del EIA, las licencias de operación, el pago de los impuestos, el pago del canon, etc. La credibilidad de ese marco institucional es fundamental para la legitimidad de las operaciones de las empresas mineras. No es gratuito que los grupos anti-mineros ataquen sistemáticamente la confiabilidad de las instituciones que norman, supervisan o representan al sector minero.

Las reglas de convivencia en una sociedad están dictadas por sus instituciones. Si las instituciones no son confiables, las leyes y las autoridades que las aplican no son dignas de ser obedecidas. En esas situaciones, las protestas son vistas como necesarias, e incluso el uso de la violencia puede ser visto como justificable. La acción directa, al margen de la institucionalidad, pasa a ser percibido como la única forma de hacer oír la voz de quienes se sienten injustamente tratados por instituciones ilegítimas.

¿Cuán legítimas son las instituciones del sector minero? En el Perú no se llega a los extremos Africanos en donde los conflictos por los recursos minerales (diamantes, petróleo, etc.) asumen la forma de guerra civil, pero la escala de los conflictos anti-mineros y el uso generalizado de la violencia en ellos, indica un grado preocupante de ilegitimidad de la institucionalidad minera.

Sin referencia institucional, la población se guía por las imágenes difundidas en los medios y por las apariencias circunstanciales de los conflictos, muchos de ellas fabricadas para las cámaras, y los anti-mineros son expertos en montar escenarios para los medios. El problema se complica si consideramos la fuerte presencia de los anti-mineros en los medios radiales, en donde la población rural busca informarse, predominantemente.

Conclusiones

El estado de la legitimidad social de la minería es la referencia principal de su duración en el tiempo, de su sostenibilidad. Es decir, sin legitimidad ninguna empresa es sostenible en el largo plazo.

Con la práctica del pragmatismo transaccional –aún predominante en muchas empresas– las empresas mineras y la SNMPE han dejado que la legitimidad del sector sea erosionada a lo largo de décadas enteras, y ahora vemos en la conflictividad social las consecuencias de ese error.

Los enfoques que promueven la aplicación de estándares globales en las prácticas ambientales y sociales de las empresas e incluyen mecanismos de promoción del desarrollo regional (Responsabilidad Social Empresarial y Valor Compartido) contribuyen en alguna medida a la construcción y protección de la legitimidad social, pero no son suficientes porque no abordan el problema de la legitimidad en sus cuatros pilares.

En países como el Perú, en donde el aventurerismo político asume, en muchas ocasiones, la forma de movimiento anti-minero. Los temas referentes a dos de los cuatro pilares de la legitimidad, la imagen ética de las empresas y a la credibilidad de las instituciones de la minería, no pueden dejarse a la improvisación o al ensayo y error. Todos los cuatro pilares necesitan ser abordados en forma consistente.

El tema de la legitimidad social de la minería y de cada una de las empresas mineras necesita un tratamiento más comprehensivo. Mientras no lo hagan, los anti-mineros van a tener amplias facilidades para la acción hostil. La responsabilidad de recuperar la legitimidad del sector la comparten las mismas empresas mineras, la SNMPE y el periodismo especializado.

[1] Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571-610.

[2] Todas las actividades económicas y sociales tienen impactos ambientales, algunos de esos impactos son locales y otros son a escala global: calentamiento global, deforestación, pérdida de la diversidad biológica, acidificación de los océanos, solo para citar algunos. Lo importante para los fines de la legitimidad es que los impactos ambientales de las actividades mineras son localmente muy visibles y tienen efectos directos concentrados sobre su entorno.

Escupiendo a la mano que nos da de comer

| 26 de Enero de 2016

El gobierno, desde el Ejecutivo y el Parlamento, los políticos de oficio y los emergentes abrazan el populismo sin pudor, cada uno con sus propios colores para gran desconcierto de nuestros jóvenes emprendedores y de la clase media emergente, que evidentemente apuestan por la modernización del país y por un espacio de desarrollo personal y familiar que no reclama nada de las esferas del poder.

El Presidente de la República, parece querer terminar su mandato con el lenguaje de su candidatura previa al agiornamiento de la hoja de ruta. La semana pasada en Saposoa, San Martín, afirmó: “Hay intereses económicos a los que hemos golpeado, hay intereses subalternos y políticos a los que les hemos modificado la agenda, sus planes de seguir gobernando el país, seguir extrayendo y viviendo de la minería”. (Gestión, 16 de octubre 2015).extracción,minería

El pasado 25 de octubre, 2015, en Huánuco, dijo que su gobierno se ha distanciado “de los poderes económicos” y ha cumplido sus promesas electorales. “Si no les gusta a los de arriba, piña. (Esto) es lo que ofrecí y es lo que estoy haciendo (…) El Perú no se puede gobernar desde una oficina, entre cuatro paredes”, sostuvo. (Expreso, 25/10/2015).

“Probablemente, haya grupos económicos que están fastidiados con un gobierno nacionalista, pero fue lo que dije: yo voy a gobernar para los de abajo”. (La República, 25/10/2015).

“Este es un gobierno diferente. Hemos roto con el viejo esquema de poderes económicos que se reelegían con los gobiernos de turno para mantener el poder económico y seguir lucrando con las necesidades del pueblo. (…) El Partido Nacionalista es un movimiento plebeyo que entra desde abajo e insurge”. (La Razón, 25/10/2015).

Si así habla el Presidente, ¿qué le queda a los activistas anti-mineros?

Por otro lado, la mayoría de candidatos ‘grandes’ también se someten a los efluvios populistas. El caso más notorio e irresponsable es el de Keiko Fujimori. Después de haber apoyado la toma del Lote 192 por Petroperú, ahora se declara anti empresa: “Cuando han ocurrido los conflictos sociales, las empresas se han portado muy mal con la comunidad” (¡!) “Critico abiertamente [a las empresas] mientras los otros candidatos callan, porque finalmente son sus representantes”. “A mí no me interesa que el gran empresariado me respalde…”. (La Razón, 27/10/2015). Pues, ¡que no le den ni un centavo!

Lo mismo pasó con PPK, primero con la Ley ‘Pulpín’ y luego con el Lote 192. Escribe sobre la carretera central, pero no menciona el túnel transandino para no perder los votos de los camioneros. ¿No era el candidato del Perú racional?

En cuanto a los candidatos chicos, cada uno de los que saca la cabeza es para sumergirse en el populismo, como con Verónika Mendoza que quiere cambiar la Constitución, hacer zonificación territorial y todas las demás propuestas de la izquierda tradicional. Además, por supuesto, sigue defendiendo la dictadura venezolana.

Nano Guerra García dice: “No daría ninguna concesión en un área en que pueda haber un conflicto. (…) “Hay que revisar todas las concesiones mineras que hay en Perú. Con la importancia que tiene la minería, el 40% del PBI lo generamos las pymes. La minería no llega al 10%, pero nosotros no hacemos paros. No le tengo miedo al esquema de dar la propiedad del subsuelo a las comunidades. Podemos sacar del medio a este tercero que es el Estado y que negocien las empresas mineras directamente con propietarios y autoridades. (El Comercio).

Guzmán, el fallido outsider, cree que es suficiente que las pequeñas empresas puedan tener un mejor espacio de vida. “Los que ya nos gobernaron, creen en la política del chorreo”. Ve la economía desde una perspectiva estatal, no ha reparado que las medidas del Perú son 90-90-90 (90% del empleo, la inversión y los recursos fiscales, aproximadamente). Cree que se necesita un Zar del Estado para Gamarra, que no existiría si se hubiera nombrado.

La buena política tiene que hacer educación cívica. No podemos perder más tiempo con malos gobiernos, ni tener gobernantes que una vez en el poder tengan que cambiar su discurso y perder legitimidad. Lampadia

Tía María, un paso hacia un ‘Estado Fallido’

| 26 de Enero de 2016

Uno de los reclamos más frecuentes durante la larga asonada en contra del proyecto de Tía María era que: “el Estado no puede imponer la ejecución de un proyecto”. Ni las autoridades, ni los medios pudieron articular la siguiente frase: “Los anti mineros no pueden imponer la paralización de un proyecto”.

El final, por ahora de la historia, es que el proyecto ha entrado en una supuesta catarsis de 60 días, bajo la reiterada amenaza de sus opositores, que no han levantado sus acciones. Todo lo contrario, ya se las ingeniaron para que todo el Sur se sume a una nueva paralización.

Además, el indomable Sutep ya organizó su propia paralización indefinida desde el 27 de mayo, volviendo a arremeter contra la meritocracia, las APP y exigiendo la estabilidad laboral absoluta. Continua la huelga en el Muelle Norte del Callao, para evitar el control del personal sospechoso de participar en los despachos de droga. El Colegio Médico del Perú, liderado por el dr. (SIC) Palominoque hace poco paseaba por las calles en los actos de violencia de la inhumana huelga médica, se suma al reclamo ambiental en Yauri Espinar, Pichanaki y Tía María, reclamando,hipócritamente, la suspensión de la violencia.

La escalada es completa. Mientras tanto el Presidente de la República dice que el no defiende a una empresa, sino el Estado de Derecho. Lo último es correcto, pero además tiene la obligación de defender a todos y cada uno de los ciudadanos, y a todas y cada una de las empresas que cumplan con la ley, incluida Southern, que según el propio Presidente, ha cumplido todos los requisitos. Además, se equivoca al convocar a los otros Poderes del Estado a cumplir su función, pues, si no lo hacen, el Ejecutivo está facultado para establecer las condiciones de emergencia que permitan conservar la gobernabilidad.

Por su lado los medios vienen equiparando la violencia de las cúpulas anti mineras con las de la policía (como Patricia del Río en RPP), dejando de reportar el nivel de violencia de la asonada:

Ataque a los bomberos
Ataque a la población que no se suma a la protesta
Ataque a la policía
Corte del agua a la población
Corte del agua a los sembríos
Marchas con armas escondidos en capuchas
Presencia de hordas violentistas ajenas a la zona, como los huaraqueros, los espartanos y otros.
Amenazas de muerte a los policías, de violación a sus esposas y de canibalismo con sus hijos. (Ver en Lampadia: Criminales anti Tía María amenazan con violaciones y canibalismo).

Además, dejan de destacar las cosas positivas, como cuando en Arequipa los pobladores reponían los adoquines usados por las hordas externas para hacer barricadas, apenas estos se alejaban unos metros. Yfinalmente, presentando al mayor inspirador político y programático de todos los acontecimientos del anti extractivismo desde Conga, el ex cura Marco Arana, al mismo nivel de un Ministro de Estado como Manuel Pulgar Vidal. Ver la reproducción de las páginas 2 y 4 de El Comercio del 17 de mayo del 2015:

En la entrevista de Mariela Balbi al ex cura Arana (El Comercio, 17 de mayo 2015), éste acusa al gobierno y a la empresa por la violencia desatada. Además, se destacan los siguientes pasajes:

¿Respaldan a los huaraqueros?

De ninguna manera. Ni sé quienes son…

¿Por qué no deslindan desde el primer día?

Hemos deslindado claramente con la violencia. (…) Además, los campesinos usan huaracas para espantar a las aves.

¿Son de la zona?

Lo que yo sé es que es una costumbre de los agricultores. Los policías también han ‘huaraqueado’.

¿Los ‘espartanos’ también son de la zona?

No lo sé…

¿No les preocupa protestar junto con el etnocacerismo, con Movadef?

No lo sé. Cuando se pregunta quienes son los ‘espartanos’, de donde vienen, la respuesta es que son hijos de gente de la zona. La policía también tiene el rostro tapado.

Arana cree que los peruanos somos idiotas. Acaba de hacer una acusación terrible a la pacífica población del valle. Que desvergüenza decir que los violentistas “son hijos de gente de la zona”.

En nuestra opinión, Arana y sus aliados deben ser declarados ‘personas non-gratas’ en el valle y en todo Arequipa.

Veamos otras perlas de la entrevista (glosada):

El alcalde de Cocachacra es de Tierra y Dignidad.

Quienes toman las decisiones son los dirigentes agrarios en coordinación con sus alcaldes.

¿Tierra y Dignidad respalda esa posición?

Sí, porque las relaciones con la empresa están muy afectadas.

El Ministerio de Energía y Minas ha concesionado dos terceras partes de la provincia de Islay. Cocachacra está prácticamente concesionada. [Falso, las concesiones no permiten el desarrollo de ninguna actividad minera. Solo el 2% del territorio nacional está explorado y/o explotado por la minería].

¿Qué escenario se presenta? ¿Continuar con el paro?

Acabo de leer que el mensaje del presidente ha sido rechazado, que se mantienen firmes y que la población de Islay continuará con el paro indefinido.

¿El alcalde de Cocachacra, de su partido, está de acuerdo con ello?

El alcalde Helard Valencia sostiene que la población debe ser escuchada y que el proyecto debe ser suspendido de manera indefinida. Y nosotros respaldamos su posición, por supuesto.

Entonces, en esta pausa de 60 días no habrá diálogo.

Lo que Southern no ha hecho en cinco años se ha deteriorado con el conflicto. No creo que lo arregle en 60 días.

¿No hay un doble discurso? Piden revisión del EIA y, por otro lado, que se vaya la mina porque la relación está deteriorada…

El gobierno no puede imponer un diálogo…[Tampoco los anti-mineros, pueden imponer su suspensión].

¿Qué diálogo puede haber si solo se quiere que salga Tía María?

Lo mismo le puede preguntar al gobierno, que solo mira por la empresa.

¿Su partido se siente responsable de los desmanes en Arequipa?

De ninguna manera.

¿Debemos dar un caramelo a quienes destruyen, bloquean carreteras, queman…?

Se quería restablecer las condiciones para el diálogo, y criminalizó la protesta.

Solo se imponen porque son violentos, tiran piedras…

No se puede caricaturizar a la población y a sus autoridades. Hay daños contra algunas personas que están por el proyecto minero y eso es condenable. Pero más del 90% de los pobladores de la provincia de Islay están en contra. [Falso, sin base alguna] Ahora se obliga a los funcionarios del MEM a aprobar los EIA entre gallos y medianoche.

¿Este gobierno y el anterior son unos crápulas y son 200 manifestantes quienes tienen la verdad?

No son 200 personajes que se oponen.

Con esa violencia…

Que se suspenda la violencia, cese el proyecto y se vaya a consulta. ¿Por qué no se revisa el EIA?

Porque ya fue aprobado de acuerdo a ley. El asunto es a pedradas…

Eso es al final. Y no son 200 personas, son miles.

¿Tierra y Dignidad apoyará un paro macrorregional antiminero?

Estamos por una salida pacífica. Lo que definan las organizaciones sociales de allá, en el marco de la ley y pacíficamente, sin duda tendrá nuestro apoyo. [¿?].

Le critican que solo haya separado y no expulsado de Tierra y Dignidad a Pepe Julio Gutiérrez, el que pide lentejas de plata.

Todos tienen la presunción de inocencia y el legítimo derecho a la defensa.

¿Tiene dudas sobre su culpabilidad?

Si ha actuado como lo indica el audio le caerá toda la sanción.

¿Quién financia esta protesta?

El Tambo es uno de los valles más ricos del país, los agricultores tienen un ingreso medio.

Para apreciar de forma integral el pensamiento de Arana y de toda la izquierda peruana, ver en Lampadia: Todas las izquierdas peruanas apuestan por la pobreza y Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento.

Además, sugerimos apoyar la propuesta de Lampadia de aplicar a las marchas de protesta, las mismas reglas que se requieren para entrar a los estadios de futbol.

Los peruanos no podemos permitir que un pequeño grupo de alucinados pretenda imponer, con niveles de violencia de naturaleza ‘Senderista’, un país que abandone su potencial de creación de riqueza y logre salir de la pobreza, superando sus brechas sociales y económicas e insertándose exitosamente en el mundo global. Esa gente quiere llevarnos directamente a la condición de un “Estado Fallido”. Lampadia