Por más increíble que parezca, a pesar de todos los acontecimientos vinculados a los llamados conflictos sociales, muchas personas en Lima dicen desconocer que detrás de estos conflictos está la acción organizada de anti-mineros que hábilmente han sembrado mitos y medias verdades para manipular a poblaciones vinculadas con la minería. Llama especialmente la atención que este se exprese también en muchos líderes del periodismo local que tienen acceso a la mejor información disponible en el país.

Con el fin de contribuir a explicitar la actividad de los anti-mineros, presentamos a continuación algunos pasajes del ‘Programa de Formación de Líderes y Lideresas Comunitarios’ preparado por Cooperacción (la ONG que dirige José De Echave) y el Centro Bartolomé de las Casas, con la cooperación (¿financiera y programática?) de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ACSUR-LAS SEGOVIAS – Asociación para la Cooperación con el Sur, entre otras instituciones.

Increíble que el Reino de España promueva con la mano derecha las inversiones de sus connacionales en el Perú y en paralelo, con la mano izquierda, la difusión de material dirigido a deseducar a nuestras poblaciones más pobres y sensibles, por decirlo diplomáticamente. En nuestra opinión esto merece una queja formal por parte del gobierno de la República del Perú.

Veamos algunos cortes de pantalla del manual indicado:

Para que no queden dudas de la autoría y contenido de esta publicación, las siguientes laminas muestran los créditos, el índice y otras perlas del manual anti-minero de De Echave y compañía.

Además, presentamos el enlace al documento en su integridad en la siguiente carátula del manual. 

Como hemos visto, los conflictos que vienen paralizando las inversiones mineras y otras en el Perú se sustentan en acciones políticas e ideológicas que han creado un ambiente de desconfianza, confusión y amilanamiento que es menester combatir.

Si algunos periodistas, como Patricia del Rio y Fernando Carvallo de RPP, necesitan mayor información, los invitamos con todo cariño a sesiones de capacitación en pos-extractivismo y conflictos anti-mineros con nuestro personal en Lampadia.

EDITORIAL DE LAMPADIA

Como puede apreciarse en los documentos que forman parte de nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, los anti-mineros vienen agudizando las contradicciones alrededor del proyecto de Las Bambas, propiciando una crisis que lamentablemente pasa por la muerte de Quintino Cereceda y las graves lesiones de 20 policías, de los cuales uno de ellos corre el riesgo de perder la vista.

Como en política no hay casualidades, tenemos que pensar que los anti-mineros han aprovechado un momento de debilidad del gobierno para dar su suerte de golpe estratégico. En efecto, a través de la acción directa de algunos comuneros, organizaron la ocupación de una carretera haciendo zanjas profundas, como puede verse en la siguiente foto.

Esto es un delito que no debería haberse permitido. Sin embargo, luego de un par de días, la policía dispone la reparación de la carretera, ocasión aprovechada por los violentistas para atacarlos agresivamente. Otro delito.

Increíblemente, el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, acusa a los mandos policiales de haber efectuado una acción inconsulta y no asume ninguna responsabilidad. En nuestra opinión, el Ministro tiene, por lo menos, una importante responsabilidad por omisión. Él sabía perfectamente que el estallido de una crisis era inminente y no tomó las precauciones necesarias. Igualmente, el Presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski, no aprovechó su período de gracia para explicarle a la población los beneficios de la inversión minera y, su ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se limitó a hablar de las cotizaciones y decir que la inversión minera se recuperaría paulatinamente desde mediados del 2018. Peor aún, el recientemente nombrado, Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, dice que “en el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando”, tal como  reportamos hoy en: ¿Renuncia el gobierno a reactivar la minería?

Estos conflictos tienen una cuidadosa preparación. Un colaborador de la casa nos hacía notar, que como en algún otro caso, hasta podría ser que la policía haya actuado en combinación con los anti-mineros para propiciar la crisis. Evidentemente, a estas alturas no sabemos exactamente como se dieron los distintos elementos, pero sí sabemos que el libreto o el manual anti-minero ha sido seguido al pie de la letra.

Lamentablemente, el país se ha dejado estar y los relatos que presentan estos disturbios en papel celofán han percolado por calles y plazas.

Todos los temas planteados para justificar el conflicto y su exacerbación son perfectamente capaces de ser analizados con transparencia y sensatez. Pero no parece haber buena voluntad para que el diálogo se dé entre gente que debe ver cómo hacer de estos valiosos proyectos lo mejor para todos. Algo que, insistimos, con buena voluntad, está al alcance de nuestras manos.

Invocamos al gobierno que explique al país la importancia del proyecto de Las Bambas, lo que significa para la economía y la reducción de la pobreza, la inversión minera y que exija la inmediata paralización de todas las acciones de fuerza para hacer una agenda de diálogo consecuente con la realidad y el bienestar de los peruanos, empezando, por supuesto, por los pobladores de Apurímac para quienes hay que continuar la senda de progreso que han tenido desde el inicio del proyecto. Ver: La minería impulsa el crecimiento de las regiones del Perú y La encrucijada de Las Bambas es también la del Perú.

Sr. Presidente de la República, ya enfrentó adecuadamente la crisis de moralidad. Esperamos lo mismo en el caso de las Bambas.  Lampadia

Según las declaraciones de PPK a Oppenheimer, su popularidad depende de las expectativas de la prosperidad futura de la población. Asumiendo esto como un factor de base, tendríamos que decir que el crecimiento de la economía puede representar la base de las expectativas y, por lo tanto, tendríamos que esperar que los distintos funcionarios del régimen privilegien el crecimiento o, por lo menos, que no lo debiliten.

Si además tomamos en cuenta que el mediocre crecimiento actual está soportado en un 50% por el sector minero, por la entrada en producción de los últimos proyectos que lograron evitar su paralización por el apronte anti-minero que paralizó a los demás, tendríamos que concluir que para lograr un mayor impulso del crecimiento, tendríamos que reactivar el sector minero y poner en camino los grandes proyectos, actualmente paralizados.

Pues contrariamente al enfoque de gestión gubernamental que se necesita para crecer, el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo y el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM, Rolando Luque, estarían jugando otro partido. Resulta que el primero ha declarado que la inversión minera “empezará a reactivarse paulatinamente a partir de mediados de 2018”. Y el segundo considera que en el Perú “en general hay razones para protestar”; “no comparte la tesis de la conspiración política como explicación de la conflictividad social”; relativiza la solidez de los EIA y las audiencias públicas y; plantea que la policía haga un uso proporcional de la fuerza para enfrentar los actos de violencia (pedrada con pedrada). Veamos en profundidad el caso del jefe de la ONDS:

Sobre el nombramiento del Rolando Luque

Rolando Luque ha sido recientemente nombrado Jefe de la ONDS.  Este puesto es crítico para el futuro de la conflictividad social en el Perú y para la viabilidad de múltiples inversiones de las que depende el futuro económico del país.

La ONDS es el cargo con mayor influencia sobre la estrategia general del gobierno nacional a la hora de enfrentar un conflicto social. Por ello la designación de su Jefe tiene importantes consecuencias sobre la conflictividad social y sus dinámicas. Con el fin de tener indicios respecto a que se puede esperar a partir de su nombramiento hemos analizado sus presentaciones, documentos y declaraciones desde su pasado puesto en la Defensoría del Pueblo como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y sus declaraciones una vez nombrado en el cargo de la ONDS. Presentaremos un análisis de las afirmaciones de Luque en diversos aspectos.

Significado Social de los Conflictos

Rolando Luque en “Conflictos Sociales y Respuestas Sociales: Del Orden Interno a la Protección de Derechos”[1] afirma:

“Pero, además de romper la insularidad, el conflicto revela un desequilibrio previo, una asimetría perjudicial reñida con el principio de igualdad sobre el que se erige el Estado Democrático.  Entonces el conflicto, de ser visto como algo condenable pasa a transformarse en una oportunidad …”

En la visión del Rolando Luque los conflictos de originan en una “asimetría” entre actores sociales y por ello se constituyen en una “oportunidad” para cerrar esta brecha. Más adelante Luque elabora aún más esta visión:

“El conflicto puede convertirse en el momento propicio para dar saltos hacia situaciones nuevas que mejoren las relaciones entre unos y otros, siempre que sea adecuadamente manejado”

Si bien es emocionalmente reconfortante el ver como “oportunidad” a los conflictos; la verdad es que en general estos no llevan a “situaciones nuevas” en el que hayan mejorado las relaciones entre actores sociales. En los conflictos más emblemáticos, lo que se ha visto es que los conflictos llevan a dinámicas de violencia y radicalización que vuelven más difícil  llegar a acuerdos futuros. La romántica visión del Rolando Luque no encuentra asidero en ningún ejemplo que pueda observarse en la historia reciente del Perú, sea Conga, Tía María o Las Bambas. Esta visión puede sonar agradable al oído pero es una mala guía para la acción.

Para Rolando Luque los conflictos podrían servir para visibilizar la problemática social de los sectores olvidados ante el resto de la sociedad.  Para Rolando Luque las asimetrías entre los actores sociales atenta contra la democracia. Creemos que es positivo reducir las asimetrías sociales, pero ésta es una interpretación con indiscutible carga ideológica puesto que la democracia es un régimen político que puede y debe darse independientemente de la desigualdad al interior de la sociedad.

Violencia y Fuerzas del Orden

En  “Memoria, Posconflictos y Nuevos Conflictos Socio-ambientales”[2] Rolando Luque afirma:

“…los civiles que no son parte de una organización criminal, no son una banda de secuestradores, tampoco es el narcotráfico ni el terrorismo, estamos hablando de ciudadanos que un buen día salieron a las calles a protestar porque consideraban que había algo injusto que los perjudicaba. En esa condición podemos estar cualquiera de nosotros, desde luego las trasgresiones a la ley tendrán que ser investigadas y sancionadas en su momento, pero el trato que se espera se dé a estas personas no puede ser el de un delincuente. En ese sentido la Policía Nacional tiene que experimentar un cambio muy fuerte”.

En entrevista en Radio San Borja se reafirma en estas ideas[3] dejando en claro que considera que quienes participan en protestas deben enfrentar consecuencias disímiles a las que enfrentan otros ciudadanos frente al mismo accionar. Para el Rolando Luque la motivación que tenga una persona detrás de los actos ilícitos que pudiera cometer debería afectar el actuar de las fuerzas del orden. Según ese pensamiento, un acto de violencia con una motivación política, como protestar, debería recibir un trato distinto a un acto de violencia con un propósito privado. Nos preguntamos si para Rolando Luque ¿los “Espartambos” que asesinaron a cadenazos al Sub Oficial Alberto Vásquez Durand,  eran personas como “nosotros” que un buen día decidieron ejercer su derecho de protesta (violenta) frente a la injusticia de la sociedad peruana?

En entrevista a Perú21[4] durante el apogeo del conflicto en Islay Rolando Luque afirmó:

“los pobladores de Islay no son delincuentes, pueden cometer algunos delitos, pero serán identificados“

“Sí se puede identificar a unas minorías muy violentas, que son las que están atacando a la población civil, ese es un grupo cuyo objetivo no parece ser el diálogo”

La simpatía del Rolando Luque por los manifestantes, incluidos los manifestantes violentos, y sus esfuerzos por defender la reputación de los mismos se hace patente con estas declaraciones. Al parecer no hay nivel de violencia que pueda llevarlo a condenar a un movimiento social. Considerar que los “Espartambos” son personas que “al parecer” tienen por objetivo el diálogo hace patente una interpretación con alta simpatía política hacia ellos. Obviamente ninguno de los delincuentes entre los manifestantes en Tía María afronta una condena penal hasta ahora, y no hemos encontrado registro que muestre su indignación o preocupación por esta impunidad. En ese entendimiento, la muerte de los policías no constituye crimen, son solo costos colaterales de una justa protesta en una sociedad desigual. Una filosofía bastante desigual respecto a los derechos de los ciudadanos en una sociedad.

Según el Código Penal, quien comete un delito, ya sea por bloquear una carretera, destruir propiedad privada o atacar a la policía pasa a ser un delincuente en ese momento. Pero para Rolando Luque no debería ser tratado así pues podría estar cerrando “asimetrías” entre actores sociales por lo que por cometer delitos no implica que sean tratados como delincuentes. ¿Entonces, es la intencionalidad política lo que determina si un acto de violencia es un crimen? Ya hemos vivido este debate en los años 80s. Justificar actos de violencia porque pueden estar cerrando brechas sociales es una postura ética discutible, por lo menos.

Fuente: Diario Correo.  http://cdne.diariocorreo.pe/thumbs/uploads/articles/images/s-30-diarios-recibian-espartam-JPG_604x0.jpg

Su Posición frente a los anti-mineros

Rolando Luque ha considerado en reiterados momentos como “Teoría de la Conspiración” el señalar el rol protagónico de fuerzas políticas anti-mineras detrás de gran parte de la conflictividad ligada a los grandes proyectos extractivos. En Lampadia (ver “Lentejas, Votos y Donaciones”) hemos analizado en reiteradas ocasiones como los grupos que promueven los conflictos tienen objetivos políticos. Lo afirmamos basándonos en sus declaraciones, en sus publicaciones y en sus acciones. Es preocupante que el Jefe de la ONDS no visualice a estos actores claves en el conflicto.  Pero, aún más preocupante y llamativo es que los líderes de esos grupos hayan saludado su designación en la jefatura de la ONDS como si se tratara de una victoria política para ellos. Ingenuos ellos no son, entonces ¿porqué lo celebran?

Por ejemplo, la coordinadora de ONGs post extractivistas, Red Muqui, afirma en su cuenta de Facebook:

“Desde Red Muqui saludamos la designación del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Reconocemos la experiencia y conocimiento de Rolando Luque en la gestión y políticas de prevención de Conflictos Sociales”

 Fuente: Cuenta de Facebook de Red Muqui.

Gregorio Santos en su cuenta de Twitter celebra su nombramiento pero se lamenta que Rolando Luque no tenga un mayor poder de decisión:

“Conozco al señor Luque su capacidad para poner sobre la mesa temas complejos de un conflicto. El fondo es que no tiene decisión política.”

Para el Rolando Luque, considerar que Gregorio Santos ha tenido un rol importante en los conflictos mineros de Cajamarca es teoría de la conspiración. ¿Sería bueno entonces que alguien nos explique por qué Gregorio Santos celebra el nombramiento del Rolando Luque?

Fuente: Cuenta de Facebook de Gregorio Santos

Como se visualiza en la respuesta de CooperAcción, ellos también saludan la designación de Rolando Luque.  Sin embargo, llama la atención que el Twitter ha sido borrado de su cuenta. Aunque en cambio, en su cuenta de Facebook sí saludan el nombramiento de Rolando Luque:

Fuente: Cuenta de Facebook de CooperAcción

En el portal Noticias SER de claro sesgo anti-minero proclama en su editorial[5]:

“Aunque queda poco espacio queda para el optimismo, la designación de Luque, ex Adjunto de la Defensoría del Pueblo en el tema de conflictos, es una de las pocas buenas noticias de las últimas semanas.”

Es decir, aquellos que obtienen réditos políticos y económicos de la conflictividad social con objetivos post-extractivistas saludan el nombramiento de Rolando Luque como una buena noticia. ¿Por qué será? ¿Será que lo que es bueno para los anti-mineros es bueno para el Perú?

La afinidad con algunas de las ideas post-extractivistas se puede apreciar en la siguiente frase:[6]

“Los teóricos de la modernidad sostienen que la visión unilineal del desarrollo surgida del siglo XVIII europeo ha entrado hace tiempo en crisis. La reacción contra la minería tiene que ver con ese cuestionamiento a una modernidad excluyente y altamente costosa para los pueblos. La fascinación por la máquina y el cálculo ya no tiene el efecto de antes.”

Estas ideas que podrían ser expresadas por Marco Arana, por Eduardo Gudynas, o por Boaventura de Souza Santos, son opiniones de la persona en la cual el gobierno de PPK colocó su confianza para lograr “destrabar” los grandes proyectos mineros que enfrentan resistencia social. La estrategia de reactivación minera de este gobierno es demasiado sutil, pues no se hace visible para los ojos de los humanos comunes.

Manejo de los Conflictos

En declaraciones a Peru21[7], cuando la entrevistadora afirma que “del manejo de los conflictos económicos depende mucho la gobernabilidad del país y la marcha de la economía, sobre todo en el campo minero”, la respuesta de Rolando Luque carece del elemento económico. “La gestión de los conflictos sociales tiene como consecuencia preservar a las personas que participan en escenarios de riesgo.  La vida, la integridad física, la tranquilidad social son valores superiores que deben ser protegidos”. Es decir, gestionar los conflictos para él no tiene ninguna relación con desarrollar los proyectos mineros.   No menciona que los proyectos mineros pueden desarrollarse cumpliendo esos valores superiores y que además es la propuesta de diversas empresas mineras ligadas a conflictos.  Dada su visión irreal de cómo gestionar los conflictos, una solución post-extractivista en la que todos los proyectos mineros son bloqueados cumpliría completamente con sus objetivos. Si ya no hay empresas mineras funcionando, ya no habrían conflictos y todo sería paz.

Cuando se le preguntó a Rolando Luque si el conflicto de Tía María fue muy politizado, él responsabilizó a la empresa minera por no haber propuesto la desalinización del agua desde el principio (aunque luego fue propuesta por Southern) y por su mal manejo con las comunidades. Según él la politización del conflicto es consecuencia exclusiva de esos errores de la empresa. Sin embargo, el conflicto llegó a su apogeo aún después que quedaba bien claro que el proyecto usaría agua de mar. ¿Si el problema era sólo el agua, porqué entonces continuó escalando el conflicto? Rolando Luque evita hablar de personajes locales con claro interés político en el conflicto, como Tierra y Libertad, o las “lentejas” de Pepe Julio Gutiérrez como causa de la politización. Es como si no se hubiera enterado por los medios, o que en su forma de pensar los anti-mineros y los intereses políticos no existen, o son productos de teorías conspirativas. El actuar de Tierra y Libertad, donde militaba Pepe Julio Gutiérrez, ni el protagonismo de Gregorio Santos en Conga, no existen. Son solo teorías de conspiraciones.

Según Rolando Luque los radicales extremos no tienen una presencia orgánica en las movilizaciones anti-mineras. En una entrevista a El Comercio[8], Rolando Luque afirma:

“En lo que respecta a que habría radicales extremos que están parando los proyectos mineros, esto no es más que una conjetura, siempre válida y previsora en un país que padeció el delirio terrorista y que aún no consolida su democracia. Sabemos que merodean los conflictos y hasta logran infiltrarse en organizaciones sociales, pero de una presencia orgánica no hay rastro. En estos conflictos como en otros, lo que sí tenemos plenamente identificados son a las comunidades campesinas, pueblos indígenas, frentes de defensa, federaciones, asociaciones, rondas campesinas, etc. y mucha población no organizada”.

No estamos afirmando que la oposición a la minería está formada por terroristas anti-mineros, sin embargo el terrorismo no es la única manifestación posible del extremismo ni de la violencia. Como se sabe gran parte de los frentes de defensa están controlados por organizaciones políticas radicales tales como Patria Roja o Tierra y Libertad, mientras que muchas federaciones de rondas campesinas están bajo la influencia del movimiento MAS Democracia que promueve la candidatura presidencial de Gregorio Santos. Y sabemos que entre los anti-mineros hay otras corrientes políticas aún más radicales y más inclinadas a la violencia que estas dos.

Interlocutores legítimos y procesos de consulta

En la última entrevista con Perú21 parecería que Rolando Luque no tiene claro quiénes son los interlocutores válidos en casos de conflicto.  Él considera que no es suficiente hablar con las dirigencias (“en muchos casos estas monopolizan el discurso”).  Sin embargo, tampoco cree que los métodos actuales de consulta masiva como las Audiencias Públicas sean un buen sistema (“Nunca se llegó a discutir las observaciones del impacto ambiental [en Tía María].  Hubo una audiencia pública, pero ese modelo no permite llegar a profundidad”).  Y en otra parte, ante la pregunta si los Frentes de Defensa (creadas ad hoc en coyunturas de conflicto) tienen representatividad para dialogar, Luque responde “Hay frentes que son representativos, y otros que no lo son”.  Según su experiencia “En la mayoría de los casos he encontrado dirigencias racionales dispuestas a resolver los problemas sin querer estirar el conflicto por un interés político”.  En cambio, según nuestra experiencia, gran parte de los frentes de defensa quieren estirar al máximo el conflicto y lo hacen por algún interés político o económico de sus dirigentes.

El Debate Técnico

En otra parte de la entrevista afirma “En términos técnicos no hay nada que no pueda superar, y si hay algo que no es posible, el Estado debe pronunciarse y decir esto afecta al ambiente, etc. El Estado tiene que actuar con franqueza frente a las comunidades y decir si hay problemas presupuestales o imposibilidad de acceder a una demanda.  De mi experiencia, cuando las cosas se explican, la gente acepta”. Es preocupante que esta misma persona haya estado como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo mientras ocurrían conflictos emblemáticos como Conga y Tía María, diga que no haya visto como la población puede ser manipulada por rumores falsos.  ¿Acaso los permanentes acciones de monitoreo participativo del agua emanada de las operaciones de Yanacocha, firmadas mensualmente por el mismo Gobierno Regional de Cajamarca hacen varios años, han podido superar los temores de la población? ¿Acaso en Cajamarca la población le creyó en el Estado como garante de que el agua no estaba contaminada?

Los dirigentes anti-mineros han obtenido prestigio político y recursos económicos desplegando un discurso en el que oponerse a un proyecto de inversión implica “defender la vida y el medio ambiente.” Explicarle técnicamente que este discurso es falso no cambia en nada sus incentivos políticos, y los seres humanos reaccionan a los incentivos.

Por ejemplo: Si Marco Arana se dejara convencer técnicamente que el Proyecto Conga es positivo para el desarrollo de Cajamarca, que con un buen manejo del agua este recurso podría conservar y aumentar su disponibilidad para la población, y proclamara abiertamente su apoyo a este proyecto, ¿qué le pasaría a su carrera política basada en la hostilización de la minería? El Sr. Arana tiene muy clara la respuesta a esta pregunta.

La postura de Rolando Luque requiere, para ser correcta, que los dirigentes opositores a los proyectos de inversión estén dispuestos a cometer suicidio político, puesto que tendrían que aceptar frente a su potencial electorado que durante todos años se han dedicado a mentirles. Rolando Luque ignora que más allá de lo que realmente crean estos dirigentes, la naturaleza maximalista y polarizadora del discurso con el cual crecieron hace que tengan pocos márgenes de maniobra para la sensatez política.

Rolando Luque cree que se encuentra en otro país para declarar esto, o simplemente no se ha interesado en aprender de los golpes que el Estado recibió mientras él era representante de la Defensoría del Pueblo. Las declaraciones de Rolando Luque al respecto demuestran una amplia ignorancia respecto a la naturaleza del accionar anti-minero. Una importante línea de acción de los post-extractivistas consiste en demoler la credibilidad del Estado y de cualquier fuente que brinde análisis técnicos que contradigan sus rumores y versiones alarmistas respecto a las consecuencias de los grandes proyectos de inversión.

Las declaraciones de Luque en su última entrevista a Perú 21 son sintomáticas de esta postura, en las que considera que los representantes de las organizaciones opuestas al Proyecto Conga estuvieron a un día de suscribir el acta para iniciar un proceso de diálogo.  Según él, a pesar del clima social hostil al que se había llegado en el momento que se suspendió el proyecto, los alcaldes iban a consultar con sus bases y luego regresar con una propuesta para el diálogo.  En el conflicto más fuerte que ha sufrido nuestro país en los últimos años, él imagina que estuvo a un día de entrar en proceso de diálogo, que la población, las organizaciones sociales y sus dirigencias iban a cambiar su posición de un día para el otro, sin ninguna evidencia que los sustente. La falta de conocimiento de cómo funciona la política en las provincias y pueblos del Perú es sorprendente. En la mente de Rolando Luque, un proceso de diálogo podría contrarrestar los efectos de décadas de trabajo político y construcción de narrativa de los anti-mineros en Cajamarca, el cual ya había calado profundamente en el sistema de creencias de la población.

Ante la pregunta “¿Le interesará destrabar Tía María?”, Rolando Luque no fue capaz de responder sí.  Todas las preguntas de la entrevista que buscaban obtener una muestra de interés del nuevo Jefe de la ONDS por destrabar proyectos mineros, fracasaron.  Todas sus respuestas fueron ambiguas e indirectas. Él no ha tenido ninguna expresión que evidencie un compromiso, aunque fuera moderado, con la reactivación minera.

La “Ingenuidad” de Rolando Luque

En entrevista a Nicolás Lúcar, con motivo de las protestas en Tía María, Rolando Luque afirma:

“En el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando”

En los conflictos ligados a los grandes proyectos de inversión es clarísima la agenda ideológica y política detrás de los mismos. En Tía María, Espinar y Conga el rol de organizaciones políticas radicales tales como Tierra y Libertad y Patria Roja, hoy MAS Democracia, ha sido protagónico. Negarlo es un ejercicio de fantasía política.

Posteriormente afirma:

 “en el caso de las dirigencias hay progresos, tenemos ahora dirigencias mucho más pragmáticas y menos ideologizadas, más enteradas de los problemas que del ataque, de la visión amigo/enemigo o de ir directamente a la medida de fuerza, hay una cierta pausa reflexiva, se quiere resolver el problema”

Esto lo dijo el 2014, en la actualidad las autoridades locales y dirigentes de organizaciones sociales opuestas a Tía María mantienen su postura respecto a que todo diálogo pasa por aceptar la inviabilidad del Proyecto Tía María. Al parecer este mayor pragmatismo y menor ideologización no ha cambiado en un ápice la postura de estos dirigentes. La pausa reflexiva podrá existir en la mente de Rolando Luque, pero no en pensamiento de los grupos anti-mineros radicales, invisibles para él.

Más adelante Rolando Luque afirma:

“los dirigentes están siendo observados por la comunidad  y la única manera que mantengan su prestigio es si consiguen logros”

Personajes como Gregorio Santos, Marco Arana, Oscar Mollohuanca o Edy Benavides han obtenido logros electorales gracias a su protagonismo en la oposición a la minería. Gracias a ello han llegado a la Gobernación de Cajamarca, al Congreso de la República, la Alcaldía de Espinar y la Alcaldía de Bambamarca. Ello ocurrió a pesar de que con los conflictos no han obtenido ninguna mejora en el bienestar de la población de sus localidades, sino lo contrario. Rolando Luque no entiende que, una vez que la narrativa anti-minera se implanta en una zona, la “defensa del agua y la vida” pasa a ser suficiente requisito para recibir el reconocimiento de la población. Ya no es necesaria la obtención de “logros,” que pudieran abrir espacio para un acuerdo.

Implicancias de su Nombramiento

Rolando Luque ha manifestado ciertas propuestas positivas tales como hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos y fortalecer el seguimiento preventivo de los mismos. Ello puede resultar útil en aquellos conflictos en los que no se esté dando una accionar político sistemático de los post-extractivistas.

En aquellos casos en los que el conflicto es permanentemente alimentado por el accionar anti-minero el enfoque de Rolando Luque colapsaría. Él no entiende los motivos reales detrás de las movilizaciones ni los incentivos del accionar de los dirigentes anti-mineros (en su opinión los anti-mineros ni siquiera existen). Sin entender el fenómeno y sus orígenes, es muy difícil tener ideas efectivas para reducir las movilizaciones ni evitar la ocurrencia de eventos violentos.

Para Rolando Luque los dirigentes “anti-mineros” son personas confundidas a las que simplemente hay que explicarles las cosas. También cree que los manifestantes violentos, por que tienen motivos políticos, merecen un trato especial por parte de la policía y a ley. Además, los conflictos son oportunidades para que la sociedad cierre las asimetrías entre sus ciudadanos. No por nada lo anti-mineros están tan contentos con su nombramiento.

 Si los conflictos son oportunidades, no hay porque preocuparse de ellos, sino que hay que  aprovecharlos para generar las transformaciones que, en su opinión, necesita el Perú. ¿Quién pagará los costos de los conflictos y de esas transformaciones? Seguramente, Rolando Luque no está pensando en asumir esos costos. Para esto están las empresas mineras que en su opinión son la parte privilegiada en las asimetrías sociales. Ellas deberán pagar los costos. Además del costo social de un menor crecimiento, menor recaudación fiscal y menor tasa de reducción de la pobreza y la desigualdad.

Dada esta doctrina esperaríamos que en el caso de los conflictos sociales ligados a la gran inversión extractiva el accionar de Rolando Luque sea en el mejor de los casos inefectivo, cuando no directamente favorable a los anti-mineros que saludaron su nombramiento. En el peor de los casos el nombramiento de Rolando Luque por PPK podría ser semejante al nombramiento de De Echave por Humala como vice-ministro de Gestión Ambiental el 2011, el cual se dedicó, desde el interior del Estado, a propiciar mayores niveles de conflictividad en Conga. ¿Cuál será el conflicto Conga de Rolando Luque? Es muy probable que sea en la provincia de Cotabambas.

El nombramiento de Rolando Luque reduce significativamente la posibilidad de que este gobierno aproveche la oportunidad brindada por la alta aprobación de la que actualmente dispone para impulsar la gran inversión extractiva en el Perú. Para cuando las consecuencias de este error sean evidentes, el gobierno ya no dispondrá del capital político del que hoy dispone, y la correlación de fuerzas será más favorable a los anti-mineros y sus intereses. ¿Será que el gobierno está claro para quién está trabajando en este caso?

Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En ‘El Arte de la Guerra’, Sun Tzu dice: “Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro; si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla”.

Introducción

En los últimos 10 años se observa un crecimiento de los conflictos mineros en el país. Ese incremento está relacionado a la efectividad de las estrategias conflictivas desarrolladas por los grupos anti-mineros. Estas, hoy sistematizadas en sus manuales y cursos de formación de activistas[1], reflejan décadas de aprendizaje nacional e internacional en ese campo. Por ello es muy importante entender cuáles son y cómo funcionan.

Aclaración: Los conflictos mineros no surgen con las ONGs y partidos políticos que hoy viven de la conflictividad. Hacen muchas décadas que asistimos movimientos políticos y gremiales contrarios a las empresas mineras. Además, ya se sabe que la conflictividad social está ligada a las deficiencias institucionales del país, y que son esas deficiencias lo que hace que estos conflictos sean en gran medida, negocios muy rentables, económica y políticamente. Sin embargo, con las estrategias conflictivas desarrolladas por los anti-mineros, el problema se ha vuelto más complejo. Por ello, vamos explicar muy brevemente cuál es la lógica detrás de algunos de estos casos.

Dos tipos de conflictos

El uso de las estrategias para expandir la conflictividad depende del tipo de conflicto que los anti-mineros estén promoviendo. La experiencia de los últimos años permite identificar dos tipos:

1. Los primeros, los conflictos de bloqueo, pretenden bloquear proyectos nuevos. Como ejemplo tenemos los casos de Tambogrande, Majaz, Santa Ana, Conga, Tía María, y otros. En estos casos se busca impedir la realización de los proyecto extractivos.
2. Los segundos, los conflictos de desgaste, pretenden desgastar operaciones existentes, como en los recientes conflictos contra Xstrata en Espinar y contra MMG en Las Bambas.

Aún que sus intensidades son muy distintas, como las enfermedades agudas son distintas de las crónicas, ambos tipos de conflictos dificultan el desarrollo minero del país y alejan las inversiones.

En los “conflictos de desgaste” los anti-mineros tienen dos objetivos principales: El primero es propiciar una redistribución agresiva en favor de sectores de la población local afines a ellos. Esa redistribución agresiva, de darse, generaría un sistema de incentivos que estimularía aún más la conflictividad.  El segundo objetivo es llevar a la empresa minera a enfrentar un “cerco social” que impida cualquier potencial expansión de un proyecto recortando severamente la duración del mismo. En el Perú hay un grupo de empresas mineras que están hoy bajo cerco social y enfrentan grandes dificultades para dar continuidad a sus operaciones en el largo plazo. (Yanacocha y Cerro Quilish, por ejemplo).

¿Cuándo optan los grupos conflictivos por el bloqueo o el desgaste? Los conflictos de bloqueo se aplican cuando los proyectos están todavía en sus fases de exploración, de tramitación o de construcción.  Los conflictos de desgaste se promueven cuando no ha sido posible bloquear los proyectos y ellos ya están en operaciones.

Los grupos conflictivos también clasifican los conflictos mineros en esas dos categorías, pero eufemísticamente los llaman conflictos de rechazo y conflictos de convivencia. En su lógica interesada, la promoción de conflictos sociales es la forma más efectiva de establecer una convivencia pacífica. Recuerdan a quienes promueven guerras diciendo que buscan la paz. Para esos grupos los conflictos mineros no son materia de preocupación. Al revés, ellos promueven y celebran los conflictos sociales pues consideran que, al margen de sus costos económicos y sociales, los conflictos son oportunidades para el logro de sus objetivos ideológicos y de interés de grupo.

Los conflictos orientados al bloqueo de los proyectos son los preferidos de esas fuerzas políticas y sus ONGs, pues encajan mejor con su filosofía post-extractivista, permiten consolidar sus relaciones con sus donantes y generan ganancias económicas y políticas importantes en unos pocos años. Como ejemplos tenemos que uno de los líderes anti- Conga se ha reelegido Gobernador Regional (Gregorio Santos), ha encabezado una lista presidencial, casi pasó la valla, y ya sueña con el 2021; y que el otro líder anti-Conga ha salido del anonimato, ha logrado financiar la inscripción de su partido político, se ha elegido congresista de la República y también ya sueña con 2021 (Marco Arana).

La alta rentabilidad económica y política de los conflictos de bloqueo a los proyectos mineros es muy clara. El problema es que los proyectos mineros posibles de bloquear se están volviendo escasos. En cierta medida estos grupos están siendo víctimas de su propio éxito al haber podido imponer un riesgo tan alto a los nuevos emprendimientos mineros que han llevado a que todos los nuevos emprendimientos en el país enfrenten un “riesgo Perú” asociado a la conflictividad social, llevando a que muchos inversionistas prefieran dirigirse a otros países.

En la falta de nuevos proyectos mineros, posibles de bloquear, y ante la abundancia de empresas mineras operando en el país, los conflictos de desgaste están incrementando su importancia en la agenda de esos grupos. Hoy los conflictos de desgaste constituyen la principal forma de dificultar el desarrollo de la minería en Perú.

Las estrategias

Las estrategias que presentamos líneas abajo son aplicadas tanto en los conflictos de bloqueo como en los de desgaste, aunque con pesos diferenciados según los casos.

1. Propagación de temores ambientales: Su propósito es generar temores ambientales en la población local y en la opinión pública nacional. Impactada por esos temores, la población se queda más vulnerable a su narrativa contra la minería. Con la justificación de la necesaria educación ambiental de la población, esos grupos propagan ideas de que la minería está contaminando el ambiente, especialmente las aguas, y que esta contaminación está generando enfermedades en la población, en los animales y en los cultivos. Para ellos, la veracidad y representatividad de las historias e imágenes difundidas es secundario, lo importante es que sirvan a la propagación de los temores en la población local, pues los temores aumentan su disposición hacia la conflictividad. Una táctica recurrente en esta estrategia consiste en proveer con un discurso de denuncia ambiental a los grupos que están reclamando un beneficio económico a las empresas mineras: contratos, empleos etc.

2. Estímulo a los sentimientos de exclusión: Estimular el sentimiento de exclusión en poblaciones de comunidades y distritos que, estando próximos a las actividades mineras, no son parte de las áreas de influencia directa de los proyectos (AID) y promover su participación en los conflictos. El objetivo aquí es incrementar el número de personas dispuestas a movilizarse en contra de las empresas mineras con la expectativa de obtener algún beneficio. Para los sectores que se sienten excluidos de las AID el conflicto es la única opción para lograr su inclusión entre los beneficiados. Si la empresa define su AID por anillos, los anti-mineros buscan movilizar la población de nuevos anillos. Si la definición es por distritos, ellos buscan movilizar otros distritos o movilizar la provincia en su conjunto. Lo importante es ampliar las movilizaciones conflictivas para presionar a las empresas.

3. Reclamo de condiciones de impunidad: Aunque los anti-mineros lo nieguen, la violencia es un componente indispensable de los conflictos que promueven. En los comunicados y entrevistas ellos hablan de manifestaciones pacíficas, pero en esas “movilizaciones pacíficas” siempre hay un grupo más radical entre los participantes de los conflictos, un grupo interesado en destruir las instalaciones de las empresas, secuestrar a su personal y agredir violentamente a la Policía. Los conflictos combinan esas dos modalidades de acción (pacífica y violenta) para maximizar el impacto negativo hacia las empresas y hacia el gobierno nacional. Por la necesidad del uso de la violencia, los anti-mineros buscan la impunidad para las personas que aplican la violencia. Al uso de la ley contra los violentos le llaman criminalización de la protesta social, como si el Estado fuera represivo y estuviera criminalizando manifestaciones pacíficas. Su aspiración de largo plazo es lograr que las poblaciones de las zonas mineras adquieran el status de poblaciones indígenas bajo el Convenio 169 de la OIT y que, estando al margen del sistema jurídico nacional, alcancen niveles de impunidad mucho mayores.

4. Producción de una cobertura técnica: En las fases preparatorias de los conflictos, los anti-mineros producen abundante material técnico que es utilizado para promover una interpretación de los problemas que están detrás de los conflictos, futuros o presentes. Uno de los propósitos de esos estudios técnicos es sustentar los temores ambientales y descalificar a los EIA (Estudios de Impacto Ambiental) y a sus procesos de aprobación. Otro propósito es ganar respetabilidad técnica para sus instituciones y voceros ante los medios, y los órganos públicos y privados que pueden influenciar el desenlace de los conflictos y así maximizar los recursos que logren extraer de las empresas mineras. El rigor investigativo de esos materiales puede ser muy cuestionable[2], y las exageraciones son muy frecuentes, tanto como el uso de falacias analógicas, o menciones a la existencia de riesgos sin mencionar su intensidad. Aquí lo más importante para los anti-mineros es su utilización como material de propaganda o de incidencia política.

5. Descalificación del Estado y las empresas: La descalificación ética del Estado y de las empresas cumple un rol fundamental para los anti-mineros. Lo que buscan es generar un clima de desconfianza y de polarización hacia las instituciones públicas, el gobierno nacional y las empresas mineras. Las instituciones públicas son presentadas como corruptibles y serviles a las empresas mineras, y como irresponsables hacia el país y su población. Sus resoluciones son presentadas como resultado de ese servilismo con el poder económico. Las empresas son presentadas como entes corruptores, que no respetan al ambiente, las aspiraciones, ni los derechos de la población. Sin poder confiar en las instituciones ni en las empresas, la movilización social, a los ojos de la población local, se vuelve la única forma de protegerse. La siembra de dudas y la descalificación de los procesos de aprobación de los EIA es un tema predilecto de los anti-mineros. Sus materiales “técnicos” son muy útiles aquí.

6. La difusión de una narrativa conflictiva: Los sentimientos negativos, para durar, necesitan de una explicación. Estabilizar la influencia sobre la población requiere entonces de la difusión de una interpretación de los conflictos, de sus actores y sus actividades, y de la misma actividad minera. Esta narrativa permite pasar de una emotividad a una forma de pensar, una racionalidad sobre la realidad. Para los anti-mineros es importante que líderes y grupos locales aprendan y posteriormente difundan ese entendimiento de los conflictos mineros. Para ello, y con el apoyo de sus aliados europeos y americanos, han elaborado una serie de videos, manuales, historietas, y cursos. Esa labor de difusión de su narrativa es realizada por los anti-mineros meses, o a veces años antes que los conflictos eclosionen. Cuando los conflictos ocurren, ellos ya disponen de un número significativo de activistas capaces de argumentar a favor del conflicto y en contra de las empresas y del Estado.

7. El manejo del marco institucional local: Los conflictos de desgaste tienen momentos de confrontación y momentos de negociación. En los momentos de negociación los anti-mineros buscan que el marco institucional sea lo más negativo posible para las empresas mineras. Buscan maximizar el número de representantes con postura negativa hacia las empresas, y excluir o minimizar el número de actores con postura amigable hacia la empresa y hacia la minería. El nombre, la composición, la agenda y las reglas de funcionamiento de las mesas de diálogo buscan aumentar la capacidad de presión sobre la empresa, antes que generar acuerdos que den perspectivas de largo plazo a la actividad minera en la zona. Mientras más precaria sea la institucionalidad local, más decisivo se vuelve el marco institucional que canaliza el conflicto. Las Mesas de Dialogo y sus mecanismos de funcionamiento pueden ser de gran importancia y volverse un permanente campo incidencia de los anti-mineros.[3]

8. Generar una resonancia mediática: Los anti-mineros están ligados a organizaciones políticas que se benefician de la conflictividad y para ellas los conflictos son instrumentos de propaganda. Son plataformas para ganar espacios gratuitos en los medios, y los mensajes que se propagan son lo más importante. Por ello esas organizaciones se han vuelto expertas en generar versiones interesadas de los conflictos. Cuando un conflicto es desencadenado, vemos o escuchamos a los voceros anti-mineros dando su versión de lo que está sucediendo. Su imagen como analistas imparciales es fundamental para sostener esa presencia en los medios y poder ejercer una influencia significativa en la opinión pública. Más allá de los detalles es posible encontrar un patrón en sus interpretaciones: (1) ellos y los grupos conflictivos son los buenos, (2) las empresas son los malos, y (3) el conflicto ocurre porque las empresas no quieren respetar los derechos de las comunidades locales. Observando su actuación en los medios y visitando sus páginas Web podemos ver que ellos tienen una serie de materiales y protocolos ya preparados para ampliar y alimentar la resonancia mediática nacional e internacional de los conflictos locales.

9. Cumplir un rol mediador en el conflicto: Siempre que hay un conflicto minero, los anti-mineros se ofrecen como mediadores, como personas que buscan viabilizar una negociación justa que permita concluir el conflicto. Ellos justifican su accionar diciendo que el conflicto ocurre por falta de respeto a los derechos de la población (sus ideologías determinan el entendimiento de los derechos y a quienes se le aplican) y que las empresas deben aceptar las exigencias que les son hechas para viabilizar una convivencia pacífica. Naturalmente, los anti-mineros silencian su participación activa en la promoción y preparación del conflicto, buscando darse la imagen de ser una entidad pacífica, imparcial y promotora del diálogo. Para ellos, los conflictos son oportunidades y lo dicen en sus documentos. Leyendo sus documentos se puede ver que ellos están conscientes de que sus organizaciones se benefician y crecen con los conflictos. No por nada los casos como los de Quilish o de Espinar en el que se les permitió intervenir como mediadores terminaron con la paralización de los proyectos o con altos niveles de violencia.

Con ese rol mediador ellos logran varios objetivos simultáneos: logran credibilidad en los medios para difundir su perspectiva del conflicto, influencian el proceso de diálogo y en su desenlace, y se legitiman antes los donantes y organismos internacionales.

Conclusiones

Esta lista de las estrategias o de las grandes líneas de acción utilizadas para promover la conflictividad rescatan aspectos comunes de lo que ha ocurrido en más de una docena de conflictos mineros en el Perú y en otros países de América Latina.

Estas estrategias han sido desarrolladas a lo largo de muchos años, y se mantienen porque han demostrado una buena efectividad. Los anti-mineros, además, se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias, afinar y ajustar sus estrategias. Esta es una especie de carrera evolutiva en que minería y anti-mineros evolucionan juntos, pero en la que los anti-mineros van claramente por delante.

Quienes creen que la minería puede cumplir un rol positivo en el desarrollo del país, especialmente quienes tengan en sus manos proyectos u operaciones mineras que están siendo afectadas por conflictos, de bloqueo o de desgaste, necesitan entender bien como esas estrategias son desplegadas en cada caso.

Igualmente, los medios serios deben internalizar las lógicas de los conflictos. En este aspecto hay una gran responsabilidad de los gremios empresariales y think tanks, que debieran hacer una tarea permanente de investigación, difusión y educación.

Más allá de sus discursos, los anti-mineros no pueden ofrecer mucho a la población que afirman defender. Su portafolio de ofertas contiene temores, resentimientos, ideologías, búsqueda de rentas y conflictos.

La minería tiene una gran ventaja, puede ofrecer a la población y a las regiones una ruta real de progreso. Con entendimiento e inteligencia es posible neutralizar esas estrategias conflictivas y construir en las regiones mineras una amplia coalición social orientada al desarrollo compartido.

Un comportamiento disfuncional que está detrás de los llamados conflictos sociales es la búsqueda de rentas, ya sean pecuniarias (contratos o coimas) o políticas (plataformas de poder local y/o nacional).

Lamentablemente, esto ha pasado prácticamente desapercibido a la ciudadanía. Son pocos los casos en los que se hizo evidente, siendo el de las ‘lentejas’ vinculado a Tía María, una excepción. Aún así, buena parte de la prensa nacional no hizo las relaciones causa-efecto que desdibujaran los aprontes de los anti-mineros.

Este artículo es una segunda reflexión sobre el tema. Ver en Lampadia: El ‘negocio’ de los llamados conflictos sociales – El quid de los conflictos anti minería. Además se puede encontrar un análisis integral del tema de la conflictividad en nuestra biblioteca virtual, Recursos Naturales y Desarrollo.

Marco Arana junto con dirigentes del FREN.A y Pepe Julio Gutiérrez (las “lentejas” de Tía María)

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

Para Lampadia

¿Qué tiene que ver conflictividad social con búsqueda de rentas? ¿Por qué es necesario considerar la búsqueda de rentas para entender las causas de la conflictividad social relacionada a la minería y para viabilizar el desarrollo regional?

La respuesta breve es simple: Porque, para algunos actores, es muy rentable provocar conflictos, y la gente no abandona actividades rentables fácilmente. Expliquemos esto con un poco más de detalle.

¿Que es búsqueda de rentas?

Hay dos formas básicas de acumular riqueza: (1) generar riqueza (crear valor) y (2) disputar la riqueza generada por otros. Los economistas han decidido llamar “búsqueda de rentas” a la disputa de la riqueza creada por otros. Nos adherimos a esta terminología.

Cuando un productor trabaja en su campo, un profesional en su oficina o un empresario en su empresa, él está creando valor, está generando riqueza. Cuando las empresas compiten entre si, y desarrollan nuevos productos, ellas están acelerando la creación de riqueza, y ello beneficia a toda la sociedad.[1]

Cuando un grupo genera un conflicto para exigir contratos o puestos de trabajo con una empresa, o cuando el gobierno aplica impuestos a la importación de bienes, el gobierno está beneficiando a un grupo de actores que están buscando rentas. Cuando una empresa obtiene un privilegio monopólico, ella puede aumentar sus precios y obtener rentas a costas de los consumidores. Cuando un burócrata exige coima para avanzar un trámite o para aprobar un contrato, él está buscando rentas a costas de los ciudadanos. La corrupción siempre está asociada a alguna forma de búsqueda de rentas. La solicitud de “Lentejas” a las empresas mineras es un mecanismo de búsqueda de rentas para quienes no son capaces de participar honradamente en  el circuito económico generado por la mina.

Donde existan recursos acumulados o se generan grandes recursos surgen grupos interesados en la búsqueda de rentas, es decir, en disputar el acceso  a esos recursos acumulados. En toda sociedad hay grupos especializados en parasitar, es decir, en vivir de la riqueza generada por otros. Esos grupos, frecuentemente, ocultan su parasitismo con discursos demagógicos e ideologías radicales. Hablan del bien común pero lo que buscan en realidad es el provecho personal o de su camarilla.[2]

La generación de riqueza aumenta la torta para todos, la búsqueda de rentas reparte lo que ya fue creado pero no aumenta la torta. La búsqueda de rentas es un juego de suma cero o inclusive negativo, es decir, lo que uno gana el otro pierde y lo que es peor, se encuentra asociada a una conflictividad que resulta ser nociva para la generación de riqueza en la sociedad como un todo. Si dos agentes que ganan buscando rentas, hay un tercero que está perdiendo por los dos. Frecuentemente, la búsqueda de rentas se burla de los méritos y derechos de los creadores de riqueza y de toda la sociedad para beneficiar a pequeños grupos que tienen poder o que pueden ejercer algún tipo de presión. Existe abundante bibliografía en la economía moderna (Anne Krueger, Douglass North, Daron Acemoglu, Mancur Olson, Joseph Stiglitz, etc.) explicando que mientras más fuerte sea la búsqueda de rentas en una sociedad, más desigual y más lento es su desarrollo (ver gráficas abajo).[3]

La minería, la economía dual y la búsqueda de rentas

En toda sociedad poco desarrollada, cuando surge una actividad que genera grandes cantidades de riqueza, como la minería o el petróleo, surgen grupos orientados a apropiarse de esas riquezas mediante la fuerza o presiones políticas. Mientras más grande sea la piscina de riqueza disputable, más amplios y diversos serán los grupos interesados en su apropiación.

Cuando una empresa minera se instala en una zona de economía tradicional, o de muy baja productividad, su presencia genera una economía dual con dos estratos bien definidos: un estrato de economía tradicional (preexistente) y un estrato moderno ligado económicamente  a la actividad minera. La coexistencia de esos dos estratos desencadena un proceso radical de diferenciación social. Algunos sectores sociales locales logran migrar de la economía tradicional hacia la moderna, pero otros sectores no encuentran la forma de hacerlo.

Mientras mayores sean las diferencias técnicas y de escala entre la economía tradicional y la economía generada por la minera (agricultura de sobrevivencia y minifundio versus gran minería con tecnología avanzada), más difícil se hace la movilidad hacia el estrato moderno de la economía. En un artículo anterior hemos estimado que la productividad por hectárea de la minería moderna es más de 100 veces la productividad de la agricultura tradicional (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/el-quid-de-los-conflictos-anti-mineria/).

Es decir, la minería en una hectárea produce más que 100 hectáreas de la agricultura tradicional. Esta es una diferencia gigantesca para la economía agrícola tradicional y tiene un impacto social perturbador. Cuando la diferencia de productividad y de nivel tecnológico entre el sector tradicional y el sector moderno es muy grande, la mayoría de la población no logra readecuar sus actividades económicas para articularse con la minería. Esa economía dual (tradicional y moderna) es la realidad de la mayoría de las regiones mineras del Perú.[4]

Aquellos grupos cuyas habilidades técnicas y/o empresariales son insuficientes para conectarse con la actividad minera por medio de relaciones de mercado (empleo, contratos, etc.) se sienten marginados. Ellos ven como algunos vecinos suyos mejoran sus estándares de vida de manera significativa, mientras ellos mismos siguen prisioneros de su economía tradicional y de su pobreza. Todos quieren participar de las actividades económicas ligadas a la minería, pero no todos lo logran. Este es un contexto ideal para que grupos políticos con una narrativa de victimización cultiven sentimientos de agravio en aquellos sectores de la población que se sienten marginados del progreso generado por la minería.

¿Qué es lo que aumenta o disminuye la búsqueda de rentas?

En toda sociedad existe una tensión entre crear riqueza o disputar rentas. Un equipo de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología ha hecho un estudio sobre la búsqueda de rentas relacionada a la minería y ha encontrado que el predominio de los creadores de riqueza (Producers, en el cuadro) o de buscadores de rentas (Grabbers, en el cuadro) depende del marco institucional del país.[5] Es decir, depende de quienes son beneficiados por el marco institucional.

Las curvas en los gráficos abajo describen la rentabilidad (profits) de los buscadores de renta (Grabbers) y de los creadores de riqueza (Producers) en función de la proporción de ellos en una actividad económica. En este diagrama el número total de agentes económicos (buscadores de rentas + creadores de riqueza) es considerada estable. Si nos movemos a la izquierda, la proporción de buscadores de rentas aumenta, si nos movemos a la derecha, la proporción de creadores de riqueza aumenta. La situación es socialmente estable cuando las dos curvas se cruzan (E₁), es decir, cuando la rentabilidad de ser buscador de rentas o ser creador de riqueza es la misma. Toda actividad económica se estabiliza en torno a ese punto de equilibrio, pues nadie tiene incentivos para cambiar.

• Si las instituciones son favorables a los buscadores de rentas (curva discontinua en el gráfico de la izquierda), la rentabilidad de ser buscador de rentas aumenta, el nuevo punto de equilibrio es E₃, y el número de buscadores de rentas aumenta (flecha celeste hacia la izquierda).
• Si las instituciones favorecen a los creadores de riqueza (curva discontinua en la gráfica de la derecha), la rentabilidad de crear riqueza aumenta, el nuevo punto de equilibrio es E₄, y el número de los creadores de riqueza aumenta (flecha celeste hacia la izquierda).

Uno de los principales mecanismos de búsqueda de rentas de la minería en Perú es la promoción de conflictos. Las rentas pueden ser económicas (ingresos), políticas (cargos públicos), o sociales (prestigio). Muchos alcaldes y congresistas reciben hoy sueldos altos y tienen control sobre los recursos millonarios (presupuestos regionales y locales) gracias a su actividad promoviendo conflictos mineros. Con el aumento del canon minero (sin uso adecuado), la rentabilidad de la búsqueda de rentas se ha incrementado.

Conclusiones y Recomendaciones.

1. Hablar de reducción de la conflictividad sin considerar el impacto de la búsqueda de rentas sirve para hacer discursos políticos pero no es muy efectivo para formular políticas.
2. Es necesario que las personas e instituciones interesadas en el desarrollo de la minería y de la economía nacional, y en el diseño de estrategias para la reducción de la conflictividad incorporen la búsqueda de rentas en sus análisis y propuestas.
3. ¿En qué medida el marco institucional del Perú favorece la búsqueda de rentas o la creación de riqueza? Sería bueno que la SNMPE elabore un diagnóstico serio en ese campo y lo difunda a los actores políticos, centros de investigación y periodismo.
4. El carácter dual de la economía de las regiones mineras es un problema. Muy pocas personas se benefician productivamente de la presencia minera local. La solución requiere de la creación de rutas de modernización de las economía locales, y ese desafío desborda lo que las empresas mineras pueden hacer por si solas.
5. El canon y todas las inversiones públicas y privadas deben servir para ampliar los canales de transición de las actividades tradicionales hacia las actividades modernas, aprovechando el dinamismo y los recursos creados por la minería.
6. El sector (SNMPE y las empresas) necesitan explicar claramente las relaciones causa-efecto de la minería y sus impactos directos, indirectos e inducidos, y difundirlas en los medios nacionales y locales para bloquear el efecto nocivo de los rumores que hoy día afectan la opinión pública respecto a la minería.
7. Las empresas, el estado, los gremios empresariales y las organizaciones de la sociedad civil deben crear mecanismos para que más personas se beneficien productivamente de la minería, a través de los mecanismos de mercado y no de la generación de conflictos.
8. Necesitamos una política nacional de desarrollo regional compartido. Esta es una precondición para la reducción de la conflictividad.

El quinto componente de nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, esfuerzo desarrollado con colaboración de Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, se circunscribe al rol del Estado, el actor más importante de todos, pues está facultado para crear y modificar las reglas con las que deben actuar los demás y a ejercer el monopolio de la violencia en defensa del conjunto de la sociedad.

Después de la caída de la inversión privada y del crecimiento de la economía, coincidente con la parálisis de la inversión en minería y, habiendo vivido previamente lo contrario, alta inversión privada en minería y otros sectores, y un período largo de alto crecimiento económico, está muy claro el aporte de la inversión minera al conjunto de la sociedad y al desarrollo integral. Desafortunadamente, se ha dado mucho espacio mediático y político, así como el disfrute de la impunidad, a los grupos y cúpulas promotoras de la conflictividad minera, que han logrado confundir a buena parte de la sociedad, haciendo pensar que sus motivaciones son de carácter social y ambiental y, no políticas, ideológicas y simples mecanismos de captura del poder.

La debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, ha permitido que los anti mineros hayan convertido los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto.

Estamos a días del inicio de un nuevo gobierno que tiene entre sus objetivos, la reactivación de la economía. Esto solo se podrá lograr echando a andar los grandes proyectos productivos y de infraestructuras paralizados, pues su impacto en la economía y en los muy necesarios recursos fiscales, es más rápido que el desarrollo de nuevas aventuras.

A continuación presentamos algunos lineamientos sobre el rol del Estado en la conflictividad minera. Ver los cuatro capítulos anteriores en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

El Estado en la Reducción de la Conflictividad

Ideas para estimular un debate

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

Una expectativa de gran parte de la población es que el nuevo gobierno tenga la voluntad política y la inteligencia para llevar a cabo la reactivación de la minería, pues su  reactivación podría dinamizar nuevamente el conjunto de la economía.

Sucede que la reactivación de la minería no será solo una cuestión de promover inversiones sino de tener la capacidad de prevenir la conflictividad social que se ha incrementado alrededor de algunos proyectos: Xtrata, Las Bambas, Conga, Tía María, etc. El gobierno saliente fracasó rotundamente en el intento de reducir la conflictividad, sacrificando miles de millones de dólares de inversión y de impuestos, y muchos miles de empleos productivos. Si este gobierno no lo hace mejor, irá por el mismo camino de su antecesor. Nuestra intención es contribuir a que esta decepción no se repita.

Marco conceptual

Como ya hemos explicado en artículos previos, los cuatro actores que determinan el grado de conflictividad social de la actividad minera son (1) las Empresas Mineras, (2) las Sociedades Locales, (3) los Anti-mineros y (4) la Institucionalidad pública/Estado. De esos actores, el Estado es el más importante porque es el que puede modificar las reglas del juego y las condiciones institucionales dentro de las cuales actúan los demás actores.

La minería, igual que el petróleo, en los años de altos precios de los commodities, como los hemos tenido hasta hace poco tiempo, genera grandes cantidades de rentas, y la disputa por esas rentas es la principal razón de la conflictividad minera. Esto contradice la aparente causalidad de los temas sociales y ambientales, que son en su mayor parte la plataforma para la búsqueda de rentas.

La conflictividad minera es un problema tan serio que para muchos de los países africanos y algunos latinoamericanos la abundancia de recursos naturales ha resultado siendo una maldición (Congo, Sierra Leona, Venezuela, etc.). El célebre economista Jeffrey Sachs llega a creer que esa maldición es inevitable.[i] Nosotros no compartimos esa opinión, y creemos que podemos hacer que los recursos naturales sirvan para promover y financiar el desarrollo sostenible. Todo depende de cuan bien se hagan las cosas, como es el caso de Botsuana, Noruega, Polonia, Chile, y muchos otros.

Los estudios de Paul Collier, de Oxford University, realizados en decenas de países y por 40 años consecutivos, concluyeron que los conflictos extractivos ocurren en aquellos países donde las instituciones crean condiciones favorables para la conflictividad, y los conflictos son más violentos en los países en que las instituciones son más precarias. Ello significa que, de los 4 factores de la conflictividad explicados arriba, el marco institucional es el más importante. De ahí el rol preponderante del Estado.[ii]

Daron Acemoglu ha estudiado el rol de las instituciones en el desarrollo o estancamiento económico de los países y ha identificado cómo el poder político y las instituciones inciden sobre el desempeño de las empresas y de las economías. Él ha desarrollado un enfoque teórico que representamos gráficamente en el cuadro de más abajo.[iii]

En el caso del Perú, los anti-mineros han aprendido a utilizar los conflictos para acumular poder político tanto “de facto” (control social, político y mediático en zonas mineras) como “de jure” (congresistas, alcaldes y gobernadores), y con ello neutralizan el funcionamiento de las instituciones públicas que viabilizan y legitiman la actividad minera, a costo del desempeño económico del país. Su ambición es prohibir la minería moderna en las zonas suni y puna, justo donde está el 80% de las reservas de minerales metálicos del país.

Por ello, la reactivación de la minería no puede ser vista como resultado de una medida aislada, tipo bala de plata, sino como consecuencia de un conjunto de cambios en ese sistema institucional y político. La implicancia central es que el Estado tiene que actuar sobre las instituciones para cambiar los incentivos económicos y las relaciones de poder, y así neutralizar a los factores que hoy bloquean a la minería. 
La buena noticia es que con la elección del nuevo gobierno (pro economía de mercado), el poder político nacional “de jure” debe ser favorable al mejoramiento del desempeño económico del país. El problema es que los anti-mineros tienen parte del poder político “de jure,” en el congreso con miembros claramente hostiles a la minería y también parte del poder político “de facto:” opinión pública, organización política, medios de comunicación, etc., y son fuertes en las regiones mineras. Nacionalmente los anti-mineros son largamente minoritarios, pero en algunas localidades mineras ellos sí son predominantes. En esas zonas van ocurrir los problemas sociales en los próximos años, pues la conflictividad minera se desarrolla justo en el desequilibrio entre el poder nacional y los poderes locales.

Las Condiciones para la Conflictividad

En el caso peruano, la conflictividad minera es viabilizada por nueve factores agrupados en tres bloques principales: (a) deficiencias institucionales, (b) poder político de los anti-mineros, (c) el clima social en las zonas mineras.

Deficiencias Institucionales

1. La incapacidad del Estado para hacer respetar la ley en las zonas mineras. Esta debilidad del Estado genera un clima de inseguridad generalizado y hace posible que la violencia y la coerción sea parte de las prácticas diarias de las organizaciones que promueven el conflicto. Esta debilidad del Estado es la condición principal para los actos de violencia y los muertos que tanto benefician a los anti-mineros. El Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza y hacer uso legítimo del mismo.

2. La falta de legitimidad de las instituciones públicas que norman y supervisan la actividad minera. Sin referencia institucional creíble, la población local no sabe en quién creer, y se vuelve presa fácil de la narrativa de los anti-mineros y de sus campañas en contra las empresas mineras y las instituciones públicas. 

3. La fragmentación de la institucionalidad jurídica, generando una especie de vacío jurídico que refuerza la impunidad para impedir las actividades económicas, para la destrucción de la propiedad y para la realización de acciones violentas. A diferencia de los países desarrollados, aquí en el Perú autores de actos violentos y criminales terminan impunes y muchos de ellos llegan a ser declarados héroes locales. El paulatino avance de la Justicia Intercultural impulsa esta fragmentación jurídica.

Poder político de los anti-mineros

4. La narrativa anti-minera presenta una versión maniquea de la realidad en que ellos son los buenos (defensores del medio-ambiente y de la población local) frente a los malos (las empresas mineras), cubriéndose de un manto de buena intención y moralidad y ocultando sus reales intereses económicos y políticos (autoritarios). Una parte significativa de la población peruana esta bajo la influencia de esa narrativa.

5. Hegemonía mediática, vía el control de los medios de comunicación y del flujo de mensajes que llegan a la población en la zonas mineras, especialmente las radios rurales, recurriendo en algunos casos a la amenaza y a la represión violenta de las voces discordantes del discurso anti-minero. Este es un mecanismo fundamental para el influenciar la mentalidad de la población local y la propagación de rumores.

6. El desvío de recursos locales o externos. Los grupos anti-mineros siempre obtienen recursos para financiar la conflictividad, y para beneficiar a sus líderes y activistas. Su fuente principal de recursos es el desvío del presupuesto público y del canon minero (municipalidades, Gobiernos Regionales, etc.) pero también reciben fondos de sectores radicalizados y/o desinformados de la cooperación internacional. 

Clima Social

7. Disputa de rentas. En amplios sectores de la población persiste el sentimiento de que la minería es una fuente de rentas que sólo es posible apropiarse por medio del conflicto. Si la población no visualiza una relación positiva de colaboración con la minería (desarrollo compartido), se generaliza en la población la disputa de rentas por medio del conflicto. En esas condiciones los anti-mineros florecen.

8. La polarización social hostil a la minería que divide la sociedad en dos bandos (los buenos versus los malos), que neutraliza a los sectores medios urbanos (intelectuales, empresarios, profesionales, instituciones, etc.), y genera condiciones para hacer socialmente dominante la narrativa hostil a la minería. La polarización social es un mecanismo de acumulación de fuerzas muy usado por los anti-mineros y les sirve para neutralizar a sus rivales.

9. Temores y sentimientos de agravio de la población local. Los problemas de afectación del agua en comunidades cercanas, la existencia de pasivos mineros, la pérdida de posición social relativa de parte de las élites locales, el incremento de los precios locales, los accidentes ambientales, etc., agudizados por la propaganda anti-minera, generan un clima de temor y malestar hacia la minería. Estos sentimientos son exacerbados para generar la polarización social hostil hacia la minería y permitir a los anti-mineros posicionar su narrativa como los defensores de la población local.

¿Qué hacer? El rol del estado.

Esos tres grupos de condiciones que estimulan la conflictividad están inter-ligados. Es decir, solo pueden ser superadas efectivamente si se abordan conjuntamente.

En forma muy resumida presentamos algunos de los componentes de las respuestas.

1. Una apuesta por el desarrollo regional y no por la conflictividad: El nuevo gobierno debe elaborar cuidadosamente los lineamientos de una propuesta de desarrollo regional que tenga a la minería como motor económico, y el canon como el gran financiador del desarrollo regional, apoyado por inversiones del gobierno nacional. Esta propuesta debe movilizar las capacidades productivas y empresariales de las regiones de modo a generar un consenso regional pro-desarrollo. Esa propuesta debe contener un plan de inversiones públicas a llevarse acabo en base a las fuentes de recursos señaladas arriba. La población regional deberá sentirse dueña de dicha propuesta en su región, y contar con mecanismos institucionales para fiscalizar a todos los actores: gobernantes locales, empresas mineras, gobiernos nacional y regional, e instituciones públicas respecto al cumplimiento estricto de los compromisos asumidos y el uso correcto de los recursos públicos. 

2. La vigencia de los derechos y del imperio de la ley en todo el territorio: El nuevo gobierno debe hacer una evaluación de la capacidad institucional del Estado para hacer cumplir la ley en todo el territorio, muy especialmente en las zonas con actividades mineras. Es fundamental que el uso de la violencia como recurso de presión política disminuya, que los reclamos de la población se canalicen vía las instituciones que les ofrece la democracia, y que los anti-mineros sean forzados a respetar las opiniones divergentes en el seno de la población local. Sin imperio de la ley en las zonas mineras no habrá reactivación de la minería y los recursos públicos que se apliquen en obras y proyectos serán desperdiciados. La estrategia del Estado hacia la violencia debe ser preventiva para reducir los costos sociales y políticos.

Los dirigentes anti mineros y las poblaciones de las zonas de mayores conflictos, habrían hecho un voto estratégico por PPK en la segunda vuelta electoral. En verdad, eso era previsible por la menor capacidad política y representación popular del partido de Peruanos Por el Kambio (PPK). Pero, pretender proyectar esa convergencia como la base de acción de gobierno para enfrentar los conflictos, es una apuesta sin soporte en el enfoque político de los actores involucrados, a no ser que los de PPK consideren la posibilidad de parar los proyectos.

A continuación analizamos estas inferencias sobre la base de la evolución de los votos de la primera y segunda vuelta y las transferencias de votos de las izquierdas radicales al partido PPK. 

¿Tiene PPK apoyo en las zonas mineras?

“Yo creo que PPK es el enemigo más débil” (Anti-minero de Cajamarca).

Si bien los resultados de la segunda vuelta dieron a PPK como ganador a nivel nacional por un margen muy reducido, en algunas zonas de proyectos mineros y con conflictos sociales, la diferencia fue mayor. PPK ha obtenido una amplia mayoría, 2/3 o más en varias de ellas. Estos resultados podrían llevar a creer, a algunos, que PPK tiene un respaldo político excepcional justo en las zonas más conflictivas del país. 

En la siguiente tabla vemos los resultados aritméticos de la votación para 3 zonas con estas características: Tintaya, Tía María y Las Bambas.

Según la tabla superior, salvo en el distrito de Islay, en las demás jurisdicciones analizadas el margen de la victoria fue significativo. Pero, ¿Tiene el nuevo presidente las condiciones necesarias para de llevar adelante los proyectos mineros? ¿Cual es la realidad?

Motivación por llevar adelante proyectos mineros

PPK ha manifestado en repetidas oportunidades su interés de resolver los conflictos sociales.  Durante la campaña, lo consideró el “problema número uno del país” y que pondría a sus dos vicepresidentes a dedicarse de lleno a ello.  Para dejarlo claro, la solución que PPK visualiza para estos problemas incluye la ejecución de los proyectos, tal como lo declara en su última entrevista en Semana Económica, él va a  “ir a cada lugar a destrabar inversiones”.  En otra entrevista, a Gestión, deja claro que para él, para lograr la ejecución de los proyectos, primero se debe pasar por un proceso de diálogo (aunque no aclara con quien, si con la población local, o con los grupos a favor o en contra de la minería.): “primero se debe conversar (y llegar acuerdos) de lo contrario no se podrán realizar los proyectos (extractivos)”.  

El apoyo local a PPK

PPK considera que el diálogo es el camino para la solución y que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la población en las zonas en conflicto.  Él cree que las condiciones estarían dadas, y en la entrevista con Semana Económica muestra su confianza al mencionar que sacó 70% tanto en Cocachacra (Tía María) como Bambamarca (Conga), por lo que iría a conversar personalmente con las comunidades. Como las “comunidades” son un ente genérico, no está claro con quiénes realmente piensa dialogar PPK. ¿Serán los líderes de DD y FA quienes lo apoyarán en ese proceso de diálogo?

Sin embargo este apoyo social queda en duda al comparar los resultados obtenidos en la primera y en la segunda vuelta.  El voto de PPK en la 1ª vuelta en dichas jurisdicciones fue muy bajo y en la 2ª vuelta tuvo un importante crecimiento.  Para el caso de Cajamarca, PPK explica el cambio afirmando que “la gente recapacita.”  Es una explicación muy optimista creer que un movimiento social con décadas de confrontación hacia la minería se transforma radicalmente en pocas semanas porque la gente ha “recapacitado” y que esto produjo que su votación aumentara casi 6 veces en la región Cajamarca, pasando de 8.5% a 50%, o que se multiplicara en más de 23 veces para el caso de Bambamarca pasando de 2.5% a 70.6%. 

Las siguientes gráficas se muestra como evolucionó el voto entre la 1ª y la 2ª vuelta: 

El voto de PPK en la zona de Tía María, con la excepción de Islay, es prácticamente la suma de sus pocos votos en la 1ª vuelta con los votos mayoritarios de Democracia Directa y Frente Amplio.

La transferencia de votos de DD y FA también fue masiva en el caso de las provincias próximas al proyecto Las Bambas.

En la 1ª vuelta, en la Provincia de Espinar, PPK obtuvo solo un voto de cada 15 pobladores. 

La correlación entre los votos de DD+FA en la 1ª vuelta y de PPK en la 2ª vuelta es notable, dejando claro de donde proviene el respaldo electoral obtenido.

Una explicación alternativa y mucho más probable es que la voluntad de la gente para “recapacitar”, sea la fuerza de la campaña contra Keiko Fujimori hecha por los voceros del FA y de DD en esas zonas.  Esa campaña elevó el voto de PPK, pero la campaña no fue basada en atributos del candidato, sino principalmente en ataques contra su contrincante, FP.  Los cuadros muestran que en las zonas escogidas, el grueso del voto de PPK en segunda vuelta proviene de los electores de DD y el FA. Sería bueno que el gobierno de PPK tenga claro cual es la postura real de DD y FA sobre la actividad minera antes de poner en riesgo su capital político en diálogos bajo condiciones poco entendidas.

Para amplios sectores de la población, esta segunda vuelta tuvo la naturaleza de un plebiscito respecto a Keiko Fujimori, antes que apoyo a PPK. La posición política real de la población, en las zonas con proyectos mineros, se manifestó en la primera vuelta, mostrando una opinión muy crítica hacia el desarrollo de estos.   Por otro lado, el sector de la población que apoyaba el desarrollo de proyectos mineros votó por Keiko y por PPK en primera vuelta antes que por DD y el FA.  Esa es la fuerza real para reactivar la minería, y no la votación de PPK en la 2ª vuelta. Dada la hostilidad con que se llevó la campaña en 2ª vuelta, PPK va tener dificultades para obtener el apoyo de los votantes de Fuerza Popular, y dada la posición política contraria a los proyectos mineros de los votantes de izquierda, el apoyo del Frente Amplio y Democracia Directa para desarrollar los proyectos va ser aún más difícil. Es decir, PPK está más solo que nunca para llevar a cabo los proyectos en las zonas conflictivas.

“PPK es el enemigo más débil”

Los sectores de izquierda no han intentado ocultar su falta de apoyo real a PPK, una vez que éste esté en el gobierno.  Dos declaraciones de miembros de la organización anti-minera Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) (muy activa durante los conflictos por Conga y cercana a la organización de Marco Arana (GRUFIDES), miembro de FA) son sintomáticas.  En ellas reconocen la debilidad del gobierno de PPK, la distancia política con el próximo presidente y su naturaleza de “enemigo” de sus causas:

Ramón Abanto Bernal, miembro de la PIC y presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, ante la pregunta de porque apoyar a un candidato que no es de izquierda como PPK: “Es el candidato más flexible, con quien se pueden lograr los objetivos que tenemos programados  para  nuestra  región y en especial para Celendín. No es que comulguemos con sus principios, pues representa a los intereses de las transnacionales, sin embargo debemos aprovechar para  arrancarle las justas reivindicaciones de los pueblos.” (Programa “Prensa Veraz”, 2 de junio del 2016).

Milton Sánchez, dirigente de la PIC, en declaraciones en el programa “El Centinela del Aire”, de Radio Líder, emisora cajamarquina con una clara posición anti-minera y muy cercana a GRUFIDES, dijo el 7 de junio del 2016:

“Nos gustaría que gane PPK no tanto porque creemos en su propuesta o su plan de gobierno, sino porque el fujimorismo significa, en este caso para el movimiento social una gran amenaza.” “Movimiento social” es un eufemismo usado para referirse a las organizaciones anti-mineras promovidas por DD y el FA.

“Yo creo que PPK, es el enemigo más débil”.

“Cualquiera de los dos es un peligro para nosotros, pero creemos que aun más es el fujimorismo”.

Sin dudas, los grupos contrarios a la minería han realizado una votación estratégica, apoyando al “enemigo más débil” y evitando que el fujimorismo llegara al gobierno. Desde su perspectiva, la maniobra fue correcta, aunque sus objetivos sean contrarios al desarrollo del país.

Conclusión

Consideramos que PPK no debería contar con el apoyo de los grupos de izquierda ni con sus seguidores políticos para el desarrollo de los proyectos mineros. Pensar que tiene el apoyo del 70% de la población en lugares como Bambamarca y que eso es suficiente capital político para destrabar inversiones es iluso. 

El gobierno de PPK debe reconocer que en las zonas mineras ha llegado a la presidencia con un voto prestado de quienes lo consideran el enemigo más débil. Sobrestimar su propia capacidad en este campo, le puede traer pérdidas muy importantes en su capital político, tal como las sufrió Ollanta Humala con el proyecto Conga. El camino para solucionar los conflictos mineros es mucho más largo y complejo de lo que PPK ha declarado. 

Lampadia

En nuestra biblioteca virtual sobre Recursos Naturales y Desarrollo hemos depositado múltiples informes, incidiendo de manera importante en los aspectos vinculados a la conflictividad social. Esta, aunada al débil liderazgo gubernamental, ha logrado parar varios proyectos mineros, operativos como la ampliación de Yanacocha en el Cerro Quilish de Cajamarca y la mina Santa Ana de Bear Creek en Puno y; entre otros, dos proyectos que estaban a punto de caramelo como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa.

Como hemos publicado en varias ocasiones, esto nos ha hecho perder hasta tres puntos de crecimiento del PBI en 2014 y 2015 según el IPE[1], nos llevó a desaprovechar la cola de los buenos precios para terminar inversiones que hoy estarían produciendo, con la consiguiente frenada de la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Después de las divagaciones sobre las propuestas de diversificación productiva, hoy ha quedado muy claro que nuestros principales motores de crecimiento son la minería, la agroexportación, el desarrollo forestal, la acuicultura y el turismo. De ellos, la minería es el más importante y el próximo gobierno tendrá que hacer aproximaciones inteligentes y serias para que nuestra población pueda tener una correcta apreciación de sus impactos positivos, así como de los requisitos sociales y ambientales que deben velarse. En este proceso habrá que evidenciar la naturaleza de los conflictos impulsados por los anti mineros, que muchas veces obedecen a objetivos subalternos a los de la creación del bienestar general.

Con mucho sentido de importancia, el último debate electoral incluyó una sección sobre los recursos naturales y la conflictividad. Con el apoyo de nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, hemos preparado el siguiente análisis de los comentarios de los candidatos.

La cobertura periodística respecto al reciente debate presidencial se ha focalizado en los ataques y críticas mutuas entre los candidatos. A pesar de ello, a través de las propuestas brindadas, ha servido para tener una buena impresión respecto a los consensos y disensos sobre cómo enfrentar varios de los más agudos problemas del país.

La viabilidad de las propuestas sobre el aprovechamiento de los Recursos Naturales  dependerá, en gran medida, de la efectividad con que se reduzca la Conflictividad Social. Por lo tanto, no podemos tratar estos dos temas de forma separada. En este artículo trataremos los consensos y discrepancias entre los candidatos en estos dos aspectos, y evaluaremos el impacto esperado de las medidas propuestas sobre la conflictividad social.

Los Consensos y sus Limitaciones.

Ambos candidatos se refirieron a la consulta previa como un mecanismo efectivo de reducción de la conflictividad social. A primera vista, esto es bastante obvio. Si las comunidades, tras un proceso de negociación e información aprueban un proyecto, el mismo podrá llevarse a cabo sin que exista un proceso de resistencia social.

El problema estriba en que no existe una definición inequívoca respecto a quienes son y quienes no son “la comunidad,” donde están sus límites geográficos  y en qué consiste la “consulta previa”. Si consideramos como “la comunidad” a la población del entorno directo de un proyecto minero, de haberse realizado la consulta previa sobre el proyecto Conga en Cajamarca o Santa Ana en Puno, se hubieran viabilizado. En ambos casos las comunidades del área de influencia directa de estos proyectos eran claramente favorables a los mismos. Fue la movilización de la resistencia de comunidades más alejadas, que no se beneficiaban tanto de su implementación, la que inviabilizó los proyectos.

Si se expande el ámbito de la consulta, se generaría un nuevo espacio de disputa que debe ser evaluado con cuidado. Tanto los grupos interesados en beneficiarse con la minería como los grupos interesados en promover la conflictividad van buscar estar incluidos en “la comunidad” que apruebe la consulta previa. Los criterios técnicos no son suficientes, pues todos los grupos de interés utilizarán criterios “técnicos” en su discurso, se requiere entender los intereses en purga detrás de los argumentos técnicos.

Los anti-mineros pretenderán dar representatividad a aquel grupo que se movilice contra algún proyecto y dirán que el mismo representa a las “comunidades afectadas” independientemente de su cercanía al proyecto y o del real involucramiento en las consecuencias del mismo. Lo único que les importará será que la movilización de los insatisfechos tenga relevancia política y mediática. Mientras existan condiciones para generar conflictividad social en alguna zona la aplicación de la consulta previa, su realización no será un mecanismo efectivo para evidenciar la aceptación social de los proyectos.

El otro punto de consenso de los candidatos fue el énfasis que se dio en que las actividades extractivas generen desarrollo local. Sea mediante un mayor grado de inversión pública (Keiko Fujimori) o mediante un “adelanto social” (PPK). Este desarrollo local es un fin loable desde el punto de vista humano, económico y político. Si bien la minería debe servir al desarrollo de todos los peruanos, y no solo a quienes estén cerca de una mina, debemos estar claros que la persistencia de la pobreza adyacente a la enorme riqueza de las actividades extractivas genera condiciones óptimas para la conflictividad social.

Si bien el desarrollo local es condición necesaria, los estudios muestran que no suficiente para que las actividades extractivas sean viables. Una investigación del BID[2] respecto al impacto sobre el desarrollo local de las actividades mineras en el Perú encuentra que las zonas mineras manifiestan una reducción más rápida de la pobreza y de la desigualdad que zonas (comparables) sin actividad minera. Es decir, la minería en el Perú no solo reduce la pobreza en su entorno sino también la desigualdad, siendo estos hallazgos claramente opuestos a las creencias comunes brindadas respecto a las causas de la conflictividad en las zonas mineras. No hay que olvidar que las zonas mineras han recibido, vía canon, regalías y derechos de vigencia, más de 40 mil millones de soles, entre 2005 y 2014.[3]

Un problema objetivo es que los beneficios locales de los proyectos mineros, se dan con un importante desfase en el tiempo, pues estos se dan mayormente durante la etapa productiva de los mismos. El canon llega cuando las empresas producen utilidades y, eso ocurre algunos años después del inicio de operaciones, luego de absorber las pérdidas pre-operativas. En consecuencia, si el Estado no se las ingenia para acompañar el desarrollo de los proyectos (en su fase previa al canon) con inversiones sociales, productivas y de infraestructuras, la espera de los beneficios crea un espacio de vulnerabilidad hacia los conflictos.

A pesar de todos los beneficios generados por la operaciones mineras, los resultados electorales evidencian una fuerte presencia de la ideología de la conflictividad justo en las zonas más beneficiadas. Ello muestra que el beneficio económico no es suficiente para reducir la conflictividad. No hay que olvidar que algunos grupos promueven la conflictividad justamente porque es posible obtener rentas económicas y políticas por medio del conflicto.

Para ser efectivo, el desarrollo local debe aumentar la legitimidad del sector extractivo. La población necesita visualizar claramente que los beneficios obtenidos tienen su origen en la actividad minera. Es necesario que la población local atribuya el desarrollo traído por este sector a las operaciones extractivas y las empresas que las realizan. Sin ese entendimiento la narrativa anti-minera socava la legitimidad de la minería como motor del desarrollo, y vamos a escuchar consignas absurdas como “Canon sí, Mina no”.

Respecto a la minería informal ambos manifiestan una postura expectante a la misma, posiblemente dado el importante bolsón electoral que este sector representa. Sin embargo, hay que considerar que la fiscalización ambiental efectiva a miles de unidades económicas de pequeña minería resultara un esfuerzo mucho más complejo que la fiscalización a la gran inversión minera con procedimientos de control y reporte mucho más estandarizados. A su vez, la presión tributaria que se puede ejercer sobre la pequeña minería es claramente menor que la que se puede dar sobre las grandes empresas. En este aspecto hay que desarrollar nuevas estrategias para, por ejemplo, concentrar el procesamiento del mineral en instalaciones limpias y formales.

Las Diferencias.

Keiko Fujimori hizo hincapié en el rol de árbitro que debe jugar el Estado entre las comunidades y las empresas mineras. Por otro lado, considera que son las comunidades afectadas las que deben recibir las multas generadas por las infracciones ambientales. Ambas medidas tienen un potencial positivo en la medida que este rol de árbitro sea respetado y considerado como legitimo por parte de las poblaciones locales y supere la persistente campaña de desconfianza que promueven los anti mineros. Respecto a la entrega de las  multas a las comunidades afectadas, esto debe verse con mucho cuidado, esto puede responder a un principio de justicia, sin embargo el proceso de fiscalización ambiental tiene que obedecer a criterios puramente técnicos para evitar que las denuncias ambientales se vuelvan mecanismos de presión política de comunidades deseosas de fondos.

Pedro Pablo Kuczynski planteo un adelanto social como mecanismo de generación de confianza, esto permitirá mostrar realidades que faciliten socavar parte de la estrategia política anti-minera en los momentos previos a la implementación de un proyecto extractivo, el momento más vulnerable de un proyecto, tal como hemos planteado líneas arriba.

PPK propone un Banco de Fomento Minero con la idea de propiciar la formalización del pequeña minería, ello sin embargo implica poner en riesgo fondos públicos con fines que siempre terminan siendo sobrepasado por la política. Dada la nefasta experiencia del Estado con la banca de fomento sectorial, esta opción debe ser considerada como riesgosa.

En Conclusión.

Las propuestas evidencian intenciones positivas y avances sobre la situación actual, pero los planteamientos adelantados por ambos candidatos, evidencian una comprensión limitada respecto a la naturaleza de conflictividad social como fenómeno político. Las medidas en favor de minería informal parecen, por ahora, más impulsadas por criterios electorales que de formalización efectiva.

Ambos han presentado diversos mecanismos para amplificar los efectos de las actividades extractivas sobre el desarrollo en el entorno de los proyectos. Estas medidas, con un mejor entendimiento de las cuestiones políticas, tienen el potencial de reducir la conflictividad social y reabrir la puerta del desarrollo minero en Perú.

Algo que debió estar presente en el debate, es el inmenso impacto positivo de los grandes proyectos mineros, tanto los suspendidos, como los de desarrollo potencial, en el conjunto de la sociedad a través de sus encadenamientos productivos, la generación de empleo de calidad (directo e indirecto) y el aporte de divisas y recursos fiscales, que hacen posible una acción efectiva del Estado para derrotar la pobreza y superar las brechas sociales que nos aquejan. Lampadia

En pocos meses tendremos una nueva administración pública y uno de los temas de mayor atención será la recuperación de un mejor nivel de crecimiento económico. Más allá de la situación de hibernación en que ha entrado el sector minero, está claro que sigue siendo el sector que puede generar mayor impacto de corto y mediano plazo en el nivel de inversión privada y en el crecimiento.

Sin embargo, después de haber permitido que los anti mineros sabotearan el desarrollo de varios proyectos y de haber malogrado el sentido común de la sociedad sobre la importancia e impactos de la minería, los peruanos tenemos por delante la necesidad de reevaluar el sector, de hacer un balance integral y serio de sus aportes al desarrollo económico y social, y desarrollar propuestas viables para su reactivación y desarrollo.

Con ese fin y, empezando por una mirada amplia, en la siguiente nota volvemos a visitar con nuevos elementos de análisis, esa maliciosa pregunta sobre la minería: ¿Bendición o Maldición?. Ver en Lampadia nuestras publicaciones anteriores al respecto: 

Recursos naturales: Bendición, no maldición

Perú destaca entre los que mejor gestionan sus recursos naturales

Para el Perú, los recursos naturales son una bendición

Una nueva visita a ¿Minería: Bendición o Maldición?

Existen corrientes de pensamiento Europeas y Americanas, con influencia en el Perú, que son contrarias al aprovechamiento de los recursos naturales. Esas corrientes afirman que la existencia de recursos naturales es una maldición para los países emergentes, y que deberíamos evitar su aprovechamiento. Dicen que la exportación de metales, gas o petróleo, inevitablemente, genera la enfermedad Holandesa y crea condiciones macro económicas que bloquean la diversificación productiva y el desarrollo económico. El canal de trasmisión argüido pasa por un boom exportador de materias primas que aprecia la moneda y resta con ello competitividad a los exportadores de productos con valor agregado. Sus estudios son incompletos, pero su retórica es insistente.

La relación entre minería y desarrollo es una cuestión importante para la calidad de vida de 3,500 millones de personas que viven en países emergentes exportadores de materias primas. Ello significa que el impacto económico de la minería puede ser importante para dos tercios de la humanidad que viven en el subdesarrollo.

Como la minería explota recursos no-renovables su actividad, para legitimarse plenamente, debe generar beneficios presentes y futuros; por lo  que los países deben ser capaces de dar continuidad a su desarrollo cuando sus reservas minerales vayan disminuyendo. En función de esa idea, el Banco Mundial hizo un estudio extensivo sobre los impactos de la actividad minera sobre 51 países mineros emergentes.[i]

El estudio clasificó como países mineros a aquellos en que la minería representa 6% o más de las exportaciones, e hizo los análisis comparativos al interior de grandes regiones geográficas: África Sub-Sahara, América Latina, Europa y Asia Central, etc. Esa selección ha sido hecha para identificar a los países en que la minería fuera importante para la economía local. En base a esa comparación el estudio identificó a los mejores y a los peores países en base a sus tasas de crecimiento entre 1990 y 2000.

Hallazgos

1. Los países Africanos están entre los mejores y entre los peores, sin que la localización geográfica tenga un rol significativo. 
2. En América Latina, Chile está entre los mejores, hay varios países en los niveles intermedios (Perú, Guyana, etc.), pero no hay ninguno entre los peores. 
3. Los países de Europa del Este están en los dos grupos: peores (Ucrania) y mejores (Polonia). 
4. Entre los peores han estado países que demoraron mucho para hacer sus reformas institucionales (Ucrania) o que han tenido problema de guerra civil (Congo). 
5. Los mejores están construyendo su desarrollo con los recursos de la minería, y los peores los están despilfarrando o guerreando por ellos, 
6. En los mejores países, las empresas mineras son generalmente privadas y los gobiernos usan bien los recursos generados por la actividad minera, y 
7. China e India no son grandes exportadores de minerales, pero los minerales son importantes para dinamismo de sus economías. Ellos también deben ser considerados como casos de éxito de la minería.

El estudio ha relacionado la calidad de las instituciones y los niveles de riesgo para la minería, y encontró una gran capacidad explicativa en la calidad institucional para entender el rol positivo o negativo de la minería en el desarrollo (ver cuadro abajo).

Anti mineros pierden elecciones nacionales. Líder de Tierra y Libertad (ex cura Arana) no logra curul por Cajamarca en el Congreso, pero su enemigo (anti minero), Santos, gana el voto por la región de Cajamarca y distritos mineros muestran una cercanía electoral con el radicalismo anti minero que no exhiben las regiones de las que forman parte. El siguiente análisis  forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, en la que documentamos el ambiente en que se dan las inversiones mineras.  

Los resultados electorales sirven de radiografía política del país. Estos resultados contribuyen a entender las dinámicas sociales y políticas que alimentan las fuerzas anti-sistema, y la importancia que los conflictos mineros tienen para el crecimiento de esas fuerzas. Si bien esas fuerzas han quedado terceras en las elecciones recientes ello no significa que no constituyan una amenaza a la continuidad del desarrollo del Perú. 

Los Resultados

Las elecciones del pasado 10 de abril han servido  para identificar cuál es el estado de las fuerzas políticas en diversas regiones y gracias a los resultados de la ONPE podemos verlo inclusive a nivel distrital. Esto brinda una oportunidad de conocer el clima político en zonas rurales en las que los mecanismos privados de observación de la opinión pública tales como las encuestas son de una precisión limitada, acceso restringido o de un costo prohibitivo. Los resultados de estas elecciones nos han permitido analizar el estado de diversas fuerzas políticas en los alrededores de ciertos proyectos mineros donde se han desarrollado conflictos.

Existen dos fuerzas políticas que se han mostrado hostiles al desarrollo de proyectos mineros por motivos ya sean ideológicos o de conveniencia política: Democracia Directa y el Frente Amplio.  En el caso de Democracia Directa, esta organización lanzó como candidato a Gregorio Santos quien tiene como principal carta de presentación frente a la opinión pública su oposición frontal al Proyecto Conga; en el caso del Frente Amplio su candidata ha sido protagónica en azuzar activamente la conflictividad en el caso de Espinar. Además la principal organización del llamado Frente Amplio es Tierra y Libertad, un partido de ideología abiertamente post extractivista, es decir, contraria a la actividad minera, a la extracción de petróleo y a la construcción de represas hidroeléctricas.

En el presente artículo consideraremos el agregado del voto por estas opciones, como un indicador de una postura hostil hacia la minería. En Lampadia ya se ha publicado varios artículos acerca de la posición de estas fuerzas políticas. (Ver  El Plan de Gobierno de Verónika Mendoza acerca de la minería , Todo Vale para llegar al poder y ¿Una Nueva Minería o No Más Minería?).

Lo que señalan los resultados es claro y varios medios de comunicación ya lo han mostrado: la alta votación alcanzada por estas fuerzas políticas anti-sistema es notable en los distritos mineros.  Sin embargo, quisimos hacer un análisis numérico de los resultados distritales, y los comparamos con los resultados obtenidos en sus respectivas regiones. De esta manera podemos ver como el voto anti-minero se incrementa o no conforme se “acerque” a la zona de un proyecto minero que este bajo el ataque de esos grupos.

Para esto hemos generado un Indicador de Radicalidad Local (IRL), que se calcula con el voto anti-minero en un distrito donde se encuentra un proyecto minero divido entre el voto anti-minero en la región del proyecto.  Con esto identificamos que tanto más anti-minero es ese distrito específico comparándolo con su región. De esta manera podemos poner el voto anti-minero en perspectiva y se pueden identificar con claridad los efectos políticos de la cercanía a un proyecto en relación al clima político promedio de la región.

En la siguiente gráfica presentamos el IRL para algunos proyectos mineros en los que se han dado altos niveles de conflictividad social. La data ha sido tomada de los resultados electorales reportados por la ONPE.

En la gráfica podemos observar que, salvo en el caso de las operaciones de Yanacocha, donde el IRL es menor que 1, todas los demás proyectos se encuentran en distritos en que el voto anti-minero supera al promedio de su región.

Análisis que se desprenden

1. Se puede generar un clima de conflictividad social aún en regiones en los que las fuerzas favorables al actual modelo de desarrollo son ampliamente mayoritarias. En el caso de Lambayeque y Piura las suma de los votos de Fuerza Popular y PPK llego a 66% y 67%, respectivamente. A pesar de ello en los distritos en los que se darían los proyectos Majaz y Cañariaco los anti-mineros obtuvieron 59% y 47% respectivamente. Es decir, los grupos anti-mineros pueden provocar una dinámica de conflictividad social que genera un “micro-clima político” en el entorno a un proyecto, diferenciándose de las posturas políticas predominantes en la región. Tanto en el caso de Majaz como en el de Cañariaco la oposición social ha llevado a la paralización de los proyectos. Los elevados IRL nos indican cuando se da este fenómeno.
2. Los IRL asumen valores mayores a 1 en la mayoría de los casos. Ello nos señala que
   la cercanía a un proyecto minero conflictivo sí está asociado a un incremento en la aversión a la minería y a la economía de mercado. Ello significa que la sensación de agravio de la población se incrementa con la cercanía a un proyecto, y evidencia que los esfuerzos de responsabilidad social de las empresas mineras en su entorno no son capaces de contrarrestar la incidencia de los anti-mineros ni de neutralizar las dinámicas de búsqueda de rentas de algunos grupos de la población. Estos datos muestran que la versión de la historia contada por los anti-mineros se impone, casi invariablemente, en las zonas conflictivas. Ello representa una limitación importante de los enfoques de Responsabilidad Social con los cuales trabajan las compañías mineras en el Perú. Las empresas mineras han invertido muchas decenas de millones de dólares en su entorno, y han contribuido con el canon, pero las posturas de la población en los entornos de los proyectos son más negativas que donde no han hecho ninguna inversión, ni ha llegado nada o casi nada de canon.
3. En el caso del proyecto Conga, un proyecto que nunca operó y que no ha tenido ningún impacto sobre la población local, el patrón de los Índices de Radicalización se cumple. Sin embargo en el caso del área de operaciones de Yanacocha, una mina que ha operado por más de 20 años, este patrón no se cumple. El caso de Yanacocha en Cajamarca es una anomalía a nivel nacional. ¿Cómo se explica entonces que, siendo la misma empresa, en el caso de Conga la cercanía al proyecto genere una especial aversión; mientras que en el caso de las operaciones de Yanacocha (en cuyo entorno se dieron los conflictos importantes como Combayo y Cerro Quilish), el apoyo a las opciones anti-mineras sea menor que en el resto de la región?

Una hipótesis que puede darse es la cercanía de las operaciones de Yanacocha a una ciudad de gran magnitud como Cajamarca. Por un lado una ciudad como Cajamarca tiene mayor potencial para encadenarse económicamente a las operaciones mineras que comunidades rurales.  Una ciudad puede brindar una diversidad de servicios a la empresa minera y a sus empleados, realizando actividades económicas con una complejidad muy superior. Además, si la actividad minera se reduce, los costos económicos se hacen mucho más visibles para la población. Otro factor consiste en la viabilidad para las fuerzas anti-mineras para generar un “Cerco Cognitivo” en el entorno a un proyecto minero (este concepto ha sido detallado en un artículo previo, ver el enlace). El éxito del cerco cognitivo requiere de prácticas de intimidación social y física a quienes disientan de la postura anti-minera; y requiere además del control de la mayoría de canales de comunicación creíbles de la comunidad (maestro, sacerdote, presidente de rondas, etc.). En un entorno rural esto se facilita dada la baja presencia del Estado y de los sectores más claros sobre las ventajas de la actividad minera, y por la menor cantidad de medios de comunicaciones e instituciones independientes. En una ciudad como Cajamarca los sectores medios ligados al comercio y a los servicios son mucho más numerosos, y resulta más difícil para los anti-mineros reprimir a la totalidad de voces disidentes.

4. La hostilidad de la población no se deriva mecánicamente de la inviabilidad de un proyecto. Las Bambas pudo construirse a pesar de una población, al parecer más hostil, que en el caso de Tía María. En Las Bambas el apoyo a los anti-mineros bordeaba el 70% mientras que en Tía María el apoyo a dichos grupos fue de 50%. Ello nos señala que la viabilidad depende de un conjunto de factores adicionales al rechazo poblacional tales como la fortaleza de las organizaciones anti-mineras, las estrategias de negociación de las empresas con las elites locales, la voluntad del Estado y de la Empresa, el tipo  y el estadio de avance de un proyecto. La hostilidad de la población sin embargo es un factor de riesgo crítico y tarde o temprano surgirán los actores políticos que la canalizaran en hacia un escenario conflictivo aun si el proceso requiere de años para darse.  En el caso de Las Bambas, un proyecto minero de importancia estratégica para la economía nacional, este alto Índice Radicalización Local señala la existencia de un caldo de cultivo que favorecería a actores políticos anti-sistema, para que puedan generar conflictos que dañen las operaciones en la zona.

Conclusiones.

Estos resultados electorales son consecuencia, no solamente de los errores que las empresas hayan podido cometer, sino también del trabajo político prolongado que organizaciones anti-mineras, muchas ligadas a ambos partidos que hemos definido como anti-mineros. Años de trabajo de Responsabilidad Social, de inversiones sociales y de relacionamiento comunitario pueden ser destruidos por la sistemática labor de zapa de los grupos anti-sistema.

Las empresas mineras con proyectos conflictivos tienen un largo camino por recorrer, en especial de un trabajo con las comunidades que responda a las acciones políticas hostiles de las que son víctimas.  Las empresas deben brindar respuestas coherentes con la naturaleza de la amenaza que se yergue sobre ellas, y las amenazas están conducidas por organizaciones políticas.

El hecho que los resultados de los anti-mineros en los distritos donde hay conflictividad minera hayan sido altos, pone en duda la efectividad de la Responsabilidad Social como herramienta, y de la efectividad de estas inversiones para mejorar la relación con las comunidades; al igual que las mesas de diálogo como mecanismos para reducir la conflictividad.  En estos distritos, ambos mecanismos han sido aplicados durante años, sin poder neutralizar la incidencia de los anti-mineros sobre la opinión pública de las comunidades.

Estos resultados no pueden ser subestimados por las empresas mineras, o van pagar muy caro en términos de conflictos, paralizaciones y daño a su reputación. Lampadia

Nuestros izquierdistas tradicionales, representados por la candidata Verónika Mendoza (VM), creen tener patente de corzo para ocultar sus debilidades, acciones y mentiras, pues ellos son los ‘supuestos defensores de los pobres’.

Verónika Mendoza si puede mantener su pasaporte francés, pero no PPK el americano. Su padre puede ser un minero ilegal e invasor, pero dice: “no se metan con mi familia, métanse conmigo”, pero FA sí se puede meter con quien se le ocurra. “No somos anti-mineros” , dice VM, pero todos sabemos de las prédicas de lo más representativos de su equipo y de las acciones políticas, que muchas veces han llegado a niveles de violencia increíbles.

¿No es Verónika Mendoza una anti minera?

“Ni Marco Arana, ni Verónika Mendoza, ni el Frente Amplio somos anti mineros. Lo que hemos dicho es bienvenida la minería como las inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, pero respetando las reglas de juego”

Verónika Mendoza. Diario Correo, 12 de Enero del 2016.

Fuente: http://diariocorreo.pe/politica/elecciones-2016-no-somos-antimineros-asegura-veronika-mendoza-646126/

Ambientalistas y Anti-mineros.

¿Qué es un anti-minero? Podemos definirlo como un actor social que realiza acción política y social sostenida contra la minería. Un anti-minero tiene una hostilidad específica al sector minero y sigue líneas de acción destinadas a bloquear la minería hoy y a anularla en el largo plazo.

Una necesaria fiscalización ambiental al sector minero y el accionar anti-minero tienen claras diferencias.

¿Qué es un ambientalista? Es un actor social y político que busca limitar el impacto negativo que las actividades humanas tienen sobre el medio ambiente modificando el marco regulatorio y fortaleciendo la institucionalidad ambiental. Un ejemplo de ello sería la promulgación de la Ley del Medio Ambiente para fiscalizar y controlar el impacto ambiental de la minería.  El ambientalista no busca desaparecer industrias, busca reducir el impacto ambiental de las actividades humanas. El ambientalista se preocupa por la contaminación, independientemente de cuál sea su naturaleza: minera, industrial, agrícola, humana, etc..

Veamos a continuación algunas diferencias entre ambos perfiles:

Rigor técnico: El ambientalista denuncia posibles efectos negativos de la minería con pruebas técnicas y científicas, el anti-minero busca atacar al sector minero haciendo uso de la mentira y los rumores, utilizando el lenguaje técnico para aparentar seriedad pero sin evidencia científica que sustente su denuncia.

Motivación: El ambientalista no está en contra de una actividad extractiva pero se preocupa en función a la magnitud del efecto medio ambiental de la misma, el anti-minero  es hostil a la actividad extractiva pues activa sus odios hacia la inversión privada, y a las empresas transnacionales. La motivación principal del ambientalista es la protección del ambiente, la motivación del anti-minero es su oposición al “modelo extractivista.” Por ello, el anti-minero busca elegir una “causa” que viabilice la figuración política que pueda lograr con sus ataques. El anti-minero sirve a la causa política de su cliente en el mundo desarrollado, no en el Perú.

Capacidad de solución: El ambientalista considera que la minería y la agricultura pueden ir de la mano si se aplica las tecnologías correctas, si esta sinergia es posible o no depende de un análisis técnico y científico de un proyecto específico. El anti-minero plantea que existe un antagonismo intrínseco entre agricultura y minería. Partiendo de ese axioma propio o dogma, busca razones y selecciona los indicios que justifiquen esta postura.

La visión de futuro: El ambientalista aspira a un futuro en que la minería controle sus impactos ambientales, en donde las instituciones monitoreen rigurosamente la actividad minera y la opinión pública del país exija el cumplimiento de estándares ambientales rigurosos. El anti-minero sueña con un mundo sin minería. A esa utopía sin minería, ellos la llaman sociedad pos-extractivista, es decir, sociedad posterior a la minería.

El modus operandi: El ambientalista detecta un problema ambiental y organiza una campaña para que ese problema se resuelva. Cuando el problema ambiental está resuelto, el ambientalista celebra con todas las partes la nueva situación. El anti-minero vive de la conflictividad, si un conflicto se resuelve, el anti-minero se dedica a reactivar el conflicto o a promover otro. Para el anti-minero el conflicto es su forma de crecer, es parte central de su estrategia política.

Dadas estas características, ¿el Frente Amplio y/o sus integrantes son o no son anti-mineros?

Si el Frente Amplio es una organización anti-minera depende de la medida en la cual sus miembros encajen o no con un perfil anti-minero o uno ambientalista.

1) Uso de la Manipulación y de la Mentira: Los candidatos del Frente Amplio han hecho y hacen uso sistemático de la mentira y del rumor como herramienta para promover la conflictividad social contra la minería. De ello hay múltiples ejemplos.

a. La actual candidata presidencial Verónika Mendoza envió una carta al entonces alcalde de la Provincia de Espinar en la que se sugería que la población estaba siendo letalmente contaminada por la actividad minera, en múltiples apariciones públicas se dedicaba a mencionar la amenaza para la salud de los pobladores de Espinar como resultado de la actividad minera. Esta manipulación se describe con mayor detalle en otro artículo de Lampadia.  Un posterior monitoreo en el que participó la población local  demostró que Verónica Mendoza promovía temores infundados entre la población.  Los muertos de los conflictos que Mendoza ayudó a azuzar con estos documentos al parecer no le quitan el sueño. 

Fuente: http://www.miningpress.com.pe/media/img/00_veronika-mendoza_9003.jpg

b. Marco Arana es un personaje que ha hecho de su oposición a Minera Yanacocha su principal herramienta de ascenso económico y político.  Postula a la Primera Vicepresidencia por el Frente Amplio y al congreso con el número 1 por la región Cajamarca. La mentira ha sido un recurso que él ha aplicado de manera sistemática. En este video a partir del minuto 10:10 hasta el 10:40 se puede ver a Marco Arana en la hora N afirmando que el reservorio San José (En el que se convirtió un tajo minero en un reservorio que brinda agua a la población local)  construido por Yanacocha nunca ha funcionado.  En este otro video se puede ver como en esos precisos instantes el reservorio San José está lleno con 5 millones de agua.  Además, la ONG Grufides, liderada por él, con mucha frecuencia reproduce rumores hostiles a la minería sin preocuparse de verificar la veracidad de los mismos.

En la edición de Perumin del año pasado, el Director de Lampadia le recordó al ex cura  Arana su falta de consecuencia:

Usted está promoviendo en el Perú la ideología de la pobreza, y pretende imponerla a la fuerza, incluso, con su gente, con acciones de niveles de violencia inaceptables.

Yo le quiero pedir un poco de coherencia, el 25 de mayo [2015], lo entrevistaron en el diario Gestión (página 25) y le preguntaron:

“Pero en Madre de Dios usted no hace protesta”, y su respuesta fue, “yo vivo en Cajamarca, ¿cuál es nuestro principal problema?, la gran minería. Lo mío en el lugar donde vivo, los problemas más fuertes están relacionados con las pérdidas de fuentes de agua natural en mi región, ¿quién lo provoca?, la gran minería”.

“Es una cuestión geográfica entonces”, pregunta el periodista. Y dice, “si yo viviera en Madre de Dios, mi principal atención tendría que ser esa, no puedo estar en todos los problemas que hay en el país”.

Entonces, yo le quiero preguntar [agregó el Director de Lampadia], ¿qué hacía usted y su gente en Tía María?, ¿qué hacían en Espinar?, ¿qué hacen en Apurímac?

Fuente: https://lamula.pe/media/uploads/t/f65bcfbc94e24260239bd2b67b4f131c.jpg  

c. Oscar Mollohuanca es candidato al Congreso con el numero 4 por el Frente Amplio en la Región Cuzco. Durante el conflicto de Espinar él era el Alcalde de esta provincia por el Movimiento Tierra y Libertad (Principal partido del Frente Amplio y que brindó la inscripción al Frente Amplio). Mientras era alcalde de Espinar utilizaba el canal de televisión de la Municipalidad de Espinar para transmitir acusaciones de manera permanente contra la actividad minera.  Por ejemplo, que el ganado de los campesinos de la zona sufría de malformaciones y fatalidades a causa de la actividad minera, como se puede ver en este video de una transmisión de TV5 Espinar.  Aquí  se acusa a Xtrata de ser la responsable de la malformación de animales. El Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la Provincia de Espinar demuestra de manera científica que estas acusaciones eran falsas.  En las conclusiones del informe (página 94) en el que se analiza los cadáveres de los animales de la zona se puede leer:

“Las concentraciones de metales encontradas por Cicotox, SGS y Senasa en hígado y riñón son muy bajas. No indican una intoxicación crónica y menos una intoxicación aguda que pueda conducir a la muerte del animal. Los valores de las concentraciones halladas están por debajo de la dosis letal mínima establecida por los estudios toxicológicos”.

Oscar Mollohuanca no tuvo ningún reparo en utilizar un recurso público como es el canal de televisión municipal para difundir mentiras que le facilitaran el generar una mayor conflictividad social que tuvo como consecuencia múltiples pérdidas de vidas humanas pero también un mayor protagonismo político para él pueda lograr, con suerte, una curul parlamentaria.

Fuente: http://cde.peru21.pe/ima/0/0/1/4/2/142667.jpg

2) Aversión a las Actividad Extractiva más que a la Contaminación:

Una característica del anti-minero es su aversión por la actividad minera, especialmente cuando es llevada a cabo por grandes empresas privadas.  En ese caso el anti-minero atacará con intensidad a la empresa, exista o no evidencia de sus denuncias.  En caso la contaminación sea resultado de la actividad de pequeños productores ilegales el mismo generará una reacción mucho menor puesto que la contaminación para el anti-minero es un enemigo secundario frente al verdadero enemigo: “el modelo extractivista.”  Este ensañamiento contra el sector puede deberse a una posición ideológica post-extractivista (ampliada en el siguiente enlace) o a que ellos obtienen personalmente mayores beneficios escogiendo dichos objetivos (ampliado en el siguiente enlace).  Las siguientes instituciones han empleado o están relacionadas a miembros del Frente Amplio.

a. GRUFIDES es una ONG fundada por Marco Arana y que según sus propias palabras le brinda los ingresos por consultorías. GRUFIDES tiene como área de actividades la región Cajamarca. Tiene como activistas a varios militantes del Frente Amplio. GRUFIDES es el principal y más sostenido operador contra Minera Yanacocha, que hace uso de tecnología moderna en sus operaciones y participa en monitoreos de calidad de agua permanentes firmados por el Gobierno Regional, verificando tanto la calidad como la cantidad del agua emanada en cada uno de sus puntos de descarga. En la misma región donde Grufides actúa contra Yanacocha, en la provincia de Cajabamba se realizan operaciones de minería informal con devastadores efectos sobre el medio ambiente y periódicas muertes resultado de las pobres condiciones de trabajo. De ser una organización preocupada por el medio ambiente, Grufides lucharía contra la contaminación de la minería informal en su propia región.  Sin embargo, en el portal de GRUFIDES se encuentran 182 artículos referentes a Minera Yanacocha mientras que la minería ilegal en Cajabamba tan solo es referida en 7 artículos. Claramente GRUFIDES ha decido quien es “el enemigo principal”.

GRUFIDES ha realizado 26 veces más artículos contra Yanacocha, que contra la minería informal en Cajamarca.

b. Cooperacción es una ONG autoproclamada como “ambientalista”, su principal actividad consiste en publicar y difundir mapas de concesiones mineras que sirven para infundir pánico entre los agricultores.  Ha hecho talleres sistemáticos de incidencia con los dirigentes opositores a los proyectos Conga, Tía María y las Bambas. Esta institución tiene a José de Echave de subdirector y como vocero más visible, que además de ser miembro de Tierra y Libertad, pasó fugazmente por el Vice Ministerio de Medio Ambiente. Desde esta posición se dedicó a socavar la viabilidad del Proyecto Conga. También tiene a Abel Gilvonio candidato con el numero 16 por Lima de Frente Amplio recientemente conocido por considerar a Victor Polay, líder terrorista, como un preso político. Gilvonio se desempeña como Especialista en Monitoreo en el Programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de esta ONG.  Revisando el listado de publicaciones de Cooperacción se encuentran dos ligadas a la minería informal y treinta y ocho ligadas a la minera formal. Como es de esperarse hay publicaciones ligadas a Tía María, Conga y las Bambas. Entre las publicaciones están “Desarrollo Rural y Actividad Minera” que es un manual destinado a generar hostilidad a la minería formal al interior de las comunidades.

Cooperacción ha realizado 19 veces más publicaciones contra la minería formal, que contra la contaminación de la minería informal.

3) Atribuir un antagonismo intrínseco entre agricultura y minería.

“Agua si, mina no” fue las consigna más repetida por las movilizaciones anti-mineras, tanto en el caso de los proyectos Tía María y Conga respectivamente. En cada uno de estos conflictos los miembros de Tierra y Libertad tuvieron un rol protagónico. En el caso de Tía María lo fue Pepe Julio Gutiérrez, quien fuera candidato al Concejo Regional de Arequipa por el Frente Amplio, ex Presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo y protagonista del audio de las “Lentejas” en el que se le escucha tratando de extorsionar a Southern. En el caso de Conga un rol critico lo jugo Milton Sánchez también militante de Tierra y Libertad y Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina, desde la cual se dedicó a reprimir violentamente cualquier disidencia frente a su postura anti-minera. Sánchez se dedica a oponerse a todo proyecto a gran escala en Celendín, incluyendo la hidroeléctrica de Chadín II.

a. En noviembre del 2014 Pepe Julio Gutiérrez propuso a los alcaldes provinciales y distritales de Islay el declarar a la totalidad de la Provincia como área intangible frente a la actividad minera. Este miembro del Frente Amplio proponía la prohibición de la actividad minera independientemente de las características tecnológicas de un proyecto específico y de un análisis técnico de sus consecuencias, tipificando un claro ejemplo de conducta anti-minera. Es decir, el rechazo es previo, sin siquiera analizar técnicamente los efectos de un proyecto.

b. Milton Sánchez declaro ante Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos en Washington:

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va a depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”

Esta afirmación es una clara muestra de la visión que se tiene en Tierra y Libertad sobre la minería y que se manifiesta cuando no se encuentran delante de los medios de comunicación masiva. Para Milton Sánchez no hay grises: la actividad minera implica la desaparición de los medios de vida de los campesinos, para él las décadas de progreso tecnológico en minería no son capaces de mitigar los efectos ambientales de una operación minera. Ni siquiera el hecho que se cultiven truchas con el agua que surge de las descargas de Minera Yanacocha en Granja Porcón alivia la visión apocalíptica que tiene de la minería, tampoco que se hagan monitoreos permanentes de estas descargas y la construcción de reservorios como los de San José o Chailhuagón por parte de la empresa.

Conclusiones

Estos son solo unos ejemplos de la conducta de algunos miembros del Frente Amplio que manifiestan que tienen por principal ocupación y fuente de ingresos el oponerse a la minería. Estos casos dejan claro que los mismos no son sinceros al afirmar que son ambientalistas, pues  muestran una clara hostilidad intrínseca hacia la gran inversión minera, que no guarda proporción con los efectos ambientales que produce. La minería ilegal, la contaminación del aire producto de la baja fiscalización de las emisiones de los medios de transporte,  la contaminación de cuencas (como la del río Rímac, que es evidente) producto de la actividad no-sanitaria, industrial y agrícola, es prácticamente olvidada. Lo que realmente les genera aversión es: “el sistema”, “las empresas transnacionales”, “el modelo extractivista,” etc.

Los ejemplos presentados también muestran como miembros del Frente Amplio tienen una visión fatalista de supuestos efectos devastadores de la actividad minera sobre la agricultura sin reparar en el potencial de la tecnología actualmente disponible y de los estándares operacionales, ambientales y sociales que se han establecido a nivel global. Por ello, la etiqueta de anti-mineros de la que ellos intentan desvincularse, es una descripción correcta para muchos de los miembros de Frente Amplio. Si quiere encontrar más evidencias es sólo dar una mirada en su plan de gobierno. Lampadia

Siguiendo con el análisis de la conflictividad vinculada a los proyectos extractivos, presentamos a continuación un ensayo que evalúa las propuestas de compartir las utilidades de los proyectos y/o empresas con las comunidades del área de influencia de los mismos. Este planteamiento parece ser un mecanismo irresponsable para enfrentar los conflictos en el corto plazo, con el riesgo de generar comportamientos disfuncionales en el mediano y largo plazos.

Este análisis forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, y ha sido preparado por nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, Camilo Ferreira y Franco Olcese.   

¿Utilidades versus Conflictos?

Por Camilo Ferreira y Franco Olcese, Centro Wiñaq

¿Se podrán reducir los conflictos con las Empresas Mineras mediante el reparto de utilidades?

En campaña electoral, los candidatos proponen lo que sea necesario para llamar la atención y capturar intenciones de votos. En los medios vemos una colección de soluciones mágicas, de ideas nuevas y geniales que pueden resolver los problemas que nos aquejan por largo tiempo. Uno de esos problemas es la paralización de proyectos mineros por la conflictividad social. El problema es que algunas de esas ideas no son nuevas, ni geniales ni menos mágicas. Veamos un ejemplo.

Durante la presente campaña electoral, los candidatos han propuesto diversas alternativas virtuales para afrontar la conflictividad social ligada a proyectos extractivos: Cambio en la Constitución para que los dueños de la tierra sean también dueños del sub-suelo[1], consulta previa con carácter vinculante[2], que las comunidades de los alrededores de los proyectos se beneficien con participación directa en las utilidades de las empresas, etc.  Al hacer estas propuestas, los candidatos buscan convencer a sus audiencias de que la solución propuesta por ellos será la bala de plata que destrabará los miles de millones de dólares paralizados en proyectos y que con ellos el país retornará a la senda del crecimiento. Algunos creen haber tenido la gran idea, la idea que nadie tuvo antes que ellos y que puede solucionar un problema que todos quisiéramos verlo ya solucionado. Uno de esos problemas es la conflictividad social ligada a los proyectos mineros. En nuestra opinión, estas propuestas son una forma de evadir las responsabilidades de los gobernantes, pues implican dejar las soluciones efectivas a procesos cuestionables y mayormente inviables.

En nuestro enfoque, los conflictos sociales relacionados a la minería son complejos y no tienen una solución mágica. Pensamos que la conflictividad social es un fenómeno que requiere un paquete de medidas que, si funcionan bien, reducirían la conflictividad paulatinamente.

Nuestra pregunta es: ¿La participación directa de la población, del entorno de los proyectos extractivos, en las utilidades de las Empresas Mineras llevaría a una reducción significativa en la conflictividad social?

El argumento detrás de esta idea es bastante simple y aparentemente sensato. Brindar a las comunidades una participación en las utilidades o en el accionariado de las empresas asociaría directamente el desarrollo de sus comunidades con el éxito minería (A).  Esta participación llevaría a un alineamiento de intereses entre las empresas mineras y las comunidades (B). Se esperaría entonces que este alineamiento de intereses generara una paz social que viabilizaría la realización de múltiples proyectos mineros paralizados (C),favoreciendo así la reactivación económica (D).La lógica es: “A” lleva a “B,” “B” lleva a “C” y “C” lleva a “D.” El argumento es simple, y todo argumento simple es atractivo, especialmente en períodos de elecciones. Solo falta ver si es verdadero o falso.

Esta expectativa respecto de las consecuencias de una participación en las utilidades surge de una interpretación sobre-simplificada de los conflictos sociales asociados a las industrias extractivas. La sobre-simplificación ocurre por olvidarse de uno de los actores clave, los anti-mineros, y de los efectos de su acción sostenida. Hace pocos meses, el gobierno se dejó llevar por una idea de este corte.