Gobernanza
Arte o manera de gobernar que se propone como
objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un
sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil
y el mercado de la economía.
Real Academia Española

El gobierno parece no entender que su rol es amplio e integral. Como especifica la RAE, la buena gobernanza no puede desentenderse de ninguno de sus componentes, desarrollo duradero en lo económico, social e institucional. Lamentablemente el gobierno de Martín Vizcarra está a la caza de cualquier oportunidad para confrontar con el Congreso y esperar un rebote de su mermada popularidad.

Inclusive en lo institucional político, exacerba las contradicciones más allá de lo realista. En el caso de la última pechada al Congreso, si bien fue torpe archivar sumariamente la reforma de la inmunidad, el gobierno se quedó en la envoltura, pues ya se había anunciado que el tema se ajustaría vía el reglamento del Congreso. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de forzar la mano.

Vizcarra malogró así lo avanzado en la reciente reunión de coordinación con los voceros de los partidos políticos.

En lo social, el gobierno se muestra incapaz de emprender una efectiva y urgente gesta para movilizar al país en pro de reducir la anemia infantil.

En la económico es evidente que el manejo de los conflictos sociales es muy pobre, tanto en los temas petroleros como en el caso de Las Bambas, que después de cien días aun no se resuelve definitivamente.

Lo mismo va por el caso de Tía María, un proyecto que evidentemente no trae consigo problemas ambientales, y que en lo social ha tenido avances sustanciales. Acá solo resta explicarle al país el balance del proyecto y devaluar los falaces argumentos de los minoritarios grupos anti-mineros.

Volviendo al tema político institucional, el mayor problema del país, según la opinión ciudadana e indicadores palpables, es el tema de seguridad ciudadana. El gobierno se tapa los oídos y el ministro del Interior no pierde ocasión de entrar a los juegos políticos. El colmo.

Además, ahora nos encontramos en una campaña pro cierre del Congreso, promovida por la encuestadora del IEP, ahora secundada por varios medios de comunicación.

Llegar al cierre del Congreso forzando una cuestión de confianza sería una gravísima irresponsabilidad, pero hasta el Primer Ministro mantiene el tema en el horno.

“La Magdalena no está para tafetanes”, o no está el ánimo para vanidades o adornos. La situación del país es difícil. No se puede seguir jugando la suerte del país en los extramuros. Es hora de asumir los retos que manda la buena gobernanza. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El viernes 11 de enero el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, comunicó a los representantes de Southern Cooper Corporation (SPCC), que no les dará la licencia de construcción para el proyecto Tía María. No mientras el porcentaje de aceptación del proyecto en el valle del Tambo no sea considerablemente mayor al actual.

El ministro basó su decisión en una encuesta aplicada en el mes de setiembre que la propia Southern encargó a IPSOS y que revela que, si bien la aceptación ha mejorado en la provincia de Islay entre abril y setiembre, en el valle del Tambo mismo solo 2 de cada 5 encuestados manifiesta estar a favor del proyecto.

El temor del ministerio es que se produzca una resistencia similar a la que ya ocasionó muertos en el pasado. Pero, según la empresa, ese temor es infundado. Raúl Jacob, alto funcionario de Southern, señala que ese dato de septiembre se explica más como una anomalía estadística que como una tendencia, porque las anteriores encuestas (6 en total) han mostrado más bien una situación de empate. “En los últimos meses hemos iniciado varios programas comunitarios que han conectado bien con la población. Pensamos que el resultado de septiembre no es representativo de lo que ocurre en el valle. En general la aprobación a los proyectos mineros antes de iniciarse es baja. Las Bambas, por ejemplo, tenía sólo 22% de apoyo antes de su construcción, mucho menos que Tía María”.

En buena cuenta, si bien hay una la proporción apreciable de personas que responde estar en contra del proyecto, en la práctica esas personas ya no se movilizarían voluntariamente contra él, por varias razones. Primero porque la SPCC ha desarrollados varios programas de apoyo social y mejoramiento productivo que han tenido impacto y  han sido bien recibidos por la población, que ya no rechaza la presencia de representantes del proyecto ni hostiliza sus actividades y oficinas, y segundo porque esto se ha manifestado en la reciente elección municipal en la que ya no fueron elegidos alcaldes anti-mineros de modo que, adicionalmente, los dirigentes opositores al proyecto –desmoralizados, divididos y procesados la mayor parte- ya no contarían ahora con el apoyo financiero y logístico de las municipalidades que fue decisivo en el pasado para pagar y transportar a los manifestantes y activistas. Por lo demás, crecientemente sindicatos y asociaciones están enviando cartas al Presidente de la República solicitando la autorización al proyecto.

Programas sociales y productivos

Jacob nos informa que SPCC puso en marcha desde mediados del 2016 una política de “buen vecino”, que consistió en la ejecución diversos programas orientados a la mejora en la calidad de vida (salud, saneamiento, educación, etc.) y al apoyo a las actividades productivas (agricultura, ganadería, etc.).

En salud firmó un convenio con el gobierno regional para financiar la ampliación del horario de atención de las postas, que era solo de 8.00 am a 4.00 pm, a las 24 horas del día. También realizó diversas campañas médicas. En educación, se aplicó el programa “Matemáticas para Todos” que este año escalará a todas las instituciones educativas del valle. También se desarrollaron pasantías Pre-profesionales.

En lo productivo, se ejecutó un programa de acompañamiento al 90% de los ganaderos para que sus animales cuenten con un estricto control sanitario ganadero. También se difundió una técnica que permitió reducir en un 90% la mortalidad del ganado porcino y se capacitó en la producción de arroz con el método SICA, entre otras capacitaciones técnicas.

Agrega que, fuera de eso, ha financiado con 22 millones de soles los estudios de agua potable y saneamiento para toda la provincia de Islay (ver imagen)

También está financiando los estudios de pre inversión e inversión para el Hospital de Mollendo (Alto Inclán) y el Centro de Salud de Cocachacra. Incluso ha formulado propuestas de inversión que no han merecido respuesta: en el 2017 propuso al MINAGRI financiar la construcción de 4 pozos tubulares de 120 litros por segundo a un costo unitario estimado en US$ 250,000, sin resultados.

Nuevos alcaldes ya no son anti-mineros

Ese conjunto de acciones de apoyo social y productivo, junto a una política de información en oficinas abiertas en las distintas ciudades del valle, probablemente influyeron en el resultado de las elecciones municipales, donde las candidaturas anti-mineras fracasaron todas y solamente en una de las seis alcaldías triunfó un candidato del Frente Amplio, que ni siquiera es en realidad un hombre militantemente opuesto a Tía María. De los anteriores 6 alcaldes, 4 eran abiertamente contrarios al proyecto minero.

Sindicatos piden el proyecto 

No solo ha cambiado el escenario político, también el sindical y gremial. Diversos sindicatos, como el de Construcción Civil de la provincia de Islay y los sindicatos de Toquepala, Cuajone e Ilo, y otras organizaciones, han enviado cartas al Presidente de la República o al ministro de Energía y Minas solicitando la autorización al proyecto Tía María (ver anexo). Esto no ocurría antes.

Capacidad de movilización se ha reducido

Como consecuencia de todo lo anterior, la ascendencia, influencia y capacidad de movilización de los dirigentes anti mineros ya no es ni remotamente la misma que pocos años atrás. Según la empresa están desmoralizados, divididos y muchos de ellos procesados. De hecho, ante una eventual movilización, ya no contarían con el apoyo financiero y logístico de las municipalidades, ahora en manos de alcaldes favorables a la inversión. Las eventuales convocatorias que realizan registran muy poca asistencia.

De la hostilización a la acogida

Lo que sí registró considerable asistencia y acogida, en cambio, fueron 7 talleres informativos sobre Tía María organizados por el ministerio de Energía y Minas en los meses de noviembre y diciembre en los distintos pueblos del valle, incluso en Deán Valdivia, el distrito “más problemático”. Normalmente hubieran sido hostilizados o impedidos. Ahora no hubo resistencia alguna sino más bien amplia participación, como puede verse en las fotos que se nos ha alcanzado:

Por eso, en la misma encuesta que reseñamos al comienzo, realizada en setiembre del año pasado, antes aun de los talleres mencionados, son más los que piensan que Tía María mejorará la situación del empleo en la zona:

De hecho, Tía María es una inversión de $1,400 millones de dólares cuya construcción durará dos años generando 9,000 empleos (3,600 directos + 5,400 indirectos), y durante sus 20 años de operación generará 600 empleos directos y 4,200 indirectos.

Por eso, la mayoría piensa que los jóvenes deberían aprovechar la oportunidad si Tía María les ofrece empleo:

Y cuando se les pregunta en qué se debería invertir el canon que produzca la mina, solo un 16% opina que en nada porque la mina no debe operar:

De hecho, la empresa nos informa que los ingresos de Arequipa por impuestos a la renta y regalías subirían por año en S/ 273.4 millones a los actuales precios del cobre.

Habrá protestas, pero…

Ya sabemos, sin embargo, que en esta clase de contextos, algunos participan voluntariamente en las movilizaciones pero muchas personas pueden ser obligadas a participar bajo distintas formas de coacción. Un pequeño grupo sin duda intentará activar alguna clase de resistencia. Pero dicho grupo carecería de los recursos económicos y logísticos que antes le brindaban las municipalidades del valle, y las relaciones de la empresa con grupos de productores que antes también apoyaban las movilizaciones, sin duda han mejorado. Y cualquier plan que entrañe niveles de violencia o coacción indebida debería poder ser anticipado por una buena estrategia de inteligencia policial preventiva, interviniendo si es necesario, de modo que las protestas, si las hay, transcurran dentro de los límites del Estado de Derecho.

El gobierno, por lo demás, debe salir a explicar las bondades y beneficios del proyecto, así como una propuesta de desarrollo integral de la provincia que se hará factible con los ingresos fiscales generados por Tía María. Los recursos mineros son estratégicos para el desarrollo del país y de las propias regiones mineras (aunque haya que reformar el manejo del canon, para que produzca desarrollo integral). Por lo tanto, es deber del Estado diseñar y aplicar estrategias que hagan posible estas inversiones defendiéndolas de las fuerzas destructivas que quieren impedirlas. 

Conclusión

En conclusión, dado el cambio producido en el valle tanto en lo político como en las relaciones de la empresa con la población, el gobierno no debería tener temor de dar la licencia de construcción a Tía María, si es que coordina una estrategia de comunicación efectiva basada, por ejemplo, en las oportunidades que brindará la mina, como empleo e infraestructura, y diseña una estrategia de seguridad que prevenga cualquier intento, improbable a estas alturas, de generar violencia ante la autorización del proyecto. 

ANEXO:

Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Sin duda el año 2018 ha sido un año sumamente agitado en lo político lo que ha generado altos niveles de incertidumbre. El sector minero no es ajeno a las implicancias sociales y políticas de estas incertidumbres.  Por ello se justifica analizar qué perspectivas se abren a la minería este año y qué impactos los diversos actores políticos podrían tener sobre el sector.

El Poder Ejecutivo:

El presidente de la República sale de los conflictos políticos del 2018 sumamente fortalecido. Un referéndum que legitimó su mandato, una prensa hegemónicamente favorable, un congreso en jaque frente a las acciones judiciales y amenazas de cierre, la principal líder opositora en la cárcel y un Poder Judicial que va a entrar en un proceso de reformas a ser digitado en función a las propuestas del Ejecutivo. Sin duda esto implica una fuerte acumulación de capital político e institucional en la figura del presidente. Ello implica que el presidente dispone de “profundidad estratégica” en caso él decida utilizar su fuerza política para impulsar proyectos mineros que enfrenten resistencia social. Un presidente con baja aprobación difícilmente estará dispuesto a arriesgar una parte del poco capital político del que dispone en apoyar un proyecto minero, lo opuesto ocurre en el caso de Vizcarra el cual puede arriesgar parte de su capital político con consecuencias que no le serán críticas.

Por otro lado, si bien el presidente ha construido una poderosa coalición que sostiene su alta popularidad esta coalición no se encuentra cohesionada de manera sólida con el presidente sino más bien por la existencia de enemigos comunes y el deseo de acceso a recursos públicos.

El presidente no se sostiene en un aparato partidario, un alineamiento ideológico o un liderazgo político carismático. Más bien, el presidente tiene como pilar de su capital político a un conjunto de actores (como la prensa, ONGs, gobernadores regionales, una izquierda no hostil, sectores de la judicatura) que no le responden jerárquicamente. Por ello un conflicto social prolongado implica para el presidente el incurrir en el riesgo de que parte su coalición actual, en especial la ideológicamente más a la izquierda, pase a la oposición en caso el presidente polarice contra una resistencia social sistemática.

En el caso del Ollanta Humala el conflicto Conga llevó a la pérdida de múltiples aliados, a la caída de dos Primeros Ministros y a una amplia caída en la aprobación presidencial. Para un presidente sin bancada y sin partido, como Vizcarra, participar en un conflicto a gran escala podría implicar correr un alto riesgo político.

En caso se de un escenario de nuevas elecciones congresales ello disminuiría la disposición del ejecutivo a asumir costos políticos por apoyar a la minería. Ello sería así por que el gobierno requeriría de salvaguardar al máximo su aprobación popular con el fin de obtener un parlamento con una composición favorable. Un conflicto social a larga escala implicaría posibles pérdidas de aprobación presidencial y alienarse regiones enteras contra el gobierno central, esto es un fuerte desincentivo a que un gobierno apoye un proyecto minero con alta resistencia social.

Los Gobiernos Regionales y las Alcaldías:

Las elecciones de octubre y diciembre del 2019 llevaron a la victoria de múltiples autoridades con discursos hostiles a la inversión privada y a la inversión minera en particular, lo cual es sin duda un factor de riesgo relevante para las empresas mineras. Los gobiernos regionales y los alcaldes disponen de recursos económicos, comunicacionales y de representatividad política que pueden ser desplegadas en acciones hostiles al sector extractivo. En algunas regiones mineras las nuevas autoridades electas afectan de manera clara la correlación de fuerzas en favor de los anti-mineros.

Las victorias electorales de Zenón Cueva en Moquegua, Walter Aduviri en Puno, Elmer Cáceres en Arequipa, y Vladimir Cerrón en Junín implican el ascenso de gobernadores regionales que han incorporado en mayor o menor grado el discurso anti-minero dentro de su proyecto político. El nivel de hostilidad que manifiesten hacia el sector minero se verá influenciado por el sistema de incentivos políticos y económicos que se deriven de su accionar. Las posturas del Gobierno Nacional respecto a la minería influenciarán en forma significativa ese sistema de incentivos.

Aquellos gobernadores regionales que tengan intenciones presidenciales se verán inclinados a asumir una actitud más hostil hacia la minería puesto que la confrontación anti-minera y frente al gobierno central resultan mecanismos útiles de posicionamiento político a escala nacional y facilitan la formación de un liderazgo de tipo “contestatario” lo que puede resultar crítico si se desea ser un candidato presidencial dentro del espacio político antisistema.

El tratamiento que reciba un gobernador por parte de la prensa nacional también resulta importante, mientras mayor y más afín la cobertura de un gobernador conflictivo, este considerara que su conducta le genera el posicionamiento deseado.

En este contexto la conducta del gobierno central hacia los gobernadores regionales resulta ser sumamente importante, puesto que, si el gobierno central prioriza su alianza política con los gobiernos regionales por encima del impulso a la inversión privada, no se daría ningún grado de condicionalidad del acceso de recursos de los gobiernos regionales independientemente de si los mismos se encuentran destinados a facilitar o a hostilizar a la inversión minera, bajo estas condiciones el gobierno central renunciaría a infringir costos al activismo anti-minero apoyado con fondos públicos.

Sin embargo, la posición radical por sí misma no es suficiente para darle relevancia nacional a un gobernador regional. Vladimir Cerrón ha sido Presidente Regional de Junín en el pasado, su postura de extrema izquierda filo-castrista no le brindó un resultado electoral favorable cuando fue candidato a la presidencia y tuvo que retirarse de las elecciones del 2016 puesto que se mostró inviable mantener la inscripción electoral. Diferente fue el caso de Gregorio Santos quien desde la prisión consiguió más de un 4% a pesar de estar en la cárcel y mínimos recursos de campaña. La diferencia entre ambos casos se encuentra en que el primero no operó en una región con un movimiento social contestatario fuerte mientras que el segundo si. Un gobernador regional radical puede fortalecer y apoyar un movimiento social conflictivo y capitalizar políticamente sobre el mismo. Pero por otro lado un gobernador regional inclusive, si es radical, no puede generar un movimiento social hostil a pesar de los claros retornos políticos que esto le tendría. El caso reciente de Cajamarca lo ilustra. Gregorio Santos no logró reactivar el movimiento anti-minero que lo llevó al poder y su candidato (Porfirio) se quedó en el tercer lugar en las elecciones regionales.

El Congreso de la República:

El congreso está pasando por un proceso de reconfiguración de las bancadas producto de la crisis de Fuerza Popular. Se está pasando de un patrón de bloque dominante a uno disperso en el que se tendrá un congreso con diversas facciones en alianzas coyunturales para la aprobación de legislación que sea de su interés. Esto representa un incremento en la capacidad de grupos congresales hostiles a la minería para avanzar su agenda ideológica. Ello sería así porque la necesidad de formar mayorías coyunturales implicaría llegar a acuerdos con los partidos anti-mineros (Como el Frente Amplio). Esos partidos podrán entonces negociar sus votos con otras fuerzas a cambio de la aprobación de leyes que forman parte de su proyecto de largo plazo.

El caso de la aprobación de la Ley de Cabeceras de Cuenca o el Acuerdo de Escazu nos señala la forma clara como, aún con una fracción del congreso, agrupaciones ideologizadas minoritarias pueden avanzar su agenda en un congreso en el que los sectores pro inversión son mayoría. Ello ocurre porque los sectores pro-inversión no dedican la misma importancia a esos temas y están dispuestos a facilitar el avance de la agenda anti-minera a cambio de votos útiles en las disputas de poder al interior del congreso. En un congreso atomizado como el que se viene las ocasiones para que se den negociaciones negativas se incrementan notablemente.

Por otro lado, la dinámica política actual implica un incremento notable en la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, por lo que posibles esfuerzos del Ejecutivo por impedir la emisión de esta clase de leyes podrían ser más efectivas.

La Judicatura:

El Poder Judicial afecta el desarrollo de la minería en la medida de que sea un garante de sus derechos de propiedad y castigue las acciones de violencia ligadas a la conflictividad social. En esa medida las acciones del Poder Judicial han mostrado severas deficiencias a lo largo de los años dándose una intensa impunidad para quienes han impulsado acciones violentas al interior de movilizaciones de protesta.

Además, los futuros cambios en el Poder Judicial posiblemente demorarán los procesos judiciales puesto que los magistrados necesitan tener más en claro las consecuencias de sus fallos sobre sus carreras en un Poder Judicial con una jerarquía renovada.

Conclusiones

El rol del Ejecutivo es crítico puesto que tiene capital político para invertir en el apoyo al sector minero tanto frente a conflictos sociales como frente al parlamento, también tiene mecanismos de influencia sobre los gobiernos regionales y sobre el poder judicial. Dependerá que la prioridad del Ejecutivo por el crecimiento económico sea considerada más importante que la popularidad que su postura pueda darle. 

Lamentablemente, hasta ahora no se ha dado ninguna instancia en que el presente gobierno demuestre estar dispuesto a poner en riesgo su capital político en favor del crecimiento económico, y menos en pro de la inversión minera. Observando su manejo en 2018, se puede afirmar que se tiene un gobierno con una baja propensión a poner en marcha proyectos mineros con conflictos sociales complejos.

Se enfrenta el riesgo de gobernadores regionales antisistema que tratan de posicionarse hacia el 2021 mediante la conflictividad. El éxito o fracaso de esos gobernadores antisistema dependerá de la condicionalidad presupuestal que el Ejecutivo presente a los gobiernos regionales y la presencia de movimientos sociales fuertes operando en la zona.

En el legislativo se puede esperar múltiples iniciativas de legislación que erosione el ambiente de negocios para la minería. En buena medida dependerá del Ejecutivo que dicha legislación pueda terminar siendo aprobada, o no. Mientras tanto, el Poder Judicial seguirá ofreciendo condiciones de impunidad a la violencia de los grupos anti-mineros, pero en plazos aún más dilatados que los actuales. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Este 7 de octubre serán las elecciones a gubernaturas regionales y alcaldías en el Perú. Este proceso electoral tiene importantes implicancias sobre el sector minero y sobre las dinámicas de inversión del sector. Si bien de acuerdo a las leyes peruanas las autoridades sub-nacionales no tienen prerrogativas importantes a la hora de regular la gran inversión minera, si tienen una un rol importante en las dinámicas regionales de las que depende la resistencia social y política que puede enfrentar las inversiones mineras en el Perú.

Las autoridades locales son un factor importante en la conformación de la correlación de fuerzas afines u hostiles a la minería en un entorno de conflictividad social. La victoria de fuerzas políticas anti-mineras en este proceso electoral tiene un conjunto de consecuencias de corto y largo plazo en la medida en la cual instrumentalicen municipios o gubernaturas regionales hacia el activismo anti-minero. En el Perú ha sido visible el papel de figuras como Gregorio Santos desde la Presidencia Regional de Cajamarca o de Oscar Mollohuanca desde la Alcaldía de Espinar. Sus apariciones en medios y manifestaciones los llevaron a tener una figuración mediática nacional y el caso de Gregorio Santos le facilito el asumir un liderazgo relevante dentro del espectro político radical.

A continuación, listamos algunos de los efectos potenciales de la victoria de figuras políticas hostiles a la minería sobre la legitimidad y viabilidad del sector:

• Manutención de Activistas: La presencia de activistas a tiempo completo dedicados es un importante factor de éxito en los movimientos sociales anti-mineros. Con autoridades anti-mineras estos activistas pueden ser contratados como funcionarios o consultores para cumplir, en el papel, determinadas funciones cuando en realidad son activistas anti-mineros financiados con fondos públicos tanto en sus ingresos personales como en la logística de su activismo como lo es el transporte alimentación y locales de reunión.
• Soporte logístico a manifestaciones: Es posible que autoridades hostiles a la minería brinden transporte o alimentación a los manifestantes en contra de proyectos mineros. Se ha dado casos de uso de unidades de transporte contratadas o de propiedad por autoridades utilizadas para transportar a manifestantes hacia marchas o bloqueos. Esto se hace con recursos públicos que son utilizados con fines distintos a los presupuestados. Lamentablemente el grado de fiscalización por parte de la Contraloría o Gobierno Central es mínimo y estos actos de malversación de fondos públicos pueden ser realizados con mínimas consecuencias.
• Representación Social: Las autoridades locales tienen un importante rol de representación social puesto que han sido electas por la población. A diferencia de las ONGs o los Frentes de Defensa que se auto-asignan sus roles, estas autoridades han obtenido su puesto gracias a procesos electorales en las que ha participado la inmensa mayoría de la población. Una autoridad local anti-minera podrá presentar al resto del país su postura como representativa de su población. Ello facilita una polarización política contra el gobierno central y el acceso a medios de comunicación nacionales de la postura anti-minera.
• Aparato de Propaganda: En múltiples casos las autoridades sub-nacionales tienen importantes recursos comunicacionales bajo su control. Radios o canales de televisión locales son controlados por dichas autoridades. Estos recursos comunicacionales pueden resultar siendo canalizados dentro del aparato de propaganda anti-minero y dedicarse a socavar la legitimidad de la minería. En Espinar era común que el canal de televisión municipal transmitiera reportajes respecto a muerte de ganado a ser atribuidos a la actividad minera sin ninguna investigación científica que lo sustentara. En Cajamarca el Gobierno Regional durante el conflicto de Conga creo un programa radial “La Voz de La Región” que se dedicaba a la difusión militante del discurso anti-minero. La imagen superior proviene de la televisión municipal de Espinar mostrando un reportaje[i] en el que se acusaba a la Glencore-Xtrata de ser responsable de enfermedades en el ganado.

  

• Presión Institucional: Como mencionamos previamente el marco legal peruano no brinda a las autoridades locales muchos instrumentos para impedir legalmente las actividades mineras. Sin embargo, pueden realizar múltiples actividades que sirven para deslegitimar a los ojos de distintas audiencias las actividades del sector. En el caso de conflicto Conga fue visible el rol de la Ordenanza Regional 036 la cual prohibía el proyecto minero y que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. También se hace uso de declaraciones de reservas naturales en zonas de operaciones mineras o se declara a una determinada población como pueblo indígena. Estas acciones se realizan por fuera de las atribuciones legales de estas autoridades. Sin embargo, su rol no consiste en inviabilizar legalmente a un proyecto.  Estas acciones se dan con fines políticos y permiten presentar los proyectos como enfrentados a la voluntad local e impuestos por el gobierno central.
• Adoctrinamiento: Los anti-mineros son conscientes de la importancia de la formación discursiva y de la importancia de penetrar a la sociedad con su narrativa. Por ello es común que utilizando recursos públicos lleven a cabo acciones de adoctrinamiento anti-minero a los empleados de las instituciones bajo su control. Los empleados públicos forman una fracción importante de los formadores de opinión en las inmediaciones de los proyectos mineros al constituir gran parte de la población local con mayores niveles educativos y capacidad discursiva. La siguiente imagen muestra a Wilder Sánchez, autor de estudios hostiles al proyecto Conga, dando una conferencia[ii] en contra de dicho proyecto a los empleados del Gobierno Regional de Cajamarca. La posición de Sánchez respecto a Conga es bastante clara:

“Ni una catástrofe natural, llámese huracán, aluvión, Fenómeno de El Niño o terremoto de gran magnitud, causaría la destrucción descrita en las cinco cabeceras de cuenca.Incluso una bomba nuclear como la lanzada sobre Hiroshima, que destruyó totalmente el 69% de sus edificaciones en 12 Km2 de la ciudad (o sea 1,200 hectáreas) pero no dejó profundos cráteres, tampoco se asemejaría a la devastación del territorio que ocasionaría Minas Conga si prosigue adelante”.

Este domingo se está jugando su futuro una importante fracción de la inversión minera nacional durante los próximos 4 años. De darse triunfos anti-mineros en regiones o municipios envueltos en conflictos sociales se verá severamente dificultado el aprovechamiento del enorme potencial geológico del país. Sería bueno que las empresas mineras estén claras sobre las consecuencias de una victoria de los grupos anti-mineros en algunas regiones del país. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La legitimidad social de un sector se juega a lo largo del tiempo. Esa legitimidad depende del flujo diario de las opiniones respecto a un sector en la opinión pública, líderes de opinión, sociedad civil, medios de comunicación, y público en general. No es algo que puede revertirse con campañas publicitarias circunstanciales, cuando los problemas se agravan. Es una lucha prolongada, y como tal debe ser analizada.

Los pos-extractivistas y sus aliados están en una lucha global de largo plazo para inviabilizar la gran inversión minera. Gran parte de las grandes empresas mineras subestiman el riesgo que representa para ellos el activismo intelectual de los anti-mineros. Muchas empresas, confiadas en su poder económico y contactos con las elites políticas, creen que estos activistas no serán capaces de afectar sus operaciones en forma significativa.

Sin embargo, los hechos de los últimos años requieren consideración. En El Salvador se ha prohibido la minería metálica, en Costa Rica se prohibió la minería a tajo abierto, y varias provincias de Argentina también se ha vuelto ilegal la minería a tajo abierto. En el Perú no son pocos los proyectos mineros que no pueden ser ejecutados a causa de la conflictividad promovida por los grupos hostiles a la minería. Esos ejemplos nos enseñan que los anti-mineros operan como la erosión geológica. Su fuerza en el corto plazo puede ser débil pero su dedicación y esfuerzo sostenido terminan teniendo un gran efecto en el largo plazo.

Hemos identificado tres iniciativas que los anti-mineros están desplegando que tienen por efecto erosionar la legitimidad del sector minero. Esto ocurre sin que dicho sector tome medidas para mitigar sus efectos, ni mucho menos revertirlos. La falta de respuesta del sector es sintomática de las limitaciones del sector minero para comprender que se encuentra en una lucha de largo plazo contra adversarios determinados e ideológicamente motivados en la que se juega su viabilidad.

Las iniciativas que hemos identificado consisten en tres documentales: “La vida no vale un cobre”, “Criminalización de Defensores” y “Devoluciones Mineras”. Cada una de estas iniciativas articula alrededor de una herramienta central (estudio o documental), para posteriormente generarse derivados comunicacionales que llegan a líderes de opinión, a la prensa y terminan impactando sobre la opinión publica y los políticos. De esta manera se va creando, de manera paulatina, una opinión negativa respecto al sector minero. Esta opinión negativa termina afectando a la industria de diversas maneras. Entre ellas, predispone a periodistas contra la industria, fomenta que políticos hagan leyes hostiles a la minería, que funcionarios públicos hagan regulaciones adversas e incrementa la facilidad de los anti-mineros para obtener cuadros.

En esta primera entrega trataremos sobre el intento de deslegitimar las operaciones cupríferas en el sur del Perú.

“La Vida no Vale un Cobre”

Se trata de una serie de contenidos[i], en general de videos cortos como entrevistas y animaciones en la que se retrata la conflictividad social de la provincia de Espinar, Cusco desde la perspectiva anti-minera. La postura de este documental “transmedia”, como sus autores lo denominan, es evidente, como se ve en el siguiente párrafo extraído del Facebook del documental:[ii]

“#CortoAnimado A través del recorrido de un río una campesina de Espinar, Cusco, muestra como sus ríos se contaminan debido a la actividad minera, y en el camino ella va viendo como los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras la actividad minera va extrayendo y llevando camiones repletos de concentrado de cobre, dejando pobreza y contaminación para ellos.”

Se muestran testimonios en los que se afirma que las actividades mineras, en especial las de Minera Tintaya contaminan la zona. Como resultado de ello está muriendo el ganado, naciendo niños con malformaciones, y acabándose el suministro de agua en la zona.

El caso de la muerte del ganado es bastante llamativo puesto que los pobladores de la zona han enviado varios de los cuerpos de los animales muertos supuestamente debido a la contaminación minera al SENASA para ser evaluados. Cuyo informe [iii] es concluyente:

Este informe fue firmado por múltiples autoridades y lideres locales de Espinar que no tienen reparos en seguir acusando a la minería de acabar con el ganado local. Siendo esta la más recurrente acusación que se realiza localmente contra la actividad minera en la zona.[iv] A pesar de la evidencia empírica el documental continúa insistiendo en su acusación. La mayoría del público no conoce el informe de SENASA y no tiene como saber que las acusaciones contenidas en el documental ya fueron respondidas. En el vacío, los mensajes de los anti-mineros avanzan.

Ellos buscan también replicar el exitoso modelo de la mujer campesina, pobre, defensora del medio ambiente, ya aplicado con “Máxima Acuña” en Cajamarca por el ex cura Arana. En este caso ellos están visibilizando a la campesina Melchora Surco, quien comparte con Máxima la capacidad para acusar a la minería de múltiples abusos en medio de lágrimas. Al igual que en el caso de Máxima sus acusaciones no requieren ser corroboradas puesto que su condición de mujer pobre indígena es suficiente prueba para los pos-extractivistas y sus aliados. Se ha realizado un documental entero sobre la señora y se plantea presentar frente a múltiples públicos.

Este documental fue realizado con el auspicio de Broederlijk Denle, Entrepueblos, Gobierno Vasco, CooperAcción y Derechos Humanos sin Frontera (Cusco). El caso de CooperAcción es llamativo puesto que de manera insistente esta organización afirma no ser anti-minera, sin embargo, de manera sistemática se dedica a divulgar ataques a la minería independientemente de la carga probatoria de la misma.

El documental va dirigido a desprestigiar la actividad minera de cobre en el Corredor del Cobre del Sur Peruano. Esto es especialmente importante puesto que es el cobre el mineral en el que se enfoca el grueso de las expectativas de crecimiento de la minería en el Perú. Líderes de opinión nacionales, redactores de medios de comunicación y reporteros ven estos materiales y cuando se dan casos de conflictividad social asumirán posturas hostiles a la minería y al cobre específicamente.

Posteriormente las empresas se lamentan por el sesgo anti-minero del periodismo cuando las ONG anti-mineras mantienen líneas de acción sostenidas de desprestigio mientras que las empresas, en su mayoría, hacen algo de relaciones publicas cuando el conflicto asume relevancia nacional.

Estos documentales, y otros que veremos en los artículos siguientes, deforman la realidad de la minería en el país, sin que reciban respuestas adecuadas. Si no se contrarresta la narrativa anti-minera, se priva a los periodistas y a las poblaciones locales de los elementos de juicio alternativos, necesarios para pensar en forma realista sobre la minería y sus opciones de desarrollo y bienestar. Esos hechos no contribuyen a la sostenibilidad social del sector. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Es conocido que el principal motor del crecimiento en el largo plazo es el incremento en la productividad del trabajo. Es decir, el desarrollo de un país está directamente ligado al aumento de la productividad de sus trabajadores.[i]Lo difícil es encontrar, en cada contexto económico y social, cuáles son los factores y las condiciones que estimulan el incremento de esa productividad. McKinsey ha realizado un estudio detallado de los factores que inciden sobre la productividad de los países ricos, medios y pobres (EEUU, Corea, Brasil, Rusia, etc.) mostrando lo decisivo que es la productividad para la creación de riqueza y la calidad de vida de los países.[ii]

Fuente:  pinterest.com

En el caso de Perú, la minería moderna es uno de esos factores que pueden dinamizar la productividad de las economías regionales. En mi último libro (Mendonca Ferreira, 2017, Lampadia) he explicado brevemente qué pasacuando una mina se instala en una zona rural de economía tradicional, y como se generan dos tipos de economías con grandes diferencias de productividad:[iii]

1. Un cinturón de economía moderna ligada a la minería, con alta productividad.
2. Una economía tradicional, básicamente agrícola, de baja productividad.

En las zonas mineras, los destinos económicos de la gran mayoría de las familias dependen de su grado de articulación con ese segmento de economía moderna creada por la minería en su entorno. Estar ligado a la minería resulta siendo, en la mayoría de los casos, la mejor ruta de capitalización de los productores y empresarios en las economías regionales, y en muchos casos, resulta siendo la única ruta realista de capitalización.[v] Quienes no logran articularse con la minería, de alguna forma, se quedan en la economía tradicional. Pueden obtener pequeñas mejoras, pero se mantienen cercanos a la línea de pobreza. Sufren la frustración de seguir siendo pobres entre amigos, parientes y vecinos que ya tienen capacidad de acumulación por estar ligados a la minería. Entonces, todos quieren sacar provecho de la minería para capitalizar, sea produciendo, empleándose, o generando conflictos.

La población de las regiones mineras sabe muy bien de los beneficios de estar ligados a ese sector moderno. Por esto no es difícil convencer a las comunidades que están fuera de las Áreas de Impacto Directo (AID)de las empresas mineras a que participen en conflictos. Basta decirles que, si participan de los conflictos ellos van a ser incluidos en las AID. Los ejemplos en Perú de conflictos para ser incluidos en las AID se cuentan por decenas.

Si uno reconstruye los procesos de los conflictos mineros, conversando directamente con los actores involucrados, encuentra que, en la mayoría de los casos, una de las principales razones detrás de los conflictos es el deseo de ser parte de ese sector moderno, o de sacar provecho de la actividad minera de alguna manera. También hay conflictos mineros generados por razones ambientales, pero ellos son mucho menos frecuentes de lo que se cree.[vi] Lo típico de los conflictos mineros son las comunidades exigiendo empleo y contratos a las empresas mineras, exigiendo ser parte de las AID, exigiendo inversiones sociales, o exigiendo la donación de fondos para sus organizaciones. Es esa situación la que aprovechan los emprendedores destructivos y los grupos hostiles a la minería (anti-mineros) para promover la conflictividad. La narrativa va ser siempre ambientalista, pues es creíble, pero como explicamos en un artículo anterior las causas reales pueden ser muy distintas de las narrativas (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/los-conflictos-y-sus-discursos/).[vii]

El caso de Las Bambas es ilustrativo de la conflictividad como forma de sacar provecho de la alta productividad minera: El conflicto de fines de 2015 está ligado a culminación de los contratos con cientos de empresas locales, afectando a más de 12 mil empleos. Al perder los beneficios obtenidos en la etapa de construcción, se generó un ambiente propicio para la conflictividad y obtener beneficios adicionales. En el conflicto reciente, el disparador fue el bloqueo de una carretera, liderado por un par de emprendedores destructivos, con la finalidad explícita de extraer rentas a la empresa cobrando un peaje multi millonario. Hechos como estos, aunque de menor escala, ocurren en el entorno de todas las empresas mineras modernas del país.[viii]

La conflictividad social, en la mayoría de los casos, es una forma destructiva y violenta de ingresar a los sectores modernos de la economía regional, creado por la actividad minera, o de sacar algún tipo de provecho de la alta productividad de la minería.

El Perú tiene en la minería un motor para dinamizar las economías regionales e incorporar millones de productores y sus familias a la modernidad. La geografía desafiante del Perú hace difícil crear condiciones de desarrollo para de las poblaciones rurales de las zonas andinas. La minería, al generar una economía moderna en su entorno contribuye de forma importante a vencer ese desafío. La minería genera, además, los recursos (canon) para financiar las obras que se requiere para viabilizar el acceso a los mercados y a los servicios. Desperdiciar ese potencial transformador es una expresión de desinterés por las poblaciones rurales y un acto de desinteligencia económica.

La minería lleva dinamismo económico, tecnologías y conocimientos gerenciales de nivel global a zonas tradicionalmente pobres y aisladas de la sierra. Además, paga miles de millones de dólares en impuestos y canon, para financiar obras críticas para el desarrollo. Las fuerzas políticas y empresariales y las autoridades nacionales y regionales tienen, con las nuevas generaciones, la responsabilidad de generar las condiciones paraun aprovechamiento constructivo de la alta productividad minera. En vez de celebrar las formas destructivas de extracción de rentas, los conflictos mineros, lo que se necesita es viabilizar las formas constructivas de sinergia entre el sector moderno, creado por la minería, y la economía tradicional de las regiones mineras. Lampadia

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas.

Además, hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región, mientras Cajamarca hizo lo contrario,dió un salto atrás, un descalabro que le quitó a sus ciudadanos la posibilidad de ser la región más rica del Perú. Por arte y magia, aunque más por una suerte de brujería, Cajamarca, al ritmo de los anti-mineros Arana, Santos, et al, tiró por la borda cinco proyectos mineros que le hubieran cambiado la vida.

Ver en Lampadia:

• Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería

• El Perú se la juega en Cajamarca

• Necesitamos más minería para una mayor competitividad 

• En busca del tiempo perdido – ¡Ahora!

En esta ocasión presentamos un importante análisis de Ciudadanos al Día (CAD), sobre: Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo – Caso Apurímac. (Ver la publicación en Recursos del Canon, capacidades locales y promoción del desarrollo: Caso Apurimac).

El trabajo de CAD, muestra que, tanto a nivel del gobierno Regional, como de los gobiernos locales, la ejecución o uso de los recursos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para el período 2013-2016, ha sido muy baja, desperdiciando recursos valiosísimos para el desarrollo de la región.

“Algunos departamentos como el Cusco y Callao fueron los más destacados por la alta ejecución de su presupuesto, 88.5% y 86.9% respectivamente. Sin embargo, se observa que existen departamentos cuyo nivel de ejecución se encuentra muy por debajo del promedio nacional (68%): tal es el caso de Ancash (52.6%), Apurímac (47.9%) y Madre de Dios (45.4%) quienes presentaron los menores niveles ejecución presupuestal en dicho periodo”.

A pesar de ello, por la fuerza de la inversión privada en Las Bambas, que incluyó inversiones sociales del orden de US$ 300 millones, Apurímac dio su salto adelante. ¿Qué hubiera logrado Apurímac si sus autoridades hubieran tenido una efectividad parecida a la del sector privado, que terminó su inversión a tiempo y que logró alcanzar su capacidad de producción con gran rapidez?

Afortunadamente, en Apurímac, además de la ineficiencia de sus autoridades, no se habría presentado escándalos de corrupción, como se ha visto en otras regiones. Bien por ello. Pero no podemos dejar de insistir que la organización política del Perú, con su apurada descentralización, ‘coja y manca’ pero con delegación de ‘poderes absolutos’, debe ser corregida.

Esto es producto, fundamentalmente del gobierno de Toledo que empujó la descentralización a una piscina vacía, y de García II, que en vez de poner una escalera para salvar la situación, tiró arena y creó un pantano que tiene atrapados a muchos gobiernos regionales entre la ineficiencia y la corrupción. En Lampadia hemos analizado los defecto del arreglo institucional de las regiones, pero el país, parece no tener cabeza para entender la importancia y urgencia de hacer algunas reformas. Ver: ¿No quieren evitar la corrupción? y Patente de corso para la corrupción.

Lo más escandaloso de la ineficiencia (falta de ejecución presupuestal y usos inadecuados) y la corrupción en el manejo de los presupuestos públicos en los departamentos, es que se trata de regiones pobres, que nunca tuvieron los volúmenes de recursos que generó el Perú para sus pueblos desde el regreso de la inversión privada con la Constitución de 1993. No se debió desperdiciar ni un sol. Lo hecho es una suerte de crimen social que algún día tendrá que ser debidamente señalado.

Veamos algunos de los cuadros y tablas del trabajo de CAD:

Es increíble que el Perú no haya sabido aprovechar sus recursos y que ahora, encima de todo, sin que importe debilitar el reto de seguir creciendo y reduciendo la pobreza, se haya parado las inversiones mineras, la mayor fuente de recursos para los peruanos más pobres de las regiones. Peor aún, es escandaloso que nuestra clase dirigente, especialmente la política, no tenga claras estas cosas y no se aboque a su corrección. Lampadia  

Después de haber descubierto las ideas del pos-extractivismo que en agosto del 2012 adhirieron todas las izquierdas peruanas, cuando se las propusieron por escrito al Presidente Humala; en Lampadia procuramos difundir el brulote y solicitamos a partidos políticos, gremios y universidades, que las analizaran y compartieran sus opiniones.

Lamentablemente, no hubo un solo pronunciamiento al respecto, más allá de referencias superficiales. Mientras tanto, en Lampadia seguimos moviendo el tema y explicando sus impactos negativos en los más pobres -los campesinos- a los que el pos-extractivismo pretende condenar a la pobreza eterna al plantear que en el Perú solo se produzcan los alimentos que consume nuestra población. Ver: Agroexportación: Una industria de clase mundial​

Pues, en esta ocasión, tenemos el gusto de compartir con nuestros lectores un sesudo análisis de la naturaleza e implicancias del pos-extractivismo, desarrollado por el Centro Wiñaq que conduce Sebastiao Mendonca Ferreira. Esperamos que la sociedad sepa aprovechar esta importante contribución sobre un tema, que por más absurdo y jalado de los pelos que parezca, no debemos dejar de conocer. No nos olvidemos que, como enseñaba Sun Tzu,  los enemigos del progreso nos pueden ganar la batalla sin lucharla.

El pos-extractivismo: La ideología de los enemigos del progreso

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Por 12 mil años, después de la revolución Neolítica, la humanidad vivió semi-estancada. Surgían y caían ciudades y civilizaciones, pero como un todo, la situación era casi estática. Con la excepción de los poquísimos nobles, caudillos militares, saqueadores y comerciantes, el 95% de la población vivía entre la miseria y la pobreza. Los estudios de Angus Maddison sobre la historia de la riqueza en los últimos dos mil años (ver gráfico) son contundentes y esclarecedores sobre cómo evolucionó la generación de riqueza a lo largo del tiempo.[1]

Antes de la revolución industrial, la idea de progreso existía, pero era socialmente restricta a la minoría de los emprendedores, no se consideraba que la mayoría de los miembros de una sociedad podían mejorar sus condiciones de vida de manera simultanea. Eran las guerras, los saqueos y los impuestos las formas predominantes y casi exclusivas, de acumular riqueza, y todas ellas incluían alta dosis de violencia y poder. Algunos miembros de la clase media y alta, con conexiones sociales, acceso a oportunidades, y dotados de habilidades emprendedoras, lograban que el comercio y las finanzas constituyeran formas alternativas de generación y acumulación de riqueza. Pero ellos eran solo una pequeña parte de esa clase media. La apropiación violenta de la riqueza era la opción de enriquecimiento preferida. Esta fue la razón principal de porque los castillos y las ciudades tuvieron que construir pesados muros de piedra: protegerse de los saqueos.

Con la revolución industrial la creación de riqueza se aceleró, y el crecimiento económico se hizo exponencial. Por primera vez en la historia de la humanidad, era posible ver mejoras en las condiciones de vida de las personas entre dos generaciones. En 1700 en Inglaterra, uno de los países más ricos del planeta, en aquel entonces, la riqueza total de las familias inglesas sumaba 313 millones de Libras, pero en 1875, esa riqueza había aumentado a 6,370 millones de Libras, como 20 veces más (una tasa anual de 1.7% por 175 años consecutivos).[2]

Para fines del siglo XIX, la clase media inglesa tenía mejores condiciones de vida que los príncipes y duques de 200 años antes. Esas nuevas posibilidades, surgidas de la economía moderna y de la ciencia, hicieron que la idea de Progreso se propagara como una aspiración alcanzable para toda la humanidad. La Feria Universal, realizada en 1900 en Paris, con la inauguración de la Torre Eiffel, representó el auge de la idea de progreso en Europa.

Hoy, esta idea de progreso ya no es tan importante para la clase media europea. Para un alemán, con una renta per cápita de US $47,000 anuales,[3] en una sociedad contando con muy buenos servicios públicos de educación y salud, sus necesidades materiales ya están siendo satisfechas, en lo principal. Sin embargo, la realidad de las poblaciones de los países emergente como el Perú, es muy distinta. Ello es especialmente importante para los sectores rurales que viven próximos a la línea de pobreza, con ingresos per cápita del orden de US $800. Para estos sectores el mejoramiento de sus condiciones económicas es muy importante, pues significa menos privaciones, menos sufrimientos y más años de vida. Para esos sectores la idea de progreso tiene un significado muy práctico y visible.

Hoy, en los países desarrollados están creciendo algunas corrientes ecológicas radicales que son contrarias a la idea de progreso. Rechazan incluso que el concepto de Desarrollo Sostenible propuesto por Naciones Unidas en 1987, que combina desarrollo con protección ambiental. Su propuesta central es que la economía global deje de crecer. Es decir, que vivamos en un mundo económicamente estancado.[4] Algunos, aún más radicales, proponen que la economía global debe reducirse. La oposición de los pos-extractivistas a la minería tiene por función desactivar uno de los motores del desarrollo del Perú y un componente importante del sistema global de producción.

Según esos ideólogos, debemos vivir en un mundo en permanente estancamiento o recesión. Serge Latouche, líder de una de las corrientes más extremistas, opina que si la economía decreciera el 2% durante décadas enteras no debería ser motivo de preocupación.[5] Con un ejercicio se puede constatar que, si la economía alemana decreciera 2% por 50 años consecutivos, si la recesión no tuviera otras consecuencias, su ingreso per-cápita caería de US $47,000 a US $17,100. En ambos casos, la población alemana estaría aún muy por encima de la línea de pobreza. Lo mismo no se puede decir de la población rural peruana con US $800 de renta anual. Después de 50 años, la renta per-cápita del campesino peruano sería de US $291. Habrían dejado de ser pobre para transformarse en pobre extremo y su misma supervivencia estaría bajo riesgo. [6]

Increíblemente, esas corrientes ideológicas tienen presencia en universidades, centros de investigación y en los organismos internacionales, y disponen de medios para adoctrinar y financiar ONGs en los países emergentes. Los grupos pos-extractivistas del Perú son seguidores y admiradores de esas corrientes. El significado práctico de defender el pos-extractivismo en el Perú es poner las aspiraciones de progreso de la población peruana en un segundo plano para hacer seguidismo intelectual (financiado) a las corrientes radicales de algunos segmentos de la clase media europea.

Latouche, por ejemplo, dice: “mas que nunca antes, el desarrollo está sacrificando a las poblaciones…” (p. 31) y sigue diciendo: “lo que es necesario es mucho mas radical [que un cambio político electoral]: una revolución cultural, nada más y nada menos, que re-establezca la política en una nueva base” (p. 32).[7] Él se pregunta si el decrecimiento es reformista o revolucionario, y contesta que es revolucionario porque: “Estamos hablando de un cambio cultural, y también de cambios en la estructura legal y en las relaciones de producción” (p. 66).[8] Las ideas de Latouche son referencias para los pos-extractivistas.

Él propone, entre muchas otras medidas de política, que el comercio sea reducido y que las economías se vuelvan locales. En esas nuevas economías, las personas deberán consumir solo lo que es producido localmente, y que los dineros serán de emisión local y circulen localmente, dificultando así el comercio entre ciudades, y cita como ejemplo el caso de los Créditos, las monedas locales argentinas que contribuyeron a agravar el desorden monetario en la crisis económica del 2001.

Incapaces de ofrecer una ruta de progreso para la población, los pos-extractivistas ofrecen un distractor. Latouche se inspira en los pueblos africanos para mistificar la vida bajo condiciones de pobreza,[9] pero quien mejor explica el distractor usado por los pos-extractivistas latinoamericanos es Eduardo Gudynas.  Su distractor es el Buen Vivir, y Gudynas lo presenta como una interpretación (bastante artificial) de las tradiciones andinas. En un artículo conjunto con el ecuatoriano Alberto Acosta, ellos exponen su creación.[10]

Según ellos, Buen Vivir es “una alternativa a la idea occidental del desarrollo” (p. 71), es decir, en vez de buscar el progreso, los campesinos deben buscar el Buen Vivir. La funcionalidad del concepto del Buen Vivir es sustituir la aspiración de progreso, y distraer a las personas de sus aspiraciones. Esta es la función de un distractor. La idea del Buen Vivir no es nueva. En los 70s, los hippies americanos ya la han explorado buscando regresar a la naturaleza, reducir el consumo material y tener una vida simple. Sería bueno que los promotores del Buen Vivir se informen como la mayoría de los hippies evalúan su experiencia, para no promover errores ya conocidos.[11]

¿Por qué los pos-extractivistas adhieren el adjetivo “occidental” al concepto de desarrollo?  ¿Por qué presentan la idea de progreso como occidental, siendo que actualmente ese concepto es absolutamente global? No es por ignorancia que lo hacen. Una visita a Shanghái, Beijín o Xi’an deja evidente que el motor de la sociedad China es la aspiración de progreso. Lo mismo puede ser dicho para Camboya o Hong Kong. Ni hablar de Singapur o Corea del Sur. Además, la fuerza de la idea de progreso no está solo en Asia. Quienes hayan podido trabajar en Uganda o Mozambique han podido percibir la fuerza de la idea de progreso en mercados informales, empresas e instituciones. Las evidencias son demasiado visibles para que los pos-extractivistas no estén muy bien informados de ellas.

Sus intenciones finales no las sabemos. Lo que podemos observar objetivamente es que la adhesión del adjetivo occidental al concepto de desarrollo tiene una funcionalidad política: relacionar los sentimientos de antipatía hacia los abusos del proceso de colonización, con el concepto de desarrollo. Además, en varios textos los pos-extractivistas afirman que la idea de progreso es una invención de los colonizadores y sugieren que si no renunciamos a nuestras aspiraciones de progreso nos estamos sometiendo culturalmente a ellos, y presentan la renuncia a dicha aspiración como una especie de liberación cultural. Según ellos: la renuncia al progreso y la resignación a la pobreza es una forma de liberación del dominio colonialista europeo.[12]

Es poco probable que esa asociación desarrollo-colonizadores logre que la población andina renuncie a sus aspiraciones de progreso. No se observa en los campesinos peruanos una oposición cultural ni práctica a la modernidad, sino una notable disposición a dejar los elementos de la economía de subsistencia y a usar los mecanismos de mercado, como se observa en su conducta económica inmediatamente después que mejoran las carreteras y las comunicaciones. En los años 80s Sendero Luminoso intentó que los campesinos dejaran de utilizar los mecanismos de mercado y regresaran a la economía de subsistencia, y la reacción fue de tenaz oposición y resistencia. De allá para acá, esa inclinación de los campesinos se ha fortalecido. Richard Webb en “Conexión y Despegue Rural” confirma con mucha claridad y abundantes hechos esa disposición progresista de la población rural.[13]

En el final de su libro, Latouche pregunta lo obvio: ¿Es el decrecimiento/pos-extractivismo una propuesta retrógrada? La respuesta también es obvia. Una ideología que se opone a la idea de progreso no puede ser llamada de progresista. La Real Academia Española dice: Retrógrada: “Partidaria de instituciones políticas o sociales propias de tiempos pasados, o contraria a innovaciones o cambios.” Para el lector inteligente los comentarios sobran.[14] 

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia
 
Los pos-extractivistas se ponen nerviosos cuando se les caracteriza de anti-mineros. Su respuesta es que ellos no están en contra de la minería en general, sino de un tipo particular de minería, aquella minería en gran escala, cuya producción es dedicada al mercado externo, que casualmente es la inmensa mayoría de la minería que se hace hoy en Perú y el mundo. Con ese argumento ellos sugieren que estarían de acuerdo con otra minería, que no sería esta.

¿Es verdadero o es falso este argumento? ¿Están siendo injustos o carentes de objetividad quienes los caracterizan como anti-mineros? ¿Son los pos-extractivistas sinceros en su respuesta, o lo que dicen es un escudo discursivo para ocultar sus verdaderas intenciones? 

Para conocer su opinión sobre la minería hemos revisado un libro publicado y difundido por los principales referentes de pos-extractivismo en Perú: Transiciones: Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú.  En este texto, publicado el 2011, ellos describen, en medio de muchos eufemismos, lo que les gustaría hacer con la minería y la economía en el Perú. Lo bueno de ese libro es que él es bastante representativo del pensamiento pos-extractivista, reuniendo varios autores pos-extractivistas tales como Carlos Monge, José de Echave, Pedro Francke y el uruguayo Eduardo Gudynas. No es un libro improvisado y su contenido ha sido compartido y discutido entre sus autores antes de su publicación. Es un libro “orgánico,” los autores comparten, en cierta medida, las propuestas de los demás. Ver información al respecto en Lampadia: “Transiciones, Postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú”,. 

En este artículo, primero de una serie que elaboraremos, presentaremos muy brevemente qué harían los pos-extractivistas con las exportaciones primarias si tuvieran poder político suficiente para aplicar sus principios.
Uno de los autores del libro, José de Echave, afirma que la pregunta que él se propone responder es: ¿cómo pasamos del extractivismo minero depredador actual a uno sensato, para luego transitar al extractivismo indispensable o a un escenario post extractivista? (p. 82). Este, en realidad, es el tema central del libro: Transiciones.

Mas allá de los eufemismos: “Sensato” (Minería Reducida) y “Pos-extractivista” (Sin-Gran-Minería o Casi-Sin-Minería), lo que propone De Echave, en la práctica, es poner en marcha un proceso de reducción de las actividades extractivistas (minería, pesca, agro-exportación y petróleo) en el Perú. En su imagen futura de sociedad lo que él plantea en un mediano plazo es que las actividades extractivas, que usen tecnologías modernas, no existan o sean reducidas a un mínimo indispensable. 

Esto significa que para él y sus colegas hay tres fases para reducir la minería: 

(1)    la situación actual, que él califica de depredadora, 
(2)    una segunda fase con alto grado de intervención estatal, que él llama de sensata, y 
(3)    una tercera fase en que la minería sería aún más restringida, y que el mismo De Echave duda si llamar extractivismo indispensable o pos-extractivista.

¿Cómo y en cuánto se proponen los post-extractivistas reducir la minería? Para tener una idea de cómo y en cuánto ellos se proponen reducir la minería, podemos considerar la propuesta presentada por uno de los gurús del extractivismo, Eduardo Gudynas.

Gudynas propone disminuir la minería con tres mecanismos. El primer mecanismo es el establecimiento de barreras a las exportaciones primarias: “La orientación exportadora global se reducirá drásticamente y explotaciones mineras o petroleras serán re direccionadas a alimentar las demandas nacionales y continentales [léase Latinoamericanas], antes que las globales” (p. 200). Él no explica cómo el Estado va reducir drásticamente las exportaciones. Pero sabemos que para lograr ese resultado drástico el Estado tendrá que crear altas barreras arancelarias o impositivas, o prohibir las exportaciones.

El segundo mecanismo es la creación de trabas a las inversiones mineras. Las restricciones propuestas por Gudynas serían ambientales y geográficas. “…es necesario articular esto en un marco que clarifique las condiciones bajo las cuales un emprendimiento extractivista [minero, petrolero, pesquero o agro-exportador] es aceptable de aquellas que lo convierten en inaceptable” (p. 201). El objetivo explícito es reducir las inversiones en minería y desviar las inversiones mineras hacia otros países. Dadas sus características de alta tecnología y gran inversión, la paralización de la inversión extranjera, llevaría a que la minería peruana ingresara en un proceso de desaparición, además, prohibir la minería a tajo abierto o en las cabeceras de cuenca, implica en la práctica impedir casi la totalidad de la minería en el Perú.

El tercer mecanismo es el control de precios. Gudynas considera que comercializar los metales con actuales precios internacionales “es una postura inaceptable” (p. 204), y recomienda que el Perú no acepte vender sus metales por los precios definidos en el mercado, sino que lleve a cabo “una corrección en los precios” (p. 208). Él mismo dice que, haciendo las correcciones de precio sugeridas “el precio de la tonelada de cobre o estaño aumentará” (p. 204). Es decir, lo que Gudynas recomienda es que el Perú aumente, en forma unilateral, los precios de los metales que exporta. ¿Cuáles serían las consecuencias?

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, a nivel global el Perú es 3º en la producción de Zinc, 4º en Estaño, 4º en plomo, 6º en Oro, 3º en cobre, y 2º en Plata. Con esos niveles de producción y reservas, el Perú no tiene capacidad de incidir de manera decisiva sobre los precios internacionales de los metales.   Sin poder de mercado, la consecuencia inevitable del alza unilateral de los precios es que los demás productores mantendrían precios inferiores a los del Perú, y los compradores de metales dejarían de comprar los metales peruanos. En base a la información de PROMPERU del 2015, hemos hecho un ejercicio parcial, con fines ilustrativos, de cuanto perdería el Perú, sólo en exportaciones, en un gobierno pos-extractivista moderado  que se propusiera disminuir gradualmente las exportaciones de minerales, petróleo y pesca en un ritmo de 30% anuales. 

Estos estimados son conservadores. Para tener una idea más realista, necesitaríamos crear un modelo que incluyera los impactos de la reducción de la minería en los ingresos fiscales, en las inversiones públicas, en la demanda de las familias y en el dinamismo de los diversos sectores de la economía nacional: consumo, servicios financieros, construcción, etc. Habría que considerar el significado que una política nacional de bloqueo a las inversiones mineras y de reducción de la minería tendría para los inversionistas, con la consecuente retracción de las inversiones privadas en otros sectores. Finalmente, habría que adicionar el incremento de la pobreza, principalmente en las actuales zonas mineras, y el aumento de la conflictividad social que ocurriría por los inevitables ajustes fiscales (paquetazos).  El Propio Pedro Francke analiza en el libro tres escenarios de disminución de la producción minera haciendo un equívoco juego de variables y resultados.

Es interesante constatar que los autores del libro niegan los costos económicos, políticos y sociales de su ideología pos-extractivista, y califican nuestros análisis de ortodoxia neo-clásica. ¿Es que les gusta jugar de aprendices de hechicero con un país entero, o no les importa los costos que su elitismo intelectual tendría para la sociedad peruana?

Como hay tantos prejuicios en contra de la minería, la lógica explicada podría no ser entendida a cabalidad. Por ello, incluimos a continuación la aplicación del pos-extractivismo al sector agroexportación, según explicado anteriormente en Lampadia : :

[1]Alayza, A. & Gudynas, E. (2011). Transiciones: Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. Accesible en: http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/67_postextractivismo_pq.pdf

[1] EY. (2016). Peru’s mining and metals investment guide: 2015/2016. Lima, Peru: EY

[1]MEM. (2016). Perú 2015: Anuario Minero, Reporte Estadístico. Accesible en: http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=524

[1] La premisa para este ejercicio es que los post-extractivistas optarían por llevar a cabo un proceso gradual, pero en realidad ellos no han presentado en el libro una propuesta clara de cómo lo piensan hacer.

[1]http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

[1] La acción sinérgica de los factores aquí listados, en una realidad complexa y vulnerable, podría llevar a que la economía peruana colapsara en forma mucho más rápida y completa de lo que aquí presentamos. 

Es interesante observar como los grupos que lucran con la conflictividad social y sus aliados políticos reaccionan cuando su accionar se visibiliza. Lo hacen de muchas formas, pero pocos días atrás han publicado un artículo que recurre a la falacia del espantapájaros, para ocultar la labor de los anti-mineros.

Una expresión visible de esa falacia es un artículo reciente del señor Sinesio López en La República.[i] En el inicio de su artículo el autor afirma: “Hay varios mitos sobre los conflictos sociales. El más frecuente es que estos son generados por conspiradores que quieren crear problemas a las empresas y al gobierno.” En el resto del artículo el señor no hace ninguna referencia al rol negativo de los grupos políticos e ideológicos hostiles a la minería.

La falacia consiste en afirmar que, si los conflictos sociales tienen causas diversas, entonces no hay ningún actor organizado que contribuya a la eclosión de los conflictos, ni que eche leña al fuego cuando ellos ocurren. Como es verdad que los conflictos sociales tiene múltiples causas, se concluye que los grupos anti-mineros no existen, o si existen, no hacen nada para empeorar los problemas. Entonces quienes identifican el accionar de los anti-mineros creen en teorías conspirativas.

En un conflicto como el de Las Bambas, se espera que los medios más importantes hagan un análisis integral del tema que incluya algunos elementos sobre su evolución, desarrollo, características, impactos, referencias a publicaciones previas no cuestionables, contexto y potencial. Lamentablemente, muchos de nuestros medios tienen la actitud que puede tener un turista que se encuentra con el conflicto. El turista solo va a comentar que puede ver o sobre sus prejuicios, sin capacidad de entender las raíces, contexto y otros. Se va ha centrar en los fenómenos que llamen su atención, como el ruido, los heridos, la violencia, el escándalo, etc. sin ningún compromiso con la situación, que le es ajena. Parece pues, que nuestros medios sufren del ‘síndrome del turista’. Veamos el caso de Las Bambas:

Fuente: buscamas.pe

El domingo 23 de Octubre, el programa de América Televisión, Cuarto Poder (CP), presentó otro de sus acostumbrados reportajes contrarios a la minería.  En Lampadia ya hemos analizado uno de sus reportajes anteriores que fue bastante hostil e insidioso con una empresa minera (ver Cuarto Poder o Poder de Cuarta), defendiendo el drama interpretado por Máxima Acuña Chaupe, y que sus asesores de la ONG anti-minera Grufides (ver ONG’s pos-extractivistas velan por sus donantes – Los mercaderes de la moralidad en el Perú). Al igual que el reportaje mencionado, el del pasado domingo sobre Las Bambas, fue intensamente compartido por Grufides en su cuenta de Twitter, con lo que muestra que dicho reportaje les es altamente funcional a su estrategia hostil a la minería.

Sin embargo, a diferencia del reportaje sobre la Chaupe, el de este fin de semana se caracteriza por transmitir los sesgos hostiles a la minería a través de afirmaciones ambiguas del   programa sobre el proyecto Las Bambas.  Veamos algunos ejemplos:

Minería y medioambiente

En una parte la reportera hace la siguiente afirmación “por la falta de servicios básicos y por los posibles efectos de la explotación minera, los niños padecen todo tipo de enfermedades a la piel”.  ¿Por qué afirma esto? ¿Tiene alguna prueba de que se la actividad minera de Las Bambas no esté cumpliendo algunos de los estándares ambientales? ¿Se refiere a efectos sobre el agua, sobre el aire, sobre qué con exactitud?  Deslizar una afirmación con semejante ambigüedad, encubierta de “posibles efectos,” solo sirve para dañar la legitimidad de la empresa ante la opinión pública, siembra una sospecha sobre potenciales impactos ambientales sobre los que no tiene más prueba que los prejuicios del reportero.

Se ha informado públicamente, en otros programas periodísticos, que existen 10 estaciones de control de calidad de aire, además de monitoreos participativos que arrojan que los niveles de polvo en los centros poblados se encuentran dentro del rango exigido por los estándares ambientales, y que las mediciones de vibraciones están dentro de los estándares alemanes para estructuras sensibles.  Esta información es muy relevante para evaluar la verosimilitud de las acusaciones vertidas en CP respecto a los impactos producto del traslado del mineral. Si Cuarto Poder hiciera uso de principios periodísticos básicos en este reportaje consideraría esta información sobre los estándares como parte de un tratamiento objetivo y balanceado del conflicto en Las Bambas. ¿Se ha preocupado CP por verificar con la empresa la información antes de difundir una versión parcializada de los hechos?

Efectos Económicos y Sociales

La reportera afirma que la población en el entorno del proyecto no se ha visto beneficiada, evidenciando su desconocimiento, o negándose a comunicar, información confiable que afirma lo contrario. Según los resultados del segundo trimestre del 2016 del Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) en los que según el gerente del IPE, Diego Macera, Apurímac habría crecido 266%, un resultado extraordinario nunca antes visto.  A pesar que Apurímac mostraba hace pocos años el PBI per cápita más bajo del Perú, Macera estimaba que cuando Las Bambas esté en plena operación a fin de año, pasaría a estar en el puesto 10 de PBI per cápita.

Según el informe, “la operación de las Bambas también ha impactado el empleo (13.0%) debido a la mayor demanda laboral en los sectores de transportes, almacenes y comunicaciones (30.4%) y servicios (14.4%)[i]”.  En el mismo informe, pero del primer trimestre del año, se mostraba un crecimiento de 31.6%.  Durante el 2015 Apurímac se ubicó como la segunda región con mayor crecimiento. Entre el 2011 y el 2015 la pobreza cayó de 57% a 39% en la región Apurímac. ¿Cree sinceramente la periodista de CP, que semejante reducción de la pobreza no beneficia la población? La tendencia de mejora en nivel de vida que está gozando la población de Apurímac es innegable. No hay antecedentes en la historia de Apurímac de un período en que la pobreza se haya reducido tan rápidamente.  ¿Por qué la reportera omitió esta información, muy relevante en este caso, y que es de acceso público? ¿Por qué obviar información significativa que evidencia el fuerte impacto positivo que tiene la minería en la economía local, una información que serviría al programa para presentar una visión más completa? ¿Qué razones tiene para ocultar esos hechos a la opinión pública?

Nueva Fuerabamba

Fuente: www.rumbominero.com

Durante la emisión, la reportera cuenta que la población de Fuerabamba fue reubicada en “esta ciudadela”.  A continuación, transmite menos de 1 segundo una imagen apenas perceptible.  Esta imagen es Nueva Fuerabamba, una “ciudadela” “conformada por 441 Viviendas en 7 modelos diferentes, así como equipamientos urbanos tales como un colegio para primaria y secundaria, un Centro Educativo Inicial, Cuna, Centro de Capacitación Comunal, Puesto de Auxilio Rápido, Centro de Salud (categoría I-4 con Internamiento) y Cementerio.   Cuenta, además, con un asilo para ancianos, un centro artesanal, mercado, centro de beneficio de animales (camal), estadio y un local de capacitación para talleres o charlas”[ii].  Además, cuenta con servicios básicos (agua, luz, alcantarillado).  Las casas son de 2 a 3 pisos, biohuerto, garaje, patio y un espacio para acondicionar un pequeño negocio.  El proceso de adaptación se realizó a través de un programa asesorado por la ONG Caritas.   La infraestructura brinda un salto significativo con respecto a las condiciones en las que antes vivía la población de Fuerabamba como se puede ver en este video: (https://www.youtube.com/watch?v=TA6-YQix3t4). La misma pregunta salta a la vista: ¿Qué razones han tenido la periodista y la conducción del programa para negarse a informar adecuadamente sobre Nueva Fuerabamba? 

Nadie espera que el reportaje de CP incluya los 12 minutos de un video en un reportaje de televisión.  Sin embargo, evidencia el desinterés del programa de informar a la población del salto cualitativo en infraestructura que ha gozado la población de Fuerabambas, y negando los hechos afirmando, sin pruebas, que la población no se ha beneficiado de la actividad minera en la zona.  En especial cuando sí tomó el suficiente tiempo para inferir que la minería no trae beneficios económicos, al mencionar la pobreza extrema en la que viven la población de Grau y Cotabambas y se permite sugerir, sin ningún análisis clínico, que los niños de la zona están siendo contaminados por la actividad minera. Creemos que es criticable que la empresa no haya sido capaz de prevenir que el flujo de camiones generara polvo en su trayecto, pero no nos parece ético utilizar imágenes fragmentadas y ocultar información relevante para hacer afirmaciones distorsionadas del impacto de la minería sobre la calidad de vida de la población local.

El metro cuadrado a 20 céntimos.

Se menciona en el reportaje que MMG compró a los comuneros tierras a 20 céntimos el metro cuadrado, a continuación, se brindan testimonios afirmando que los campesinos eran semi analfabetos y fáciles de engañar. Con esto se sugiere que la Empresa se aprovecho de la ignorancia de algunos campesinos para obtener tierras a un precio abusivamente bajo. ¿Se ha informado adecuadamente CP de los precios de la hectárea en la zona? ¿Por qué utiliza parámetros urbanos de precio del suelo (metro cuadrado) para referirse a terrenos en zonas rurales? 

Esta acusación a la empresa minera se hace sin ninguna prueba mas allá de los testimonios de algunos participantes en manifestaciones hostiles a la minera y no se hace ningún esfuerzo por corroborar su veracidad. La construcción de narrativas hostiles a la minería en base a información intencionalmente incompleta dista mucho de un periodismo serio.

Conclusiones

Las Bambas es uno de los proyectos mineros más grandes del mundo que está mejorando la vida de los peruanos, y en especial de la población de Apurímac.  Es lamentable que un programa con la relevancia que tiene para formar opinión pública como CP relaje sus estándares periodísticos exponiendo una clara hostilidad al sector minero.  La omisión de información disponible públicamente, la presencia parcial de la posición de la mina para presentar su versión, y la ligereza en realizar afirmaciones como la de niños enfermos por contaminación muestra una falta de estándares periodísticos que ya se están haciendo costumbre. Esto solo genera lo contrario del objetivo social del medio, desinformar en vez de informar.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Cuando se desatan los llamados conflictos sociales, especialmente cuando se debe lamentar la pérdida de una vida humana, se genera una avalancha de información y afirmaciones cruzadas que hace muy difícil separar la paja del trigo. A fin de contribuir a presentar los hechos de una manera objetiva, presentamos a continuación el siguiente análisis.

Es importante entender bien lo que llevó a cuatro comunidades a cavar zanjas para bloquear una carretera por la que la empresa Las Bambas sacaba el mineral. ¿Tiene fundamento su pedido? ¿En qué consistió? Su argumento principal es que la carretera fue construida por ellos, es comunal, y por lo tanto la empresa debe pagarles una compensación por su uso. Asesoradas por buscadores de rentas, una de las comunidades planteó peajes de 5 mil soles por camión y otra un pago 6 millones de dólares por daños y perjuicios y servidumbre.

Efectivamente la carretera fue originalmente construida por las comunidades. Pero era una trocha. Según la empresa, las propias comunidades le pidieron a la mina  la ampliación de la mencionada trocha el año 2010. Luego, el 2011 la empresa presenta el expediente técnico a la municipalidad de Chalhuahuacho. La trocha se amplía convirtiéndose en una carretera y el 2014 la municipalidad provincial de Cotabambas la incorpora como ruta vecinal, y solicita al Ministerio de Transportes (MTC) que se incluya en el  clasificador de rutas, es decir, en el sistema nacional de carreteras, cosa que ocurre el 27 de julio reciente mediante el Decreto Supremo 011-2016-MTC, que clasifica la Ruta Nº AP -954 como vecinal (pag. 594682).  

El hecho de que haya sido incorporada en el sistema nacional de carreteras, aunque fuera como vecinal (2014), la convierte en una vía pública. Por lo tanto, ningún particular tiene derecho a cobrar peajes o compensaciones por su uso. Pero su clasificación en ese sistema permite que esa vía sea gestionada desde el Estado (puede recibir recursos, aplicar obras x impuestos, etc.)

Por eso, lo que venía ocurriendo, según la vice ministra Transportes, Fiorella Molinelli, es que las cuatro comunidades en cuestión pedían que la carretera sea desclasificada, precisamente para poder exigir compensaciones. Habrían argumentado que la mina les estaba pagando compensaciones. Y eso es cierto, pero no por el uso, sino por las afectaciones ocasionadas durante la construcción. Al ampliarse la trocha, la empresa pagó efectivamente indemnizaciones por daños y perjuicios a las comunidades y a los campesinos cuyos terrenos o pircas se hubiesen visto afectados. Para ello celebró convenios con todos los que recibieron pagos. Según la empresa no hubo nunca un compromiso de pagar por el uso mismo de la vía una vez que estuviera terminada. Existen actas que señalarían que se hicieron los pagos y que estos se harían solo hasta la culminación de las obras.

Ahora bien, si estas cuatro comunidades piden la “desclasificación” de la vía, las demás comunidades, que participan en la mesa de diálogo ambiental,  piden, por el contrario, recategorizar la vía como “Nacional” para asegurar el compromiso del Estado de pavimentarla. De esa forma ya no se levantaría la polvareda que supuestamente afecta al ganado (pese a que las mediciones indican que el polvo no excede los estándares ambientales).

De hecho, en el acta de la mesa de diálogo sobre medio ambiente realizada el 6 de octubre se consigna, como pedido de parte, lo siguiente: “El Gobierno Regional de Apurímac y las organizaciones sociales, solicitan la reclasificación de la vía que sale del proyecto minero Las Bambas desde Huancuire hasta el puente Sayhua, como vía nacional”. Precisamente para que el MTC se encargue de pavimentarla. Algo que la empresa ha anunciado que va a hacer en 83 km., un kilómetro antes y después de cada centro poblado, para evitar la generación de polvo. 

Fiorella Molinelli nos indica que el MTC, por su parte, viene trabajando en el tema para resolverlo: ha presupuestado ya el costo de los estudios y el costo de pavimentar la ruta AP -954. Según Provías, todo costaría 456 millones de soles. “Hemos reunido a las empresas mineras, a los gobiernos regionales del Cusco y Apurímac y todos, incluyendo el MTC, estaríamos dispuestos a financiar cada uno una parte del asfaltado de la vía”

Refiere, en ese sentido, que la última reunión con las cuatro comunidades fue el miércoles 12 de octubre, dos días antes del enfrentamiento. Allí la constructora de la zona se comprometió a revisar el presupuesto y las cifras que el MTC había calculado. Luego había que definir los porcentajes que cada institución de las arriba mencionadas podría asumir. La minera Bambas había señalado que podía hacerse cargo de los costos del estudio de Ingeniería para ir avanzando sin pérdida de tiempo.

La idea era que estos acuerdos se materializaran en un Convenio. Pero todos estos avances quedaron suspendidos luego del sorpresivo ataque de los comuneros a la policía que terminó con la lamentable muerte del señor Cereceda.

Lampadia

PD: El lector podrá apreciar la distancia entre este análisis y buena parte de los reportajes radiales de las emisoras limeñas.